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El cambio decisivo: el de sistema

El sistema que nos rige hoy, es una máquina universal para arrasar el medio ambiente y para producir perdedores con los que el propio sistema no sabe qué hacer. No vivimos tiempos agradables y es mucho lo perdido y lo que nos queda por perder. En el mundo inventado por el capitalismo ha servido el “divide y vencerás” para disolver la disidencia.

Llevamos tiempo soportando una ofensiva contra la tierra y se ha sustituido el contrato social por la “ley del mercado”. Esto hay que cambiarlo.

Suponer que cualquier cambio, por el mero hecho de que contribuiría a la justicia, a la igualdad y a la paz, solo necesita ser explicado para ser adoptado es una ingenuidad. Triste e irritante. Y es que, siendo las relaciones de poder las que son, es difícil no sentirse estúpida haciendo propuestas de cambio que nos proporcionen una posibilidad porque lo que necesitamos en primer lugar es conseguir poder.

Como manifestó Susan George antes de que alumbrara este siglo: ¡Son tantas las actividades y debates a las que asistimos y en las que participamos con pasión, que acaban con entusiastas proclamas sobre lo que tendría que ocurrir y no ocurre! ¡Tantos esfuerzos bienintencionados que no tienen en cuenta la dimensión crucial del poder y su cinismo! Pero hay un número incontable de personas sobre el terreno haciendo un buen trabajo local necesario, y de muchas formas diferentes.  Ese es el bagaje. Y con ese bagaje planteaba George andar el camino de un cambio de época que nos garantice algo mas que la mera supervivencia. Conociendo al oponente para quitarle el poder.

A tenor de la situación actual, nos puede parecer que, el desarrollo que hoy tenemos, ha acabado siendo un fracaso lamentable, pero ha sido el desarrollo perseguido por el sistema económico global que nos gobierna. Ha sucedido exactamente según lo planeado. Podemos saber lo que se tendría que hacer si los objetivos reales fuesen el reparto justo de la riqueza, poner fin al hambre, atajar el deterioro ambiental… El problema, no es persuadir a quien detenta el poder, de que sus políticas son erróneas, sino obtener el poder para hacerlo nosotras.

Quiero un mundo diferente, aunque no sea perfecto. La cuestión es cómo encontrar formas para detener a un capitalismo transnacional que no puede detenerse por sí solo. Con las empresas transnacionales y los flujos financieros sin inhibiciones hemos alcanzado una fase maligna que va a seguir devorando y eliminando “recursos humanos y naturales” aún a sabiendas de que debilita la base que lo sostiene y de la que depende. Por eso, hay que cambiar las reglas. Y se cambian consiguiendo el poder.

No hay un programa perfecto. Nadie lo tiene jamás. Es difícil inventar soluciones no violentas, pero hay que derribar la tiranía transnacional antes del desastre total. El sistema fomenta la separación, la división, la competencia. La estrategia debe pasar por la unión y la cooperación política. Establecer alianzas con todos los sectores sociales que pierden en esta economía. Trascendiendo generaciones, sectores, fronteras… ponerse de acuerdo en lo fundamental. No hace falta estar de acuerdo en todo para trabajar juntas sobre algo. Sólo son intolerables los grandes depredadores y contaminadores. La tarea de todas las tareas es volver a tejer el tejido social que el neoliberalismo ha desgarrado.

Nos juntamos a protestar cuando se vierten residuos tóxicos en nuestro pueblo, cuando se destroza el territorio con infraestructuras innecesarias, cuando se contamina la fuente de la que bebe la comunidad… Al atacar la sostenibilidad necesaria de lo cercano, nos vemos impulsadas a protestar para frenarlo. Pero no bastarán las protestas y los cambios en la escala local. El estado debe estar en medio frenando la voracidad transnacional. Reforzar la democracia local y nacional y crear economías disidentes paralelas es fundamental. Lo mas difícil es crear una globalización alternativa. Reconstruir la economía global de abajo arriba sobre sociedades saludables y equitativas. Utópico hasta que lo consigamos.

Hay millones de empleos en la “economía social” o tercer sector, entre el sector público y el privado; que los gobiernos no ven porque existen, sobre todo, en forma de necesidades insatisfechas.

Sabemos que la naturaleza es el mayor obstáculo para el futuro del sistema de “libre mercado” porque a escala global la presión es extrema. Una presión sobre los límites de la biosfera que amenaza el futuro tras haber sobrepasado algunos umbrales naturales. Caminamos en la cuerda floja. Y ello porque vivimos hoy en un mundo trágicamente mal gestionado. Porque ha resultado que el modelo de libre mercado es antieconómico.

Hay unas cuantas recetas planteadas por economistas heterodoxos, investigadores, pensadores, activistas, que contribuyen a enriquecer el debate sobre el modo en que tomar las riendas y generar la transformación, implicando en el debate a toda la sociedad. Hay que abordar un plan global de acción.

A modo de ejemplo, una medida imprescindible sobre la que plantear debate tiene que ver con repensar el reparto del trabajo remunerado, la jornada laboral, la redistribución de la riqueza, y la renta básica. La economía capitalista ha construido formas de reproducir el capital en las que el trabajo humano es cada vez más prescindible. La extracción de cantidades ingentes de materias primas de territorios colonizados y la generación de cantidades ingentes de residuos se logra con ingentes cantidades de energía y no tanto “trabajo humano”. Ante un menor requerimiento de tiempo de trabajo humano global, se impone una reducción fuerte del tiempo de trabajo, que permita reducir la producción total (menos presión a la naturaleza) y un mayor y mejor reparto del trabajo entre toda la población activa, esta es una cuestión fundamental. Al menos mientras estemos abusando de una energía que sabemos menguante. Cuando no dispongamos de tanta energía y su TRE sea escasa volveremos a precisar manos y brazos humanos.

Estamos viendo, sin embargo, la reticencia de nuestro gobierno, que mantiene un difícil equilibrio y no se decide a aprobar en las actuales circunstancias, una renta social extraordinaria. Al ingreso mínimo vital comprometido en el acuerdo de coalición le queda, me temo, bastante discusión por delante para salir adelante.

Hay que someter a los gobiernos, tal y como hace el poder económico, a una presión que los obligue a hacer frente a los desajustes generados por esta economía disfuncional. Somos, ante todo, personas y ciudadanas, no engranajes de un sistema productivo, ni consumidores, ni súbditos. Pero hay que arrancar el poder de las manos del Mercado.

Artículo publicado en Ecologismo de Emergencia (Blog de Público.es) el 15 de abril 2020

El descontrol como herramienta de gestión: desregulación exprés para Andalucía

Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía. La protección en caída libre.

Carmen Molina Cañadas

 

La publicación del Decreto-Ley aprobado por el gobierno andaluz es un retroceso indiscutible por mucha verborrea que se quiera usar en su defensa. Anula alegremente las ya reducidas, a lo largo de los últimos años, garantías ambientales de las normas andaluzas, relajando toda la regulación desarrollada desde que nuestra comunidad se hizo cargo de las competencias transferidas. Y por supuesto, supone un atentado a la participación pública, ya bastante limitada. Esta es la autopista por la que quiere circular el ultraliberalismo: decretos desregulatorios como el aprobado por el gobierno andaluz.

En la exposición de motivos del decreto, como era esperable en este “ideal económico-ideológico” al que nos tienen acostumbradas, se plantea como fundamento de esta decisión la previsión de una mayor desaceleración del crecimiento económico. Un crecimiento que es paradigma incuestionado a pesar de contradecir la lógica más elemental. Se afirma: “La consecuencia más inmediata de la crisis, además de una reducción en el crecimiento económico, sería, sin duda alguna, una menor creación de empleo.” Esta es otra de las constantes en el modelo neoliberal imperante del que el gobierno andaluz es fiel representante. Apela a que la desregulación de numerosas actividades económicas, sirve al bien superior de la creación de empleo, y así se justifica toda actuación dirigida a su consecución, aunque no se garanticen, por supuesto, retribuciones decentes ni condiciones dignas.

El decreto, en definitiva, es resultado de” haber identificado las barreras a la actividad contempladas en los articulados de numerosas normas que componen el cuerpo legislativo andaluz”. Es pues la intención del gobierno andaluz modificar las regulaciones en todas las áreas en que tiene transferidas competencias, y esa modificación va en la línea de “aligerar” los requisitos que se deben cumplir para conseguir permisos en cualquier actividad: agricultura, pesca, energía, en materia de aguas que discurran íntegramente por la autonomía, en la sanidad, urbanismo, ordenación del territorio, medio ambiente, actividad comercial, artesana, protección del patrimonio histórico, servicio público de comunicación audiovisual de ámbito local, turismo… Y apela al uso de la figura de Decreto –Ley por una supuesta urgencia por coyuntura económica problemática.

Afirma el documento que hay exceso de regulación y costes para las empresas, así como barreras a la libre competencia. Como si lo determinante para garantizar la libre competencia sean los días transcurridos hasta obtener los permisos de construcción, o los permisos para cualquier otra actividad, para lo que la solución arbitrada son los trámites simplificados, y no una gestión eficiente de los procedimientos con más personal, si es necesario.

“…perder solo el 10% del consumo de los turistas extranjeros podría reducir el crecimiento del PIB en cuatro décimas porcentuales.” “…Es principalmente esta razón la que justificaría la necesidad urgente de actuar por parte de los responsables políticos, al objeto de atajar esta más que probable situación, y que podemos definir como excepcional y de gravedad.” Así reza la redacción del decreto.

