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EQUO pide que se establezcan cupos máximos de visitantes por día en El Torcal de Antequera

  • “La masificación se convierte en un modelo turístico incompatible con la calidad, por lo que se puede conseguir que el Torcal muera de éxito”, ha alertado la coportavoz de EQUO Andalucía Verdes y parlamentaria, Carmen Molina.

 

  • El partido verde considera fundamental estudiar la capacidad de carga del espacio y establecer medidas en consecuencia.

La coportavoz de EQUO Andalucía Verdes y diputada en el Grupo Parlamentario de Podemos, Carmen Molina, ha defendido este martes en la Comisión de Medio Ambiente el establecimiento de cupos máximos de visitantes con los que se pueda controlar la presión turística que padece El Torcal de Antequera, especialmente desde su declaración como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

 

Molina ha defendido esta medida durante el debate de la PNL presentada por Izquierda Unida de cara a aumentar la protección de este espacio, cuya adecuada conservación estaría en entredicho de no regularse el masivo impacto que viene sufriendo. “Como se puede ver en todas las publicaciones que hacen referencia a la flora y fauna de este paraje, así como en su formulario de inscripción a la Red Natura 2000, uno de los principales impactos para El Torcal de Antequera es la presión antrópica que recibe, vectorizada por el turismo en su gran mayoría”, ha explicado Molina, destacando que “es responsabilidad de las instituciones velar por la adecuada salud de los espacios naturales protegidos, así como fomentar estrategias que favorezcan su conservación”.

 

La coportavoz de EQUO Andalucía y parlamentaria ha analizado además los datos macroeconómicos que señalan al turístico como el primer segmento económico de nuestra comunidad, alertando sobre cifras que sacadas fuera de contexto “pueden inducir a considerar que el aumento en la cantidad de turistas conlleva per se un beneficio económico y social para Andalucía. Sin embargo, la presión que se ejerce sobre nuestro patrimonio histórico y natural por el crecimiento exponencial de turistas es muy elevada. En estos espacios de interés turístico colapsados también se evidencia un claro aumento de la contaminación por residuos, paisajística y acústica. Es decir, la masificación se convierte en un modelo turístico incompatible con la calidad, por lo que se puede conseguir que el Torcal ‘muera de éxito’ en lo que a turismo se refiere de continuar la presión en los niveles actuales”.

 

 

Frente a este riesgo, EQUO llama a tener en cuenta la “capacidad de carga” de los espacios para evitar los desequilibrios derivados de la tendencia a la masificación, y celebra la aprobación de la PNL, con la que espera que se resuelvan los últimos problemas asociados a una adecuada conservación detectados en El Torcal.

En este sentido, el coportavoz de EQUO en Antequera -que lo es también de EQUO Andalucía Verdes-, Francisco Sánchez Molina, ha valorado que “se aprueba en el Parlamento andaluz un reclamación histórica de EQUO en la ciudad de Antequera. Vamos a seguir poniendo criterios científicos y de conservación de nuestro patrimonio por delante de la promoción inconsciente del turismo. El Torcal es un regalo de la naturaleza y de las generaciones pasadas que debemos de entregar tal cual a nuestras hijas y nietas. Estaremos vigilantes para que se haga efectiva esta medida lo antes posible y para que el Torcal se proteja acorde al patrimonio mundial que es”. Sánchez Molina ha lamentado que PP y PSOE hayan impedido que se aprueben medidas para mejorar la seguridad vial, “por lo que tendremos que seguir viendo imágenes de vehículos aparcados a ambos lados de la carretera con el riesgo que conlleva”.

Infraestructuras viarias y Modelo de Movilidad

Entre 2018 y 2021, concluyen los plazos de concesión por los que se adjudicaron las primeras autopistas que se construyeron en España. Las políticas estatales, tanto cuando ha gobernado PP como cuando lo ha hecho PSOE, han ido dirigidas a la ampliación temporal de esas concesiones.

