Archivos de la categoría:Actualidad

Una Reflexión Sobre la Participación Ciudadana en el Diseño Urbano: El caso del Bosque Urbano de Málaga.

Hablemos de política.

La política​ es el proceso de toma de decisiones en toda comunidad humana. ​Es la forma en que una sociedad resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva. Es (o debe ser) un quehacer ordenado al bien común.

Por supuesto, con participación de la ciudadanía implicada. Se trata de distribuir y ejecutar el poder según las decisiones colectivas para garantizar el bien común en la sociedad. Porque no se otorga el poder de representación para que sea falseado y desvirtuado, aunque pueda serlo. Porque otorgamos nuestro voto para que quien nos represente y ateniéndose a un contrato previo que es el programa ofertado, defienda nuestros legítimos intereses como miembros de la sociedad. Así se entiende la democracia.

Si queremos presumir de democracia, lo coherente es aplicar esos principios democráticos en que queremos que se base nuestro sistema político. Sin embargo, el uso y abuso del poder adquirido, aunque haya sido por procedimientos democráticos, acaba pervirtiéndola.

El término ‘política‘, en sentido amplio, es una actividad de la que es muy difícil sustraerse, por encontrarse en casi todos los ámbitos de la vida. Todos hacemos política.

Definiciones clásicas apuntan a definir política como el ejercicio del poder en relación a un conflicto de intereses. Pero, en definitiva, política se define como el modo en que las sociedades decidimos organizar la vida en común entre quienes las componemos. Y los políticos ejercen o aspiran a ejercer su función dirimiendo de la mejor forma los asuntos públicos.

Me remito a un ejemplo que tenemos en estos días en nuestra ciudad. Se trata del Bosque Urbano reivindicado por bastantes ciudadanos tanto individualmente como organizados alrededor de la Plataforma ciudadana BUM. El gobierno municipal, con Francisco de la Torre, mantuvo guardado en un cajón el informe positivo del interventor municipal sobre la posibilidad de hacer una consulta ciudadana para definir de manera participativa la posición de los vecinos y, muy especialmente de los distritos de Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero, con respecto al proyecto que han estado pergeñando para los terrenos donde se ubicaron los antiguos depósitos de Repsol, hace tiempo retirados.

Se trataba de preguntar si nuestras hijas y nietas podrían disfrutar de una zona verde arbolada con especies autóctonas, el denominado “Bosque Urbano” o estar a la sombra de 4 rascacielos y un frío parque urbano (proyecto original o los subsiguientes modificados).

Traté el tema en un artículo de noviembre de 2016. Y lo que quería discutir es el papel que los políticos tienen en el debate público y la participación ciudadana que deben permitir y fomentar.

Pues bien, lo han vuelto a hacer. Han sacado a información pública un proyecto muy alejado del deseo expresado por muchos malagueños, con “agosticidad” y alevosía. Además, lo consideran un trámite sin valor vinculante y que no modifica la decisión previa ya adoptada.

El Concejal de Participación Ciudadana del ayuntamiento de Málaga, en aquel momento (2016) declaró que la figura de consulta no aparecía en el articulado de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, aprobada por aquel entonces. Se le podría responder con rotundidad, que el hecho de que no aparezca no significa que no sea posible y, que es una paradoja que el responsable de participación se desprenda de una figura significativa de participación ciudadana en la gestión municipal y, en la paradoja, concurre que la afirmación la realizaba, sin la menor referencia a la legislación local. Suena a chiste que el concejal de participación busque argumentos legales para limitar la propia participación que debería defender institucionalmente.

Sin embargo, la reflexión general que quería hacer se refería al papel que los políticos deben jugar en la gestión de los bienes comunes y del interés público. El PP que lleva gobernando muchos años nuestra ciudad, lo hace con un modo de gestión de arriba abajo. Piensan la ciudad que quieren con la ayuda de técnicos y asesores en base a unas directrices que descansan en el modelo neoliberal en el que creen. Tutelan a los ciudadanos y no acaban de aceptar que haya vecinos que se organicen y diseñen propuestas alternativas para el suelo que pisan.

Yo también fundamento mi visión y actuación política en un marco conceptual, el de la ecología política, y podría proponer un proyecto “verde” para esos terrenos. Quizá sería más coincidente con la propuesta de la plataforma vecinal, pero adolecería del mismo defecto del equipo de gobierno del PP, si no considerase la participación de los vecinos en el diseño del proyecto. Este es el conflicto de intereses entre ciudadanos y gobierno municipal.

Los vecinos acudieron a sus representantes en el ayuntamiento con una petición alternativa a la inicialmente propuesta y no ejecutada para los terrenos de Repsol. Se propuso en su día en el pleno esa consulta ciudadana para dar cauce a la participación y fue apoyada por todos los grupos. Intervinieron vecinos del barrio, profesores de universidad y en el debate se expusieron problemáticas diversas. Se defendieron: la propuesta del Bosque Urbano, el proyecto original del ayuntamiento y propuestas alternativas del PSOE, Ciudadanos, Izquierda Unida. Dio la impresión de que se estaba con los ciudadanos, escuchándolos e incorporándolos a la toma de decisiones, explicándoles también los condicionantes previos. Desgraciadamente el PP se ocupó de convertir aquello en una farsa.

Además de votar a quienes nos deben representar, los ciudadanos tenemos que ser escuchados y participar activamente en el diseño de la ciudad.

Creo firmemente que debemos transitar de modelos de gestión de arriba a abajo, como el que está aplicando el equipo de gobierno de Paco de la Torre, a los que se nutren de abajo a arriba, especialmente en el diseño urbano.

 

Dos Modelos Contrapuestos de Intervención Urbana. Imagen de una charla presentada por el arquitecto y profesor Carlos Verdaguer en las jornadas para actualizar los objetivos de la Agenda 21 de nuestra ciudad, organizadas por el Observatorio del Medio Ambiente Urbano de Málaga (OMAU). Esta figura representa los dos modelos de intervención que he pretendido traer a colación al criticar la lamentable gestión del PP en el asunto del BUM limitando la participación ciudadana en el caso de los terrenos de Repsol.

No todo lo que se proponga será técnicamente posible, no todo lo que se proponga será legalmente posible; pero estoy segura que sí podremos poner en marcha proyectos compartidos que incorporen el poder creativo y la participación de los ciudadanos y los vecinos, aunque voten a partidos distintos.

Los políticos tienen entre sus funciones la capacidad de cambiar normas legales, pero también la capacidad y necesidad de consultar y escuchar. Es su razón de ser y para lo que deben trabajar.

Resumiendo, los políticos además de defender sus marcos conceptuales de gestión, respetables, aunque no compartidos por todos, deben escuchar a sus representados y trabajar para mejorar los cauces de participación, nunca limitarlos.

Hay una necesidad urgente de crear marcos de referencia jurídicos respecto de todas las escalas de planificación (desde la planificación regional y subregional a la urbana) que atiendan con nuevos instrumentos a los actuales desafíos territoriales y urbanísticos. Y deben ser marcos que permitan la intervención de los ciudadanos de forma efectiva y real, porque el escenario futuro es una combinación de incertidumbre y responsabilidad, por tanto, sujeto a procedimientos de deliberación y legitimación colectiva.

 

Artículo originalmente publicado el 15 de septiembre 2020 en Revista El Observador 

EL AGUA, ESE CAPITAL IRREEMPLAZABLE

El agua es un patrimonio natural y un recurso estratégico del que dependen las actividades productivas, la calidad de vida de todos y la supervivencia de ecosistemas de gran valor ecológico.

La procedencia del agua que gastamos tiene 3 orígenes distintos: superficial, subterráneo o de reutilización. Los porcentajes de uso deberían ser mayores en aguas reutilizadas, invirtiendo en la mejora de depuración y saneamiento de las masas de agua para ser reaprovechadas, lo que conllevaría el consiguiente ahorro de las masas subterráneas y superficiales.

El futuro del recurso debe pasar por una gestión sostenible e integral, como así se establece en la Directiva Marco de Aguas (DMA), considerando un mayor control en la demanda o limitando la oferta que hasta ahora se ha gestionado como si fuese infinita.

En los últimos tiempos se ha hecho evidente la merma de recursos hídricos disponibles en España por los efectos del cambio climático, y una creciente actividad extractiva que no respeta en muchas ocasiones la capacidad de carga de los acuíferos, ni la disponibilidad de agua de las distintas cuencas hidrográficas, lo que ha suscitado grandes controversias entre comunidades y comarcas cedentes y receptoras. El estrés hídrico que padecemos es de los mayores de la Unión Europea y pone en evidencia los desequilibrios entre disponibilidades reales y consumos de agua. Esta situación se aborda con trasvases que deberían ser medidas excepcionales para suplir necesidades urgentes y puntuales, nunca la norma. La norma debe establecer políticas de gestión de las demandas eficaces para mejorar la gobernanza en las cuencas y no tener que recurrir a medidas de trasvases. Y es que no se puede hacer política de aguas únicamente en función del uso económico. Esto provoca agresiones a los ecosistemas fluviales, tanto a los cedentes como a los receptores. Desde el punto de vista social su simple planteamiento desencadena enfrentamientos entre unas comarcas y otras, de forma que lejos de la pretendida vertebración en torno a lazos de dependencia y solidaridad hidrológicos son motivo de enfrentamiento.

