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Los subtropicales de la Axarquía contra su propia supervivencia

Hace unos días, la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, nos ofreció en primicia una noticia: la Junta de Andalucía espera tener listo el trasvase de La Viñuela este verano. Explicó que se iniciarían en breve las obras, tras adjudicar la obra de bypass de Churriana, para lo que cuentan con un presupuesto de 1,4 millones €. El bypass de Churriana, -afirmaba-, permitirá traer agua del embalse de La Concepción, en la costa occidental hasta La Viñuela.

Atiende así a la demanda de los productores de la Axarquía, que quieren tener acceso a mas agua. Ese es el motivo para plantear un trasvase desde La Concepción hasta el pantano de La Viñuela: Atender una demanda en lugar de controlar una oferta sobredimensionada. ¿Cómo podrán, los hijos de los productores que ahora cultivan aguacates y mangos, seguir ganándose la vida cuando sean ellos los responsables de las explotaciones, si no se para pronto esta dinámica destructiva que amenaza con dejar un erial en herencia?

No se puede seguir extrayendo agua por encima de la capacidad total del sistema hídrico. Y se lleva haciendo desde hace mucho, con la evidente consecuencia de poner en peligro el futuro del sector, tan dependiente de aportaciones extras de las que no se dispone.

En las cuencas mediterráneas andaluzas, donde se ubica el pantano de la Viñuela la situación es la siguiente:

 Capacidad Total (Hm3)Año Actual  Año AnteriorMedia de los 10 últimos años
Cuenca Mediterránea Andaluza1174543623682
 100%46´2%53%58%

Lo que evidencia que, a pesar de las intensas lluvias con que ha comenzado el año, el agua embalsada mengua a ojos vista, año tras año, aunque los responsables de las políticas hídricas e hidráulicas en la consejería, no quieran verlo. Las demandas no pueden ser ilimitadas, ni se puede ofrecer un aumento permanente de permisos de extracción, trasvases de lugares donde tampoco sobra, o vender la idea (como así hace la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible) de que se pueden sumar recursos para ampliar regadíos, si se impulsan los tratamientos terciarios en las Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) que permitan la utilización de aguas regeneradas. Por este procedimiento no se pueden recuperar grandes volúmenes, como para pretender ampliar regadíos.

Las medidas que se van adoptando van habitualmente enfocadas a seguir incrementando la oferta, y se basan en la realización degrandes obras hidráulicas; presas, embalses, diques, trasvases o canalización de los ríos. Por supuesto que optimizar los sistemas de riego es imprescindible y evitar pérdidas, pero, es imprescindible replantear los regadíos actuales y adaptar el número de Hectáreas a la capacidad de nuestras cuencas y acuíferos de mantenerlas y mantenerse. Porque hay que poner el foco en el deficiente estado de las cuencas hidrográficas y posibilitar la recuperación y conservación del buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos y de ribera, además de evitar la sobreexplotación.

Y es que, a pesar del avance que supuso la Directiva Marco de Aguas (DMA) para comprender el ciclo integral del agua, se sigue gestionando como si fuera un bien ilimitado. Estamos desbordando la capacidad de recuperación de ese ciclo y poniendo en peligro no sólo el abastecimiento humano, sino también la conservación y preservación de humedales, acuíferos, ecosistemas fluviales, etc. Los ecosistemas de agua dulce y su biodiversidad se encuentran entre los más amenazados por el calentamiento global y el cambio climático en marcha.

Una de las principales consecuencias del cambio climático, especialmente en la cuenca mediterránea, es un aumento de las sequías y de la temperatura, y por lo tanto el agua va a ser un bien cada vez más escaso, tanto por su falta como porque las reservas están cada vez más contaminadas. Por ello, no es lógico que desde las Confederaciones Hidrográficas y gobiernos locales, autonómicos o centrales se siga sin cambiar la tendencia. Las acciones deberían ir justo en la dirección contraria, evitando la construcción de nuevas presas, de nuevos embalses o de trasvases. A nivel mundial se está promoviendo la demolición de infraestructuras obsoletas. Por esa misma razón se debería desistir de seguir construyendo presas, embalses o sistemas de tuberías para trasvasar un agua que supuestamente “sobra” en un lugar, para llevarlo a otro en el que falta. La terminología usada de cuenca excedentaria o deficitaria no deja de ser una tremenda falacia. Los productores de la comarca acabarán pagando el error de intensificar los regadíos y exigir un agua de la que no se dispone. Vamos al colapso hídrico porque se lleva mucho tiempo gastando mas agua de la que hay y el déficit hídrico es muy evidente.

Apoyar al sector de los subtropicales en la Axarquía malagueña implica trabajar para lograr un sector sostenible en la actualidad para que pueda tener futuro. Sin duda se deben incluir en los balances, la disponibilidad de recursos necesarios para producir esos frutos subtropicales que tanto éxito tienen, que son SUELO, AGUA Y DIVERSIDAD. La verdadera protagonista ahora es el agua, por ser el recurso limitante, aunque los otros dos también peligran, pero, al menos, hay que plantear restricciones a la extensión del riego y asegurar y mejorar la eficiencia del mismo en las zonas que ya cuentan con él. No son admisibles incrementos de superficie de riego. Si los principales interesados, los productores, no lo entienden; y la administración -que debe estar atenta a ello- no lo controla, el futuro de la comarca será incierto.

El pantano de la Viñuela, es el que presenta un porcentaje menor de agua embalsada de todos los embalses de la provincia, con 31´38%. El de la Concepción, el que mas (74´41%). Pero esto no significa, ni mucho menos, que en la Concepción sobre agua y esta se pueda derivar para contentar a los productores de frutos subtropicales en una zona que no es tropical y que mediante la acción humana acabará siendo subdesértica.

Aunque se pueda reutilizar agua depurada tras poner en marcha los tratamientos terciarios en las estaciones depuradoras, el grueso de la respuesta, al final está en la extracción y consumo de agua subterránea de un modo insostenible. De manera que se reproduce el modelo del poniente almeriense de no contención del crecimiento de la superficie invernada con las consecuencias negativas que todos conocemos a nivel del acuífero.

En la Axarquía existe un incremento de superficie cultivada de subtropicales muy elevado con casi 13.000 hectáreas y este incremento se ha dado por encima de la cota de 140 m., que era la contemplada para la gestión hidrológica de la cuenca.  Lo que ya supone un incumplimiento flagrante y ese incremento ha supuesto más producción, pero también más limitación del recurso para el resto de regantes que sí están ajustados a la norma. Además, el subir en cota conlleva bombeos que requieren consumos de energía.

Se está poniendo en peligro la viabilidad de los subtropicales en la comarca en el medio y largo plazo. La Junta de Andalucía, en manos del PP ahora, pero también en las del PSOE anteriormente, ha aplicado una mirada cortoplacista e insostenible que no contempla un mañana para la comarca.

Y es que, una gestión sostenible implica que la actividad sea económicamente viable ahora y en el futuro. Y no podemos dejar de actuar en consecuencia ahora que lo sabemos.

Publicado en Revista El Observador el 1 de febrero 2021

Agua, Agricultura y el valor de lo irreemplazable

La especialización del sector primario está muy ligado al recurso agua. También al recurso suelo y al recurso fitogenético o de agro-biodiversidad. Y los tres, siendo fundamentales para garantizar la Soberanía Alimentaria de las poblaciones y los territorios, se encuentran, cada día en mayor riesgo.

Sirva de ejemplo el caso del Olivar en Superintensivo que ha sido utilizado por los fondos de inversión internacionales para extraer rentas del mismo. El Estado español sigue siendo el mayor productor de aceite del mundo, con miles de hectáreas dedicadas al monocultivo del olivar. En Andalucía, por ejemplo, ocupan dos terceras partes de su tierra cultivada. En los últimos años, la expansión y la industrialización del olivar van de la mano de nuevos sistemas de cultivo, en los que el olivo se planta a modo de seto, con una densidad mucho mayor y mecanizando buena parte de las tareas, lo que desplaza mano de obra. Se trata de una progresión en la que un cultivo de secano se ha ido transformado en un cultivo de regadío, con un uso importante de fertilizantes y agroquímicos que alteran la fertilidad del suelo y disminuyen la biodiversidad. En realidad, como dice el profesor Manuel Delgado Cabeza, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, hoy en día «el olivar funciona al servicio de los intereses del capital global, que en el territorio andaluz cuenta con una gran plataforma agroexportadora de la que extraer beneficios, trasladando los costes hacia el primer eslabón de la cadena, poniendo en jaque la sostenibilidad social y medioambiental de las zonas productoras».

Para mayor gravedad, normalmente los cultivos que se implantan son en régimen superintensivo, mucho más rentables para las empresas porque reducen costes de recolección, pero más agresivos con el medio. En el caso de los olivos, se implantan los llamados cultivos en seto, que permiten plantar entre 1.500 y 2.500 plantas por hectárea, con un consumo de agua de alrededor de 5.000 m3/ha/año. Esto supone un aumento espectacular de densidad, no ya del olivar tradicional, normalmente de secano, en el que hay entre 80 y 120 plantas por hectárea, sino del intensivo, con entre 250 y 400 plantas por hectárea y un consumo de agua que la Junta de Andalucía estima en 2.500 m3/ha/año (datos de 2017).

A pesar del elevado consumo de agua, los cultivos en seto mantienen a la planta en un estrés hídrico constante para evitar que crezca demasiado y pueda manejarse la plantación de forma totalmente mecanizada. Se trata de un cultivo que apenas necesita mano de obra y con un ciclo de vida de en torno a los quince años; pasado este tiempo, los olivos se arrancan para volver a comenzar. Y así hasta el agotamiento total de fuentes de agua, dejando suelos desertizados y ausencia de cobertura vegetal. Se aplican abonos de síntesis y herbicidas que alteran la fertilidad y la estructura del suelo, generando importantes problemas de contaminación hídrica y erosión.

