Archivos de la categoría:Actualidad

El descontrol como herramienta de gestión: desregulación exprés para Andalucía

Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía. La protección en caída libre.

Carmen Molina Cañadas

 

La publicación del Decreto-Ley aprobado por el gobierno andaluz es un retroceso indiscutible por mucha verborrea que se quiera usar en su defensa. Anula alegremente las ya reducidas, a lo largo de los últimos años, garantías ambientales de las normas andaluzas, relajando toda la regulación desarrollada desde que nuestra comunidad se hizo cargo de las competencias transferidas. Y por supuesto, supone un atentado a la participación pública, ya bastante limitada. Esta es la autopista por la que quiere circular el ultraliberalismo: decretos desregulatorios como el aprobado por el gobierno andaluz.

En la exposición de motivos del decreto, como era esperable en este “ideal económico-ideológico” al que nos tienen acostumbradas, se plantea como fundamento de esta decisión la previsión de una mayor desaceleración del crecimiento económico. Un crecimiento que es paradigma incuestionado a pesar de contradecir la lógica más elemental. Se afirma: “La consecuencia más inmediata de la crisis, además de una reducción en el crecimiento económico, sería, sin duda alguna, una menor creación de empleo.” Esta es otra de las constantes en el modelo neoliberal imperante del que el gobierno andaluz es fiel representante. Apela a que la desregulación de numerosas actividades económicas, sirve al bien superior de la creación de empleo, y así se justifica toda actuación dirigida a su consecución, aunque no se garanticen, por supuesto, retribuciones decentes ni condiciones dignas.

El decreto, en definitiva, es resultado de” haber identificado las barreras a la actividad contempladas en los articulados de numerosas normas que componen el cuerpo legislativo andaluz”. Es pues la intención del gobierno andaluz modificar las regulaciones en todas las áreas en que tiene transferidas competencias, y esa modificación va en la línea de “aligerar” los requisitos que se deben cumplir para conseguir permisos en cualquier actividad: agricultura, pesca, energía, en materia de aguas que discurran íntegramente por la autonomía, en la sanidad, urbanismo, ordenación del territorio, medio ambiente, actividad comercial, artesana, protección del patrimonio histórico, servicio público de comunicación audiovisual de ámbito local, turismo… Y apela al uso de la figura de Decreto –Ley por una supuesta urgencia por coyuntura económica problemática.

Afirma el documento que hay exceso de regulación y costes para las empresas, así como barreras a la libre competencia. Como si lo determinante para garantizar la libre competencia sean los días transcurridos hasta obtener los permisos de construcción, o los permisos para cualquier otra actividad, para lo que la solución arbitrada son los trámites simplificados, y no una gestión eficiente de los procedimientos con más personal, si es necesario.

“…perder solo el 10% del consumo de los turistas extranjeros podría reducir el crecimiento del PIB en cuatro décimas porcentuales.” “…Es principalmente esta razón la que justificaría la necesidad urgente de actuar por parte de los responsables políticos, al objeto de atajar esta más que probable situación, y que podemos definir como excepcional y de gravedad.” Así reza la redacción del decreto.

Y para evitar todos los inconvenientes que eso supondría para el sector turístico, que es uno de los motores de la economía andaluza, se adapta la norma, flexibilizándola pues la promoción del turismo, según se afirma, exige que la Administración autonómica ofrezca un marco lo menos restrictivo posible. Se han puesto en evidencia algunas cosas, como el hecho de hacer descansar nuestra economía demasiado en un sector que ha acabado teniendo estructuras sobredimensionadas para atender a muchos millones de extranjeros. Y a pesar de ello, lo que plantea el decreto es más de lo mismo. Seguir favoreciendo una gentrificación que desestructura nuestras ciudades por mor del turismo y la masificación. Así, por ejemplo, el desalojo del pequeño comercio es en beneficio de grandes cadenas, que expulsan y provocan el cierre de los pequeños negocios provocando desorganización de las comunidades vecinales y del entramado de relaciones que sostiene y configura un espacio urbano habitable. Así que no sólo se ha generado y favorecido un problema de vivienda, sino que ahora con este decreto, se facilita cualquier tramitación que lo acelere. Se facilita también la declaración de zonas de gran afluencia turística y además con carácter indefinido, a efectos de horarios comerciales. Se puede así certificar la muerte de la ciudad ya transmutada en un parque de ocio para visitantes itinerantes cada vez más artificioso. Sin contemplar lo que eso nos deparará en el futuro, simplemente se ahonda en recetas que ya han menoscabado la riqueza natural y humana de Andalucía.

La gentrificación es un ejemplo más del resultado injusto de aplicar los dictados de la economía capitalista globalizada a la ciudad y sus habitantes. Obedece a intereses ajenos a la comunidad residente, con efectos devastadores para las dinámicas urbanas. La premisa de partida es lograr el “máximo beneficio”, especulando con la vivienda, con el entramado urbano, con el suelo, con la ordenación del territorio…. Y el gobierno andaluz le da carta de naturaleza. No se puede confundir el proceso especulador con procesos de renovación urbana en los centros para sanear la ciudad; aunque suele generarse tras esta renovación auspiciada desde lo público, el proceso gentrificador en que ahora se profundiza. Sus resultados son, primero, la vivienda-mercancía y luego la ciudad-mercancía. Su fin es la explotación turística para extraer grandes plusvalías a través de la puesta en valor del entorno arquitectónico y patrimonial de la ciudad a costa de expulsar y limitar, de facto, los derechos de los ciudadanos.

Las grandes plusvalías que produce son el principal motor del proceso que suele seguir una dinámica establecida: primero se da una etapa de descapitalización y desvalorización de la zona, que permite grandes diferencias entre el valor del suelo del sector degradado y el valor potencial que por su ubicación podría tener. Una vez iniciado el proceso, el efecto de contagio se encarga de expandirlo. La rehabilitación o reconstrucción adecúa las viviendas a un estándar elevado de vida. Las viviendas son demolidas casi o en su totalidad, pero estructuralmente todavía conservan su “encanto”, falseando el patrimonio o apoyándose en el paisaje del conjunto. Que el gentrificador compre la vivienda o la alquile no supone ninguna diferencia para el proceso.

Otra de las perlas del decreto es que propone “dinamizar” la privatización del patrimonio agrario público de la Junta de Andalucía.

Se elimina la obligación de someter los planes Especiales y Proyectos de Actuación en Suelo No Urbanizable a Evaluación Ambiental Estratégica. Facilitando así la implantación de infraestructuras, canteras y minas tras un mero informe, que presumo con poco rigor.

Respecto a la Ley andaluza de Cambio Climático aprobada antes de finalizar la anterior legislatura y que ya de partida era bastante laxa, quedará inane con este decreto.

En la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) se reducen plazos en la tramitación de planes urbanísticos y se disminuyen las exigencias, con lo que se aprobarán proyectos sin las debidas garantías.

Y así con el resto de normativa andaluza. Bajo el pretexto de agilizar plazos se eliminan de un plumazo las garantías que deberíamos esperar de nuestras leyes. Y, en definitiva, lo que este decreto valida es el traslado de estas grandes plusvalías hacia sectores privativos que se enriquecerán sobre una base especulativa y no generará valor para el desarrollo de la ciudadanía de esta tierra. Todo ello eliminando los controles regulatorios y reduciendo el papel de la administración pública en la defensa y protección de la naturaleza y de los derechos sociales.

Artículo publicado el 6 de abril de 2020 en Contrainformación.es

¿POR QUÉ SOSTENER EL CAPITALISMO ULTRALIBERAL EN UN MUNDO AGOTADO?

La Tierra es un sistema autorregulado que comprende todas las formas de vida, el aire, el océano y las rocas de la corteza. Regula su clima y su química. Pero estamos asistiendo a un proceso de desregulación del mismo provocado por la especie humana. Hemos dopado el sistema por un uso inmoderado de energía fósil, generando un sobrecalentamiento que provocará cambios sistémicos dirigidos hacia un nuevo equilibrio. Y no sabemos bien con qué consecuencias.

Esta complejidad autorregulada, se manifiesta, por ejemplo, con un nivel de salinidad oceánica inestable que se corrige continuamente, porque interactúa profundamente con los seres vivos y los entornos que la determinan. O, expresado de otra forma, la vida deja huellas químicas, reutiliza sus productos, tiene ámbito global y se automantiene mientras las condiciones lo permitan.

