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Un modelo capitalista que nos descapitaliza de lo esencial

No hay margen de tiempo para seguir debatiendo cómo y para qué. Es imperativo actuar sin perder más tiempo. Sobran los informes, los datos, las evidencias. Debíamos haber puesto en marcha un Plan Internacional que fuese ambicioso y vinculante, tratando de preservar las condiciones de estabilidad mínimas del planeta. Pero parece que las únicas organizaciones internacionalmente fuertes son las instituciones y grandes corporaciones de corte neoliberal que hablan de cambios cosméticos para que finalmente no cambie lo fundamental. Organizaciones como NNUU no tienen capacidad, ni consiguen acuerdos ambiciosos o vinculantes que supediten los intereses particulares de los estados al interés global, de manera que se adopten medidas de sostenibilidad que de verdad sean a la vez radicales y sensatas. El paradigma del crecimiento económico continuo, -incuestionado a pesar de contradecir la lógica más elemental-, nos está arrastrando a situaciones límite que, de no frenar, causarán un enorme descalabro global a la civilización humana. Y, en la grave situación actual, ya no caben solo iniciativas individuales, buenistas, apelando a la responsabilidad de cada cual.

Ejemplo dramático que da señales de una gravedad extrema, son las guerras del agua que irán incrementándose conforme avance la desertificación que estamos propiciando con nuestra actividad productivista. En España tenemos estas guerras en marcha con gran beligerancia de las comunidades de regantes, que se vienen apropiando de enormes cantidades de agua en un reparto muy desigual y que genera desertificación. Detener la extracción de aguas subterráneas y permitir que los ecosistemas se recuperen, es reivindicación básica de quienes se ven abocados a graves situaciones de escasez por este acaparamiento de un recurso básico para la vida y los ecosistemas.

 

Así tenemos el ejemplo de la esquina sureste de la península, la zona más seca del continente europeo de donde se están extrayendo enormes cantidades de sus acuíferos y agotando los mismos. Pese a ser un desierto, en los últimos años se han transformado en regadío varios miles de hectáreas, sobre todo de olivos, aunque también de almendros y, en menor medida, de invernaderos de hortícolas, que se suman al exceso que ya hay en otras partes de la provincia. Lo preocupante de todo esto, es que la solución que apunta el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas al agotamiento de acuíferos, lejos de cuestionar el modelo de agricultura superintensiva, propone traer más agua de otros lugares o de desaladoras, todo un despropósito que no cuestiona la lógica del modelo.

La sobreexplotación de los acuíferos forma parte de un modelo agrícola que está haciendo mella en la viabilidad a largo plazo de la agricultura, ya que se rompe el equilibrio en el ciclo que suman las aguas superficiales y subterráneas, dejando eriales y desiertos de vida donde antes había oasis llenos de actividad y diversidad biológicas. Se constituyó una Plataforma que aglutinaba a todas las de la provincia de Almería preocupadas por esta sobrexplotación, Acuíferos Vivos, para que, conocida la situación y el riesgo consecuente, se tomaran medidas que evitaran el grave deterioro que se cierne sobre las comarcas que están sufriendo la extracción abusiva para riego. Y es que, el agua no tiene precio: las sociedades que sacrifican las fuentes de agua por dinero pagarán un precio terrible. Poner miles de hectáreas de olivar en régimen superintensivo en el desierto de Tabernas es una necedad y supone una incoherencia ecológica que compromete el futuro socioeconómico, en este caso, del maltratado sureste peninsular. Y más grave, es que esta situación de insostenibilidad en la esquina subdesértica la podemos ver replicada a lo largo y ancho de toda la península.

Los regadíos, consumen la mayor cantidad de agua (un 86% en algunos casos) de la suma total de usos de este recurso. El cambio en los usos del suelo y la intensificación de la actividad agrícola de exportación, han generado una grave situación de insostenibilidad, lo que es una amenaza, para el territorio y para la población que lo habita. La Junta de Andalucía, durante los largos años de gobierno del PSOE no cumplió con su papel de gestión y planificación, en materia de agua. Pero es que, al acceder al gobierno regional las fuerzas mal llamadas “conservadoras” con el apoyo de la ultraderecha, amenazan con empeorar la ya grave situación, planteando la construcción de más infraestructuras hidráulicas con las que trasvasar agua de donde supuestamente sobra hacia donde, se supone, hay déficit hídrico. No cabe mayor desatino. Seguir hablando de cuencas excedentarias o deficitarias es una gran falacia y una irresponsabilidad.

Si la situación de Almería es grave, el resto de territorios andaluces, y también el resto de la península siguen el mismo camino, sin querer asumir que el ciclo del agua no podemos acelerarlo, y lo estamos alterando al consumir agua a mayor velocidad de la que se repone y regenera en los ecosistemas. Hay que seguir denunciando que lo que se exporta con los hortofrutícolas, con el aceite, con los frutos rojos o frutos subtropicales, y en grandes cantidades, es AGUA. Agua que va desde la Europa más seca a la más húmeda. Aunque haya que exportar parte de lo que producimos, se necesita mesura. La administración es consciente del serio riesgo en que están las masas de agua subterránea por las abusivas extracciones. Inexplicablemente, ha dado más concesiones y derechos de extracción, que aguas hay. Esto se agrava por la gran cantidad de sondeos, captaciones ilegales y pozos reprofundizados que extraen un volumen mayor del autorizado, y este ya es elevado.

Lamentablemente, los responsables políticos que gestionan en clave cortoplacista, sabiendo que serán evaluados cada 4 años, son cobardes en relación a lo que se debería hacer. Y acaban asumiendo la realización de grandes obras hidráulicas; presas, embalses, diques, trasvases o canalizaciones… Actuaciones todas que, no solo no solucionan el problema de fondo, sino que lo agravan. El Gobierno Andaluz y las Confederaciones Hidrográficas, hasta ahora, han negado el problema de sobreexplotación. Hay que replantear los regadíos actuales y adaptar el número de hectáreas a la capacidad de nuestras cuencas y acuíferos de mantenerlas regadas. Y cuestión muy importante es la recuperación y conservación del buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos y de ribera, que son los que mejor se encargarán de devolver a la normalidad el ciclo natural del agua. Cuando se deforesta y eliminan árboles y cobertura vegetal que retiene el agua y mejora la infiltración, se está empeorando la situación que nos está llevando a la desertificación.

En Andalucía, la Junta no ha inspeccionado las macrofincas de olivos hasta que la situación se ha hecho prácticamente insostenible y ha ocasionado un movimiento social que exige que el problema se solucione. Movimiento social, agrupado alrededor de la citada Plataforma Acuíferos Vivos, que se ha movilizado cuando la situación ha provocado el abandono de numerosas pedanías y núcleos de población al secarse sus fuentes.

Y esta situación ha venido provocada, en último término, por los fondos especulativos (muy gráficamente descritos como fondos buitre) y a través de la economía financiarizada. Esta economía financiera es el último paso dado por el capitalismo, puesto que, superados los límites planetarios, ya no se puede acumular riqueza que esté basada en economía productiva real, sino jugando en los grandes mercados financieros, generando burbujas, con las nefastas consecuencias que todas conocemos, pero para las que no parece que tengamos herramientas capaces de prever y evitar.

En el ejemplo que vengo exponiendo, se ve claramente la conexión con esta economía especulativa, ya que son esos agentes o fondos especulativos los que acaparan miles de hectáreas dedicadas al monocultivo del olivar. La expansión e industrialización del olivar van de la mano de nuevos sistemas de cultivo, en los que el olivo se planta a modo de seto, con una densidad muy alta y mecanizando buena parte de las tareas, lo que desplaza mano de obra. Se trata de una progresión evidente en la que un cultivo de secano se está transformado en un cultivo de regadío, con un uso importante de fertilizantes y agroquímicos que alteran la fertilidad del suelo y disminuyen la biodiversidad, acaparan y agotan todas las fuentes de agua y tras unos años de explotación intensiva y recogida de beneficios, abandonan las tierras convertidas en eriales. Es esta economía especulativa, la que finalmente genera desplazados, y “migrantes climáticos” porque pone el cultivo super-intensivo y tecnologizado, -del olivar en este caso-, pero de todos los cultivos industriales en general, al servicio de los intereses del capital global, contando con grandes plataformas agroexportadoras de las que extraer beneficios, y finalmente, trasladando los costes hacia el primer eslabón de la cadena, los pequeños agricultores, jornaleros o habitantes del rural, poniendo en jaque la sostenibilidad social y ambiental de las zonas productoras. Este es el ciclo disruptor del modelo intensivo agro industrial. Y en definitiva del modelo capitalista.

A la Agricultura tecnificada que sobreexplota los recursos de los que depende, (AGUA, SUELO, BIODIVERSIDAD) le podemos aplicar la conocida Paradoja de Jevons, que advierte de que, a medida que el perfeccionamiento tecnológico aumenta la eficiencia con la que se usa un recurso, es más probable un aumento del consumo de dicho recurso que una disminución. En este caso ese recurso es el agua, y esta es imprescindible para la vida, luego su buena gestión es básica. Lo mismo está pasando con los suelos fértiles, cada vez más escasos, y con la biodiversidad, con la confirmada extinción masiva de especies y de agrodiversidad vegetal

Conclusión: Es imprescindible un cambio de paradigma en los modelos de explotación, en el caso que he querido poner de ejemplo, modelo agro industrial. Pero, en general, en los modelos económicos que dejan fuera de la ecuación las bases sobre las que descansan la vida de las personas y los ecosistemas. Y es que la economía no es una ciencia exacta y no entiende los fundamentos termodinámicos y los biológicos en los que se asienta el mundo en que vivimos.

