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No son los puestos, son los principios

EQUO Andalucía Verdes, tras participar activamente en la elaboración de un borrador de programa que incluye buena parte de las medidas que consideramos importantes para activar el cambio de modelo que en la coalición se pretende, hemos decidido dar un paso al lado en Adelante Andalucía.

Porque, efectivamente, esto no va de nombres (ni siglas), como insisten unos y otros, sino de principios. Sin embargo, como también se insiste, todos los gestos son importantes y cuentan. El tiempo apremia. El momento histórico nos dice que es fundamental aglutinar todas las fuerzas y sensibilidades que vienen siendo violentadas por las políticas de un Gobierno andaluz falto de impulso, de claridad de ideas y de políticas valientes y decididas en favor de las personas, de los cuidados de nuestro entorno, de nuestros recursos, de nuestros paisajes… Pero Adelante Andalucía ha decidido que está completo sin EQUO Andalucía Verdes. No ha sido decisión de EQUO, sino de Adelante Andalucía, que ha considerado que no somos necesarias.

Ha habido espacio para la reflexión sobre esta confluencia. Hemos sido respetuosas porque desde hace mucho somos conscientes de la situación, de la urgencia y de que en primer lugar está el bien de Andalucía y su gente. Somos conscientes. Repito: sé que la ecología política no son puestos, que es lo que se nos quiere achacar.

Nuestras propuestas, de hecho, ya están en ese programa y nos gustaría verlas reflejadas en la acción política de Adelante Andalucía, pero no nos corresponderá responsabilidad ninguna en caso de que finalmente dicha coalición contradiga principios que en EQUO tenemos asumidos, pero que no sabemos si están igualmente asumidos en una candidatura que nos ha dejado fuera. No sería la primera vez que sucede. Precisamente, es la experiencia previa la que nos hace ser precavidas sin dejar de ser respetuosas con las divergencias.

El último ejemplo es de este verano, cuando como diputada del grupo parlamentario de Podemos Andalucía fui recusada por oponerme a asumir la construcción de hasta tres autovías que crucen y destrocen el patrimonio que tenemos en la Serranía de Ronda; o por oponerme a avalar la petición de AVEs en nuestra tierra, fomentando un modelo que genera deudas brutales, fragmenta el territorio y no solventa la movilidad que la amplia mayoría de la ciudadanía andaluza precisa.

Eran los postulados de unos compañeros con los que, no estando de acuerdo, podíamos confrontar, explicar y debatir estando dentro, pero no podremos hacerlo estando fuera. Y tampoco sería justo que se nos achacase responsabilidad de algo en lo que no intervendremos porque no estaremos. Es así de simple. No podemos comprometernos a defender decisiones que no nos dejarán tomar.

Por ello, no hay representación en la candidatura y EQUO Andalucía Verdes tendrá voz propia y no atada a la de la coalición. Porque efectivamente esto no va de nombres, sino de políticas y de principios como la generosidad, la equidad, la honestidad y la defensa de los valores en los que realmente creemos.

EQUO Andalucía Verdes mantiene sus principios de poner en el centro de las políticas a las personas y a nuestro hogar, que es Andalucía. Y mantenemos el convencimiento de que hay que basar esos principios en la cooperación, que es lo que hemos venido haciendo en estos últimos años.

 

Artículo publicado originalmente en el blog de Andalucía Información Andalucía más que verde el 19/09/2018.

HYPERLOOP en Málaga: la obsesión por la velocidad del tren súper veloz del futuro de Elon Musk

Preguntado el consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, en comisión parlamentaria, por la implicación de la Junta en el proyecto de “Innovación” de Hyperloop en Bobadilla (Antequera), mostró una actitud receptiva a dicho proyecto.

Hyperloop es el nombre comercial de un sistema en desarrollo para el transporte de pasajeros y mercancías en tubos al vacío, a tan alta velocidad que se acercaría a la del sonido (1234,8 km/h). En términos generales, el consejero se manifestó en sintonía con iniciativas que, según su opinión, implican modernidad y generación de empleo, tanto más si es en I+D+i. La pregunta, realizada por el portavoz del grupo C’s aludía a la reciente firma de un convenio entre ADIF y la empresa Virgin. Esta empresa dice querer aprovechar las naves sin uso en Bobadilla del fallido anillo ferroviario de Antequera, propiedad de ADIF y la infraestructura ferroviaria de titularidad autonómica de alta velocidad entre Antequera y Marchena sin uso definido actualmente.

La ligereza con la que se respondió a tal pregunta me sorprendió por la ausencia de datos que avalen tan arriesgada y costosa aventura y la falta de ponderación sobre su necesidad real para la ciudadanía, mas allá de la creación de un puñado de puestos de trabajo durante su compleja construcción. Las buenas ideas no necesariamente se convierten en buenos proyectos y los buenos proyectos no siempre responden a las necesidades de la ciudadanía. Este podría ser el caso, aunque no se lo planteara así el portavoz de C’s, para quien esta buena idea parece ya, de manera obvia, la mejor apuesta para el futuro: el tren súper veloz que todos necesitamos. Lo tenía tan claro que no se molestó en detallar las necesidades que vendrá a cubrir, el coste que supondrá, los efectos en el territorio con nuestra complicada orografía, el impacto ambiental… Le parecía tan obvio que es un gran proyecto, que… ¿para qué detenerse en minucias como esas? Además, como cualquier inversión en infraestructura se traduce en empleo, ¿es que hay que aclarar algo más?

De hecho, en la sección de economía de algunos medios ya se felicitaban afirmando: “España está de suerte. Málaga albergará un centro de desarrollo del Hyperloop, el transporte del futuro ideado por Elon Musk, fundador de Tesla, y desarrollado por Virgin”. Así que —y disculpen el humor— solo falta que envíen un cenachero al espacio con un par de molletes para acompañar sus sardinas en un Hyperloop interplanetario. ¡Menuda suerte tendrían Málaga y Antequera! Nuestra marca en el espacio sideral de forma inminente… pues prevén que concluya la fase de prueba en 2020.

Son tales las expectativas que ponen en presente lo que es un hipotético futuro. Quieren hacerlo visible explicando que se convertirá en un complejo valorado en 500 millones de dólares (unos 433 millones de euros) que generará 250 puestos de trabajo de “alta cualificación” en cinco años, además de otros cientos de empleos indirectos.

El protocolo suscrito entre el consejero delegado de Virgin Hyperloop y la presidenta de ADIF, asume como fiable el estudio de viabilidad realizado por la empresa estadounidense. ADIF dice, no obstante, que la inversión está “supeditada” a la obtención de 126 millones de euros en convocatorias de ayudas públicas, en forma de préstamos y en subvenciones de I+D+i para las instalaciones. Ya los quisieran algunos esforzados investigadores del plan nacional, que reciben unos 200.000€ de media, si son afortunados, para tres años de proyecto. Si “pillaran” el 1% de la subvención propuesta, se financiarían más de 100 proyectos a nivel europeo en nuestra tierra, pudiendo contratar a más de 200 investigadores y seguramente con resultados tangibles para problemas que ya tenemos aquí. Por ejemplo, la Xylella que viene, o el cambio climático que ya ha llegado, y que, según los modelos de la propia Junta, fulminará la mayor parte de nuestra franja de clima Mediterráneo subtropical en pocos decenios. ¡SÍ! Está amenazado ese clima sobre el que descansa el turismo de la Costa del Sol o la producción de frutas subtropicales. Eso también es I+D+i, pero más pegado a la tierra y a las necesidades y problemas reales de los andaluces, que ya vemos cómo se nos aproxima un futuro menos halagüeño de lo que nos gustaría.Mapa del anillo de trenes de Antequera

Y, sí, yo estaba en esa comisión atónita, ojiplática viendo al consejero y escuchando su respuesta. Sorprendida por la facilidad con que se pueden dar por válidos y con muy poca información disponible contrastada proyectos de una envergadura como la propuesta, y que seguramente se acabarán financiando con dinero de todos, sin detenerse un poco, sin poner algunas reservas. Espero equivocarme, por el bien de todos, pero puede que además de naves vacías en Bobadilla y de las vías abandonadas del AVE, nos encontremos pronto con unos decorativos tubos de tecnología aeroespacial en la vega de Antequera. Y, cuando pasen muchos, muchos años, alguien lo verá tan interesante como los dólmenes de este paraje milenario.