Esta complejidad se ve profundamente alterada por el sistema económico vigente. Así, resulta que la naturaleza es el mayor obstáculo para el futuro del sistema de “libre mercado” y estamos viendo que, a medida que CRECE la actividad económica, la escala global de esa actividad está ejerciendo una presión extrema sobre los límites de la biosfera y amenaza nuestro futuro tras haber sobrepasado algunos umbrales naturales. Caminamos en la cuerda floja. Y ello porque vivimos hoy en un mundo trágicamente mal gestionado.

Vivimos hoy una realidad que nos muestra que el crecimiento en que basamos este modelo de “libre mercado” es antieconómico, y es que, los aumentos de producción se efectúan a expensas de recursos y bienestar que tienen un valor superior al de los elementos producidos. Hemos llegado al punto en que habrá que reconocer que el crecimiento, ese concepto totémico para gobiernos y economistas es el gran error neoliberal que nos acerca al precipicio.

Ahora habrá que buscar alternativas reales y criterios que nos orienten sobre futuros posibles que nos permitan, no solo sobrevivir, sino hacerlo con cierta prosperidad y en condiciones benignas.

Hay economistas heterodoxos trabajando distintas propuestas. Herman Daly (economista ecológico estadounidense) propone alcanzar un estado estacionario, asumiendo que la economía es un subsistema dentro de otro mas amplio, la ecosfera, que es finita, no se expande y esta materialmente cerrada. Y distingue entre crecimiento y desarrollo. El crecimiento es un concepto físico, cuando algo crece se hace mas grande. El desarrollo es un concepto cualitativo, algo mejora. Y el planeta Tierra en su conjunto no está creciendo, pero está evolucionando, ya sea de manera positiva o negativa. El progreso debe ir por el camino de la mejora, no del aumento. Pero tiene que darse una nivelación en que la población y la riqueza dejen de crecer, mientras el arte de vivir continúe mejorando.

André Gorz (filósofo y periodista y uno de los principales teóricos de la ecología política) plantea determinadas cuestiones que deben necesariamente desmercantilizarse.

Troy Vettese (investigador sobre la historia de las arenas bituminosas de Canadá) habla de la necesidad de reducir el consumo de energía y de su preocupación (que es la de muchas) por la actual hemorragia de especies de flora y fauna que se está produciendo a un ritmo entre mil y diez mil veces superior al normal; una velocidad solo comparable a la última gran extinción, siendo la principal causa de la extinción, la pérdida de hábitats. Por ello plantea actuar sobre tres objetivos fundamentales, geoingeniería natural, biodiversidad y sistemas de energías renovables.

(Robert Pollin (profesor, escritor y economista estadounidense) opina que se necesita un new deal verde en el que es imperativo que crezcan masivamente algunas categorías de actividad económica, las asociadas con la producción y distribución de energía limpia. Por supuesto para que se reduzca drásticamente y sin demora el consumo de petróleo, carbón y gas natural, que genera el 70% de las emisiones responsables del cambio climático. Entendiendo que construir una economía verde supone mas actividades intensivas en trabajo que mantener la actual infraestructura energética mundial basada en los combustibles fósiles. Es decir, lograr una transición justa creando empleo, ya que se crearía mucho mas empleo que si se mantuviese las infraestructuras de combustibles fósiles. Aunque no se garantizasen retribuciones decentes a los trabajadores.

Hay otros pensadores e investigadores que contribuyen a enriquecer el debate. Lo hizo Lynn Margulis, ofreciéndonos una lección sobre las ventajas y beneficio mutuo que se consiguen con la cooperación, mas que con la competencia, y que podemos aplicar a nuestras sociedades. Lo hizo Susan George, explicándonos magistralmente las amenazas de los mecanismos perversos del capitalismo ultraliberal…

Hay aportaciones significativas y propuestas a incluir en programas de futuro; que pueden ser mas o menos viables; mas o menos deseables. Pero lo que está claro es que no podemos salir de esta crisis aplicando las mismas recetas que se venían aplicando hasta ahora. Hay que diseñar y probar estrategias que nos permitan superar la ruina a que nos lleva el sistema capitalista. Eso sí es una evidencia.

Es triste que no nos tomemos las cosas en serio hasta que empeoran mucho y sea una gran convulsión ecológica la que nos convenza de que el actual paradigma económico es insostenible. Ya hemos asumido muchos costes y hay que poner en marcha acciones alternativas, dirigir nuestros esfuerzos en su búsqueda. Y sorprende y preocupa que no se de una reflexión y debate en profundidad sobre el futuro a construir, implicando en el debate a toda la sociedad. Porque del necesario debate deben salir propuestas de tránsito que nos ayuden a limitar el deterioro general ecológico, social y económico. Hay que abordar un plan global de acción.

Una medida imprescindible tiene que ver con repensar el reparto del trabajo remunerado, la jornada laboral, la redistribución de la riqueza, y la renta básica. La economía capitalista ha construido formas de reproducir el capital en las que el trabajo humano es cada vez más prescindible. La extracción de cantidades ingentes de materias primas de territorios colonizados y la generación de cantidades ingentes de residuos se logra con ingentes cantidades de energía y menos “trabajo humano”. Ante un menor requerimiento de tiempo de trabajo humano global, se impone una reducción fuerte del tiempo de trabajo, que permita reducir la producción total (menos presión a la naturaleza) y un mayor y mejor reparto del trabajo entre toda la población activa, esta es una cuestión fundamental. Lo estamos viendo en la crisis que nos tiene encerradas en casa. Y en las medidas que nuestro gobierno está poniendo en marcha para paliarlo. Y en los grandes aumentos de desempleo que se están produciendo.

La actual crisis debe impulsar a los gobiernos a hacer frente a los desajustes generados por esta economía disfuncional que trata a la naturaleza, en términos de mercado, como “capital natural” explotable. Y esta es la oportunidad que nos ofrece esta crisis. No la dejemos pasar.

Artículo publicado el 6 de abril de 2020 en Contrainformación.es

Los compromisos de la COP25 y cómo escalar iniciativas exitosas de pequeñas comunidades

¿Qué significa pedir o exigir que se asuman compromisos de máximos en esta COP después de otras 24 en las que no se ha avanzado? No se han conseguido, en las sucesivas COP celebradas desde 1992, ni los compromisos necesarios ni la ejecución de los mismos, cuando si parecía haber voluntad de asumirlos.

Quedarse en mínimos o no llegar a lo comprometido ¿qué implica? ¿Hay algo o alguien que gane si no se alcanzan los objetivos fijados? ¿Quién pierde mas?

Los datos del IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático) han sido concluyentes y contundentes respecto a lo que está sucediendo con el clima global, en cada nuevo informe que han avanzado. En el último no han podido ser mas claros: No se puede prolongar mas la inacción.

Los fenómenos atmosféricos extremos se correlacionan con la temperatura de la superficie del mar en los océanos, que han capturado el 90% del calor adicional producido en los últimos 50 años. La obligación de reducir los efectos de ese calentamiento y sus consecuencias no se pueden seguir derivando a la siguiente cumbre. Abordar medidas para la mitigación y para la adaptación implica dar la espalda de una vez al modelo capitalista, al sistema económico neoliberal que no ha contemplado nunca lo que debiera ser la base de cualquier sistema económico: satisfacer las necesidades de la sociedad a través de intercambios de lo que cada cual produce/consume; y mantener niveles de bienestar que permitan una sociedad sana y próspera. Hoy esa sociedad es una comunidad global en un planeta que se ha quedado pequeño y del que no tenemos repuesto.

Como no tenemos repuesto, lo único que nos queda es sanear este planeta para que siga permitiendo nuestra permanencia en él. Eso supone la reducción de las concentraciones de gases de efecto invernadero, preferiblemente mediante la reducción de sus fuentes.

Seamos conscientes de lo que nos jugamos ahora mismo. No son solo las generaciones venideras, esas que representa Greta Thunberg, las que se juegan su futuro. Ese futuro es presente. El haber querido verlo con cierta lejanía en el tiempo nos ha hecho permanecer en un egoísta: “el que venga detrás que arree”. Pero no. Lo estamos viendo en directo. Y en países como España, el éxito del Acuerdo de Paris supondría, en cualquier caso, un aumento en torno a los 4ºC, con terribles consecuencias, ya anticipadas científicamente, para el sector agrícola y las poblaciones costeras, por la subida del nivel del mar. Lo estamos viendo y no podemos admitir que los responsables políticos e institucionales sigan jugando a un green washing adormecedor de conciencias.