 

Carmen Molina Cañadas

Miembro de EQUO

Artículo publicado originalmente en Contrainformación 30 días-30 opiniones

La ciudad sostenible

El término “sostenible” se ha depreciado notablemente, al no considerar en toda su dimensión lo que implica la sostenibilidad. Se ha usado y abusado del término de forma no ajustada a lo que quiso expresar quien lo acuñó, Gro H. Brundtland, primera ministra noruega a la que la ONU encargó un informe en 1987, originalmente llamado “Nuestro Futuro Común”. Según este Informe, “es sostenible aquel desarrollo humano que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones”.

Hace ya unos años que se asume mayoritariamente que el modelo de ciudad acorde a un desarrollo sostenible, es la ciudad compacta, diversa, eficiente y cohesionada socialmente. La que hace un uso razonable de recursos, la que mejora la calidad urbana y la calidad de vida de sus ciudadanas, la que logra disminuir emisiones impulsando otra cultura de la movilidad y accesibilidad, la que multiplica las zonas verdes, etc.

Para lograr algo así, hay que definir las líneas estratégicas que lo hagan posible. Definir la eficiencia energética y el consumo razonable de recursos como criterios centrales en los procesos de desarrollo urbano y favorecer un uso eficiente del suelo, es decir, no crecer ilimitadamente, como así está sucediendo. O adecuar la iluminación en el territorio municipal, de manera que se evite la contaminación lumínica y se mejore la calidad del cielo nocturno. O evitar la contaminación acústica controlando los niveles de ruido…

Para cumplir esto es básico tener un proyecto de ciudad claramente definido, y en colaboración con los agentes sociales y con la ciudadanía. Tienen importancia para ello las propuestas vertidas en las agendas 21, por ciudadanos, asociaciones vecinales y otros colectivos y que, a día de hoy, no se han visto ejecutados en la mayoría de casos.

Por otro lado, hay que garantizar el derecho a la ciudad de sus habitantes y con ello, el derecho de acceso a la vivienda como uno de los objetivos centrales de la actividad urbanística. Esto es, asumir el artículo 47 de la Constitución española, que establece el derecho de la ciudadanía española a acceder a una vivienda digna, lo que incluye articular mecanismos de acceso a vivienda protegida poniendo en marcha regulaciones que lo posibiliten. No se han satisfecho las necesidades de vivienda de una parte importante de la población, que no dispone de recursos suficientes. Sobre ello hay que actuar.

El parque urbanístico construido a toda velocidad en los años de la burbuja, tampoco ha cumplido los estándares adecuados desde el punto de vista de eficiencia energética y aprovechamiento pasivo de energía. Por ello ha que abordar una rehabilitación para llegar a una reducción del consumo energético de los edificios, para, entre otras cosas, evitar la pobreza energética de usuarios de viviendas. Se debe favorecer la conservación, mantenimiento y rehabilitación del parque existente. Limitar la construcción de nueva vivienda en tanto no se reduzca el parque de viviendas vacías. Y cuando haya que construir, fomentar la construcción bioclimática basada en la eficiencia energética de los edificios.

Hay asimismo que actuar respecto al “metabolismo urbano” integrando el concepto de eficiencia energética en la organización de las ciudades, en la ordenación urbanística, en la edificación, en los sistemas de movilidad y accesibilidad y en la gestión urbana, concienciándonos todas de las pautas de consumo razonables que frenen el crecimiento de la demanda de energía.

Debemos reducir la generación de residuos y la contaminación, apoyando la explotación local, ecológica y renovable y asegurando que el consumo de recursos naturales (agua, suelo, atmósfera…) esté dentro de límites asumibles que permitan su renovación. Entendiendo que los recursos que llamamos renovables, dejan de serlo cuando los explotamos por encima de su tasa natural de renovación.

Sería una buena cosa diseñar campañas de reducción del consumo, tanto en las compras públicas, como en las privadas: limitación de grandes superficies comerciales, fomento de los alimentos locales, ecológicos y de temporada, incentivos a los mercados de segunda mano de muebles, aparatos eléctricos y electrónicos y textiles y lucha contra la obsolescencia programada.  Esto permitiría la reducción en la generación de residuos y la reutilización: incentivos a la venta a granel, fomento del consumo de agua del grifo, campañas de compostaje doméstico y comunitario, sistemas de recogida para la reutilización en puntos limpios y comercios… Ello también redundaría en una mejora de la recogida selectiva de los residuos para su reciclaje: recogida separada de la materia orgánica, implantación de sistemas de Depósito, Devolución y Retorno para los envases, etc… No desarrollar nuevos proyectos de incineración y eliminar los permisos de quema de residuos en las cementeras.

Se hace necesario un modelo territorial compacto que minimice las necesidades de movilidad de los ciudadanos, creando proximidad y acercando e integrando los distintos usos. Hasta ahora se ha permitido y se siguen fomentando desarrollos urbanísticos que propician la lejanía y separación de usos como cuando se planifican grandes complejos comerciales en zonas donde ya hay un exceso de oferta desagregada de servicios.

Nuestro clima mediterráneo sugiere que busquemos soluciones arquitectónicas adaptadas a la climatología local y a los recursos autóctonos renovables disponibles, es decir, incorporar tecnologías eficientes (alumbrado público, climatización de edificios públicos y sistemas de abastecimiento y depuración de aguas).

Un punto importante en la ciudad se refiere al agua, ya que es un recurso natural finito, aunque regenerable, cuyo uso debe basarse en principios de racionalidad, mesura, equidad y solidaridad.

Es básico asumir la necesidad del ahorro y la depuración del agua y garantizar la gestión pública de un bien público. Promover la gestión de la demanda del agua en las ciudades, redactando ordenanzas que obliguen a la instalación de sistemas ahorradores en viviendas, instituciones públicas y privadas e industrias y limitar el uso del agua en jardinería.

Realizar una gestión integral sostenible del ciclo urbano del agua (captación, transporte, almacenamiento, potabilización, distribución, consumo, saneamiento, depuración, reutilización y vertido). Esto debe ser una prioridad de la política urbanística. Y reducir la producción de residuos, potenciando el mercado de productos reciclados, recuperando productos a través de mercados de segunda mano, recuperando envases, sobre todo los de vidrio, como se hacía antaño, ya que se ahorra más energía y materiales que con el reciclaje, mediante la exigencia a las industrias productoras de hacerse cargo de la recogida y devolución al ciclo, de dichos envases etc…

Otro factor imprescindible a considerar es la Biodiversidad y los Espacios Libres en los Sistemas Urbanos. La ciudad es un ecosistema que alberga una biodiversidad propia y específica, compatible con los usos humanos. Considerando nuestro clima mediterráneo y la orografía específica que se dé en cada ciudad, las zonas verdes y ajardinamientos deben diseñarse con una visión bastante diferente a la que se viene ejecutando, ya que no se tiene en cuenta qué especies están mejor adaptadas a nuestra realidad climática de elevadas temperaturas estivales y escasez estacional de  lluvias, para la cual no son aconsejables las grandes zonas de césped que consumen cantidades nada despreciables de agua, o la elección de especies arbóreas o arbustivas que también lo  requieran. O un mantenimiento que abusa de productos fitosanitarios agresivos para el ambiente y la salud de los ciudadanos, las podas severas que debilitan la estructura de los árboles y dificultan la labor que éstos hacen protegiendo de la excesiva insolación estival y del efecto “isla de calor” que se produce en el interior de las zonas urbanas más densas y con más cantidad de cemento.

Hay que aumentar la superficie de suelo con vegetación y reducir el efecto barrera de urbanizaciones e infraestructuras. Tenemos en nuestras ciudades demasiados suelos impermeabilizados bajo cemento y asfalto sin necesidad. Y ello repercute negativamente en la absorción de las aguas de lluvia, escorrentías indeseadas y sobresaturación en determinados momentos de las redes de alcantarillado, además de otros efectos nocivos de la impermeabilización de suelos, que no se suelen tener en cuenta.

Limitar la impermeabilización de más suelos en ambientes urbanos y periurbanos se traducirá en evitar inversiones en medidas de protección frente a inundaciones. Los suelos bien formados propician la infiltración, limitan la erosión y la escorrentía superficial y mejoran la calidad del agua al infiltrarse. Esto supone legislar para que las ciudades sean compactas y no devoradoras insaciables de superficie y de los recursos con ella asociados.

En el caso de los periurbanos forestales o con vocación de serlo: Preservar y/o recuperar estos espacios y protegerlos (Ejemplo: Parque Natural de los Montes de Málaga) conlleva ventajas ya que limita inundaciones en el caso de orografías complicadas, limitan erosión, disminuyen huella de   carbono de la ciudad que rodean, y se le da un uso social al espacio.

