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Los subtropicales de la Axarquía contra su propia supervivencia

Hace unos días, la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, nos ofreció en primicia una noticia: la Junta de Andalucía espera tener listo el trasvase de La Viñuela este verano. Explicó que se iniciarían en breve las obras, tras adjudicar la obra de bypass de Churriana, para lo que cuentan con un presupuesto de 1,4 millones €. El bypass de Churriana, -afirmaba-, permitirá traer agua del embalse de La Concepción, en la costa occidental hasta La Viñuela.

Atiende así a la demanda de los productores de la Axarquía, que quieren tener acceso a mas agua. Ese es el motivo para plantear un trasvase desde La Concepción hasta el pantano de La Viñuela: Atender una demanda en lugar de controlar una oferta sobredimensionada. ¿Cómo podrán, los hijos de los productores que ahora cultivan aguacates y mangos, seguir ganándose la vida cuando sean ellos los responsables de las explotaciones, si no se para pronto esta dinámica destructiva que amenaza con dejar un erial en herencia?

No se puede seguir extrayendo agua por encima de la capacidad total del sistema hídrico. Y se lleva haciendo desde hace mucho, con la evidente consecuencia de poner en peligro el futuro del sector, tan dependiente de aportaciones extras de las que no se dispone.

En las cuencas mediterráneas andaluzas, donde se ubica el pantano de la Viñuela la situación es la siguiente:

 Capacidad Total (Hm3)Año Actual  Año AnteriorMedia de los 10 últimos años
Cuenca Mediterránea Andaluza1174543623682
 100%46´2%53%58%

Lo que evidencia que, a pesar de las intensas lluvias con que ha comenzado el año, el agua embalsada mengua a ojos vista, año tras año, aunque los responsables de las políticas hídricas e hidráulicas en la consejería, no quieran verlo. Las demandas no pueden ser ilimitadas, ni se puede ofrecer un aumento permanente de permisos de extracción, trasvases de lugares donde tampoco sobra, o vender la idea (como así hace la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible) de que se pueden sumar recursos para ampliar regadíos, si se impulsan los tratamientos terciarios en las Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) que permitan la utilización de aguas regeneradas. Por este procedimiento no se pueden recuperar grandes volúmenes, como para pretender ampliar regadíos.

Las medidas que se van adoptando van habitualmente enfocadas a seguir incrementando la oferta, y se basan en la realización degrandes obras hidráulicas; presas, embalses, diques, trasvases o canalización de los ríos. Por supuesto que optimizar los sistemas de riego es imprescindible y evitar pérdidas, pero, es imprescindible replantear los regadíos actuales y adaptar el número de Hectáreas a la capacidad de nuestras cuencas y acuíferos de mantenerlas y mantenerse. Porque hay que poner el foco en el deficiente estado de las cuencas hidrográficas y posibilitar la recuperación y conservación del buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos y de ribera, además de evitar la sobreexplotación.

Y es que, a pesar del avance que supuso la Directiva Marco de Aguas (DMA) para comprender el ciclo integral del agua, se sigue gestionando como si fuera un bien ilimitado. Estamos desbordando la capacidad de recuperación de ese ciclo y poniendo en peligro no sólo el abastecimiento humano, sino también la conservación y preservación de humedales, acuíferos, ecosistemas fluviales, etc. Los ecosistemas de agua dulce y su biodiversidad se encuentran entre los más amenazados por el calentamiento global y el cambio climático en marcha.

Una de las principales consecuencias del cambio climático, especialmente en la cuenca mediterránea, es un aumento de las sequías y de la temperatura, y por lo tanto el agua va a ser un bien cada vez más escaso, tanto por su falta como porque las reservas están cada vez más contaminadas. Por ello, no es lógico que desde las Confederaciones Hidrográficas y gobiernos locales, autonómicos o centrales se siga sin cambiar la tendencia. Las acciones deberían ir justo en la dirección contraria, evitando la construcción de nuevas presas, de nuevos embalses o de trasvases. A nivel mundial se está promoviendo la demolición de infraestructuras obsoletas. Por esa misma razón se debería desistir de seguir construyendo presas, embalses o sistemas de tuberías para trasvasar un agua que supuestamente “sobra” en un lugar, para llevarlo a otro en el que falta. La terminología usada de cuenca excedentaria o deficitaria no deja de ser una tremenda falacia. Los productores de la comarca acabarán pagando el error de intensificar los regadíos y exigir un agua de la que no se dispone. Vamos al colapso hídrico porque se lleva mucho tiempo gastando mas agua de la que hay y el déficit hídrico es muy evidente.

Apoyar al sector de los subtropicales en la Axarquía malagueña implica trabajar para lograr un sector sostenible en la actualidad para que pueda tener futuro. Sin duda se deben incluir en los balances, la disponibilidad de recursos necesarios para producir esos frutos subtropicales que tanto éxito tienen, que son SUELO, AGUA Y DIVERSIDAD. La verdadera protagonista ahora es el agua, por ser el recurso limitante, aunque los otros dos también peligran, pero, al menos, hay que plantear restricciones a la extensión del riego y asegurar y mejorar la eficiencia del mismo en las zonas que ya cuentan con él. No son admisibles incrementos de superficie de riego. Si los principales interesados, los productores, no lo entienden; y la administración -que debe estar atenta a ello- no lo controla, el futuro de la comarca será incierto.

El pantano de la Viñuela, es el que presenta un porcentaje menor de agua embalsada de todos los embalses de la provincia, con 31´38%. El de la Concepción, el que mas (74´41%). Pero esto no significa, ni mucho menos, que en la Concepción sobre agua y esta se pueda derivar para contentar a los productores de frutos subtropicales en una zona que no es tropical y que mediante la acción humana acabará siendo subdesértica.

Aunque se pueda reutilizar agua depurada tras poner en marcha los tratamientos terciarios en las estaciones depuradoras, el grueso de la respuesta, al final está en la extracción y consumo de agua subterránea de un modo insostenible. De manera que se reproduce el modelo del poniente almeriense de no contención del crecimiento de la superficie invernada con las consecuencias negativas que todos conocemos a nivel del acuífero.

En la Axarquía existe un incremento de superficie cultivada de subtropicales muy elevado con casi 13.000 hectáreas y este incremento se ha dado por encima de la cota de 140 m., que era la contemplada para la gestión hidrológica de la cuenca.  Lo que ya supone un incumplimiento flagrante y ese incremento ha supuesto más producción, pero también más limitación del recurso para el resto de regantes que sí están ajustados a la norma. Además, el subir en cota conlleva bombeos que requieren consumos de energía.

Se está poniendo en peligro la viabilidad de los subtropicales en la comarca en el medio y largo plazo. La Junta de Andalucía, en manos del PP ahora, pero también en las del PSOE anteriormente, ha aplicado una mirada cortoplacista e insostenible que no contempla un mañana para la comarca.

Y es que, una gestión sostenible implica que la actividad sea económicamente viable ahora y en el futuro. Y no podemos dejar de actuar en consecuencia ahora que lo sabemos.

Publicado en Revista El Observador el 1 de febrero 2021

La singularidad de una Sierra que quiere ser Parque Nacional: Sierra Bermeja

Hace bastantes años que se constituyó una Plataforma para reclamar y defender la declaración de la Sierra Bermeja, situada al occidente de la provincia de Málaga y en el extremo occidental de la Cordillera Bética, como Parque Nacional, la máxima distinción como figura de protección ambiental.

La sierra está formada por una roca especial, que es la peridotita, sobre la que cabalgan unos ecosistemas también únicos: los ecosistemas serpentínicos. Por ello fue solicitada formalmente su protección como Parque Nacional ya en 2007. La peridotita representa, una de las intrusiones de rocas ultrabásicas más extensas y mejor expuestas del mundo, con una gran visibilidad internacional debido a que constituye un laboratorio natural excepcional para el estudio del manto terrestre subcontinental.

Encarna esta sierra, de manera incontestable, un ecosistema singular aún no representado en el catálogo de Parques Nacionales. En la Plataforma, los colectivos científicos y sociales que la constituyen, convencidos del interés y valores específicos que contiene, se han esforzado en tareas de estudio, análisis pormenorizado de endemismos, de la biodiversidad que contiene, de las peculiaridades del afloramiento ultramáfico que le confiere su rareza y de las rocas peridotíticas que la configuran y que le otorgan unas características muy especiales. También se han esforzado en difundir y explicar el resultado de tales estudios, con la intención de que se conociera y reconociera que cumple de forma impecable con los requisitos de representatividad, naturalidad, continuidad superficial, escasa intervención humana y viabilidad futura, todos los que se precisan para ser declarada P.N.

Sin embargo, la propuesta que llega ahora a término es la de Parque Nacional para la Sierra de las Nieves, colindante con la Bermeja, pero siendo los ecosistemas que pueden considerarse «únicos» o «irrepetibles» en la misma, de una superficie muy reducida. Se ha incluido en el proyecto de ley, además de los PINSAPARES de esta sierra de las Nieves, los ECOSISTEMAS SERPENTÍNICOS (vegetación y flora sobre PERIDOTITAS) incorporándose poco mas de un tercio de la Sierra Bermeja, la que sí es, en toda su extensión, representante de esa rareza geológica.