Hemos conocido el dato, ofrecido por Oxfam de que los refugiados por causas climáticas son más de 20 millones/año. Personas desplazadas por desastres provocados por una economía que ataca las bases sobre las que se asienta. Muchos quieren seguir pensando que son fenómenos naturales, pero en muchos de esos focos de emigración, por ejemplo, en África, sus habitantes llevaban siglos viviendo en durísimas condiciones climatológicas y sabían afrontarlo. Los desplazamientos actuales, en muchos casos tienen que ver con las políticas de los gobiernos, favorecedoras de la apropiación por parte de grandes multinacionales de los recursos mundiales. Acaparan tierras, pero, más dramático aún, acaparan agua en muchos lugares donde ya de por sí escaseaban, obligando a sus moradores a desplazarse.

El cambio de paradigma necesario requiere actuar en distintos frentes:

Movilidad global, ordenación del territorio, sobre todo en los crecimientos urbanísticos desproporcionados que generan mayor necesidad de desplazamientos y fragmentan los espacios naturales que podrían amortiguar; Gestión hídrica y cierre del ciclo natural del agua. Recuperación de sistemas de protección naturales en el litoral, que eviten las consecuencias de tener buena parte de la costa encementada; mantenimiento de zonas forestales en condiciones óptimas que eviten o minimicen los incendios forestales que cada vez afectan con más intensidad y a mayores extensiones; reducir la demanda de bienes y servicios que producen altas emisiones, incrementando la eficiencia en los sistemas de producción. Un cambio a métodos más limpios de movilidad y reducir esta… En definitiva, mucho que mejorar y, por supuesto, dejar de recurrir a un green washing descarado como el que estamos viendo estos días en la Cumbre.

No parece que haya nadie a los mandos globales, que reconozca el reto en toda su dimensión, y es que las estructuras económicas y de funcionamiento de nuestra sociedad se tambalean. El agotamiento y deterioro de recursos fundamentales, básicos para el desarrollo y bienestar humano, y no solo humano, como el agua dulce, los recursos genéticos, los bosques, la pesca, las tierras fértiles, los arrecifes de coral… Todo el patrimonio natural en todos los ámbitos: local, regional y global está amenazado.

Las prácticas agroindustriales, están amenazando con la pérdida de gran parte de las tierras fértiles mas productivas. La desertificación de muchas tierras cultivables seguirá generando desplazamientos masivos. Desplazamientos también, por el aumento del nivel del mar, con consecuencias para toda la población mundial que vive en las costas, que es la mayoría.

El transporte de larga distancia, el sistema agro-alimentario global, los sistemas urbanos y suburbanos actuales, así como muchos productos de nuestro modo de vida -coches, plásticos, productos químicos, pesticidas…- se sostienen asumiendo sin cuestionamiento, un creciente suministro de energía barata y materiales.

Pero, sin equidad y sin aceptar que somos interdependientes, no va a haber solución justa y tampoco pacífica, posible. Espero que seamos capaces de asumir sistemas de organización económica cada vez más locales, que reconozcan y respeten los límites que impone la naturaleza y que asumamos también, los que todavía disfrutamos de situaciones acomodadas en el Norte global, que tenemos margen para ser algo más pobres y vivir bien. Y es que, el modelo económico neoliberal globalizado sólo es viable para la minoría más rica que acumula la mayor parte de la riqueza mundial que previamente ha expropiado al resto.

El hecho es que vamos a una situación en la que dependeremos de energías renovables que, aunque más intensivas en empleo, tienen tasas de retorno energético menores. Esto conllevará, inevitablemente, cambios significativos en nuestros modos de vida. Pero no necesariamente serán negativos, si somos capaces de transitar, también socialmente de forma mayoritaria, hacia modos de vida más centrados en el ámbito comunitario, local y regional. Modos de vida más sostenibles desde el punto de vista ambiental y que pueden ser más gratificantes desde el punto de vista social y comunitario. Sistemas de gobernanza locales deben ser los que sustituyan al sistema actual. Producción local para consumo local, haciendo uso de la fuerza de trabajo y de materiales locales, en el marco de modelos ecológicos y democráticos. Las economías locales que así funcionan dependen menos del transporte y suministros desde lugares lejanos. Por ello tienen menor impacto. Es decir, re-territorializar la actividad económica es una necesidad.

Muchas personas en todo el planeta ya están intentando activamente, llevar a cabo prácticas económicas alternativas en el ámbito local, comunitario y regional, tanto en contextos rurales como urbanos. Son acciones personales, de pequeños colectivos e iniciativas comunitarias que es necesario escalar.

Esta Cumbre del Clima debe conseguir hacer efectivo el compromiso de tomar esa dirección y hacerlo “a velocidad de crucero”.

Publicado el 5 de diciembre de 2019 en el Blog de público.es, Ecologismo de Emergencia

De la crisis ambiental a la oportunidad social

Estamos necesitando un cambio de sistema para lograr economías ecológicamente sostenibles y que se acompañen de equidad, suficiencia y paz. Justo lo contrario de lo que está sucediendo ahora. El recorrido y comportamiento de nuestras sociedades y la economía de mercado que las acompaña son profundamente inadecuados para alcanzar un futuro compatible con que la mayoría disfrutemos vidas dignas.

Ya estamos padeciendo un colapso social que acompaña al ecológico. Y hay quién insiste en que, de la grave crisis surgen grandes oportunidades, aunque no parece que haya nadie a los mandos globales, que reconozca el reto en toda su dimensión y decida la manera abordar la crisis para aprovechar esas oportunidades.

La era de la energía barata está llegando a su fin (esas grandes dosis de combustibles fósiles con los que nos hemos dopado y aún seguimos dopándonos), lo que generará cambios dramáticos en el funcionamiento de nuestras sociedades. Las estructuras económicas y de funcionamiento de nuestra sociedad se tambalean. Además, este declive viene acompañado del agotamiento o deterioro de recursos fundamentales, básicos para el desarrollo y bienestar humano, y no solo humano, como el agua dulce, los recursos genéticos, los bosques, la pesca, las tierras fértiles, los arrecifes de coral… Todo el patrimonio natural en todos los ámbitos: local, regional y global está amenazado.

El caos climático, el calentamiento global, y las prácticas agroindustriales, están amenazando con la pérdida de gran parte de las tierras fértiles mas productivas. El aumento del nivel del mar continúa, con consecuencias para toda la población mundial que vive en las costas, que es la mayoría. La desertificación de muchas tierras cultivables genera ya, y seguirá haciéndolo, desplazamientos masivos. Son situaciones que llevan tiempo afectando a los pueblos y naciones más empobrecidas del sur global. La agricultura de Siria es un ejemplo.

El transporte de larga distancia, el sistema agro-alimentario global, los sistemas urbanos y suburbanos actuales, así como muchos productos de nuestro modo de vida -coches, plásticos, productos químicos, pesticidas…- se sostienen asumiendo sin cuestionamiento, un creciente suministro de energía barata y materiales. Ya estamos sufriendo conflictos bélicos sangrientos como consecuencia de problemas geopolíticos que tienen que ver con la disponibilidad decreciente de combustibles, agua dulce, suelo fértil o minerales esenciales para mantener la industria tecnológica y agraria.

En las próximas décadas el crecimiento de la población en el sistema socioeconómico imperante supondrá, si nada lo remedia antes, como las distintas movilizaciones por el clima, el acaparamiento de un 20% de los hábitats naturales que quedan.

Es un panorama alarmante pero probable, si no abordamos políticas diferentes de forma urgente. Nada es necesariamente inevitable si tomamos acciones a favor de profundas transformaciones que limiten las consecuencias más siniestras de este capitalismo tardío y descarnado que se nos está imponiendo.

La capacidad de carga del planeta, (sobrepasada por la demografía humana), y el abuso de los recursos globales son límites que no acabamos de admitir de forma generalizada socialmente. Como parece que tampoco asumimos que, sin equidad y sin aceptar que somos interdependientes, no va a haber solución justa y, puede que tampoco pacífica, posible. Nos estamos adentrando en escenarios socio-ambientales bastante impredecibles y muy preocupantes.

Hay una evidencia a la que no se le hace caso: vamos con mucha probabilidad hacia una situación que conduce a la contracción de la producción y el consumo. Lo deseable sería conseguir hacerlo de forma medianamente ordenada, organizada y distributiva. De momento no hay visos de que vaya a ser así. De de que seamos capaces de asumir sistemas de organización económica cada vez más locales, que reconozcan y respeten los límites que impone la naturaleza y asumir también, los que todavía disfrutamos de situaciones acomodadas en el Norte global, que tenemos margen para ser algo más pobres y vivir bien.