Hay tareas fundamentales: vertebrar los territorios urbanos, rurales y naturales a través de la gestión de las vías pecuarias, o en nuestra costa, la andaluza, -que ocupa un 9% de la superficie de Andalucía y acoge al 40% de su población-, y donde el mercado inmobiliario de la franja costera andaluza está más que sobredimensionado. Son muchos los municipios que se han desarrollado más allá de lo necesario y aconsejable, además son muchas las urbanizaciones diseminadas y aisladas que se encuentran semivacías y que son insostenibles desde el punto de vista de la movilidad y que rompen la continuidad de ecosistemas valiosos en los que se asientan.

Afirmó el consejero de la Junta de Andalucía en la anterior legislatura, que en la franja de los 500 metros hay capacidad para la construcción de unas 143.000 viviendas y se aplicó a la aprobación de una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en la línea de seguir impulsando medidas de flexibilización y agilización de los procedimientos urbanísticos para que el urbanismo se convierta en el aliado de la recuperación económica. Eso lo encaminaba y lo encamina a la insostenibilidad.

En fin, que la Gestión Urbana es fundamental y precisa de la participación de las que la habitamos. Y de un urbanismo menos especulativo y más sostenible de verdad, porque el entorno, en este caso el urbano, es un patrimonio insustituible que, como tal, se ha de preservar para su disfrute colectivo.

 

Carmen Molina Cañadas

EQUO

 

Publicado en Contrainformación el 10 de mayo de 2019

Desobediencia civil en tiempos de desmesura del “poder económico”

Vivimos tiempos de desmesura, de excesos de un poder económico, así en abstracto, que va dejando en los márgenes del sistema a cada vez mayor cantidad de población. Empieza a ser una necesidad imperiosa la reflexión en el seno de la sociedad del porqué, el para qué y el cómo se ejerce el control de los pueblos.

Inmersas como estamos en un sistema de organización social dispuesto para servir a un modelo económico, el neoliberal; se nos expropia el tiempo para la reflexión, para disfrutar de la vida, para acompañar y cooperar con nuestras compañeras de generación y con las generaciones enlazadas, esas con las que compartimos espacio y tiempo. Incluso se nos roba el tiempo para la pereza, la ociosidad (creativa o no) que no tiene que asumirse como dejadez, pero que se censura. Han conseguido que nos sintamos mal cuando no somos económicamente productivos, como si el fin último de la vida humana fuese el trabajo y la productividad. No me parece que nuestra dependencia del empleo remunerado y su precarización actual sea realmente el derecho al trabajo que recoge nuestra constitución en su artículo 35. Más que un derecho es una apropiación de nuestro tiempo de vida. Es obvio que SÍ hay derechos que nos corresponde disfrutar y defender. Especialmente el tener vidas dignas y eso supone derecho a un techo, a educación, a la alimentación, a la libertad de movimiento, de pensamiento, de expresión… Pero el trabajo, mejor el “empleo”, más que un derecho es un medio para conseguir esa vida digna y no un fin en sí mismo, como lo entiende este sistema económico que nos roba tiempo, nos explota; y con ello, esquilma a mayor velocidad la tierra que nos sostiene.

Se nos ha dicho que la tecnología nos facilitaría la vida, y dispondríamos de mas tiempo. Y curiosamente, ahora se nos amenaza con que los robots harán la mano de obra humana prescindible, que nos desplazarán de los empleos, pero ¿cómo es posible que estemos en esta espiral explotadora de recursos materiales y humanos?  Lo que subyace es el modelo consumista que dinamiza la economía global y de la que hay que salir con urgencia.

Nos han inyectado en vena valores como el individualismo, que prioriza al individuo respecto a la colectividad, asumiendo que la persona puede obrar según su voluntad, sin atender al espacio compartido. Esto nos lleva a la competencia, la propiedad ilimitada y la capacidad de acumular bienes comunes, que son los bienes de todos: el agua, el suelo, el aire que respiramos, acaparando su propiedad en beneficio privado y privando del mismo a la colectividad. Para oponerse a esta realidad cabe plantearse seriamente el ejercicio de la Desobediencia Civil, en los términos que planteaba Thoreau.

El neoliberalismo, está llegando a unos extremos que hacen necesario un planteamiento colectivo de confrontación y de alternativas al mismo. Una herramienta para conseguirlo es la aplicación del concepto acuñado por Henry D. Thoreau, de la Desobediencia Civil. Él se negaba a colaborar con un Estado que mantenía el régimen de esclavitud y emprendía guerras injustificadas. Es algo que no ha dejado de ocurrir en la historia de la humanidad.

Ahora, y en un contexto social y ambiental tremendamente complejo y con síntomas de agotamiento, que está sacando a las calles de todo el mundo global, a mujeres por la igualdad, a jóvenes por su futuro, a indígenas por la defensa de sus territorios, a desterrados, migrantes, apátridas… se impone la acción no solo reactiva, sino constructiva de otra realidad posible. Construirla de la mejor manera que seamos capaces, con la inteligencia colectiva, dedicando tiempo a lo común. Disponemos de multitud de ejemplos dispersos y aislados de comunidades que se autoorganizan y viven. En el mejor sentido de esa palabra. No sobreviven, no malviven… viven vidas dignas de vivirse. Pero se les deja cada vez menos espacio.

El modelo económico está acabando con los espacios físicos y ecosistemas que necesitamos para ello. Es por eso que se impone la aplicación de otra lógica, porque la imperante nos está sacrificando en el altar del enriquecimiento de unos pocos, cada vez menos.  Hemos adormecido la inteligencia colectiva y el instinto de supervivencia, al construir un mundo artificial que ha roto los lazos con la naturaleza de la que formamos parte. Y la tecnología no nos va a salvar. Muchos mundos distópicos estamos ya imaginando, a cuál más desasosegante. Parémonos a reflexionar colectivamente. Apliquemos lo aprendido, o lo que podemos aprender de todas las que nos precedieron, de generaciones y personas que cambiaron sus realidades a golpe de sueño, a golpe de utopía. Aprendamos de los valiosos ejemplos que tenemos a nuestro alrededor.  Por ejemplo, la obra de Thoreau que criticaba la autoridad del Estado y llegó a ser inspiración para Gandhi en su campaña de resistencia contra la ocupación británica de la India. También inspiró a Martin Luther King en su lucha no violenta frente a la discriminación de la población negra de EE. UU. Ha promovido y sigue inspirando movimientos como la objeción fiscal, la objeción de conciencia contra el militarismo o violencias más o menos solapadas, movimientos ciudadanos y luchas ante los abusos.

En realidad, la insumisión de Thoreau cuestiona el equilibrio y funcionamiento de la sociedad como fuerza de control del individuo. Sin embargo, ha servido para defender los derechos de muchas personas frente a la injusticia y la acumulación de poder por parte de élites que actúan con lógicas alejadas del interés colectivo y el instinto de supervivencia de la especie.

Las preguntas que subyacen son: ¿hasta qué punto estamos obligados a obedecer a gobiernos, cuando sus leyes nos parecen injustas? ¿cuándo y cuanta injusticia hace falta para que esté justificada la resistencia pacífica al poder? ¿cuántas desobediencias individuales, como la de Rosa Parks no cediendo su asiento de autobús a un blanco, o de Greta Thunberg no yendo a clase los viernes, necesitaremos para desobedecer colectivamente y cambiar el sistema?  

Thoreau respondió de un modo radical y provocador, afirmando que cuando las obligaciones de un individuo se apartan de su idea del deber, ha llegado la hora de la desobediencia. Quizá ha llegado ese momento para amplias capas de la sociedad que ya se mueven en los márgenes de este sistema. Es momento de desobedecer radicalmente, porque los derechos fundamentales, los que sostienen la vida, no están primero en la realidad actual. Se supeditan a los intereses de la economía y a su adoración del crecimiento económico. Un crecimiento que proporciona empleos cada vez más precarizados y alienantes en los países enriquecidos y que niega el futuro a los que llaman a nuestras fronteras desde el sur empobrecido. Y es momento de cambiar esta realidad.

 

Entrada publicada en Ecologismo de Emergencia el 2/05/2019

Biotecnología vs. Ecología. Su aplicación en la Agricultura. Modelos agrarios

Estos días leí en redes una noticia que alguien compartía y en la que se afirmaba que había informes que concluían que los alimentos ecológicos no eran mas sanos que los demás. A esa afirmación contesté que sí afecta negativamente a nuestra salud, porque deteriora nuestro ecosistema, en el que desarrollamos nuestra vida, ese planeta del que sabemos que no hay repuesto. Alguien contestó a esto afirmando que es imposible para la agricultura campesina alimentar a 7.000 millones de personas, que esa no es forma de solucionar la sobrepoblación.

El debate planteado es pues sobre la agricultura que tiene posibilidades (o no) de alimentar a un mundo sobrepoblado.

Los biotecnólogos moleculares experimentan con formas de modificar la información génica de los cultivos insertando genes o, más recientemente, editando genomas

Jeremy Rifkin, antes de que alumbrara este siglo, expresaba en algunos de sus libros (“El siglo de la Biotecnología”) la preocupación que le producían, muchos aspectos de la naciente -en aquellos momentos-, revolución biotecnológica.

Los biotecnólogos, a priori, ven el mundo de un modo reduccionista y se aplican a un trabajo en el campo de la biología molecular como si fuesen ingenieros, dedicados a corregir, recombinar y reprogramar los componentes genéticos de la vida para crear organismos mas eficaces y útiles al servicio de la humanidad.