Y para evitar todos los inconvenientes que eso supondría para el sector turístico, que es uno de los motores de la economía andaluza, se adapta la norma, flexibilizándola pues la promoción del turismo, según se afirma, exige que la Administración autonómica ofrezca un marco lo menos restrictivo posible. Se han puesto en evidencia algunas cosas, como el hecho de hacer descansar nuestra economía demasiado en un sector que ha acabado teniendo estructuras sobredimensionadas para atender a muchos millones de extranjeros. Y a pesar de ello, lo que plantea el decreto es más de lo mismo. Seguir favoreciendo una gentrificación que desestructura nuestras ciudades por mor del turismo y la masificación. Así, por ejemplo, el desalojo del pequeño comercio es en beneficio de grandes cadenas, que expulsan y provocan el cierre de los pequeños negocios provocando desorganización de las comunidades vecinales y del entramado de relaciones que sostiene y configura un espacio urbano habitable. Así que no sólo se ha generado y favorecido un problema de vivienda, sino que ahora con este decreto, se facilita cualquier tramitación que lo acelere. Se facilita también la declaración de zonas de gran afluencia turística y además con carácter indefinido, a efectos de horarios comerciales. Se puede así certificar la muerte de la ciudad ya transmutada en un parque de ocio para visitantes itinerantes cada vez más artificioso. Sin contemplar lo que eso nos deparará en el futuro, simplemente se ahonda en recetas que ya han menoscabado la riqueza natural y humana de Andalucía.

La gentrificación es un ejemplo más del resultado injusto de aplicar los dictados de la economía capitalista globalizada a la ciudad y sus habitantes. Obedece a intereses ajenos a la comunidad residente, con efectos devastadores para las dinámicas urbanas. La premisa de partida es lograr el “máximo beneficio”, especulando con la vivienda, con el entramado urbano, con el suelo, con la ordenación del territorio…. Y el gobierno andaluz le da carta de naturaleza. No se puede confundir el proceso especulador con procesos de renovación urbana en los centros para sanear la ciudad; aunque suele generarse tras esta renovación auspiciada desde lo público, el proceso gentrificador en que ahora se profundiza. Sus resultados son, primero, la vivienda-mercancía y luego la ciudad-mercancía. Su fin es la explotación turística para extraer grandes plusvalías a través de la puesta en valor del entorno arquitectónico y patrimonial de la ciudad a costa de expulsar y limitar, de facto, los derechos de los ciudadanos.

Las grandes plusvalías que produce son el principal motor del proceso que suele seguir una dinámica establecida: primero se da una etapa de descapitalización y desvalorización de la zona, que permite grandes diferencias entre el valor del suelo del sector degradado y el valor potencial que por su ubicación podría tener. Una vez iniciado el proceso, el efecto de contagio se encarga de expandirlo. La rehabilitación o reconstrucción adecúa las viviendas a un estándar elevado de vida. Las viviendas son demolidas casi o en su totalidad, pero estructuralmente todavía conservan su “encanto”, falseando el patrimonio o apoyándose en el paisaje del conjunto. Que el gentrificador compre la vivienda o la alquile no supone ninguna diferencia para el proceso.

Otra de las perlas del decreto es que propone “dinamizar” la privatización del patrimonio agrario público de la Junta de Andalucía.

Se elimina la obligación de someter los planes Especiales y Proyectos de Actuación en Suelo No Urbanizable a Evaluación Ambiental Estratégica. Facilitando así la implantación de infraestructuras, canteras y minas tras un mero informe, que presumo con poco rigor.

Respecto a la Ley andaluza de Cambio Climático aprobada antes de finalizar la anterior legislatura y que ya de partida era bastante laxa, quedará inane con este decreto.

En la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) se reducen plazos en la tramitación de planes urbanísticos y se disminuyen las exigencias, con lo que se aprobarán proyectos sin las debidas garantías.

Y así con el resto de normativa andaluza. Bajo el pretexto de agilizar plazos se eliminan de un plumazo las garantías que deberíamos esperar de nuestras leyes. Y, en definitiva, lo que este decreto valida es el traslado de estas grandes plusvalías hacia sectores privativos que se enriquecerán sobre una base especulativa y no generará valor para el desarrollo de la ciudadanía de esta tierra. Todo ello eliminando los controles regulatorios y reduciendo el papel de la administración pública en la defensa y protección de la naturaleza y de los derechos sociales.

Artículo publicado el 6 de abril de 2020 en Contrainformación.es

¿POR QUÉ SOSTENER EL CAPITALISMO ULTRALIBERAL EN UN MUNDO AGOTADO?

La Tierra es un sistema autorregulado que comprende todas las formas de vida, el aire, el océano y las rocas de la corteza. Regula su clima y su química. Pero estamos asistiendo a un proceso de desregulación del mismo provocado por la especie humana. Hemos dopado el sistema por un uso inmoderado de energía fósil, generando un sobrecalentamiento que provocará cambios sistémicos dirigidos hacia un nuevo equilibrio. Y no sabemos bien con qué consecuencias.

Esta complejidad autorregulada, se manifiesta, por ejemplo, con un nivel de salinidad oceánica inestable que se corrige continuamente, porque interactúa profundamente con los seres vivos y los entornos que la determinan. O, expresado de otra forma, la vida deja huellas químicas, reutiliza sus productos, tiene ámbito global y se automantiene mientras las condiciones lo permitan.

Esta complejidad se ve profundamente alterada por el sistema económico vigente. Así, resulta que la naturaleza es el mayor obstáculo para el futuro del sistema de “libre mercado” y estamos viendo que, a medida que CRECE la actividad económica, la escala global de esa actividad está ejerciendo una presión extrema sobre los límites de la biosfera y amenaza nuestro futuro tras haber sobrepasado algunos umbrales naturales. Caminamos en la cuerda floja. Y ello porque vivimos hoy en un mundo trágicamente mal gestionado.

Vivimos hoy una realidad que nos muestra que el crecimiento en que basamos este modelo de “libre mercado” es antieconómico, y es que, los aumentos de producción se efectúan a expensas de recursos y bienestar que tienen un valor superior al de los elementos producidos. Hemos llegado al punto en que habrá que reconocer que el crecimiento, ese concepto totémico para gobiernos y economistas es el gran error neoliberal que nos acerca al precipicio.

Ahora habrá que buscar alternativas reales y criterios que nos orienten sobre futuros posibles que nos permitan, no solo sobrevivir, sino hacerlo con cierta prosperidad y en condiciones benignas.

Hay economistas heterodoxos trabajando distintas propuestas. Herman Daly (economista ecológico estadounidense) propone alcanzar un estado estacionario, asumiendo que la economía es un subsistema dentro de otro mas amplio, la ecosfera, que es finita, no se expande y esta materialmente cerrada. Y distingue entre crecimiento y desarrollo. El crecimiento es un concepto físico, cuando algo crece se hace mas grande. El desarrollo es un concepto cualitativo, algo mejora. Y el planeta Tierra en su conjunto no está creciendo, pero está evolucionando, ya sea de manera positiva o negativa. El progreso debe ir por el camino de la mejora, no del aumento. Pero tiene que darse una nivelación en que la población y la riqueza dejen de crecer, mientras el arte de vivir continúe mejorando.

André Gorz (filósofo y periodista y uno de los principales teóricos de la ecología política) plantea determinadas cuestiones que deben necesariamente desmercantilizarse.

Troy Vettese (investigador sobre la historia de las arenas bituminosas de Canadá) habla de la necesidad de reducir el consumo de energía y de su preocupación (que es la de muchas) por la actual hemorragia de especies de flora y fauna que se está produciendo a un ritmo entre mil y diez mil veces superior al normal; una velocidad solo comparable a la última gran extinción, siendo la principal causa de la extinción, la pérdida de hábitats. Por ello plantea actuar sobre tres objetivos fundamentales, geoingeniería natural, biodiversidad y sistemas de energías renovables.

(Robert Pollin (profesor, escritor y economista estadounidense) opina que se necesita un new deal verde en el que es imperativo que crezcan masivamente algunas categorías de actividad económica, las asociadas con la producción y distribución de energía limpia. Por supuesto para que se reduzca drásticamente y sin demora el consumo de petróleo, carbón y gas natural, que genera el 70% de las emisiones responsables del cambio climático. Entendiendo que construir una economía verde supone mas actividades intensivas en trabajo que mantener la actual infraestructura energética mundial basada en los combustibles fósiles. Es decir, lograr una transición justa creando empleo, ya que se crearía mucho mas empleo que si se mantuviese las infraestructuras de combustibles fósiles. Aunque no se garantizasen retribuciones decentes a los trabajadores.

Hay otros pensadores e investigadores que contribuyen a enriquecer el debate. Lo hizo Lynn Margulis, ofreciéndonos una lección sobre las ventajas y beneficio mutuo que se consiguen con la cooperación, mas que con la competencia, y que podemos aplicar a nuestras sociedades. Lo hizo Susan George, explicándonos magistralmente las amenazas de los mecanismos perversos del capitalismo ultraliberal…

Hay aportaciones significativas y propuestas a incluir en programas de futuro; que pueden ser mas o menos viables; mas o menos deseables. Pero lo que está claro es que no podemos salir de esta crisis aplicando las mismas recetas que se venían aplicando hasta ahora. Hay que diseñar y probar estrategias que nos permitan superar la ruina a que nos lleva el sistema capitalista. Eso sí es una evidencia.

Es triste que no nos tomemos las cosas en serio hasta que empeoran mucho y sea una gran convulsión ecológica la que nos convenza de que el actual paradigma económico es insostenible. Ya hemos asumido muchos costes y hay que poner en marcha acciones alternativas, dirigir nuestros esfuerzos en su búsqueda. Y sorprende y preocupa que no se de una reflexión y debate en profundidad sobre el futuro a construir, implicando en el debate a toda la sociedad. Porque del necesario debate deben salir propuestas de tránsito que nos ayuden a limitar el deterioro general ecológico, social y económico. Hay que abordar un plan global de acción.