Pero lo que no es sensato, es seguir recurriendo a las mismas estrategias que funcionaron hasta finales de los 70 del siglo pasado y que ahora acentúan los problemas mencionados. A pesar de ello, la Organización Mundial de Comercio (OCM), el FMI o el Banco Mundial siguen instaurando y legitimando estas políticas como si, literalmente, no hubiera un mañana. Muchos gobiernos asumen como factibles las soluciones tecnológicas para todos los problemas que genera el sistema económico neoliberal y crecentista. Es un dislate. Y eso nos pone en peor situación ya que no se toman las medidas que estamos necesitando para limitar/prevenir los peores escenarios socio-ambientales posibles que enfrentamos. Las tecnologías, por sí solas, no nos salvarán. Y el modelo económico neoliberal globalizado sólo es viable para la minoría más rica que acumula la mayor parte de la riqueza mundial.

En las medidas para transitar hacia este futuro inquietante hay cierta coincidencia. Tanto los que abogan por la economía circular, como algunos decrecentistas que ven inevitable el colapso civilizatorio, proponen cerrar ciclos de materia y energía e incrementar la eficiencia y circularidad en todos los procesos socioeconómicos. Se distinguen en que unos creen que haciéndolo se podrá seguir disfrutando del modo y nivel de vida actual, al menos en el Norte enriquecido, y los que piensan que, aun haciéndolo, sólo se mitigará en parte una grave contracción económica global, con todos los efectos negativos colaterales que implica. El hecho es que vamos a una situación en la que se va a reducir la extracción de recursos materiales y en la que dependeremos de energías renovables que, aunque más intensivas en empleo, tienen tasas de retorno energético menores. Esto conllevará, inevitablemente, cambios significativos en nuestros modos de vida. Pero no necesariamente serán negativos, si somos capaces de transitar también socialmente de forma mayoritaria hacia modos de vida más centrados en el ámbito comunitario, local y regional. Modos de vida más sostenibles desde el punto de vista ambiental y que pueden ser más gratificantes desde el punto de vista social y comunitario. Sistemas de gobernanza locales deben ser los que sustituyan al sistema actual. Producción local para consumo local, haciendo uso de la fuerza de trabajo y de materiales locales, en el marco de modelos ecológicos y democráticos. Las economías locales que así funcionan dependen menos del transporte y suministros desde lugares lejanos. Por ello tienen menor impacto. Es decir, re-territorializar la actividad económica es una necesidad.

La “buena vida” basada en el hiper-consumo de bienes, en que se basa el actual modelo, se muestra falaz. Sin embargo, si somos capaces de iniciar la estrategia de usar menos recursos, de acumular menos y de estándares de vida más modestos pero dignos, con toda probabilidad, obtendremos mayor sensación de plenitud personal, menos estrés, más tiempo para dedicar a la familia, a los amigos, a la naturaleza, al ocio. Bienes que hoy son escasos y de los que somos paradójicamente “pobres”. Es decir, menos será mas.

Muchas personas en todo el planeta ya están intentando activamente, llevar a cabo prácticas económicas alternativas en el ámbito local, comunitario y regional, tanto en contextos rurales como urbanos. Son acciones personales, de pequeños colectivos e iniciativas comunitarias que es necesario escalar. Sólo si conseguimos transitar también hacia sociedades que acepten que somos seres profundamente interdependientes y donde primen la cooperación, nuestras hijas y nietas tendrán, dentro de 15 o 20 años, un presente que merezca la pena ser vivido.

 

Publicado originalmente el 16 de octubre de 2019 en Contrainformación

Las decisiones colectivas por un interés común. Cambio Climático

Carmen Molina Cañadas

Hace pocos días se celebraba El Día Mundial de la Población, que cada 11 de julio conmemora que en 1987 la población mundial llegó a los cinco mil millones de personas. En 2050 seremos (si no pasa nada antes) 10.000 millones, un 30% más que ahora y el doble que a comienzos de siglo. Y siete de cada diez vivirán en núcleos urbanos.

Con esos niveles de población, de porcentaje de la misma que vive en ciudades, y teniendo en cuenta los actuales niveles de urbanización, infraestructuras, agricultura o consumo de energía, se puede determinar qué regiones serán las más amenazadas por necesidades crecientes de alimentos, energéticas o de nuevos espacios urbanos. Hay estudios que concluyen que el desarrollo humano, en las próximas décadas, supondrá el acaparamiento de un 20% de los hábitats naturales que quedan. Así que si en 2050, el 70% de la población vive en núcleos urbanos, y las ciudades se saturan (lo que ya ha sucedido en algunas) sería deseable y se esperaría que, según vaya creciendo la población de los núcleos urbanos, los vayamos haciendo más habitables. Ya hay ciudades encaminadas, pero en cambio otras, en especial las que aún no han visto esos niveles de saturación, se encaminan a un asfixiante abarrotamiento, como si no fuera posible aprender de la experiencia ajena para evitar lo peor, antes de hacerlas invivibles. Y entretanto, los efectos del Cambio Climático poniéndonos frente a la cruda realidad, que muchos no quieren ver.

 

A pesar de que los científicos llevan décadas avisando sobre el cambio climático. A pesar de avances esperanzadores impulsados por la tecnología, para el control de emisiones o captura de lo emitido, el Cambio Climático sigue en marcha y nosotras seguimos pisando el acelerador.

Pisa el acelerador un sistema económico capitalista y neoliberal para el cuál, el CC deja de ser ciencia para convertirse en política. Pero es evidente que, hay efectos innegables que afectan a la economía y a la vida: un océano más ácido, cálido y elevado: sus efectos tienen costes económicos además de ambientales y sociales. Temperaturas a las que no podremos adaptarnos, acumulación de residuos, escasez de agua dulce en amplias zonas, aumentos de los desiertos…

En principio, y para obligar a levantar el pie de ese acelerador que son las desbocadas emisiones, hay que conocer los equilibrios de fuerzas ideológicas e intereses particulares que confrontan en el tablero global donde se dirimen las decisiones importantes. Y la imposición de decisiones que no representan el interés de la mayoría, sino de minorías poderosas que no juegan en pro del interés colectivo. Es lo que tenemos enfrente. Lo que está impidiendo que hagamos caso a Greta Thumberg. Son demasiadas ya, las ocasiones en que determinadas economías, corporaciones o intereses privados consiguen convertir los hechos probados por la comunidad científica en “política opinable”. El sistema se ha venido defendiendo al fomentar la duda sobre el consenso científico acerca del cambio climático, su origen humano y su gravedad. A través de programas de lobbying y relaciones públicas, grandes corporaciones e industrias transmutaron el cambio climático, de certeza científica en cuestión política, y, por lo tanto, polémica, para seguir retrasando lo necesario…Y nos vamos quedando sin tiempo. Y además agravando las condiciones con cada decisión de política neoliberal.

La comunidad internacional, a partir de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en 1992, y el Protocolo de Kyoto, en 1997 ha ido adoptando medidas tibias, insuficientes y en muchos casos, inadecuadas, cuando no abiertamente lesivas para nuestro futuro común. Y es que ha jugado un papel desgraciado, la desinformación, que nunca es inocua. Y quitar gravedad a los informes, que periódicamente ha publicado el IPCC.

Desde que Gro Brutland en 1987 coordinó el Informe “Nuestro Futuro Común” y hasta este 2019, han pasado mas de tres décadas y los impactos del cambio climático se han vuelto incuestionables. Los récords se suceden: de temperaturas más altas, de mayores incendios, de huracanes más potentes, de sequías más intensas, lluvias más torrenciales. De desplazamientos masivos.

La realidad ante nuestros ojos nos empieza a abrumar, pero ahora, el tiempo es mucho más escaso.

Hay que decidir colectivamente a través de instituciones internacionales sobre aquello que atañe a nuestro futuro y a cómo lo abordamos. Disponemos para ello de análisis que nos asesoran en procedimientos y mecanismos suficientes para que la toma de decisiones sea adoptada con garantías, con debate, pero sobre todo con urgencia.

Porque hemos estado perdiendo el sentido de la realidad, sumidos en una realidad filtrada por un sistema que está poniendo en peligro nuestra vida, nuestro planeta, nuestro futuro. El desprecio de los hechos, el desplazamiento de la razón por parte de la emoción y la corrosión del lenguaje devaluan la verdad. Un ejemplo de cómo los populismos encuentran un buen abono para explotar las emociones podría ser este: A Europa llegan millones de personas que, hasta hace unos años, tenían vidas muy parecidas a las nuestras. Han aparecido en las fronteras del rico norte, aluviones de refugiados que nos hacen conscientes de cuán frágil es la presunta seguridad de nuestras vidas. La inmigración nos provoca ansiedad. Al margen de los sentimientos solidarios o no que despiertan, que también. Y es que también se cierne sobre nosotras el miedo a perderlo todo, latente, por la creciente precariedad de la vida occidental. Ya no son solo los desdichados allende nuestras fronteras que se desplazan buscando lugares donde mejorar sus vidas; es la incertidumbre de un porvenir plagado de eventos que no podemos prever o controlar. Y cuando ves a miles de refugiados que acampan en una estación de tren europea, te das cuenta de que sus pesadillas son realidades que puedes ver y tocar. Y que te cuentan lo que puede acontecer pronto también en este “primer mundo”.