En mayo de 2018 participé en el debate en la comisión de Medioambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz sobre la propuesta para impulsar la declaración de la Sierra de las Nieves como PN, en la que se tomaba una pequeña parte de esta sierra Bermeja con la intención de cubrir lo que le faltaba a la sierra de las Nieves para cumplir con los requisitos que se requerían, añadiéndole algunas elevaciones de Sierra Real, de manera que así se incorporaba la complejidad del sustrato peridotítico, por ser la presencia de peridotitas en la Sierra de las Nieves, testimonial. Y es ese característico sustrato el responsable de la peculiaridad de sus especies endémicas, que no se dan en otros lugares y que se manifiesta en hábitats, especies y elementos geológicos singulares.

Así que no se ha incorporado el rico territorio de Sierra Bermeja, sino únicamente una muestra relativamente pequeña, al proyecto de ley de declaración de PN de Sierra de las Nieves, siendo la Sierra Bermeja la que mejor representa los excepcionales ecosistemas que se ubican en un sistema geológico también excepcional.

Solo tres pequeñas zonas de Sierra de las Nieves y de sus sierras más cercanas son únicas por los ecosistemas representados: los sabinar-enebrales oromediterráneos con pinsapos (unas 100 hectáreas), el quejigal adehesado (unas 500 hectáreas) y el alcornocal con pinsapos (éste fuera de la Sierra de las Nieves propiamente dicha, unas 100 hectáreas). Para solventar esta deficiencia, se añadieron ecosistemas limítrofes como es el caso de las peridotitas de Sierra Bermeja. En la propuesta de Parque Nacional Sierra de las Nieves, al que finalmente no se ha incorporado el nombre de Bermeja, se han añadido 10.000 hectáreas de Sierra Bermeja -un 35%-, fragmentando una Zona de Especial Conservación Europea, una montaña compacta en su constitución geográfica e histórica, sin justificación científica que lo avale.

La Plataforma ha solicitado en multitud de ocasiones ante la administración una serie de modificaciones que incorporasen lo que aporta este territorio excluido, comenzando por el propio nombre, en atención a la imprescindible aportación de esta montaña malagueña. O, por ejemplo, en caso de no modificar los límites decididos, que la Zona Periférica de Protección del futuro parque nacional incluyera la totalidad de la ZEC “Sierras Bermeja y Real” excluida, y la ZEC “Los Reales de Sierra Bermeja”. O convertir la A-397 en carretera paisajística, dotándola de los conectores ecológicos necesarios para garantizar la permeabilidad de la vía. La voluntad de dialogar sobre expectativas y potencialidades ha sido permanente por parte de la plataforma, pero no se ha visto colmada.

Con la propuesta de Parque Nacional Sierra de las Nieves que finalmente llegará a la mesa del Consejo de Ministros antes de su debate en el Congreso, NO quedarán fielmente representados los ecosistemas serpentínicos, y al fragmentar el territorio a conservar, se va “a la contra” de las actuales políticas de conservación. En la etapa del proceso en que se ha abierto a la participación, se han alegado las razones para sumar el territorio mas representativo y singular, sin que haya habido reconocimiento de esas razones (que son científicas y no políticas) o la mas mínima concesión. Queda fuera de la propuesta de Sierra de las Nieves el único bosque de pinsapos sobre peridotitas del mundo.

Incorporar la Sierra Bermeja (con 30.000 hectáreas continuas de peridotitas, con pinar-coscojar endémico, con matorral serpentinícola exclusivo y con su pinsapar serpentinícola único en el planeta) a los territorios de Sierra de las Nieves sería una propuesta Bermeja + Nieves, mucho más grande y sólida, pero no ha habido interés político en defender esta fórmula. No ha habido en toda la tramitación del anteproyecto y proyecto de ley, voluntad de diálogo y de aceptar los dictámenes científicos y la presión social por parte de las administraciones responsables.

A pesar de no haber sido escuchada, la plataforma Sierra Bermeja Parque Nacional ambiciona que se proteja el territorio. Que se le otorgue la distinción a la Sierra de las Nieves, pero que se haga sin marginar a la SIERRA BERMEJA. Queremos un GRAN PARQUE NACIONAL para Málaga, para Andalucía y en interés de la sociedad.

Artículo publicado en el blog de Público.es «Ecologismo de Emergencia» el 23 de enero 2021

LA MARISMA QUE DESAPARECIÓ BAJO UNA MONTAÑA TÓXICA EN SOLO 50 AÑOS. Una de las tragedias onubenses

Estos días se han congregado más de cien colectivos, protestando a las puertas del Ayuntamiento de Huelva para mostrar su rechazo a la intención de la empresa Fertiberia de enterrar los fosfoyesos, y rechazando el proyecto presentado en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que sí ha recibido el visto bueno del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico porque, -afirman-, pretende cubrir con una fina capa de tierra las miles de toneladas de fosfoyesos que se han depositado durante tantos años. El otorgamiento se condiciona a numerosas cuestiones ambientales de la DIA, y supone para la ciudad de Huelva el enterramiento definitivo de los fosfoyesos en las marismas y su permanencia geológica en un problemático futuro.

La ciudad de Huelva se asienta en una gran llanura litoral donde abundan las marismas, caños, lagunas y esteros, junto a zonas de arenas. La estructura sedimentaria es de elementos muy finos (arcillas), y expuestos a dinámicas de flujo continental y marítimo, con materiales aún no consolidados. Su situación en la confluencia y desembocadura de los ríos Tinto y Odiel explica algunos de los riesgos que existen, como consecuencia del grave conflicto ambiental generado. Son necesarias medidas urgentes, ineludibles y costosas para neutralizar la enorme montaña tóxica de fosfoyesos que se ha acumulado a lo largo de mas de cuatro décadas, sobre fangos poco compactados y arenas embebidas en agua. Una montaña originada por la acumulación de materiales industriales que es una de las mayores del mundo. Tras su clausura se ha mantenido la zona en permanente riesgo de desastre ecológico. Un riesgo de gran magnitud que podría dejar pequeña la devastación ya vivida en Aznalcóllar.

 Fertiberia obtuvo en 1968 la concesión para verter sus residuos a la Marisma del Tinto, y lo hizo hasta que en 2004 el Ministerio de Medio Ambiente declaró caducadas las concesiones de los terrenos en que se asientan las enormes balsas. Entre 700 y 1000 hectáreas, la misma extensión que la ciudad de Huelva y a escasos 500 m. de sus viviendas. Tiene entre 80 y 100 millones de toneladas de residuos, en su mayoría fosfoyesos, que son un subproducto resultante de la fabricación de fertilizantes fosfatados.*[1] Antes de la concesión, la marisma estaba limpia. Pero después de contaminar tanta extensión y durante tanto tiempo, no va a ser técnicamente posible descontaminar y volver a dejar limpia la marisma como así están exigiendo los colectivos. Son cosas de la entropía: imposible volver al punto de partida tras el disparate consentido durante tantos años.

El Polo Químico suele dividir a los ciudadanos entre los que lo ven como motor económico de la ciudad (por los puestos de trabajo que genera) y los que lo ven como su primer problema al afectarles a su salud (las balsas emiten una radiación 27 veces por encima de lo permitido, muy por encima de la legislación española y la directiva europea) o destruir los ecosistemas que circundan la ciudad.

El dilema ya está servido: Es un hecho que no se debió permitir el vertido continuado, durante décadas, de residuos tan tóxicos a las puertas de la ciudad y en zona tan frágil. De hecho, en ningún otro lugar. Y también es un hecho que la insistente petición ecologista de que “quien contamine, pague” nunca se cumple, porque una vez rotos los equilibrios ambientales, no se vuelve a la situación de partida y el destrozo nunca se repara. Pero a las amenazantes balsas, hay que buscarles una enmienda que no genere otros problemas.

Por eso, respecto a la DIA, en este caso, como en los demás, se analizan distintas alternativas. Lo que ha aceptado el Ministerio es que se encapsule la zona de vertidos, no que se regenere, que es lo que piden desde asociaciones ecologistas y ciudadanas de Huelva. Regenerar la marisma con garantías no es fácil y supondría mover los fosfoyesos. Pero, si se trasladasen los fosfoyesos para limpiar la marisma ¿qué hacer con ellos? ¿Dónde depositarlos? Aunque el sellado in situ sea una mala solución, es evidente que implica menos riesgos que el que significa trasladar todos los vertidos tóxicos a otro lugar. Asumiendo, claro está, que se ha evaluado con rigor y con las herramientas que existen para ello, (Mejores Tecnologías Disponibles que suelen decir las empresas). Existe la posibilidad de pedir otra evaluación de riesgos de las distintas alternativas de gestión, para tener una opinión independiente y cualificada aparte de la de la empresa y la del ministerio. La Universidad de Huelva cuenta con equipos de investigación que han trabajado sobre ello.

Pero es evidente que NO se resuelve el problema porque no hay una solución óptima para unos vertidos que no se debieron autorizar, y menos durante tanto tiempo de acumulación y lo único que ya se puede hacer es convivir con el riesgo; al que –en teoría- pretenden mantener dentro de un rango asumible.

