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El rascacielos y la planificación del Futuro. Salvemos nuestro Horizonte de la especulación.

Cada poco tiempo aparece algún conflicto sobre el modo de construir ciudad, la planificación urbana, la movilidad, o el diseño de suficientes zonas verdes y parques. Todo lo que deseamos en nuestra ciudad. La ciudad que queremos, en la que vivimos, soñamos y, a veces la que padecemos. Hoy es el conflicto surgido por la falta de debate público en relación al proyecto de un rascacielos en el dique de Levante del Puerto de Málaga. Un rascacielos que no responde a una demanda ciudadana, que rompe el skyline de la ciudad, que está en suelo público y, por tanto, donde los ciudadanos deberían tener la posibilidad de proponer y debatir alternativas.

Hace poco mas de un año escribí sobre uno de esos conflictos aún no resuelto, el de BUM (Bosque Urbano Málaga), y quise hacer la reflexión que vuelvo a traer de nuevo. Y es sobre el papel a jugar por los responsables municipales, en la gestión de los bienes comunes y del interés público. Un equipo de gobierno, en cualquier ayuntamiento, dirige y administra la ciudad, en base a un programa de gobierno previo, con el que adquirió un compromiso ante la ciudadanía. En el caso de Málaga, el grupo de gobierno, del PP, lo hace con un modo de gestión de arriba abajo, es su estilo, al margen de otras cuestiones que les podamos achacar. Piensan la ciudad que quieren para los ciudadanos de Málaga, pero sin ellos. Con la ayuda de técnicos que asesoran en base a unas directrices que descansan en el modelo neoliberal en el que creen. Tutelan a los ciudadanos, sin entender cómo un grupo de vecinos pueden pensar, organizarse, crear y diseñar una propuesta alternativa para el suelo que pisan. Eso fue lo que sucedió en el caso del BUM. Un grupo de ciudadanos, tras conseguir un elevado nº de firmas que apoyaban la petición de un bosque en los terrenos que habían sido ocupados por Repsol, fueron capaces de trabajar y coordinarse para buscar y ofrecer alternativas al proyecto que quería imponer el equipo de gobierno del ayuntamiento. En el caso del puerto también se exige otra forma de proceder, que ofrezca diálogo y debate sobre el proyecto, y no acelerar los plazos necesarios como se ha hecho.

Desde la ecología política, también podríamos proponer un proyecto “verde” y un diseño de ciudad acorde a nuestro ideario. Adolecería, explicaba en ese artículo, del mismo defecto que critico en el equipo de gobierno del PP, si no facilitara e incorporara la participación de los vecinos y vecinas en el diseño del proyecto. Especialmente, cuando hay ciudadanos que se movilizan por una idea distinta y a la búsqueda del interés común. Los ciudadanos debemos poder decidir, ser escuchados e incorporados a la toma de decisiones, explicando los condicionantes y toda la casuística que intervenga en cada caso, pero teniendo en cuenta aportaciones y peticiones.

En el ya mítico 15M, se gritaba, ese: “No Nos Representan” en una clara queja por no tener en cuenta la opinión ciudadana. Como residentes y contribuyentes queremos participar en el diseño y creación de la ciudad y en la toma de decisiones que corresponda. Una reivindicación que no se puede seguir obviando. Se exigía en ese despertar ciudadano, allá por 2011 transitar hacia modelos de gestión de abajo a arriba, de la raíz a las hojas, dicho en un símil gráfico. Si las raíces trasladan los nutrientes a las hojas, la ciudadanía trasladaría propuestas que nutrirían el diseño del espacio urbano.

No todo lo que se proponga será técnica o legalmente posible; pero lo que sí debe conseguirse es poner en marcha proyectos compartidos que incorporen el poder creativo y la participación de las ciudadanas y los vecinos.

Resultó chocante en el caso del BUM que el concejal de participación, buscase argumentos legales para limitar la participación que debería defender institucionalmente. Su función debiera ser buscar los cauces para que los vecinos/as puedan expresarse y nunca lo contrario. El modelo que limita la participación no es el que quiero en mi ciudad.

La planificación urbanística debe orientarse hacia una idea del futuro que se quiere para la ciudad. Y el que augura la construcción de este rascacielos, fruto de la especulación con suelo público, sin transparencia, sin buscar el interés común y sin consultar a las principales afectadas, las y los que viven la ciudad, no es una planificación acertada.

En base a lo que hemos aprendido del pasado y del presente de tantos pelotazos urbanísticos, deberíamos orientar el diseño de ciudad para un futuro que la mejore y regenere sus espacios urbanos. Buscar un espacio de reflexión ciudadana conjunta, también de asesoramiento, llamando la atención sobre los potenciales efectos asociados a distintas opciones, según cada alternativa futura elegida. Los pronósticos más interesantes son aquellos que nos permiten anticiparnos a posibles situaciones a evitar. Y en este caso, el potencial efecto del rascacielos en el futuro perfil del horizonte malagueño no parece nada deseable.

Tanto el planeamiento urbano como el territorial se siguen realizando con los criterios e instrumentos habituales hasta ahora y que han conducido a la burbuja y sobredimensión constructiva, de modo que, sin duda alguna, se repetirán los graves problemas que el crecimiento urbano en su forma más actual viene ocasionando. Por ello, la reflexión sobre este rascacielos para el que se ha modificado el Plan especial del puerto, es pertinente y da pie a abrir el foco respecto a la Málaga futura.