Y un último problema, no menor, la gran cantidad de muertes de aves, sobre la cual la Junta de Andalucía ha dictado una resolución a principios de este mes de octubre que suspende cautelarmente y de forma temporal la recogida nocturna de la aceituna en olivares superintensivos mediante cosechadoras cabalgantes mientras elabora el IFAPA (Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía) estudios que permitan conocer la biología y ecología del sistema del olivar en seto y las aves que lo habitan, así como los posibles efectos que la recolección nocturna mecanizada pudieran tener sobre las aves migratorias. En realidad, no hacen falta muchos estudios para corroborar que se produce una muy alta mortandad de aves migratorias, como así denunció Ecologistas en Acción en Córdoba.

Aunque la rentabilidad sea bastante alta, la inversión necesaria para llevar a cabo una plantación en superintensivo también lo es; no está al alcance de cualquiera. Son grandes empresas y terratenientes los que disponen del capital necesario para hacer frente a esta trasformación. Estas inversiones se están haciendo sin tener en cuenta factores que las limitan, como el agua disponible, por lo que pueden tener problemas de viabilidad. El mercado, sin embargo, no es limitante porque al ser más rentables que las fincas tradicionales o las más pequeñas, suelen tener menos costes de producción. Esto tiene el riesgo de dejar fuera del mercado a las personas agricultoras de toda la vida, pues además de quedarse con su mercado se quedan progresivamente con su agua. En el mejor de los casos, acabarán convertidas en asalariadas de las grandes empresas, fenómeno que ya se está produciendo en zonas como Murcia y País Valencià.

Nos encontramos pues, en la deriva del modelo agrícola agroexportador, ante un problema bastante generalizado y peligroso que nadie se atreve a solucionar: las cifras de las concesiones y los derechos de agua son muy superiores a la disponibilidad. Además de otros problemas ya esbozados.

En nuestro país, el agua es un bien público, por lo que es la Administración quien debe otorgar una concesión para poder usarla. Y la Administración, inexplicablemente, ha dado más concesiones que recursos existen. Esto se agrava por la gran cantidad de sondeos, captaciones ilegales y pozos reprofundizados que extraen un volumen más alto del autorizado, además de todo un cúmulo de irregularidades que apenas se controlan. En Andalucía, la Junta no ha inspeccionado las macrofincas de olivos en el sudeste mas seco de la comunidad, hasta que la situación se hizo prácticamente insostenible y ocasionó un movimiento social que exigía soluciones.

Las personas que viven de la agricultura a pequeña escala, ante la pérdida de rentabilidad de sus explotaciones tradicionales, se verán obligadas a vender sus terrenos a empresas más grandes que puedan hacer frente a los costes iniciales, con el impacto social que esto tiene al incrementar las desigualdades, acabar con el tejido agrario tradicional, aumentar el despoblamiento, etc. Y la factura ambiental nunca contabilizada, que se pagará en un futuro cada vez mas cercano, cuando se haya acabado con los agrosistemas tradicionales.

Es decir, al ritmo de explotación actual, sin detener los modelos agrarios intensivos, muchos de los acuíferos en nuestros territorios, se agotarán irremediablemente, condenando a quienes habitan la zona. Y ¿todavía hay quien duda cuáles son los problemas reales a que se enfrenta la #EspañaVaciada?

Artículo publicado en Ecologismo de Emergencia el 3 de noviembre 2019

Política Agroalimentaria para un mundo saqueado

Hay un debate relevante planteado sobre la agricultura que tiene posibilidades (o no) de alimentar a un mundo sobrepoblado. Y hay fundamentalmente dos modelos que se contraponen con modalidades intermedias: la agroindustria global, heredera de la revolución verde del siglo pasado, y la agroecología, con un enfoque sistémico integrador y diverso.

Sobre esto, una reflexión previa. La biología, que es la ciencia de la vida, se acerca a la naturaleza desde distintas ópticas. De modo integrador y sistémico, analizando la naturaleza como una sutil red de relaciones complejas que implican tanto componentes vivos como inertes y su interacción con la energía solar que activa el funcionamiento de la biosfera. O de modo no integrador sino reduccionista, como hace la biotecnología, que se aplica, como si fuese una ingeniería, a corregir, recombinar y reprogramar los componentes genéticos de la vida para crear organismos mas eficaces y útiles al servicio de la humanidad.

En base a estos enfoques en el análisis y estudio de la vida (biología o biotecnología), podemos decir que se llega a prácticas agronómicas bien diferentes.

En Agricultura, los biotecnólogos moleculares experimentan con formas de modificar la información génica de los cultivos insertando genes o, editando genomas. El objetivo es conseguir cultivos más nutritivos, o que resistan a herbicidas, plagas, bacterias y hongos. Se asume que todo gira alrededor del organismo cultivado. El éxito del sistema es altamente dependiente de insumos externos como energía, fertilizantes y fitosanitarios con un uso pautado y efectos muy predecibles, usando al suelo como soporte de la actividad o prescindiendo de él.  Es una agricultura basada en el control. Mientras que una agricultura basada en una aproximación ecológica desarrolla un manejo que aprovecha los recursos endógenos del sistema: agua, suelo y diversidad, reduciendo así la dependencia de insumos y energía externa. El control es menor al ser el sistema y su manejo más complejos, pero es menos dependiente de insumos y preserva los servicios ecosistémicos. Éstos servicios son recursos o procesos de los ecosistemas naturales que nos benefician, como agua potable limpia; o procesos como la descomposición de desechos.

La agroecología aplicaría este modelo, añadiéndole el elemento social imprescindible, siendo los agricultores depositarios y corresponsables de la diversidad cultivada. En contraposición, la agricultura industrial derivada de la revolución verde y su versión más biotecnológica basada en la aplicación de los Organismos Modificados Genéticamente (OMG), priman la producción y el control, considerando los alimentos como mercancías.

Añadamos que los derechos de propiedad intelectual que se aplican sobre semillas, especialmente las modificadas genéticamente por biotecnología, suponen también una limitación al uso y gestión de un recurso básico para los agricultores, que es la diversidad cultivada, necesaria para asegurar el derecho a la alimentación.

Son de suma importancia en el uso de OGMs los marcos normativos. Y estos marcos, surgen de la aplicación de distintas políticas nacionales e internacionales, no sujetas a control ciudadano. En especial, aquellas políticas relacionadas con la existencia y aplicación de Tratados de Libre Comercio. Siendo esto así, resulta evidente que el debate sobre el papel de las plantas transgénicas en agricultura trasciende ampliamente el marco de las disciplinas biológicas, de la investigación, de la I+D y de una supuesta neutralidad científica, ya que tienen consecuencias que van mas allá. Esta es una de sus perniciosas derivadas.

Al respecto, hay que decir que la ciencia es un sistema potente de generación de conocimiento. Pero no es neutral. Entre otras causas porque no lo es su financiación, ni las reglas que operan en la comercialización de sus derivados, o la aplicación de derechos de propiedad intelectual, como las patentes. Rigen por encima, las reglas de mercado.  Reglas que se aplican a la agricultura y la producción de alimentos. Y cuando entra el mercado, sale fuera la soberanía alimentaria de los pueblos.

El modelo de producción agrícola industrial regido por un mercado global donde los productos agrícolas viajan miles de kilómetros desde sus lugares de producción a los de consumo, tiene una insostenible huella de carbono, y, aunque el coste económico y ambiental no se considera, lo pagamos todos. Grandes superficies de cultivo a nivel mundial y dependientes de gran cantidad de insumos, -la mayoría monocultivos-, son las que tienen más valor de mercado para el desarrollo de semillas transgénicas. Esto implica alejarse de la sostenibilidad de los ecosistemas agrarios. Se han hecho estimaciones sobre la inversión necesaria para poner una planta transgénica en cultivo comercial y suponía una inversión de 136 millones de dólares y unos 13 años, en un cálculo hecho para el periodo entre 2008 y 2012. Estos datos son bastante elocuentes respecto a los intereses que mueve.

Son varios los cultivos transgénicos que llevan tiempo en producción por lo que se puede ver lo que ha supuesto su introducción. Sirva de ejemplo el cultivo de la soja. Los principales productores son EEUU, Brasil y Argentina y el porcentaje de plantación proveniente de semilla transgénica es del 90% o superior. El 75% de la producción mundial se dedica al forraje animal, a pesar que se sabe que las dietas basadas en ingesta de proteína animal son perniciosas por la huella hídrica y el uso de suelo requerido por caloría consumida. Este modelo favorece la destrucción de grandes superficies del Bosque Atlántico y de la Amazonía brasileña. La intensificación de su cultivo ha producido deterioro de suelos, disminución de la cantidad y calidad del agua, y efectos negativos evidentes en biodiversidad. Además, han aparecido malezas resistentes al glifosato y se han desarrollado variedades transgénicas con resistencias a más de un herbicida. Ninguno de estos efectos es aceptable, si asumimos que necesitamos una agricultura resiliente y que nos permita contrarrestar las emisiones de GEI causantes del cambio climático, además de alimentarnos.

