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LA MARISMA QUE DESAPARECIÓ BAJO UNA MONTAÑA TÓXICA EN SOLO 50 AÑOS. Una de las tragedias onubenses

Estos días se han congregado más de cien colectivos, protestando a las puertas del Ayuntamiento de Huelva para mostrar su rechazo a la intención de la empresa Fertiberia de enterrar los fosfoyesos, y rechazando el proyecto presentado en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que sí ha recibido el visto bueno del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico porque, -afirman-, pretende cubrir con una fina capa de tierra las miles de toneladas de fosfoyesos que se han depositado durante tantos años. El otorgamiento se condiciona a numerosas cuestiones ambientales de la DIA, y supone para la ciudad de Huelva el enterramiento definitivo de los fosfoyesos en las marismas y su permanencia geológica en un problemático futuro.

La ciudad de Huelva se asienta en una gran llanura litoral donde abundan las marismas, caños, lagunas y esteros, junto a zonas de arenas. La estructura sedimentaria es de elementos muy finos (arcillas), y expuestos a dinámicas de flujo continental y marítimo, con materiales aún no consolidados. Su situación en la confluencia y desembocadura de los ríos Tinto y Odiel explica algunos de los riesgos que existen, como consecuencia del grave conflicto ambiental generado. Son necesarias medidas urgentes, ineludibles y costosas para neutralizar la enorme montaña tóxica de fosfoyesos que se ha acumulado a lo largo de mas de cuatro décadas, sobre fangos poco compactados y arenas embebidas en agua. Una montaña originada por la acumulación de materiales industriales que es una de las mayores del mundo. Tras su clausura se ha mantenido la zona en permanente riesgo de desastre ecológico. Un riesgo de gran magnitud que podría dejar pequeña la devastación ya vivida en Aznalcóllar.

 Fertiberia obtuvo en 1968 la concesión para verter sus residuos a la Marisma del Tinto, y lo hizo hasta que en 2004 el Ministerio de Medio Ambiente declaró caducadas las concesiones de los terrenos en que se asientan las enormes balsas. Entre 700 y 1000 hectáreas, la misma extensión que la ciudad de Huelva y a escasos 500 m. de sus viviendas. Tiene entre 80 y 100 millones de toneladas de residuos, en su mayoría fosfoyesos, que son un subproducto resultante de la fabricación de fertilizantes fosfatados.*[1] Antes de la concesión, la marisma estaba limpia. Pero después de contaminar tanta extensión y durante tanto tiempo, no va a ser técnicamente posible descontaminar y volver a dejar limpia la marisma como así están exigiendo los colectivos. Son cosas de la entropía: imposible volver al punto de partida tras el disparate consentido durante tantos años.

El Polo Químico suele dividir a los ciudadanos entre los que lo ven como motor económico de la ciudad (por los puestos de trabajo que genera) y los que lo ven como su primer problema al afectarles a su salud (las balsas emiten una radiación 27 veces por encima de lo permitido, muy por encima de la legislación española y la directiva europea) o destruir los ecosistemas que circundan la ciudad.

El dilema ya está servido: Es un hecho que no se debió permitir el vertido continuado, durante décadas, de residuos tan tóxicos a las puertas de la ciudad y en zona tan frágil. De hecho, en ningún otro lugar. Y también es un hecho que la insistente petición ecologista de que “quien contamine, pague” nunca se cumple, porque una vez rotos los equilibrios ambientales, no se vuelve a la situación de partida y el destrozo nunca se repara. Pero a las amenazantes balsas, hay que buscarles una enmienda que no genere otros problemas.