Con el Cambio Climático no hay mucho margen para los errores de cálculo, ir hacia adelante y además con prisas, que la emergencia apremia. Si el horizonte estuviera más lejano y nos permitiera modular las decisiones, tal vez nos faltaría audacia. Pero la realidad es la que es. Y la realidad va acompañada de obstáculos. El terreno y reglas de juego lo marcan quienes tienen el poder y se oponen a la transición, aunque a ellos también les apremia la misma crisis climática, ecológica y de sistema. Siempre es duro el cambio, y dura será la transición necesaria porque no nos hemos preparado. Solo con mucha gente colaborando podremos hacer cambios. Los que son necesarios. Con templanza, audacia, empatía, creatividad, ternura, y saber vivir en la incertidumbre. Aprenderemos sin duda más de los errores que de los aciertos, pero no podemos permanecer inmóviles porque no tengamos certezas.

La utopía puede consistir en minimizar la distopía que se nos ha echado encima, o intentar eliminarla. Pero la vida es crisis continua a la búsqueda de equilibrio.

 

Artículo publicado originalmente el 17 de julio de 2019 en ContraInformación

Un modelo capitalista que nos descapitaliza de lo esencial

No hay margen de tiempo para seguir debatiendo cómo y para qué. Es imperativo actuar sin perder más tiempo. Sobran los informes, los datos, las evidencias. Debíamos haber puesto en marcha un Plan Internacional que fuese ambicioso y vinculante, tratando de preservar las condiciones de estabilidad mínimas del planeta. Pero parece que las únicas organizaciones internacionalmente fuertes son las instituciones y grandes corporaciones de corte neoliberal que hablan de cambios cosméticos para que finalmente no cambie lo fundamental. Organizaciones como NNUU no tienen capacidad, ni consiguen acuerdos ambiciosos o vinculantes que supediten los intereses particulares de los estados al interés global, de manera que se adopten medidas de sostenibilidad que de verdad sean a la vez radicales y sensatas. El paradigma del crecimiento económico continuo, -incuestionado a pesar de contradecir la lógica más elemental-, nos está arrastrando a situaciones límite que, de no frenar, causarán un enorme descalabro global a la civilización humana. Y, en la grave situación actual, ya no caben solo iniciativas individuales, buenistas, apelando a la responsabilidad de cada cual.

Ejemplo dramático que da señales de una gravedad extrema, son las guerras del agua que irán incrementándose conforme avance la desertificación que estamos propiciando con nuestra actividad productivista. En España tenemos estas guerras en marcha con gran beligerancia de las comunidades de regantes, que se vienen apropiando de enormes cantidades de agua en un reparto muy desigual y que genera desertificación. Detener la extracción de aguas subterráneas y permitir que los ecosistemas se recuperen, es reivindicación básica de quienes se ven abocados a graves situaciones de escasez por este acaparamiento de un recurso básico para la vida y los ecosistemas.

 

Así tenemos el ejemplo de la esquina sureste de la península, la zona más seca del continente europeo de donde se están extrayendo enormes cantidades de sus acuíferos y agotando los mismos. Pese a ser un desierto, en los últimos años se han transformado en regadío varios miles de hectáreas, sobre todo de olivos, aunque también de almendros y, en menor medida, de invernaderos de hortícolas, que se suman al exceso que ya hay en otras partes de la provincia. Lo preocupante de todo esto, es que la solución que apunta el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas al agotamiento de acuíferos, lejos de cuestionar el modelo de agricultura superintensiva, propone traer más agua de otros lugares o de desaladoras, todo un despropósito que no cuestiona la lógica del modelo.

La sobreexplotación de los acuíferos forma parte de un modelo agrícola que está haciendo mella en la viabilidad a largo plazo de la agricultura, ya que se rompe el equilibrio en el ciclo que suman las aguas superficiales y subterráneas, dejando eriales y desiertos de vida donde antes había oasis llenos de actividad y diversidad biológicas. Se constituyó una Plataforma que aglutinaba a todas las de la provincia de Almería preocupadas por esta sobrexplotación, Acuíferos Vivos, para que, conocida la situación y el riesgo consecuente, se tomaran medidas que evitaran el grave deterioro que se cierne sobre las comarcas que están sufriendo la extracción abusiva para riego. Y es que, el agua no tiene precio: las sociedades que sacrifican las fuentes de agua por dinero pagarán un precio terrible. Poner miles de hectáreas de olivar en régimen superintensivo en el desierto de Tabernas es una necedad y supone una incoherencia ecológica que compromete el futuro socioeconómico, en este caso, del maltratado sureste peninsular. Y más grave, es que esta situación de insostenibilidad en la esquina subdesértica la podemos ver replicada a lo largo y ancho de toda la península.

Los regadíos, consumen la mayor cantidad de agua (un 86% en algunos casos) de la suma total de usos de este recurso. El cambio en los usos del suelo y la intensificación de la actividad agrícola de exportación, han generado una grave situación de insostenibilidad, lo que es una amenaza, para el territorio y para la población que lo habita. La Junta de Andalucía, durante los largos años de gobierno del PSOE no cumplió con su papel de gestión y planificación, en materia de agua. Pero es que, al acceder al gobierno regional las fuerzas mal llamadas “conservadoras” con el apoyo de la ultraderecha, amenazan con empeorar la ya grave situación, planteando la construcción de más infraestructuras hidráulicas con las que trasvasar agua de donde supuestamente sobra hacia donde, se supone, hay déficit hídrico. No cabe mayor desatino. Seguir hablando de cuencas excedentarias o deficitarias es una gran falacia y una irresponsabilidad.

Si la situación de Almería es grave, el resto de territorios andaluces, y también el resto de la península siguen el mismo camino, sin querer asumir que el ciclo del agua no podemos acelerarlo, y lo estamos alterando al consumir agua a mayor velocidad de la que se repone y regenera en los ecosistemas. Hay que seguir denunciando que lo que se exporta con los hortofrutícolas, con el aceite, con los frutos rojos o frutos subtropicales, y en grandes cantidades, es AGUA. Agua que va desde la Europa más seca a la más húmeda. Aunque haya que exportar parte de lo que producimos, se necesita mesura. La administración es consciente del serio riesgo en que están las masas de agua subterránea por las abusivas extracciones. Inexplicablemente, ha dado más concesiones y derechos de extracción, que aguas hay. Esto se agrava por la gran cantidad de sondeos, captaciones ilegales y pozos reprofundizados que extraen un volumen mayor del autorizado, y este ya es elevado.

Lamentablemente, los responsables políticos que gestionan en clave cortoplacista, sabiendo que serán evaluados cada 4 años, son cobardes en relación a lo que se debería hacer. Y acaban asumiendo la realización de grandes obras hidráulicas; presas, embalses, diques, trasvases o canalizaciones… Actuaciones todas que, no solo no solucionan el problema de fondo, sino que lo agravan. El Gobierno Andaluz y las Confederaciones Hidrográficas, hasta ahora, han negado el problema de sobreexplotación. Hay que replantear los regadíos actuales y adaptar el número de hectáreas a la capacidad de nuestras cuencas y acuíferos de mantenerlas regadas. Y cuestión muy importante es la recuperación y conservación del buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos y de ribera, que son los que mejor se encargarán de devolver a la normalidad el ciclo natural del agua. Cuando se deforesta y eliminan árboles y cobertura vegetal que retiene el agua y mejora la infiltración, se está empeorando la situación que nos está llevando a la desertificación.

En Andalucía, la Junta no ha inspeccionado las macrofincas de olivos hasta que la situación se ha hecho prácticamente insostenible y ha ocasionado un movimiento social que exige que el problema se solucione. Movimiento social, agrupado alrededor de la citada Plataforma Acuíferos Vivos, que se ha movilizado cuando la situación ha provocado el abandono de numerosas pedanías y núcleos de población al secarse sus fuentes.

Y esta situación ha venido provocada, en último término, por los fondos especulativos (muy gráficamente descritos como fondos buitre) y a través de la economía financiarizada. Esta economía financiera es el último paso dado por el capitalismo, puesto que, superados los límites planetarios, ya no se puede acumular riqueza que esté basada en economía productiva real, sino jugando en los grandes mercados financieros, generando burbujas, con las nefastas consecuencias que todas conocemos, pero para las que no parece que tengamos herramientas capaces de prever y evitar.