Si metemos en la ecuación cuestiones socioeconómicas y siguiendo con la soja, se constata que las explotaciones dedicadas a su producción, en Norte y Sudamérica, son mayoritariamente de escala industrial propiciándose una concentración de la tierra en menos manos. Esto ha desplazado a los pequeños y medianos propietarios. En relación al empleo, en algunas regiones argentinas se estima que la conversión a la soja ha destruido cuatro de cada cinco trabajos agrícolas (ver informe de 2014 de WWF “El crecimiento de la soja, impacto y soluciones” y citas en él contenidas). Transcurridos 6 años de ese informe, el deterioro de ecosistemas y de empleo es mayor.

Hay quien piensa que los transgénicos no son el principal problema, lo son quienes ostentan el control de su uso y hacen negocios con los OGM. Admitir esto es un primer paso. El siguiente es constatar el poder del oligopolio que concentra la producción de material vegetal de reproducción, y el sistema de patentes que rige y controla la industria biotecnológica. Añadamos los diferentes tratados comerciales firmados al amparo del proceso de globalización desde los 90 del siglo pasado.

Si un investigador decidiera por su cuenta, poner a libre disposición del mundo, plantones de fresas transgénicas con frutos de textura mejorada, sería muy improbable que lo consiguiera. La razón es el empleo de ideas, métodos y materiales que otros han patentado internacionalmente, de manera que, aunque permitan investigar y publicar en el tema, si el desarrollo logrado pretende entrar en producción, aparecerá la reclamación de los derechos de propiedad. Tendría que negociar y pagar a obtentores de varias patentes, desde las metodológicas hasta las que tienen que ver con el empleo de los genes. Se tiene patentado el uso de todas sus aplicaciones prácticas conocidas.

También se patenta la naturaleza. Se ha permitido patentar semillas como si fueran un invento, una nueva máquina. Las semillas cultivadas, además de seres vivos, son un recurso renovable, como el agua y el suelo. Los tres son imprescindibles para la producción de alimentos. Desde el punto de vista de su gestión, las semillas cultivadas encajan en la categoría de bienes comunes, tal como se refiere a ellos la premio Nobel de Economía 2009, Elinor Oström. No son ni del estado ni del mercado, y su custodia y protección son necesarias. Tienen en común con el agua, que son un recurso que fluye en el tiempo y en el espacio. Las semillas de uso agrícola, algunas cultivadas miles de años por generaciones de campesinos, ofrecen diversidad de especies y variedades como resultado de las decisiones de los agricultores al seleccionar semillas para el siguiente cultivo, además de cruces genéticos fortuitos, de los procesos de adaptación de los cultivos a manejos y condiciones ambientales locales, intercambios, etc. Esta agro-biodiversidad está en grave peligro por un efecto colateral de la revolución verde del siglo pasado que concentró sus esfuerzos en muy pocos cultivos y variedades que desplazaron muchas de esas especies y variedades tradicionales al ser menos productivas cuando los insumos no son limitantes o por no tener mercado suficiente. Y ahí es donde operan los OGM.

Con todas estas consideraciones ¿qué modelo de agricultura promoveremos? Urge que, desde la responsabilidad política no se hurte este debate fundamental.

Artículo publicado en Ecologismo de Emergencia el 1 de mayo 2020

Un modelo capitalista que nos descapitaliza de lo esencial

No hay margen de tiempo para seguir debatiendo cómo y para qué. Es imperativo actuar sin perder más tiempo. Sobran los informes, los datos, las evidencias. Debíamos haber puesto en marcha un Plan Internacional que fuese ambicioso y vinculante, tratando de preservar las condiciones de estabilidad mínimas del planeta. Pero parece que las únicas organizaciones internacionalmente fuertes son las instituciones y grandes corporaciones de corte neoliberal que hablan de cambios cosméticos para que finalmente no cambie lo fundamental. Organizaciones como NNUU no tienen capacidad, ni consiguen acuerdos ambiciosos o vinculantes que supediten los intereses particulares de los estados al interés global, de manera que se adopten medidas de sostenibilidad que de verdad sean a la vez radicales y sensatas. El paradigma del crecimiento económico continuo, -incuestionado a pesar de contradecir la lógica más elemental-, nos está arrastrando a situaciones límite que, de no frenar, causarán un enorme descalabro global a la civilización humana. Y, en la grave situación actual, ya no caben solo iniciativas individuales, buenistas, apelando a la responsabilidad de cada cual.

Ejemplo dramático que da señales de una gravedad extrema, son las guerras del agua que irán incrementándose conforme avance la desertificación que estamos propiciando con nuestra actividad productivista. En España tenemos estas guerras en marcha con gran beligerancia de las comunidades de regantes, que se vienen apropiando de enormes cantidades de agua en un reparto muy desigual y que genera desertificación. Detener la extracción de aguas subterráneas y permitir que los ecosistemas se recuperen, es reivindicación básica de quienes se ven abocados a graves situaciones de escasez por este acaparamiento de un recurso básico para la vida y los ecosistemas.

 

Así tenemos el ejemplo de la esquina sureste de la península, la zona más seca del continente europeo de donde se están extrayendo enormes cantidades de sus acuíferos y agotando los mismos. Pese a ser un desierto, en los últimos años se han transformado en regadío varios miles de hectáreas, sobre todo de olivos, aunque también de almendros y, en menor medida, de invernaderos de hortícolas, que se suman al exceso que ya hay en otras partes de la provincia. Lo preocupante de todo esto, es que la solución que apunta el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas al agotamiento de acuíferos, lejos de cuestionar el modelo de agricultura superintensiva, propone traer más agua de otros lugares o de desaladoras, todo un despropósito que no cuestiona la lógica del modelo.

La sobreexplotación de los acuíferos forma parte de un modelo agrícola que está haciendo mella en la viabilidad a largo plazo de la agricultura, ya que se rompe el equilibrio en el ciclo que suman las aguas superficiales y subterráneas, dejando eriales y desiertos de vida donde antes había oasis llenos de actividad y diversidad biológicas. Se constituyó una Plataforma que aglutinaba a todas las de la provincia de Almería preocupadas por esta sobrexplotación, Acuíferos Vivos, para que, conocida la situación y el riesgo consecuente, se tomaran medidas que evitaran el grave deterioro que se cierne sobre las comarcas que están sufriendo la extracción abusiva para riego. Y es que, el agua no tiene precio: las sociedades que sacrifican las fuentes de agua por dinero pagarán un precio terrible. Poner miles de hectáreas de olivar en régimen superintensivo en el desierto de Tabernas es una necedad y supone una incoherencia ecológica que compromete el futuro socioeconómico, en este caso, del maltratado sureste peninsular. Y más grave, es que esta situación de insostenibilidad en la esquina subdesértica la podemos ver replicada a lo largo y ancho de toda la península.

Los regadíos, consumen la mayor cantidad de agua (un 86% en algunos casos) de la suma total de usos de este recurso. El cambio en los usos del suelo y la intensificación de la actividad agrícola de exportación, han generado una grave situación de insostenibilidad, lo que es una amenaza, para el territorio y para la población que lo habita. La Junta de Andalucía, durante los largos años de gobierno del PSOE no cumplió con su papel de gestión y planificación, en materia de agua. Pero es que, al acceder al gobierno regional las fuerzas mal llamadas “conservadoras” con el apoyo de la ultraderecha, amenazan con empeorar la ya grave situación, planteando la construcción de más infraestructuras hidráulicas con las que trasvasar agua de donde supuestamente sobra hacia donde, se supone, hay déficit hídrico. No cabe mayor desatino. Seguir hablando de cuencas excedentarias o deficitarias es una gran falacia y una irresponsabilidad.

Si la situación de Almería es grave, el resto de territorios andaluces, y también el resto de la península siguen el mismo camino, sin querer asumir que el ciclo del agua no podemos acelerarlo, y lo estamos alterando al consumir agua a mayor velocidad de la que se repone y regenera en los ecosistemas. Hay que seguir denunciando que lo que se exporta con los hortofrutícolas, con el aceite, con los frutos rojos o frutos subtropicales, y en grandes cantidades, es AGUA. Agua que va desde la Europa más seca a la más húmeda. Aunque haya que exportar parte de lo que producimos, se necesita mesura. La administración es consciente del serio riesgo en que están las masas de agua subterránea por las abusivas extracciones. Inexplicablemente, ha dado más concesiones y derechos de extracción, que aguas hay. Esto se agrava por la gran cantidad de sondeos, captaciones ilegales y pozos reprofundizados que extraen un volumen mayor del autorizado, y este ya es elevado.

Lamentablemente, los responsables políticos que gestionan en clave cortoplacista, sabiendo que serán evaluados cada 4 años, son cobardes en relación a lo que se debería hacer. Y acaban asumiendo la realización de grandes obras hidráulicas; presas, embalses, diques, trasvases o canalizaciones… Actuaciones todas que, no solo no solucionan el problema de fondo, sino que lo agravan. El Gobierno Andaluz y las Confederaciones Hidrográficas, hasta ahora, han negado el problema de sobreexplotación. Hay que replantear los regadíos actuales y adaptar el número de hectáreas a la capacidad de nuestras cuencas y acuíferos de mantenerlas regadas. Y cuestión muy importante es la recuperación y conservación del buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos y de ribera, que son los que mejor se encargarán de devolver a la normalidad el ciclo natural del agua. Cuando se deforesta y eliminan árboles y cobertura vegetal que retiene el agua y mejora la infiltración, se está empeorando la situación que nos está llevando a la desertificación.

En Andalucía, la Junta no ha inspeccionado las macrofincas de olivos hasta que la situación se ha hecho prácticamente insostenible y ha ocasionado un movimiento social que exige que el problema se solucione. Movimiento social, agrupado alrededor de la citada Plataforma Acuíferos Vivos, que se ha movilizado cuando la situación ha provocado el abandono de numerosas pedanías y núcleos de población al secarse sus fuentes.