Las alternativas que suponen mover el suelo o los sedimentos contaminados se suelen desechar, al ser más peligroso mover el material y acabar trasladando el problema a otro sitio. No es un volumen pequeño que se pueda llevar a un vertedero, son muchas hectáreas de balsas (entre 700 y 1000 Has). Y, asumido que no se mueve, lo que queda es actuar in situ. En general, se suele optar por soluciones ”ingenieriles” aunque para determinados contaminantes como metales pesados y petróleo pueden funcionar tratamientos biológicos. Aquí no es el caso. Demasiado contaminante y extensión. Ante eso, lo propuesto es una especie de sellado de las balsas (encapsulado) que limite las pérdidas, posibles infiltraciones, límite riesgos de rotura y otros posibles problemas. Como se sabe que eso no es seguro y con el paso del tiempo puede haber rotura e infiltraciones, quizá gases también, se propone vigilancia a 30 años, aunque después de ese tiempo el riesgo va a persistir. Para fijar taludes tiran de vegetación, que de camino queda bien. No se puede descontaminar a 0. Se descontamina hasta que el riesgo se considere aceptable para la salud de las personas y del ecosistema. Dónde esté ese límite aceptable no creo que nadie lo sepa con certeza.

Es la solución menos mala dada la situación. Por supuesto siendo muy exigente con la ejecución y con “el aval” que garantice que los riesgos se mantendrán en “límites aceptables”. Se debe exigir a Junta y Ministerio que consideren adecuadamente el riesgo que de verdad es asumible para la ciudad de Huelva y en consecuencia, que exijan a Fertiberia el máximo rigor en el encapsulado de suelos (que quede con la estanqueidad garantizada) y que aporte el montante que se considere necesario para su mantenimiento a futuro, asegurando que ese dinero no se pueda dedicar a otra cosa. No sé si los 65 millones € exigidos como fondo de garantía, son garantía suficiente, pero tendría que ser depositado en un banco para estos fines y estar disponible para los imprevistos y los probables incumplimientos que tenga el proyecto y su monitorización durante 30 años. Con certeza es una cantidad pequeña para los daños ocasionados y los riesgos que sufrirán generaciones de onubenses. Pero ¿qué criterio se podría usar para declarar una cantidad como razonable y suficiente?

Conclusión: Es una actividad que no se debería haber permitido y por la que Feriberia, además de remediar debe compensar a la ciudad de alguna manera. Al dar el Ministerio por bueno el proyecto, tendría que argumentar porqué considera que se han evaluado suficientemente los riesgos con los que tendrán que convivir los onubenses y su ecosistema de marismas.

Quiero aclarar que, coincidir, en un marco de evaluación de riesgos comparativos, que un confinamiento sea la solución menos mala en el corto-medio plazo, no blanquea la desastrosa gestión que Fertiberia ha hecho en Huelva y los daños ambientales y para la salud de las personas que ha producido por decenios. Además, en ese mismo sentido, habría que preguntar al Ministerio de Transición Ecológica, Dirección de Biodiversidad y Calidad Ambiental cómo es que se conceden permisos para que vengan 70.000 toneladas de residuos peligrosos procedentes de territorio extracomunitario, de Montenegro concretamente, hasta Nerva, y que se sumarían a otras 40.000 ya depositadas a comienzos de este año.  Se incumple así la premisa de la que parto en este artículo: la de que se traten los residuos allí donde se producen.

El vertedero de Nerva iba a destinarse a tratar los residuos de Huelva, Sevilla y Cádiz. Pero se ha convertido en el basurero de Europa, un vertedero de residuos tóxicos y peligrosos a 700 metros de las casas del pueblo. Se esperan más envíos desde Montenegro hasta completar la operación de “limpieza” (bastante cuestionable) de 150.000 toneladas de residuos, el equivalente a 15 torres Eiffel, repartidas en 1,7 hectáreas. Y esta situación es contradictoria con la que se plantea para Huelva capital.

*[1] Respecto a lo que ha sucedido tras caducar las concesiones, hay que apuntar alguna cosa que amplíe el foco.  Y es que Fertiberia ha pasado a comprar su materia prima (ac. Fosfórico) a Marruecos. Lo ha hecho al no poder seguir vertiendo aquí, porque la legislación ambiental le ponía “difícil” contaminar sin costes. Y Marruecos le facilita esa materia prima que previamente roba al Sahara Occidental. Zonas ricas en Fosfatos y pobres en legislación ambiental. Marruecos controla el 75% del volumen de exportaciones de fosfatos en roca en el mundo. El 10% lo extrae del Sahara Occidental ocupado. Un expolio que implica no solo degradación ambiental por vertidos incontrolados, que van directamente al mar, sino degradación moral por la pobreza y humillación a que se somete al pueblo saharaui para expoliar sus riquezas naturales. Altos responsables de la empresa admiten sin sonrojarse, que son conscientes de que Marruecos les proporciona la materia prima vertiendo los residuos de la producción de fosfatos, directamente al mar, como puede observarse desde los satélites. Así es como Villar Mir entiende la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Si el sistema de producción capitalista arruina las pesquerías de zonas marinas de gran valor pesquero como los caladeros de las costas atlánticas africanas, arruina las marismas y la salud de las gentes que viven donde se han venido produciendo fertilizantes fosfatados o de otro tipo y lo hace para mantener un sistema agroindustrial que supuestamente debe alimentar a una población mundial creciente… no creo que por ese camino lleguemos lejos antes de colapsar.

Publicado en el Blog de Público.es: Ecologismo de Emergencia el 9 de diciembre 2020

EL RASCACIELOS QUE SE PROPONE EN EL PUERTO DE MÁLAGA, COMO PARADIGMA DEL DELIRIO DE ALGUNAS INSTITUCIONES

El proyecto del hotel de 150 metros de altura propuesto por un fondo de inversión catarí en los terrenos del dique de Levante del Puerto de Málaga, parece avanzar en su recorrido administrativo, tras casi 5 años desde que fuese adjudicada la concesión de los terrenos. Y lo hace a pesar de las evidencias del despropósito que suponen para la ciudad y para la zona portuaria.

La Gerencia Municipal de Urbanismo, dependiente del Ayuntamiento de Málaga, sin embargo, había rechazado en 2.007 la petición del Puerto para permitir un complejo «turístico-recreativo», con destino hotelero, en los suelos ganados al mar tras la construcción del dique de Levante, advirtiendo de los efectos de un hotel en dicho dique. Emitió un expediente rechazando ese uso, en el que alertaba de que implicaría la «reinvención del paisaje» y alteraría «profundamente la fachada marítima». “…El importantísimo volumen vendría a situarse en la que probablemente resulta la posición más visible de la ciudad y en cualquier caso alteraría profundamente la fachada marítima», relataba el informe de urbanismo en 2007 “desde el mar, en una hipotética aproximación frontal a la ciudad, se constituiría en un hito visual de primer orden en un lugar donde hasta ahora ha habido una línea de horizonte abierta».

Once años más tarde, el mismo ente municipal avaló sin vacilar la variación del planeamiento que permitiera una edificabilidad de 45.000 metros y una construcción con una cota de hasta 150 metros de alto.

El lugar donde se dibujaba el hotel tenía reservada una edificabilidad de apenas 6.000 m. de techo; por lo que, para hacer posible el complejo del dique de Levante y alcanzar las dimensiones proyectadas, el Puerto debería elevar el índice de edificabilidad de 0,50 a 0,66. O lo que es lo mismo, un 32%. La modificación permitiría asignar al suelo una edificabilidad de hasta 45.000 m² de techo, un valor que excede la reserva que tiene el Plan Especial del Puerto para uso ciudadano portuario.

El ajuste urbanístico al multiplicar por siete el número de metros que se podían construir sobre la parcela del dique de Levante, es complicado y rompe el diseño actual del recinto portuario, obligando a incrementar de manera sustancial la edificabilidad reservada para uso portuario-ciudadano en todo el espacio.

En 2017, la delegación de Medio Ambiente de Málaga explicó en un comunicado, las razones por la que escogía la vía simplificada para la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Especial del Puerto. Y el Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, obvió el concepto de impacto paisajístico, al resolverlo aludiendo al cambio de ubicación del observador, es decir, para evitar el impacto, el observador solo tenía que mirar para otro lado. De este modo, la Consejería de Medio Ambiente emitió un Informe Ambiental Estratégico favorable a la propuesta

En 2018 la Gerencia Municipal de Urbanismo dio la aprobación inicial a la modificación de elementos en el Plan Especial del Puerto, correspondiente a la plataforma del Dique de Levante.

En 2019, tras la apertura del proyecto a exposición pública y tras recibir hasta 1.100 alegaciones, se publica un estudio de un exconcejal de economía, el profesor Esteve Secall, que alertaba de la falta de viabilidad económica, el mismo que acaba de firmar otro artículo de opinión fascinado por la insistencia, tanto de la gerencia de urbanismo como de la autoridad portuaria, de seguir adelante con lo planeado, a pesar de que “hace aguas” por todos lados. Según su informe se trataría de una “explotación ruinosa” que enmascaraba un uso inmobiliario residencial. También la UNESCO​ y el Colegio de Arquitectos de Málaga​ desaconsejaron la construcción de la torre por su impacto visual. El proyecto se ha enfrentado a la oposición de buena parte de la ciudadanía malagueña, colectivos y personas de distintos ámbitos sociales y profesionales agrupados en la Plataforma “Defendamos nuestro Horizonte”.