La mala gestión que se arrastra de un recurso tan básico como el agua, acarrea no solo conflictos sociales o ambientales, sino también jurídicos y políticos que van en aumento. Hay que abordar la problemática del uso y gestión con la responsabilidad que se merece, recuperando e intentando conservar el buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos y de ribera, que son los que mejor se encargan de absorber y amortiguar los problemas de eutrofización o aumento de los niveles de salinidad de nuestras aguas, los impactos del cambio climático y que mejoran la calidad de las masas de agua tanto superficiales como subterráneas si se aborda con seriedad y sin trampas su restauración. Porque el ecosistema fluvial depende del régimen de caudales y de la calidad de sus aguas y su buen funcionamiento repercutirá en la disponibilidad que tengamos de agua.

La combinación de la reducción de las precipitaciones y, muy especialmente, las subidas de las temperaturas han generado una reducción media del volumen de agua que va a parar a los cauces de más del 20% en tan sólo 25 años. Si además consideramos que la actividad agrícola supone mas del 80% del agua consumida en España (y aumentando), para poder recuperar un cierto equilibrio hídrico sería necesario aceptar el hecho de que este recurso es limitante en nuestro país lo que requiere que definamos la superficie regada que podemos tener y mantener, sin poner en riesgo la propia actividad en el futuro y sin afectar negativamente otros usos, como ya está ocurriendo.  Por tanto, es imprescindible incrementar la eficiencia en el uso del agua en agricultura, limitando pérdidas y fomentando manejos que sean conservativos. Pero también hay que decir NO a nuevos incrementos de superficies. Algunos expertos consideran que ya hemos superado en algo mas del 20% la extracción asumible.

La concesión de derechos de explotación de aguas subterráneas, bien para regadío, bien para la instalación de plantas embotelladoras, u otros usos como los relacionados con la presión urbanística o las actividades turísticas, al socavar en no pocas ocasiones el suministro mas básico a las poblaciones, debe ser escrupulosamente supervisado y controlado. Será fundamental acometer medidas de ahorro, búsqueda de soluciones menos consumidoras de agua y el cierre del ciclo del agua de forma eficiente, depurando y recirculando.

Para que sea posible un Acuerdo sobre la gestión del Agua en España hay que conjugar intereses de todos los implicados, y en el caso del agua lo somos todos, porque es un recurso básico para la vida. Desde sectores como las comunidades de regantes, la industria o los entes que en los municipios gestionan el suministro, hasta las confederaciones hidrológicas, centros de investigación o todas nosotras como ciudadanas y usuarias. Hay que garantizar un suministro de agua siendo escrupulosos para que su conservación también esté garantizada. Si se sigue gestionando como hasta ahora eso será difícil de conseguir a pesar de que sabemos que el agua es un bien escaso en nuestras latitudes. Y cada vez mas por dos motivos principales:

1) el consumo no deja de aumentar porque los sectores que tiran de nuestra economía, -agricultura y turismo-, son terriblemente sedientos.

2) los efectos del cambio climático incluyen una disminución del agua disponible por disminución de las precipitaciones y evapotranspiración mayor por causa del aumento de temperaturas.

Así que es insostenible mantener la explotación actual, no adaptada a la reducción del régimen natural en las últimas décadas y sin medidas en los Planes Hidrológicos que aporten soluciones mas allá de trasvases urgentes cuando toca. Se condena a los ríos a una situación de degradación permanente por falta o inexistencia de caudales ecológicos.

Un aspecto esencial que hay que abordar con sensatez es el relativo a los cultivos, su extensión e intensificación. Estos se tienen necesariamente que adaptar a los escenarios previsibles futuros, cuando haya que adoptar cultivos menos consumidores de agua y disminuir su extensión. Todo ello además de alcanzar un buen estado en las masas de agua que han estado sometidas a desmedidas tasas de contaminación por nitratos y otros compuestos.

Por todo esto, la política hidrológica debería plantear como eje, la gestión ecológica de la demanda y no el aumento de la oferta; una política planificada desde las disponibilidades hídricas y los condicionantes ambientales, que contemplen objetivos como la supresión de regadíos subvencionados para cultivos insostenibles; prevalencia de la conservación de ecosistemas acuáticos; eficiencia en la utilización del recurso; garantizar la calidad del agua y proteger adecuadamente el dominio público hidráulico; liberar las llanuras de inundación del urbanismo ilegal; eliminar la sobreexplotación de las aguas subterráneas; proteger las zonas húmedas; completar la depuración de aguas residuales; establecer la recuperación de costes para todos los usuarios; etc., solo así se garantizará una gestión eficaz y eficiente.

Aunque ya sabemos todas lo difícil que será lograr todo esto y lograr ese Acuerdo de Gestión del AGUA que es inaplazable en nuestro país.

Artículo publicado en el blog de PÚBLICO «Ecologismo de Emergencia» el 8 de Julio de 2020

Agua, Agricultura y el valor de lo irreemplazable

La especialización del sector primario está muy ligado al recurso agua. También al recurso suelo y al recurso fitogenético o de agro-biodiversidad. Y los tres, siendo fundamentales para garantizar la Soberanía Alimentaria de las poblaciones y los territorios, se encuentran, cada día en mayor riesgo.

Sirva de ejemplo el caso del Olivar en Superintensivo que ha sido utilizado por los fondos de inversión internacionales para extraer rentas del mismo. El Estado español sigue siendo el mayor productor de aceite del mundo, con miles de hectáreas dedicadas al monocultivo del olivar. En Andalucía, por ejemplo, ocupan dos terceras partes de su tierra cultivada. En los últimos años, la expansión y la industrialización del olivar van de la mano de nuevos sistemas de cultivo, en los que el olivo se planta a modo de seto, con una densidad mucho mayor y mecanizando buena parte de las tareas, lo que desplaza mano de obra. Se trata de una progresión en la que un cultivo de secano se ha ido transformado en un cultivo de regadío, con un uso importante de fertilizantes y agroquímicos que alteran la fertilidad del suelo y disminuyen la biodiversidad. En realidad, como dice el profesor Manuel Delgado Cabeza, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, hoy en día «el olivar funciona al servicio de los intereses del capital global, que en el territorio andaluz cuenta con una gran plataforma agroexportadora de la que extraer beneficios, trasladando los costes hacia el primer eslabón de la cadena, poniendo en jaque la sostenibilidad social y medioambiental de las zonas productoras».

Para mayor gravedad, normalmente los cultivos que se implantan son en régimen superintensivo, mucho más rentables para las empresas porque reducen costes de recolección, pero más agresivos con el medio. En el caso de los olivos, se implantan los llamados cultivos en seto, que permiten plantar entre 1.500 y 2.500 plantas por hectárea, con un consumo de agua de alrededor de 5.000 m3/ha/año. Esto supone un aumento espectacular de densidad, no ya del olivar tradicional, normalmente de secano, en el que hay entre 80 y 120 plantas por hectárea, sino del intensivo, con entre 250 y 400 plantas por hectárea y un consumo de agua que la Junta de Andalucía estima en 2.500 m3/ha/año (datos de 2017).

A pesar del elevado consumo de agua, los cultivos en seto mantienen a la planta en un estrés hídrico constante para evitar que crezca demasiado y pueda manejarse la plantación de forma totalmente mecanizada. Se trata de un cultivo que apenas necesita mano de obra y con un ciclo de vida de en torno a los quince años; pasado este tiempo, los olivos se arrancan para volver a comenzar. Y así hasta el agotamiento total de fuentes de agua, dejando suelos desertizados y ausencia de cobertura vegetal. Se aplican abonos de síntesis y herbicidas que alteran la fertilidad y la estructura del suelo, generando importantes problemas de contaminación hídrica y erosión.

Y un último problema, no menor, la gran cantidad de muertes de aves, sobre la cual la Junta de Andalucía ha dictado una resolución a principios de este mes de octubre que suspende cautelarmente y de forma temporal la recogida nocturna de la aceituna en olivares superintensivos mediante cosechadoras cabalgantes mientras elabora el IFAPA (Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía) estudios que permitan conocer la biología y ecología del sistema del olivar en seto y las aves que lo habitan, así como los posibles efectos que la recolección nocturna mecanizada pudieran tener sobre las aves migratorias. En realidad, no hacen falta muchos estudios para corroborar que se produce una muy alta mortandad de aves migratorias, como así denunció Ecologistas en Acción en Córdoba.