Y esta situación ha venido provocada, en último término, por los fondos especulativos (muy gráficamente descritos como fondos buitre) y a través de la economía financiarizada. Esta economía financiera es el último paso dado por el capitalismo, puesto que, superados los límites planetarios, ya no se puede acumular riqueza que esté basada en economía productiva real, sino jugando en los grandes mercados financieros, generando burbujas, con las nefastas consecuencias que todas conocemos, pero para las que no parece que tengamos herramientas capaces de prever y evitar.

En el ejemplo que vengo exponiendo, se ve claramente la conexión con esta economía especulativa, ya que son esos agentes o fondos especulativos los que acaparan miles de hectáreas dedicadas al monocultivo del olivar. La expansión e industrialización del olivar van de la mano de nuevos sistemas de cultivo, en los que el olivo se planta a modo de seto, con una densidad muy alta y mecanizando buena parte de las tareas, lo que desplaza mano de obra. Se trata de una progresión evidente en la que un cultivo de secano se está transformado en un cultivo de regadío, con un uso importante de fertilizantes y agroquímicos que alteran la fertilidad del suelo y disminuyen la biodiversidad, acaparan y agotan todas las fuentes de agua y tras unos años de explotación intensiva y recogida de beneficios, abandonan las tierras convertidas en eriales. Es esta economía especulativa, la que finalmente genera desplazados, y “migrantes climáticos” porque pone el cultivo super-intensivo y tecnologizado, -del olivar en este caso-, pero de todos los cultivos industriales en general, al servicio de los intereses del capital global, contando con grandes plataformas agroexportadoras de las que extraer beneficios, y finalmente, trasladando los costes hacia el primer eslabón de la cadena, los pequeños agricultores, jornaleros o habitantes del rural, poniendo en jaque la sostenibilidad social y ambiental de las zonas productoras. Este es el ciclo disruptor del modelo intensivo agro industrial. Y en definitiva del modelo capitalista.

A la Agricultura tecnificada que sobreexplota los recursos de los que depende, (AGUA, SUELO, BIODIVERSIDAD) le podemos aplicar la conocida Paradoja de Jevons, que advierte de que, a medida que el perfeccionamiento tecnológico aumenta la eficiencia con la que se usa un recurso, es más probable un aumento del consumo de dicho recurso que una disminución. En este caso ese recurso es el agua, y esta es imprescindible para la vida, luego su buena gestión es básica. Lo mismo está pasando con los suelos fértiles, cada vez más escasos, y con la biodiversidad, con la confirmada extinción masiva de especies y de agrodiversidad vegetal

Conclusión: Es imprescindible un cambio de paradigma en los modelos de explotación, en el caso que he querido poner de ejemplo, modelo agro industrial. Pero, en general, en los modelos económicos que dejan fuera de la ecuación las bases sobre las que descansan la vida de las personas y los ecosistemas. Y es que la economía no es una ciencia exacta y no entiende los fundamentos termodinámicos y los biológicos en los que se asienta el mundo en que vivimos.

 

Carmen Molina Cañadas

Miembro de EQUO

Artículo publicado originalmente en Contrainformación 30 días-30 opiniones

Biotecnología vs. Ecología. Su aplicación en la Agricultura. Modelos agrarios

Estos días leí en redes una noticia que alguien compartía y en la que se afirmaba que había informes que concluían que los alimentos ecológicos no eran mas sanos que los demás. A esa afirmación contesté que sí afecta negativamente a nuestra salud, porque deteriora nuestro ecosistema, en el que desarrollamos nuestra vida, ese planeta del que sabemos que no hay repuesto. Alguien contestó a esto afirmando que es imposible para la agricultura campesina alimentar a 7.000 millones de personas, que esa no es forma de solucionar la sobrepoblación.

El debate planteado es pues sobre la agricultura que tiene posibilidades (o no) de alimentar a un mundo sobrepoblado.

Los biotecnólogos moleculares experimentan con formas de modificar la información génica de los cultivos insertando genes o, más recientemente, editando genomas

Jeremy Rifkin, antes de que alumbrara este siglo, expresaba en algunos de sus libros (“El siglo de la Biotecnología”) la preocupación que le producían, muchos aspectos de la naciente -en aquellos momentos-, revolución biotecnológica.

Los biotecnólogos, a priori, ven el mundo de un modo reduccionista y se aplican a un trabajo en el campo de la biología molecular como si fuesen ingenieros, dedicados a corregir, recombinar y reprogramar los componentes genéticos de la vida para crear organismos mas eficaces y útiles al servicio de la humanidad.

Sin embargo, en el campo de la biología, los ecólogos se acercan a la naturaleza de otro modo, integrador y sistémico. Ven la naturaleza como una sutil red de relaciones complejas que implican tanto componentes vivos como inertes y su interacción con la energía solar que activa el funcionamiento de la biosfera.

En base a estos enfoques en el análisis y estudio de la vida, podemos decir, que se llega a prácticas agronómicas bien diferentes.

Es decir, si estas distintas formas de enfocar el estudio de la vida lo aplicamos en Agricultura, veremos que los biotecnólogos moleculares experimentan con formas de modificar la información génica de los cultivos insertando genes o, más recientemente, editando genomas. El objetivo es conseguir cultivos más nutritivos, o que resistan a herbicidas, plagas, bacterias y hongos. Se asume que todo depende del organismo cultivado. El éxito del sistema es altamente dependiente de insumos externos como energía, fertilizantes y fitosanitarios con un uso pautado y efectos muy predecibles, usando al suelo como soporte de la actividad o prescindiendo de él.  Es una agricultura basada en el control. Mientras que una agricultura basada en una aproximación ecológica desarrolla un manejo que aprovecha los recursos endógenos del sistema: agua, suelo y diversidad, reduciendo así la dependencia de insumos y energía externa. Aquí, el control es menor al ser el sistema y su manejo más complejos, pero es menos dependiente de insumos y preserva más los servicios ecosistémicos. Éstos son recursos o procesos de los ecosistemas naturales que nos benefician, como agua potable limpia; o procesos como la descomposición de desechos.

La Agroecología aplicaría esto último, añadiéndole el elemento social imprescindible, siendo los agricultores depositarios y corresponsables de la gestión de la diversidad cultivada. En contraposición, la agricultura industrial derivada de la revolución verde y su versión más biotecnológica basada en la aplicación de los Organismos Modificados Genéticamente (OMG), priman la producción y el control, considerando los alimentos como mercancías.

Añadamos que los derechos de propiedad intelectual que se aplican sobre semillas, especialmente las modificadas genéticamente por biotecnología, suponen también una limitación al uso y gestión de un recurso básico para los agricultores, que es la diversidad cultivada, necesaria para asegurar el derecho a la alimentación.

Son de suma importancia en el uso de OGMs los marcos normativos. Y estos marcos, surgen de la aplicación de distintas políticas nacionales e internacionales, no sujetas a control ciudadano. En especial, aquellas políticas relacionadas con la existencia y aplicación de Tratados de Libre Comercio. Siendo esto así, resulta evidente que el debate sobre el papel de las plantas transgénicas en agricultura trasciende ampliamente el marco de las disciplinas biológicas, de la investigación, de la I+D y de una supuesta neutralidad científica, ya que tienen consecuencias que van mas allá. Esta es una de sus perniciosas derivadas.

Al respecto, hay que decir que la ciencia es un sistema potente de generación de conocimiento, del que derivan productos y servicios tecnológicos. Pero no es neutral. Entre otras causas porque no lo es su financiación, ni las reglas que operan en la comercialización de sus derivados, o la aplicación de derechos de propiedad intelectual, como las patentes. Rigen por encima, las reglas de mercado.  Y estas operan en la agricultura y la producción de alimentos.

El modelo de producción agrícola industrial regido por un mercado global donde los productos agrícolas viajan miles de kilómetros desde sus lugares de producción a los de consumo, tiene una insostenible huella de carbono, y, aunque el coste económico y ambiental no se considera, lo pagamos todos. Grandes superficies de cultivo a nivel mundial y dependientes de gran cantidad de insumos, -la mayoría monocultivos-, son las que tienen más valor de mercado para el desarrollo de semillas transgénicas. Esto implica alejarse de la sostenibilidad de los ecosistemas agrarios. Se estima que la inversión necesaria para poner una planta transgénica en cultivo comercial supone una inversión de 136 millones de dólares y unos 13 años, datos para el periodo de introducción comprendido entre 2008 y 2012 (gmoanswers).

Son varios los cultivos transgénicos que llevan tiempo en producción por lo que se puede ver lo que ha supuesto su introducción. Sirva de ejemplo el cultivo de la soja. Los principales productores son EEUU, Brasil y Argentina y el porcentaje de plantación proveniente de semilla transgénica es del 90% o superior. El 75% de la producción mundial se dedica al forraje animal, a pesar que se sabe que las dietas basadas en ingesta de proteína animal son perniciosas por la huella hídrica y el uso de suelo requerido por caloría consumida. Este modelo favorece la destrucción de grandes superficies del Bosque Atlántico y de la Amazonía brasileña. La intensificación de su cultivo ha producido deterioro de suelos, disminución de la cantidad y calidad del agua, y efectos negativos evidentes en biodiversidad. Ninguno de estos efectos podemos seguir permitiéndolos si asumimos que necesitamos una Agricultura resiliente y que nos permita contrarrestar las emisiones de GEI causantes del cambio climático. Además, han aparecido malezas resistentes al glifosato y se han desarrollado variedades transgénicas con resistencias a más de un herbicida.