Sin embargo, en el campo de la biología, los ecólogos se acercan a la naturaleza de otro modo, integrador y sistémico. Ven la naturaleza como una sutil red de relaciones complejas que implican tanto componentes vivos como inertes y su interacción con la energía solar que activa el funcionamiento de la biosfera.

En base a estos enfoques en el análisis y estudio de la vida, podemos decir, que se llega a prácticas agronómicas bien diferentes.

Es decir, si estas distintas formas de enfocar el estudio de la vida lo aplicamos en Agricultura, veremos que los biotecnólogos moleculares experimentan con formas de modificar la información génica de los cultivos insertando genes o, más recientemente, editando genomas. El objetivo es conseguir cultivos más nutritivos, o que resistan a herbicidas, plagas, bacterias y hongos. Se asume que todo depende del organismo cultivado. El éxito del sistema es altamente dependiente de insumos externos como energía, fertilizantes y fitosanitarios con un uso pautado y efectos muy predecibles, usando al suelo como soporte de la actividad o prescindiendo de él.  Es una agricultura basada en el control. Mientras que una agricultura basada en una aproximación ecológica desarrolla un manejo que aprovecha los recursos endógenos del sistema: agua, suelo y diversidad, reduciendo así la dependencia de insumos y energía externa. Aquí, el control es menor al ser el sistema y su manejo más complejos, pero es menos dependiente de insumos y preserva más los servicios ecosistémicos. Éstos son recursos o procesos de los ecosistemas naturales que nos benefician, como agua potable limpia; o procesos como la descomposición de desechos.

La Agroecología aplicaría esto último, añadiéndole el elemento social imprescindible, siendo los agricultores depositarios y corresponsables de la gestión de la diversidad cultivada. En contraposición, la agricultura industrial derivada de la revolución verde y su versión más biotecnológica basada en la aplicación de los Organismos Modificados Genéticamente (OMG), priman la producción y el control, considerando los alimentos como mercancías.

Añadamos que los derechos de propiedad intelectual que se aplican sobre semillas, especialmente las modificadas genéticamente por biotecnología, suponen también una limitación al uso y gestión de un recurso básico para los agricultores, que es la diversidad cultivada, necesaria para asegurar el derecho a la alimentación.

Son de suma importancia en el uso de OGMs los marcos normativos. Y estos marcos, surgen de la aplicación de distintas políticas nacionales e internacionales, no sujetas a control ciudadano. En especial, aquellas políticas relacionadas con la existencia y aplicación de Tratados de Libre Comercio. Siendo esto así, resulta evidente que el debate sobre el papel de las plantas transgénicas en agricultura trasciende ampliamente el marco de las disciplinas biológicas, de la investigación, de la I+D y de una supuesta neutralidad científica, ya que tienen consecuencias que van mas allá. Esta es una de sus perniciosas derivadas.

Al respecto, hay que decir que la ciencia es un sistema potente de generación de conocimiento, del que derivan productos y servicios tecnológicos. Pero no es neutral. Entre otras causas porque no lo es su financiación, ni las reglas que operan en la comercialización de sus derivados, o la aplicación de derechos de propiedad intelectual, como las patentes. Rigen por encima, las reglas de mercado.  Y estas operan en la agricultura y la producción de alimentos.

El modelo de producción agrícola industrial regido por un mercado global donde los productos agrícolas viajan miles de kilómetros desde sus lugares de producción a los de consumo, tiene una insostenible huella de carbono, y, aunque el coste económico y ambiental no se considera, lo pagamos todos. Grandes superficies de cultivo a nivel mundial y dependientes de gran cantidad de insumos, -la mayoría monocultivos-, son las que tienen más valor de mercado para el desarrollo de semillas transgénicas. Esto implica alejarse de la sostenibilidad de los ecosistemas agrarios. Se estima que la inversión necesaria para poner una planta transgénica en cultivo comercial supone una inversión de 136 millones de dólares y unos 13 años, datos para el periodo de introducción comprendido entre 2008 y 2012 (gmoanswers).

Son varios los cultivos transgénicos que llevan tiempo en producción por lo que se puede ver lo que ha supuesto su introducción. Sirva de ejemplo el cultivo de la soja. Los principales productores son EEUU, Brasil y Argentina y el porcentaje de plantación proveniente de semilla transgénica es del 90% o superior. El 75% de la producción mundial se dedica al forraje animal, a pesar que se sabe que las dietas basadas en ingesta de proteína animal son perniciosas por la huella hídrica y el uso de suelo requerido por caloría consumida. Este modelo favorece la destrucción de grandes superficies del Bosque Atlántico y de la Amazonía brasileña. La intensificación de su cultivo ha producido deterioro de suelos, disminución de la cantidad y calidad del agua, y efectos negativos evidentes en biodiversidad. Ninguno de estos efectos podemos seguir permitiéndolos si asumimos que necesitamos una Agricultura resiliente y que nos permita contrarrestar las emisiones de GEI causantes del cambio climático. Además, han aparecido malezas resistentes al glifosato y se han desarrollado variedades transgénicas con resistencias a más de un herbicida.


Si consideramos cuestiones socioeconómicas y siguiendo con la soja, se constata que las explotaciones dedicadas a su producción, en Norte y Sudamérica, son mayoritariamente de escala industrial propiciándose una concentración de la tierra en menos manos. Esto ha desplazado a los pequeños y medianos propietarios. En relación al empleo, en algunas regiones argentinas se estima que la conversión a la soja ha destruido cuatro de cada cinco trabajos agrícolas (ver informe de 2014 de WWF “El crecimiento de la soja, impacto y soluciones” y citas en él contenidas). Transcurridos 5 años de ese informe, el deterioro de ecosistemas y de empleo es mayor.

Hay quien piensa que los transgénicos no son el principal problema, lo son quienes ostentan el control de su uso y hacen negocios con los OGM. Admitir esto es un primer paso. El siguiente es constatar el poder del oligopolio que concentra la producción de material vegetal de reproducción, y el sistema de patentes que rige y controla la industria biotecnológica. Añadamos los diferentes tratados comerciales firmados al amparo del proceso de globalización desde los 90 del siglo pasado hasta la actualidad por nuestros gobernantes. Si un investigador decidiera por su cuenta, poner a libre disposición del mundo, plantones de fresas transgénicas con frutos de textura mejorada, sería muy improbable que lo consiguiera. La razón es el empleo de ideas, métodos y materiales que otros han patentado internacionalmente, de manera que, aunque permitan investigar y publicar en el tema, si el desarrollo logrado pretende entrar en producción, aparecerá la reclamación de los derechos de propiedad. Tendría que negociar y pagar a obtentores de varias patentes, desde las metodológicas hasta las que tienen que ver con el empleo de los genes. Se tiene patentado el uso de todas sus aplicaciones prácticas conocidas.

También se patenta la naturaleza. Se ha permitido patentar semillas como si fueran un invento, una nueva máquina. Las semillas cultivadas, además de seres vivos, son un recurso renovable, como el agua y el suelo. Los tres son imprescindibles para la producción de alimentos. Desde el punto de vista de su gestión, las semillas cultivadas encajan en la categoría de los bienes comunes, tal como se refiere a ellos la premio Nobel de Economía 2009, Elinor Oström. No son ni del estado ni del mercado, su custodia corresponde a las personas en cada lugar. Tienen en común con el agua, que son un recurso que fluye en el tiempo y en el espacio. Las semillas de uso agrícola, algunas cultivadas miles de años por generaciones de campesinos, ofrecen diversidad de especies y variedades como resultado de las decisiones de los agricultores al seleccionar semillas para el siguiente cultivo, además de cruces genéticos fortuitos, de los procesos de adaptación de los cultivos a manejos y condiciones ambientales locales, intercambios, etc. Esta agro-biodiversidad está en grave peligro por un efecto colateral de la revolución verde del siglo pasado que concentró sus esfuerzos en muy pocos cultivos y variedades que desplazaron muchas de esas especies y variedades tradicionales al ser menos productivas cuando los insumos no son limitantes o por no tener mercado suficiente. Y ahí es donde operan los OGM.

Todas estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta, al adoptar un modelo u otro de agricultura. Y urge que desde la responsabilidad política no se hurte este debate fundamental.

 

Entrada publicada el 26 de abril de 2019 en Contrainformación

¿Calentamiento Global? ¿Cambio Climático? ¿Desequilibrio climático? ¿De qué hablamos y qué podemos hacer?

La lucha contra el cambio climático es una emergencia global que no admite excusas. Es alentador comprobar que los jóvenes, -principales sufridores de las consecuencias futuras-, se han puesto en marcha para interpelarnos. Siempre hubo huracanes, grandes borrascas, sequías y otros fenómenos climáticos, pero es un hecho constatable que cada vez son más frecuentes e intensos.

La principal causa de este cambio o desequilibrio son las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la actividad humana.