Aunque la rentabilidad sea bastante alta, la inversión necesaria para llevar a cabo una plantación en superintensivo también lo es; no está al alcance de cualquiera. Son grandes empresas y terratenientes los que disponen del capital necesario para hacer frente a esta trasformación. Estas inversiones se están haciendo sin tener en cuenta factores que las limitan, como el agua disponible, por lo que pueden tener problemas de viabilidad. El mercado, sin embargo, no es limitante porque al ser más rentables que las fincas tradicionales o las más pequeñas, suelen tener menos costes de producción. Esto tiene el riesgo de dejar fuera del mercado a las personas agricultoras de toda la vida, pues además de quedarse con su mercado se quedan progresivamente con su agua. En el mejor de los casos, acabarán convertidas en asalariadas de las grandes empresas, fenómeno que ya se está produciendo en zonas como Murcia y País Valencià.

Nos encontramos pues, en la deriva del modelo agrícola agroexportador, ante un problema bastante generalizado y peligroso que nadie se atreve a solucionar: las cifras de las concesiones y los derechos de agua son muy superiores a la disponibilidad. Además de otros problemas ya esbozados.

En nuestro país, el agua es un bien público, por lo que es la Administración quien debe otorgar una concesión para poder usarla. Y la Administración, inexplicablemente, ha dado más concesiones que recursos existen. Esto se agrava por la gran cantidad de sondeos, captaciones ilegales y pozos reprofundizados que extraen un volumen más alto del autorizado, además de todo un cúmulo de irregularidades que apenas se controlan. En Andalucía, la Junta no ha inspeccionado las macrofincas de olivos en el sudeste mas seco de la comunidad, hasta que la situación se hizo prácticamente insostenible y ocasionó un movimiento social que exigía soluciones.

Las personas que viven de la agricultura a pequeña escala, ante la pérdida de rentabilidad de sus explotaciones tradicionales, se verán obligadas a vender sus terrenos a empresas más grandes que puedan hacer frente a los costes iniciales, con el impacto social que esto tiene al incrementar las desigualdades, acabar con el tejido agrario tradicional, aumentar el despoblamiento, etc. Y la factura ambiental nunca contabilizada, que se pagará en un futuro cada vez mas cercano, cuando se haya acabado con los agrosistemas tradicionales.

Es decir, al ritmo de explotación actual, sin detener los modelos agrarios intensivos, muchos de los acuíferos en nuestros territorios, se agotarán irremediablemente, condenando a quienes habitan la zona. Y ¿todavía hay quien duda cuáles son los problemas reales a que se enfrenta la #EspañaVaciada?

Artículo publicado en Ecologismo de Emergencia el 3 de noviembre 2019

El panorama de la planificación urbanística. Expectativas

Para orientar las actuaciones en la ciudad, o en el territorio en general, -sea este urbano o rural-, y de acuerdo con una idea de futuro deseable, se requiere la exploración de alternativas y preferencias en la planificación urbanística. Por supuesto contando con los principales interesados que son los ciudadanos. Con esa exploración se puede hacer un pronóstico sobre la ciudad futura o sobre la extensión territorial que corresponda, que sea la continuación del diagnóstico previo.

Así, la prospectiva (o anticipación de lo que se desea) es mucho más que una forma de orientar el presente hacia el futuro, es un conocimiento del futuro en base a lo que hemos aprendido del presente. Y, por tanto, es un espacio de reflexión y de asesoramiento en orden a elegir entre el espectro de opciones y preferencias, llamando la atención sobre sus potenciales efectos asociados. Los pronósticos más interesantes y útiles son aquellos que nos permiten anticiparnos a posibles situaciones a evitar.

Y es que, nos deben preocupar, y mucho, las tendencias en los municipios y ciudades, especialmente las litorales, donde la reactivación del sector inmobiliario tiene visos de continuar con el juego especulativo y al margen del interés general ciudadano, ahondando en escenarios sobre los que ya conocemos sus consecuencias.

Tanto el planeamiento urbano como el territorial se siguen realizando a partir de los criterios e instrumentos que han conducido a una burbuja y sobredimensión constructiva, de modo que, sin duda alguna, se repetirán los graves problemas que el crecimiento urbano en su forma más actual viene ocasionando. La lógica mas elemental nos está diciendo que no se puede seguir una senda que al final choca con la realidad. Las administraciones deben orientar las actuaciones en el ámbito del urbanismo, buscando las claves de un futuro deseable, anticipándose a posibles situaciones a evitar, como en el caso de los usos del suelo. Sin embargo, algunas administraciones autonómicas, -la andaluza y la comunidad de Madrid entre otras- gobernadas por el PP están desarrollando leyes de suelo que favorecen la aprobación de planes generales con normas laxas e instrumentos que pretenden agilizar el negocio inmobiliario, permitiendo incrementos especulativos de la actividad urbanizadora ajenos al interés general y que no responden a necesidades sociales.

La apelación insistente al carácter sostenible que se autoatribuyen los documentos de planificación urbanística respecto del horizonte de futuro que prefiguran, es puramente retórica. Estos instrumentos de planificación habitualmente usados, carecen de apoyaturas científicas y lógicas (son contradictorios respecto de los objetivos que dicen tener y enfrentar). Suelen ser documentos que implican la puesta en marcha de operaciones inmobiliarias contenidas en documentos planificadores “vigentes”, elaborados en un marco caracterizado por unas expectativas de crecimiento prácticamente ilimitadas y en función de una demanda considerada también sin techo, que acentuarán los problemas territoriales y urbanos actuales.  Y los acentuarán porque obedecen a criterios del corto plazo y provocan una transferencia de las consecuencias y de impactos complejos, al futuro. Y ello, como resultado de un operar ciego respecto de la complejidad de intereses, necesidades, expectativas demográficas y poblacionales o restricciones ambientales.

Cualquier instrumento planificador, debe contener lo que ha sido el proceso histórico de formación de lo urbano o de un territorio. Este tipo de documentos, sobre lo heredado (el pasado) debe planificar o prever el futuro.

Lo que cualquier documento de esta naturaleza debe proponer es una configuración prospectiva, es decir, lo que se desea para el futuro en un plazo temporal concreto. La escasa calidad técnica de un documento no se resuelve afirmado que refleja una mala herencia, sino poniendo a la vista un futuro mejor para la sociedad y los ecosistemas en que se asienta.

La mayoría de las veces estos instrumentos carecen de un diagnóstico efectivo y especialmente en aspectos decisivos tales como: la salud de los ecosistemas, la medición de su resiliencia, el estudio, (no descriptivo), de las relaciones entre ecosistemas y la lógica territorial, o la modelización de las consecuencias del cambio climático y su prevención. La evaluación de la situación general de lo construido (el medio artificial) y sus potenciales efectos; el diagnóstico social, con inclusión de necesidades y demandas; la disponibilidad de un análisis de la dinámica territorial y poblacional y, finalmente, la evaluación real de los sistemas productivos de todo tipo.

Sin embargo, y a pesar de estas carencias en el diagnóstico, los procedimientos eluden el análisis prospectivo: hay una fase clásica de información de los Planes Urbanísticos (Generales o Parciales) que produce exclusivamente acumulaciones de información (las Memorias) que carecen de relaciones (transversalidad) y que apenas cumplen una función justificadora de las decisiones planificadoras ya adoptadas. Y hay que insistir, sólo desde la disponibilidad de un diagnóstico preciso es posible definir con rigor las posibilidades futuras de la ciudad y el territorio de acuerdo con las decisiones que tomen los ciudadanos a través de sus representantes y tras debates públicos, ante las expectativas que se derivan de los escenarios previsibles.

Se deduce de lo anterior la necesidad urgente de creación de unos nuevos marcos de referencia jurídicos respecto de todas las escalas de planificación (desde la planificación regional y subregional a la urbana) que, sin duda, atiendan con nuevos instrumentos y protocolos a los actuales desafíos y que esos marcos permitan la intervención de los ciudadanos de forma efectiva y real.

Igualmente, se debe insistir en el cumplimiento de la legislación vigente respecto de la Evaluación Ambiental Estratégica de los instrumentos planificadores y de las Evaluaciones de Impacto sobre la Salud.

Con esta reflexión apelo a la necesidad de una reforma de la política urbanística que incluya una repolitización del futuro. El escenario futuro es una combinación de incertidumbre y responsabilidad, por tanto, sujeto a procedimientos de deliberación y legitimación colectiva. Ello sin duda implica asumir esos cambios necesarios que abran el debate informado a la ciudadanía.

Publicado el 25 de junio 2020 en Contrainformación 

El descontrol como herramienta de gestión: desregulación exprés para Andalucía

Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía. La protección en caída libre.

Carmen Molina Cañadas

 

La publicación del Decreto-Ley aprobado por el gobierno andaluz es un retroceso indiscutible por mucha verborrea que se quiera usar en su defensa. Anula alegremente las ya reducidas, a lo largo de los últimos años, garantías ambientales de las normas andaluzas, relajando toda la regulación desarrollada desde que nuestra comunidad se hizo cargo de las competencias transferidas. Y por supuesto, supone un atentado a la participación pública, ya bastante limitada. Esta es la autopista por la que quiere circular el ultraliberalismo: decretos desregulatorios como el aprobado por el gobierno andaluz.