Tras este recorrido, acabamos de conocer el contenido del informe elaborado por el CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) que es un organismo dependiente del Ministerio de Fomento con gran prestigio técnico incluso a nivel internacional. Este informe evidencia defectos graves en la construcción del dique de Levante donde pretende ejecutarse la construcción.

En abril de 2018, el Organismo Público de Puertos del Estado encargó al CEDEX un estudio técnico sobre el estado constructivo del dique de Levante. Este estudio concluyó en junio de 2020 con la emisión de un extenso y exhaustivo Informe, titulado “Estudio de corrosión del dique de Levante” sacando conclusiones muy contundentes y graves.

Básicamente, revela el deficiente estado de conservación del dique, construido 17 años antes del inicio del estudio, con “una corrosión intensa y generalizada”, lo que trae como consecuencia la disminución de su vida útil a la cuarta parte de la prevista. Se señalan, de forma clara y precisa, dos causas: la utilización de un hormigón de peor calidad que el proyectado, “(notablemente más permeable), y mala ejecución.
También aparecieron problemas constructivos en las obras realizadas en el atraque sur y el muelle 9 por las mismas empresas que construyeron el dique de Levante (SANDO y Dragados y Construcciones), obras estas últimas cuya responsabilidad se encuentra actualmente investigada judicialmente y pendiente de sentencia.

Tras las numerosas advertencias y dictámenes de expertos en diversas materias que confirman los impactos del proyecto de rascacielos (impacto paisajístico, ambiental, inviabilidad económica, riesgos ante el cambio climático, perjuicio sobre el turismo…) no se ceja en el empeño y la autoridad portuaria ha informado estos días, de la presentación ante la Gerencia de Urbanismo de la documentación necesaria que hace posible que la Modificación puntual de elementos en la plataforma del dique de Levante e incremento del índice de edificabilidad máxima de la zona ciudadano-portuaria del Plan Especial del Puerto de Málaga pueda ser aprobada de manera provisional por el Ayuntamiento hasta que pase a ser votada por el Pleno Municipal. Tras de lo cual, el último paso corresponderá al Consejo de Ministros, que será el que determine en última instancia si es posible o no el desarrollo de esta edificación en suelo portuario.

La carrera que emprendieron hace ya casi cinco años no la quieren parar a pesar de que hoy, las cambiantes y preocupantes circunstancias nos imponen una realidad que ya no permite las veleidades urbanísticas de antaño. Deberemos cambiar el modo de vivir, de trabajar, de desplazarnos… el turismo del que hemos dependido en exceso deberá reconvertirse. Está en proceso un debate global sobre la ordenación del territorio en el futuro inmediato, y sobre la planificación urbana de las ciudades para garantizar su sostenibilidad y reducir su vulnerabilidad frente a los efectos del calentamiento global. Y en tal debate no cabe ya ningún rascacielos como el proyectado. Iría contra los intereses presentes y futuros de Málaga.

En base a todo lo relatado hasta aquí, hemos presentado una batería de preguntas al Gobierno en previsión de que acabe encontrando en la mesa del consejo de ministros la petición de aprobar tan lesivo proyecto para nuestra ciudad. Entre ellas, estas:

  • Tras señalar los expertos la ingente inversión necesaria para cimentar una torre de 150 metros en un dique construido mar adentro, y el riesgo añadido por las evidentes consecuencias del cambio climático en forma de temporales cada vez más agresivos y subida del nivel del mar ¿Se plantea Puertos del Estado asumir un reto de tal calibre?

  • ¿Conoce el Gobierno el Informe de CEDEX y sus conclusiones sobre el dique?
  • ¿Qué condiciones exigirá el Gobierno para levantar esa torre sobre un dique mal construido, con un estado de corrosión avanzado y una corta vida útil previsible?

Y una última pregunta sobre el valor y uso de lo común ¿Tiene el Gobierno algo que objetar a la trasmutación del espacio público en terrenos de Puertos de Estado, en suelo de uso privado para negocio inmobiliario/hotelero?

https://revistaelobservador.com/opinion/98-las-historias-que-nos-contamos/15990-el-rascacielos-que-se-propone-en-el-puerto-de-malaga-como-paradigma-del-delirio-de-algunas-instituciones

Publicado en Revista El Observador el 16 de noviembre de 2020

URBANISMO, OCUPACIÓN DEL SUELO Y MODELO DE CIUDAD EN MÁLAGA

Las ciudades son responsables de más del 70% de las emisiones mundiales y ocupan solo el 2% de la superficie de la tierra. Al mismo tiempo, los efectos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar y fenómenos meteorológicos extremos repercuten en la infraestructura urbana y en las personas que habitan en asentamientos vulnerables de las ciudades o sus suburbios.

¿Qué podemos o queremos hacer al respecto en ciudades costeras como Málaga? Da la impresión de que no hay una misma visión del camino a seguir entre los responsables de la gestión municipal y los intereses ciudadanos manifestados por plataformas ciudadanas, colectivos, asociaciones… Y es que hay una tendencia a la ocupación expansiva del suelo de forma caótica y especulativa, especialmente severa en Málaga y su área de influencia, alentada por el gobierno municipal, que no viene avalado por la ciudadanía a la que ni siquiera se le pregunta.

La huella de carbono de una ciudad como Málaga tiene mucho que ver con una mala planificación urbanística y diseño urbano. La dispersión de urbanizaciones, complejos turísticos, grandes superficies comerciales en suelos de la periferia calificados como urbanizables -sin haber calibrado su necesidad o utilidad y sin que se hayan evaluado correctamente los impactos que producen en la ordenación del territorio-, dificultan sobremanera que se pueda disponer de medios de transporte público que sean eficientes y que lleguen a rincones alejados. Hogares alejados del trabajo, de los comercios o de otros servicios, generan un aumento de coches en las carreteras emitiendo dióxido de carbono. Sin embargo, esta situación no solo no se corrige, sino que va a mas alimentadas por políticas de movilidad que no se corresponden con los objetivos de bajada de emisiones en el transporte. Una ciudad más compacta realiza inversiones en infraestructuras de transporte público más viables. Buen ejemplo de la dirección “equivocada” en políticas de movilidad es la insistencia de Paco de la Torre en aumentar autovías, hiper-rondas y demás infraestructuras viarias como la proyectada y no ejecutada vía perimetral en el área metropolitana, que enlazaría la segunda ronda desde Málaga hasta pasado Chilches, en Vélez-Málaga, de unos 28 kilómetros y otra conexión desde la segunda ronda directa a la zona de Fuengirola, a través de un túnel en la sierra de Mijas de 21 kilómetros. Todo un despropósito.  La alternativa es una política que articule y relacione las actividades que confluyen en los tejidos urbanos, en los que la proximidad y la habi­tabilidad reduzcan las necesidades de movilidad. Y esto enlaza con otro grave problema de la ciudad. Y es que, a pesar de la sobredimensión constructiva, se ha alejado a una parte nada despreciable de la población de acceso a vivienda digna, que es un derecho consagrado en nuestra Constitución y en Tratados Internacionales firmados por España. Así que hay que incorporar este derecho como uno de los objetivos centrales de la actividad urbanística en la ciudad. Ello se puede hacer primando la reuti­lización y rehabilitación del patrimonio construido, junto a políticas que regulen el sector inmobiliario y junto a la mejora del entorno urbano y periurbano degradado, adaptando los edificios, infraestructuras y entornos al clima.

El crecimiento urbano descontrolado también ha invadido las zonas verdes del entorno que actúan como sumideros de carbono. La tendencia y lo que empiezan a pedir muchos ciudadanos es que se proyecten espacios verdes acordes a las necesidades de mantener ecosistemas sanos y arbolado urbano bien mantenido para garantizar el bienestar de los habitantes (no solo los humanos). Influir en los instrumentos de planeamiento y en la legislación urbanística para incorporar especificaciones urbanísticas que aseguren la presencia real de zonas verdes de calidad, como los corredores verdes, las reservas de espacio para asegurar la infiltración de agua en el subsuelo, la protección de las zonas con riesgo climático o el uso agrícola a escala metropolitana. Y aquí encontramos la reclamación ciudadana de un Bosque Urbano en los antiguos terrenos de Repsol, que el ayuntamiento elude, y para los que ha planificado mas cemento, obviando las necesidades reales de los vecinos, y apoyándose en un planeamiento ya aprobado, pero obsoleto en la actual realidad que vivimos. Una realidad que aconseja reservar espacio suficiente en el suelo y el subsuelo para facilitar la prestación de los servicios climáticos necesarios (aumento de la infiltración de agua, mejora de la calidad del suelo para permitir un buen crecimiento de la vegetación, etcétera). Nuestro alcalde, sin embargo, se muestra insensible a estas necesidades, que son las que determinarán el futuro de nuestra ciudad. Y es que hay que aumentar la superficie de suelo con vegetación y reducir el efecto barrera de urbanizaciones e infraestructuras. Hay en Málaga demasiados suelos impermeabilizados bajo cemento y asfalto sin necesidad. Y ello repercute negativamente en la absorción de las aguas de lluvia, escorrentías indeseadas y sobresaturación en determinados momentos de las redes de alcantarillado, además de otros efectos nocivos de la impermeabilización de suelos, que no se suelen tener en cuenta.