Por eso, respecto a la DIA, en este caso, como en los demás, se analizan distintas alternativas. Lo que ha aceptado el Ministerio es que se encapsule la zona de vertidos, no que se regenere, que es lo que piden desde asociaciones ecologistas y ciudadanas de Huelva. Regenerar la marisma con garantías no es fácil y supondría mover los fosfoyesos. Pero, si se trasladasen los fosfoyesos para limpiar la marisma ¿qué hacer con ellos? ¿Dónde depositarlos? Aunque el sellado in situ sea una mala solución, es evidente que implica menos riesgos que el que significa trasladar todos los vertidos tóxicos a otro lugar. Asumiendo, claro está, que se ha evaluado con rigor y con las herramientas que existen para ello, (Mejores Tecnologías Disponibles que suelen decir las empresas). Existe la posibilidad de pedir otra evaluación de riesgos de las distintas alternativas de gestión, para tener una opinión independiente y cualificada aparte de la de la empresa y la del ministerio. La Universidad de Huelva cuenta con equipos de investigación que han trabajado sobre ello.

Pero es evidente que NO se resuelve el problema porque no hay una solución óptima para unos vertidos que no se debieron autorizar, y menos durante tanto tiempo de acumulación y lo único que ya se puede hacer es convivir con el riesgo; al que –en teoría- pretenden mantener dentro de un rango asumible.

Las alternativas que suponen mover el suelo o los sedimentos contaminados se suelen desechar, al ser más peligroso mover el material y acabar trasladando el problema a otro sitio. No es un volumen pequeño que se pueda llevar a un vertedero, son muchas hectáreas de balsas (entre 700 y 1000 Has). Y, asumido que no se mueve, lo que queda es actuar in situ. En general, se suele optar por soluciones ”ingenieriles” aunque para determinados contaminantes como metales pesados y petróleo pueden funcionar tratamientos biológicos. Aquí no es el caso. Demasiado contaminante y extensión. Ante eso, lo propuesto es una especie de sellado de las balsas (encapsulado) que limite las pérdidas, posibles infiltraciones, límite riesgos de rotura y otros posibles problemas. Como se sabe que eso no es seguro y con el paso del tiempo puede haber rotura e infiltraciones, quizá gases también, se propone vigilancia a 30 años, aunque después de ese tiempo el riesgo va a persistir. Para fijar taludes tiran de vegetación, que de camino queda bien. No se puede descontaminar a 0. Se descontamina hasta que el riesgo se considere aceptable para la salud de las personas y del ecosistema. Dónde esté ese límite aceptable no creo que nadie lo sepa con certeza.

Es la solución menos mala dada la situación. Por supuesto siendo muy exigente con la ejecución y con “el aval” que garantice que los riesgos se mantendrán en “límites aceptables”. Se debe exigir a Junta y Ministerio que consideren adecuadamente el riesgo que de verdad es asumible para la ciudad de Huelva y en consecuencia, que exijan a Fertiberia el máximo rigor en el encapsulado de suelos (que quede con la estanqueidad garantizada) y que aporte el montante que se considere necesario para su mantenimiento a futuro, asegurando que ese dinero no se pueda dedicar a otra cosa. No sé si los 65 millones € exigidos como fondo de garantía, son garantía suficiente, pero tendría que ser depositado en un banco para estos fines y estar disponible para los imprevistos y los probables incumplimientos que tenga el proyecto y su monitorización durante 30 años. Con certeza es una cantidad pequeña para los daños ocasionados y los riesgos que sufrirán generaciones de onubenses. Pero ¿qué criterio se podría usar para declarar una cantidad como razonable y suficiente?

Conclusión: Es una actividad que no se debería haber permitido y por la que Feriberia, además de remediar debe compensar a la ciudad de alguna manera. Al dar el Ministerio por bueno el proyecto, tendría que argumentar porqué considera que se han evaluado suficientemente los riesgos con los que tendrán que convivir los onubenses y su ecosistema de marismas.