El presidente de ABERTIS animó al Gobierno a utilizar este próximo vencimiento de las vías de pago más maduras y el problema de las autopistas quebradas como oportunidad para definir su modelo de carreteras de alta capacidad. Bruselas, dicen, no es proclive a alargar concesiones, sino a licitar de nuevo el contrato de concesión de las vías. El presidente de Abertis, en ese sentido, se manifestó a favor de la posibilidad de implementar lo que denominó el pago por uso para así atender como mínimo los costes de mantenimiento. Según él, con la disponibilidad presupuestaria es difícil que las vías de alta capacidad puedan ser gratuitas, porque España es un «isla» en el marco europeo en materia de autopistas y pago por uso. Mientras en Francia e Italia el 80 % de las vías de alta capacidad son de pago, este porcentaje se reduce en España al 21 %.

Por eso no fue de extrañar el anuncio que el verano pasado hizo el Gobierno, lanzando un plan de carreteras de 5.000 millones con inversión privada que, según proponía, pretende reactivar la obra pública, actualmente en mínimos, y hacerlo supuestamente sin recurrir al déficit público, además de crear puestos de trabajo (¡cómo no! ¡Es la recurrente promesa, que igual vale para esto que para otras infraestructuras!). Tras un mínimo análisis, se comprende que su principal objetivo fue beneficiar a determinadas empresas, cuyos beneficios han podido menguar tras el fin de las burbujas inmobiliaria y de infraestructuras. Burbujas que, parece, pretendieran reactivar.

Aunque la malla de autovías y carreteras que tenemos, en términos generales, es más que suficiente, estamos por encima de la media europea en kilómetros por habitante, lo que es necesario en todo el ámbito territorial es el mantenimiento y/o mejora de toda la infraestructura ya existente. Este es un apetitoso pastel que nuestro presidente puso sobre la mesa este verano, y que pretende presentarnos como un buen negocio para las arcas públicas. Queda clara y asumida la necesidad de dedicar recursos económicos al mantenimiento de vías. En principio este plan anunciado, es evidente que se ha pensado para el fin de mantenimiento y mejora, ya que 5.000 millones de € son pocos millones para hacer 2000 km de autovías o autopistas nuevas, como pomposamente se intentó presentar. Más bien se refieren a carreteras existentes incluyendo actuaciones en, al menos, 20 corredores del país que abarcarán buena parte de esos 2.000 kilómetros de infraestructuras. Aunque esos corredores no se especifican, la propuesta del plan es dar una concesión por 30 años para la mejora y mantenimiento de esos 2.000 km de infraestructuras, en buena parte carreteras ya existentes. Cabe suponer, además, que esos 2.000 km incluirán las vías más usadas y rentables. ¿Quién invertiría dinero privado en una carretera de montaña del Norte de León?

De este modo el ministerio de Fomento de este gobierno, con este plan, hipoteca a los próximos gobiernos que deberán pagar a las empresas concesionarias anualmente 350 millones para este fin. Así que las empresas, adelantando un 20% del coste de la mejora, consiguen que el gobierno les dedique fielmente esos 350 millones/año actualizados, durante 30 años, ¡buen negocio! No es de extrañar la satisfacción de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN). A esto Rajoy lo llama “pago por disponibilidad” que suena demasiado a la oída al presidente de ABERTIS “pago por uso”. Al final resulta ser una hipoteca para las arcas públicas, y habrá que comprobar que no contengan cláusulas abusivas, como ya hemos visto, en casos que estamos pagando ahora. Lo que se pretende pues, es externalizar el mantenimiento y mejora de 2000 km de las infraestructuras existentes, las más viables económicamente, a cambio de una inversión inicial de las empresas del 20% del coste de la primera actuación que vayan hacer.

No es la primera vez que esta colaboración público-privada se ha mostrado como un mal negocio para las arcas públicas; por ejemplo, el Tribunal de Cuentas de Andalucía reconoció que la experiencia público-privada fue nefasta para las arcas andaluzas: En un informe desvelaba hace un par de años los sobrecostes de esta fórmula público-privada para los Metros de Sevilla y Málaga. 2.500 millones de € en total en sobrecostes.