En la exposición de motivos del decreto, como era esperable en este “ideal económico-ideológico” al que nos tienen acostumbradas, se plantea como fundamento de esta decisión la previsión de una mayor desaceleración del crecimiento económico. Un crecimiento que es paradigma incuestionado a pesar de contradecir la lógica más elemental. Se afirma: “La consecuencia más inmediata de la crisis, además de una reducción en el crecimiento económico, sería, sin duda alguna, una menor creación de empleo.” Esta es otra de las constantes en el modelo neoliberal imperante del que el gobierno andaluz es fiel representante. Apela a que la desregulación de numerosas actividades económicas, sirve al bien superior de la creación de empleo, y así se justifica toda actuación dirigida a su consecución, aunque no se garanticen, por supuesto, retribuciones decentes ni condiciones dignas.

El decreto, en definitiva, es resultado de” haber identificado las barreras a la actividad contempladas en los articulados de numerosas normas que componen el cuerpo legislativo andaluz”. Es pues la intención del gobierno andaluz modificar las regulaciones en todas las áreas en que tiene transferidas competencias, y esa modificación va en la línea de “aligerar” los requisitos que se deben cumplir para conseguir permisos en cualquier actividad: agricultura, pesca, energía, en materia de aguas que discurran íntegramente por la autonomía, en la sanidad, urbanismo, ordenación del territorio, medio ambiente, actividad comercial, artesana, protección del patrimonio histórico, servicio público de comunicación audiovisual de ámbito local, turismo… Y apela al uso de la figura de Decreto –Ley por una supuesta urgencia por coyuntura económica problemática.

Afirma el documento que hay exceso de regulación y costes para las empresas, así como barreras a la libre competencia. Como si lo determinante para garantizar la libre competencia sean los días transcurridos hasta obtener los permisos de construcción, o los permisos para cualquier otra actividad, para lo que la solución arbitrada son los trámites simplificados, y no una gestión eficiente de los procedimientos con más personal, si es necesario.

“…perder solo el 10% del consumo de los turistas extranjeros podría reducir el crecimiento del PIB en cuatro décimas porcentuales.” “…Es principalmente esta razón la que justificaría la necesidad urgente de actuar por parte de los responsables políticos, al objeto de atajar esta más que probable situación, y que podemos definir como excepcional y de gravedad.” Así reza la redacción del decreto.

Y para evitar todos los inconvenientes que eso supondría para el sector turístico, que es uno de los motores de la economía andaluza, se adapta la norma, flexibilizándola pues la promoción del turismo, según se afirma, exige que la Administración autonómica ofrezca un marco lo menos restrictivo posible. Se han puesto en evidencia algunas cosas, como el hecho de hacer descansar nuestra economía demasiado en un sector que ha acabado teniendo estructuras sobredimensionadas para atender a muchos millones de extranjeros. Y a pesar de ello, lo que plantea el decreto es más de lo mismo. Seguir favoreciendo una gentrificación que desestructura nuestras ciudades por mor del turismo y la masificación. Así, por ejemplo, el desalojo del pequeño comercio es en beneficio de grandes cadenas, que expulsan y provocan el cierre de los pequeños negocios provocando desorganización de las comunidades vecinales y del entramado de relaciones que sostiene y configura un espacio urbano habitable. Así que no sólo se ha generado y favorecido un problema de vivienda, sino que ahora con este decreto, se facilita cualquier tramitación que lo acelere. Se facilita también la declaración de zonas de gran afluencia turística y además con carácter indefinido, a efectos de horarios comerciales. Se puede así certificar la muerte de la ciudad ya transmutada en un parque de ocio para visitantes itinerantes cada vez más artificioso. Sin contemplar lo que eso nos deparará en el futuro, simplemente se ahonda en recetas que ya han menoscabado la riqueza natural y humana de Andalucía.

La gentrificación es un ejemplo más del resultado injusto de aplicar los dictados de la economía capitalista globalizada a la ciudad y sus habitantes. Obedece a intereses ajenos a la comunidad residente, con efectos devastadores para las dinámicas urbanas. La premisa de partida es lograr el “máximo beneficio”, especulando con la vivienda, con el entramado urbano, con el suelo, con la ordenación del territorio…. Y el gobierno andaluz le da carta de naturaleza. No se puede confundir el proceso especulador con procesos de renovación urbana en los centros para sanear la ciudad; aunque suele generarse tras esta renovación auspiciada desde lo público, el proceso gentrificador en que ahora se profundiza. Sus resultados son, primero, la vivienda-mercancía y luego la ciudad-mercancía. Su fin es la explotación turística para extraer grandes plusvalías a través de la puesta en valor del entorno arquitectónico y patrimonial de la ciudad a costa de expulsar y limitar, de facto, los derechos de los ciudadanos.

Las grandes plusvalías que produce son el principal motor del proceso que suele seguir una dinámica establecida: primero se da una etapa de descapitalización y desvalorización de la zona, que permite grandes diferencias entre el valor del suelo del sector degradado y el valor potencial que por su ubicación podría tener. Una vez iniciado el proceso, el efecto de contagio se encarga de expandirlo. La rehabilitación o reconstrucción adecúa las viviendas a un estándar elevado de vida. Las viviendas son demolidas casi o en su totalidad, pero estructuralmente todavía conservan su “encanto”, falseando el patrimonio o apoyándose en el paisaje del conjunto. Que el gentrificador compre la vivienda o la alquile no supone ninguna diferencia para el proceso.

Otra de las perlas del decreto es que propone “dinamizar” la privatización del patrimonio agrario público de la Junta de Andalucía.

Se elimina la obligación de someter los planes Especiales y Proyectos de Actuación en Suelo No Urbanizable a Evaluación Ambiental Estratégica. Facilitando así la implantación de infraestructuras, canteras y minas tras un mero informe, que presumo con poco rigor.

Respecto a la Ley andaluza de Cambio Climático aprobada antes de finalizar la anterior legislatura y que ya de partida era bastante laxa, quedará inane con este decreto.

En la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) se reducen plazos en la tramitación de planes urbanísticos y se disminuyen las exigencias, con lo que se aprobarán proyectos sin las debidas garantías.

Y así con el resto de normativa andaluza. Bajo el pretexto de agilizar plazos se eliminan de un plumazo las garantías que deberíamos esperar de nuestras leyes. Y, en definitiva, lo que este decreto valida es el traslado de estas grandes plusvalías hacia sectores privativos que se enriquecerán sobre una base especulativa y no generará valor para el desarrollo de la ciudadanía de esta tierra. Todo ello eliminando los controles regulatorios y reduciendo el papel de la administración pública en la defensa y protección de la naturaleza y de los derechos sociales.

Artículo publicado el 6 de abril de 2020 en Contrainformación.es

¿POR QUÉ SOSTENER EL CAPITALISMO ULTRALIBERAL EN UN MUNDO AGOTADO?

La Tierra es un sistema autorregulado que comprende todas las formas de vida, el aire, el océano y las rocas de la corteza. Regula su clima y su química. Pero estamos asistiendo a un proceso de desregulación del mismo provocado por la especie humana. Hemos dopado el sistema por un uso inmoderado de energía fósil, generando un sobrecalentamiento que provocará cambios sistémicos dirigidos hacia un nuevo equilibrio. Y no sabemos bien con qué consecuencias.

Esta complejidad autorregulada, se manifiesta, por ejemplo, con un nivel de salinidad oceánica inestable que se corrige continuamente, porque interactúa profundamente con los seres vivos y los entornos que la determinan. O, expresado de otra forma, la vida deja huellas químicas, reutiliza sus productos, tiene ámbito global y se automantiene mientras las condiciones lo permitan.

Esta complejidad se ve profundamente alterada por el sistema económico vigente. Así, resulta que la naturaleza es el mayor obstáculo para el futuro del sistema de “libre mercado” y estamos viendo que, a medida que CRECE la actividad económica, la escala global de esa actividad está ejerciendo una presión extrema sobre los límites de la biosfera y amenaza nuestro futuro tras haber sobrepasado algunos umbrales naturales. Caminamos en la cuerda floja. Y ello porque vivimos hoy en un mundo trágicamente mal gestionado.

Vivimos hoy una realidad que nos muestra que el crecimiento en que basamos este modelo de “libre mercado” es antieconómico, y es que, los aumentos de producción se efectúan a expensas de recursos y bienestar que tienen un valor superior al de los elementos producidos. Hemos llegado al punto en que habrá que reconocer que el crecimiento, ese concepto totémico para gobiernos y economistas es el gran error neoliberal que nos acerca al precipicio.

Ahora habrá que buscar alternativas reales y criterios que nos orienten sobre futuros posibles que nos permitan, no solo sobrevivir, sino hacerlo con cierta prosperidad y en condiciones benignas.