La apelación insistente al carácter sostenible que se auto atribuyen los documentos de planificación urbanística y el horizonte de futuro que prefiguran, es pura retórica. En el caso del rascacielos más aún. Supone la puesta en marcha de una operación inmobiliaria en un marco de arbitrariedad urbanística y bajo el criterio del corto plazo, provocando una transferencia de las consecuencias y de los impactos, al futuro. El rascacielos carece de un diagnóstico honesto en aspectos decisivos como: la adecuación al frágil y saturado entorno del puerto, el impacto visual y paisajístico, la medición de su resiliencia a fenómenos meteorológicos cada vez mas frecuentes en el litoral, las consecuencias esperables en tal lugar, del cambio climático y su difícil prevención, o los efectos de la generación de residuos, emisión de vertidos y deterioro de las aguas del puerto en un proyecto de tal calibre, además de los problemas de movilidad que también generaría… En fin, necesitamos una reflexión intensa sobre el rascacielos y sus implicaciones. Y es que, la modificación del Plan Especial del Puerto, apenas cumple una función justificadora de decisiones ya adoptadas. Sin embargo, sólo desde la disponibilidad de un diagnóstico preciso, y no sujeto a modificaciones arbitrarias o coyunturales, tanto respecto al Plan Especial del Puerto como del resto de documentos de planificación de la ciudad, es posible ofrecer a los ciudadanos/as el análisis que les permita definir y diseñar la ciudad en la que quieren vivir.

Se deduce de lo anterior la necesidad urgente de creación de unos nuevos marcos de referencia jurídicos respecto a la planificación urbana, que atiendan a los actuales desafíos y que permitan la intervención de los ciudadanos. Hay que insistir en el cumplimiento de la legislación vigente respecto de la Evaluación Ambiental Estratégica de los instrumentos planificadores y de las Evaluaciones de Impacto sobre la salud, sobre el paisaje, sobre el medioambiente urbano…

Para concluir,- y recordando debates con el profesor Alfredo Rubio-, de todo el debate suscitado por el rascacielos, se deduce la necesidad de reformar la política urbanística, de manera que incluya una repolitización del futuro. El escenario futuro es una combinación de incertidumbre y responsabilidad, por tanto, sujeto a procedimientos de deliberación y legitimación colectiva. Ello sin duda implica asumir esos cambios necesarios que abran el debate informado a la ciudadanía. Todo lo que en el caso del rascacielos no se ha producido.

 

Artículo publicado originalmente en el blog Ecologismo de Emergencia del Diario Público el 10/12/2017.

Ayudas agrarias y Política Agraria Común. Retos a futuro.

Este mes de noviembre, el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, presenta su propuesta de reforma de la PAC. Se filtraron antes algunas de las cuestiones que se van a presentar a los Estados miembros.

Algunas son:

– introducir un importe máximo de pago directo por beneficiario en el rango entre 60 000 EUR y 100.000 €;

– soporte mejorado a granjas más pequeñas, en particular a través de un pago redistributivo;

– enfocar las ayudas en aquellos que dependen de la agricultura para ganarse la vida

 

Estos son planteamientos acertados que, sin embargo, también fueron propuestos en la PAC ahora vigente y no fueron bien acogidas, ni consiguieron imponerse. Espero que lo sean esta vez.

En ese sentido, el Gobierno de Aragón ha lanzado una propuesta de reforma de la Política Agraria, que introduciría cambios profundos respecto al statu quo actual y uniría todas las líneas de subvenciones en una única, destinada directamente a compensar la renta de agricultores y ganaderos. Eso conlleva la eliminación de los derechos históricos actuales. Según dicen, sería un sistema que primaría a quienes más dependen de la agricultura y mayor contribución hacen a su mejora, e implica una gran simplificación, al unificar un centenar de líneas de ayudas PAC diferentes que actualmente suponen un “laberinto administrativo” y perjudican al agricultor.

Pero mas allá de estas consideraciones de distribución del presupuesto, sobre las Políticas Agrarias Comunitarias, lo primero que conviene destacar, aunque pueda parecer obvio, es que al hablar de PAC estamos refiriéndonos a POLÍTICAS que se enmarcan en el espacio EUROPEO y que pretenden ser COMUNES. No se trata solo de dinero a repartir entre los agricultores y ganaderos que cumplan ciertos requisitos, es algo bastante más serio y con mayores implicaciones para la sostenibilidad de nuestras sociedades actuales y venideras.

Hay que saber que, hasta ahora, buena parte de las subvenciones europeas agrícolas, van a parar a manos de grandes corporaciones multinacionales que hacen de intermediarios en la cadena de valor de las producciones agrícolas. Esto tiene consecuencias que afectan, tanto a los pequeños agricultores, que a duras penas sobreviven en la precariedad a que se ven sometidos por esta falta de apoyos, como al progresivo deterioro ambiental que generan las explotaciones agroindustriales en intensivo. Y acarrea el progresivo abandono a causa de la falta de expectativas en el rural, de manera que no está habiendo relevo generacional en una actividad tan importante como la producción de alimentos. Una conclusión a la que llegamos en jornada organizada por Primavera Europea en el Parlamento Europeo fue categórica: “los agricultores europeos son una especie en vías de extinción si no se toman las medidas necesarias para remediarlo”.