Es evidente que ninguna concesionaria dará este servicio público sin conseguir con ello un buen beneficio y es lógico. Pero conviene que nos preguntemos si, como ciudadanos, estamos dispuestos a pagar por esas mejoras y ese mantenimiento durante todo ese tiempo. Y quedan algunas preguntas inquietantes sin contestar: ¿Cómo se revisarán y fiscalizarán los trabajos y obras realizadas anualmente?, ¿Qué pasará si esas carreteras dejan de ser usadas en 20 años?, ¿Estamos seguros que el modelo de transporte actual por carretera es sostenible durante 30 años con el pico del petróleo sobrepasado?

Todo esto trata, y lo veremos en un futuro cercano, de cargar sobre las arcas públicas, costes de mantenimiento que irán en detrimento de otras inversiones muy necesarias para cambiar el modelo de movilidad o en políticas sociales cada vez más raquíticas.

En ese sentido y en esa línea de promover infraestructuras excesivas, difícilmente justificables, hay más ejemplos de propuestas del partido popular. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre presentó en noviembre pasado el estudio municipal de una nueva vía perimetral en el área metropolitana. La propuesta contempla una vía que enlaza con la segunda ronda actual desde Málaga hasta pasado Chilches, en Vélez-Málaga, y otra conexión desde la segunda ronda directa a la zona de Fuengirola, a través de un túnel en la sierra de Mijas de 21 kilómetros. Se trata de unos 49 kilómetros, que supondrían una inversión de más de 760 millones, y que se plantea como “supuesta solución” para los tramos más congestionados en la zona oeste en las relaciones con la Costa del Sol.

Los objetivos declarados de la nueva vía perimetral son incrementar la capacidad para evitar estrangulamientos y congestión. Una locura que no se sostiene, se mire por donde se mire. Hablan de incremento de movilidad, cuando está ya demostrado que sería todo lo contrario.

Asimismo, afirman sus promotores que “estas cuestiones son financiables si se montan bien, combinando lo público y lo privado”, cuando, insisto, tenemos datos suficientes a estas alturas, de cómo les salen esos experimentos público-privados a las arcas públicas.

El camino para alcanzar un modelo de movilidad para el futuro pasa por reducir el espacio del automóvil. Con un futuro próximo en que los combustibles fósiles y el transporte por carretera pueden ser más una rémora para la economía que un elemento de dinamización de la actividad productiva. Plantear proyectos como este que pretende el Ayuntamiento de Málaga, es un disparate no avalado por ninguna lógica, por más argumentos falaces que se ofrezcan. El modelo de movilidad impulsado por el PP de Málaga es el basado en el transporte por carretera, el fomento del vehículo privado, con gran consumo de combustibles fósiles. Esto es inviable para un futuro cercano. Ya que no prevé cumplir, ni los acuerdos de la UE ni los internacionales contra el cambio climático o el uso de la Energía.

Urge definir el sistema de transporte hacia el que transitar para los próximos decenios. Para ello conviene considerar que las vías de alta capacidad ofrecen servicio, sobre todo, a un transporte de mercancías en larga distancia. Este sistema tiene una alta huella de carbono y una baja eficiencia energética si se compara con alternativas como el ferrocarril para mercancías. Por otro lado, también la movilidad de las personas en el contexto de las ciudades y las, cada vez más extensas y frecuentes, conurbanizaciones no puede basarse en el vehículo privado. Si se apuesta por este modelo es mas que probable que nos encontremos con las congestiones que preocupan a Francisco de la Torre. A lo que hay que añadir graves efectos colaterales como niveles de contaminación muchos días en valores inasumibles, cosa que ya está ocurriendo con afectaciones muy negativas para la salud. Las infraestructuras que necesitamos implementar son las que animen a no usar tanto el coche. Hay que profundizar en redes intermodales inteligentes que faciliten la movilidad en cercanías y la conecten con la que ocurre dentro del tejido urbano.

 

Artículo publicado originalmente en el blog de Diario Público “Ecologismo de emergencia” el 05/02/2018.

Interés social y ecológico de las ecoaldeas: el caso de El Calabacino

El Calabacino es una aldea situada en el término municipal de Alájar, provincia de Huelva. La localidad llegó a contar con entre 600 y 700 habitantes en el siglo XIX, pero fue perdiendo población de forma progresiva a lo largo del siglo XX hasta quedar completamente abandonada, situación en la que permaneció muchos años.