Una medida imprescindible tiene que ver con repensar el reparto del trabajo remunerado, la jornada laboral, la redistribución de la riqueza, y la renta básica. La economía capitalista ha construido formas de reproducir el capital en las que el trabajo humano es cada vez más prescindible. La extracción de cantidades ingentes de materias primas de territorios colonizados y la generación de cantidades ingentes de residuos se logra con ingentes cantidades de energía y menos “trabajo humano”. Ante un menor requerimiento de tiempo de trabajo humano global, se impone una reducción fuerte del tiempo de trabajo, que permita reducir la producción total (menos presión a la naturaleza) y un mayor y mejor reparto del trabajo entre toda la población activa, esta es una cuestión fundamental. Lo estamos viendo en la crisis que nos tiene encerradas en casa. Y en las medidas que nuestro gobierno está poniendo en marcha para paliarlo. Y en los grandes aumentos de desempleo que se están produciendo.

La actual crisis debe impulsar a los gobiernos a hacer frente a los desajustes generados por esta economía disfuncional que trata a la naturaleza, en términos de mercado, como “capital natural” explotable. Y esta es la oportunidad que nos ofrece esta crisis. No la dejemos pasar.

Artículo publicado el 6 de abril de 2020 en Contrainformación.es

Los compromisos de la COP25 y cómo escalar iniciativas exitosas de pequeñas comunidades

¿Qué significa pedir o exigir que se asuman compromisos de máximos en esta COP después de otras 24 en las que no se ha avanzado? No se han conseguido, en las sucesivas COP celebradas desde 1992, ni los compromisos necesarios ni la ejecución de los mismos, cuando si parecía haber voluntad de asumirlos.

Quedarse en mínimos o no llegar a lo comprometido ¿qué implica? ¿Hay algo o alguien que gane si no se alcanzan los objetivos fijados? ¿Quién pierde mas?

Los datos del IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático) han sido concluyentes y contundentes respecto a lo que está sucediendo con el clima global, en cada nuevo informe que han avanzado. En el último no han podido ser mas claros: No se puede prolongar mas la inacción.

Los fenómenos atmosféricos extremos se correlacionan con la temperatura de la superficie del mar en los océanos, que han capturado el 90% del calor adicional producido en los últimos 50 años. La obligación de reducir los efectos de ese calentamiento y sus consecuencias no se pueden seguir derivando a la siguiente cumbre. Abordar medidas para la mitigación y para la adaptación implica dar la espalda de una vez al modelo capitalista, al sistema económico neoliberal que no ha contemplado nunca lo que debiera ser la base de cualquier sistema económico: satisfacer las necesidades de la sociedad a través de intercambios de lo que cada cual produce/consume; y mantener niveles de bienestar que permitan una sociedad sana y próspera. Hoy esa sociedad es una comunidad global en un planeta que se ha quedado pequeño y del que no tenemos repuesto.

Como no tenemos repuesto, lo único que nos queda es sanear este planeta para que siga permitiendo nuestra permanencia en él. Eso supone la reducción de las concentraciones de gases de efecto invernadero, preferiblemente mediante la reducción de sus fuentes.

Seamos conscientes de lo que nos jugamos ahora mismo. No son solo las generaciones venideras, esas que representa Greta Thunberg, las que se juegan su futuro. Ese futuro es presente. El haber querido verlo con cierta lejanía en el tiempo nos ha hecho permanecer en un egoísta: “el que venga detrás que arree”. Pero no. Lo estamos viendo en directo. Y en países como España, el éxito del Acuerdo de Paris supondría, en cualquier caso, un aumento en torno a los 4ºC, con terribles consecuencias, ya anticipadas científicamente, para el sector agrícola y las poblaciones costeras, por la subida del nivel del mar. Lo estamos viendo y no podemos admitir que los responsables políticos e institucionales sigan jugando a un green washing adormecedor de conciencias.

Hemos conocido el dato, ofrecido por Oxfam de que los refugiados por causas climáticas son más de 20 millones/año. Personas desplazadas por desastres provocados por una economía que ataca las bases sobre las que se asienta. Muchos quieren seguir pensando que son fenómenos naturales, pero en muchos de esos focos de emigración, por ejemplo, en África, sus habitantes llevaban siglos viviendo en durísimas condiciones climatológicas y sabían afrontarlo. Los desplazamientos actuales, en muchos casos tienen que ver con las políticas de los gobiernos, favorecedoras de la apropiación por parte de grandes multinacionales de los recursos mundiales. Acaparan tierras, pero, más dramático aún, acaparan agua en muchos lugares donde ya de por sí escaseaban, obligando a sus moradores a desplazarse.

El cambio de paradigma necesario requiere actuar en distintos frentes:

Movilidad global, ordenación del territorio, sobre todo en los crecimientos urbanísticos desproporcionados que generan mayor necesidad de desplazamientos y fragmentan los espacios naturales que podrían amortiguar; Gestión hídrica y cierre del ciclo natural del agua. Recuperación de sistemas de protección naturales en el litoral, que eviten las consecuencias de tener buena parte de la costa encementada; mantenimiento de zonas forestales en condiciones óptimas que eviten o minimicen los incendios forestales que cada vez afectan con más intensidad y a mayores extensiones; reducir la demanda de bienes y servicios que producen altas emisiones, incrementando la eficiencia en los sistemas de producción. Un cambio a métodos más limpios de movilidad y reducir esta… En definitiva, mucho que mejorar y, por supuesto, dejar de recurrir a un green washing descarado como el que estamos viendo estos días en la Cumbre.

No parece que haya nadie a los mandos globales, que reconozca el reto en toda su dimensión, y es que las estructuras económicas y de funcionamiento de nuestra sociedad se tambalean. El agotamiento y deterioro de recursos fundamentales, básicos para el desarrollo y bienestar humano, y no solo humano, como el agua dulce, los recursos genéticos, los bosques, la pesca, las tierras fértiles, los arrecifes de coral… Todo el patrimonio natural en todos los ámbitos: local, regional y global está amenazado.

Las prácticas agroindustriales, están amenazando con la pérdida de gran parte de las tierras fértiles mas productivas. La desertificación de muchas tierras cultivables seguirá generando desplazamientos masivos. Desplazamientos también, por el aumento del nivel del mar, con consecuencias para toda la población mundial que vive en las costas, que es la mayoría.

El transporte de larga distancia, el sistema agro-alimentario global, los sistemas urbanos y suburbanos actuales, así como muchos productos de nuestro modo de vida -coches, plásticos, productos químicos, pesticidas…- se sostienen asumiendo sin cuestionamiento, un creciente suministro de energía barata y materiales.

Pero, sin equidad y sin aceptar que somos interdependientes, no va a haber solución justa y tampoco pacífica, posible. Espero que seamos capaces de asumir sistemas de organización económica cada vez más locales, que reconozcan y respeten los límites que impone la naturaleza y que asumamos también, los que todavía disfrutamos de situaciones acomodadas en el Norte global, que tenemos margen para ser algo más pobres y vivir bien. Y es que, el modelo económico neoliberal globalizado sólo es viable para la minoría más rica que acumula la mayor parte de la riqueza mundial que previamente ha expropiado al resto.

El hecho es que vamos a una situación en la que dependeremos de energías renovables que, aunque más intensivas en empleo, tienen tasas de retorno energético menores. Esto conllevará, inevitablemente, cambios significativos en nuestros modos de vida. Pero no necesariamente serán negativos, si somos capaces de transitar, también socialmente de forma mayoritaria, hacia modos de vida más centrados en el ámbito comunitario, local y regional. Modos de vida más sostenibles desde el punto de vista ambiental y que pueden ser más gratificantes desde el punto de vista social y comunitario. Sistemas de gobernanza locales deben ser los que sustituyan al sistema actual. Producción local para consumo local, haciendo uso de la fuerza de trabajo y de materiales locales, en el marco de modelos ecológicos y democráticos. Las economías locales que así funcionan dependen menos del transporte y suministros desde lugares lejanos. Por ello tienen menor impacto. Es decir, re-territorializar la actividad económica es una necesidad.

Muchas personas en todo el planeta ya están intentando activamente, llevar a cabo prácticas económicas alternativas en el ámbito local, comunitario y regional, tanto en contextos rurales como urbanos. Son acciones personales, de pequeños colectivos e iniciativas comunitarias que es necesario escalar.

Esta Cumbre del Clima debe conseguir hacer efectivo el compromiso de tomar esa dirección y hacerlo “a velocidad de crucero”.

Publicado el 5 de diciembre de 2019 en el Blog de público.es, Ecologismo de Emergencia

“SOBERANÍAS, ENCAJE TERRITORIAL Y PROCESO CONSTITUYENTE”

Tenemos, en muchos sentidos, necesidad de abrir un “proceso constituyente”.  Es decir: reflexionar y esbozar un proyecto de convivencia de futuro, casi presente, y lo necesitamos imperiosamente. En ese “necesario” proyecto me gustaría que todas pudiésemos hablar de España y de Europa, como algo nuestro. Desde lo emocional. Desde el sentimiento. Sólo si sentimos como nuestro el territorio que pisamos, no por poseerlo, sino porque nos acoge, tendremos un proyecto que valga la pena y que consideremos nuestro. Ese proyecto debe estar ligado al territorio, pero no entendido éste como superficie y divisorias sino como continente del paisaje y de las personas que lo habitan. Paisaje que, mientras perdura, es testimonio de pasado y esperanza de futuro, y que debemos cuidar. Por otro lado, las/os ciudadanas/os somos sujetos titulares de derechos políticos a la vez que, como tales sujetos, estamos sometidos a las leyes autonómicas, estatales y de instituciones supraestatales como la Unión Europea, además de otros marcos normativos globales como los tratados de libre comercio, limitadores de soberanía, sin duda. Porque la soberanía tiene distintas escalas.