De vez en cuando nos recuerdan, porque sale a la luz y lo publica algún medio, que los beneficiarios en nuestro país, de las ayudas asociadas a la producción que llegan desde Europa, las reciben personas u organizaciones que forman parte de las mayores fortunas de España. Y, eso, teniendo en cuenta que la PAC se creó para mejorar la productividad agraria y garantizar a los agricultores de la UE una vida razonable, resulta chocante. Así como resulta chocante que estas corporaciones necesiten ayudas siendo intermediarios, teniendo en cuenta que, con lo que negocian es con la alimentación y que, además controlan los dos extremos de la cadena, esto es, exigen a los agricultores cumplir determinados requisitos de supuesta calidad, aspecto, calibre… que obliga a estos a producir por encima de lo que esperan vender, sabiendo que tendrán que deshacerse de casi un tercio de lo que producen (lo que es un despropósito) y asimismo por el otro extremo de la cadena, deciden lo que el consumidor final va a consumir, en qué formato y con qué características.

Analizando la situación y las políticas por las que han apostado tanto el gobierno central como las CCAA, se puede decir que, en los periodos de negociación con la UE, las posiciones han sido bastante coincidentes, aunque por motivos diversos. Sin embargo, da la impresión de que no ha habido ni hay una línea estratégicaclara desde el MAPAMA ni tampoco desde las Autonomías respecto al modo de incentivar nuestro sector agrario, tan maltratado desde el punto de vista de la defensa de los principales actores, que son los agricultores y ganaderos que mantienen, cuidan y preservan nuestros recursos.

La Política Agraria Común debe enfrentarse a desafíos como la soberanía alimentaria, el cambio climático, la gestión sostenible de los recursos naturales y el mantenimiento de una economía rural viva.

Cabe también decir, que el marco que parece más adecuado en aras del interés común de los ciudadanos europeos y no sólo de sus agricultores y ganaderos, viene mejor definido por La expresión “SOBERANÍA ALIMENTARIA” que no “SEGURIDAD ALIMENTARIA”: Porque más allá de la trazabilidad que queramos tener sobre los productos agrarios y de garantizar el sustento de la población, lo que es crucial, tanto para la economía como para la sostenibilidad de la vida, es garantizar que los territorios sean soberanos para alimentarse a sí mismos sin tener que producir para los grandes mercados globales en manos de especuladores financieros, a costa de poner en riesgo su autoabastecimiento de alimentos básicos. Por ello, la mejor inversión de las ayudas agrícolas debería estar orientada a promover una agricultura con criterios que garanticen el futuro de un sector donde se constata el envejecimiento y falta de relevo generacional por las escasas perspectivas de alcanzar niveles de vida dignos, máxime teniendo en cuenta que, los agricultores son los que mantienen y cuidan los tres recursos más amenazados a nivel global por la actividad agrícola, que son: agua, suelo y biodiversidad.  

Es imposible repensar la política agraria sin tener en cuenta el gran reto de este siglo XXI, el cambio climático.

El Pilar 2 de la PAC, fundamental para ofrecer futuro al mundo rural, se destina al desarrollo rural y medidas agro-climático-ambientales. Sobre este segundo pilar, el MAPAMA ha pretendido dejar sin fondos los proyectos piloto de la Red Rural Nacional, que generaron buenos resultados en periodos anteriores. Habría interesantes oportunidades si se apostase decididamente por los circuitos cortos de comercialización, por apoyar y facilitar la conversión a agricultura ecológica, cuidadosa con el entorno, el apoyo a la ganadería extensiva, la introducción de agrobiodiversidad local, o el apoyo a otras formas de manejo sostenibles. También apoyo a la mujer rural, ya que las cifras ponen de manifiesto su escaso peso, el 67% de la titularidad de las tierras pertenece a hombres. Habría que incluir criterios que favorezcan la equidad en la concesión de subvenciones para reducir la desigualdad que sufren las mujeres en el ámbito rural.

Por muchas de estas cuestiones, la PAC es una de las políticas más criticadas de la UE. Y por ello, la revisión que se está haciendo ahora de la misma, tiene que servir para orientar el modelo agrícola europeo hacia una mayor sostenibilidad y equidad. Se precisa que las inversiones vayan destinadas a la agricultura y ganaderías ecológicas, extensivas y familiares, y en pro de los bienes comunes y de la soberanía alimentaria. Una política agraria orientada a pequeños y medianos productores, que contribuya a fijar población en zonas rurales, evitando el despoblamiento de pueblos y regiones.

Por otro lado, es imposible repensar la política agraria sin tener en cuenta el gran reto de este siglo XXI, el cambio climático. Es realmente urgente invertir en una agricultura resiliente, por el importante rol que juega la agricultura en la mitigación y adaptación al cambio climático.

Retos importantes y urgentes de abordar. Retos que atañen a las decisiones que se acaben adoptando en las políticas agrarias que finalmente se trasladen a cada estado miembro y a cada autonomía. No puede ser una utopía la consecución de consensos para el futuro, porque la política agraria es básica y, en realidad tiene que plantearse, no solo como política agrícola, sino agro-alimentaria, esa que se ve fuertemente afectada por acuerdos comerciales como CETA o TTIP.