No voy a entrar en muchos detalles sobre las razones que me hacen dudar tanto de la viabilidad de este proyecto. Son aspectos técnicos de fácil comprensión, sobre todo si los explican aquellos que saben. Y en este caso hay quien lo hace muy bien. Los podéis consultar en el blog del ingeniero Luis Rodríguez, en este enlace.

 

Artículo publicado originalmente en Blog Sostenible el pasado 14/09/2018.

¿Necesita la Serranía de Ronda autovías que la fragmenten?

Ronda se eleva a 170 m sobre el río de Gaudalevín, en un paisaje montañoso, majestuoso. Cuenta con un patrimonio cultural muy importante, presentando diversas arquitecturas que sus habitantes fueron levantando a lo largo de la historia. Posee un paisaje idílico… Todo ello la hace merecedora de captar el interés de cualquier visitante que se acerque a conocerla. Y por supuesto son de gran interés todos los pueblos de la serranía y la propia naturaleza que los alberga.

En multitud de ocasiones en los parlamentos, autonómicos o central, se defienden iniciativas para construir infraestructuras de transporte, fundamentalmente autovías, vías de gran capacidad que ni mucho menos garantizan, como así se insiste, la mejora de las economías de los territorios para los que se reclama.

Se pueden usar argumentos de reequilibrio territorial, de evitación de despoblamientos en zonas rurales, de mejora de las comunicaciones, de activación económica… Ninguno de estos argumentos explica o razona porqué se considera que trazar autovías conlleva esos beneficios. Es como una idea sin base real que la sustente, pero que se da por cierta.

Para que tuvieran justificación obras de tal calibre, como las que algunos reclaman en la Serranía de Ronda, como mínimo habría que acreditar una densidad mínima de tráfico que la respaldase, y que justificase el enorme impacto ambiental de fragmentar el territorio. Las autovías son barreras físicas y para la fauna y estafragmentación condicionaría el desarrollo posterior de comarcas que durante siglos han evolucionado en relación a sus recursos locales, que en el caso de Ronda son abundantes y ligados a una prosperidad que no precisa la construcción de autovías, sino preservación de sus paisajes.

Los datos que se dan para justificar la petición de autovías en la serranía de Ronda, sobre el descenso poblacional de los municipios del Valle del Genal y de la propia ciudad de Ronda, ciertamente nos hablan de que se deben tomar medidas que palíen esta situación. Situación que es compartida con otras muchas zonas rurales, tanto en Andalucía, como de forma mucho mas grave en comarcas como las que se incluyen en lo que se ha dado en llamar la Laponia española, que tiene densidades de población irrisorias y equiparables a las de una zona de la Tierra tan inhóspita como Laponia, con el índice de densidad demográfica más bajo de Europa: menos de ocho habitantes por kilómetro cuadrado. Y es que la despoblación es un mal que atenaza a la España rural. Hay una realidad tan cruda como real que habla de casas vacías, de calles en silencio, de furgonetas trayendo el pan tres veces por semana, de centros de salud a una hora de distancia por carreteras mal asfaltadas, de pueblos sin Internet e incluso sin luz, de inviernos demasiado largos y demasiado fríos, de olvido, de nostalgia, de tristeza y de muerte. Este sombrío panorama, sin embargo, no es el que presenta nuestra serranía afortunadamente.

Estaría bien que quien propone tales proyectos estudiara otros enfoques como la siguiente reflexión generada por María Pilar Burillo, investigadora de la Universidad de Zaragoza, que ofreció el diagnóstico exactosintetizado en un término acuñado por ella misma: ‘Demotanasia’. Construido con la raíz griega demos (población) y tánatos, que alude a la muerte no violenta. La definición literal elaborada por Burillo dice así: “un proceso que, tanto por acciones políticas directas o indirectas como por la omisión de las mismas, está provocando la desaparición lenta y silenciosa de la población de un territorio, que emigra, y deja a la zona sin relevo generacional”. Y hay un responsable directo de esta situación de despoblación, que es el sistema económico y social en el que se apoya el capitalismo. Este se ha ido aprovechando sucesivamente de las zonas deprimidas demográficamente: primero las vacía de gente reclamando mano de obra, después usa sus recursos sin mesura, sus productos agrícolas y ganaderos. Y después la utiliza como retiro de fin de semana. La España urbana ha utilizado a la España despoblada a su conveniencia, sin preocuparse nunca por su estado de salud ni por su futuro.

No existe un recetario único contra la despoblación, pero sí que hay que superar los desequilibrios territoriales. Y eso se hace desde la transversalidad e implicación de distintas consejerías o departamentos ministeriales para implementar políticas que garanticen empleo, bienestar y servicios públicos de calidad, no solo mejorando las comunicaciones e infraestructuras de transporte.

Que las carreteras de Ronda necesiten mejoras no implica necesidadde construir vías de gran capacidad que tendrían un fuerte impacto en un territorio privilegiado, fragmentándolo y deteriorando sus paisajes.

Debimos iniciar el camino hacia otro modelo de movilidad para Andalucía y para la comarca de la Serranía de Ronda hace tiempo. Tenemos en Málaga ejemplos de autopistas, como la AP-46, que no ahorra una cantidad de tiempo significativa y, por el contrario, aumenta el consumo de combustible por permitir una conducción mucho más veloz. ¿Es eso lo que se pretende solicitando la construcción de autovías que comuniquen Ronda con Antequera, con Ardales y Málaga, o con Sevilla? Son proyectos con alto impacto ecológico. Sin embargo, resulta vital una red ferroviaria a nivel regional y provincial que haga del transporte público y colectivo la mejor opción para la movilidad malagueña y también andaluza.

Deberíamos recordar queel problema derivado de la escasez de combustible, y los precios que no van a dejar de aumentar, hacen recomendable la apuesta estratégica distinta al transporte privado y al crecimiento de la red de vías de gran capacidad.

Y es que la enorme y descompensada inversión en carreteras durante años ha tenido claras repercusiones en su preponderancia como medio de transporte principal en mercancías y viajeros. Y eso necesariamente debe cambiar. Debería ser estratégico para Andalucía lograr cambiar los porcentajes del transporte, trasvasando al ferrocarril, que es mas eficiente y limpio, en lugar de plantear autovías. Por ser la alternativa mas viable, económica, social y ambientalmente.