Hay economistas heterodoxos trabajando distintas propuestas. Herman Daly (economista ecológico estadounidense) propone alcanzar un estado estacionario, asumiendo que la economía es un subsistema dentro de otro mas amplio, la ecosfera, que es finita, no se expande y esta materialmente cerrada. Y distingue entre crecimiento y desarrollo. El crecimiento es un concepto físico, cuando algo crece se hace mas grande. El desarrollo es un concepto cualitativo, algo mejora. Y el planeta Tierra en su conjunto no está creciendo, pero está evolucionando, ya sea de manera positiva o negativa. El progreso debe ir por el camino de la mejora, no del aumento. Pero tiene que darse una nivelación en que la población y la riqueza dejen de crecer, mientras el arte de vivir continúe mejorando.

André Gorz (filósofo y periodista y uno de los principales teóricos de la ecología política) plantea determinadas cuestiones que deben necesariamente desmercantilizarse.

Troy Vettese (investigador sobre la historia de las arenas bituminosas de Canadá) habla de la necesidad de reducir el consumo de energía y de su preocupación (que es la de muchas) por la actual hemorragia de especies de flora y fauna que se está produciendo a un ritmo entre mil y diez mil veces superior al normal; una velocidad solo comparable a la última gran extinción, siendo la principal causa de la extinción, la pérdida de hábitats. Por ello plantea actuar sobre tres objetivos fundamentales, geoingeniería natural, biodiversidad y sistemas de energías renovables.

(Robert Pollin (profesor, escritor y economista estadounidense) opina que se necesita un new deal verde en el que es imperativo que crezcan masivamente algunas categorías de actividad económica, las asociadas con la producción y distribución de energía limpia. Por supuesto para que se reduzca drásticamente y sin demora el consumo de petróleo, carbón y gas natural, que genera el 70% de las emisiones responsables del cambio climático. Entendiendo que construir una economía verde supone mas actividades intensivas en trabajo que mantener la actual infraestructura energética mundial basada en los combustibles fósiles. Es decir, lograr una transición justa creando empleo, ya que se crearía mucho mas empleo que si se mantuviese las infraestructuras de combustibles fósiles. Aunque no se garantizasen retribuciones decentes a los trabajadores.

Hay otros pensadores e investigadores que contribuyen a enriquecer el debate. Lo hizo Lynn Margulis, ofreciéndonos una lección sobre las ventajas y beneficio mutuo que se consiguen con la cooperación, mas que con la competencia, y que podemos aplicar a nuestras sociedades. Lo hizo Susan George, explicándonos magistralmente las amenazas de los mecanismos perversos del capitalismo ultraliberal…

Hay aportaciones significativas y propuestas a incluir en programas de futuro; que pueden ser mas o menos viables; mas o menos deseables. Pero lo que está claro es que no podemos salir de esta crisis aplicando las mismas recetas que se venían aplicando hasta ahora. Hay que diseñar y probar estrategias que nos permitan superar la ruina a que nos lleva el sistema capitalista. Eso sí es una evidencia.

Es triste que no nos tomemos las cosas en serio hasta que empeoran mucho y sea una gran convulsión ecológica la que nos convenza de que el actual paradigma económico es insostenible. Ya hemos asumido muchos costes y hay que poner en marcha acciones alternativas, dirigir nuestros esfuerzos en su búsqueda. Y sorprende y preocupa que no se de una reflexión y debate en profundidad sobre el futuro a construir, implicando en el debate a toda la sociedad. Porque del necesario debate deben salir propuestas de tránsito que nos ayuden a limitar el deterioro general ecológico, social y económico. Hay que abordar un plan global de acción.

Una medida imprescindible tiene que ver con repensar el reparto del trabajo remunerado, la jornada laboral, la redistribución de la riqueza, y la renta básica. La economía capitalista ha construido formas de reproducir el capital en las que el trabajo humano es cada vez más prescindible. La extracción de cantidades ingentes de materias primas de territorios colonizados y la generación de cantidades ingentes de residuos se logra con ingentes cantidades de energía y menos “trabajo humano”. Ante un menor requerimiento de tiempo de trabajo humano global, se impone una reducción fuerte del tiempo de trabajo, que permita reducir la producción total (menos presión a la naturaleza) y un mayor y mejor reparto del trabajo entre toda la población activa, esta es una cuestión fundamental. Lo estamos viendo en la crisis que nos tiene encerradas en casa. Y en las medidas que nuestro gobierno está poniendo en marcha para paliarlo. Y en los grandes aumentos de desempleo que se están produciendo.

La actual crisis debe impulsar a los gobiernos a hacer frente a los desajustes generados por esta economía disfuncional que trata a la naturaleza, en términos de mercado, como “capital natural” explotable. Y esta es la oportunidad que nos ofrece esta crisis. No la dejemos pasar.

Artículo publicado el 6 de abril de 2020 en Contrainformación.es

Los compromisos de la COP25 y cómo escalar iniciativas exitosas de pequeñas comunidades

¿Qué significa pedir o exigir que se asuman compromisos de máximos en esta COP después de otras 24 en las que no se ha avanzado? No se han conseguido, en las sucesivas COP celebradas desde 1992, ni los compromisos necesarios ni la ejecución de los mismos, cuando si parecía haber voluntad de asumirlos.

Quedarse en mínimos o no llegar a lo comprometido ¿qué implica? ¿Hay algo o alguien que gane si no se alcanzan los objetivos fijados? ¿Quién pierde mas?

Los datos del IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático) han sido concluyentes y contundentes respecto a lo que está sucediendo con el clima global, en cada nuevo informe que han avanzado. En el último no han podido ser mas claros: No se puede prolongar mas la inacción.

Los fenómenos atmosféricos extremos se correlacionan con la temperatura de la superficie del mar en los océanos, que han capturado el 90% del calor adicional producido en los últimos 50 años. La obligación de reducir los efectos de ese calentamiento y sus consecuencias no se pueden seguir derivando a la siguiente cumbre. Abordar medidas para la mitigación y para la adaptación implica dar la espalda de una vez al modelo capitalista, al sistema económico neoliberal que no ha contemplado nunca lo que debiera ser la base de cualquier sistema económico: satisfacer las necesidades de la sociedad a través de intercambios de lo que cada cual produce/consume; y mantener niveles de bienestar que permitan una sociedad sana y próspera. Hoy esa sociedad es una comunidad global en un planeta que se ha quedado pequeño y del que no tenemos repuesto.

Como no tenemos repuesto, lo único que nos queda es sanear este planeta para que siga permitiendo nuestra permanencia en él. Eso supone la reducción de las concentraciones de gases de efecto invernadero, preferiblemente mediante la reducción de sus fuentes.

Seamos conscientes de lo que nos jugamos ahora mismo. No son solo las generaciones venideras, esas que representa Greta Thunberg, las que se juegan su futuro. Ese futuro es presente. El haber querido verlo con cierta lejanía en el tiempo nos ha hecho permanecer en un egoísta: “el que venga detrás que arree”. Pero no. Lo estamos viendo en directo. Y en países como España, el éxito del Acuerdo de Paris supondría, en cualquier caso, un aumento en torno a los 4ºC, con terribles consecuencias, ya anticipadas científicamente, para el sector agrícola y las poblaciones costeras, por la subida del nivel del mar. Lo estamos viendo y no podemos admitir que los responsables políticos e institucionales sigan jugando a un green washing adormecedor de conciencias.

Hemos conocido el dato, ofrecido por Oxfam de que los refugiados por causas climáticas son más de 20 millones/año. Personas desplazadas por desastres provocados por una economía que ataca las bases sobre las que se asienta. Muchos quieren seguir pensando que son fenómenos naturales, pero en muchos de esos focos de emigración, por ejemplo, en África, sus habitantes llevaban siglos viviendo en durísimas condiciones climatológicas y sabían afrontarlo. Los desplazamientos actuales, en muchos casos tienen que ver con las políticas de los gobiernos, favorecedoras de la apropiación por parte de grandes multinacionales de los recursos mundiales. Acaparan tierras, pero, más dramático aún, acaparan agua en muchos lugares donde ya de por sí escaseaban, obligando a sus moradores a desplazarse.

El cambio de paradigma necesario requiere actuar en distintos frentes:

Movilidad global, ordenación del territorio, sobre todo en los crecimientos urbanísticos desproporcionados que generan mayor necesidad de desplazamientos y fragmentan los espacios naturales que podrían amortiguar; Gestión hídrica y cierre del ciclo natural del agua. Recuperación de sistemas de protección naturales en el litoral, que eviten las consecuencias de tener buena parte de la costa encementada; mantenimiento de zonas forestales en condiciones óptimas que eviten o minimicen los incendios forestales que cada vez afectan con más intensidad y a mayores extensiones; reducir la demanda de bienes y servicios que producen altas emisiones, incrementando la eficiencia en los sistemas de producción. Un cambio a métodos más limpios de movilidad y reducir esta… En definitiva, mucho que mejorar y, por supuesto, dejar de recurrir a un green washing descarado como el que estamos viendo estos días en la Cumbre.