El estado en el que aún se conserva la naturaleza en esta área, hizo que fuese uno de los primeros lugares en España donde germinó el movimiento neorrural, fenómeno de migración desde las áreas urbanas a zonas rurales. Se inició en la década de los años 60 en Europa Occidental y Norteamérica al abrigo de movimientos contraculturales y del famoso mayo del 68.

El municipio de Alájar vio cómo sus tres aldeas recibían la visita de personas procedentes de otros lugares de España, e incluso de otros países, que llegaban para quedarse. Fue una migración no por causas económicas sino generada por la búsqueda de entornos abiertos, tranquilos, menos contaminados y con una cierta calidad paisajística. En España, fue en la década de los 80 cuando se inició este retorno rural, con la clara convicción por parte de los que llegaban, de que la vida en el campo es mejor que en las ciudades.

Las personas que llegan son de muy variado tipo, aunque destaca gente joven, con hijos, que provienen de áreas urbanas y desean vivir en el campo, o bien personas con profesiones y modelos de vida que se desenvuelven mejor en un entorno rural, en contacto con la naturaleza.

Aldeas prácticamente abandonadas, como El Collado, o abandonadas del todo, como era el caso de El Calabacino, han sido pues, repobladas desde esa perspectiva de vuelta a la naturaleza de gentes de la ciudad. El caso más excepcional lo constituye El Calabacino, una aldea de las más antiguas de la comarca, que, tras despoblarse y quedar completamente vacía, no volvió a tener vida hasta finales de los setenta. Sus nuevos pobladores, gentes dedicadas a la artesanía o el arte y que buscaban la autosuficiencia, en un primer momento actuaron como okupas de las casas abandonadas, pero posteriormente se fueron integrando progresivamente en el municipio de Alájar, adquiriendo la propiedad de las viviendas.

Un hecho habitual en las ocupaciones rurales, es que se hacen generalmente en terrenos estatales, porque los resortes de la administración pública son más lentos, y porque puede solventarse el problema con una concesión del pueblo a sus ocupantes, siempre que exista un compromiso de rehabilitación de las viviendas en unas condiciones de respeto por la estética tradicional. Casos de este tipo se han dado, por ejemplo, en varios pueblos de Huesca.

En El Calabacino, se ocuparon viviendas en verdadero estado de ruina. Con el tiempo, esas casas se han ido adquiriendo por parte de sus ocupantes, que actualmente son propietarios en su inmensa mayoría. En los últimos veinte años, esta aldea ha sufrido una auténtica transformación, puesto que se han recuperado viviendas que estaban a punto de desaparecer, y en otros casos, se han construido algunas nuevas. Casi todas mediante técnicas de bioconstrucción respetuosas con el entorno.

Lo que hay en esta zona de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, por tanto, es una ecoaldea, lo que implica que sus habitantes comparten una filosofía común, donde está muy presente la idea de la sostenibilidad de los recursos, la ecología, la relación con la tierra y el entorno social, alcanzando un alto grado de autosuficiencia. Por eso no entienden que se les pueda imputar un delito medioambiental cuando lo que defienden es precisamente, el medio rural y la conservación del entorno natural. Pertenecen a la Red Mundial de Ecoaldeas.

El reto que en este siglo XXI enfrentamos es, precisamente, volver a establecer un vínculo estrecho de los asentamientos urbanos con su territorio, en interacción responsable. Y en ese reto la ecoaldea de El Calabacino puede aportarnos muchas enseñanzas.

De los 114 habitantes —40 de ellos niños— en el municipio de Alájar, de momento cuatro vecinos han sido imputados por edificar viviendas que la Fiscalía de Medio Ambiente considera ilegales por estar edificadas sobre suelo protegido del corazón del paraje natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. En un escrito de acusación, el Ministerio Público solicitaba dos años de prisión, multa de 5.800 euros y la demolición de una casa para uno de los matrimonios que habitan en El Calabacino, que tiene dos hijos de tres y cinco años. Sorprende lo desproporcionado de estas medidas y que se vaya por la vía penal contra el vecindario, asentado en la zona desde 1979, cuando resulta evidente que no han actuado como los especuladores que en tantas ocasiones han generado pelotazos urbanísticos sin cuento.