 

Artículo publicado originalmente en el blog de Diario Público “Ecologismo de emergencia” el 21/11/2017.

Agua, fuente de vida… y de conflictos

El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza ha dictado y publicado sentencia contra la sobreexplotación del acuífero Aguas y el expolio de tierras y recursos hídricos en el río Aguas (Almería). Aunque no es una sentencia vinculante, sí ayuda a que la dramática situación de la comarca llegue el Parlamento Europeo a través de la denuncia de las asociaciones y localidades afectadas. Este tribunal trata casos de violaciones cometidas contra los derechos de la Naturaleza en Europa. El expolio del Acuífero Aguas ha sido el único caso español llevado ante dicho Tribunal. Y un aspecto que ha tenido en cuenta el tribunal, y aspecto relevante, es considerar la vulneración de derechos de las generaciones futuras.

Detener la extracción de aguas subterráneas y permitir que los ecosistemas se recuperen es una reivindicación básica. Y por eso, allá por el mes de febrero de este año presentaba una propuesta en el Parlamento andaluz, trabajada con la Plataforma en Defensa del Río Aguas y la recién creada en ese momento plataforma que aglutinaba a todas las de la provincia, Acuíferos Vivos, para que, conocida la situación del acuífero, se tomaran medidas que evitaran el grave deterioro que se cernía sobre la comarca regada por los manantiales del río Aguas. Siguen haciendo falta medidas urgentes para frenar y revertir el ecocidio, porque, como queda reflejado en la sentencia, “el agua no tiene precio: las sociedades que sacrifican las fuentes de agua por dinero pagarán un precio terrible”.

La provincia de Almería, la región más árida de Europa, exporta grandes cantidades de agua virtual en forma de producción hortofrutícola o aceite de oliva, hacia regiones húmedas del centro y el norte de Europa. Siendo esto así, y siendo conscientes de lo que ello supone, seguir aceptando la existencia de miles de hectáreas de olivar en régimen superintensivo es una necedad. Supone una incoherencia ecológica que compromete el futuro socioeconómico del maltratado sureste peninsular. Todos los acuíferos de la provincia de Almería se encuentran catalogados como masas de agua subterráneas en mal estado en el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas, elaborado por la propia Junta. Sin embargo, y contra toda lógica, los grupos parlamentarios que suman mayorías en el Parlamento Andaluz impidieron la aprobación de la propuesta, que como digo, elaboré conjuntamente con Acuíferos Vivos.

Los regadíos consumen la mayor cantidad de agua (un 86,9%) en la provincia. El cambio en los usos del suelo y la intensificación de la actividad agrícola de exportación han generado una grave situación de insostenibilidad, lo que es una amenaza para el territorio y para la población que lo habita. Y la Junta de Andalucía no está cumpliendo con su papel de gestión y planificación en materia de agua.

La sobreexplotación de los acuíferos forma parte de un modelo agrícola que está haciendo mella en la viabilidad, a largo plazo, de la agricultura en la provincia y ya está provocando una progresiva falta de rentabilidad económica y la puesta en peligro del modelo de agricultura almeriense tradicional, con la pérdida asociada de numerosos puestos de trabajo.

Si la situación de Almería es grave, el resto de territorios andaluces -y también el resto de la península- siguen el mismo camino, sin querer asumir que el ciclo del agua no podemos acelerarlo y lo estamos alterando constantemente, al consumir agua a mayor velocidad de la que se repone.

Por eso es necesaria una planificación y gestión territorial que contemple la viabilidad de la agricultura a largo plazo. Es necesario adoptar medidas para no comprometer el futuro de los recursos hídricos y de las actividades que de estos dependen. La administración, siendo consciente del serio riesgo en que están las masas de agua subterránea por las abusivas extracciones, debe actuar.  Es tarea imprescindible proteger y regenerar las masas de agua subterránea declaradas en mal estado, no permitir que los derechos de los propietarios de concesiones causen la pérdida del derecho al agua de los habitantes de la zona. Hay que conseguir que la situación de sobreexplotación se revierta porque las cifras de las concesiones y los derechos de agua son muy superiores a la disponibilidad.

Y es la Administración la que, inexplicablemente, ha dado más concesiones que recursos existen. Esto se agrava por la gran cantidad de sondeos, captaciones ilegales y pozos reprofundizados que extraen un volumen más alto del autorizado, además de todo un cúmulo de irregularidades que apenas se controlan.

Lamentablemente, los responsables políticos que gestionan en clave cortoplacista, sabiendo que serán evaluados cada cuatro años, son cobardes en relación a lo que se debería hacer, y acaban asumiendo la realización de grandes obras hidráulicas: presas, embalses, diques, trasvases o canalizaciones… Actuaciones todas que no solo no solucionan el problema de fondo, sino que lo agravan. El Gobierno Andaluz y las Confederaciones Hidrográficas, hasta ahora, han negado el problema de sobreexplotación, y es urgente encarar la situación existente para darle un adecuado tratamiento.