Con el debate abiertode una ley andaluza de Cambio Climático en la que se exigirá una reducción de emisiones difusas, de las que es responsables en gran medida el transporte por carretera, no tiene mucha lógica insistir en desdobles de carreteras o construcción de nuevas autovías.

 

Artículo publicado originalmente en el Blog Andalucía Más que Verde de Andalucía Información el 16/07/2018.

 

Dulces fresas con amargo regusto para el ecofeminismo

Este mundo globalizado para las mercancías y las transacciones financieras levanta muros cada vez más altos para las personas de los países empobrecidos y víctimas de conflictos bélicos. Estos días, España aparece como un puerto amigo posible para los que huyen de la orilla sur del Mediterráneo, pero esta imagen amable no nos redime de ser un país que participa de esta globalización que excluye a las personas o las explota y, entre ellas, aún más a las mujeres.

La mayor parte de la fresa cultivada de nuestro país se produce en Huelva y se dedica a la exportación al norte de Europa. Son fresas migrantes del Sur de Europa que viajan al norte, como también las mujeres marroquíes que migran temporalmente de Marruecos a nuestra Andalucía en la misma dirección para cultivarlas y cosecharlas. La actualidad con su ruido envejece y aleja situaciones que merecen ser denunciadas por injustas como las que soportan estas mujeres magrebíes y también algunas españolas en algunos de estos campos de cultivo. Los campos de frutos rojos nos debieran hacer enrojecer, sin embargo, se ha pretendido desde el parlamento andaluz dar un apoyo expreso al sector agrícola onubense en su conjunto, como fuente de generación de riqueza, empleo y desarrollo social, mediante una proposición no de ley presentada por el Partido Popular y apoyada por PSOE y Ciudadanos. Como casi siempre, esta proposición destacaba los beneficios socioeconómicos del sector fresero onubense y su profesionalidad, soslayando en buena medida la gravedad de la situación acaecida este año.

Conviene recordar también que este modelo de producción es claramente insostenible, especialmente por su dependencia de un recurso limitante como el agua y que está basado en condiciones precarias para estas jornaleras agrícolas del siglo XXI. Muy triste parece, que esa precarización se cebe especialmente en las mujeres, una vez más. En lugar de mirar el problema de frente, a raíz de que tres responsables de fincas estén siendo investigados por abusos sexuales, se levantan voces defendiendo las bondades del sector y sus logros desde la sede donde están representadas las andaluzas/es. Pero no podemos por menos que denunciar que esos logros son, una vez más, económicos y no están bien distribuidos. Se han conseguido generando una gran deuda ecológica y social. Por supuesto que hay agricultores y empresarios del sector (sí, en masculino) que ofrecen condiciones laborales dignas, pero habrá que reconocer también que las ONGs que trabajan sobre el terreno, llevan años denunciando abusos. Este año ha sido especialmente complicado al tener que acoger a 17.000 mujeres temporeras magrebíes. Unas 6.000 repetían de años anteriores, siendo alrededor de 11.000 más, las que se incorporaron, a petición de la patronal fresera con la autorización del gobierno central en su fórmula de contratación en origen, con la supervisión de la mesa de la contratación en Huelva en la que intervienen, administración central y autonómica, patronales freseras y sindicatos, que coordina y negocia las condiciones con países terceros, mayoritariamente con Marruecos.  Nos preguntamos si la subdelegación del gobierno en Huelva, o la Junta de Andalucía, en su Dirección General de Políticas migratorias se ocuparon de aumentar los recursos para responder al incremento de casi el 300% de temporeras. Entre ellos, los Equipos de Atención al Inmigrante (EDATI) de la Guardia Civil, la inspección de trabajo, mediadores y mediadoras sociales y culturales, servicios sociales, sanitarios, etc…, para recibir este contingente de 17.000 mujeres. Conviene tener presente que se trata de mujeres en situaciones muy vulnerables, incluso en origen, las que terminan estando al final del último eslabón de esta cadena. Por tanto, estamos en un sector donde la igualdad de género ni existe ni se vislumbra de momento. Manijeros y responsables de fincas, con poca supervisión de las empresas y las administraciones públicas, son los encargados de cientos de mujeres a las que en muchas ocasiones tratan con insultos, amenazas y vejaciones.

Son las mujeres las que se agachan a recoger los frutos, las que están bajo los plásticos, siendo los puestos de responsabilidad de fincas y naves de envasado, los ejercidos por hombres. Por ello el modelo agrícola, tanto en el sector de los frutos rojos como el promovido en general adolece de defectos identificables a los que poner remedio cuanto antes.

No podemos dejar de preguntamos qué está pasando alrededor de la contratación en origen. En el contingente de este año, la mayoría eran mujeres marroquíes, contratadas a través de un convenio con Marruecos, donde ANAPEC, Agencia Nacional para la Promoción del Empleo y de las Competencias se encarga de la selección.

Según Pastora Cordero de la sección de industria de CCOO, “Este trabajo no es de fuerza, sino postural y, según palabras de quienes “entienden”, las mujeres se adaptan mejor: “Trabajan mucho y se quejan poco y es más sencillo alojarlas”; “Son mucho más delicadas a la hora de arrancar el fruto”; “La mujer está mejor preparada genéticamente para hacer este trabajo”…, son algunos de los motivos”. En su mayoría escogidas con un perfil: mujer, mediana edad, con cargas familiares, separada o viuda… Este año han llegado mujeres que no hablan nada de español, ni siquiera francés, de zonas rurales aisladas de Marruecos, con un nivel de alfabetización muy bajo. No se les había explicado su trabajo en los campos de fresa. Mujeres que firman contratos en español con un X. Mujeres que han sido hacinadas en fincas. Que venían para trabajar tres, cuatro meses, desde principios de abril, y sin embargo nos hemos encontrado con despidos por “no consecución de objetivos”, a mediados de mayo. Algunas sólo habían trabajado 8 días tras ser echadas del trabajo, y por tanto de la finca donde vivían. Estas mujeres, que son desalojadas de las fincas donde trabajan y viven, tienen que volver a sus países de origen costeándose el viaje de vuelta (el empresario tiene obligación de pagar el viaje de ida y el alojamiento). Mujeres a las que, en algunos casos, se les ha retenido el pasaporte para que no abandonen el país hasta fin de campaña, aun cuando no podían trabajar. Y tenemos que escuchar decir a la patronal fresera que lo denunciado es un bulo, y a la Comisión de Agricultura en el Parlamento andaluz apoyarlo. Cuando hay ONGs que llevan años denunciando las condiciones de las personas, especialmente las mujeres temporeras, en los campos.  Organizaciones que se han reunido con la consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía en los últimos meses. ¿Lavado de cara de la administración andaluza?

Este es el modelo social y laboral creado alrededor de unos beneficios de casi 1.000 millones de euros. Parece evidente que con la modernización del sector en I+D+I y los beneficios económicos no es suficiente para afirmar que hay desarrollo social alrededor de la riqueza y el empleo, porque ese empleo se parece mucho a la explotación.

El 8 de marzo las mujeres, en ruidosa multitud salimos a reclamar algo obvio. Pero persiste la negación de lo obvio. No sólo han denunciado temporeras marroquíes, también lo han hecho temporeras españolas y si no existiera la precariedad y la dependencia que tienen de un trabajo mal pagado para subsistir, habría más denuncias. El valor de las exportaciones de las que presume el sector descansa, aunque solo sea en parte, en situaciones de explotación y abuso contra las mujeres como los recientemente denunciados.