Si consideramos cuestiones socioeconómicas y siguiendo con la soja, se constata que las explotaciones dedicadas a su producción, en Norte y Sudamérica, son mayoritariamente de escala industrial propiciándose una concentración de la tierra en menos manos. Esto ha desplazado a los pequeños y medianos propietarios. En relación al empleo, en algunas regiones argentinas se estima que la conversión a la soja ha destruido cuatro de cada cinco trabajos agrícolas (ver informe de 2014 de WWF “El crecimiento de la soja, impacto y soluciones” y citas en él contenidas). Transcurridos 5 años de ese informe, el deterioro de ecosistemas y de empleo es mayor.

Hay quien piensa que los transgénicos no son el principal problema, lo son quienes ostentan el control de su uso y hacen negocios con los OGM. Admitir esto es un primer paso. El siguiente es constatar el poder del oligopolio que concentra la producción de material vegetal de reproducción, y el sistema de patentes que rige y controla la industria biotecnológica. Añadamos los diferentes tratados comerciales firmados al amparo del proceso de globalización desde los 90 del siglo pasado hasta la actualidad por nuestros gobernantes. Si un investigador decidiera por su cuenta, poner a libre disposición del mundo, plantones de fresas transgénicas con frutos de textura mejorada, sería muy improbable que lo consiguiera. La razón es el empleo de ideas, métodos y materiales que otros han patentado internacionalmente, de manera que, aunque permitan investigar y publicar en el tema, si el desarrollo logrado pretende entrar en producción, aparecerá la reclamación de los derechos de propiedad. Tendría que negociar y pagar a obtentores de varias patentes, desde las metodológicas hasta las que tienen que ver con el empleo de los genes. Se tiene patentado el uso de todas sus aplicaciones prácticas conocidas.

También se patenta la naturaleza. Se ha permitido patentar semillas como si fueran un invento, una nueva máquina. Las semillas cultivadas, además de seres vivos, son un recurso renovable, como el agua y el suelo. Los tres son imprescindibles para la producción de alimentos. Desde el punto de vista de su gestión, las semillas cultivadas encajan en la categoría de los bienes comunes, tal como se refiere a ellos la premio Nobel de Economía 2009, Elinor Oström. No son ni del estado ni del mercado, su custodia corresponde a las personas en cada lugar. Tienen en común con el agua, que son un recurso que fluye en el tiempo y en el espacio. Las semillas de uso agrícola, algunas cultivadas miles de años por generaciones de campesinos, ofrecen diversidad de especies y variedades como resultado de las decisiones de los agricultores al seleccionar semillas para el siguiente cultivo, además de cruces genéticos fortuitos, de los procesos de adaptación de los cultivos a manejos y condiciones ambientales locales, intercambios, etc. Esta agro-biodiversidad está en grave peligro por un efecto colateral de la revolución verde del siglo pasado que concentró sus esfuerzos en muy pocos cultivos y variedades que desplazaron muchas de esas especies y variedades tradicionales al ser menos productivas cuando los insumos no son limitantes o por no tener mercado suficiente. Y ahí es donde operan los OGM.

Todas estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta, al adoptar un modelo u otro de agricultura. Y urge que desde la responsabilidad política no se hurte este debate fundamental.

 

Entrada publicada el 26 de abril de 2019 en Contrainformación

Es necesario acabar ya con la enorme cantidad de pozos ilegales

Recientes y desagraciados acontecimientos han puesto tristemente en evidencia la conocida y muchas veces denunciada realidad de los pozos ilegales en nuestro país.Unos pozos ilegales que muestran la mala gestión realizada durante bastantes años en relación al uso de un recurso tan básico como el agua, y que acarrea conflictos sociales, ambientales, jurídicos y políticos que ya son insostenibles. Es hora de abordar la problemática del uso y gestión con la responsabilidad que se merece. Existe una gran cantidad de pozos ilegales que taladran todo el mapa peninsular y hay una evidente falta de medidas de control que eviten la dramática situación que viven algunos ecosistemas como valiosos humedales y algunas cuencas.

En la actualidad, son muchos los acuíferos que se encuentran catalogados como masas de agua subterráneas en mal estado en los Planes Hidrológicos. A esto se unen la desertificación que avanza y sequías agudizadas por falta de gestión y previsión. Esto lleva a que las perforaciones y extracciones ilegales, e incluso las legales sobredimensionadas, hace tiempo que persistan por encima de los valores de recarga natural. Porque la insostenibilidad no solo viene de los pozos ilegales, sino también de permisos de extracción concedidos por la Administración que se sobredimensionan más allá de la lógica.

Los porcentajes de consumo de agua por sectores evidencian que es el sector agrícola de regadío, el que consume la mayor cantidad de este recurso (alrededor del 87% en la mayoría de los casos). El cambio en los usos del suelo y la intensificación de la actividad agrícola de exportación han generado una grave situación que comienza a ser una amenaza, no solo para el territorio, sino también para la población que lo habita y el suministro de agua a algunas poblaciones. Casi todas las cuencas tienen un exceso de extracciones respecto a los recursos disponibles, pero, sin embargo, los regadíos han seguido incrementándose y esto no se puede mantener por más tiempo.

La realidad nos dice que estamos exportando agua desde la Europa más seca hacia la más húmeda. ¿Hay despropósito mayor? También nos está diciendo que el estrés hídrico que padecemos es de los mayores de la Unión Europea, solo por detrás de pequeñas naciones insulares como Chipre y Malta. Una de las razones es el cultivo superintensivo de plantas tradicionalmente de secano como son los olivos, que se está extendiendo por todo el mundo y también en España. Son muchas las preocupaciones que genera esta modalidad productiva. A los recientemente denunciados métodos de cosechar mecanizados, que, al no parar durante la noche, están acabando con millares de aves en estos campos, se une una gran preocupación por la enorme cantidad de agua que consumen.

Para mantener estas modalidades de cultivo que, siendo tradicionalmente de secano, se reconvierten a regadío para incrementar la productividad, se sigue pidiendo, o más bien, exigiendo, más agua y más infraestructuras hidráulicas, en lugar de mesura en su gestión. Es hora de cuidar un bien tan imprescindible como es el agua para poder garantizar su uso hoy y en el futuro. Porque la demanda actual ya supera con creces la disponibilidad que se puede cubrir en el presente, así que seguir insistiendo en aumentar regadíos es sencillamente proponer el suicidio de comarcas enteras.

Además, es necesario tomar medidas ya para clausurar pozos que llevan demasiado tiempo extrayendo ilegalmente. Mientras no se adopten medidas seguirán proliferando, como lo han hecho hasta ahora por todo el territorio, con la consecuente pérdida de los ecosistemas que dependen del agua. Y de los que a su vez dependemos nosotras y nuestro bienestar, si es que solo se quisiera ver desde un punto de vista egoísta.

Recientemente, la Unión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia Europeo por el impacto de la extracción ilegal de agua en Doñana. Pero esto no solo es necesario en el espacio protegido y Patrimonio de la Humanidad en peligro que es este parque nacional.

Sabemos que es muy urgente llevar a cabo una restauración integral de las marismas de Doñana y del Guadalquivir para dar respuesta a uno de los principales retos que tiene el espacio natural si se quiere garantizar su futuro. Ciertamente es básico que se recuperen los aportes hídricos de las cuencas que vierten a Doñana y que se haga un deslinde del dominio público hidráulico. Se necesita una restauración hídrica de las marismas. Y clausurar pozos y dejar de extraer por encima de la capacidad de recarga del acuífero.

Tengamos en cuenta la situación de vulnerabilidad frente al cambio climático. Todos los pozos ilegales contribuyen muy negativamente a agravar el estrés hídrico que sufren algunos territorios. Es un problema de gran envergadura y el lobby de las comunidades de regantes presiona en gran medida para mantener unas extracciones insostenibles, de tal manera que no se vea afectada la productividad de sus explotaciones.

El agua no es solo imprescindible, es un derecho, y debemos gestionarlo no solo para nuestro presente, sino para el futuro de los que vendrán.

 

Entrada publicada originalmente el 24 de febrero de 2019 en El Asombrario & Co.

Políticas agrarias, globalización y feminismo

Las gentes del medio rural se sienten abandonadas, cada vez mas, por los poderes públicos. Es un sentimiento que tiene fundamento. Por desgracia para ellas. Para las gentes que han vinculado su vida al terruño donde de sol a sol y de estación en estación cuidan, mantienen, hacen florecer y conservan el legado y la sabiduría que ellos a su vez recibieron, y que en muchos lugares se está perdiendo sin remisión.

Hay mas o menos una mitad de esas gentes, que además padece mayor abandono, a pesar de ser quienes, desde el cuidado, tanto de la tierra como de las personas, han sacado adelante en condiciones duras, ese espacio rural que tantas veces se ve con un halo falsamente bucólico y apacible. Son las mujeres; mayores, jóvenes, niñas…cargadas de obligaciones, colmadas de trabajo, de responsabilidades, de servidumbres… compartiendo todas, esos lastres, todas, esos fardos. Con historias y luchas comunes, por la vida, por su propia emancipación y la de sus pueblos, sus campos, sus territorios.

Como afirman en el Manifiesto de las Mujeres de la Vía Campesina: “Unidas ante el imperativo ético y político de defender el derecho a la alimentación, la agricultura campesina, la defensa de la biodiversidad, de nuestros bienes naturales y la lucha por poner fin a la violencia en todas sus expresiones, agudizada ante este sistema económico capitalista y patriarcal.”