En el ejemplo que vengo exponiendo, se ve claramente la conexión con esta economía especulativa, ya que son esos agentes o fondos especulativos los que acaparan miles de hectáreas dedicadas al monocultivo del olivar. La expansión e industrialización del olivar van de la mano de nuevos sistemas de cultivo, en los que el olivo se planta a modo de seto, con una densidad muy alta y mecanizando buena parte de las tareas, lo que desplaza mano de obra. Se trata de una progresión evidente en la que un cultivo de secano se está transformado en un cultivo de regadío, con un uso importante de fertilizantes y agroquímicos que alteran la fertilidad del suelo y disminuyen la biodiversidad, acaparan y agotan todas las fuentes de agua y tras unos años de explotación intensiva y recogida de beneficios, abandonan las tierras convertidas en eriales. Es esta economía especulativa, la que finalmente genera desplazados, y “migrantes climáticos” porque pone el cultivo super-intensivo y tecnologizado, -del olivar en este caso-, pero de todos los cultivos industriales en general, al servicio de los intereses del capital global, contando con grandes plataformas agroexportadoras de las que extraer beneficios, y finalmente, trasladando los costes hacia el primer eslabón de la cadena, los pequeños agricultores, jornaleros o habitantes del rural, poniendo en jaque la sostenibilidad social y ambiental de las zonas productoras. Este es el ciclo disruptor del modelo intensivo agro industrial. Y en definitiva del modelo capitalista.

A la Agricultura tecnificada que sobreexplota los recursos de los que depende, (AGUA, SUELO, BIODIVERSIDAD) le podemos aplicar la conocida Paradoja de Jevons, que advierte de que, a medida que el perfeccionamiento tecnológico aumenta la eficiencia con la que se usa un recurso, es más probable un aumento del consumo de dicho recurso que una disminución. En este caso ese recurso es el agua, y esta es imprescindible para la vida, luego su buena gestión es básica. Lo mismo está pasando con los suelos fértiles, cada vez más escasos, y con la biodiversidad, con la confirmada extinción masiva de especies y de agrodiversidad vegetal

Conclusión: Es imprescindible un cambio de paradigma en los modelos de explotación, en el caso que he querido poner de ejemplo, modelo agro industrial. Pero, en general, en los modelos económicos que dejan fuera de la ecuación las bases sobre las que descansan la vida de las personas y los ecosistemas. Y es que la economía no es una ciencia exacta y no entiende los fundamentos termodinámicos y los biológicos en los que se asienta el mundo en que vivimos.

 

Carmen Molina Cañadas

Miembro de EQUO

Artículo publicado originalmente en Contrainformación 30 días-30 opiniones

Es necesario acabar ya con la enorme cantidad de pozos ilegales

Recientes y desagraciados acontecimientos han puesto tristemente en evidencia la conocida y muchas veces denunciada realidad de los pozos ilegales en nuestro país.Unos pozos ilegales que muestran la mala gestión realizada durante bastantes años en relación al uso de un recurso tan básico como el agua, y que acarrea conflictos sociales, ambientales, jurídicos y políticos que ya son insostenibles. Es hora de abordar la problemática del uso y gestión con la responsabilidad que se merece. Existe una gran cantidad de pozos ilegales que taladran todo el mapa peninsular y hay una evidente falta de medidas de control que eviten la dramática situación que viven algunos ecosistemas como valiosos humedales y algunas cuencas.

En la actualidad, son muchos los acuíferos que se encuentran catalogados como masas de agua subterráneas en mal estado en los Planes Hidrológicos. A esto se unen la desertificación que avanza y sequías agudizadas por falta de gestión y previsión. Esto lleva a que las perforaciones y extracciones ilegales, e incluso las legales sobredimensionadas, hace tiempo que persistan por encima de los valores de recarga natural. Porque la insostenibilidad no solo viene de los pozos ilegales, sino también de permisos de extracción concedidos por la Administración que se sobredimensionan más allá de la lógica.

Los porcentajes de consumo de agua por sectores evidencian que es el sector agrícola de regadío, el que consume la mayor cantidad de este recurso (alrededor del 87% en la mayoría de los casos). El cambio en los usos del suelo y la intensificación de la actividad agrícola de exportación han generado una grave situación que comienza a ser una amenaza, no solo para el territorio, sino también para la población que lo habita y el suministro de agua a algunas poblaciones. Casi todas las cuencas tienen un exceso de extracciones respecto a los recursos disponibles, pero, sin embargo, los regadíos han seguido incrementándose y esto no se puede mantener por más tiempo.

La realidad nos dice que estamos exportando agua desde la Europa más seca hacia la más húmeda. ¿Hay despropósito mayor? También nos está diciendo que el estrés hídrico que padecemos es de los mayores de la Unión Europea, solo por detrás de pequeñas naciones insulares como Chipre y Malta. Una de las razones es el cultivo superintensivo de plantas tradicionalmente de secano como son los olivos, que se está extendiendo por todo el mundo y también en España. Son muchas las preocupaciones que genera esta modalidad productiva. A los recientemente denunciados métodos de cosechar mecanizados, que, al no parar durante la noche, están acabando con millares de aves en estos campos, se une una gran preocupación por la enorme cantidad de agua que consumen.

Para mantener estas modalidades de cultivo que, siendo tradicionalmente de secano, se reconvierten a regadío para incrementar la productividad, se sigue pidiendo, o más bien, exigiendo, más agua y más infraestructuras hidráulicas, en lugar de mesura en su gestión. Es hora de cuidar un bien tan imprescindible como es el agua para poder garantizar su uso hoy y en el futuro. Porque la demanda actual ya supera con creces la disponibilidad que se puede cubrir en el presente, así que seguir insistiendo en aumentar regadíos es sencillamente proponer el suicidio de comarcas enteras.

Además, es necesario tomar medidas ya para clausurar pozos que llevan demasiado tiempo extrayendo ilegalmente. Mientras no se adopten medidas seguirán proliferando, como lo han hecho hasta ahora por todo el territorio, con la consecuente pérdida de los ecosistemas que dependen del agua. Y de los que a su vez dependemos nosotras y nuestro bienestar, si es que solo se quisiera ver desde un punto de vista egoísta.

Recientemente, la Unión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia Europeo por el impacto de la extracción ilegal de agua en Doñana. Pero esto no solo es necesario en el espacio protegido y Patrimonio de la Humanidad en peligro que es este parque nacional.

Sabemos que es muy urgente llevar a cabo una restauración integral de las marismas de Doñana y del Guadalquivir para dar respuesta a uno de los principales retos que tiene el espacio natural si se quiere garantizar su futuro. Ciertamente es básico que se recuperen los aportes hídricos de las cuencas que vierten a Doñana y que se haga un deslinde del dominio público hidráulico. Se necesita una restauración hídrica de las marismas. Y clausurar pozos y dejar de extraer por encima de la capacidad de recarga del acuífero.

Tengamos en cuenta la situación de vulnerabilidad frente al cambio climático. Todos los pozos ilegales contribuyen muy negativamente a agravar el estrés hídrico que sufren algunos territorios. Es un problema de gran envergadura y el lobby de las comunidades de regantes presiona en gran medida para mantener unas extracciones insostenibles, de tal manera que no se vea afectada la productividad de sus explotaciones.

El agua no es solo imprescindible, es un derecho, y debemos gestionarlo no solo para nuestro presente, sino para el futuro de los que vendrán.

 

Entrada publicada originalmente el 24 de febrero de 2019 en El Asombrario & Co.

Planificación urbanística y participación ciudadana

Hacemos prospectiva sobre la ciudad cuando emitimos un pronóstico o predicción de cumplimiento más probable, basado en un diagnóstico del presente y de las tendencias que preveamos incidirán sobre él. Y en ese “inventar” el desarrollo futuro de la ciudad, debe tener un papel primordial la ciudadanía imaginando como quiere vivir en ese espacio.

Así, la prospectiva es mucho más que una forma de orientar el presente hacia el futuro. Es un conocimiento del futuro en base a lo que hemos aprendido del presente. Y, por tanto, es un ejercicio de reflexión informada que nos puede ayudar a evitar futuros posibles no deseables. Los pronósticos más interesantes serían aquellos que posibiliten con más probabilidad la vida de los que habitarán el espacio urbano futuro.