Tampoco, el IV Congreso Internacional de Frutos Rojos (por cierto, con 19 ponentes hombres y solo 4 mujeres), desarrollado recientemente en Huelva, no abordó esta otra realidad del sector. Ni la más mínima preocupación por el deterioro, a pasos agigantados de parte de los recursos de la provincia, ni por el problema que genera, la negativa de China a seguir haciéndose cargo del plástico sobrante en las explotaciones, ni por el peligro y la amenaza que pueden suponer las balsas de Rio Tinto que, según denuncian asociaciones ecologistas, EQUO e informes de la universidad de Huelva, presenta síntomas muy parecidos a los de Aznalcollar antes de reventar. Ni, por supuesto, qué puede pasar con la reapertura de la Mina de Aznalcollar y sus influencias en la zona de Doñana, y que repercusiones podría tener en la credibilidad internacional. Sí que se oyeron defensas cerradas en torno al sector pintando escenarios inmejorables, modernizaciones, empresas y mercados competitivos. Frases que lo mismo valen para el sector de los frutos rojos, que para el sector del porcino o para las vacas de cría. Es decir, discursos planos y absolutamente sesgados por el ideario economicista y basado sólo en el PIB.

Se necesita una valoración integral del modelo. En la parte laboral, en la contratación en origen y en el convenio del campo, introduciendo la perspectiva de género y el acogimiento en nuestra tierra. Y valoración y revisión profunda del modelo de producción. Reconsiderarlo bajo criterios agroecológicos. Los recursos naturales son un préstamo que nos dejan de las generaciones futuras. Si de verdad las administraciones competentes y los empresarios consideran estratégico el sector agrario onubense, deberán dar la vuelta al modelo (agrícola y laboral) y poner a las personas y el planeta antes que al beneficio y al PIB.  Eso significa plantear un futuro capaz de abordar los retos que enfrentamos. Estos no son baladíes y requerirán grandes dosis de resiliencia para superar las injusticias sociales, incluidas las de género, y los deterioros ambientales que el actual modelo sigue produciendo.

 

Artículo escrito junto a Laura Limón, y publicado originalmente en el blog Ecologismo de Emergencia el 03/07/2018.

Interés social y ecológico de las ecoaldeas: el caso de El Calabacino

El Calabacino es una aldea situada en el término municipal de Alájar, provincia de Huelva. La localidad llegó a contar con entre 600 y 700 habitantes en el siglo XIX, pero fue perdiendo población de forma progresiva a lo largo del siglo XX hasta quedar completamente abandonada, situación en la que permaneció muchos años.

El estado en el que aún se conserva la naturaleza en esta área, hizo que fuese uno de los primeros lugares en España donde germinó el movimiento neorrural, fenómeno de migración desde las áreas urbanas a zonas rurales. Se inició en la década de los años 60 en Europa Occidental y Norteamérica al abrigo de movimientos contraculturales y del famoso mayo del 68.

El municipio de Alájar vio cómo sus tres aldeas recibían la visita de personas procedentes de otros lugares de España, e incluso de otros países, que llegaban para quedarse. Fue una migración no por causas económicas sino generada por la búsqueda de entornos abiertos, tranquilos, menos contaminados y con una cierta calidad paisajística. En España, fue en la década de los 80 cuando se inició este retorno rural, con la clara convicción por parte de los que llegaban, de que la vida en el campo es mejor que en las ciudades.

Las personas que llegan son de muy variado tipo, aunque destaca gente joven, con hijos, que provienen de áreas urbanas y desean vivir en el campo, o bien personas con profesiones y modelos de vida que se desenvuelven mejor en un entorno rural, en contacto con la naturaleza.

Aldeas prácticamente abandonadas, como El Collado, o abandonadas del todo, como era el caso de El Calabacino, han sido pues, repobladas desde esa perspectiva de vuelta a la naturaleza de gentes de la ciudad. El caso más excepcional lo constituye El Calabacino, una aldea de las más antiguas de la comarca, que, tras despoblarse y quedar completamente vacía, no volvió a tener vida hasta finales de los setenta. Sus nuevos pobladores, gentes dedicadas a la artesanía o el arte y que buscaban la autosuficiencia, en un primer momento actuaron como okupas de las casas abandonadas, pero posteriormente se fueron integrando progresivamente en el municipio de Alájar, adquiriendo la propiedad de las viviendas.

Un hecho habitual en las ocupaciones rurales, es que se hacen generalmente en terrenos estatales, porque los resortes de la administración pública son más lentos, y porque puede solventarse el problema con una concesión del pueblo a sus ocupantes, siempre que exista un compromiso de rehabilitación de las viviendas en unas condiciones de respeto por la estética tradicional. Casos de este tipo se han dado, por ejemplo, en varios pueblos de Huesca.

En El Calabacino, se ocuparon viviendas en verdadero estado de ruina. Con el tiempo, esas casas se han ido adquiriendo por parte de sus ocupantes, que actualmente son propietarios en su inmensa mayoría. En los últimos veinte años, esta aldea ha sufrido una auténtica transformación, puesto que se han recuperado viviendas que estaban a punto de desaparecer, y en otros casos, se han construido algunas nuevas. Casi todas mediante técnicas de bioconstrucción respetuosas con el entorno.

Lo que hay en esta zona de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, por tanto, es una ecoaldea, lo que implica que sus habitantes comparten una filosofía común, donde está muy presente la idea de la sostenibilidad de los recursos, la ecología, la relación con la tierra y el entorno social, alcanzando un alto grado de autosuficiencia. Por eso no entienden que se les pueda imputar un delito medioambiental cuando lo que defienden es precisamente, el medio rural y la conservación del entorno natural. Pertenecen a la Red Mundial de Ecoaldeas.

De los 114 habitantes —40 de ellos niños— en el municipio de Alájar, de momento cuatro vecinos han sido imputados por edificar viviendas que la Fiscalía de Medio Ambiente considera ilegales por estar edificadas sobre suelo protegido del corazón del paraje natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. En un escrito de acusación, el Ministerio Público solicitaba dos años de prisión, multa de 5.800 euros y la demolición de una casa para uno de los matrimonios que habitan en El Calabacino, que tiene dos hijos de tres y cinco años. Sorprende lo desproporcionado de estas medidas y que se vaya por la vía penal contra el vecindario, asentado en la zona desde 1979, cuando resulta evidente que no han actuado como los especuladores que en tantas ocasiones han generado pelotazos urbanísticos sin cuento.

Es cierto que en la zona se han construido casas fuera de la normativa urbanística y de la LOUA, pero también lo es, que habitar en la aldea y desarrollar las actividades artesanas y de huerta para autoabastecimiento es perfectamente compatible con la protección que requiere un espacio protegido como el de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Por ello somos muchas las personas que cuestionamos la pretensión de imputar delito ambiental a un núcleo de población que lo que hace es contribuir al mantenimiento y recuperación de los elementos históricos, culturales y ambientales que integran el paisaje, como caminos reales, empedrados y veredas, manantiales… Muchos de ellos, elementos del patrimonio histórico que no se conservarían sin su presencia. Además, por su particular tipología social y arquitectónica han propuesto concretar un Proyecto de Hábitat Rural Diseminado como de Interés Social y Ecológico y que así sea contemplado en el PRUG del Parque.