Quiero aclarar que, coincidir, en un marco de evaluación de riesgos comparativos, que un confinamiento sea la solución menos mala en el corto-medio plazo, no blanquea la desastrosa gestión que Fertiberia ha hecho en Huelva y los daños ambientales y para la salud de las personas que ha producido por decenios. Además, en ese mismo sentido, habría que preguntar al Ministerio de Transición Ecológica, Dirección de Biodiversidad y Calidad Ambiental cómo es que se conceden permisos para que vengan 70.000 toneladas de residuos peligrosos procedentes de territorio extracomunitario, de Montenegro concretamente, hasta Nerva, y que se sumarían a otras 40.000 ya depositadas a comienzos de este año.  Se incumple así la premisa de la que parto en este artículo: la de que se traten los residuos allí donde se producen.

El vertedero de Nerva iba a destinarse a tratar los residuos de Huelva, Sevilla y Cádiz. Pero se ha convertido en el basurero de Europa, un vertedero de residuos tóxicos y peligrosos a 700 metros de las casas del pueblo. Se esperan más envíos desde Montenegro hasta completar la operación de “limpieza” (bastante cuestionable) de 150.000 toneladas de residuos, el equivalente a 15 torres Eiffel, repartidas en 1,7 hectáreas. Y esta situación es contradictoria con la que se plantea para Huelva capital.

*[1] Respecto a lo que ha sucedido tras caducar las concesiones, hay que apuntar alguna cosa que amplíe el foco.  Y es que Fertiberia ha pasado a comprar su materia prima (ac. Fosfórico) a Marruecos. Lo ha hecho al no poder seguir vertiendo aquí, porque la legislación ambiental le ponía “difícil” contaminar sin costes. Y Marruecos le facilita esa materia prima que previamente roba al Sahara Occidental. Zonas ricas en Fosfatos y pobres en legislación ambiental. Marruecos controla el 75% del volumen de exportaciones de fosfatos en roca en el mundo. El 10% lo extrae del Sahara Occidental ocupado. Un expolio que implica no solo degradación ambiental por vertidos incontrolados, que van directamente al mar, sino degradación moral por la pobreza y humillación a que se somete al pueblo saharaui para expoliar sus riquezas naturales. Altos responsables de la empresa admiten sin sonrojarse, que son conscientes de que Marruecos les proporciona la materia prima vertiendo los residuos de la producción de fosfatos, directamente al mar, como puede observarse desde los satélites. Así es como Villar Mir entiende la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Si el sistema de producción capitalista arruina las pesquerías de zonas marinas de gran valor pesquero como los caladeros de las costas atlánticas africanas, arruina las marismas y la salud de las gentes que viven donde se han venido produciendo fertilizantes fosfatados o de otro tipo y lo hace para mantener un sistema agroindustrial que supuestamente debe alimentar a una población mundial creciente… no creo que por ese camino lleguemos lejos antes de colapsar.

Publicado en el Blog de Público.es: Ecologismo de Emergencia el 9 de diciembre 2020

Cementeras: Quemar residuos y contaminar el aire… ¡Aspire! ¡Expire!

La actividad humana basada en una economía de crecimiento permanente y adicta al consumo de energía ha incrementado la concentración en la atmósfera de gases que son muy perjudiciales para la salud, como los óxidos de azufre, de nitrógeno, de carbono, CFCs… En todos los países existen unos límites impuestos a determinados contaminantes por su influencia en la salud de la población y en su bienestar.

Repasando algunos de esos contaminantes, tenemos los siguientes:

  • El monóxido de carbono que se produce por combustión incompleta en los motores de los coches. En áreas muy urbanizadas tiende a haber una concentración excesiva de este gas.
  • Por otro lado, la concentración de dióxido de carbono CO2 en la atmósfera está aumentando de forma constante debido al uso de carburantes fósiles como fuente de energía y es este el principal causante del incremento de la temperatura de la Tierra –efecto invernadero. La reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera permitiría que el ciclo del carbono alcanzara el equilibrio a través de los grandes sumideros de carbono, como el océano profundo y los sedimentos.
  • El monóxido de nitrógeno, gas incoloro y poco soluble en agua, se produce por la quema de combustibles fósiles en el transporte y la industria. Es además uno de los gases que producen lluvia ácida.
  • En cuanto al dióxido de azufre generado en la combustión del carbón también causa lluvia ácida. Los contaminantes pueden recorrer grandes distancias porque los vientos los trasladan miles de kilómetros antes de caer con el rocío o con la lluvia ácida. Los compuestos de azufre también atacan a los materiales de construcción, formando sustancias solubles en el agua y afectando a la integridad y la vida de los edificios y esculturas.
  • Además de los citados, hay que añadir otros compuestos nocivos que las actividades industriales o el transporte generan cada día.