Prefiero usar el término soberanía ciudadana en lugar de soberanía popular para evitar las connotaciones que tiene el concepto pueblo en el contexto que estamos viviendo.

La Soberanía ciudadana está menos delegada y es asequible cuando los derechos y los deberes se concretan en un espacio próximo o local. Es más fácil ejercer nuestra soberanía y sentir como nuestro lo que conocemos en primera persona, lo que nos afecta y lo que afecta a nuestros prójimos y vecinas. Por eso, el municipalismo es una herramienta esencial y ese Contrato Constituyente del que hablo, debe incluirlo y protegerlo. Es imperativo potenciar y hacer efectiva la soberanía a nivel municipal, asegurando la representación y la participación de los vecinos (munícipes) para evitar lo que se padece en la mayoría de ciudades grandes o pequeñas, donde se limita la aplicación de políticas sociales reclamadas, no teniendo en cuenta la opinión vecinal. Así que la Constitución que propongamos debe potenciar las herramientas de participación y corresponsabilidad vecinales.

El debate general sobre el encaje territorial actual, se completa considerando la Soberanía. Una parte significativa de los ciudadanos catalanes reclama independencia, porque quieren ser soberanos y no depender de autoridades superiores, especialmente del Estado Español, aunque curiosamente, si manifiestan aceptación del marco normativo europeo que, objetivamente, en la actualidad, controla muchos aspectos, especialmente de índole económica, que les limita su plena Soberanía. Todos los Estados de la UE, en mayor o menor grado y a pesar de que la soberanía que prima todavía es la soberanía nacional, han cedido una parte de ella a esta Institución que, lamentablemente, todavía carece de un parlamento que haya alcanzado la mayoría de edad. Recordad que como europeos no tenemos aún una constitución.

No somos ni parcialmente soberanos, a pesar de contar con instituciones de gobierno autonómicas y una administración descentralizada. Desde un punto de vista económico nos ha tocado jugar el papel en que, el dinero que generamos es el resultado de vender y estropear los recursos de los que disponemos, hipotecando nuestro futuro y el de nuestras/os hijas/os. En este sentido está justificado decir que somos una tierra sin soberanía y que en el contexto socioeconómico global nuestra situación territorial es la de colonia del siglo XXI (colonizadas por el poder financiero, así, en abstracto). Y asumo que los ciudadanos, somos poco conscientes de ello. No se trata de un “España nos roba”, ni de pelearnos por balanzas fiscales desiguales, tampoco de si somos una nación o no, se trata de que el Contrato Constituyente que hagamos, defina los mecanismos y formas de gobierno territoriales que permitan y aseguren a la ciudadanía unos mínimos para disfrutar de vida digna en libertad y ejerciendo la solidaridad. Asegurar el disfrute efectivo de derechos como la educación, la sanidad, el techo, acceso a la energía, al agua y a alimentación sana, el cuidado de los mayores y los refugiados entre otros. Esto significa concretar en el marco constituyente otras soberanías más específicas, como la alimentaria o la energética. Algunos de estos derechos se pueden concretar desde el ámbito municipal, pero otros encuentran mejor encaje en estructuras de gestión de nivel autonómico, federal o confederal, según sea la forma que resulte del proceso constituyente. Más importante que la forma final que se proponga de encaje territorial, es asegurar los derechos y el bienestar de las personas allí donde vivan, es decir facilitar que sean soberanas.

De nuestro propio pasado reciente y el de estados como Portugal y, especialmente, Grecia ha quedado claro que, en una Europa sin constitución y con un parlamento limitado, la soberanía ha estado en manos del poder económico y que los Estados se han plegado a él, supeditando los derechos de la ciudadanía a dar «prioridad absoluta» al pago de la deuda, algo que lamentablemente se incluyó en la constitución vigente, sin preguntar a los depositarios directos de la soberanía que somos los ciudadanos.

Así que en los binomios Soberanía Ciudadana/Soberanía Económica y Soberanía Nacional/Soberanía Económica la balanza está, sin duda, del lado de la Soberanía Económica que ejerce con mano de hierro el poder económico de las élites mundiales y no los ciudadanos.  La globalización ha potenciado aún más este hecho y los tratados internacionales de comercio lo están normalizando. Hay un Gobierno Global Soberano sin rostro, nada representativo, que ostenta cada vez más poder y resta soberanía.  El hecho de que la riqueza a nivel mundial se acumule cada vez en menos manos es la manifestación clara de este hecho.

Y lo que estamos viviendo es que tanto la UE, como el Reino de España, están más a favor de que todo siga igual que de plantar cara a esta situación profundamente injusta. Hay pues que levantar un muro de contención que frene y dé respuesta a esta globalización económica injusta. Globalización que permite intercambios financieros y comerciales sin límites de fronteras, pero que impide los movimientos de las personas y deja que se mueran los pobres y los que huyen de situaciones dramáticas, conflictos bélicos, gobiernos injustos o escasez de recursos básicos.

Hay que romper el paradigma de que el crecimiento económico permanente sea condición necesaria e incuestionable para el gobierno y la economía. No se puede crecer ilimitadamente en un planeta finito del que ya hemos extraído y consumido bienes, que nunca más volverán a estar disponibles. No podemos seguir extrayendo soberanamente recursos finitos para impulsar la economía asumiendo que es la única manera de generar empleo. La Economía debe estar supeditada a los derechos de los ciudadanos que viven hoy, a los que están por llegar y a los límites planetarios.

No estaría de más que nuestra nueva constitución (la que propongo que se debata) y los tratados europeos que vengan, incluyeran algunos aspectos que facilitaran una transición ordenada hacia un modelo de economía estacionaria donde impere sobre todo el bien común.

En conclusión, hay que recuperar la soberanía económica para los ciudadanos. Supeditando la economía a dar respuesta a la crisis social y ambiental que enfrentamos. ¿Cómo? Incluyendo en el nuevo marco constituyente, que no se antepongan los intereses comerciales y financieros a los derechos de las personas. Un Anti 135, dicho sin rodeos. Para conseguir objetivos de este tipo se requiere que el marco constituyente también se dé a nivel europeo, no solo estatal. Al menos, un nuevo tratado que complete el poder del parlamento, y con un núcleo de países que realmente crean en esa Europa con identidad ciudadana y no sólo de los mercados.

Resumiendo, planteo un marco constituyente que potencie la soberanía a distintos niveles, desde lo más local hasta lo europeo, acercándola lo más posible a las personas. Un marco enfocado al aseguramiento de los derechos de todos los ciudadanos/as y la preservación de los recursos naturales de los que dependemos, por encima de los intereses comerciales y financieros. Es decir, blindar los derechos y potenciar las Soberanías Alimentaria y Energética.

Prefiero que sea una constitución de los ciudadanos españoles a una constitución del pueblo español y evitar, en alguna medida, el componente identitario, que supone para algunos el uso de la palabra pueblo y el choque de soberanías que puede suponer. Sería más un marco de gestión, que un marco identitario con componente territorial, que también existe y al que hay que dar respuesta.

Este componente identitario-territorial y los derechos que implica deben ser reconocidos y explicitados, incluyendo un desarrollo que permita la expresión en libertad de los intereses identitarios por parte de la ciudadanía que viva en cada territorio, pero no debe ser el principal objetivo del nuevo marco constituyente. Aunque sea un problema muy importante a resolver.

Lo relevante será generar un proceso constituyente que permita construir una realidad que trascienda el actual marco socio-económico neoliberal, depredador de recursos que es insostenible ambientalmente y está en la base de la injusticia e inequidad que padecemos y que no para de crecer. Este marco también debiera definir la Europa que deseamos, una Europa por y para las/os ciudadanas/os.

La presente crisis europea con el Brexit, las demandas independentistas de Escocia, Cataluña y norte de Italia, así como las tensiones que generan los países del Este de la UE debe ser la oportunidad para poder decidir si queremos seguir construyendo una Europa de las personas, o vamos a dejar que sea la Europa de los bancos y de los mercados.

 

Este artículo se ha publicado el 20 de noviembre de 2019 en Contrainformación.es

De la crisis ambiental a la oportunidad social

Estamos necesitando un cambio de sistema para lograr economías ecológicamente sostenibles y que se acompañen de equidad, suficiencia y paz. Justo lo contrario de lo que está sucediendo ahora. El recorrido y comportamiento de nuestras sociedades y la economía de mercado que las acompaña son profundamente inadecuados para alcanzar un futuro compatible con que la mayoría disfrutemos vidas dignas.

Ya estamos padeciendo un colapso social que acompaña al ecológico. Y hay quién insiste en que, de la grave crisis surgen grandes oportunidades, aunque no parece que haya nadie a los mandos globales, que reconozca el reto en toda su dimensión y decida la manera abordar la crisis para aprovechar esas oportunidades.

La era de la energía barata está llegando a su fin (esas grandes dosis de combustibles fósiles con los que nos hemos dopado y aún seguimos dopándonos), lo que generará cambios dramáticos en el funcionamiento de nuestras sociedades. Las estructuras económicas y de funcionamiento de nuestra sociedad se tambalean. Además, este declive viene acompañado del agotamiento o deterioro de recursos fundamentales, básicos para el desarrollo y bienestar humano, y no solo humano, como el agua dulce, los recursos genéticos, los bosques, la pesca, las tierras fértiles, los arrecifes de coral… Todo el patrimonio natural en todos los ámbitos: local, regional y global está amenazado.