 

Desgraciadamente, a pesar de la necesidad que tenemos de que se cumpla lo antedicho, podemos advertir con preocupación que lo que se está produciendo es un reinicio de lo que fuera hace ya una década la burbuja provocada por la especulación inmobiliaria y su consecuente pinchazo, que nos dejó proyectos urbanos abortados y a bastantes personas expulsadas del derecho a una vivienda digna que contempla la Constitución. Y comienzan a consolidarse tendencias en muchos municipios y ciudades, especialmente en los litorales, donde los síntomas de reactivación del sector de la promoción inmobiliaria han dejado de ser síntomas y ya padecemos horizontes invadidos de grúas que lo evidencian. Es como si los actores políticos, financieros y empresariales que generaron la burbuja y su posterior pinchazo no hubieran aprendido nada de ese “estropicio” y vuelven a depredar el territorio con renovadas iniciativas especulativas.

Y es que, aunque cambien los ciclos políticos y económicos, las ciudades deberían basar su dinámica orgánica en planificaciones que provean hojas de ruta estables y consensuadas con los ciudadanos que las habitan. Cuando el espacio urbano no se planifica, los costos son mayores, el uso de los recursos es ineficiente y su funcionalidad para las personas se resiente. Sin embargo, tanto el planeamiento urbano como el territorial se siguen realizando a partir de los criterios e instrumentos habituales hasta ahora, con un papel donde el mercado y la oportunidad del negocio prima sobre los derechos y los deseos de los ciudadanos. Parece que volvemos a una burbuja y la sobredimensión constructiva, de modo que, sin duda alguna, se repetirán los graves problemas que el crecimiento urbano en su forma más actual viene ocasionando.

La apelación insistente al carácter sostenible que se autoatribuyen los documentos de planificación urbanística respecto de sus directrices y del horizonte de futuro que prefiguran, es puramente retórica como se demuestra rápidamente tras su análisis técnico. Estas herramientas de planificación en no pocas ocasiones son contradictorias respecto de los objetivos que dicen tener y enfrentar y no siempre están sólidamente fundamentadas. Es algo que plataformas ciudadanas como la malagueña Defendamos Nuestro Horizonte, con una larga trayectoria de oposición a la construcción de un rascacielos en el puerto de Málaga, han comprobado una y otra vez al analizar cómo los documentos y los planes parciales han ido siendo modificados para que se ajusten al proyecto que se quiere albergar o patrocinar. De este modo, un rascacielos, que no es una necesidad para los ciudadanos de Málaga, se pretende traer a la realidad por la oportunidad de negocio de actores externos, haciendo técnicamente lo necesario para ajustar la documentación al fin de construirlo. Es demasiado habitual el uso de argumentos falaces, incluso absurdos, esgrimidos por los políticos para justificar lo injustificable. Un ejemplo: el impacto visual de la estructura en el horizonte de Málaga se limita no mirando en la dirección del rascacielos, ¡un argumento de peso sin duda!

Lo que deberían asegurar y contribuir a articular, es el debate para el diseño de la futura planificación en base a los intereses de todas. Es ahí donde es importante contar con un diagnóstico y un modelo de ciudad compartido para llegar al diseño, también compartido, del espacio urbano futuro. Es decir, se necesita un marco de participación colectiva,para garantizar el derecho de todas a la ciudad.

Sin embargo, los documentos que implican la puesta en marcha de estas operaciones inmobiliarias han sido elaborados en un marco caracterizado por unas expectativas de crecimiento y demanda prácticamente ilimitadas y con una cantidad desmesurada de suelo calificado como edificable. Y si no se cambia este modo de actuar se acentuarán los problemas territoriales y urbanos actuales y transferiremos al futuro problemáticas que claramente se podrían evitar y hay que prevenir.

La fase clásica de información de los Planes Urbanísticos (Generales o Parciales) produce exclusivamente acumulaciones de información (las Memorias) que carecen de relaciones (transversalidad) y que apenas cumplen una función justificadora de las decisiones planificadoras ya adoptadas. Sin embargo, sólo desde la disponibilidad de un diagnóstico y una prospectiva bien fundamentados y que cuente con los ciudadanos será posible acertar con la futura ciudad y con las relaciones territoriales que la sustenten y le den sentido.

 

Esa prospectiva requeriría considerar, entre otros aspectos, la evaluación de la situación general de lo construido (el medio artificial) y sus potenciales efectos, el diagnóstico social, con inclusión de necesidades y demandas; la disponibilidad de un análisis de la dinámica territorial y, finalmente, la evaluación real de los sistemas productivos de todo tipo y su inserción en el territorio. También habría que considerar la situación de los ecosistemas periurbanos, su capacidad de resiliencia, las relaciones entre estos ecosistemas y el resto de realidad territorial o la modelización de las consecuencias del cambio climático y su prevención.

Se deduce de lo anterior la necesidad inaplazable de creación de unos nuevos marcos de referencia respecto de todas las escalas de planificación (desde la planificación regional y subregional a la urbana) que atiendan con nuevos instrumentos y protocolos a los actuales desafíos, y que permitan la intervención de los ciudadanos.

La conclusión de todo esto es que hay una urgente necesidad de reforma en la política urbanística, que incluya una repolitización del futuro. Y con esta expresión quiero decir, que tengamos en cuenta, que el escenario futuro es una combinación de incertidumbre y responsabilidad, por tanto, sujeto a procedimientos de deliberación y legitimación colectiva. Ello sin duda implica asumir esos cambios necesarios que inicien el debate informado y abierto a la ciudadanía, respecto al diseño de la ciudad y el territorio del que forma parte.

 

Entrada publicada originalmente en Contrainformación el 18 de febrero de 2019

HYPERLOOP en Málaga: la obsesión por la velocidad del tren súper veloz del futuro de Elon Musk

Preguntado el consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, en comisión parlamentaria, por la implicación de la Junta en el proyecto de “Innovación” de Hyperloop en Bobadilla (Antequera), mostró una actitud receptiva a dicho proyecto.

Hyperloop es el nombre comercial de un sistema en desarrollo para el transporte de pasajeros y mercancías en tubos al vacío, a tan alta velocidad que se acercaría a la del sonido (1234,8 km/h). En términos generales, el consejero se manifestó en sintonía con iniciativas que, según su opinión, implican modernidad y generación de empleo, tanto más si es en I+D+i. La pregunta, realizada por el portavoz del grupo C’s aludía a la reciente firma de un convenio entre ADIF y la empresa Virgin. Esta empresa dice querer aprovechar las naves sin uso en Bobadilla del fallido anillo ferroviario de Antequera, propiedad de ADIF y la infraestructura ferroviaria de titularidad autonómica de alta velocidad entre Antequera y Marchena sin uso definido actualmente.

La ligereza con la que se respondió a tal pregunta me sorprendió por la ausencia de datos que avalen tan arriesgada y costosa aventura y la falta de ponderación sobre su necesidad real para la ciudadanía, mas allá de la creación de un puñado de puestos de trabajo durante su compleja construcción. Las buenas ideas no necesariamente se convierten en buenos proyectos y los buenos proyectos no siempre responden a las necesidades de la ciudadanía. Este podría ser el caso, aunque no se lo planteara así el portavoz de C’s, para quien esta buena idea parece ya, de manera obvia, la mejor apuesta para el futuro: el tren súper veloz que todos necesitamos. Lo tenía tan claro que no se molestó en detallar las necesidades que vendrá a cubrir, el coste que supondrá, los efectos en el territorio con nuestra complicada orografía, el impacto ambiental… Le parecía tan obvio que es un gran proyecto, que… ¿para qué detenerse en minucias como esas? Además, como cualquier inversión en infraestructura se traduce en empleo, ¿es que hay que aclarar algo más?

De hecho, en la sección de economía de algunos medios ya se felicitaban afirmando: “España está de suerte. Málaga albergará un centro de desarrollo del Hyperloop, el transporte del futuro ideado por Elon Musk, fundador de Tesla, y desarrollado por Virgin”. Así que —y disculpen el humor— solo falta que envíen un cenachero al espacio con un par de molletes para acompañar sus sardinas en un Hyperloop interplanetario. ¡Menuda suerte tendrían Málaga y Antequera! Nuestra marca en el espacio sideral de forma inminente… pues prevén que concluya la fase de prueba en 2020.

Son tales las expectativas que ponen en presente lo que es un hipotético futuro. Quieren hacerlo visible explicando que se convertirá en un complejo valorado en 500 millones de dólares (unos 433 millones de euros) que generará 250 puestos de trabajo de “alta cualificación” en cinco años, además de otros cientos de empleos indirectos.