No parece que haya nadie a los mandos globales, que reconozca el reto en toda su dimensión, y es que las estructuras económicas y de funcionamiento de nuestra sociedad se tambalean. El agotamiento y deterioro de recursos fundamentales, básicos para el desarrollo y bienestar humano, y no solo humano, como el agua dulce, los recursos genéticos, los bosques, la pesca, las tierras fértiles, los arrecifes de coral… Todo el patrimonio natural en todos los ámbitos: local, regional y global está amenazado.

Las prácticas agroindustriales, están amenazando con la pérdida de gran parte de las tierras fértiles mas productivas. La desertificación de muchas tierras cultivables seguirá generando desplazamientos masivos. Desplazamientos también, por el aumento del nivel del mar, con consecuencias para toda la población mundial que vive en las costas, que es la mayoría.

El transporte de larga distancia, el sistema agro-alimentario global, los sistemas urbanos y suburbanos actuales, así como muchos productos de nuestro modo de vida -coches, plásticos, productos químicos, pesticidas…- se sostienen asumiendo sin cuestionamiento, un creciente suministro de energía barata y materiales.

Pero, sin equidad y sin aceptar que somos interdependientes, no va a haber solución justa y tampoco pacífica, posible. Espero que seamos capaces de asumir sistemas de organización económica cada vez más locales, que reconozcan y respeten los límites que impone la naturaleza y que asumamos también, los que todavía disfrutamos de situaciones acomodadas en el Norte global, que tenemos margen para ser algo más pobres y vivir bien. Y es que, el modelo económico neoliberal globalizado sólo es viable para la minoría más rica que acumula la mayor parte de la riqueza mundial que previamente ha expropiado al resto.

El hecho es que vamos a una situación en la que dependeremos de energías renovables que, aunque más intensivas en empleo, tienen tasas de retorno energético menores. Esto conllevará, inevitablemente, cambios significativos en nuestros modos de vida. Pero no necesariamente serán negativos, si somos capaces de transitar, también socialmente de forma mayoritaria, hacia modos de vida más centrados en el ámbito comunitario, local y regional. Modos de vida más sostenibles desde el punto de vista ambiental y que pueden ser más gratificantes desde el punto de vista social y comunitario. Sistemas de gobernanza locales deben ser los que sustituyan al sistema actual. Producción local para consumo local, haciendo uso de la fuerza de trabajo y de materiales locales, en el marco de modelos ecológicos y democráticos. Las economías locales que así funcionan dependen menos del transporte y suministros desde lugares lejanos. Por ello tienen menor impacto. Es decir, re-territorializar la actividad económica es una necesidad.

Muchas personas en todo el planeta ya están intentando activamente, llevar a cabo prácticas económicas alternativas en el ámbito local, comunitario y regional, tanto en contextos rurales como urbanos. Son acciones personales, de pequeños colectivos e iniciativas comunitarias que es necesario escalar.

Esta Cumbre del Clima debe conseguir hacer efectivo el compromiso de tomar esa dirección y hacerlo “a velocidad de crucero”.

Publicado el 5 de diciembre de 2019 en el Blog de público.es, Ecologismo de Emergencia

“SOBERANÍAS, ENCAJE TERRITORIAL Y PROCESO CONSTITUYENTE”

Tenemos, en muchos sentidos, necesidad de abrir un “proceso constituyente”.  Es decir: reflexionar y esbozar un proyecto de convivencia de futuro, casi presente, y lo necesitamos imperiosamente. En ese “necesario” proyecto me gustaría que todas pudiésemos hablar de España y de Europa, como algo nuestro. Desde lo emocional. Desde el sentimiento. Sólo si sentimos como nuestro el territorio que pisamos, no por poseerlo, sino porque nos acoge, tendremos un proyecto que valga la pena y que consideremos nuestro. Ese proyecto debe estar ligado al territorio, pero no entendido éste como superficie y divisorias sino como continente del paisaje y de las personas que lo habitan. Paisaje que, mientras perdura, es testimonio de pasado y esperanza de futuro, y que debemos cuidar. Por otro lado, las/os ciudadanas/os somos sujetos titulares de derechos políticos a la vez que, como tales sujetos, estamos sometidos a las leyes autonómicas, estatales y de instituciones supraestatales como la Unión Europea, además de otros marcos normativos globales como los tratados de libre comercio, limitadores de soberanía, sin duda. Porque la soberanía tiene distintas escalas.

Prefiero usar el término soberanía ciudadana en lugar de soberanía popular para evitar las connotaciones que tiene el concepto pueblo en el contexto que estamos viviendo.

La Soberanía ciudadana está menos delegada y es asequible cuando los derechos y los deberes se concretan en un espacio próximo o local. Es más fácil ejercer nuestra soberanía y sentir como nuestro lo que conocemos en primera persona, lo que nos afecta y lo que afecta a nuestros prójimos y vecinas. Por eso, el municipalismo es una herramienta esencial y ese Contrato Constituyente del que hablo, debe incluirlo y protegerlo. Es imperativo potenciar y hacer efectiva la soberanía a nivel municipal, asegurando la representación y la participación de los vecinos (munícipes) para evitar lo que se padece en la mayoría de ciudades grandes o pequeñas, donde se limita la aplicación de políticas sociales reclamadas, no teniendo en cuenta la opinión vecinal. Así que la Constitución que propongamos debe potenciar las herramientas de participación y corresponsabilidad vecinales.

El debate general sobre el encaje territorial actual, se completa considerando la Soberanía. Una parte significativa de los ciudadanos catalanes reclama independencia, porque quieren ser soberanos y no depender de autoridades superiores, especialmente del Estado Español, aunque curiosamente, si manifiestan aceptación del marco normativo europeo que, objetivamente, en la actualidad, controla muchos aspectos, especialmente de índole económica, que les limita su plena Soberanía. Todos los Estados de la UE, en mayor o menor grado y a pesar de que la soberanía que prima todavía es la soberanía nacional, han cedido una parte de ella a esta Institución que, lamentablemente, todavía carece de un parlamento que haya alcanzado la mayoría de edad. Recordad que como europeos no tenemos aún una constitución.

No somos ni parcialmente soberanos, a pesar de contar con instituciones de gobierno autonómicas y una administración descentralizada. Desde un punto de vista económico nos ha tocado jugar el papel en que, el dinero que generamos es el resultado de vender y estropear los recursos de los que disponemos, hipotecando nuestro futuro y el de nuestras/os hijas/os. En este sentido está justificado decir que somos una tierra sin soberanía y que en el contexto socioeconómico global nuestra situación territorial es la de colonia del siglo XXI (colonizadas por el poder financiero, así, en abstracto). Y asumo que los ciudadanos, somos poco conscientes de ello. No se trata de un “España nos roba”, ni de pelearnos por balanzas fiscales desiguales, tampoco de si somos una nación o no, se trata de que el Contrato Constituyente que hagamos, defina los mecanismos y formas de gobierno territoriales que permitan y aseguren a la ciudadanía unos mínimos para disfrutar de vida digna en libertad y ejerciendo la solidaridad. Asegurar el disfrute efectivo de derechos como la educación, la sanidad, el techo, acceso a la energía, al agua y a alimentación sana, el cuidado de los mayores y los refugiados entre otros. Esto significa concretar en el marco constituyente otras soberanías más específicas, como la alimentaria o la energética. Algunos de estos derechos se pueden concretar desde el ámbito municipal, pero otros encuentran mejor encaje en estructuras de gestión de nivel autonómico, federal o confederal, según sea la forma que resulte del proceso constituyente. Más importante que la forma final que se proponga de encaje territorial, es asegurar los derechos y el bienestar de las personas allí donde vivan, es decir facilitar que sean soberanas.

De nuestro propio pasado reciente y el de estados como Portugal y, especialmente, Grecia ha quedado claro que, en una Europa sin constitución y con un parlamento limitado, la soberanía ha estado en manos del poder económico y que los Estados se han plegado a él, supeditando los derechos de la ciudadanía a dar «prioridad absoluta» al pago de la deuda, algo que lamentablemente se incluyó en la constitución vigente, sin preguntar a los depositarios directos de la soberanía que somos los ciudadanos.

Así que en los binomios Soberanía Ciudadana/Soberanía Económica y Soberanía Nacional/Soberanía Económica la balanza está, sin duda, del lado de la Soberanía Económica que ejerce con mano de hierro el poder económico de las élites mundiales y no los ciudadanos.  La globalización ha potenciado aún más este hecho y los tratados internacionales de comercio lo están normalizando. Hay un Gobierno Global Soberano sin rostro, nada representativo, que ostenta cada vez más poder y resta soberanía.  El hecho de que la riqueza a nivel mundial se acumule cada vez en menos manos es la manifestación clara de este hecho.