El caos climático, el calentamiento global, y las prácticas agroindustriales, están amenazando con la pérdida de gran parte de las tierras fértiles mas productivas. El aumento del nivel del mar continúa, con consecuencias para toda la población mundial que vive en las costas, que es la mayoría. La desertificación de muchas tierras cultivables genera ya, y seguirá haciéndolo, desplazamientos masivos. Son situaciones que llevan tiempo afectando a los pueblos y naciones más empobrecidas del sur global. La agricultura de Siria es un ejemplo.

El transporte de larga distancia, el sistema agro-alimentario global, los sistemas urbanos y suburbanos actuales, así como muchos productos de nuestro modo de vida -coches, plásticos, productos químicos, pesticidas…- se sostienen asumiendo sin cuestionamiento, un creciente suministro de energía barata y materiales. Ya estamos sufriendo conflictos bélicos sangrientos como consecuencia de problemas geopolíticos que tienen que ver con la disponibilidad decreciente de combustibles, agua dulce, suelo fértil o minerales esenciales para mantener la industria tecnológica y agraria.

En las próximas décadas el crecimiento de la población en el sistema socioeconómico imperante supondrá, si nada lo remedia antes, como las distintas movilizaciones por el clima, el acaparamiento de un 20% de los hábitats naturales que quedan.

Es un panorama alarmante pero probable, si no abordamos políticas diferentes de forma urgente. Nada es necesariamente inevitable si tomamos acciones a favor de profundas transformaciones que limiten las consecuencias más siniestras de este capitalismo tardío y descarnado que se nos está imponiendo.

La capacidad de carga del planeta, (sobrepasada por la demografía humana), y el abuso de los recursos globales son límites que no acabamos de admitir de forma generalizada socialmente. Como parece que tampoco asumimos que, sin equidad y sin aceptar que somos interdependientes, no va a haber solución justa y, puede que tampoco pacífica, posible. Nos estamos adentrando en escenarios socio-ambientales bastante impredecibles y muy preocupantes.

Hay una evidencia a la que no se le hace caso: vamos con mucha probabilidad hacia una situación que conduce a la contracción de la producción y el consumo. Lo deseable sería conseguir hacerlo de forma medianamente ordenada, organizada y distributiva. De momento no hay visos de que vaya a ser así. De de que seamos capaces de asumir sistemas de organización económica cada vez más locales, que reconozcan y respeten los límites que impone la naturaleza y asumir también, los que todavía disfrutamos de situaciones acomodadas en el Norte global, que tenemos margen para ser algo más pobres y vivir bien.

Pero lo que no es sensato, es seguir recurriendo a las mismas estrategias que funcionaron hasta finales de los 70 del siglo pasado y que ahora acentúan los problemas mencionados. A pesar de ello, la Organización Mundial de Comercio (OCM), el FMI o el Banco Mundial siguen instaurando y legitimando estas políticas como si, literalmente, no hubiera un mañana. Muchos gobiernos asumen como factibles las soluciones tecnológicas para todos los problemas que genera el sistema económico neoliberal y crecentista. Es un dislate. Y eso nos pone en peor situación ya que no se toman las medidas que estamos necesitando para limitar/prevenir los peores escenarios socio-ambientales posibles que enfrentamos. Las tecnologías, por sí solas, no nos salvarán. Y el modelo económico neoliberal globalizado sólo es viable para la minoría más rica que acumula la mayor parte de la riqueza mundial.

En las medidas para transitar hacia este futuro inquietante hay cierta coincidencia. Tanto los que abogan por la economía circular, como algunos decrecentistas que ven inevitable el colapso civilizatorio, proponen cerrar ciclos de materia y energía e incrementar la eficiencia y circularidad en todos los procesos socioeconómicos. Se distinguen en que unos creen que haciéndolo se podrá seguir disfrutando del modo y nivel de vida actual, al menos en el Norte enriquecido, y los que piensan que, aun haciéndolo, sólo se mitigará en parte una grave contracción económica global, con todos los efectos negativos colaterales que implica. El hecho es que vamos a una situación en la que se va a reducir la extracción de recursos materiales y en la que dependeremos de energías renovables que, aunque más intensivas en empleo, tienen tasas de retorno energético menores. Esto conllevará, inevitablemente, cambios significativos en nuestros modos de vida. Pero no necesariamente serán negativos, si somos capaces de transitar también socialmente de forma mayoritaria hacia modos de vida más centrados en el ámbito comunitario, local y regional. Modos de vida más sostenibles desde el punto de vista ambiental y que pueden ser más gratificantes desde el punto de vista social y comunitario. Sistemas de gobernanza locales deben ser los que sustituyan al sistema actual. Producción local para consumo local, haciendo uso de la fuerza de trabajo y de materiales locales, en el marco de modelos ecológicos y democráticos. Las economías locales que así funcionan dependen menos del transporte y suministros desde lugares lejanos. Por ello tienen menor impacto. Es decir, re-territorializar la actividad económica es una necesidad.

La “buena vida” basada en el hiper-consumo de bienes, en que se basa el actual modelo, se muestra falaz. Sin embargo, si somos capaces de iniciar la estrategia de usar menos recursos, de acumular menos y de estándares de vida más modestos pero dignos, con toda probabilidad, obtendremos mayor sensación de plenitud personal, menos estrés, más tiempo para dedicar a la familia, a los amigos, a la naturaleza, al ocio. Bienes que hoy son escasos y de los que somos paradójicamente “pobres”. Es decir, menos será mas.

Muchas personas en todo el planeta ya están intentando activamente, llevar a cabo prácticas económicas alternativas en el ámbito local, comunitario y regional, tanto en contextos rurales como urbanos. Son acciones personales, de pequeños colectivos e iniciativas comunitarias que es necesario escalar. Sólo si conseguimos transitar también hacia sociedades que acepten que somos seres profundamente interdependientes y donde primen la cooperación, nuestras hijas y nietas tendrán, dentro de 15 o 20 años, un presente que merezca la pena ser vivido.

 

Publicado originalmente el 16 de octubre de 2019 en Contrainformación

El golpe de la gota fría tras el cálido verano

Aún no hemos acabado de encajar el golpe que nos ha dejado la gota fría. Algo que sabemos que no es tan extraordinario. En el clima mediterráneo, sucesos como los acaecidos de gota fría están perfectamente estudiados porque son propios del clima y la geografía del sudeste peninsular. Lo realmente preocupante es que, como consecuencia del cambio climático tenderán a repetirse con mayor frecuencia y en lugar de tomar medidas que eviten o tiendan a minimizar sus efectos, se han seguido practicando políticas urbanísticas y de encauzamientos, “limpiezas” y/o dragados que, lejos de solucionar, empeoran las consecuencias de los episodios de lluvias torrenciales generadas por gota fría. Valga el siguiente ejemplo que abordé en la comisión de Medioambiente y Ordenación del Territorio del parlamento andaluz, para ilustrar la situación que cada vez con mayor frecuencia viviremos:

El 7 de septiembre de 2015, hubo una inundación en Adra (Almería) que provocó muchos daños materiales. La Plataforma Ciudadana Abderitana se puso a disposición de la autoridad local para contribuir a resolver los problemas que se presentaron. Con la participación de dicha Plataforma se elaboró un documento que aportaba una serie de datos sobre los motivos que provocaron la inundación, además de otros que ayudaban a entender cómo se originó, y presentando una serie de propuestas que sugerían soluciones. Respecto a esto he de decir que, la sociedad civil organizada colectivamente tiene mucho que decirle a los políticos sobre la gestión de los bienes comunes y el cuidado del territorio. Es importante la participación ciudadana en los asuntos que le atañen. Y en este caso fue ejemplar. Un grupo de vecinos organizados, diseñando propuestas y/o soluciones para el suelo que pisan y del que son los mejores conocedores.

Conocían la orografía que caracteriza las sierras del sur peninsular, en general, y el caso de Adra especialmente. Es terreno que se caracteriza por fuertes pendientes, zonas escarpadas, suelo poco firme y pedregoso, con tierra suelta y propensa a desprendimientos, con escasa cubierta vegetal y suelo sometido a un fuerte proceso de erosión y de desertización. Su relieve es muy desgastado con pendientes, a veces elevadas. La red de drenaje que forman, tanto ramblas, como barrancos y ríos, o caudales subterráneos debe realizar su función natural, pero resulta harto difícil, con las actuaciones sobre el territorio que se han venido haciendo. Y es que la planificación de actuaciones agrícolas o urbanas sobre el territorio deben considerar toda la casuística que se da en las cuencas.

En el caso de la inundación provocada en la desembocadura del río Adra concurrieron estas circunstancias (son las que analizaron desde la Plataforma abderitana):

  • Abandono de tierras roturadas en laderas.
  • Roturaciones para construcción de invernaderos y caminos o pistas, que dejan mucha tierra suelta.
  • Cubiertas de plástico en los invernaderos, que evitan filtración al suelo y concentran el agua de lluvia caída sobre la superficie del invernadero, en determinados puntos de descarga.
  • Desviación y ocupación de las riberas o las mismas ramblas y/o barrancos.
  • Uso de las ramblas y barrancos como vertederos agrícolas o de otros residuos.
  • Encauzamiento de ramblas y actuaciones parecidas, que aumentan la velocidad del agua incrementando su efecto torrencial.

Por el interior del pueblo de Adra discurren varias ramblas con sus cuencas vertientes. El suelo urbano y de invernadero suponen la extensión mayoritaria de dichas cuencas. Eso es grave teniendo en cuenta que en dicho tipo de suelos (urbano e invernadero) los pluviales provocados por la lluvia no se filtran en su mayoría al subsuelo, sino que resbalan por superficies poco o nada permeables directamente a las ramblas que, además, en sus tramos finales, están asfaltadas, agravando el problema en cuanto a escorrentía.