El protocolo suscrito entre el consejero delegado de Virgin Hyperloop y la presidenta de ADIF, asume como fiable el estudio de viabilidad realizado por la empresa estadounidense. ADIF dice, no obstante, que la inversión está “supeditada” a la obtención de 126 millones de euros en convocatorias de ayudas públicas, en forma de préstamos y en subvenciones de I+D+i para las instalaciones. Ya los quisieran algunos esforzados investigadores del plan nacional, que reciben unos 200.000€ de media, si son afortunados, para tres años de proyecto. Si “pillaran” el 1% de la subvención propuesta, se financiarían más de 100 proyectos a nivel europeo en nuestra tierra, pudiendo contratar a más de 200 investigadores y seguramente con resultados tangibles para problemas que ya tenemos aquí. Por ejemplo, la Xylella que viene, o el cambio climático que ya ha llegado, y que, según los modelos de la propia Junta, fulminará la mayor parte de nuestra franja de clima Mediterráneo subtropical en pocos decenios. ¡SÍ! Está amenazado ese clima sobre el que descansa el turismo de la Costa del Sol o la producción de frutas subtropicales. Eso también es I+D+i, pero más pegado a la tierra y a las necesidades y problemas reales de los andaluces, que ya vemos cómo se nos aproxima un futuro menos halagüeño de lo que nos gustaría.Mapa del anillo de trenes de Antequera

Y, sí, yo estaba en esa comisión atónita, ojiplática viendo al consejero y escuchando su respuesta. Sorprendida por la facilidad con que se pueden dar por válidos y con muy poca información disponible contrastada proyectos de una envergadura como la propuesta, y que seguramente se acabarán financiando con dinero de todos, sin detenerse un poco, sin poner algunas reservas. Espero equivocarme, por el bien de todos, pero puede que además de naves vacías en Bobadilla y de las vías abandonadas del AVE, nos encontremos pronto con unos decorativos tubos de tecnología aeroespacial en la vega de Antequera. Y, cuando pasen muchos, muchos años, alguien lo verá tan interesante como los dólmenes de este paraje milenario.

No voy a entrar en muchos detalles sobre las razones que me hacen dudar tanto de la viabilidad de este proyecto. Son aspectos técnicos de fácil comprensión, sobre todo si los explican aquellos que saben. Y en este caso hay quien lo hace muy bien. Los podéis consultar en el blog del ingeniero Luis Rodríguez, en este enlace.

 

Artículo publicado originalmente en Blog Sostenible el pasado 14/09/2018.

La paradoja de Jevons y el futuro de la agricultura andaluza

Asume la Administración andaluza que la especialización del sector primario en nuestra comunidad está muy ligado al recurso agua. Ciertamente es así. Por eso la necesidad de ser rigurosos y revertir la sobreexplotación del recurso, de los acuíferos, manantiales, humedales y ríos. Casi todas las cuencas tienen un exceso de extracciones respecto a los recursos disponibles, pero se han seguido incrementando los regadíos y esto no se puede mantener por más tiempo.

En ninguna región de Europa están usando de forma menos inteligente sus recursos hídricos.  Y es que el problema del agua en España no es un problema de escasez, sino de mala gestión y de falsas promesas. Y la realidad nos dice que estamos exportando agua desde la Europa más seca hacia la más húmeda. ¿Hay despropósito mayor?

Se pone de excusa el cambio climático como causante del deterioro. Pues bien, el diagnóstico de la Consejería de Agricultura andaluza es incorrecto. No es “la presencia creciente del cambio climático” la causante de los déficits hídricos que padecen estructuralmente los cinco sistemas de la Cuencas Mediterráneas Andaluzas, sino una mala gestión y el incumplimiento de las planificaciones hídricas vigentes.

Y sabiendo esto, los partidos que gobiernan, tanto en Andalucía como en el Estado, siguen pidiendo más agua y más infraestructuras hidráulicas, en lugar de mesura en su gestión. Plantean desde el partido que sostiene el Gobierno andaluz seguir ampliando los regadíos ya que se ha incrementado mucho la eficiencia en el uso del agua y por eso hay que dar… ¡Más agua! Esa es la mejor manera de acabar con la sostenibilidad y con el recurso. Y es que la sostenibilidad es un término que desgraciadamente ya se ha desvirtuado como para no remitir a la idea original de mantener los recursos para su uso hoy y en el futuro.

Cabría aplicar la paradoja de Jevons en este tema, que advierte de que, a medida que el perfeccionamiento tecnológico aumenta la eficiencia con la que se usa un recurso, es más probable un aumento del consumo de dicho recurso que una disminución. En este caso ese recurso es el agua y ésta es imprescindible para la vida, luego su buena gestión es básica. La demanda actual ya supera con creces la disponibilidad que se puede cubrir en el presente, así que seguir insistiendo en aumentar regadíos es sencillamente proponer el suicidio de comarcas enteras.

Los recursos renovables no se pueden gestionar como si fueran ilimitados. Una gestión sostenible implica que la actividad sea viable ahora y en el futuro. Y se propone caminar hacia la insostenibilidad.

Del total de agua disponible a nivel global, más del 80 %, se consume en la Agricultura, -y en el caso del Levante almeriense o de los subtropicales en la costa granadina o la Axarquía malagueña llega al 84-87%-. El agua para consumo urbano no llega al 10%, por lo que la panacea que a veces se ha sugerido de usar las aguas regeneradas no vale si la pretensión es aumentar los regadíos. El agua que proviene del tratamiento terciario de las aguas urbanas mejoraría, en todo caso, el suministro de agua a los regadíos que ya hay, pero no da para aumentarlos. Y en la actualidad tenemos más regadíos de los que puede soportar nuestro sistema hídrico. Así que es un verdadero disparate plantear su aumento. Hay que tener claro que el agua regenerada y los avances en las conducciones que mejoren la situación no suponen un gran volumen y no pueden dar lugar a incrementos de superficie de riego sino a asegurar el riego de lo que ya existe. Quizá por ello se haya planteado con mas entusiasmo el uso de agua desalada y la subvención de esta desalación y de la energía necesaria para trasladarla hasta los lugares donde se deba usar. O sea, están planteando subvencionar el uso de agua para la agricultura, mientras se esquilma el agua que debe cubrir las necesidades de las poblaciones, donde, en muchos casos se acaba recurriendo al uso de cubas para garantizarlo. Hay pueblos, en zonas donde se quiere aumentar el regadío, que están en serio riesgo por falta de agua. Y pretenden que se invierta en subvencionar el abusivo consumo que les pone en riesgo.

Se presumía con cierta lógica que el agua de las desaladoras no se emplearía para la agricultura por su alto precio. Sin embargo, las desaladoras españolas han funcionado y proporcionado agua para los cultivos agrícolas en el sureste de España cuando apretaba la sequía del pasado año.

Será un paso importante el que se dé, cuando los responsables de la Administración sean conscientes de que es preciso gestionar la demanda y dejar de aumentar la oferta. Lleva mucho tiempo el Gobierno andaluz haciendo la vista gorda a las extracciones ilegales y promoviendo aumentos de oferta ilusorios, en lugar de gestionar adecuadamente la demanda.

El objetivo de conseguir un sector agrícola sostenible y con futuro se desdibuja al plantear como solución a la escasez subvencionar la desalación y el coste de la energía necesaria para el transporte del agua desalada para dedicarla a seguir incrementando la superficie regada en comarcas con índices de aridez de 0,3 e incluso inferiores.

Un incremento del regadío en zonas con balances hídricos estructuralmente negativos desde hace decenios y que serán aún más negativos en el futuro próximo es un grave error. Supone socializar los costes de producción de una actividad privada e insostenible en una zona donde el abastecimiento urbano actual ya no está asegurado en todas las poblaciones por la apropiación del recurso para uso agrícola, lo que contraviene la normativa aplicable.

El despropósito que denuncio aquí llega al disparate cuando se habla de la “coyunturalidad” de las condiciones climatológicas para poder aplicar la Ley de Sequía de forma permanente. Es decir, que se aplique la misma en condiciones de normalidad.

Haciendo unos cálculos aproximados sobre el coste de desalación y transporte hacia las explotaciones, se pone fácilmente en evidencia que si el coste por m3 sube por encima de 1 € es insostenible económicamente tal consumo de agua desalada. Eso sin entrar en la insostenibilidad ambiental, que también es muy alta. Parece, sin embargo, que el PSOE De Andalucía ha hallado la manera de soslayar esa insostenibilidad: subvencionar la actividad cargándolo sobre las espaldas de todos los andaluces.

No cabe mayor desatino.

Artículo publicado originalmente en Andalucía Información el 01/05/2018.