Los datos del IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático) son concluyentes respecto a lo que está sucediendo con el clima global: los fenómenos atmosféricos extremos se correlacionan con la temperatura de la superficie del mar en los océanos, que han capturado el 90% del calor adicional producido en los últimos 50 años. Tenemos la obligación de reducir los efectos potenciales de ese calentamiento. Abordar medidas para la mitigación y para la adaptación, lo que implica actuar para minimizar los efectos que empezamos a sufrir. Eso supone la reducción de las concentraciones de gases de efecto invernadero, preferiblemente mediante la reducción de sus fuentes. Pero no se están tomando medidas para lograr una reducción significativa. En muchas regiones del Hemisferio Sur se da por sentado un incremento de temperaturas excesivo.

En países como España, asumiendo el cumplimiento del Acuerdo de París, supondría, en cualquier caso, un aumento en torno a los 4ºC, con terribles consecuencias, ya anticipadas científicamente, para el sector agrícola y las poblaciones costeras, por la subida del nivel del mar.

No hay un Acuerdo Internacional de cómo gestionar la capacidad de carga de la biosfera, de absorber los residuos de nuestra actividad industrial. Lo de París fue un acuerdo de mínimos y no va a tener trascendencia en el control de emisiones.

Hoy existen más refugiados por causas climáticas que por guerras: según datos de Naciones Unidas hay más de 20 millones de personas desplazadas por desastres ecológicos. Los que quieren seguir pensando que son fenómenos naturales quizá no sepan que, en muchos de esos focos de emigración, por ejemplo, en África, sus habitantes llevaban siglos viviendo en durísimas condiciones climatológicas y sabían afrontarlo. Los desplazamientos son algo nuevo y en muchos casos tienen que ver con las políticas de los Gobiernos, favorecedoras de las grandes Multinacionales y de los monocultivos y sobreexplotación de recursos. Acaparan tierras, pero, más dramático aún, acaparan agua en muchos sitios donde ya de por sí escasean y obligan a sus moradores a desplazarse. En ese sentido el Brasil de Bolsonaro nos sirve de triste ejemplo. Lo primero que ha hecho al llegar al poder ha sido desproteger los territorios del acoso de grandes corporaciones madereras, ganaderas o extractivistas en general.

El cambio de paradigma necesario requiere actuar en distintos frentes:

Movilidad global, ordenación del territorio, sobre todo en los crecimientos urbanísticos desproporcionados que generan mayor necesidad de desplazamientos; Gestión hídrica y cierre del ciclo natural del agua. Recuperación de sistemas de protección naturales en nuestro litoral, que eviten las consecuencias de tener buena parte de nuestra costa encementada; mantenimiento de zonas forestales en condiciones óptimas que eviten o minimicen los incendios forestales que cada vez afectan con más intensidad y a mayores extensiones.

Desafortunadamente la mayoría de los medios de mitigación parecen efectivos para prevenir calentamiento adicional, no para revertir el calentamiento existente. Y eso es preocupante. Medidas como: reducir la demanda de bienes y servicios que producen altas emisiones, incrementar la eficiencia, el uso y desarrollo de tecnologías de bajo nivel de CO2 e ir sustituyendo los combustibles fósiles. Incrementar la eficiencia energética de los vehículos, dando mayor peso en el transporte terrestre al ferrocarril y al transporte colectivo. Se precisan cambios en los estilos de vida y en las prácticas de negocios. Así como en el planeamiento urbano, que también debería servir para reducir la expansión descontrolada de las ciudades y con ello, reducir los km viajados, minimizando las emisiones del transporte.

La planificación urbana tiene un efecto evidente sobre el consumo de energía. El uso ineficiente de la tierra, muchas veces tierra fértil escasa, para los desarrollos urbanísticos, más allá de las necesidades reales, y basándolo en la especulación, ha aumentado los costes de infraestructura, así como la cantidad de energía necesaria para el transporte, los servicios comunitarios y en edificios. Se podrían reducir los consumos energéticos considerablemente a través del uso más compacto y mezclado de los patrones del suelo.

El parque urbanístico construido a toda velocidad en los años de la burbuja, no ha cumplido los estándares adecuados desde el punto de vista de eficiencia energética y aprovechamiento pasivo de energía, y, para colmo, la especulación ha impedido cubrir las necesidades de vivienda de la población. Se necesita mejorar la eficiencia energética del parque edificatorio y facilitar el derecho a disfrutar de viviendas en condiciones dignas.

Una grave derivada tiene que ver con la especulación en el litoral. La invasión urbanística del espacio costero y llanuras de inundación ante fenómenos cada vez más fuertes hace también a las poblaciones litorales más vulnerables a sus efectos.

Otro grave problema es el imparable proceso de desertificación donde concurren diversos factores que se van sumando para empeorar la situación: la pésima gestión del ciclo del agua, sobre todo por el elevado peso de la que se destina a regadíos y asimismo la falta de protección a lugares de especial relevancia y valor natural, como el emblemático PN de Doñana, con su especialmente vulnerable y frágil marisma, de extraordinaria importancia como lugar de paso, cría e invernada para miles de aves. Porque también cumplen las marismas importantes funciones, como la de amortiguar y minimizar las corrientes marinas cuando hay mucho viento o tormentas, y esa es una función fundamental en relación a la protección del litoral frente al cambio climático, que no siempre se considera, cuando se le da vía libre a procesos de encementado del litoral.

A lo anterior hay que agregar la acelerada subida del nivel del mar, que además es cada vez más rápida: desde los 1,2 mm año del periodo 1901 a 1990 a los 3,4 mm anuales de los últimos años, que además en el litoral malagueño llega a ser de 9 mm/año. Este incremento del nivel del mar se suma al producido por el oleaje amplificando la zona inundada por el mar.

La conclusión es clara: es urgente tomar medidas contra el cambio climático, de mitigación y de adaptación.

En 2017, la que fue secretaria general del Convenio Mundial contra el Cambio Climático, Christiana Figueres, publicaba en la revista ‘Nature’ un manifiesto en el que advertía que nos quedaban tres años para cambiar la actual tendencia en materia de cambio climático y comenzar a reducir las emisiones. O sea, para 2020 debían estar en marcha medidas ambiciosas. Planteaba el desarrollo de una hoja de ruta de 6 puntos en sectores concretos que nos permitieran alcanzar ese objetivo.

El sector de la producción de energía es clave: el ambicioso objetivo era alcanzar con energías renovables para el año 2020 un 35% de la producción energética global. En materia de transporte vehículo eléctrico eficiente, pero mejor aún, ferrocarril movido por electricidad procedente de renovables. Detener totalmente la destrucción de las selvas y bosques tropicales, hoy tan amenazados. Y aquí tenemos pendiente buscar soluciones a los graves problemas de nuestras masas forestales, como la seca del alcornocal y mal estado de encinares y pinares, o frenar la expansión de eucaliptales que promueven empresas como ENCE para pasta de papel. Fundamental detener la degradación de los suelos. Las soluciones están ahí, y hay que ponerlas en marcha.

La lucha contra el cambio climático es una emergencia global que ya no admite excusas. Aceleremos las actuaciones necesarias. Los jóvenes y el futuro lo están demandando.

 

Entrada publicada en Blog Ecologismo de Emergencia el 15/03/2019

¿Retos a futuro o cambiar el presente ya?

El crecimiento económico sin límite, ese que se asume como principio básico e incuestionable en los ámbitos económicos capitalistas, hace tiempo que se ha demostrado falaz y nos está haciendo mucho daño. El sistema económico capitalista no respeta la vida, genera desigualdad, destroza las bases que sustentan su propio desarrollo, nos ahoga con la contaminación que genera y propaga… contaminación en suelos, en aire, en océanos… basura e ingentes cantidades de plásticos y de otros tóxicos que se acumulan a escala planetaria.

Por ello, se impone un cambio de paradigma que sustituya la premisa actual. Esa que asume sin cuestionarlo, que el crecimiento económico permanente, y no solo permanente sino sin fin, es imprescindible para generar riqueza y bienestar. Para trascender la existencia de límites que lo contenga o cuestione ponen su fe en las soluciones tecnológicas. Son fieles creyentes en que el modelo depredador capitalista no minará los cimientos planetarios y los servicios ecosistémicos que lo sostienen.

 

Asumen con esperanza ciega que la tecnología los salvará de los atolladeros a los que su falta de respeto y, porqué no decirlo, de conocimiento, los aboca. Son tecno-optimistas y ya hace tiempo que se sabe que lo que se produce con la tecnología es un efecto rebote, la llamada paradoja de Jevons.  Curioso concepto para referirse a que, a medida que el perfeccionamiento tecnológico aumenta la eficiencia con la que se usa un recurso, es más probable un aumento del consumo de dicho recurso que su preservación o ahorro.

Como segundo dogma también depositan su fe en caminar en la dirección de una desmaterialización de la economía, que tampoco es generalizable. Necesitamos energía, alimentos, aire, agua, suelo…, son insustituibles, indesmaterializables.  Con el tiempo acabarán dándose cuenta de que estas creencias, que no son ciencia, no eran tan de fiar y el fin de ese modelo hegemónico acabará por sorprenderlos abruptamente.  Salvo que los infieles y descreídos tomemos las riendas y no les demos el tiempo que necesitarían para ver su error y la verdadera realidad que enfrentan. Es decir, que todos los recursos y los materiales que el metabolismo capitalista consume y agota, se están agotando. Lo hacen si no son renovables, pero también en el caso de que lo sean, porque no se están respetando las tasas de renovación natural.