Es cierto que en la zona se han construido casas fuera de la normativa urbanística y de la LOUA, pero también lo es, que habitar en la aldea y desarrollar las actividades artesanas y de huerta para autoabastecimiento es perfectamente compatible con la protección que requiere un espacio protegido como el de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Por ello somos muchas las personas que cuestionamos la pretensión de imputar delito ambiental a un núcleo de población que lo que hace es contribuir al mantenimiento y recuperación de los elementos históricos, culturales y ambientales que integran el paisaje, como caminos reales, empedrados y veredas, manantiales… Muchos de ellos, elementos del patrimonio histórico que no se conservarían sin su presencia. Además, por su particular tipología social y arquitectónica han propuesto concretar un Proyecto de Hábitat Rural Diseminado como de Interés Social y Ecológico y que así sea contemplado en el PRUG del Parque.

El reto que en este siglo XXI enfrentamos es, precisamente, volver a establecer un vínculo estrecho de los asentamientos urbanos con su territorio, en interacción responsable. Y en ese reto la ecoaldea de El Calabacino puede aportarnos muchas enseñanzas.

La LOUA unifica criterios para todo el territorio andaluz, cuando las realidades son absolutamente diferentes a lo largo de toda nuestra tierra. Este factor está forzando a la consideración específica del urbanismo en las zonas rurales y de montaña.

Pareciera que la Junta de Andalucía concibe los parques naturales como un espacio donde el hombre no tiene cabida, cuando son zonas donde la actividad humana está permitida dentro de unos usos razonables que no pongan en peligro sus valores naturales. Con estas decisiones desde la Delegación de Medio Ambiente se penaliza el retorno a la vida rural, cuando el problema que encaramos en estos tiempos es precisamente el despoblamiento rural.

La presencia de este medio centenar de familias en El Calabacino es primordial para su entorno. De hecho, sus altos índices de natalidad y la escolarización de esos niños han permitido que siga abierta la escuela de Alájar, por ejemplo. Estas edificaciones no crean perjuicio a su entorno; bien al contrario, están dando un buen ejemplo del camino a seguir para repoblar zonas rurales vacías.

 

Artículo publicado originalmente en el blog de Diario Público “Ecologismo de emergencia” el 20/01/2018.

El rascacielos y la planificación del Futuro. Salvemos nuestro Horizonte de la especulación.

Cada poco tiempo aparece algún conflicto sobre el modo de construir ciudad, la planificación urbana, la movilidad, o el diseño de suficientes zonas verdes y parques. Todo lo que deseamos en nuestra ciudad. La ciudad que queremos, en la que vivimos, soñamos y, a veces la que padecemos. Hoy es el conflicto surgido por la falta de debate público en relación al proyecto de un rascacielos en el dique de Levante del Puerto de Málaga. Un rascacielos que no responde a una demanda ciudadana, que rompe el skyline de la ciudad, que está en suelo público y, por tanto, donde los ciudadanos deberían tener la posibilidad de proponer y debatir alternativas.

Hace poco mas de un año escribí sobre uno de esos conflictos aún no resuelto, el de BUM (Bosque Urbano Málaga), y quise hacer la reflexión que vuelvo a traer de nuevo. Y es sobre el papel a jugar por los responsables municipales, en la gestión de los bienes comunes y del interés público. Un equipo de gobierno, en cualquier ayuntamiento, dirige y administra la ciudad, en base a un programa de gobierno previo, con el que adquirió un compromiso ante la ciudadanía. En el caso de Málaga, el grupo de gobierno, del PP, lo hace con un modo de gestión de arriba abajo, es su estilo, al margen de otras cuestiones que les podamos achacar. Piensan la ciudad que quieren para los ciudadanos de Málaga, pero sin ellos. Con la ayuda de técnicos que asesoran en base a unas directrices que descansan en el modelo neoliberal en el que creen. Tutelan a los ciudadanos, sin entender cómo un grupo de vecinos pueden pensar, organizarse, crear y diseñar una propuesta alternativa para el suelo que pisan. Eso fue lo que sucedió en el caso del BUM. Un grupo de ciudadanos, tras conseguir un elevado nº de firmas que apoyaban la petición de un bosque en los terrenos que habían sido ocupados por Repsol, fueron capaces de trabajar y coordinarse para buscar y ofrecer alternativas al proyecto que quería imponer el equipo de gobierno del ayuntamiento. En el caso del puerto también se exige otra forma de proceder, que ofrezca diálogo y debate sobre el proyecto, y no acelerar los plazos necesarios como se ha hecho.