Considerando nuestro clima mediterráneo y la orografía específica, las zonas verdes y ajardinamientos deberían diseñarse con una visión bastante diferente a la que se viene ejecutando, ya que no se tiene en cuenta qué especies están mejor adaptadas a nuestra realidad climática de elevadas temperaturas estivales y escasez estacional de  lluvias, para la cual no son aconsejables las grandes zonas de césped que consumen cantidades nada despreciables de agua (imaginad la que consumen los algo mas de medio centenar de campos de golf diseminados por toda la provincia), o la elección de especies arbóreas o arbustivas que también lo  requieran. O un mantenimiento que abusa de fitosanitarios agresivos para el ambiente y la salud de los ciudadanos, las podas severas que debilitan la estructura de los árboles y dificultan la labor que éstos hacen protegiendo de la excesiva insolación estival y del efecto “isla de calor” que se produce en el interior de las zonas urbanas más densas y con más cantidad de cemento como el centro histórico.

Para proteger los parajes naturales mejor conservados de nuestro litoral de la especulación, en Andalucía se estableció un Plan de Protección del Litoral, que a duras penas intentó evitar el “acoso y derribo” que sufrían las escasas zonas litorales bien conservadas. Este Plan no impidió que proliferasen proyectos urbanísticos de dudosa legalidad y necesidad. Finalmente se anuló el Plan por un supuesto defecto de forma, al aprobarse estando el gobierno andaluz en funciones. Por supuesto, el actual gobierno, ni se plantea retomar esa protección necesaria. Se mantienen crecimientos urbanísticos desmesurados en los planes urbanísticos. Tampoco se promueven iniciativas legislativas o normativas que impliquen garantizar una mínima disciplina urbanística. Todo lo contrario, la evidencia la tenemos en el anteproyecto de Ley de Suelo andaluza, aún en proceso.  https://www.eldiario.es/andalucia/en-abierto/necesidad-ley-suelo-orientacion_132_5956427.html

En el litoral, que es el espacio más frágil de nuestra geografía y el mas densamente poblado, la intervención urbanística presenta características de devastación de sus valores paisajísticos y naturales. Y en Málaga ha causado verdaderos estragos.

Para contrarrestar estas tendencias es básico tener un proyecto de ciudad claramente definido, y en colaboración con los agentes sociales y con la ciudadanía. Tienen importancia para ello las propuestas vertidas en la agenda 21 que, a día de hoy, no se han visto ejecutados en la mayoría de casos. O lo han sido sin que haya habido una evaluación posterior del nivel de cumplimiento del objetivo perseguido.

Hay asimismo que actuar respecto al “metabolismo urbano” integrando el concepto de eficiencia energética en la organización de la ciudad, en la ordenación urbanística, en la edificación, en los sistemas de movilidad y accesibilidad y en la gestión urbana, concienciándonos todas de las pautas de consumo razonables que frenen el crecimiento de la demanda de energía. Nuestro clima mediterráneo sugiere que busquemos soluciones arquitectónicas adaptadas a la climatología local y a los recursos autóctonos renovables disponibles, es decir, incorporar tecnologías eficientes (alumbrado público, climatización de edificios públicos y sistemas de abastecimiento y depuración de aguas).

 Entretanto nuestro gobierno municipal derrochando energía: https://twitter.com/AscoMalaga/status/1320409992374194179?s=20 Jocoso tuit que clarifica las prioridades de nuestro alcalde: “Se cambia la hora para ahorrar energía y en noviembre inaugura Paco de la Torre las luces de Navidad en calle Larios para gastar la energía ahorrada en toda España.” Para reír si no fuera tan amargo para los malagueños en las actuales circunstancias.

Entrada publicada en Revista el OBSERVADOR el 29 de octubre 2020

Una Reflexión Sobre la Participación Ciudadana en el Diseño Urbano: El caso del Bosque Urbano de Málaga.

Hablemos de política.

La política​ es el proceso de toma de decisiones en toda comunidad humana. ​Es la forma en que una sociedad resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva. Es (o debe ser) un quehacer ordenado al bien común.

Por supuesto, con participación de la ciudadanía implicada. Se trata de distribuir y ejecutar el poder según las decisiones colectivas para garantizar el bien común en la sociedad. Porque no se otorga el poder de representación para que sea falseado y desvirtuado, aunque pueda serlo. Porque otorgamos nuestro voto para que quien nos represente y ateniéndose a un contrato previo que es el programa ofertado, defienda nuestros legítimos intereses como miembros de la sociedad. Así se entiende la democracia.

Si queremos presumir de democracia, lo coherente es aplicar esos principios democráticos en que queremos que se base nuestro sistema político. Sin embargo, el uso y abuso del poder adquirido, aunque haya sido por procedimientos democráticos, acaba pervirtiéndola.

El término ‘política‘, en sentido amplio, es una actividad de la que es muy difícil sustraerse, por encontrarse en casi todos los ámbitos de la vida. Todos hacemos política.

Definiciones clásicas apuntan a definir política como el ejercicio del poder en relación a un conflicto de intereses. Pero, en definitiva, política se define como el modo en que las sociedades decidimos organizar la vida en común entre quienes las componemos. Y los políticos ejercen o aspiran a ejercer su función dirimiendo de la mejor forma los asuntos públicos.

Me remito a un ejemplo que tenemos en estos días en nuestra ciudad. Se trata del Bosque Urbano reivindicado por bastantes ciudadanos tanto individualmente como organizados alrededor de la Plataforma ciudadana BUM. El gobierno municipal, con Francisco de la Torre, mantuvo guardado en un cajón el informe positivo del interventor municipal sobre la posibilidad de hacer una consulta ciudadana para definir de manera participativa la posición de los vecinos y, muy especialmente de los distritos de Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero, con respecto al proyecto que han estado pergeñando para los terrenos donde se ubicaron los antiguos depósitos de Repsol, hace tiempo retirados.

Se trataba de preguntar si nuestras hijas y nietas podrían disfrutar de una zona verde arbolada con especies autóctonas, el denominado “Bosque Urbano” o estar a la sombra de 4 rascacielos y un frío parque urbano (proyecto original o los subsiguientes modificados).

Traté el tema en un artículo de noviembre de 2016. Y lo que quería discutir es el papel que los políticos tienen en el debate público y la participación ciudadana que deben permitir y fomentar.

Pues bien, lo han vuelto a hacer. Han sacado a información pública un proyecto muy alejado del deseo expresado por muchos malagueños, con “agosticidad” y alevosía. Además, lo consideran un trámite sin valor vinculante y que no modifica la decisión previa ya adoptada.

El Concejal de Participación Ciudadana del ayuntamiento de Málaga, en aquel momento (2016) declaró que la figura de consulta no aparecía en el articulado de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, aprobada por aquel entonces. Se le podría responder con rotundidad, que el hecho de que no aparezca no significa que no sea posible y, que es una paradoja que el responsable de participación se desprenda de una figura significativa de participación ciudadana en la gestión municipal y, en la paradoja, concurre que la afirmación la realizaba, sin la menor referencia a la legislación local. Suena a chiste que el concejal de participación busque argumentos legales para limitar la propia participación que debería defender institucionalmente.

Sin embargo, la reflexión general que quería hacer se refería al papel que los políticos deben jugar en la gestión de los bienes comunes y del interés público. El PP que lleva gobernando muchos años nuestra ciudad, lo hace con un modo de gestión de arriba abajo. Piensan la ciudad que quieren con la ayuda de técnicos y asesores en base a unas directrices que descansan en el modelo neoliberal en el que creen. Tutelan a los ciudadanos y no acaban de aceptar que haya vecinos que se organicen y diseñen propuestas alternativas para el suelo que pisan.

Yo también fundamento mi visión y actuación política en un marco conceptual, el de la ecología política, y podría proponer un proyecto “verde” para esos terrenos. Quizá sería más coincidente con la propuesta de la plataforma vecinal, pero adolecería del mismo defecto del equipo de gobierno del PP, si no considerase la participación de los vecinos en el diseño del proyecto. Este es el conflicto de intereses entre ciudadanos y gobierno municipal.

Los vecinos acudieron a sus representantes en el ayuntamiento con una petición alternativa a la inicialmente propuesta y no ejecutada para los terrenos de Repsol. Se propuso en su día en el pleno esa consulta ciudadana para dar cauce a la participación y fue apoyada por todos los grupos. Intervinieron vecinos del barrio, profesores de universidad y en el debate se expusieron problemáticas diversas. Se defendieron: la propuesta del Bosque Urbano, el proyecto original del ayuntamiento y propuestas alternativas del PSOE, Ciudadanos, Izquierda Unida. Dio la impresión de que se estaba con los ciudadanos, escuchándolos e incorporándolos a la toma de decisiones, explicándoles también los condicionantes previos. Desgraciadamente el PP se ocupó de convertir aquello en una farsa.

Además de votar a quienes nos deben representar, los ciudadanos tenemos que ser escuchados y participar activamente en el diseño de la ciudad.