El consumo ininterrumpido sobre el que descansa el crecimiento en breve se quedará sin saldo en la cuenta, lo que convierte el actual modelo económico en insostenible. Lo miremos por donde lo miremos, eso es algo que ya podemos constatar. A nivel global, el crecimiento se está ralentizando ya, aunque aún haya un puñado de países que crecen a un cierto ritmo. Tenemos los ecosistemas y el planeta tan sobreexplotados que decreceremos a nivel global en breve. La cuestión es si se hará de forma ordenada, -ojalá seamos capaces-, o caótica.

Por otro lado, consideremos que no se trata solo de que sobrepasamos los límites consumiendo cada vez más rápido lo que nos provee la naturaleza. En el sistema que configura la tierra y que ha presentado un equilibrio estable durante, al menos, los últimos 12.000 años, no sólo existen unos límites físicos. Considerarlo así supondría reducir al sistema Tierra a un gran saco de recursos limitados (suelo, agua, diversidad, minerales, combustibles fósiles, etc.), y esto no es así. El sistema Tierra, es un sistema complejo, que nos provee unas condiciones de vida relativamente cómodas. Y son esas condiciones estables de un sistema complejo como el terrestre las que hay que preservar y las que están en peligro. Es decir, nuestro mundo es mucho más que una gran mina, aunque no se reproduzca, en muchos aspectos, se parece mucho a un ser vivo, de ahí la hipótesis Gaia.

Necesitamos que Gaia siga siendo un espacio seguro y justo, no es una opción, es el único camino. Necesitamos a personas amorosas, capaces, solidarias, austeras, con la que construir un modelo alternativo. Necesitamos educar para la cooperación y no para la competencia.

Necesitamos implementar medidas, marcos normativos, políticas, que hagan más probable traer a la vida de las personas ese espacio seguro en el que vivir y justo para todas.

 

En este contexto no encuentro mejor propuesta que la propuesta de Kate Raworth cuando en 2012 reflexionó y propuso lo que denominó “Un espacio seguro y justo para la humanidad”. Se preguntaba si todas podríamos vivir dentro de una hipotética rosquilla, entre el techo planetario que marca las condiciones de habitabilidad de nuestro entorno y un suelo social irrenunciable, que es el que permite vidas dignas para todas.

El reto es lograr vidas dignas para todas y no malograr que ese espacio que nos alberga, que es Gaia, tenga un buen estado de salud para cuidar de los que nos sucederán.

Según Raworth, ese suelo social mínimamente justo y equitativo debe incluir el acceso al empleo y a un mínimo ingreso vital, a salud y sistema sanitario, educación, acceso a la vivienda, energía, seguridad y soberanía alimentaria, o igualdad de género. Todas ellas son dimensiones necesarias para garantizar a las personas vidas dignas de vivirse. Pero, además, y sobre todo, hay que garantizar que seamos capaces de mantener en condiciones adecuadas el techo ambiental, imprescindible para mantener la vida. Si no lo hacemos, no podremos subsistir en un planeta muerto. Trabajemos juntas para contarlo y hacerlo. Estamos inmersas en tiempos convulsos y el objetivo debe estar en superar el formidable reto colectivo.

Entrada publicada originalmente en Contrainformación el 18/01/2019

Gentrificación, derecho a la ciudad y sostenibilidad urbana

Con la gentrificación cambia de aspecto y desaparece el vecindario de los centros históricos de las ciudades con potencial turístico. Con el tiempo esta perturbación en la dinámica urbana se acaba extendiendo como una mancha de aceite hacia los barrios periféricos, provocando incrementos en los precios de alquiler y compra, de viviendas y locales, pudiendo acabar generando una burbuja inmobiliaria y un grave problema de acceso a viviendas dignas de los más pobres, de los jóvenes y de los ancianos.

Los vecinos se ven expulsados no sólo por la carestía que genera la gentrificación, sino también por la pérdida de equipamientos y servicios que lleva asociada, sobre todo para niños y ancianos. Esto supone una pérdida de diversidad urbana que dificulta mucho la habitabilidad y sostenibilidad de la vida de las personas que habitan los centros urbanos. El desalojo del pequeño comercio es en beneficio de grandes cadenas, que expulsan y provocan el cierre de los pequeños negocios especializados en suplir las necesidades de los que habitamos la ciudad. Se produce pues, una desorganización de las comunidades vecinales y del entramado de relaciones que sostiene y configura un espacio urbano habitable. Así que no sólo es un problema de vivienda sino también de pérdida y muerte lenta de la propia ciudad que empieza a transmutarse en un parque de ocio para visitantes itinerantes cada vez más artificioso.

 

La gentrificación es un ejemplo más del resultado injusto de aplicar los dictados de la economía capitalista globalizada a la ciudad y sus habitantes. Obedece a intereses ajenos a la comunidad residente, con efectos devastadores para las dinámicas urbanas de la ciudad. La premisa de partida es lograr el “máximo beneficio”, en este caso especulando con la vivienda, que deja de ser un derecho para convertirse en una mercancía con la que ganar dinero, compitiendo deslealmente también con modelos de alojamiento turístico reglados y mejor integrados en nuestras ciudades. Y cabe preguntarse: ¿quién maximiza beneficios? ¿quién gana y quién pierde? ¿Es posible en este capitalismo que especula con los derechos, que nadie pierda? ¿o acabaremos perdiendo todos?

No se puede confundir el proceso especulador de la gentrificación, con procesos de renovación urbana en los centros con el objetivo de sanear la ciudad, aunque suele generarse tras esta renovación auspiciada desde lo público. Sus resultados son, primero, la vivienda-mercancía y luego la ciudad-mercancía. Su fin es la explotación turística para extraer grandes plusvalías a través de la puesta en valor del entorno arquitectónico y patrimonial de la ciudad a costa de expulsar y limitar, de facto, los derechos de los ciudadanos, en su sentido etimológico.

Las grandes plusvalías que produce la gentrificación son el principal motor del proceso que suele seguir una dinámica establecida: primero se da una etapa de descapitalización y desvalorización de la zona, que permite grandes diferencias entre el valor del suelo del sector degradado y el valor potencial que por su ubicación podría tener. Una vez iniciado el proceso, el efecto de contagio se encarga de expandirlo. La rehabilitación o reconstrucción adecúa las viviendas a un estándar elevado de vida. Las viviendas son demolidas casi o en su totalidad, pero estructuralmente todavía conservan su “encanto”, falseando el patrimonio o apoyándose en el paisaje del conjunto. Que el gentrificador compre la vivienda o la alquile no supone ninguna diferencia para el proceso.

En Málaga, por ejemplo, un estudio que propició el grupo municipalista Málaga Ahorademuestra que esto ya ha ocurrido en su centro histórico con resultado devastador. La población de la almendra histórica, la zona en el interior de la antigua muralla, se ha reducido a poco menos de 5.000 habitantes, menos del 0,9 % de la población. Los residentes han sido expulsados para convertir el área en una atracción turística con bares, terrazas, hoteles, alojamientos transitorios, museos, tiendas de suvenires, etc. A lo largo de la transformación se produce un forcejeo entre la escueta comunidad de vecinos resistentes y el poder económico que acaba imponiendo su yugo.  Se va perdiendo el comercio tradicional y todo lo que era original y que mantenía la riqueza local en el territorio. En el centro de Málaga ahora sólo queda, restauración, nueva hostelería y franquicias.

Este ejemplo evidencia que, si no se regula el mercado de la vivienda, acaba ganando el mercado financiero especulador e invasivo. Cada vez más capital financiero se está dirigiendo a inversiones especulativas en el mercado inmobiliario en todas las ciudades globales. Por eso, las ciudades más afectadas están aprobando medidas dirigidas a reducir el efecto negativo de plataformas como Airbnb que actuando sobre un mercado residencial, sobre todo de alquiler, lo trasmutan en turístico. Sobran ejemplos que muestran que el mercado no se autorregula y que la falta de regulación del acceso a los bienes a los que tienen derecho los ciudadanos es injusta y genera desigualdad. Hay que blindar el derecho de acceso a la vivienda en condiciones razonables, porque los alquileres de viviendas no pueden superar los salarios mínimos. ¡No puede ser! no se puede pasar de pagar un alquiler de 400 € a 1.200, como en el caso de Pepi en Madrid cuyo desahucio se acaba de paralizar por la acción ciudadana por quinta vez.  Si no lo hacemos no habrá sostenibilidad urbana y nuestras ciudades acabarán/seguirán centrifugando a sus vecinos. Los ayuntamientos tienen que ser competentes y valientes para enfrentar esta amenaza y estar claramente del lado de los ciudadanos, no convertirse en gestores de servicios para parques de atracciones urbanos. Hay que dotar de recursos a los poderes públicos para que tengan un peso decisivo en el mercado inmobiliario local y así evitar y revertir estas situaciones, que son injustas y causan sufrimiento.