El reto que en este siglo XXI enfrentamos es, precisamente, volver a establecer un vínculo estrecho de los asentamientos urbanos con su territorio, en interacción responsable. Y en ese reto la ecoaldea de El Calabacino puede aportarnos muchas enseñanzas.

La LOUA unifica criterios para todo el territorio andaluz, cuando las realidades son absolutamente diferentes a lo largo de toda nuestra tierra. Este factor está forzando a la consideración específica del urbanismo en las zonas rurales y de montaña.

Pareciera que la Junta de Andalucía concibe los parques naturales como un espacio donde el hombre no tiene cabida, cuando son zonas donde la actividad humana está permitida dentro de unos usos razonables que no pongan en peligro sus valores naturales. Con estas decisiones desde la Delegación de Medio Ambiente se penaliza el retorno a la vida rural, cuando el problema que encaramos en estos tiempos es precisamente el despoblamiento rural.

La presencia de este medio centenar de familias en El Calabacino es primordial para su entorno. De hecho, sus altos índices de natalidad y la escolarización de esos niños han permitido que siga abierta la escuela de Alájar, por ejemplo. Estas edificaciones no crean perjuicio a su entorno; bien al contrario, están dando un buen ejemplo del camino a seguir para repoblar zonas rurales vacías.

 

Artículo publicado originalmente en el blog Ecologismo de emergencia de Diario Público el pasado 20/01/2018.

El sector del cangrejo rojo y el respeto a la legislación: buscando alternativas

La introducción del cangrejo en las Marismas del Guadalquivir, data del año 1974. Trece años más tarde, un trabajo de Miguel Delibes e Isabel Adrián,  concluía que este crustáceo  ya se había convertido en una presa bastante común para  numerosos  depredadores naturales de las marismas y es claro que su presencia afecta a la diversidad faunística  del ecosistema favoreciendo a algunas especies y perjudicando a muchas otras.  Hay que destacar el papel negativo del cangrejo sobre muchos aspectos de los ecosistemas en que se ha introducido, efectos sobre anfibios, turbidez y macrófitos, que, sin querer pecar de excesivamente técnica, debo decir que tiene consecuencias sobre toda la cadena trófica. Respecto a las aves, decir que favorece a algunas especies y perjudica a otras.

Por tanto, cabe decir que, treinta años después de ese trabajo pionero, es un hecho que el cangrejo rojo ha alterado la dinámica natural de las zonas húmedas españolas, que forma parte de las redes tróficas actuales de las marismas y que la pesca extractiva supone, aparte de una actividad económica que da empleo,  una muy importante medida de control de su población.

De hecho para poder luchar contra esta especie invasora y poder erradicarla o,  al menos,  disminuir el tamaño de su población actual, es necesario pescarlo, aunque la pesca no se comercializase.

Por tanto, el hecho es que la sentencia del Tribunal Supremo, planteaba  una tremenda paradoja porque su aplicación literal tendrá como consecuencia más inmediata,  un efecto contrario a lo que se  pretende que es erradicar esta especie invasora limitando su uso como alimento autorizado.  Además de los efectos negativos socioeconómicos en la zona.

Si  el sector del cangrejo rojo  para totalmente su actividad, y deja de extraer de la marisma cuatro millones de tonelada de crustáceos anuales  (son las cifras que se manejan), la consecuencia inmediata va a ser un incremento tremendo de la población de cangrejos. Esto  afectará a los equilibrios de las redes tróficas del ecosistema que se han establecido hasta la actualidad, no hacia su dinámica natural sino en dirección contraria y, con mucha probabilidad, tendrá efectos negativos en el cultivo del arroz de la zona y en el buen funcionamiento de los sistemas de irrigación.  Además de facilitar que el cangrejo invasor colonice nuevas áreas al disminuir la presión sobre él.

La solución no puede pasar por modificar la normativa actualmente en vigor al albur de los intereses políticos. No se pueden  utilizar los instrumentos legales para poner parches en vez de hacer propuestas de transición ecológica de la economía que permitan aunar la protección del medio ambiente, la generación de empleo estable y sano y la calidad de vida.

Por eso,  una solución coherente debe  respetar la legalidad vigente y las directrices  europeas en materia de especies invasoras.  A corto plazo, un Plan de Control y Erradicación progresiva del cangrejo rojo que permita mantener los jornales que dependen del sector, y a medio plazo un Plan de Control de Especies Invasoras que conlleve la implantación en la zona de un Centro Experimental de Investigación y Desarrollo que se dote de los recursos y medios necesarios para hacer cumplir la legislación en materia de especies invasoras. La dotación económica para este centro puede proceder de fondos comunitarios. Siendo Doñana uno de los Parques Nacionales más emblemáticos de Europa, este centro puede convertirse en referente de control de especies invasoras a nivel mundial.

En vez de crear una excepción para la pesca del cangrejo rojo, o modificar la normativa ambiental, como proponen quienes, como  PP y  PSOE,  no ven alternativas , se debe asumir que tenemos que disminuir la población de cangrejo mediante la aplicación de un plan de gestión que use a la pesca como el medio de hacerlo. Se trataría de diseñar un plan técnico que contemplara una extracción del recurso por encima de su capacidad de reposición y convencer de su viabilidad a las autoridades comunitarias. Existen precedentes de la participación de los pescadores, administraciones locales  y convenios entre entidades a través de fondos europeos  para el control de esta especie invasora en otros lugares de España  y protocolos de las tareas recomendadas para realizarlo.

Sobre qué hacer con esa pesca, dada la limitación de recursos presupuestarios en la que vivimos, especialmente en gestión ambiental, sería complicado eliminar, valorizar  o compostar todo esa biomasa. Además, es necesario dar una respuesta rápida y consistente a las personas que viven de ello. Así que nos parece asumible,  justificado y defendible que durante  un periodo transitorio regulado y establecido en base a criterios técnicos y socioeconómicos,  se pueda seguir comercializando el total o parte de la pesca obtenida con el principal fin de controlar y disminuir la población  de la especie invasora. Si las cosas se hacen bien, lo esperable es que esa producción fuese decreciendo anualmente. Para ello sería necesario que las extracciones de cangrejos se planificaran teniendo en cuenta la fenología reproductora de la especie para limitar su éxito reproductor, en lugar de para mantener su productividad.

Esta comercialización estaría justificada porque con ella se financiaría el control de la población de la especie invasora a la vez que limitaría y repartiría en el tiempo  los efectos negativos socio-económicos que supone suprimir esta actividad en las poblaciones de la zona.

Supondría poder contar con un periodo de transición para que el alto porcentaje  de la población que se dedica a esta actividad profesional  disminuyese de forma paulatina en favor de actividades alternativas cuya implantación se podría favorecer dedicando recursos del pilar 2 de la PAC, el correspondiente al desarrollo rural, a este fin. Sería importante que como modelo de gestión final se planificara una inversión pública en el mantenimiento del control de la población de cangrejos utilizando para ello una parte de la mano de obra de las poblaciones que hoy día viven del cangrejo, que en gran medida podría implementarse con ayuda de fondos europeos a través de un proyecto LIFE como se ha hecho en otros lugares.