Hay que replantear los regadíos actuales y adaptar el número de hectáreas a la capacidad de nuestras cuencas y acuíferos para mantenerlas. Y una cuestión muy importante es la recuperación y conservación del buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos y de ribera, que son los que mejor se encargarán de devolver a la normalidad el ciclo natural del agua.

Conocida toda esta problemática, las extracciones no han disminuido, sino que han aumentado al igual que la superficie regada. En 2015 había más de 5.000 hectáreas en regadío y, en la actualidad, alcanzan un volumen de más de 20 hm3, lo que sitúa la sobreexplotación por encima del 400%. Se calcula que se están extrayendo entre 100 y 300 hm3 de las reservas, por tanto, al acuífero le quedan menos de diez años para agotarse.

Y lo más preocupante de todo esto es que la solución que apunta el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas al agotamiento del acuífero Aguas, lejos de cuestionar el modelo de agricultura superintensiva, propone traer más agua de otros lugares o de desaladoras, todo un despropósito que no cuestiona la lógica del modelo. Un modelo sobre el que necesariamente se impone la reflexión tras la sentencia que viene a refrendar lo que venimos diciendo: que la situación es insostenible.

Artículo publicado originalmente en Eldiario.es el 14/11/2017.

El consejero José Fiscal, del lado equivocado en el conflicto por la incineración

La economía de crecimiento permanente en la que estamos inmersos, adicta al consumo de energía, ha incrementado la concentración en la atmósfera de gases perjudiciales para la salud.

Monóxido de carbono (CO) producido en la combustión incompleta de vehículos a motor, en áreas muy urbanizadas. Dióxido de carbono (CO2), principal causante del incremento de la temperatura de la Tierra, cuya reducción permitiría que el ciclo del carbono alcanzara el equilibrio, a través de los grandes sumideros de carbono, como el océano profundo y los sedimentos. Monóxido de nitrógeno (NO), generado en la quema de combustibles fósiles en transporte e industria, uno de los gases que producen lluvia ácida. Dióxido de azufre (SOâ‚‚) generado en la combustión del carbón y que también causa lluvia ácida… y algunos más. Son gases que están alterando la atmósfera y generando muchos problemas de salud no sólo a los humanos.

Los contaminantes pueden recorrer grandes distancias porque los vientos los trasladan miles de kilómetros antes de caer con el rocío o con la lluvia ácida.

Frente a la emisión de gases como estos, el uso de filtros u otros mecanismos para minimizar los efectos de la quema de residuos que se da en industrias cementeras no es suficiente para dar por buena esta actividad. Y es lo que desde hace unos años se viene proponiendo: quemar residuos como combustible. Se dice que es un buen método porque se ahorra en la quema de coque de petróleo, combustible habitual en las cementeras. Además, lo plantean como método para deshacerse de residuos.

Pues bien, no es todo lo inocuo que pretenden vendernos los responsables de las cementeras, ni tampoco lo es si sirve para asumir que es una buena manera de eliminar los residuos que generamos. Ese es uno de los principales argumentos que esgrimen para dar por buena esa “valorización energética” que hacen las cementeras. Su bondad se debe, entre otras cosas -declaran-, a que reduce la deposición de residuos en vertederos y, por tanto, evita invertir en la construcción de plantas incineradoras. Pero no acumular residuos en vertederos y dispersarlos en el aire no debe considerarse como un buen método de eliminación de residuos, porque en el aire son contaminantes que generan dificultades respiratorias y provocan otros problemas de salud.

Cada año, 5.250 millones de toneladas de residuos reciclables terminan en los vertederos e incineradoras europeas. Su reciclaje supondría evitar en la atmósfera aproximadamente 148 millones de toneladas de gases contaminantes. Además, por cada tonelada de residuos que se recicla, se multiplica por diez la generación de empleos respecto al número de trabajos que se crearían si se incinera o envía a vertederos la misma cantidad de residuos. Por tanto, es cierto que interesa disminuir lo que llega a los vertederos, pero no hacerlo quemando los residuos generados en exceso, sino evitando que lleguen a generarse, es decir, aplicando la directiva 2008/98/CE sobre residuos, que insta a los estados miembros a priorizar la prevención (aquello de que el mejor residuo es el que no se genera) y reutilización, fomentando un reciclado de alta calidad mediante la recogida selectiva de residuos. En definitiva, si queremos aire mas limpio, disminuyamos los residuos que generamos.

La jerarquía aprobada a nivel estatal y europeo en materia de residuos prioriza la reutilización y el reciclaje sobre la incineración, o valorización si así prefieren nombrarla. Y lo que se hace dando autorizaciones a las cementeras es despreciar el valor que puedan tener los materiales recuperados, reutilizados o reciclados en una economía circular que es hacia donde deberíamos ir.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático señala como medida para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector industrial la reutilización y reciclado de materiales y no su incineración. Este enfoque se mantiene en el texto de la Estrategia española de lucha frente al cambio climático.

La política comunitaria en materia de residuos nos insiste en que la jerarquía para la gestión es: prevención, reducción, reciclaje, valorización material, y como última opción, la incineración/eliminación. Así que, de acuerdo a la reciente postura de la Corte Europea de Justicia, la incineración –con o sin valorización energética– habrá de tener la misma consideración que la eliminación, es decir, será la última opción.