La defensa de la tierra, de los territorios, la petición de justicia y dignidad es lo que acompaña a la vida en el rural y, con ello, el intento de lograr la soberanía alimentaria. Batallando día a día por esa defensa de la tierra, contra el saqueo y la devastación que provoca el capitalismo, solo preocupado por hacer girar la rueda del mercado, -oferta y demanda- como fin último y absurdo.

A pesar de que nunca fueron fáciles las condiciones de vida en el mundo rural; con la situación actual, cada vez es mayor la agresividad, produciéndose profundos cambios en las condiciones de vida en comarcas y regiones enteras que quedan a merced de una sobreexplotación de suelos, aguas, minerales y recursos que se requieren para abastecer a las ciudades de todo el mundo. Ciudades que no paran de crecer y consumir territorio a su alrededor. La invasión del capitalismo hacia el campo y la apropiación de las multinacionales de los sistemas agroalimentarios han llevado a que millones de campesinas se hayan incorporado a un trabajo alienante y embrutecedor en grandes extensiones de campos también explotados por encima de sus capacidades y han acabado provocando desplazamientos forzados, pérdidas de tierras y fuertes procesos migratorios.

 

Hacer frente a esta realidad del capitalismo desaforado, que nos oprime a todos, pero que se ceba especialmente en las zonas rurales y más especialmente aún, en la mitad de la población rural que son las mujeres, vitales y esforzadas, constituye un objetivo fundamental de lucha y reivindicación a lo largo y ancho de las tierras degradadas en todo el planeta.

La brecha en la distribución de las riquezas no ha parado de crecer, presentando los sectores rurales un panorama desalentador con altos niveles de indigencia, y siendo las mujeres las que sufren los efectos más dramáticos. Porque también genera y perpetúa desigualdad, que hombres y mujeres no accedan a la propiedad de la tierra en igualdad de condiciones, siendo éste un objetivo fundamental para superar la pobreza y la discriminación. Suponer, además, que el acceso a la tierra se debe lograr a través del mercado y como propiedad individual, está lejos de representar las aspiraciones de las mujeres rurales y campesinas en muchos lugares.

 

Terminar con estas indignas desigualdades debe ser una lucha permanente, que los gobiernos y los parlamentos del mundo deben tener en cuenta al legislar y aprobar leyes, para garantizar una vida digna para las gentes del campo y sus comunidades. Esto en cuanto a derechos de las personas a tener condiciones de vida digna. Pero es que garantizar esto, implica algo fundamental que el sistema económico desprecia: mantener las condiciones que permiten la vida.

En relación al estado de la Tierra para permitir esas condiciones, sabemos que, desde hace unos 12.000 años, se ha caracterizado por unas temperaturas medias relativamente facilitadoras de la vida, disponibilidad de agua dulce líquida en abundancia y de ciclos biogeoquímicos con unos rangos estrechos de fluctuación que además son predecibles.  Ha sido este estado del sistema Tierra –y no el sistema económico que lo explota- el que ha proporcionado unas condiciones adecuadas para que se diera el desarrollo de la civilización humana al nivel alcanzado en nuestros días.

Es hora ya de que asumamos los límites planetarios, que hay un techo de recursos que cada año agotamos mas rápido, y no solo eso, también que hemos disfrutado de un Estado del planeta facilitadorde la vida y del que somos dependientes. Traspasados los límites, cruzaremos umbrales en que probablemente deje de serlo.

El funcionamiento del sistema Tierra, a nivel global, es el de un sistema complejo, en el que los estados de equilibrio son transitorios. Esto supone que, una vez superado determinado rango de interferencia, la evolución no será lineal y saltará a un nuevo estado transitorio de equilibrio, también metaestable y no predecible o difícilmente predecible. En este punto es en el que estamos, con la incertidumbre evidente que implica para los sistemas vivos.

Con esta situación evidenciada por el IPCC en sus informes, deberíamos estar poniendo en marcha modelos de agricultura que sean resilientes y estabilizadores de los ecosistemas agrarios.

Y de lo global, a lo que atañe a la política continental mas cercana. En Europa, la PAC (Política Agraria común) debe ir encaminada a promover la agricultura de pequeñas y medianas productoras que trabajan y viven en el campo, y fomentan la agroecología, los bienes comunes y la soberanía alimentaria. Es el tipo de agricultura que nos hará menos dependientes de los bienes y alimentos que nos llegan de lugares del mundo globalizado, ya muy degradados por actividades de las grandes corporaciones. Con ello se mejorará, no solo la vida de las agricultoras europeas y las comarcas rurales que ellas mantienen, sino que permitirá no derivar las consecuencias de los grandes movimientos de mercancías del agronegocio, que perjudican tanto en Europa como en el resto del mundo.

Además, proponiendo el cambio en la manera de nombrar las políticas a promover, por ejemplo, hablando de PAAC (que sería la Política AgroAlimentaria Común) cambiaremos el paradigma y pondremos el foco en la capacidad de autoabastecimiento, de soberanía alimentaria y de garantizar la producción de alimentos saludables, en lugar de en un sistema agrario deslocalizado, con repercusiones dentro y fuera de nuestras fronteras. Ser conscientes de que lo que nos alimenta, no debe tratarse como una mercancía que genera beneficios en mercados financieros. Y es que hay agricultoras en zonas del planeta que se ven obligadas a dedicar sus territorios a producir para exportar degradando y perdiendo sus tierras. Y por tanto no pudiendo garantizar su propia alimentación y subsistencia.

Con este necesario cambio en la concepción de las políticas agrarias, además de alcanzar objetivos de bienestar en las agricultoras (y agricultores) europeas, se podrán obtener esos mismos beneficios en los explotados por el agronegocio allende nuestras fronteras, evitando que malvendan su soberanía alimentaria y territorial y con ello mitigando los grandes flujos migratorios derivados. Eso implica combinar las políticas europeas con Tratados Internacionales acordes. Y es evidente que ello, aunque deseable y necesario para nuestro futuro común, supone ponerle freno a los Tratados de Libre Comercio y eso significa una guerra desigual con el poder económico y financiero global.

Artículo publicado originalmente en el Blog «Ecologismo de Emergencia» el 2 de febrero de 2019

Dulces fresas con amargo regusto para el ecofeminismo

Este mundo globalizado para las mercancías y las transacciones financieras levanta muros cada vez más altos para las personas de los países empobrecidos y víctimas de conflictos bélicos. Estos días, España aparece como un puerto amigo posible para los que huyen de la orilla sur del Mediterráneo, pero esta imagen amable no nos redime de ser un país que participa de esta globalización que excluye a las personas o las explota y, entre ellas, aún más a las mujeres.

La mayor parte de la fresa cultivada de nuestro país se produce en Huelva y se dedica a la exportación al norte de Europa. Son fresas migrantes del Sur de Europa que viajan al norte, como también las mujeres marroquíes que migran temporalmente de Marruecos a nuestra Andalucía en la misma dirección para cultivarlas y cosecharlas. La actualidad con su ruido envejece y aleja situaciones que merecen ser denunciadas por injustas como las que soportan estas mujeres magrebíes y también algunas españolas en algunos de estos campos de cultivo. Los campos de frutos rojos nos debieran hacer enrojecer, sin embargo, se ha pretendido desde el parlamento andaluz dar un apoyo expreso al sector agrícola onubense en su conjunto, como fuente de generación de riqueza, empleo y desarrollo social, mediante una proposición no de ley presentada por el Partido Popular y apoyada por PSOE y Ciudadanos. Como casi siempre, esta proposición destacaba los beneficios socioeconómicos del sector fresero onubense y su profesionalidad, soslayando en buena medida la gravedad de la situación acaecida este año.

Conviene recordar también que este modelo de producción es claramente insostenible, especialmente por su dependencia de un recurso limitante como el agua y que está basado en condiciones precarias para estas jornaleras agrícolas del siglo XXI. Muy triste parece, que esa precarización se cebe especialmente en las mujeres, una vez más. En lugar de mirar el problema de frente, a raíz de que tres responsables de fincas estén siendo investigados por abusos sexuales, se levantan voces defendiendo las bondades del sector y sus logros desde la sede donde están representadas las andaluzas/es. Pero no podemos por menos que denunciar que esos logros son, una vez más, económicos y no están bien distribuidos. Se han conseguido generando una gran deuda ecológica y social. Por supuesto que hay agricultores y empresarios del sector (sí, en masculino) que ofrecen condiciones laborales dignas, pero habrá que reconocer también que las ONGs que trabajan sobre el terreno, llevan años denunciando abusos. Este año ha sido especialmente complicado al tener que acoger a 17.000 mujeres temporeras magrebíes. Unas 6.000 repetían de años anteriores, siendo alrededor de 11.000 más, las que se incorporaron, a petición de la patronal fresera con la autorización del gobierno central en su fórmula de contratación en origen, con la supervisión de la mesa de la contratación en Huelva en la que intervienen, administración central y autonómica, patronales freseras y sindicatos, que coordina y negocia las condiciones con países terceros, mayoritariamente con Marruecos.  Nos preguntamos si la subdelegación del gobierno en Huelva, o la Junta de Andalucía, en su Dirección General de Políticas migratorias se ocuparon de aumentar los recursos para responder al incremento de casi el 300% de temporeras. Entre ellos, los Equipos de Atención al Inmigrante (EDATI) de la Guardia Civil, la inspección de trabajo, mediadores y mediadoras sociales y culturales, servicios sociales, sanitarios, etc…, para recibir este contingente de 17.000 mujeres. Conviene tener presente que se trata de mujeres en situaciones muy vulnerables, incluso en origen, las que terminan estando al final del último eslabón de esta cadena. Por tanto, estamos en un sector donde la igualdad de género ni existe ni se vislumbra de momento. Manijeros y responsables de fincas, con poca supervisión de las empresas y las administraciones públicas, son los encargados de cientos de mujeres a las que en muchas ocasiones tratan con insultos, amenazas y vejaciones.