Para que esta propuesta funcionara y fuese admitida debería estar auditada externamente y la gestión de la pesca  ajustada a un modelo plurianual y un control que asegurase que el objetivo de la disminución de la población de la especie invasora  se mantuviese sin prostituir. Este plan de gestión debería incluir otras medidas complementarias y especiales desde el principio y también para cuando la pesca “comercial transitoria” no fuese rentable. Por ejemplo, medidas de gestión que favoreciesen el incremento de poblaciones de depredadores naturales autóctonos como el galápago leproso, algo que se está probando en otras zonas, como Cataluña.

En paralelo y desde el primer minuto hay que potenciar un plan de desarrollo rural en la zona que permita transitar hacia una situación de no dependencia de este recurso en una plazo de tiempo razonable. Una posibilidad factible sería  potenciar la producción de arroz ecológico, como en el delta del Ebro. Esta transición es posible y además tendría efectos ambientales positivos para el entorno, pero requiere planificación y un apoyo institucional decidido.

 

Cómo ser capaces de garantizar el suministro de agua para distintos usos

La gestión de los recursos hídricos pasa por ser uno de los temas que ha suscitado mayores controversias entre comunidades y comarcas cedentes y receptoras.

En los últimos tiempos se ha hecho evidente la merma de recursos hídricos disponibles en España por los efectos del cambio climático, una creciente actividad extractiva que no respeta en muchas ocasiones la capacidad de carga de los acuíferos, ni la disponibilidad de agua de las distintas cuencas hidrográficas.

La combinación de la reducción de las precipitaciones y, muy especialmente, la subida de las temperaturas que se está produciendo han generado una reducción media del volumen de agua que va a parar a los cauces de más del 20% en tan sólo 25 años. Si además consideramos que la actividad agrícola supone en torno al 80% del agua consumida en España, para poder recuperar un cierto equilibrio hídrico sería necesario aceptar el hecho de que este recurso es limitante en nuestro país y especialmente en Andalucía lo que requiere que definamos la superficie regada que podemos tener y mantener sin poner en riesgo la propia actividad en el futuro y sin afectar negativamente otros usos del recurso, como ya está ocurriendo en la actualidad. Por tanto es imprescindible incrementar la eficiencia en el uso del agua en agricultura, limitando pérdidas y fomentando infraestructuras y manejos que sean conservativos. Seguramente también tendremos que decir NO a nuevos incrementos de superficies. Algunos expertos consideran que ya hemos superado en un 20% la extracción asumible, con los 4 millones de hectáreas regadas con las que contamos actualmente.

Los trasvases deben ser medidas excepcionales para suplir necesidades urgentes puntuales, y no para incrementar más el consumo del recurso. Sin embargo, los nuevos planes hidrológicos no van en esa línea. Los planes hidrológicos no modifican sustancialmente aquella concepción inicial  de la política de trasvases, a pesar de que se cuenta con un 20% menos de agua en España. Esos planes se hacían teniendo la idea de que el agua era infinita y era un modelo basado en el aumento de la oferta. Lo que no puede ser es que un siglo después sigamos sin entender que el agua que hay disponible es siempre la misma y que se recicla y recircula en un ciclo que estamos alterando. Cuando con nuestra actividad depredadora de recursos, esto no lo tenemos en cuenta sólo estamos propiciando que en un futuro próximo suframos limitaciones severas, tanto en el uso doméstico como en los cultivos. No se puede dar una oferta ilimitada de un recurso limitado.

Pero siendo esto así, debemos reconocer que hay municipios enfrentados a una escasez que hay que abordar con cierta urgencia.

Hay municipios que acaban teniendo que recurrir a camiones cisterna para abastecer a la población durante el verano. Los pozos de algunas localidades, además de suministrar muy poco caudal, no ofrecen agua potable. Las medidas a poner en marcha para paliar las situaciones que se producen, pueden ser la detección de fugas o la reducción de consumos, pero es evidente que eso no es suficiente. El caudal de los manantiales de los que se suelen abastecer algunos municipios está en mínimos históricos, probablemente reflejando no sólo una situación circunstancial sino el efecto de una extracción prolongada en el tiempo sin respetar la capacidad de carga.  La situación es complicada y puede agravarse cuando el régimen de lluvias no es el esperado o necesario, ya que muchos municipios se abastecen de agua potable proveniente de acuíferos subterráneos.

El aumento de la población en determinadas zonas, el incremento de los cultivos de regadío y la escasez de lluvias, tiene como consecuencia que el nivel de reserva y de calidad de estos acuíferos se haya visto reducido de forma alarmante.

Es necesario garantizar el suministro en períodos de pocas lluvias y no aprovechar las reiteradas peticiones de trasvases para seguir propiciando un consumo por encima de la reposición natural. Y no es lo mismo trasvasar por necesidades de suministro a las poblaciones que por extracciones excesivas  para una agricultura intensiva de regadíos.

Los planes hidrológicos se concibieron antes que la DMA y tenían diferentes objetivos. Se diseñaron para satisfacer las necesidades socioeconómicas y para distribuir el agua (teniendo en cuenta la gran desigualdad que existe en España con respecto a los recursos hídricos). La DMA modificó el enfoque de la gestión del agua en España; tras su publicación, las autoridades decidieron combinar ambos enfoques (las demandas de agua y la protección medioambiental).

Deberían haberse buscado otras soluciones para satisfacer las necesidades de agua, como utilizar el agua de las desalinizadoras o reducir el agua para usos turísticos. Un reciente informe ha llegado a la conclusión de que cada turista consume hasta cuatro veces más agua que un residente. Y en España hemos hecho una fuerte apuesta por el sector turístico que consume grandes cantidades de un agua (piscinas, campos de golf, instalaciones acuáticas…) cada vez más escasa y que se debe gestionar con prudencia.

Hay, y se acentuará en el futuro, escasez de agua en amplias zonas de Andalucía debido al cambio climático, a los usos relacionados con la presión urbanística y el riego intensivo, así como a las actividades turísticas. Se han planteado dos soluciones principales para resolver la escasez de agua: el trasvase y la desalinización. Ninguna de ellas es la ideal pero habrá que dirimir en qué medida se recurre a ellas. Por supuesto, también es fundamental la apuesta por el ahorro, la búsqueda de soluciones menos consumidoras de agua y el cierre del ciclo del agua de forma eficiente depurando y recirculando. También debemos implementar medidas educativas que permitan abordar este tema con rigor y no sólo cuando surgen problemas de suministro.

Deben revisarse las futuras demandas de agua para no generar un problema de escasez, que también pondría en peligro los actuales cultivos de regadío.

Hay que pensar en mejorar la gobernanza del agua en las cuencas para no tener que recurrir a medidas de trasvases, porque antes de que se constatara la necesidad de garantizar el suministro a algunas poblaciones que lo precisan y de que fuese evidente la sobrexplotación y el mal estado de la calidad del agua en bastantes acuíferos, se debían haber adoptado las medidas pertinentes que lo evitasen.

 

¿Qué necesita la comarca de la Axarquía para tener un sector agrícola sostenible y con futuro?

Cuando hablo de futuro, no me refiero al año que viene, ni a los próximos 5 años, me refiero a que los hijos de los productores que ahora cultivan aguacates y mangos puedan seguir ganándose la vida cuando sean ellos los responsables de las explotaciones.

La producción de alimentos, en este caso de frutos subtropicales, depende del mercado, de la oferta y la demanda, pero NO TENDRÁ FUTURO si no seincluye en los balances,además de los aspectos económicos, la disponibilidad de los recursos necesarios para producir que son SUELO, AGUA Y DIVERSIDAD y lo hacen para el presente  y para el futuro.