A modo de ejemplo miremos como Viena ha abordado la gentrificación. El encarecimiento del precio del suelo, que también amenaza la capital austríaca, ha llevado a los políticos locales, especialmente los ahora gobernantes —socialdemócratas y ecologistas— a mantener un precio del metro cuadrado para que la ciudad siga ofertando hogares de alquiler accesible. El nuevo reglamento u ordenanza, no es una ley contra los negocios inmobiliarios, sino contra la gran especulación. Es decir, se asume que hay que ejercer un cierto control sobre el mercado inmobiliario. Con la presencia del sector público en el área de vivienda y unas rigurosas leyes sobre el alquiler, se consigue que la gentrificación se ralentice y se controle la especulación. Es una medida puesta en marcha por Los Verdes, a los que, injustamente se les acusa de estar solo preocupados por conflictos ambientales, cuando son muy conscientes de la íntima relación que existe entre lo social y lo ambiental. La lucha por hacer posible la vida en la ciudad a precios asequibles está también claramente vinculada al cuidado del medioambiente y la explicación es clara. Cuando no hay viviendas en el mercado con precios asequibles en la ciudad, la gente se marcha a las afueras, la ciudad se extiende y dispersa, se generan ciudades dormitorios y el uso del automóvil es imprescindible.  Se potencia, en suma, un estilo de vida que no es ecológico ni sostenible; por lo que medidas como estas, en políticas de vivienda urbana hacen falta por su interés social pero también por su interés ecológico.

Las ciudades más vivibles son las compactas y diversas y por eso tenemos también que parar la gentrificación. La Nueva Agenda Urbana aprobada en Quito, plantea la urgencia de cambiar los modelos actuales de crecimiento urbano, afrontando los desafíos del cambio climático y la resiliencia. Busca promover ciudades más incluyentes, compactas y conectadas. Un dato: sólo un 13% de las ciudades del mundo gozan de vivienda asequible. Así que, hay que garantizar un derecho -el acceso a la vivienda- factor clave de la equidad y cohesión social, y también hay que limitar el crecimiento exponencial de la superficie urbanizada. La expansión física de las ciudades ha crecido varias veces más que la población que las habita y eso ha supuesto el crecimiento exponencial de las demandas de movilidad, la pérdida de suelos de alto valor agrícola, ecosistemas y paisajes. Además, sigue en aumento el porcentaje de la población mundial que vive en ciudades.

 

Así que, como conclusión: es imprescindible resistir a los fenómenos gentrificadores excluyentes y para eso tanto los ciudadanos como los poderes institucionales debemos estar alerta y actuar. Los ciudadanos deben pelear por el derecho a la vivienda y por espacios de participación real que nos permitan intervenir de forma efectiva en el desarrollo de la ciudad que queremos. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) es un buen ejemplo de un activismo comprometido y efectivo de lo primero y la lucha de la plataforma de un Bosque Urbano para Málaga (BUM) de lo segundo.

Los poderes y gestores públicos deben garantizar la identidad y calidad de la ciudad como espacio público compartido a través de políticas de planificación y diseño urbano en el que la participación de vecinas sea determinante, educándonos y empoderándonos. La promoción e incremento de parques públicos de viviendas de alquiler es imprescindible y estos deben ser intransferible a fondos buitres.

Hace falta mucha energía social y aportación crítica para conformar una nueva política en materia de vivienda y ciudad. Y esa energía volcarla en la necesaria transición hacia modelos urbanos más sostenibles y menos vulnerables ante la crisis social, financiera, energética y climática.

‘Economía rosquilla’: entre una base social igualitaria y un techo ecológico

 La prestigiosa economista Kate Raworth reclama,  frente al ultra-capitalismo, un espacio entre el techo planetario que marca las condiciones de habitabilidad de nuestro entorno y un suelo social verdaderamente democrático, participativo e igualitario.

 

Cada año el Día de la sobrecapacidad de la Tierra, es decir el día en que nuestro planeta entra en números rojos, se adelanta; el consumo ininterrumpido está provocando un agotamiento de los recursos por encima de su capacidad de renovación natural, lo que convierte el actual modelo económico en insostenible. Por eso, necesitamos un espacio seguro, no azaroso, y justo, en términos éticos, para la Humanidad. Y ese esfuerzo para lograr un espacio seguro y justo debería verse reflejado en un contrato social con cada una de nosotras.

Como sociedad tenemos que enfrentarnos a situaciones difíciles, como el deterioro progresivo y, a veces brusco, de recursos vitales como el aire, el agua o el suelo, que son bienes comunes a los que cada habitante debe tener derecho. También deberemos abordar situaciones de abuso y vulneración como desahucios injustos, falta de vivienda pública, gentrificación, turistificación, deterioro de las condiciones de vida de muchos colectivos, trato vejatorio a las minorías y a los migrantes… Todas ellas son situaciones sangrantes a las que hacer frente para buscarles solución.

La pretensión debiera ser construir el bien común; implementar medidas, marcos normativos, políticas, que hagan más probable traer a la vida de las personas ese espacio seguro y justo. Sin embargo, este objetivo hace tiempo que parece haberse desvirtuado y sacrificado, en el altar del sistema capitalista en que estamos inmersas.

Hay que lograr vidas dignas ahora, y dentro de 50 años; y eso supone que las políticas públicas deben definirse más allá de los cuatro años de una legislatura. La prestigiosa economista Kate Raworth reflexiona sobre ello en Un espacio seguro y justo para la humanidad, donde se preguntaba si todas podríamos vivir dentro de un hipotético donut, entre el techo planetario que marca las condiciones de habitabilidad de nuestro entorno y un suelo social, que es el que permite una vida mínimamente digna.

Y hay muchas personas que han perdido pie o, peor aún, nunca han tenido un suelo social digno que pisar. Somos más pobres ahora que hace 5 años y la desigualdad ha crecido de manera alarmante. Tenemos una crisis de refugiados climáticos y sociales a nivel global; somos la frontera sur de Europa y, todos los días, centenares de personas se tiran al mar Mediterráneo en busca de un futuro en un norte enriquecido, del que formamos parte. Al otro lado del Atlántico, hay miles de hondureños que huyen hacia Estados Unidos, en busca de una vida digna, y el presidente Trump los va a recibir con el ejército. El reto es lograr vidas dignas para todas y no malograr ese espacio que nos alberga.

Según Raworth, ese suelo social mínimamente justo y equitativo debe incluir el acceso al empleo y a un mínimo ingreso vital, a salud y sistema sanitario, educación, acceso a la vivienda, energía, seguridad y soberanía alimentaria, o igualdad de género. Todas ellas son dimensiones necesarias para garantizar a las personas vidas dignas de vivirse. Además, hay que garantizar que seamos capaces de mantener en condiciones adecuadas el techo ambiental, imprescindible para mantener la vida.

Por tanto, el límite físico es la Tierra, nuestro planeta, algo que debemos cuidar y respetar por nuestro propio bienestar. Ese equilibrio que hace posible que tengamos vidas dignas está en peligro en muchos lugares, y sobre eso existe consenso en la comunidad científica, no es una afirmación gratuita que pretenda asustar.

Lo que amenaza este funcionamiento es el crecimiento económico sin límite, que no respeta la vida, que genera desigualdad, contaminación, basura e ingentes cantidades de plásticos, que se acumulan a escala planetaria. Cuidar el planeta es la mejor forma de cuidar a las personas que nos sucederán, a nuestros hijos y nietos, y es ahora cuando debemos actuar.

Carmen Molina Cañadas

 

Artículo publicado originalmente en El Asombrario el pasado 30/11/2018.

¿Infraestructuras de transporte al gusto neoliberal?

No son opción de futuro

Anda pidiendo el Grupo Popular en el Parlamento andaluz una especie de Revisión o Evaluación para adecuar el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA 2020) a las futuras previsiones presupuestarias a que pudieran dar lugar un nuevo modelo de financiación autonómica de la que se beneficiase Andalucía, para que se puedan concretar así inversiones que deban exigírsele al Gobierno y que hasta ahora eran reclamadas por el gobierno andaluz al Estado. Aceptando tal planteamiento inicial, no puedo por menos de hacerlo, en el sentido de evaluar si todas las infraestructuras propuestas en el Plan (que data de 2014 y era una revisión del anterior) siguen realmente teniendo vigencia o no. Si son pertinentes en la situación actual o si hay que revisar el modelo para adecuarlo a una realidad que nos habla de prioridades bien distintas.

Discrepo con el PP porque hay que redimensionar a la baja muchas de las infraestructuras viarias que se vienen planteando. Unidos Podemos propuso en el Congreso una moratoria para nuevas líneas de AVE, aumentar la inversión en Cercanías y Media Distancia y realizar de forma inmediata una auditoría pública e independiente de todas las líneas de alta velocidad para depurar la legitimidad de toda la deuda, sobrecostes y despilfarros.

Y es que el AVE, no garantiza el derecho a la movilidad, rompe la cohesión territorial y ha ocasionado la pérdida de paradas en cientos de pueblos. Motivos suficientes para reevaluar.

Sabemos a estas alturas, que la inversión en alta velocidad supone un 70 % del presupuesto ferroviario a pesar de que son 23.000 los usuarios que la utilizan diariamente, frente a los 2 millones de personas que usan cada día Cercanías y Media Distancia. Son datos a nivel estatal. ¿No es suficiente motivo para revisar nuestro Plan Andaluz?

Siendo España el 2º país del mundo con más km de AVE solo por detrás de China, me parece sorprendente que, sin embargo, no se haya sido capaz de mantener mínimamente en condiciones óptimas los servicios de media distancia, regionales y de cercanías que son necesarios para garantizar la movilidad de mayor número de usuarios que a los que da servicio el AVE.