Son las mujeres las que se agachan a recoger los frutos, las que están bajo los plásticos, siendo los puestos de responsabilidad de fincas y naves de envasado, los ejercidos por hombres. Por ello el modelo agrícola, tanto en el sector de los frutos rojos como el promovido en general adolece de defectos identificables a los que poner remedio cuanto antes.

No podemos dejar de preguntamos qué está pasando alrededor de la contratación en origen. En el contingente de este año, la mayoría eran mujeres marroquíes, contratadas a través de un convenio con Marruecos, donde ANAPEC, Agencia Nacional para la Promoción del Empleo y de las Competencias se encarga de la selección.

Según Pastora Cordero de la sección de industria de CCOO, “Este trabajo no es de fuerza, sino postural y, según palabras de quienes “entienden”, las mujeres se adaptan mejor: “Trabajan mucho y se quejan poco y es más sencillo alojarlas”; “Son mucho más delicadas a la hora de arrancar el fruto”; “La mujer está mejor preparada genéticamente para hacer este trabajo”…, son algunos de los motivos”. En su mayoría escogidas con un perfil: mujer, mediana edad, con cargas familiares, separada o viuda… Este año han llegado mujeres que no hablan nada de español, ni siquiera francés, de zonas rurales aisladas de Marruecos, con un nivel de alfabetización muy bajo. No se les había explicado su trabajo en los campos de fresa. Mujeres que firman contratos en español con un X. Mujeres que han sido hacinadas en fincas. Que venían para trabajar tres, cuatro meses, desde principios de abril, y sin embargo nos hemos encontrado con despidos por “no consecución de objetivos”, a mediados de mayo. Algunas sólo habían trabajado 8 días tras ser echadas del trabajo, y por tanto de la finca donde vivían. Estas mujeres, que son desalojadas de las fincas donde trabajan y viven, tienen que volver a sus países de origen costeándose el viaje de vuelta (el empresario tiene obligación de pagar el viaje de ida y el alojamiento). Mujeres a las que, en algunos casos, se les ha retenido el pasaporte para que no abandonen el país hasta fin de campaña, aun cuando no podían trabajar. Y tenemos que escuchar decir a la patronal fresera que lo denunciado es un bulo, y a la Comisión de Agricultura en el Parlamento andaluz apoyarlo. Cuando hay ONGs que llevan años denunciando las condiciones de las personas, especialmente las mujeres temporeras, en los campos.  Organizaciones que se han reunido con la consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía en los últimos meses. ¿Lavado de cara de la administración andaluza?

Este es el modelo social y laboral creado alrededor de unos beneficios de casi 1.000 millones de euros. Parece evidente que con la modernización del sector en I+D+I y los beneficios económicos no es suficiente para afirmar que hay desarrollo social alrededor de la riqueza y el empleo, porque ese empleo se parece mucho a la explotación.

El 8 de marzo las mujeres, en ruidosa multitud salimos a reclamar algo obvio. Pero persiste la negación de lo obvio. No sólo han denunciado temporeras marroquíes, también lo han hecho temporeras españolas y si no existiera la precariedad y la dependencia que tienen de un trabajo mal pagado para subsistir, habría más denuncias. El valor de las exportaciones de las que presume el sector descansa, aunque solo sea en parte, en situaciones de explotación y abuso contra las mujeres como los recientemente denunciados.

Tampoco, el IV Congreso Internacional de Frutos Rojos (por cierto, con 19 ponentes hombres y solo 4 mujeres), desarrollado recientemente en Huelva, no abordó esta otra realidad del sector. Ni la más mínima preocupación por el deterioro, a pasos agigantados de parte de los recursos de la provincia, ni por el problema que genera, la negativa de China a seguir haciéndose cargo del plástico sobrante en las explotaciones, ni por el peligro y la amenaza que pueden suponer las balsas de Rio Tinto que, según denuncian asociaciones ecologistas, EQUO e informes de la universidad de Huelva, presenta síntomas muy parecidos a los de Aznalcollar antes de reventar. Ni, por supuesto, qué puede pasar con la reapertura de la Mina de Aznalcollar y sus influencias en la zona de Doñana, y que repercusiones podría tener en la credibilidad internacional. Sí que se oyeron defensas cerradas en torno al sector pintando escenarios inmejorables, modernizaciones, empresas y mercados competitivos. Frases que lo mismo valen para el sector de los frutos rojos, que para el sector del porcino o para las vacas de cría. Es decir, discursos planos y absolutamente sesgados por el ideario economicista y basado sólo en el PIB.

Se necesita una valoración integral del modelo. En la parte laboral, en la contratación en origen y en el convenio del campo, introduciendo la perspectiva de género y el acogimiento en nuestra tierra. Y valoración y revisión profunda del modelo de producción. Reconsiderarlo bajo criterios agroecológicos. Los recursos naturales son un préstamo que nos dejan de las generaciones futuras. Si de verdad las administraciones competentes y los empresarios consideran estratégico el sector agrario onubense, deberán dar la vuelta al modelo (agrícola y laboral) y poner a las personas y el planeta antes que al beneficio y al PIB.  Eso significa plantear un futuro capaz de abordar los retos que enfrentamos. Estos no son baladíes y requerirán grandes dosis de resiliencia para superar las injusticias sociales, incluidas las de género, y los deterioros ambientales que el actual modelo sigue produciendo.

 

Artículo escrito junto a Laura Limón, y publicado originalmente en el blog Ecologismo de Emergencia el 03/07/2018.

La paradoja de Jevons y el futuro de la agricultura andaluza

Asume la Administración andaluza que la especialización del sector primario en nuestra comunidad está muy ligado al recurso agua. Ciertamente es así. Por eso la necesidad de ser rigurosos y revertir la sobreexplotación del recurso, de los acuíferos, manantiales, humedales y ríos. Casi todas las cuencas tienen un exceso de extracciones respecto a los recursos disponibles, pero se han seguido incrementando los regadíos y esto no se puede mantener por más tiempo.

En ninguna región de Europa están usando de forma menos inteligente sus recursos hídricos.  Y es que el problema del agua en España no es un problema de escasez, sino de mala gestión y de falsas promesas. Y la realidad nos dice que estamos exportando agua desde la Europa más seca hacia la más húmeda. ¿Hay despropósito mayor?

Se pone de excusa el cambio climático como causante del deterioro. Pues bien, el diagnóstico de la Consejería de Agricultura andaluza es incorrecto. No es “la presencia creciente del cambio climático” la causante de los déficits hídricos que padecen estructuralmente los cinco sistemas de la Cuencas Mediterráneas Andaluzas, sino una mala gestión y el incumplimiento de las planificaciones hídricas vigentes.

Y sabiendo esto, los partidos que gobiernan, tanto en Andalucía como en el Estado, siguen pidiendo más agua y más infraestructuras hidráulicas, en lugar de mesura en su gestión. Plantean desde el partido que sostiene el Gobierno andaluz seguir ampliando los regadíos ya que se ha incrementado mucho la eficiencia en el uso del agua y por eso hay que dar… ¡Más agua! Esa es la mejor manera de acabar con la sostenibilidad y con el recurso. Y es que la sostenibilidad es un término que desgraciadamente ya se ha desvirtuado como para no remitir a la idea original de mantener los recursos para su uso hoy y en el futuro.

Cabría aplicar la paradoja de Jevons en este tema, que advierte de que, a medida que el perfeccionamiento tecnológico aumenta la eficiencia con la que se usa un recurso, es más probable un aumento del consumo de dicho recurso que una disminución. En este caso ese recurso es el agua y ésta es imprescindible para la vida, luego su buena gestión es básica. La demanda actual ya supera con creces la disponibilidad que se puede cubrir en el presente, así que seguir insistiendo en aumentar regadíos es sencillamente proponer el suicidio de comarcas enteras.

Los recursos renovables no se pueden gestionar como si fueran ilimitados. Una gestión sostenible implica que la actividad sea viable ahora y en el futuro. Y se propone caminar hacia la insostenibilidad.

Del total de agua disponible a nivel global, más del 80 %, se consume en la Agricultura, -y en el caso del Levante almeriense o de los subtropicales en la costa granadina o la Axarquía malagueña llega al 84-87%-. El agua para consumo urbano no llega al 10%, por lo que la panacea que a veces se ha sugerido de usar las aguas regeneradas no vale si la pretensión es aumentar los regadíos. El agua que proviene del tratamiento terciario de las aguas urbanas mejoraría, en todo caso, el suministro de agua a los regadíos que ya hay, pero no da para aumentarlos. Y en la actualidad tenemos más regadíos de los que puede soportar nuestro sistema hídrico. Así que es un verdadero disparate plantear su aumento. Hay que tener claro que el agua regenerada y los avances en las conducciones que mejoren la situación no suponen un gran volumen y no pueden dar lugar a incrementos de superficie de riego sino a asegurar el riego de lo que ya existe. Quizá por ello se haya planteado con mas entusiasmo el uso de agua desalada y la subvención de esta desalación y de la energía necesaria para trasladarla hasta los lugares donde se deba usar. O sea, están planteando subvencionar el uso de agua para la agricultura, mientras se esquilma el agua que debe cubrir las necesidades de las poblaciones, donde, en muchos casos se acaba recurriendo al uso de cubas para garantizarlo. Hay pueblos, en zonas donde se quiere aumentar el regadío, que están en serio riesgo por falta de agua. Y pretenden que se invierta en subvencionar el abusivo consumo que les pone en riesgo.