Y lo que estamos viviendo es que tanto la UE, como el Reino de España, están más a favor de que todo siga igual que de plantar cara a esta situación profundamente injusta. Hay pues que levantar un muro de contención que frene y dé respuesta a esta globalización económica injusta. Globalización que permite intercambios financieros y comerciales sin límites de fronteras, pero que impide los movimientos de las personas y deja que se mueran los pobres y los que huyen de situaciones dramáticas, conflictos bélicos, gobiernos injustos o escasez de recursos básicos.

Hay que romper el paradigma de que el crecimiento económico permanente sea condición necesaria e incuestionable para el gobierno y la economía. No se puede crecer ilimitadamente en un planeta finito del que ya hemos extraído y consumido bienes, que nunca más volverán a estar disponibles. No podemos seguir extrayendo soberanamente recursos finitos para impulsar la economía asumiendo que es la única manera de generar empleo. La Economía debe estar supeditada a los derechos de los ciudadanos que viven hoy, a los que están por llegar y a los límites planetarios.

No estaría de más que nuestra nueva constitución (la que propongo que se debata) y los tratados europeos que vengan, incluyeran algunos aspectos que facilitaran una transición ordenada hacia un modelo de economía estacionaria donde impere sobre todo el bien común.

En conclusión, hay que recuperar la soberanía económica para los ciudadanos. Supeditando la economía a dar respuesta a la crisis social y ambiental que enfrentamos. ¿Cómo? Incluyendo en el nuevo marco constituyente, que no se antepongan los intereses comerciales y financieros a los derechos de las personas. Un Anti 135, dicho sin rodeos. Para conseguir objetivos de este tipo se requiere que el marco constituyente también se dé a nivel europeo, no solo estatal. Al menos, un nuevo tratado que complete el poder del parlamento, y con un núcleo de países que realmente crean en esa Europa con identidad ciudadana y no sólo de los mercados.

Resumiendo, planteo un marco constituyente que potencie la soberanía a distintos niveles, desde lo más local hasta lo europeo, acercándola lo más posible a las personas. Un marco enfocado al aseguramiento de los derechos de todos los ciudadanos/as y la preservación de los recursos naturales de los que dependemos, por encima de los intereses comerciales y financieros. Es decir, blindar los derechos y potenciar las Soberanías Alimentaria y Energética.

Prefiero que sea una constitución de los ciudadanos españoles a una constitución del pueblo español y evitar, en alguna medida, el componente identitario, que supone para algunos el uso de la palabra pueblo y el choque de soberanías que puede suponer. Sería más un marco de gestión, que un marco identitario con componente territorial, que también existe y al que hay que dar respuesta.

Este componente identitario-territorial y los derechos que implica deben ser reconocidos y explicitados, incluyendo un desarrollo que permita la expresión en libertad de los intereses identitarios por parte de la ciudadanía que viva en cada territorio, pero no debe ser el principal objetivo del nuevo marco constituyente. Aunque sea un problema muy importante a resolver.

Lo relevante será generar un proceso constituyente que permita construir una realidad que trascienda el actual marco socio-económico neoliberal, depredador de recursos que es insostenible ambientalmente y está en la base de la injusticia e inequidad que padecemos y que no para de crecer. Este marco también debiera definir la Europa que deseamos, una Europa por y para las/os ciudadanas/os.

La presente crisis europea con el Brexit, las demandas independentistas de Escocia, Cataluña y norte de Italia, así como las tensiones que generan los países del Este de la UE debe ser la oportunidad para poder decidir si queremos seguir construyendo una Europa de las personas, o vamos a dejar que sea la Europa de los bancos y de los mercados.

 

Este artículo se ha publicado el 20 de noviembre de 2019 en Contrainformación.es

De la crisis ambiental a la oportunidad social

Estamos necesitando un cambio de sistema para lograr economías ecológicamente sostenibles y que se acompañen de equidad, suficiencia y paz. Justo lo contrario de lo que está sucediendo ahora. El recorrido y comportamiento de nuestras sociedades y la economía de mercado que las acompaña son profundamente inadecuados para alcanzar un futuro compatible con que la mayoría disfrutemos vidas dignas.

Ya estamos padeciendo un colapso social que acompaña al ecológico. Y hay quién insiste en que, de la grave crisis surgen grandes oportunidades, aunque no parece que haya nadie a los mandos globales, que reconozca el reto en toda su dimensión y decida la manera abordar la crisis para aprovechar esas oportunidades.

La era de la energía barata está llegando a su fin (esas grandes dosis de combustibles fósiles con los que nos hemos dopado y aún seguimos dopándonos), lo que generará cambios dramáticos en el funcionamiento de nuestras sociedades. Las estructuras económicas y de funcionamiento de nuestra sociedad se tambalean. Además, este declive viene acompañado del agotamiento o deterioro de recursos fundamentales, básicos para el desarrollo y bienestar humano, y no solo humano, como el agua dulce, los recursos genéticos, los bosques, la pesca, las tierras fértiles, los arrecifes de coral… Todo el patrimonio natural en todos los ámbitos: local, regional y global está amenazado.

El caos climático, el calentamiento global, y las prácticas agroindustriales, están amenazando con la pérdida de gran parte de las tierras fértiles mas productivas. El aumento del nivel del mar continúa, con consecuencias para toda la población mundial que vive en las costas, que es la mayoría. La desertificación de muchas tierras cultivables genera ya, y seguirá haciéndolo, desplazamientos masivos. Son situaciones que llevan tiempo afectando a los pueblos y naciones más empobrecidas del sur global. La agricultura de Siria es un ejemplo.

El transporte de larga distancia, el sistema agro-alimentario global, los sistemas urbanos y suburbanos actuales, así como muchos productos de nuestro modo de vida -coches, plásticos, productos químicos, pesticidas…- se sostienen asumiendo sin cuestionamiento, un creciente suministro de energía barata y materiales. Ya estamos sufriendo conflictos bélicos sangrientos como consecuencia de problemas geopolíticos que tienen que ver con la disponibilidad decreciente de combustibles, agua dulce, suelo fértil o minerales esenciales para mantener la industria tecnológica y agraria.

En las próximas décadas el crecimiento de la población en el sistema socioeconómico imperante supondrá, si nada lo remedia antes, como las distintas movilizaciones por el clima, el acaparamiento de un 20% de los hábitats naturales que quedan.

Es un panorama alarmante pero probable, si no abordamos políticas diferentes de forma urgente. Nada es necesariamente inevitable si tomamos acciones a favor de profundas transformaciones que limiten las consecuencias más siniestras de este capitalismo tardío y descarnado que se nos está imponiendo.

La capacidad de carga del planeta, (sobrepasada por la demografía humana), y el abuso de los recursos globales son límites que no acabamos de admitir de forma generalizada socialmente. Como parece que tampoco asumimos que, sin equidad y sin aceptar que somos interdependientes, no va a haber solución justa y, puede que tampoco pacífica, posible. Nos estamos adentrando en escenarios socio-ambientales bastante impredecibles y muy preocupantes.

Hay una evidencia a la que no se le hace caso: vamos con mucha probabilidad hacia una situación que conduce a la contracción de la producción y el consumo. Lo deseable sería conseguir hacerlo de forma medianamente ordenada, organizada y distributiva. De momento no hay visos de que vaya a ser así. De de que seamos capaces de asumir sistemas de organización económica cada vez más locales, que reconozcan y respeten los límites que impone la naturaleza y asumir también, los que todavía disfrutamos de situaciones acomodadas en el Norte global, que tenemos margen para ser algo más pobres y vivir bien.

Pero lo que no es sensato, es seguir recurriendo a las mismas estrategias que funcionaron hasta finales de los 70 del siglo pasado y que ahora acentúan los problemas mencionados. A pesar de ello, la Organización Mundial de Comercio (OCM), el FMI o el Banco Mundial siguen instaurando y legitimando estas políticas como si, literalmente, no hubiera un mañana. Muchos gobiernos asumen como factibles las soluciones tecnológicas para todos los problemas que genera el sistema económico neoliberal y crecentista. Es un dislate. Y eso nos pone en peor situación ya que no se toman las medidas que estamos necesitando para limitar/prevenir los peores escenarios socio-ambientales posibles que enfrentamos. Las tecnologías, por sí solas, no nos salvarán. Y el modelo económico neoliberal globalizado sólo es viable para la minoría más rica que acumula la mayor parte de la riqueza mundial.