La verdadera protagonista en la comarca, por ser ahora el factor más limitante, es el AGUA, aunque no estaría de más que analizar también, el maltrato que está sufriendo el suelo en la comarca. Con movimientos de toneladas de tierra para habilitar el cultivo en zonas de pendientes muy elevadas y por encima de la cota de 140 metros, que era una cota límite para el desarrollo del regadío.

Es necesario plantear restricciones a la extensión del riego y asegurar y mejorar la eficiencia del mismo en las zonas que ya cuentan con él.

Hay que ponerle freno a nuevas plantaciones. Y asumir, sin engañar al sector, que el agua regenerada y otras pequeñas actuaciones que se puedan hacer para mejorar la situación no suponen un gran volumen y no pueden dar lugar a incrementos de superficie de riego sino a asegurar el riego de lo que ya está plantado, que es mucho. Asumirlo será positivo para el sector, aunque ahora en el corto plazo no sea popular.

El sector y las comunidades de regantes  hablan de que la solución pasa por “trasvasar agua de donde sobra”. Habrá que aclarar para quien no sea consciente de ello, que el agua NO SOBRA en España.

A nivel estatal, el balance hídrico de nuestro país es negativo y lo es aún  más en la zona que nos ocupa y también en las zonas próximas de donde se suele proponer trasvasar agua. Y esa situación es probable que empeore porque la demanda del recurso y su consumo es cada vez mayor y ha crecido mucho en general.

El agua que vemos fluir superficialmente, -desgraciadamente en poco sitios de nuestra comunidad-, NO SOBRA. Está conectada con las subterráneas y en la medida que extraigamos el agua superficial de las cuencas, acabaremos afectando negativamente a las aguas subterráneas. Es un ciclo cerrado, y acabaremos creando un déficit de muy difícil gestión, cuando comprometa el suministro a las poblaciones. Así que hablar de cuencas excedentarias en nuestro Sur, es faltar a los datos.

Conviene recordar que, del total de agua extraída para uso humano, en términos generales, un 70% se dedica de media a la agricultura y los datos disponibles de la comarca de la Axarquía indican que se está en ese rango o incluso algo más.

Por otro lado, anualmente llueve de media en la comarca 460 L/m2año y la evapotranspiración potencial estimada está en los 1200L/m2año, bastante más del doble. Lo que da una idea, a grosso modo,  del déficit en el balance que tenemos.Más, si cabe, al considerar la gran demanda de agua para riego que ya existe en la actualidad y la permanente demanda de nuevos aumentos de regadíos.

La DEMANDA ACTUAL YA SUPERA CON CRECES LA DISPONIBILIDAD QUE SE PUEDE CUBRIR EN EL PRESENTE:

-En cuanto al Aguacate: asumiendo que hay unas 6400 hectáreas de aguacate y que estas plantaciones consumen agua en un rango que va de los 7000 a los 9000 m3/Ha año, en función del sistema de riego. Considerando un valor medio de 8000, se obtiene una necesidad media anual de 51 hectómetros cúbicos para este cultivo en la comarca.

-En cuanto al Mango: en principio, necesitan menos agua y requieren unos 6000 m3/Ha año, si el riego es eficiente. Considerando 3120 Hectáreas de cultivo, la estimación de necesidades es de casi 19 hectómetros cúbicos/año.

-Otros regadíos pueden suponer de 12 a 13 hectómetros cúbicos más.

Esto significa que  la demanda de agua y enfatizo DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO ESTÁ SOBRE LOS 82,8 HECTÓMETROS CÚBICOS/AÑO AHORA. Y ESTA ES UN ESTIMACIÓN CONSERVADORA que asume el uso de sistemas eficientes de riego, sobre todo en mango. Hay estimaciones y estudios queindican que la demanda puede superar los 100 Hectómetros cúbicos/año.

Estas necesidades de agua hay que BALANCEARLAS CONla disponibilidad del recursoen la actualidad que depende en buena medida de dos fuentes:

Por un lado, el pantano de la Viñuela que, según datos de Axaragua, provee consumos anuales de 30 hectómetros cúbicos, 15 para uso urbano y 15 para riego.

A ello habría que sumar lo que llueve de media sobre los subtropicales y resto de riegos.Asumiendo una eficiencia del 100% en su uso y una interceptación de sólo el 15%,esta lluvia supondría37 hectómetros cúbicos de media.Aunque hay que decir que ha sido bastante menor este año hidrológico y los escenarios que plantea el Cambio Climático es que esto NO sea puntual, sino la tónica a futuro.  Haciendo el balance entre disponibilidad y demanda  tenemos un déficit medio de 30,8 Hectómetros cúbicos año.

Prácticamente hace falta otro pantano de la Viñuela dedicado sólo a riego.  Este año el déficit ha sido superior, unos43,4 Hectómetros cúbicos y es posible que los déficits sean superiores porque, como ya he dicho, hay balances  calculados que incrementan la demanda un 20% o incluso más.

Pero la pregunta del millón es ¿y cómo se cubre este déficit entonces?

Aunque hay algo de reutilización de agua, el grueso de la respuesta tiene que estar en la extracción y consumo de agua subterránea de un modo insostenible. De manera que estamos reproduciendo el modelo del poniente almeriense de no contención del crecimiento de la superficie invernada con las consecuencias negativas que todos conocemos a nivel del acuífero. Pero no es sólo una cuestión de ecologistas, porque también tiene consecuencias negativas a nivel de rendimiento monetario por hectárea, no hay que olvidarse de ello.

Dicho lo cual,

¿Quién está poniendo en peligro la viabilidad de los subtropicales en la comarca en el medio y largo plazo? ¿Quién está poniendo en peligro los empleos de la comarca en el medio y largo plazo? ¿Cómo queda la viabilidad del modelo  de agricultura que hay ahora en la Axarquía?

Seguir exigiendo aumento en las Hectáreas de regadío, como ya ha hecho el Partido Popular en el Parlamento Andaluz es populista, cortoplacista e insostenible y, si se analiza en profundidad, no contempla un mañana para la comarca.

Llegados a este punto, no cabe otra, que hacerse consciente que el planeta tiene límites y que los recursos renovables no se pueden gestionar como si fueran ilimitados. Que una gestión sostenible implica que la actividad sea económicamente viable ahora y en el futuro. Y que los recursos dejan de ser renovables cuando los consumimos a una velocidad mayor que la necesaria para su regeneración natural.No resultacómodo decir estas cosas en la comarca, pero hay que decirlas. Para afrontar los retos que tenemos y los que vienen, en relación a los usos del agua hay que dar respuesta a esta situación de insostenibilidad.

 

 

25 años de AVE: ¿Algo que celebrar?

Cuando se cumplen 25 años de la puesta en servicio de la primera línea de AVE en España, la que une Madrid con Sevilla, es buen momento para evaluar lo que ha supuesto esta infraestructura para la movilidad general de los españoles.

Asumiendo que la función esencial del transporte es garantizar la accesibilidad a los bienes, servicios y contactos con las demás personas, independientemente del lugar donde vivan, la capacidad adquisitiva que se tenga, la edad o el género, y sin generar más movilidad que la estrictamente necesaria,  la inversión destinada a infraestructuras para la movilidad y el transporte debe ir en consonancia con las necesidades actuales y anticiparse a los escenarios futuros esperables.  Y es, por ello  importante, definir muy bien las prioridades de inversión en relación a la movilidad. Tanto si hablamos de personas como de mercancías.