Parece, además, que hacerse cargo de la gestión de residuos -que es lo que dice hacer la industria cementera- es una actividad económica rentable. Las cementeras autorizadas negocian con la venta de emisiones de CO2‚ y reciben subvenciones fruto de los derechos de emisión al considerarse, falsamente, que la quema de residuos es neutra ante el cambio climático, por lo que se les contabilizan menos emisiones de las reales. El mercado o intercambio de emisiones es en realidad un enorme problema. Necesitamos reducir la cantidad de carbono en la atmósfera a 350 ppm si queremos evitar un desastre climático, y no se puede plantear como solución el comercio de emisiones.

Pero es que, además, la incineración tiene unos niveles de aprovechamiento energético muy pobres, por lo que se podría decir que la ventaja de quemarlos como combustible es escasa. Necesitamos con urgencia un Plan de gestión de residuos sostenible y activo, en la búsqueda del residuo cero, que debería ser el objetivo principal hacia el que encaminarnos. Y ese objetivo, desde luego, no pasa por “valorizarlos energéticamente”, sino por disminuir su generación.

Existe un riesgo mayor de muerte por cáncer en los municipios ubicados en un radio de cinco kilómetros de estas empresas, ampliando su afectación a 50 kilómetros a la redonda.

Por todo lo explicado hasta aquí, se me hace difícil entender que el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el señor José Fiscal, un año más decida ponerse al lado de la patronal cementera y se confirmase su presencia –aunque finalmente no acudió, pues coincidía con el pleno del Parlamento- en un acto organizado por la misma para promocionar actividades que no redundan en beneficios ambientales ni de salud para quienes viven en las cercanías de sus instalaciones, como le recuerdan las plataformas contra la incineración en cementeras.

Un estudio científico elaborado por el Área de Epidemiología Ambiental y Cáncer del Instituto de Salud Pública Carlos III corrobora lo reivindicado por estas plataformas: en este estudio se comprueba, analizando al impacto de las incineradoras e instalaciones para la valorización o eliminación de residuos (sean estos peligrosos o no), que existe un riesgo mayor de muerte por cáncer en los municipios ubicados en un radio de cinco kilómetros de estas empresas, y especifican que dichas instalaciones amplían su afectación a 50 kilómetros a la redonda.

Por tanto, hay que buscar y plantear alternativas de funcionamiento que no pasen por la quema de residuos. Es la salud de las personas lo que está en juego.

 

Artículo publicado originalmente en Andalucía Información el 29/10/2017.

Senderos de transición en agricultura

Es un hecho que debemos disminuir nuestra desbocada huella ecológica. Nuestra actividad productiva es una de las causas de esa huella. Producir implica extraer recursos, transportarlos, transformarlos, distribuirlos, consumirlos y gestionar los residuos que se van generando de todos estos pasos. Desmaterializar la producción, como pretenden algunos economistas, para desligar el crecimiento económico, de recursos físicos, es en muchos casos imposible. La producción de alimentos no se puede desmaterializar y es una actividad que se desarrolla en buena parte de la tierra emergida, según datos de la FAO, un 38 % de ésta. Este porcentaje incluye tanto pasto para producción animal, más del 60%, y lo que sería tierra cultivada, propiamente.

El paisaje agrario ha sido el fruto de una larga relación entre la humanidad y el territorio. Ese paisaje es la manifestación visible de un recurso de naturaleza híbrida que tiene un sustrato físico y otro eminentemente cultural y localizado. Este tipo de relación todavía existe y da de comer, al menos al 50% de los seres humanos, según estimaciones bastante contenidas. Entraría dentro de la categoría de la agricultura de subsistencia. Una modalidad de agricultura que en nuestro marco europeo ya no existe. Nuestro modelo, de país rico, es resultado de los cambios   producidos a partir de mediados del pasado siglo y que generó la llamada revolución verde. Esta revolución ha logrado incrementar la producción por superficie a costa del incremento significativo del uso de insumos como fertilizantes, fitosanitarios, energía, maquinaria y de la mejora genética. Es un modelo que ha acabado simplificando mucho la forma de producir alimentos. La producción se industrializa, deslocaliza, y se des-territorializa culturalmente. El agricultor ya es empresario agrícola especializado en uno o muy pocos cultivos y el alimento pasa a ser un producto más que cotiza en mercados financieros. Este sistema encaja muy bien en el mercado y externaliza los costes ambientales que se traducen en un deterioro evidente de los agroecosistemas naturales porque se consume más energía física que la que contiene el alimento.

Podemos concluir, -excluyendo la agricultura de subsistencia, que aún se mantiene en muchos lugares- que hemos pasado de un modelo de producción de alimentos a otro de producción de mercancías comestibles”. Y es la reversión de esta situación la que debemos abordar con urgencia. Es realmente urgente invertir en una agricultura resiliente, clave para garantizar la soberanía alimentaria, especialmente por el importante rol que juega la agricultura en la mitigación y adaptación al cambio climático.