La consecuencia es un incremento significativo del volumen y la velocidad del agua que acogen, intensificando la torrencialidad provocada por un exceso de lluvia. En el caso que nos ocupa, el suelo urbano se había incrementado en casi el doble de su superficie durante los últimos 50 años, el sustrato natural, sumando el monte con los cultivos a cielo abierto, se había reducido a la mitad, a favor de los invernaderos.

La citada Plataforma Abderitana proponía una serie de medidas en base a lo aprendido de esta inundación de 2015 en su municipio: 1. Elaboración de normativa sobre ordenación del suelo agrícola de todo el municipio que contemplase la recogida de aguas pluviales, indicando especialmente las especificaciones necesarias respecto a los invernaderos de las cuencas de las ramblas que discurren por el interior del casco urbano de Adra, con recogida rigurosa de pluviales de sus techos, con objeto de limitar su volumen, velocidad y torrencialidad.

  1. Limitar la construcción de nuevos invernaderos en dichas cuencas cumpliendo la normativa, así como adecuar los que ya están construidos, para minimizar sus impactos.
  2. Realizar una exhaustiva y cuidadosa limpieza de restos agrícolas y plásticos, y mantenerla, en dichas ramblas en toda su cuenca.
  3. Deslinde sistemático del dominio público hidráulico de las mencionadas ramblas con objeto de evitar invasiones de sus cauces por particulares.
  4. Restauración ecológica de las laderas de las cuencas de dichas ramblas con objeto de que la vegetación autóctona frene la entrada de pluviales al cauce.
  5. Eliminación de obstáculos para el agua.

Campos de plástico, peligro de inundación.

El caudal, es función de las características de la precipitación y del terreno. Como los invernaderos ha modificado los trazados de los cauces, derivando caudales hacia vertientes y áreas distintas de lo que ocurría en el pasado, pueden sustraerse o sumarse caudales nuevos a los caudales habituales, provocando cambios en los tiempos de aparición de los momentos punta.

Los caudales generados tras la implantación de los invernaderos son hasta 4,25 veces superiores a los calculados para las situaciones precedentes. Por tanto, el riesgo de inundaciones proviene de la imposibilidad que tienen los cauces principales de drenar los grandes volúmenes de agua y sedimentos en terrenos así ocupados, anegando las llanuras de inundación con caudales desbordados muy superiores a los de antaño, arrasando instalaciones y viviendas que se han extendido masivamente por la zona, situándose dentro de los cauces de avenida.

Los procesos de erosión grave y denudación del suelo están contribuyendo a la desertificación progresiva de la cuenca. Se calcula que ésta provoca la pérdida de unas 200 toneladas de suelo por kilómetro cuadrado al año, y una pérdida de agua por evapotranspiración en torno al 60 %, poniendo en peligro la riqueza y biodiversidad, así como a la sostenibilidad de los asentamientos humanos. Entre la problemática ambiental que acompaña esto, destacan los desmontes para la construcción de invernaderos, y ocupación del cauce por los mismos, las obras de encauzamiento –que han destruido buena parte de sus valores ambientales-, limpiezas ilegales con maquinaria pesada del cauce, que han removido y destruido el lecho y la vegetación por parte de propietarios, agricultores y alguna comunidad de regantes, así como la gran cantidad y variedad de vertidos –sobre todo agrícolas que se arrojan a los cauces.

La conclusión de esto es que el mal uso del territorio y la falta de respeto a las zonas inundables, tiene como resultado que el río tienda a recuperar el territorio que le es propio, dibujando sus límites e imponiendo su lógica natural, demostrando la inutilidad de encauzamientos, escolleras, limpiezas, dragados y estrechamientos artificiales de cauces. Y, sin embargo, continúa la sinrazón de quien sigue obteniendo beneficios de la especulación sobre territorios en riesgo permanente. De todo este trabajo de la plataforma me gustaría que se hubiera tomado nota en el municipio. A los políticos les toca hacer su parte.

En este sentido ha sido pésimo el urbanismo de las últimas décadas, que ha ocupado las zonas inundables con viviendas, naves industriales, carreteras, vías de ferrocarril, cámpings o aeropuertos, llegando incluso a cubrir los ríos, convirtiéndolos en alcantarillas para edificar encima. Se pierden cada año millones de toneladas de suelo fértil arrastrado hacia ríos que han perdido sus funciones ecológicas más elementales, después de sufrir obras de dragado, encauzamiento y destrozos varios. Tanto la Directiva de Inundaciones como los documentos de la Comisión Europea abogan por el respeto del territorio fluvial, librándolo de construcciones en la medida de lo posible, lo que reduciría los efectos perniciosos de las inundaciones.

Pero sobre todo hay que renunciar a peligrosos desarrollos urbanísticos y abordar de una vez una planificación del espacio adaptada al riesgo y fundamentada en el principio de precaución.

Artículo publicado en Contrainformación 30 días, 30 opiniones el 18 de septiembre 2019

URBANISMO Y BIEN COMÚN

Somos el país que ha sido capaz de producir durante casi diez años, antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, más vivienda que en el Reino Unido, Francia, Italia y Alemania juntas.

Y tras esa “proeza” había que plantar cara a la ocupación expansiva del suelo, y primar la reuti­lización y rehabilitación del patrimonio construido y del entorno urbano y periurbano degradado.

Porque solo es sostenible aquel desarrollo humano que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. (Informe Brundtland “Nuestro Futuro Común” 1987)

Urbanísticamente, la situación que ahora mismo tenemos es de sobredimensión, dispersión y segmentación. Y necesitamos alcanzar un uso eficiente del suelo en las ciudades, no crecer ilimitadamente. Porque hemos generado un impacto imborrable en la calidad de nuestros paisajes, y mermado los recursos bioproductivos, de enorme valor para la sustentabilidad de la vida; con el añadido de que se ha alejado a la mayor parte de la población de acceso a la vivienda que es un derecho consagrado en nuestra Constitución y en Tratados Internacionales firmados por España. Así que, entre otras cosas, hay que incorporar el derecho al acceso a la vivienda como uno de los objetivos centrales de la actividad urbanística.

El cambio de modelo urbano-territorial que habría que acometer no solo afecta al planeamiento, sino a casi todas las políticas y áreas de competencias que en él confluyen:

  • Necesitamos orientar el urbanismo hacia el modelo de ciudad compacta, diversa, eficiente y cohesionada socialmente
  • Necesitamos hacer un uso razonable y sostenible de recursos, y para ello no es necesario empeorar la calidad de vida de la ciudadanía
  • Necesitamos cumplir los objetivos de emisión fijados en los protocolos y acuerdos internacionales. E incluso ser mas ambiciosos al respecto para preparar un mejor futuro. Tanto mas, por cuanto nuestro país es especialmente vulnerable a los efectos constatados del Cambio Climático.
  • Necesitamos aprender y asumir una nueva cultura de la movilidad y accesibilidad que permita cumplir esos objetivos de reducción de emisiones.

Y, por supuesto, es una necesidad, incorporar el derecho de acceso a la vivienda -insisto en ello-, como uno de los objetivos centrales de la actividad urbanística.

Y junto a ello, la adaptación de los edificios, infraestructuras y entornos al clima.

Una política que articule y relacione todas las funciones y actividades que confluyen en los tejidos urbanos, en los que la proximidad y la habi­tabilidad reduzcan las necesidades de movilidad.

Es decir, usar como criterio fundamental en el desarrollo urbano de las ciudades, la eficiencia energética y al consumo razonable de recursos. Así que hay que favorecer la conservación, mantenimiento, rehabilitación y calidad del parque existente. Realizar un censo de viviendas vacías y planes para incentivar su puesta en uso mediante alquileres sociales o medidas similares. Limitar la construcción de nueva vivienda en tanto no se reduzca el parque de viviendas vacías, que es elevado.

Ejemplo de desarrollo urbano ineficiente y que no genera un consumo razonable, es el exceso de suelo calificado para uso de gran superficie comercial, sin que se reúnan las condiciones mínimas para ello y condicionando el uso global y la movilidad, allá donde se implantan. Hemos asistido a una auténtica inflación de suelos calificados para esos usos, sin que se hayan evaluado correctamente los impactos que producen en la ordenación del territorio, ni tampoco su necesidad o utilidad.

Otro ejemplo de desarrollo urbanístico inadecuado son proyectos como la llamada Operación Chamartín, en este caso en Madrid, que con el nuevo nombre de Madrid Nuevo Norte lo tiene todo para ser el gran pelotazo, la gran estafa, que perjudica al Procomún, ese modelo de gobernanza para el bien común. Desde un punto de vista político, se comete un gran pecado al transformar el suelo público en mera mercancía. En palabras de Eduardo Mangada, “La Operación Chamartín es uno de los mayores escándalos del urbanismo europeo: la entrega de tres millones de metros cuadrados de suelo público a un banco para que dé cabida en él a sus negocios financieros durante dos décadas. Cortijo BBVA. Un área privilegiada de la ciudad donde ir colocando fondos de inversión venidos de cualquier continente en beneficio de un banco

Y casos en el litoral de todo el país abundan demasiado. En Andalucía se estableció un Plan de Protección del Litoral, que a duras penas intentó evitar el “acoso y derribo” que sufrían las escasas zonas litorales bien conservadas. Este Plan no impidió que proliferasen proyectos urbanísticos de dudosa legalidad y necesidad. Finalmente se anuló el Plan por un supuesto defecto de forma, al aprobarse estando el gobierno andaluz en funciones. Por supuesto, el actual gobierno, ni se plantea retomar esa protección necesaria. Se mantienen crecimientos urbanísticos desmesurados en los planes urbanísticos. La paralización fue temporal por la crisis, pero se observa la intención de colmatar la mayor parte del litoral y de las áreas metropolitanas. Tampoco se promueven iniciativas legislativas o normativas que impliquen garantizar una mínima disciplina urbanística.