Creo firmemente que debemos transitar de modelos de gestión de arriba a abajo, como el que está aplicando el equipo de gobierno de Paco de la Torre, a los que se nutren de abajo a arriba, especialmente en el diseño urbano.

 

Dos Modelos Contrapuestos de Intervención Urbana. Imagen de una charla presentada por el arquitecto y profesor Carlos Verdaguer en las jornadas para actualizar los objetivos de la Agenda 21 de nuestra ciudad, organizadas por el Observatorio del Medio Ambiente Urbano de Málaga (OMAU). Esta figura representa los dos modelos de intervención que he pretendido traer a colación al criticar la lamentable gestión del PP en el asunto del BUM limitando la participación ciudadana en el caso de los terrenos de Repsol.

No todo lo que se proponga será técnicamente posible, no todo lo que se proponga será legalmente posible; pero estoy segura que sí podremos poner en marcha proyectos compartidos que incorporen el poder creativo y la participación de los ciudadanos y los vecinos, aunque voten a partidos distintos.

Los políticos tienen entre sus funciones la capacidad de cambiar normas legales, pero también la capacidad y necesidad de consultar y escuchar. Es su razón de ser y para lo que deben trabajar.

Resumiendo, los políticos además de defender sus marcos conceptuales de gestión, respetables, aunque no compartidos por todos, deben escuchar a sus representados y trabajar para mejorar los cauces de participación, nunca limitarlos.

Hay una necesidad urgente de crear marcos de referencia jurídicos respecto de todas las escalas de planificación (desde la planificación regional y subregional a la urbana) que atiendan con nuevos instrumentos a los actuales desafíos territoriales y urbanísticos. Y deben ser marcos que permitan la intervención de los ciudadanos de forma efectiva y real, porque el escenario futuro es una combinación de incertidumbre y responsabilidad, por tanto, sujeto a procedimientos de deliberación y legitimación colectiva.

 

Artículo originalmente publicado el 15 de septiembre 2020 en Revista El Observador 

EL AGUA, ESE CAPITAL IRREEMPLAZABLE

El agua es un patrimonio natural y un recurso estratégico del que dependen las actividades productivas, la calidad de vida de todos y la supervivencia de ecosistemas de gran valor ecológico.

La procedencia del agua que gastamos tiene 3 orígenes distintos: superficial, subterráneo o de reutilización. Los porcentajes de uso deberían ser mayores en aguas reutilizadas, invirtiendo en la mejora de depuración y saneamiento de las masas de agua para ser reaprovechadas, lo que conllevaría el consiguiente ahorro de las masas subterráneas y superficiales.

El futuro del recurso debe pasar por una gestión sostenible e integral, como así se establece en la Directiva Marco de Aguas (DMA), considerando un mayor control en la demanda o limitando la oferta que hasta ahora se ha gestionado como si fuese infinita.

En los últimos tiempos se ha hecho evidente la merma de recursos hídricos disponibles en España por los efectos del cambio climático, y una creciente actividad extractiva que no respeta en muchas ocasiones la capacidad de carga de los acuíferos, ni la disponibilidad de agua de las distintas cuencas hidrográficas, lo que ha suscitado grandes controversias entre comunidades y comarcas cedentes y receptoras. El estrés hídrico que padecemos es de los mayores de la Unión Europea y pone en evidencia los desequilibrios entre disponibilidades reales y consumos de agua. Esta situación se aborda con trasvases que deberían ser medidas excepcionales para suplir necesidades urgentes y puntuales, nunca la norma. La norma debe establecer políticas de gestión de las demandas eficaces para mejorar la gobernanza en las cuencas y no tener que recurrir a medidas de trasvases. Y es que no se puede hacer política de aguas únicamente en función del uso económico. Esto provoca agresiones a los ecosistemas fluviales, tanto a los cedentes como a los receptores. Desde el punto de vista social su simple planteamiento desencadena enfrentamientos entre unas comarcas y otras, de forma que lejos de la pretendida vertebración en torno a lazos de dependencia y solidaridad hidrológicos son motivo de enfrentamiento.

La mala gestión que se arrastra de un recurso tan básico como el agua, acarrea no solo conflictos sociales o ambientales, sino también jurídicos y políticos que van en aumento. Hay que abordar la problemática del uso y gestión con la responsabilidad que se merece, recuperando e intentando conservar el buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos y de ribera, que son los que mejor se encargan de absorber y amortiguar los problemas de eutrofización o aumento de los niveles de salinidad de nuestras aguas, los impactos del cambio climático y que mejoran la calidad de las masas de agua tanto superficiales como subterráneas si se aborda con seriedad y sin trampas su restauración. Porque el ecosistema fluvial depende del régimen de caudales y de la calidad de sus aguas y su buen funcionamiento repercutirá en la disponibilidad que tengamos de agua.

La combinación de la reducción de las precipitaciones y, muy especialmente, las subidas de las temperaturas han generado una reducción media del volumen de agua que va a parar a los cauces de más del 20% en tan sólo 25 años. Si además consideramos que la actividad agrícola supone mas del 80% del agua consumida en España (y aumentando), para poder recuperar un cierto equilibrio hídrico sería necesario aceptar el hecho de que este recurso es limitante en nuestro país lo que requiere que definamos la superficie regada que podemos tener y mantener, sin poner en riesgo la propia actividad en el futuro y sin afectar negativamente otros usos, como ya está ocurriendo.  Por tanto, es imprescindible incrementar la eficiencia en el uso del agua en agricultura, limitando pérdidas y fomentando manejos que sean conservativos. Pero también hay que decir NO a nuevos incrementos de superficies. Algunos expertos consideran que ya hemos superado en algo mas del 20% la extracción asumible.

La concesión de derechos de explotación de aguas subterráneas, bien para regadío, bien para la instalación de plantas embotelladoras, u otros usos como los relacionados con la presión urbanística o las actividades turísticas, al socavar en no pocas ocasiones el suministro mas básico a las poblaciones, debe ser escrupulosamente supervisado y controlado. Será fundamental acometer medidas de ahorro, búsqueda de soluciones menos consumidoras de agua y el cierre del ciclo del agua de forma eficiente, depurando y recirculando.

Para que sea posible un Acuerdo sobre la gestión del Agua en España hay que conjugar intereses de todos los implicados, y en el caso del agua lo somos todos, porque es un recurso básico para la vida. Desde sectores como las comunidades de regantes, la industria o los entes que en los municipios gestionan el suministro, hasta las confederaciones hidrológicas, centros de investigación o todas nosotras como ciudadanas y usuarias. Hay que garantizar un suministro de agua siendo escrupulosos para que su conservación también esté garantizada. Si se sigue gestionando como hasta ahora eso será difícil de conseguir a pesar de que sabemos que el agua es un bien escaso en nuestras latitudes. Y cada vez mas por dos motivos principales:

1) el consumo no deja de aumentar porque los sectores que tiran de nuestra economía, -agricultura y turismo-, son terriblemente sedientos.

2) los efectos del cambio climático incluyen una disminución del agua disponible por disminución de las precipitaciones y evapotranspiración mayor por causa del aumento de temperaturas.

Así que es insostenible mantener la explotación actual, no adaptada a la reducción del régimen natural en las últimas décadas y sin medidas en los Planes Hidrológicos que aporten soluciones mas allá de trasvases urgentes cuando toca. Se condena a los ríos a una situación de degradación permanente por falta o inexistencia de caudales ecológicos.

Un aspecto esencial que hay que abordar con sensatez es el relativo a los cultivos, su extensión e intensificación. Estos se tienen necesariamente que adaptar a los escenarios previsibles futuros, cuando haya que adoptar cultivos menos consumidores de agua y disminuir su extensión. Todo ello además de alcanzar un buen estado en las masas de agua que han estado sometidas a desmedidas tasas de contaminación por nitratos y otros compuestos.

Por todo esto, la política hidrológica debería plantear como eje, la gestión ecológica de la demanda y no el aumento de la oferta; una política planificada desde las disponibilidades hídricas y los condicionantes ambientales, que contemplen objetivos como la supresión de regadíos subvencionados para cultivos insostenibles; prevalencia de la conservación de ecosistemas acuáticos; eficiencia en la utilización del recurso; garantizar la calidad del agua y proteger adecuadamente el dominio público hidráulico; liberar las llanuras de inundación del urbanismo ilegal; eliminar la sobreexplotación de las aguas subterráneas; proteger las zonas húmedas; completar la depuración de aguas residuales; establecer la recuperación de costes para todos los usuarios; etc., solo así se garantizará una gestión eficaz y eficiente.

Aunque ya sabemos todas lo difícil que será lograr todo esto y lograr ese Acuerdo de Gestión del AGUA que es inaplazable en nuestro país.

Artículo publicado en el blog de PÚBLICO «Ecologismo de Emergencia» el 8 de Julio de 2020

Agua, Agricultura y el valor de lo irreemplazable

La especialización del sector primario está muy ligado al recurso agua. También al recurso suelo y al recurso fitogenético o de agro-biodiversidad. Y los tres, siendo fundamentales para garantizar la Soberanía Alimentaria de las poblaciones y los territorios, se encuentran, cada día en mayor riesgo.