Son muchos los estudios que han vinculado la contaminación del aire con afecciones a la salud, siendo ancianos y niños especialmente vulnerables. Esta preocupación ha generado Plataformas ciudadanas contra la incineración de residuos en aquellos lugares donde existen estas instalaciones. ¿Quién puede aceptar de buen grado, que coloquen cerca de su casa una instalación que queme residuos y ensucie el aire que respira, por mucho que garanticen el uso de filtros u otros mecanismos para minimizar efectos?

La directiva 2008/98/CE sobre residuos insta a los estados miembros a priorizar la prevención (aquello de que el mejor residuo es el que no se genera) y reutilización, fomentando un reciclado de alta calidad mediante la recogida selectiva de residuos. La jerarquía aprobada a nivel estatal y europeo en materia de residuos prioriza la reutilización y el reciclaje sobre la incineración.

La utilización de residuos como combustible incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes tóxicos. Sin embargo, son muchas las autorizaciones que se están concediendo a cementeras para dedicar sus plantas a la incineración de residuos.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático señala como medida para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector industrial la reutilización y reciclado de materiales y no su incineración. Este enfoque se mantiene en el texto de la Estrategia española de lucha frente al cambio climático. Dentro de la política comunitaria en materia de residuos, la jerarquía para la gestión es: prevención, reducción, reciclaje, valorización material, y como última opción, la incineración/eliminación. En este orden, y de acuerdo a la reciente postura de la Corte Europea de Justicia, la incineración –con o sin valorización energética– habrá de tener la misma consideración que la eliminación, es decir, la última opción en la jerarquía.

Pero parece que hacerse cargo de la gestión de residuos es una actividad económica muy rentable, y además las cementeras autorizadas negocian con la venta de emisiones de CO2.

Debe quedar claro que la incineración es una fuente de energía sucia e ineficiente. A pesar de que se quiere vender como energía limpia y parte de la transición energética, la incineración tiene unos niveles de aprovechamiento energético muy pobres. La poca producción energética de la incineración no compensa el ahorro energético que se conseguiría con la prevención, la reducción, la reutilización y el reciclaje.

Además, las industrias cementeras y las incineradoras reciben subvenciones fruto de los derechos de emisión de CO2, al considerarse falsamente que la quema de residuos es neutra ante el cambio climático, por lo que se les contabilizan menos emisiones de las reales.

En relación al chantaje que vienen realizando estas empresas con los puestos de trabajo, habría que aclarar que hay una serie de impactos socioeconómicos negativos generados por la incineración de residuos. La actividad agroalimentaria y el turismo son sectores muy sensibles a la contaminación atmosférica, pues causa daños en los cultivos que se traducen en una disminución del rendimiento y una mayor sensibilidad a plagas y enfermedades. Por otra parte, un territorio con contaminación del aire y acumulación de residuos tampoco es atractivo como lugar de ocio o turismo.

Más allá de los efectos directos de dioxinas y otros compuestos emitidos, hay preocupación con su bioacumulación en seres humanos como consecuencia de su persistencia por la ingestión de alimentos de origen animal contaminados. Por ello, hay estrictas normativas que limitan el contenido de estas sustancias tóxicas en los alimentos. La detección de producciones agrícolas contaminadas supone un duro golpe para el productor y su entorno. Por tanto, la sola posibilidad de deteriorar la calidad del aire tiene un impacto económico que no se suele valorar.