Los tres recursos más amenazados a nivel global por la actividad agrícola, son: agua, suelo y biodiversidad. En relación a ellos, unos apuntes:

Agua -> Se debe ir a un consumo ajustado a la disponibilidad real. El principal consumidor, por encima del 70- 80 % de todo el consumo de agua, corresponde al regadío. A pesar de que muchas cuencas hidrográficas son deficitarias, el regadío sigue creciendo. Las modernizaciones de regadío, en general, no reducen el consumo. Ese consumo de agua por encima de las disponibilidades conlleva sobreexplotación y salinización de acuíferos, desecación de lagunas y zonas húmedas, pérdida de biodiversidad…

Suelo -> Hay que tomar medidas para evitar las toneladas de tierra fértil que se pierden cada año por las prácticas de cultivo a suelo desnudo. Y pérdida de suelo fértil por el urbanismo. Esta pérdida por el urbanismo desaforado es aún más grave que la pérdida por erosión. Nuestro modelo de desarrollo y de ocupación del territorio ha supuesto la destrucción de muchas hectáreas de nuestros mejores suelos (Vegas, litoral). Entretanto, no existe una figura de protección para los suelos agrarios. Desde el punto de vista social, económico y medioambiental, es una aberración.

Pérdida de biodiversidad -> Se ha perdido a lo largo del Siglo XX más del 90 % de la biodiversidad agrícola. En los años 60 y primeros 70, se localizaron 368 variedades de melones cultivadas en España. Hoy hay 10 o 12 variedades nada más. Se han perdido cientos de variedades de frutas, de hortalizas. Lo mismo con las razas ganaderas. Eso nos hace mucho más frágiles frente a incidencias como plagas, enfermedades o frente al cambio climático.

Asimismo, hay un problema en cuanto al crecimiento de la ciudad, y es que ha desplazado del suelo urbano la mayor parte de las actividades relacionadas con la Producción de Alimentos. Desde una perspectiva global, la producción de alimentos es uno de los retos que debemos afrontar en las dos próximas décadas según todos los informes FAO y publicaciones internacionales. La soberanía y seguridad alimentarias también son importantes en las ciudades ya que en es en ellas donde vivimos y viviremos la mayor parte de la población mundial. Se hace necesario fomentar la agricultura urbana en todos los distritos y barrios de las ciudades. Este puede ser un elemento de socialización, educación, activismo o de subsistencia, como ocurre en algunas áreas urbanas del país más rico del mundo, donde estos huertos sirven para combatir los “Food Desert” (desiertos de alimentos frescos). Una relocalización de la producción implica conservar, cuando no recuperar y potenciar la agricultura periurbana.

Se hace necesario fomentar la agricultura urbana en todos los distritos y barrios de las ciudades.

Es importante que nuestros hijos se acostumbren a ver y cuidar jardines comestibles. Es importante que tomemos conciencia de lo importante de la producción de alimentos a nivel local y la importancia de lo que se obtiene con ello: se limita la pérdida de suelo, su impermeabilización y el gasto en energía fósil relacionado con la producción de alimentos deslocalizada, se fomenta la economía local, y se disminuyen las huellas ecológica e hídrica de nuestras ciudades.

La estrategia debería ser consensuada y la planificación debería realizarse para el medio y largo plazo. Con medidas que protejan a los pequeños agricultores, porque hace ya tiempo que se constata la destrucción de la agricultura familiar. El número de explotaciones ha descendido (23,2% entre censo y censo 1999/2009) y sigue descendiendo. Así como se constata una grave pérdida de patrimonio cultural, construido, etc… Parte de las inversiones en  infraestructuras agrarias y modernización de explotaciones debieran ir hacia ellos  y no mayoritariamente al regadío (infraestructuras) e inversiones en maquinaria y otros. Esto es así porque es más fácil, visible y rentable electoralmente, hacer infraestructuras y comprar tractores que dinamizar proyectos de Grupos de Desarrollo Rural con vistas a conseguir un sistema de producción más sostenible y resiliente.  En Andalucía, los niveles de desempleo en los municipios rurales son superiores al 50%. Y se precisa una política activa contra el despoblamiento.  Y también una política estratégica frente al cambio climático y de conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. Y estas estrategias se suman.

Todo esto que planteo, implica debatir, convencer y establecer “senderos de transición”. Con Planes de Desarrollo Comarcal participativos basados en el “capital territorial” de cada zona (capital natural + capital construido + capital humano + capital social).

¡Iniciemos el tránsito!

Artículo publicado originalmente en el blog de Diario Público Ecologismo de Urgencia, el pasado 13/10/2017.

¿Desde dónde miramos el mundo?

Las miradas sobre el mundo y la realidad que nos rodea tienen rasgos muy específicos según quién observe. Pero, siendo diferentes, con circunstancias diferentes y originarias de distintos lugares del planeta, sin embargo, sujetos diferentes pueden llegar a visiones holísticas de este mundo global en el que todos somos interdependientes (no podemos sobrevivir aislados del resto de nuestros semejantes o fuera de la sociedad) y, por supuesto ecodependientes (tampoco podemos pervivir sin tener en cuenta que dependemos de los ecosistemas naturales que son el soporte físico que nos sustenta). ¿La realidad nos avasalla? Reflexionar sobre el mundo y su deriva nos puede motivar a la acción que cambie esa realidad.