Sirva de ejemplo el caso del Olivar en Superintensivo que ha sido utilizado por los fondos de inversión internacionales para extraer rentas del mismo. El Estado español sigue siendo el mayor productor de aceite del mundo, con miles de hectáreas dedicadas al monocultivo del olivar. En Andalucía, por ejemplo, ocupan dos terceras partes de su tierra cultivada. En los últimos años, la expansión y la industrialización del olivar van de la mano de nuevos sistemas de cultivo, en los que el olivo se planta a modo de seto, con una densidad mucho mayor y mecanizando buena parte de las tareas, lo que desplaza mano de obra. Se trata de una progresión en la que un cultivo de secano se ha ido transformado en un cultivo de regadío, con un uso importante de fertilizantes y agroquímicos que alteran la fertilidad del suelo y disminuyen la biodiversidad. En realidad, como dice el profesor Manuel Delgado Cabeza, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, hoy en día «el olivar funciona al servicio de los intereses del capital global, que en el territorio andaluz cuenta con una gran plataforma agroexportadora de la que extraer beneficios, trasladando los costes hacia el primer eslabón de la cadena, poniendo en jaque la sostenibilidad social y medioambiental de las zonas productoras».

Para mayor gravedad, normalmente los cultivos que se implantan son en régimen superintensivo, mucho más rentables para las empresas porque reducen costes de recolección, pero más agresivos con el medio. En el caso de los olivos, se implantan los llamados cultivos en seto, que permiten plantar entre 1.500 y 2.500 plantas por hectárea, con un consumo de agua de alrededor de 5.000 m3/ha/año. Esto supone un aumento espectacular de densidad, no ya del olivar tradicional, normalmente de secano, en el que hay entre 80 y 120 plantas por hectárea, sino del intensivo, con entre 250 y 400 plantas por hectárea y un consumo de agua que la Junta de Andalucía estima en 2.500 m3/ha/año (datos de 2017).

A pesar del elevado consumo de agua, los cultivos en seto mantienen a la planta en un estrés hídrico constante para evitar que crezca demasiado y pueda manejarse la plantación de forma totalmente mecanizada. Se trata de un cultivo que apenas necesita mano de obra y con un ciclo de vida de en torno a los quince años; pasado este tiempo, los olivos se arrancan para volver a comenzar. Y así hasta el agotamiento total de fuentes de agua, dejando suelos desertizados y ausencia de cobertura vegetal. Se aplican abonos de síntesis y herbicidas que alteran la fertilidad y la estructura del suelo, generando importantes problemas de contaminación hídrica y erosión.

Y un último problema, no menor, la gran cantidad de muertes de aves, sobre la cual la Junta de Andalucía ha dictado una resolución a principios de este mes de octubre que suspende cautelarmente y de forma temporal la recogida nocturna de la aceituna en olivares superintensivos mediante cosechadoras cabalgantes mientras elabora el IFAPA (Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía) estudios que permitan conocer la biología y ecología del sistema del olivar en seto y las aves que lo habitan, así como los posibles efectos que la recolección nocturna mecanizada pudieran tener sobre las aves migratorias. En realidad, no hacen falta muchos estudios para corroborar que se produce una muy alta mortandad de aves migratorias, como así denunció Ecologistas en Acción en Córdoba.

Aunque la rentabilidad sea bastante alta, la inversión necesaria para llevar a cabo una plantación en superintensivo también lo es; no está al alcance de cualquiera. Son grandes empresas y terratenientes los que disponen del capital necesario para hacer frente a esta trasformación. Estas inversiones se están haciendo sin tener en cuenta factores que las limitan, como el agua disponible, por lo que pueden tener problemas de viabilidad. El mercado, sin embargo, no es limitante porque al ser más rentables que las fincas tradicionales o las más pequeñas, suelen tener menos costes de producción. Esto tiene el riesgo de dejar fuera del mercado a las personas agricultoras de toda la vida, pues además de quedarse con su mercado se quedan progresivamente con su agua. En el mejor de los casos, acabarán convertidas en asalariadas de las grandes empresas, fenómeno que ya se está produciendo en zonas como Murcia y País Valencià.

Nos encontramos pues, en la deriva del modelo agrícola agroexportador, ante un problema bastante generalizado y peligroso que nadie se atreve a solucionar: las cifras de las concesiones y los derechos de agua son muy superiores a la disponibilidad. Además de otros problemas ya esbozados.

En nuestro país, el agua es un bien público, por lo que es la Administración quien debe otorgar una concesión para poder usarla. Y la Administración, inexplicablemente, ha dado más concesiones que recursos existen. Esto se agrava por la gran cantidad de sondeos, captaciones ilegales y pozos reprofundizados que extraen un volumen más alto del autorizado, además de todo un cúmulo de irregularidades que apenas se controlan. En Andalucía, la Junta no ha inspeccionado las macrofincas de olivos en el sudeste mas seco de la comunidad, hasta que la situación se hizo prácticamente insostenible y ocasionó un movimiento social que exigía soluciones.

Las personas que viven de la agricultura a pequeña escala, ante la pérdida de rentabilidad de sus explotaciones tradicionales, se verán obligadas a vender sus terrenos a empresas más grandes que puedan hacer frente a los costes iniciales, con el impacto social que esto tiene al incrementar las desigualdades, acabar con el tejido agrario tradicional, aumentar el despoblamiento, etc. Y la factura ambiental nunca contabilizada, que se pagará en un futuro cada vez mas cercano, cuando se haya acabado con los agrosistemas tradicionales.

Es decir, al ritmo de explotación actual, sin detener los modelos agrarios intensivos, muchos de los acuíferos en nuestros territorios, se agotarán irremediablemente, condenando a quienes habitan la zona. Y ¿todavía hay quien duda cuáles son los problemas reales a que se enfrenta la #EspañaVaciada?

Artículo publicado en Ecologismo de Emergencia el 3 de noviembre 2019

El panorama de la planificación urbanística. Expectativas

Para orientar las actuaciones en la ciudad, o en el territorio en general, -sea este urbano o rural-, y de acuerdo con una idea de futuro deseable, se requiere la exploración de alternativas y preferencias en la planificación urbanística. Por supuesto contando con los principales interesados que son los ciudadanos. Con esa exploración se puede hacer un pronóstico sobre la ciudad futura o sobre la extensión territorial que corresponda, que sea la continuación del diagnóstico previo.

Así, la prospectiva (o anticipación de lo que se desea) es mucho más que una forma de orientar el presente hacia el futuro, es un conocimiento del futuro en base a lo que hemos aprendido del presente. Y, por tanto, es un espacio de reflexión y de asesoramiento en orden a elegir entre el espectro de opciones y preferencias, llamando la atención sobre sus potenciales efectos asociados. Los pronósticos más interesantes y útiles son aquellos que nos permiten anticiparnos a posibles situaciones a evitar.

Y es que, nos deben preocupar, y mucho, las tendencias en los municipios y ciudades, especialmente las litorales, donde la reactivación del sector inmobiliario tiene visos de continuar con el juego especulativo y al margen del interés general ciudadano, ahondando en escenarios sobre los que ya conocemos sus consecuencias.

Tanto el planeamiento urbano como el territorial se siguen realizando a partir de los criterios e instrumentos que han conducido a una burbuja y sobredimensión constructiva, de modo que, sin duda alguna, se repetirán los graves problemas que el crecimiento urbano en su forma más actual viene ocasionando. La lógica mas elemental nos está diciendo que no se puede seguir una senda que al final choca con la realidad. Las administraciones deben orientar las actuaciones en el ámbito del urbanismo, buscando las claves de un futuro deseable, anticipándose a posibles situaciones a evitar, como en el caso de los usos del suelo. Sin embargo, algunas administraciones autonómicas, -la andaluza y la comunidad de Madrid entre otras- gobernadas por el PP están desarrollando leyes de suelo que favorecen la aprobación de planes generales con normas laxas e instrumentos que pretenden agilizar el negocio inmobiliario, permitiendo incrementos especulativos de la actividad urbanizadora ajenos al interés general y que no responden a necesidades sociales.

La apelación insistente al carácter sostenible que se autoatribuyen los documentos de planificación urbanística respecto del horizonte de futuro que prefiguran, es puramente retórica. Estos instrumentos de planificación habitualmente usados, carecen de apoyaturas científicas y lógicas (son contradictorios respecto de los objetivos que dicen tener y enfrentar). Suelen ser documentos que implican la puesta en marcha de operaciones inmobiliarias contenidas en documentos planificadores “vigentes”, elaborados en un marco caracterizado por unas expectativas de crecimiento prácticamente ilimitadas y en función de una demanda considerada también sin techo, que acentuarán los problemas territoriales y urbanos actuales.  Y los acentuarán porque obedecen a criterios del corto plazo y provocan una transferencia de las consecuencias y de impactos complejos, al futuro. Y ello, como resultado de un operar ciego respecto de la complejidad de intereses, necesidades, expectativas demográficas y poblacionales o restricciones ambientales.

Cualquier instrumento planificador, debe contener lo que ha sido el proceso histórico de formación de lo urbano o de un territorio. Este tipo de documentos, sobre lo heredado (el pasado) debe planificar o prever el futuro.