Hasta un 57 % del «despilfarro» de la Administración Central, según la Asociación Española de Geógrafos, se debe a la inversión en líneas de Alta Velocidad Ferroviaria. Es decir, y por ser muy clara, la opción más viable y rentable socialmente, radica en reorientar la inversión hacia la modernización de las líneas convencionales y convertir el ferrocarril en una alternativa competitiva en tiempo y coste, no solo frente al AVE, sino también frente al transporte por carretera.

Los servicios de transporte ferroviario, que vertebraron a la Andalucía rural, y que permitiría a nuestras empresas distribuir sus mercancías mediante una adecuada red de ferrocarril, están hoy abandonados. ¿Por qué no invertir en su recuperación, mejor que en ampliar la red de autovías?

 

En el mismo sentido que con las líneas ferroviarias que se vienen perdiendo desde los años 80 del siglo pasado sería más que conveniente, una auditoría pública e independiente de las autovías construidas o a medio construir, porque el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ya publicó que se habían construido carreteras mayores de lo debido y con cálculos de tráfico irreales. Hemos construido muchas autovías sin atender a la previsión de utilización, rentabilidad y costes de mantenimiento. Muchas de las obras ni siquiera se acercan a la densidad de tráfico mínima necesaria para plantear un desdoblamiento (10.000 vehículos/día). El tramo entre La Herradura y Almuñécar marcó el mayor coste/km y tráfico de todos los proyectos revisados, con tráfico un 50% inferior al esperado. Tengamos en cuenta que, el coste medio de construcción de una autovía supera los 6 millones €/km. La administración andaluza debería pensarlo cuando propone construir más, y pensemos en su mantenimiento posterior.

 

Hay una autovía propuesta, por ejemplo, en la cuenca minera onubense, que adolecería de ese defecto: previsión de uso no ajustado a la realidad, rentabilidad económica y social sobreestimada, mantenimiento posterior sin considerar siquiera. ¿Qué media de tráfico diario se puede estimar? ¿Cómo justificamos su necesidad? Habiendo como hay, necesidades perentorias en otros capítulos, por ejemplo, Sanidad o Educación, claramente deficitarios, ¿cómo justificar inversiones millonarias en una infraestructura no solo prescindible, sino que sería lesiva para el mantenimiento del territorio serrano onubense? Mejor en todo caso recuperar las líneas ferroviarias que se usaron en el desarrollo minero de esas comarcas. O la pretensión de trazar una autovía entre Cádiz y Huelva que atraviese el emblemático patrimonio de la Humanidad que es Doñana.

Otro ejemplo más: la autovía A-308 entre Iznalloz y Darro, ejemplo de colaboración público-privada, tan “apreciada” por las grandes empresas constructoras, y tan amparada por algunos políticos con responsabilidad de gestión, trazaba una costosa alternativa a la A-92 y al Puerto de la Mora. Durante el cogobierno con IU se paralizó, y de momento nos ahorramos sobrecostes y destrozos. La Ronda este que se plantea para Granada, destrozaría la Vega, por lo que, se debería considerar su pertinencia o no. En Almería, mejor que un tercer carril en la autovía entre el Parador y Viator; sería oportuno considerar la alternativa de un ferrocarril de cercanías en el Poniente, que podría descongestionar en más de la mitad el tráfico rodado de turismos que actualmente circula por dicho tramo.

Insisto, el modelo presentado en el PISTA, ofreciendo una declaración de intenciones impecable, es en cuanto a propuestas concretas, un modelo insostenible, el de seguir construyendo más autovías. Los compromisos en materia de transporte adquiridos por la Junta y que les reclaman continuamente, precisan evaluación para ajustarlos a las necesidades actuales. Y la realidad es que hay que redimensionar. Y considerar además los gastos de mantenimiento de dicha red. Porque la afirmación de que construir autovías sirve como motor económico, como instrumento para generar economía, simplemente no es cierta.

Una adecuada planificación de la movilidad sí que posibilitará mejoras económicas y sociales.  Por ello, el objetivo podría ser, por poner un ejemplo, atender la demanda de transporte en tren para todos los municipios con más de 20.000 habitantes para el año 2030. ¡Ese sí sería un buen Plan! con más beneficios sociales, puesto que facilitaría la movilidad de localidades que han quedado aisladas de comunicación ferroviaria y que ven pasar el AVE de largo por sus estaciones.

Todo ello dando el necesario impulso también a la intermodalidad de la bicicleta y el tren. Porque los compromisos adquiridos por el gobierno andaluz con el Plan Andaluz de la Bicicleta (PAB), parecen definitivamente olvidados, y estaban en el Plan con una generosa financiación que no ha tenido reflejo posterior ni ejecución, por no haber interés político en su cumplimiento.

El futuro nos demandará sobre estas cuestiones y buscando precisamente un futuro deseable y asumible para todas, se deberían estar planteando recortes en proyectos de autovías, y redistribuirlos en otros servicios más necesarios, como el reacondicionamiento de carreteras ya existentes, o la modernización del transporte colectivo y de mercancías, o en el ferrocarril convencional, que solventa la movilidad de manera más eficiente y limita las emisiones difusas.

Las infraestructuras por sí mismas no generan riqueza, el beneficio está en su uso: una autopista vacía, solo sirve para dilapidar recursos públicos. Por lo que el coste de la mala planificación obliga a rescates que después se socializan. A estas alturas todas sabemos que se han construido muchas autovías sin atender a la previsión de utilización, rentabilidad y costes de mantenimiento. ¿Cuál es entonces el interés en seguir construyendo más y más autovías?, teniendo la situación que tiene Andalucía, de graves déficits presupuestarios en otros ámbitos, ámbitos que sí mejorarían la vida y la movilidad de las andaluzas, ¿cómo justificar seguir construyendo autovías?

Hay una tremenda carencia de planificación en materia de transporte para el interés común y para promover una movilidad sostenible. Animo a quien tiene potestad para cambiar la tendencia, a que lo haga.

 

No son los puestos, son los principios

EQUO Andalucía Verdes, tras participar activamente en la elaboración de un borrador de programa que incluye buena parte de las medidas que consideramos importantes para activar el cambio de modelo que en la coalición se pretende, hemos decidido dar un paso al lado en Adelante Andalucía.

Porque, efectivamente, esto no va de nombres (ni siglas), como insisten unos y otros, sino de principios. Sin embargo, como también se insiste, todos los gestos son importantes y cuentan. El tiempo apremia. El momento histórico nos dice que es fundamental aglutinar todas las fuerzas y sensibilidades que vienen siendo violentadas por las políticas de un Gobierno andaluz falto de impulso, de claridad de ideas y de políticas valientes y decididas en favor de las personas, de los cuidados de nuestro entorno, de nuestros recursos, de nuestros paisajes… Pero Adelante Andalucía ha decidido que está completo sin EQUO Andalucía Verdes. No ha sido decisión de EQUO, sino de Adelante Andalucía, que ha considerado que no somos necesarias.

Ha habido espacio para la reflexión sobre esta confluencia. Hemos sido respetuosas porque desde hace mucho somos conscientes de la situación, de la urgencia y de que en primer lugar está el bien de Andalucía y su gente. Somos conscientes. Repito: sé que la ecología política no son puestos, que es lo que se nos quiere achacar.

Nuestras propuestas, de hecho, ya están en ese programa y nos gustaría verlas reflejadas en la acción política de Adelante Andalucía, pero no nos corresponderá responsabilidad ninguna en caso de que finalmente dicha coalición contradiga principios que en EQUO tenemos asumidos, pero que no sabemos si están igualmente asumidos en una candidatura que nos ha dejado fuera. No sería la primera vez que sucede. Precisamente, es la experiencia previa la que nos hace ser precavidas sin dejar de ser respetuosas con las divergencias.

El último ejemplo es de este verano, cuando como diputada del grupo parlamentario de Podemos Andalucía fui recusada por oponerme a asumir la construcción de hasta tres autovías que crucen y destrocen el patrimonio que tenemos en la Serranía de Ronda; o por oponerme a avalar la petición de AVEs en nuestra tierra, fomentando un modelo que genera deudas brutales, fragmenta el territorio y no solventa la movilidad que la amplia mayoría de la ciudadanía andaluza precisa.

Eran los postulados de unos compañeros con los que, no estando de acuerdo, podíamos confrontar, explicar y debatir estando dentro, pero no podremos hacerlo estando fuera. Y tampoco sería justo que se nos achacase responsabilidad de algo en lo que no intervendremos porque no estaremos. Es así de simple. No podemos comprometernos a defender decisiones que no nos dejarán tomar.

Por ello, no hay representación en la candidatura y EQUO Andalucía Verdes tendrá voz propia y no atada a la de la coalición. Porque efectivamente esto no va de nombres, sino de políticas y de principios como la generosidad, la equidad, la honestidad y la defensa de los valores en los que realmente creemos.

EQUO Andalucía Verdes mantiene sus principios de poner en el centro de las políticas a las personas y a nuestro hogar, que es Andalucía. Y mantenemos el convencimiento de que hay que basar esos principios en la cooperación, que es lo que hemos venido haciendo en estos últimos años.

 

Artículo publicado originalmente en el blog de Andalucía Información Andalucía más que verde el 19/09/2018.