En las medidas para transitar hacia este futuro inquietante hay cierta coincidencia. Tanto los que abogan por la economía circular, como algunos decrecentistas que ven inevitable el colapso civilizatorio, proponen cerrar ciclos de materia y energía e incrementar la eficiencia y circularidad en todos los procesos socioeconómicos. Se distinguen en que unos creen que haciéndolo se podrá seguir disfrutando del modo y nivel de vida actual, al menos en el Norte enriquecido, y los que piensan que, aun haciéndolo, sólo se mitigará en parte una grave contracción económica global, con todos los efectos negativos colaterales que implica. El hecho es que vamos a una situación en la que se va a reducir la extracción de recursos materiales y en la que dependeremos de energías renovables que, aunque más intensivas en empleo, tienen tasas de retorno energético menores. Esto conllevará, inevitablemente, cambios significativos en nuestros modos de vida. Pero no necesariamente serán negativos, si somos capaces de transitar también socialmente de forma mayoritaria hacia modos de vida más centrados en el ámbito comunitario, local y regional. Modos de vida más sostenibles desde el punto de vista ambiental y que pueden ser más gratificantes desde el punto de vista social y comunitario. Sistemas de gobernanza locales deben ser los que sustituyan al sistema actual. Producción local para consumo local, haciendo uso de la fuerza de trabajo y de materiales locales, en el marco de modelos ecológicos y democráticos. Las economías locales que así funcionan dependen menos del transporte y suministros desde lugares lejanos. Por ello tienen menor impacto. Es decir, re-territorializar la actividad económica es una necesidad.

La “buena vida” basada en el hiper-consumo de bienes, en que se basa el actual modelo, se muestra falaz. Sin embargo, si somos capaces de iniciar la estrategia de usar menos recursos, de acumular menos y de estándares de vida más modestos pero dignos, con toda probabilidad, obtendremos mayor sensación de plenitud personal, menos estrés, más tiempo para dedicar a la familia, a los amigos, a la naturaleza, al ocio. Bienes que hoy son escasos y de los que somos paradójicamente “pobres”. Es decir, menos será mas.

Muchas personas en todo el planeta ya están intentando activamente, llevar a cabo prácticas económicas alternativas en el ámbito local, comunitario y regional, tanto en contextos rurales como urbanos. Son acciones personales, de pequeños colectivos e iniciativas comunitarias que es necesario escalar. Sólo si conseguimos transitar también hacia sociedades que acepten que somos seres profundamente interdependientes y donde primen la cooperación, nuestras hijas y nietas tendrán, dentro de 15 o 20 años, un presente que merezca la pena ser vivido.

 

Publicado originalmente el 16 de octubre de 2019 en Contrainformación

Las decisiones colectivas por un interés común. Cambio Climático

Carmen Molina Cañadas

Hace pocos días se celebraba El Día Mundial de la Población, que cada 11 de julio conmemora que en 1987 la población mundial llegó a los cinco mil millones de personas. En 2050 seremos (si no pasa nada antes) 10.000 millones, un 30% más que ahora y el doble que a comienzos de siglo. Y siete de cada diez vivirán en núcleos urbanos.

Con esos niveles de población, de porcentaje de la misma que vive en ciudades, y teniendo en cuenta los actuales niveles de urbanización, infraestructuras, agricultura o consumo de energía, se puede determinar qué regiones serán las más amenazadas por necesidades crecientes de alimentos, energéticas o de nuevos espacios urbanos. Hay estudios que concluyen que el desarrollo humano, en las próximas décadas, supondrá el acaparamiento de un 20% de los hábitats naturales que quedan. Así que si en 2050, el 70% de la población vive en núcleos urbanos, y las ciudades se saturan (lo que ya ha sucedido en algunas) sería deseable y se esperaría que, según vaya creciendo la población de los núcleos urbanos, los vayamos haciendo más habitables. Ya hay ciudades encaminadas, pero en cambio otras, en especial las que aún no han visto esos niveles de saturación, se encaminan a un asfixiante abarrotamiento, como si no fuera posible aprender de la experiencia ajena para evitar lo peor, antes de hacerlas invivibles. Y entretanto, los efectos del Cambio Climático poniéndonos frente a la cruda realidad, que muchos no quieren ver.

 

A pesar de que los científicos llevan décadas avisando sobre el cambio climático. A pesar de avances esperanzadores impulsados por la tecnología, para el control de emisiones o captura de lo emitido, el Cambio Climático sigue en marcha y nosotras seguimos pisando el acelerador.

Pisa el acelerador un sistema económico capitalista y neoliberal para el cuál, el CC deja de ser ciencia para convertirse en política. Pero es evidente que, hay efectos innegables que afectan a la economía y a la vida: un océano más ácido, cálido y elevado: sus efectos tienen costes económicos además de ambientales y sociales. Temperaturas a las que no podremos adaptarnos, acumulación de residuos, escasez de agua dulce en amplias zonas, aumentos de los desiertos…

En principio, y para obligar a levantar el pie de ese acelerador que son las desbocadas emisiones, hay que conocer los equilibrios de fuerzas ideológicas e intereses particulares que confrontan en el tablero global donde se dirimen las decisiones importantes. Y la imposición de decisiones que no representan el interés de la mayoría, sino de minorías poderosas que no juegan en pro del interés colectivo. Es lo que tenemos enfrente. Lo que está impidiendo que hagamos caso a Greta Thumberg. Son demasiadas ya, las ocasiones en que determinadas economías, corporaciones o intereses privados consiguen convertir los hechos probados por la comunidad científica en “política opinable”. El sistema se ha venido defendiendo al fomentar la duda sobre el consenso científico acerca del cambio climático, su origen humano y su gravedad. A través de programas de lobbying y relaciones públicas, grandes corporaciones e industrias transmutaron el cambio climático, de certeza científica en cuestión política, y, por lo tanto, polémica, para seguir retrasando lo necesario…Y nos vamos quedando sin tiempo. Y además agravando las condiciones con cada decisión de política neoliberal.

La comunidad internacional, a partir de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en 1992, y el Protocolo de Kyoto, en 1997 ha ido adoptando medidas tibias, insuficientes y en muchos casos, inadecuadas, cuando no abiertamente lesivas para nuestro futuro común. Y es que ha jugado un papel desgraciado, la desinformación, que nunca es inocua. Y quitar gravedad a los informes, que periódicamente ha publicado el IPCC.

Desde que Gro Brutland en 1987 coordinó el Informe “Nuestro Futuro Común” y hasta este 2019, han pasado mas de tres décadas y los impactos del cambio climático se han vuelto incuestionables. Los récords se suceden: de temperaturas más altas, de mayores incendios, de huracanes más potentes, de sequías más intensas, lluvias más torrenciales. De desplazamientos masivos.

La realidad ante nuestros ojos nos empieza a abrumar, pero ahora, el tiempo es mucho más escaso.

Hay que decidir colectivamente a través de instituciones internacionales sobre aquello que atañe a nuestro futuro y a cómo lo abordamos. Disponemos para ello de análisis que nos asesoran en procedimientos y mecanismos suficientes para que la toma de decisiones sea adoptada con garantías, con debate, pero sobre todo con urgencia.

Porque hemos estado perdiendo el sentido de la realidad, sumidos en una realidad filtrada por un sistema que está poniendo en peligro nuestra vida, nuestro planeta, nuestro futuro. El desprecio de los hechos, el desplazamiento de la razón por parte de la emoción y la corrosión del lenguaje devaluan la verdad. Un ejemplo de cómo los populismos encuentran un buen abono para explotar las emociones podría ser este: A Europa llegan millones de personas que, hasta hace unos años, tenían vidas muy parecidas a las nuestras. Han aparecido en las fronteras del rico norte, aluviones de refugiados que nos hacen conscientes de cuán frágil es la presunta seguridad de nuestras vidas. La inmigración nos provoca ansiedad. Al margen de los sentimientos solidarios o no que despiertan, que también. Y es que también se cierne sobre nosotras el miedo a perderlo todo, latente, por la creciente precariedad de la vida occidental. Ya no son solo los desdichados allende nuestras fronteras que se desplazan buscando lugares donde mejorar sus vidas; es la incertidumbre de un porvenir plagado de eventos que no podemos prever o controlar. Y cuando ves a miles de refugiados que acampan en una estación de tren europea, te das cuenta de que sus pesadillas son realidades que puedes ver y tocar. Y que te cuentan lo que puede acontecer pronto también en este “primer mundo”.

Con el Cambio Climático no hay mucho margen para los errores de cálculo, ir hacia adelante y además con prisas, que la emergencia apremia. Si el horizonte estuviera más lejano y nos permitiera modular las decisiones, tal vez nos faltaría audacia. Pero la realidad es la que es. Y la realidad va acompañada de obstáculos. El terreno y reglas de juego lo marcan quienes tienen el poder y se oponen a la transición, aunque a ellos también les apremia la misma crisis climática, ecológica y de sistema. Siempre es duro el cambio, y dura será la transición necesaria porque no nos hemos preparado. Solo con mucha gente colaborando podremos hacer cambios. Los que son necesarios. Con templanza, audacia, empatía, creatividad, ternura, y saber vivir en la incertidumbre. Aprenderemos sin duda más de los errores que de los aciertos, pero no podemos permanecer inmóviles porque no tengamos certezas.

La utopía puede consistir en minimizar la distopía que se nos ha echado encima, o intentar eliminarla. Pero la vida es crisis continua a la búsqueda de equilibrio.

 

Artículo publicado originalmente el 17 de julio de 2019 en ContraInformación