Y es que sería deseable reconocer el urbanismo y el territorio como el “Bien Común” que es. Del mismo modo que la sanidad y la educación. Esto no es posible pues el suelo urbano suele ser de propiedad privada.

Reconocer que la transformación que precisa nuestro urbanismo, no sólo se puede dar sin crecimiento, sino que va implicar decrecimiento de suelo urbanizable, será un gran logro, cuando se dé. No parece probable. Y es que debemos recordar la enorme cantidad de suelo que se ha clasificado en los últimos 30 años y que se continúa clasificando, una cantidad excesiva, injustificada, socialmente injusta, económicamente devastadora y ambientalmente insostenible.

En el litoral, que es el espacio más frágil de nuestra geografía y el mas densamente poblado, la intervención urbanística presenta características de devastación de sus valores paisajísticos y naturales. Hay que frenar la especulación con el suelo cuanto antes.

Mejorar nuestras ciudades, acabando con el mantra del crecimiento ilimitado, es el reto y la verdadera dimensión social que debe tener el planeamiento urbanístico democrático.

Porque la burbuja inmobiliaria dejó rastros visibles e indelebles por largo tiempo, como las viviendas vacías, las urbanizaciones y polígonos industriales fantasma y los suelos de interés agrícola clasificados como urbanizables que no precisamos urbanizar y sí proteger para garantizar la soberanía alimentaria de nuestras áreas metropolitanas. Hay necesidad de poner orden en el desorden generado por una actividad urbanizadora que no respondía a necesidades sociales reales.

La Ordenación del Territorio exige la vertebración del mismo recuperando y protegiendo los caminos públicos, impulsando las redes de transporte público y de bicicletas, conectando de nuevo las ciudades con su territorio, hoy fragmentado y lleno de barreras por las grandes infraestructuras.

El problema del urbanismo es que la lógica de ordenación del territorio y de la ciudad, lejos de estar centrada en la sostenibilidad, la habitabilidad y el disfrute de las personas, ha quedado supeditado a formar parte del engranaje del capitalismo financiero internacional y su dinámica especulativa. Esa, y la falta de otras vías de financiación de los ayuntamientos, que se llevan la peor parte en el reparto de los impuestos, es la que ha empujado a los ayuntamientos a equilibrar sus balances poniendo en marcha la espiral especulativa urbanística. Así que, de nuevo, como en otras facetas, encontramos que el problema de fondo está en el capitalismo.

 

Carmen Molina Cañadas. Publicado en Contrainformación. 30 días, 30 opiniones el 6 de septiembre 2019

Las decisiones colectivas por un interés común. Cambio Climático

Carmen Molina Cañadas

Hace pocos días se celebraba El Día Mundial de la Población, que cada 11 de julio conmemora que en 1987 la población mundial llegó a los cinco mil millones de personas. En 2050 seremos (si no pasa nada antes) 10.000 millones, un 30% más que ahora y el doble que a comienzos de siglo. Y siete de cada diez vivirán en núcleos urbanos.

Con esos niveles de población, de porcentaje de la misma que vive en ciudades, y teniendo en cuenta los actuales niveles de urbanización, infraestructuras, agricultura o consumo de energía, se puede determinar qué regiones serán las más amenazadas por necesidades crecientes de alimentos, energéticas o de nuevos espacios urbanos. Hay estudios que concluyen que el desarrollo humano, en las próximas décadas, supondrá el acaparamiento de un 20% de los hábitats naturales que quedan. Así que si en 2050, el 70% de la población vive en núcleos urbanos, y las ciudades se saturan (lo que ya ha sucedido en algunas) sería deseable y se esperaría que, según vaya creciendo la población de los núcleos urbanos, los vayamos haciendo más habitables. Ya hay ciudades encaminadas, pero en cambio otras, en especial las que aún no han visto esos niveles de saturación, se encaminan a un asfixiante abarrotamiento, como si no fuera posible aprender de la experiencia ajena para evitar lo peor, antes de hacerlas invivibles. Y entretanto, los efectos del Cambio Climático poniéndonos frente a la cruda realidad, que muchos no quieren ver.

 

A pesar de que los científicos llevan décadas avisando sobre el cambio climático. A pesar de avances esperanzadores impulsados por la tecnología, para el control de emisiones o captura de lo emitido, el Cambio Climático sigue en marcha y nosotras seguimos pisando el acelerador.

Pisa el acelerador un sistema económico capitalista y neoliberal para el cuál, el CC deja de ser ciencia para convertirse en política. Pero es evidente que, hay efectos innegables que afectan a la economía y a la vida: un océano más ácido, cálido y elevado: sus efectos tienen costes económicos además de ambientales y sociales. Temperaturas a las que no podremos adaptarnos, acumulación de residuos, escasez de agua dulce en amplias zonas, aumentos de los desiertos…

En principio, y para obligar a levantar el pie de ese acelerador que son las desbocadas emisiones, hay que conocer los equilibrios de fuerzas ideológicas e intereses particulares que confrontan en el tablero global donde se dirimen las decisiones importantes. Y la imposición de decisiones que no representan el interés de la mayoría, sino de minorías poderosas que no juegan en pro del interés colectivo. Es lo que tenemos enfrente. Lo que está impidiendo que hagamos caso a Greta Thumberg. Son demasiadas ya, las ocasiones en que determinadas economías, corporaciones o intereses privados consiguen convertir los hechos probados por la comunidad científica en “política opinable”. El sistema se ha venido defendiendo al fomentar la duda sobre el consenso científico acerca del cambio climático, su origen humano y su gravedad. A través de programas de lobbying y relaciones públicas, grandes corporaciones e industrias transmutaron el cambio climático, de certeza científica en cuestión política, y, por lo tanto, polémica, para seguir retrasando lo necesario…Y nos vamos quedando sin tiempo. Y además agravando las condiciones con cada decisión de política neoliberal.

La comunidad internacional, a partir de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en 1992, y el Protocolo de Kyoto, en 1997 ha ido adoptando medidas tibias, insuficientes y en muchos casos, inadecuadas, cuando no abiertamente lesivas para nuestro futuro común. Y es que ha jugado un papel desgraciado, la desinformación, que nunca es inocua. Y quitar gravedad a los informes, que periódicamente ha publicado el IPCC.

Desde que Gro Brutland en 1987 coordinó el Informe “Nuestro Futuro Común” y hasta este 2019, han pasado mas de tres décadas y los impactos del cambio climático se han vuelto incuestionables. Los récords se suceden: de temperaturas más altas, de mayores incendios, de huracanes más potentes, de sequías más intensas, lluvias más torrenciales. De desplazamientos masivos.

La realidad ante nuestros ojos nos empieza a abrumar, pero ahora, el tiempo es mucho más escaso.

Hay que decidir colectivamente a través de instituciones internacionales sobre aquello que atañe a nuestro futuro y a cómo lo abordamos. Disponemos para ello de análisis que nos asesoran en procedimientos y mecanismos suficientes para que la toma de decisiones sea adoptada con garantías, con debate, pero sobre todo con urgencia.

Porque hemos estado perdiendo el sentido de la realidad, sumidos en una realidad filtrada por un sistema que está poniendo en peligro nuestra vida, nuestro planeta, nuestro futuro. El desprecio de los hechos, el desplazamiento de la razón por parte de la emoción y la corrosión del lenguaje devaluan la verdad. Un ejemplo de cómo los populismos encuentran un buen abono para explotar las emociones podría ser este: A Europa llegan millones de personas que, hasta hace unos años, tenían vidas muy parecidas a las nuestras. Han aparecido en las fronteras del rico norte, aluviones de refugiados que nos hacen conscientes de cuán frágil es la presunta seguridad de nuestras vidas. La inmigración nos provoca ansiedad. Al margen de los sentimientos solidarios o no que despiertan, que también. Y es que también se cierne sobre nosotras el miedo a perderlo todo, latente, por la creciente precariedad de la vida occidental. Ya no son solo los desdichados allende nuestras fronteras que se desplazan buscando lugares donde mejorar sus vidas; es la incertidumbre de un porvenir plagado de eventos que no podemos prever o controlar. Y cuando ves a miles de refugiados que acampan en una estación de tren europea, te das cuenta de que sus pesadillas son realidades que puedes ver y tocar. Y que te cuentan lo que puede acontecer pronto también en este “primer mundo”.

Con el Cambio Climático no hay mucho margen para los errores de cálculo, ir hacia adelante y además con prisas, que la emergencia apremia. Si el horizonte estuviera más lejano y nos permitiera modular las decisiones, tal vez nos faltaría audacia. Pero la realidad es la que es. Y la realidad va acompañada de obstáculos. El terreno y reglas de juego lo marcan quienes tienen el poder y se oponen a la transición, aunque a ellos también les apremia la misma crisis climática, ecológica y de sistema. Siempre es duro el cambio, y dura será la transición necesaria porque no nos hemos preparado. Solo con mucha gente colaborando podremos hacer cambios. Los que son necesarios. Con templanza, audacia, empatía, creatividad, ternura, y saber vivir en la incertidumbre. Aprenderemos sin duda más de los errores que de los aciertos, pero no podemos permanecer inmóviles porque no tengamos certezas.

La utopía puede consistir en minimizar la distopía que se nos ha echado encima, o intentar eliminarla. Pero la vida es crisis continua a la búsqueda de equilibrio.