Lo que cualquier documento de esta naturaleza debe proponer es una configuración prospectiva, es decir, lo que se desea para el futuro en un plazo temporal concreto. La escasa calidad técnica de un documento no se resuelve afirmado que refleja una mala herencia, sino poniendo a la vista un futuro mejor para la sociedad y los ecosistemas en que se asienta.

La mayoría de las veces estos instrumentos carecen de un diagnóstico efectivo y especialmente en aspectos decisivos tales como: la salud de los ecosistemas, la medición de su resiliencia, el estudio, (no descriptivo), de las relaciones entre ecosistemas y la lógica territorial, o la modelización de las consecuencias del cambio climático y su prevención. La evaluación de la situación general de lo construido (el medio artificial) y sus potenciales efectos; el diagnóstico social, con inclusión de necesidades y demandas; la disponibilidad de un análisis de la dinámica territorial y poblacional y, finalmente, la evaluación real de los sistemas productivos de todo tipo.

Sin embargo, y a pesar de estas carencias en el diagnóstico, los procedimientos eluden el análisis prospectivo: hay una fase clásica de información de los Planes Urbanísticos (Generales o Parciales) que produce exclusivamente acumulaciones de información (las Memorias) que carecen de relaciones (transversalidad) y que apenas cumplen una función justificadora de las decisiones planificadoras ya adoptadas. Y hay que insistir, sólo desde la disponibilidad de un diagnóstico preciso es posible definir con rigor las posibilidades futuras de la ciudad y el territorio de acuerdo con las decisiones que tomen los ciudadanos a través de sus representantes y tras debates públicos, ante las expectativas que se derivan de los escenarios previsibles.

Se deduce de lo anterior la necesidad urgente de creación de unos nuevos marcos de referencia jurídicos respecto de todas las escalas de planificación (desde la planificación regional y subregional a la urbana) que, sin duda, atiendan con nuevos instrumentos y protocolos a los actuales desafíos y que esos marcos permitan la intervención de los ciudadanos de forma efectiva y real.

Igualmente, se debe insistir en el cumplimiento de la legislación vigente respecto de la Evaluación Ambiental Estratégica de los instrumentos planificadores y de las Evaluaciones de Impacto sobre la Salud.

Con esta reflexión apelo a la necesidad de una reforma de la política urbanística que incluya una repolitización del futuro. El escenario futuro es una combinación de incertidumbre y responsabilidad, por tanto, sujeto a procedimientos de deliberación y legitimación colectiva. Ello sin duda implica asumir esos cambios necesarios que abran el debate informado a la ciudadanía.

Publicado el 25 de junio 2020 en Contrainformación 

Sobre la necesidad de una Ley del Suelo y su orientación

La Junta de Andalucía está en proceso de elaborar una ley del suelo, de la que dice que será más simple y que dará mayor autonomía a los ayuntamientos. Con la aprobación de la nueva norma derogarán las actuales leyes de ordenación urbanística (LOUA) y de ordenación territorial (LOTA). Mejorando, según se afirma, la relación entre la planificación territorial y urbanística. Deberá admitirse que las modificaciones sufridas por la LOUA han apuntado reiteradamente a la necesidad de la industria inmobiliaria de agilidad en el procedimiento depredador mas que a la necesidad de poner orden en el desorden generado por una actividad urbanizadora que no respondía a necesidades sociales reales.

Además de la derogación de las actuales leyes y la redacción de una nueva más simple y con menor carga de articulado, un objetivo prioritario planteado, es dotar a los ayuntamientos de mayor autonomía a la hora de perfilar su “modelo de ciudad” y agilizar los procesos para la aprobación de los planes generales. Sin embargo, los ayuntamientos están expuestos a la tentación de equilibrar sus balanzas con la especulación urbanística, recalificando suelos, elaborando planes expansivos, que acaban dañando el espacio público y no consideran el interés general de los ciudadanos cuando hay intereses económicos de por medio. Lo estamos viendo especialmente en la franja litoral. Véanse los casos de los acantilados de Maro en Málaga o el caso, frenado en su día, de Valdevaqueros, o en los mas actuales de Los Lances, o de los pinares de Barbate, o el caso de cala San Pedro en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar… A pesar de la colmatación que ya sufre el litoral, no parece haber colmatado la avidez de hormigón.

En principio, la base legal para acometer todos estos proyectos la ofrecen PGOUs que datan de mucho tiempo atrás, claramente obsoletos y que obedecen a modelos especulativos de décadas pasadas, que, sin embargo, parecen mantenerse en boga. Son intentos basados en planes parciales, no sometidos a procedimientos de diagnóstico ambiental y que no están pensados para satisfacer el interés general. Con plazos de ejecución que han prescrito, aunque no haya prescrito el afán épico de promover el hormigonado por todo el territorio.

Por tanto, respecto a dar protagonismo a los Ayuntamientos, hay que considerar que se precisa un régimen fiscal de los mismos que no haga depender su financiación, en una cuantía tan importante, de los actos con trascendencia urbanística (bien sea impositiva, bien meramente unida a recalificaciones y plusvalías ligadas al aumento del volumen ya construido). Al ser las Corpo­raciones Locales dispensadoras de “incrementos” en el valor de los suelos, se les suponen serias dificultades para resistir las malas prácticas y la corrupción. Probablemente sea éste uno de los proble­mas más importantes con los que se enfrenta la planificación urbanística en el momento actual.

Es una asignatura pendiente dotar a las corporaciones municipales de herramientas que eviten esto, de manera que solo se clasifique el suelo necesario sin comprometer las necesidades y decisiones de las generaciones futuras, que incluye a las corporaciones municipales futuras que deben tener derecho a desarrollar sus propias políticas y sus modelos de ciudad. Por aquello de tener en cuenta el impacto de cualquier actuación constructiva que permanecerá largo tiempo determinando posteriores desarrollos.

Hasta ahora no se ha tomado en Andalucía ninguna medida legislativa para luchar contra la especulación urbanística. Partimos de un patrimonio inmobiliario sobredimensionado, con exceso de suelo clasificado, y eso se contradice con la propia idea de la necesidad de agilización. Lo que en realidad tocaría, es reconsiderar la ocupación expansiva del suelo, y primar la reuti­lización y rehabilitación del patrimonio construido y del entorno urbano y periurbano degradado.

Un hecho preocupante constatado, es que porcentajes variables de los terrenos con los que se especula pertenecen a suelo municipal. Requeriría una explicación por parte de la autoridad municipal el motivo de la privatización de espacios públicos. Además del listado de incumplimientos en materia urbanística y de protección de suelos, especialmente en el litoral, hay una enorme cantidad de suelo que se ha clasificado en los últimos 30 años y que se continúa clasificando, una cantidad excesiva, injustificada, socialmente injusta, económicamente devastadora y ambientalmente insostenible. Sin embargo, parece que el cortoplacismo de rentabilidades y plusvalías inmediatas desdibujan problemas ulteriores, que quizá corresponda resolver a otros, instalados como estamos en el cortoplacismo de una legislatura.

Hay, por ejemplo, suelos de interés agrícola clasificados como urbanizables que no precisamos urbanizar y sí proteger para garantizar la soberanía alimentaria de nuestras áreas metropolitanas. Y si esos suelos “urbanizables” -que no son necesarios y tienen alto valor productivo agrícola o paisajístico- se destruyen, perderemos una riqueza difícil de recuperar. Y es que, los cambios de uso del suelo han degradado considerablemente los tradicionales paisajes agrarios en mosaico del Mediterráneo de los que Andalucía tiene gran diversidad.

Los objetivos planteados en el anteproyecto de la ley parten del cuestionamiento de la coexistencia de la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOTA) y la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que fueron modificadas en tantas ocasiones desde sus respectivas entradas en vigor que han quedado convertidas en textos carentes de coherencia que no dan respuesta a las “necesidades urbanísticas” de la comunidad autónoma. Lo que no aclara el ejecutivo del PP y Ciudadanos es cómo identificar y delimitar esas supuestas “necesidades urbanísticas”. La LOTA sufrió 12 modificaciones de diverso alcance. La LOUA, por su parte, sufrió el mismo número de cambios, aunque en casi la mitad de tiempo de vigencia. Quizá han quedado obsoletas, pero es importante que su sustitución sea debatida y reflexionada en profundidad por toda la ciudadanía que se vaya a ver afectada por las consecuencias de esta nueva ley.

La elaboración de la nueva norma se quiere aprobar en la presente legislatura. Para orientar el sentido de la misma, se debe tener claro el objetivo que se persigue, sin embargo, lo único que se aclara de partida, es que nace con el firme propósito de recortar de manera sustancial los plazos de tramitación de los instrumentos de planeamiento (tal y como ya ha hecho el gobierno autonómico con el decreto-ley 2/2020 de 9 de marzo); que quiere hacer descansar el desarrollo urbanístico y territorial en las corporaciones municipales en un alto grado; y que fomentará la colaboración público-privada en la ejecución del planeamiento, otra cuestión que genera dudas por el menoscabo que suele suponer para las arcas públicas.

Ojalá durante el trámite parlamentario, los legisladores se guíen mas por la prudencia que por intereses económicos de dudoso interés general.

Artículo publicado originalmente en eldiario.es el 1 de mayo 2020