En relación al empleo se deberá contemplar el balance entre los puestos de trabajo mantenidos por cementeras y aquellos destruidos en otros sectores, como el agrícola. La incineración perjudica severamente al sector primario, a explotaciones agrarias y ganaderas, incidiendo negativamente en la calidad de su producción y en las posibles certificaciones de calidad. Se hipoteca así el futuro de las comarcas donde operan estas cementeras con autorizaciones para incinerar. Y en cuanto al empleo directo que se genera en estas plantas, baste decir que la incineración emplea a menos personas que las plantas de reciclaje.

Según la fundación Amigos de la Tierra si aumentásemos nuestra tasa de reciclaje, la UE podría crear para el año 2020 hasta 750.000 nuevos puestos de trabajo relacionados con el sector. Cada año, 5.250 millones de toneladas de residuos reciclables terminan en los vertederos e incineradoras europeas. Su reciclaje supondría evitar en la atmósfera aproximadamente 148 millones de toneladas de gases contaminantes. Además, por cada tonelada de residuos que se recicla, se multiplica por 10 la generación de empleos respecto al número de trabajos que se crearían si se incinera o envía a vertederos la misma cantidad de residuos.

Por tanto, el reciclaje además de ecológico y positivo para la naturaleza, puede ayudarnos a mejorar la economía (y más con el SDDR). Una razón más para que nos concienciemos de la necesidad de reciclar nuestros residuos en lugar de dejar que se les “valorice energéticamente” incinerándolos.

Necesitamos con urgencia un Plan de gestión de residuos sostenible y activo, en la búsqueda del residuo cero, que debería ser el objetivo principal hacia el que encaminarnos.

 

Artículo publicado originalmente en el El Blog Sostenible el 17/10/2016.

Mr. Fracking llama a la puerta… ¡no abras!

Nuestro incontenible consumo de energía y las insaciables petroquímicas amenazan la integridad y disponibilidad del suelo que pisamos, del agua que bebemos y del aire que respiramos en la propia puerta de nuestra casa. No exagero, simplemente constato lo que ciudadanos de comunidades rurales de países como Estados Unidos ya están sufriendo en su salud, en su entorno y en un sus economías locales. La causa de ese sufrimiento es la extracción de gas y petróleo mediante una técnica agresiva de fracturación hidráulica del subsuelo, conocida por el término inglés FRACKING .

Esta metodología consiste en perforar verticalmente de 3 a 4 km la corteza terrestre mediante pozos y una vez alcanzada la profundidad requerida inyectar líquido a presión para agrandar las micro-fracturas que existen en la roca y facilitar la liberación y salida del preciado hidrocarburo que pudieran contener. No es una técnica limpia y afecta negativamente recursos renovables como el suelo y el agua.

A pesar de ello, nuestro inefable ministro de Industria, D. José Manuel Soria, es un firme partidario de impulsar el fracking y respalda al sector petroquímico que se manifiesta tal que así: “Estamos instalados encima de un enorme recurso y debemos explotarlo. Los riesgos se pueden gestionar”.

Llama la atención y preocupa que hasta ellos mencionen esa palabra, riesgos. De todos modos, si alguien tiene alguna duda sobre la seriedad del asunto, puede probar una búsqueda en Google con “fracking” and “problem” y verá más de 42 millones de entradas. En Estados Unidos, más de 250 comunidades y el estado de Vermont han aprobado resoluciones para detener este tipo de explotaciones. Pero ahora, Mr. Fracking está llamando a la puerta de la vieja Europa y ¿qué está pasando? Francia y Bulgaria se han hecho las sordas pero Polonia, presurosa, ha cambiado su legislación ambiental para que la perforen más fácilmente. Desde principios de año, los ciudadanos polacos disfrutan de libertad para agujerear el subsuelo patrio hasta 5 km sin necesidad de estudio ambiental riguroso. Una Corporación canadiense que andaba con ganas de agujerear donde se lo permitiesen, a través de un responsable comentaba: “No conozco a nadie que haya perforado tan profundo”.