Hace 25 años se decidió que esas prioridades pasaban por apostar fuertemente por una infraestructura tan costosa y de dudosa rentabilidad social como la Alta Velocidad Española (AVE).

Sin embargo, tras esos 25 años queda despejada la incógnita  ya que se puede comprobar, con los datos acumulados en este tiempo,  lo  irracional de fiar el futuro del ferrocarril a la Alta Velocidad en nuestro país (somos el  segundo en número de kilómetros del mundo, no así de usuarios),  la colosal “deuda pública”  que ha generado, la “expulsión de usuarios” del tren por el elevado precio del AVE, los “impactos ambientales” que genera sobre todo por la fragmentación cada vez mayor del territorio y la ineficiencia energética que supone, la ”desconexión” de los pequeños municipios y zonas rurales que ven pasar el AVE por sus estaciones, antaño operativas y ahora semiabandonadas o abandonadas del todo;  el “cierre sistemático” de líneas normales, de trenes  de media y larga distancia, la escasez de inversiones en cercanías que mejorarían grandemente los movimientos en las áreas metropolitanas de las ciudades mas grandes … en fin, demasiados efectos colaterales que se dejan fuera de la propaganda para vender  tan  elitista obra.

El salto tecnológico que supone la alta velocidad conlleva tres consecuencias fundamentales:

1) una disminución muy importante de su funcionalidad como medio de transporte (incompatibilidad con la mayor parte de las mercancías y con los servicios regionales y de cercanías),

2) la reducción de la eficiencia energética, y

3) la multiplicación de los impactos ambientales (emisiones, ruido, fragmentación del territorio, etc.).

Y esto  se traduce en unas infraestructuras de transporte con elevados costes para la sociedad. Por ejemplo, se subvenciona gran parte del coste del billete. En la que supuestamente es la línea más rentable, la Madrid- Barcelona, el usuario del AVE solo paga el 33% de su coste real. El 66% se lo pagamos entre todos, a través de la Administración. Y es un servicio  que deja fuera a las personas más desfavorecidas, siendo claramente elitista. Además de todo esto, el mantenimiento de 1 km de vía convencional supone un coste 10 veces inferior al del mantenimiento de 1km de vía  de alta velocidad. Desde el año 1992 hasta el año 2015, se han pedido fondos a los bancos europeos por valor de unos 70.000 millones de euros para financiar las obras de la infraestructura de Alta Velocidad. Y, evidentemente, esa apuesta exclusiva ha hecho que se abandonara la valiosa red ferroviaria que ya teníamos.

La construcción de cada kilómetro de Alta Velocidad supone un coste de unos 9 millones de euros, y unos 100.000 euros anuales en mantenimiento. Tenemos  más de 3100 kilómetros de vías de alta velocidad, sin embargo,  lo realmente importante,  la rentabilidad social de una movilidad que sirva para todos, no se ha conseguido.  Puestas a comparar, podemos hacerlo con nuestra vecina,  Francia, donde viajan unos 120 millones de viajeros anuales en una red de alta velocidad de 2000 kms aproximadamente, construida sobre las infraestructuras preexistentes, que admite el transporte de mercancías y la circulación de trenes convencionales con paradas intermedias.  Sin embargo,  y a pesar del aumento de viajeros de la Alta Velocidad española, ésta no supone más que entre un 5 y un 7% de los viajeros diarios. Y recibió en el año 2016 el 67 % de todo el presupuesto de ferrocarriles.

Este caso de la apuesta por el AVE, se puede comparar al reciente caso conocido de las enormes infraestructuras de depuración de aguas residuales en muchos pequeños municipios de Aragón donde la desproporción entre las necesidades reales y las infraestructuras planteadas por empresas constructoras, era de tal calibre, que han dejado unas deudas brutales e inasumibles, además de dejar en el territorio la huella de obras monstruosamente exageradas e infrautilizadas.

Y resaltar de nuevo, que la infraestructura ha elevado la deuda pública de las empresas Grupo Renfe y Adif, hasta unas cifras descomunales, estimadas en cerca de 20.000 millones de euros, que ha tenido un peso de impacto en la deuda pública, cercana al 100% del P.I.B. y que está costeando la ciudadanía en forma de recortes, expolio del patrimonio público e impuestos.  Si se apuesta por AVE, no hay dinero para más, no hay dinero para otra cosa, y el agujero negro generado es enorme. En los cercanías, como en el resto de la red convencional, las mejoras necesarias no han podido ser ejecutadas por falta de fondos ante la apuesta en exclusiva por el AVE.

Hemos de recuperar  la red de ferrocarriles que ya tuvimos en el siglo pasado, no hace tanto,  ampliándola para que cubra bien todo el territorio, pero jugando, en todo caso, y como alternativa eficiente, con trenes de velocidad alta (hasta unos 200 km/h) menos costosos y que  también ofrecen unas velocidades competitivas, pero no AVEs que, alcanzando mayores velocidades, dejan incomunicadas las ciudades intermedias por las que pasan.

Es injusto el estado de desvertebración que sufrimos  por esta causa, en términos de movilidad por tren,  porque a eso conduce  el modelo de movilidad que ha imperado en los últimos años y por la que han apostado los dos partidos hegemónicos hasta ahora, ( tanto PP como PSOE) con las líneas AVE frente a los ferrocarriles tradicionales.

Sabemos perfectamente que nuestra alternativa a la contaminación y al derroche pasa por transportes públicos, eficientes y limpios. Por eso la jugada a futuro, teniendo en cuenta que urge ir adoptando medidas de mitigación al Cambio Climático pasa por el Ferrocarril, pero uno que se ajuste a un diseño bien planificado, vertebrador, que solucione la movilidad de mercancías y de personas, que amplíe la red de ferrocarriles existente,  con el fin de cubrir todo el territorio con alternativas eficientes, menos costosas, mas democráticas, es decir, que sean asequibles para todos y no únicamente para los privilegiados, porque incluso a esos que se lo permiten les pagamos entre todos la mayor parte del coste real.

Importante resaltar que solo el 4% de las mercancías se transportan por ferrocarril, muy lejos de los porcentajes de la Unión Europea. Necesitamos con urgencia que esto cambie. Y que se contemple también como una prioridad irrenunciable, la construcción de los dos tramos del Corredor Mediterráneo que nos conecte por ferrocarril con el resto de Europa.

La gran dificultad que hoy por hoy, tiene el desarrollo de una buena vertebración territorial con ferrocarril está en la imprudente e irreflexiva apuesta de las administraciones, tanto central como autonómicas,  por el AVE.

Con todo, se constata tras todo el deterioro sufrido en los ferrocarriles en España en general, pero en Andalucía especialmente,  un rápido crecimiento de la resistencia social frente a los recortes ferroviarios: numerosas plataformas se están  activando y reivindicando el derecho a un transporte de calidad, eficiente, sostenible y para todas. Plataformas que quieren  evitar el cierre de  líneas, que demandan  mejor servicio o exigen la reapertura de líneas cerradas cuyo beneficio social es incuestionable. Por ello, en el 25 aniversario de la apertura de la primera línea entre Madrid y Sevilla, replanteemos la pertinencia de continuar por esta vía.