Se presumía con cierta lógica que el agua de las desaladoras no se emplearía para la agricultura por su alto precio. Sin embargo, las desaladoras españolas han funcionado y proporcionado agua para los cultivos agrícolas en el sureste de España cuando apretaba la sequía del pasado año.

Será un paso importante el que se dé, cuando los responsables de la Administración sean conscientes de que es preciso gestionar la demanda y dejar de aumentar la oferta. Lleva mucho tiempo el Gobierno andaluz haciendo la vista gorda a las extracciones ilegales y promoviendo aumentos de oferta ilusorios, en lugar de gestionar adecuadamente la demanda.

El objetivo de conseguir un sector agrícola sostenible y con futuro se desdibuja al plantear como solución a la escasez subvencionar la desalación y el coste de la energía necesaria para el transporte del agua desalada para dedicarla a seguir incrementando la superficie regada en comarcas con índices de aridez de 0,3 e incluso inferiores.

Un incremento del regadío en zonas con balances hídricos estructuralmente negativos desde hace decenios y que serán aún más negativos en el futuro próximo es un grave error. Supone socializar los costes de producción de una actividad privada e insostenible en una zona donde el abastecimiento urbano actual ya no está asegurado en todas las poblaciones por la apropiación del recurso para uso agrícola, lo que contraviene la normativa aplicable.

El despropósito que denuncio aquí llega al disparate cuando se habla de la “coyunturalidad” de las condiciones climatológicas para poder aplicar la Ley de Sequía de forma permanente. Es decir, que se aplique la misma en condiciones de normalidad.

Haciendo unos cálculos aproximados sobre el coste de desalación y transporte hacia las explotaciones, se pone fácilmente en evidencia que si el coste por m3 sube por encima de 1 € es insostenible económicamente tal consumo de agua desalada. Eso sin entrar en la insostenibilidad ambiental, que también es muy alta. Parece, sin embargo, que el PSOE De Andalucía ha hallado la manera de soslayar esa insostenibilidad: subvencionar la actividad cargándolo sobre las espaldas de todos los andaluces.

No cabe mayor desatino.

Artículo publicado originalmente en Andalucía Información el 01/05/2018.

¿Qué necesita la comarca de la Axarquía para tener un sector agrícola sostenible y con futuro?

Cuando hablo de futuro, no me refiero al año que viene, ni a los próximos 5 años, me refiero a que los hijos de los productores que ahora cultivan aguacates y mangos puedan seguir ganándose la vida cuando sean ellos los responsables de las explotaciones.

La producción de alimentos, en este caso de frutos subtropicales, depende del mercado, de la oferta y la demanda, pero NO TENDRÁ FUTURO si no se incluye en los balances, además de los aspectos económicos, la disponibilidad de los recursos necesarios para producir, que son SUELO, AGUA Y DIVERSIDAD y lo hacen para el presente  y para el futuro.

La verdadera protagonista en la comarca, por ser ahora el factor más limitante, es el AGUA, aunque no estaría de más que analizar también, el maltrato que está sufriendo el suelo en la comarca. Con movimientos de toneladas de tierra para habilitar el cultivo en zonas de pendientes muy elevadas y por encima de la cota de 140 metros, que era una cota límite para el desarrollo del regadío.

Es necesario plantear restricciones a la extensión del riego y asegurar y mejorar la eficiencia del mismo en las zonas que ya cuentan con él.

Hay que ponerle freno a nuevas plantaciones. Y asumir, sin engañar al sector, que el agua regenerada y otras pequeñas actuaciones que se puedan hacer para mejorar la situación no suponen un gran volumen y no pueden dar lugar a incrementos de superficie de riego, sino a asegurar el riego de lo que ya está plantado, que es mucho. Asumirlo será positivo para el sector, aunque ahora en el corto plazo no sea popular.

El sector y las comunidades de regantes  hablan de que la solución pasa por “trasvasar agua de donde sobra”. Habrá que aclarar para quien no sea consciente de ello, que el agua NO SOBRA en España.

A nivel estatal, el balance hídrico de nuestro país es negativo y lo es aún  más en la zona que nos ocupa y también en las zonas próximas de donde se suele proponer trasvasar agua. Y esa situación es probable que empeore porque la demanda del recurso y su consumo es cada vez mayor y ha crecido mucho en general.

El agua que vemos fluir en superficie, -desgraciadamente en poco sitios de nuestra comunidad-, NO SOBRA. Está conectada con las subterráneas, y en la medida que extraigamos el agua superficial de las cuencas, acabaremos afectando negativamente a las aguas subterráneas. Es un ciclo cerrado, y acabaremos creando un déficit de muy difícil gestión, cuando comprometa el suministro a las poblaciones. Así que hablar de cuencas excedentarias en nuestro Sur, es faltar a los datos.

Conviene recordar que, del total de agua extraída para uso humano, en términos generales, un 70% se dedica de media a la agricultura y los datos disponibles de la comarca de la Axarquía indican que se está en ese rango o algo más.

Por otro lado, anualmente llueve de media en la comarca 460 l/m2 por año y la evapotranspiración potencial estimada está en los 1.200 l/m2 año, bastante más del doble. Lo que da una idea, a grosso modo,  del déficit en el balance que tenemos. Más, si cabe, al considerar la gran demanda de agua para riego que ya existe en la actualidad y la permanente demanda de nuevos aumentos de regadíos.

LA DEMANDA ACTUAL YA SUPERA CON CRECES LA DISPONIBILIDAD QUE SE PUEDE CUBRIR EN EL PRESENTE:

-En cuanto al Aguacate: asumiendo que hay unas 6.400 hectáreas de aguacate y que estas plantaciones consumen agua en un rango que va de los 7.000 a los 9.000 m3/Ha año, en función del sistema de riego. Considerando un valor medio de 8.000, se obtiene una necesidad media anual de 51 hectómetros cúbicos para este cultivo en la comarca.

-En cuanto al Mango: en principio, necesitan menos agua y requieren unos 6.000 m3/Ha año, si el riego es eficiente. Considerando 3.120 Hectáreas de cultivo, la estimación de necesidades es de casi 19 hectómetros cúbicos/año.

-Otros regadíos pueden suponer de 12 a 13 hectómetros cúbicos más.

Esto significa que  la demanda de agua y enfatizo DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO ESTÁ SOBRE LOS 82,8 HECTÓMETROS CÚBICOS/AÑO AHORA. Y ESTA ES UN ESTIMACIÓN CONSERVADORA que asume el uso de sistemas eficientes de riego, sobre todo en mango. Hay estimaciones y estudios que indican que la demanda puede superar los 100 Hectómetros cúbicos/año.

Estas necesidades de agua hay que BALANCEARLAS con la disponibilidad del recurso en la actualidad que depende en buena medida de dos fuentes:

Por un lado, el pantano de la Viñuela que, según datos de Axaragua, provee consumos anuales de 30 hectómetros cúbicos, 15 para uso urbano y 15 para riego.

A ello habría que sumar lo que llueve de media sobre los subtropicales y resto de riegos. Asumiendo una eficiencia del 100% en su uso y una interceptación de sólo el 15%, la lluvia supondría 37 hectómetros cúbicos de media. Aunque hay que decir que los escenarios que plantea el Cambio Climático es que la disminución de las precipitaciones NO sea puntual, sino la tónica a futuro.  Haciendo el balance entre disponibilidad y demanda  tenemos un déficit medio de 30,8 Hectómetros cúbicos año.

Prácticamente hace falta otro pantano de la Viñuela dedicado sólo a riego.  Es muy probable que los déficits sean bastante elevados porque, como ya he dicho, hay balances  calculados que incrementan la demanda un 20% o incluso más.

Pero la pregunta del millón es ¿y cómo se cubre este déficit entonces?

Aunque hay algo de reutilización de agua, el grueso de la respuesta tiene que estar en la extracción y consumo de agua subterránea de un modo insostenible. De manera que estamos reproduciendo el modelo del poniente almeriense de no contención del crecimiento de la superficie invernada con las consecuencias negativas que todos conocemos a nivel del acuífero. Pero no es sólo una cuestión de ecologistas, porque también tiene consecuencias negativas a nivel de rendimiento monetario por hectárea, no hay que olvidarse de ello.

Dicho lo cual,

¿Quién está poniendo en peligro la viabilidad de los subtropicales en la comarca en el medio y largo plazo? ¿Quién está poniendo en peligro los empleos de la comarca en el medio y largo plazo? ¿Cómo queda la viabilidad del modelo  de agricultura que hay ahora en la Axarquía?

Seguir exigiendo aumento en las Hectáreas de regadío, como ya ha hecho el Partido Popular en el Parlamento Andaluz es populista, cortoplacista e insostenible y, si se analiza en profundidad, no contempla un mañana para la comarca.

Llegados a este punto, no cabe otra, que hacerse consciente que el planeta tiene límites y que los recursos renovables no se pueden gestionar como si fueran ilimitados. Que una gestión sostenible implica que la actividad sea económicamente viable ahora y en el futuro. Y que los recursos dejan de ser renovables cuando los consumimos a una velocidad mayor que la necesaria para su regeneración natural. No resulta cómodo decir estas cosas en la comarca, pero hay que decirlas. Para afrontar los retos que tenemos y los que vienen, en relación a los usos del agua hay que dar respuesta a esta situación de insostenibilidad.

Carmen Molina Cañadas tras analizar la situación en la Axarquía al hilo de una PNL presentada en Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural del Parlamento de Andalucía por el Grupo Popular en noviembre de 2016