Hace un tiempo leí un artículo de opinión de Marga Mediavilla -una mujer que reflexiona sobre el mundo y su deriva-, y me hizo recordar la figura de una de las mujeres que me han inspirado en mi devenir personal, Lynn Margulis. En dicho artículo hacía un certero análisis sobre el camino por donde nos lleva la tecnología y las nuevas habilidades que se le otorgan a los robots. Me pareció muy relevante la reflexión que hacía sobre las habilidades adquiridas por la inteligencia artificial y que tienen que ver con la “percepción” de que la cooperación es la mejor estrategia para evolucionar, dando la razón a Lynn Margulis y contradiciendo a Darwin y su idea de que la evolución se desarrolla mediante la competencia.

Tenemos que cooperar entre nosotros y ser muy sensibles al medio ambiente que nos rodea si queremos salir adelante, dejando atrás este modelo económico que está rompiendo los equilibrios de Gaia y poniendo en peligro nuestra supervivencia.

Margulis es la bióloga que nos proporcionó una de las teorías más revolucionarias de la historia de la evolución en ese sentido. En realidad, creo que en el fondo, es la base de la condición femenina: a saber, funcionamos con soltura en clave colaborativa o cooperativa. La competencia es más característica de “lo masculino” y es la base de lo que Darwin pensó que impulsaba la evolución de las especies.

Lynn Margulis fue microbióloga, genetista no convencional, divulgadora de la ciencia y, sobre todo, teórica de la evolución. Revolucionó la teoría de la Evolución reivindicando la simbiosis, que es una asociación de organismos en la que hay beneficio mutuo, y en la que ambos sacan provecho de la vida en común. Vio la SIMBIOSIS con el microscopio y se dio cuenta de que cada una de nuestras células era el resultado a su vez, de la cooperación entre otras células más sencillas que se habían aliado para trabajar juntas.

Yo la conocí siendo estudiante de Biología en una conferencia multitudinaria que dio en nuestra universidad. Nos deslumbró, al menos a mí, la energía y lucidez con que exponía lo que claramente constituía una visión muy femenina del mundo. Nos habló de la hipótesis Gaia sobre la que había discutido y debatido ampliamente con James Lovelock. La hipótesis en cuestión es aquella que considera a nuestro planeta como un organismo vivo. Y esa es una idea que entronca con la condición “femenina” de los cuidados y de la que bebe el ecofeminismo.

Lovelock, bioquímico inglés, fraguó la idea de que el ecosistema Tierra funciona como un superorganismo. Cuando publicó la hipótesis de Gaia, provocó una sacudida en muchos científicos, sobre todo en aquellos con una mente más lógica que odiaban un concepto que sonaba tan místico. Tanto más después de que la llamara Gaia, por la antigua diosa de la tierra.

Como Margulis relata en el prólogo de su libro ‘Planeta simbiótico’, no vio inmediatamente la relación de su endosimbiosis con Gaia. Primero fue una frase de su hijo que la hizo reflexionar y después el comentario de uno de su ex-alumnos: “la hipótesis Gaia es ver la simbiosis (asociación donde hay beneficio mutuo) desde el espacio”.  Lynn Margulis colaboró con James Lovelock en el desarrollo de la teoría de Gaia y cuando era entrevistada sobre el tema, argumentaba que suscribía la frase de Nietzsche: “La tierra es un lugar muy bonito, aunque está afectada de una enfermedad: los humanos.”

En el libro ‘¿Qué es la vida?’ Margulis nos invita, primero a explorar con ella, científica y filosóficamente, los enigmas y, de paso, a ahondar en los orígenes de la vida, examinando, por ejemplo, la conexión biológica entre muerte programada y sexo, la evolución simbiótica de los reinos orgánicos, la noción de la Tierra como un superorganismo y la fascinante idea de que la vida, y no sólo la humana, tiene libertad de acción y ha tenido un papel insospechadamente importante en su propia evolución.

Con la inspiración de las reflexiones que se hizo en su día Lynn Margulis podemos imaginar cómo abordar la crisis global asumiendo los postulados que ella aplicó en la Biología y que han acabado siendo admitidos por la comunidad científica, tan reacia al principio. Es decir, evolucionemos cooperando y desechemos la competencia como motor.

Y vuelvo a enlazar con el artículo que leí hace un tiempo: se está promoviendo una competencia feroz en esta sociedad capitalista. Estamos metidos en una dinámica de competencia de la que no sabemos salir. Decía la autora del artículo que “los robots han aprendido a cooperar entre sí para ser similares a los humanos, sin embargo, a los humanos no se nos permite hoy ese lujo. Nosotros debemos someternos a la ley del mercado y jugar los juegos del hambre global que nos impone el capitalismo. Aunque los robots hayan conseguido grandes avances siendo cada vez más sensitivos, nosotros debemos ser insensibles al drama social del desempleo, insensibles al deterioro ambiental, insensibles a nosotros mismos. Aunque la ingeniería moderna está descubriendo las cualidades superiores de la cooperación, nuestra máquina económica tiene como único mecanismo la competencia”.

Y lo que aprendemos de esto es que tenemos que cooperar entre nosotros y ser muy sensibles al medio ambiente que nos rodea si queremos salir adelante, dejando atrás este modelo económico que está rompiendo los equilibrios de Gaia y poniendo en peligro nuestra supervivencia.

De momento estamos demostrando ser bastante torpes a la hora de cooperar y solucionar los problemas globales. ¡Recuperemos el rumbo!

 

Artículo publicado originalmente el diario Andalucía Información el pasado 19/07/2017.