 

Artículo publicado originalmente el 17 de julio de 2019 en ContraInformación

Renta básica, redistribución de riqueza y conservación del patrimonio común

Carmen Molina Cañadas

Durante lo peor de la crisis de deuda en Grecia, allá por 2012, los niveles de pobreza alcanzados en el país heleno nos mostraron con claridad a qué conduce una crisis económica que degrada las condiciones sociales. La deforestación en Grecia fue el primer efecto ambiental constatado, y es que, ante la imposibilidad de pagar el gasoil, centenares de familias calentaban sus casas con madera extraída de los bosques que rodean Atenas provocando una muy preocupante deforestación. Es decir, no se puede, en ningún caso desligar, la situación económica, de la social y de la ambiental. Sucedió en Grecia con la crisis de deuda, ha seguido produciéndose en otros lugares, y a nivel global también corren paralelas las degradaciones en los tres ámbitos.

La degradación ambiental y social provocada por un modelo económico que ya no se sostiene, tiene un impacto severo, que se extenderá en el tiempo, aunque tomemos decisiones hoy para frenarlo. Tenemos a disposición abundantes informes y análisis. Existen diagnósticos disponibles. Pero faltan propuestas de tránsito que nos ayuden a limitar el caos y evitar el colapso que nos amenaza en los tres niveles mencionados. Ambientalmente, necesitamos medidas de mitigación y adaptación a los escenarios que ya sufrimos de cambio climático, hay que frenar la galopante pérdida de diversidad de especies y funcional y, puede que más urgente, evitar los desequilibrios de los ciclos biogeoquímicos del nitrógeno y el fósforo. Medidas que le den la vuelta a una economía especulativa, cada vez más financiarizada, que socializa pérdidas y acumula dinero y poder en menos personas. Medidas para revertir los niveles de desigualdad crecientes en nuestras sociedades, todavía ricas del norte, y frenar con urgencia y revertir la insoportable desigualdad con los países más explotados del sur empobrecido.

No podemos negar que la llegada masiva de refugiados nos incumbe. Personas que huyen de situaciones y lugares en los que ya no pueden vivir. No estamos tan lejos de encontrarnos en breve, en situación similar. Eso nos hace conscientes de cuán frágiles son nuestras vidas y de la creciente precariedad que se acerca.

Ante este estado de cosas, no podemos optar por una salida individual. La condición humana no se corresponde con la supervivencia o escapatoria individual. Es un deporte de equipo. Cualquiera que sea el futuro que afrontemos, nos afectará a todas. Por tanto, tras el preocupante diagnóstico, hay que abordar con cierta urgencia un plan global que contenga medidas simultáneas en los tres ámbitos: económico, social y ambiental. Medidas transitorias para actuar sobre la economía y limitar la creciente precariarización social, en especial de los más jóvenes. Y una medida imprescindible tiene que ver con repensar el reparto del trabajo remunerado, la jornada laboral, la redistribución de la riqueza, y la renta básica.

Hay que darle una buena vuelta a la cuestión del empleo y su relación con el tiempo de vida del que disponemos. La estabilidad, la protección ante el despido o la negociación colectiva han sido pilares del derecho al trabajo y de la democracia. Sin embargo, el capital empieza a prescindir del trabajo remunerado humano. El poder económico ha construido formas de reproducir el capital en las que el trabajo humano es cada vez más prescindible. El empleo que dependía de la lógica patriarcal y de la extracción de cantidades ingentes de materias primas de territorios colonizados y de la generación de cantidades ingentes de residuos, está llegando a su fin.

Una economía sana se diseña para prosperar, no para crecer. La premisa del crecimiento se debe abandonar, a la vez que asumimos, que nadie debería ser privado de los recursos necesarios para su sustento. Por ello, una Renta Básica Universal e Incondicional(RBUI) es una de las soluciones apropiadas, cuando la tecnología nos amenaza con dejar a la mayoría de la población sin empleo que cubra sus necesidades. Toca pues plantearnos en qué condiciones queremos vivir, qué queremos hacer con nuestro patrimonio de tiempo y cuál es el sentido de nuestra vida. Suena a planteamiento filosófico, pero estamos en una encrucijada y hay que decidir el rumbo.

La renta básica se opone a la idea imperante de que el trabajo remunerado es un derecho y cambia esta lógica por el derecho a vidas dignas. Vidas y economía que no socaven las bases ambientales que las sostienen y que alivien la ansiedad causada por la máquina neoliberal de grandes corporaciones con poder cuasi omnímodo que personajes como Trump, Bolsonaro, Salvini… representan desde la política global, y contra el interés de sus legítimos representados, los ciudadanos.

Según un informe de Naciones Unidas, hasta dos tercios de los empleos en los países en desarrollo podrían desaparecer en un futuro próximo. El desempleo que genera la tecnología hará desaparecer los modestos logros conseguidos contra la pobreza y el hambre crecerá. Hay gobiernos que luchan para dar una respuesta, y no tienen muchas opciones. Una renta básica universal puede ser “LA OPCIÓN”.

En noviembre de 2018, la red europea de RBUI (UBIE, por sus siglas en inglés) se reunió en Budapest para analizar la situación actual en Europa, discutir sobre la conveniencia de una posible Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) sobre la RBUI y el tipo de renta básica a desarrollar.

La RBU otorga dignidad al ser humano por el mero hecho de serlo, sin necesidad de tener que dignificarse a través de un empleo. Es frecuentemente confundida -muchas veces, intencionadamente- con las rentas mínimas y otros subsidios condicionados que otorga el estado a los desempleados y personas con muy bajos ingresos. Bien al contrario, la RBUI es un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad, incluso si no quisiera trabajar de forma renumerada, independientemente de otras fuentes de rentas o de si es rico o pobre, y sin importar con quién conviva. No sustituye a otras prestaciones universales e incondicionales, como la sanidad y la educación públicas. Es decir, su implantación no debe suponer merma alguna de los servicios públicos ni de los derechos sociales (educación, sanidad, dependencia, vivienda, etc.)  que son derechos fundamentales de un Estado Social que se considere como tal.

Hoy es posible garantizar una RBUI a toda la población, financiándola de varias posibles maneras:

  • con una subida de la imposición fiscal, que hiciese que el 20% más rico de la población pagara en concordancia a su riqueza
  • gravando actividades que generan beneficios a quien las acomete, pero suponen un alto coste para la sociedad
  • aumentando los impuestos indirectos a quienes más consumen
  • exigiendo impuestos a las transacciones financieras (tasa Tobin) y a las emisiones contaminantes
  • luchando contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales

Estas medidas no son excluyentes entre sí.

“…Con la RBUI se cuestionan varias creencias arraigadas en el sistema: la primera es la de que el trabajo (o empleo) dignifica a los seres humanos; la segunda, que proviene de la Biblia, nos condena a ganar el pan con el sudor de nuestra frente; la tercera, que afirma que el sentido de la vida de las personas es el trabajo; la cuarta es la equiparación de empleo a supervivencia; y la quinta, la de que la riqueza actual pertenece sólo a sus propietarios “legales”, las grandes compañías multinacionales y lobbies financieros mundiales.” Así se recoge en textos trabajados por Humanistas por la Renta Básica Universal.

La implantación de una RBUI favorecería los trabajos vocacionales, voluntarios, el cuidado de los niños, de los mayores y discapacitados y dotaría a mujeres víctimas de violencia de género de independencia económica para alejarse de su agresor. Es la mejor opción ante la creciente automatización de las labores en todos los sectores de actividad, ya que, gracias al desarrollo de la tecnología, se prevé que desaparecerán en 20 años el 50% de los empleos actuales.

Con los medios de que disponemos, la RBUI mundial es perfectamente posible y se vislumbra como alternativa plausible para el futuro que viene. Con ella tendríamos libertad para aceptar o no, según qué empleos, y para negociar las condiciones de los mismos, o para asociarnos con otras personas en cooperativas, o explorar modelos de trabajo asociado distintos.

Sírvanos de ejemplo el “Fuero de los Bosques”, publicado en 1217 en Inglaterra. Este corto y potente documento garantizaba los derechos de los plebeyos a las tierras comunales, que podían usar para labrar, pastar, recoger agua y para recolectar madera o frutos. Otorgó reconocimiento oficial a un derecho humano: que nadie debería ser privado de los recursos necesarios para el sustento. Y hoy sabemos, gracias a la premio nobel de economía Elinor Östrom, que se gestionan mucho mejor los recursos compartidos o bienes comunes cuando la responsabilidad de su conservación y mantenimiento corre a cargo de los que se benefician de esa conservación. Retomar el antiguo “Fuero de los Bosques” y el derecho de acceso a lo común se vislumbra como la mejor alternativa.

Los críticos de la renta básica, con frecuencia ponen pegas sobre cómo financiarla: además de como cito mas arriba, ligándola a lo común. Así, en el estado americano de Alaska, los recursos naturales son considerados propiedad común, por tanto, cada residente recibe un dividendo anual proveniente de los ingresos del estado por petróleo. Y no se trata con ello de esquilmar el recurso.

El modelo de Alaska es popular y efectivo y el mismo enfoque se podría aplicar a otros recursos naturales, como los bosques y las pesquerías. Los rendimientos serían distribuidos como un dividendo para todos. Este enfoque ayuda a proteger lo común contra el abuso, permitiendo a nuestro Planeta margen para recuperarse.

El patrimonio natural no es de uso privativo, es común y no conoce fronteras, ¿por qué no establecer una renta ligada a lo común? un fondo global que constituya un patrimonio de cada ser humano. El objetivo es la redistribución de la riqueza y la conservación del patrimonio común. Porque es fruto del esfuerzo de generaciones que nos han precedido y herencia que legaremos a las generaciones que nos sigan.

Publicado el 22 de junio de 2019 en 30 Días, 30 Opiniones Contrainformación