Este portavoz de la compañía canadiense es también director general en Polonia de dicha empresa, la cual tiene seis concesiones en ese país y tres en España (Burgos y Cantabria) para aplicar el fracking. Hablando claro, a pesar de la agresividad de la tecnología, el principio de precaución no se aplica y se reducen las exigencias y controles para aplicarla. Además, como la insensatez es el signo de estos tiempos, se cumple aquello de que nadie escarmienta en cabeza ajena y no se toman en consideración las consecuencias negativas que padecen los ciudadanos ya afectados, al otro lado del Atlántico.

Ante esta diversidad de respuestas en distintos estados Europeos, ¿hay algo que diga la Comisión? Más bien poco y malo, se ve que el presidente portugués y los 28 comisarios se han rebanado el cerebro inventando tecnologías para recortar gasto público y han quedado exhaustos a la hora de limitar el afán barrenador de estas pobres empresas. Sorprende y decepciona su propuesta sobre los requisitos medioambientales que debería tener el fracking. En lugar de regularlo, se limita a hacer recomendaciones, algunas tan genéricas como “evaluar cuidadosamente el impacto medioambiental y los riesgos”. Además, su retraso en publicar el marco regulador no se debe a las reticencias de la Comisión ante el fracking, sino a su dificultad para dar con la fórmula que permita impulsar la búsqueda del gas y, al mismo tiempo, calmar a los que sabemos que este tipo de explotación causa daños irreparables al subsuelo europeo y afecta negativamente a recursos más importante como el agua, el suelo y el aire. De momento, parece que la directiva requerirá el estudio de impacto medioambiental para la extracción del gas, pero no para la exploración. Pero resulta que, a veces, se utilizan las mismas técnicas en las dos fases.

Por tanto, esto es francamente insuficiente y hay que buscar medidas legislativas en niveles de gestión distintos como el estatal, el autonómico y el local para impedir la visita de Mr. Fracking a nuestro subsuelo.

De la administración central podemos esperar poco, al menos en esta legislatura. Ya sabemos cómo el Sr. Soria entiende la cuestión energética y cómo su compañero de gobierno, el ministro Sr Cañete, se está ocupando de relajar aquí y allá la legislación ambiental. Sin duda, lo más alentador, son las iniciativas que se puedan tomar a nivel autonómico a pesar de que la competencia para extraer recursos del suelo es estatal. La esperanza está en seguir el camino de Cataluña, donde la limitación que ha impuesto la Generalitat a esta práctica se ha sustanciado en la Ley de Acompañamiento de Presupuestos. En concreto, se incluyó una modificación de la normativa sobre urbanismo que señala que no está “permitido utilizar la tecnología de la fracturación hidráulica cuando pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas”.

Es probable que la iniciativa del Gobierno catalán no responda a convicciones medioambientales, sino más bien a consideraciones económicas, por su falta de rentabilidad tras evaluar las potencialidades de su suelo, pero muestra el camino a seguir; y no estaría mal que la Junta de Andalucía busque también su camino para declararse “libre de Fracking”.

Encontrar ese camino en el marco institucional actual no es fácil porque afecta dos derechos constitucionales como son el de libertad de empresa y el derecho a un medio ambiente adecuado. Pero, sin duda, los ciudadanos también somos actores en esta película. Se siguen extrayendo hidrocarburos y produciendo combustibles a partir de recursos fósiles porque seguimos consumiendo mucha energía de fuentes no renovables. Ocurre lo mismo que cuando abrimos el grifo y el agua corre sin que nosotros nos paremos a valorar lo importante que es. Así que, mientras los responsables de las políticas andaluzas no se pongan a ello, ¡Cierra el grifo y no abras la puerta al fracking!

 

Artículo publicado originalmente en la Revista El Observador el 14/02/2014.