Desde la ecología política, también podríamos proponer un proyecto “verde” y un diseño de ciudad acorde a nuestro ideario. Adolecería, explicaba en ese artículo, del mismo defecto que critico en el equipo de gobierno del PP, si no facilitara e incorporara la participación de los vecinos y vecinas en el diseño del proyecto. Especialmente, cuando hay ciudadanos que se movilizan por una idea distinta y a la búsqueda del interés común. Los ciudadanos debemos poder decidir, ser escuchados e incorporados a la toma de decisiones, explicando los condicionantes y toda la casuística que intervenga en cada caso, pero teniendo en cuenta aportaciones y peticiones.

En el ya mítico 15M, se gritaba, ese: “No Nos Representan” en una clara queja por no tener en cuenta la opinión ciudadana. Como residentes y contribuyentes queremos participar en el diseño y creación de la ciudad y en la toma de decisiones que corresponda. Una reivindicación que no se puede seguir obviando. Se exigía en ese despertar ciudadano, allá por 2011 transitar hacia modelos de gestión de abajo a arriba, de la raíz a las hojas, dicho en un símil gráfico. Si las raíces trasladan los nutrientes a las hojas, la ciudadanía trasladaría propuestas que nutrirían el diseño del espacio urbano.

No todo lo que se proponga será técnica o legalmente posible; pero lo que sí debe conseguirse es poner en marcha proyectos compartidos que incorporen el poder creativo y la participación de las ciudadanas y los vecinos.

Resultó chocante en el caso del BUM que el concejal de participación, buscase argumentos legales para limitar la participación que debería defender institucionalmente. Su función debiera ser buscar los cauces para que los vecinos/as puedan expresarse y nunca lo contrario. El modelo que limita la participación no es el que quiero en mi ciudad.

La planificación urbanística debe orientarse hacia una idea del futuro que se quiere para la ciudad. Y el que augura la construcción de este rascacielos, fruto de la especulación con suelo público, sin transparencia, sin buscar el interés común y sin consultar a las principales afectadas, las y los que viven la ciudad, no es una planificación acertada.

En base a lo que hemos aprendido del pasado y del presente de tantos pelotazos urbanísticos, deberíamos orientar el diseño de ciudad para un futuro que la mejore y regenere sus espacios urbanos. Buscar un espacio de reflexión ciudadana conjunta, también de asesoramiento, llamando la atención sobre los potenciales efectos asociados a distintas opciones, según cada alternativa futura elegida. Los pronósticos más interesantes son aquellos que nos permiten anticiparnos a posibles situaciones a evitar. Y en este caso, el potencial efecto del rascacielos en el futuro perfil del horizonte malagueño no parece nada deseable.

Tanto el planeamiento urbano como el territorial se siguen realizando con los criterios e instrumentos habituales hasta ahora y que han conducido a la burbuja y sobredimensión constructiva, de modo que, sin duda alguna, se repetirán los graves problemas que el crecimiento urbano en su forma más actual viene ocasionando. Por ello, la reflexión sobre este rascacielos para el que se ha modificado el Plan especial del puerto, es pertinente y da pie a abrir el foco respecto a la Málaga futura.

La apelación insistente al carácter sostenible que se auto atribuyen los documentos de planificación urbanística y el horizonte de futuro que prefiguran, es pura retórica. En el caso del rascacielos más aún. Supone la puesta en marcha de una operación inmobiliaria en un marco de arbitrariedad urbanística y bajo el criterio del corto plazo, provocando una transferencia de las consecuencias y de los impactos, al futuro. El rascacielos carece de un diagnóstico honesto en aspectos decisivos como: la adecuación al frágil y saturado entorno del puerto, el impacto visual y paisajístico, la medición de su resiliencia a fenómenos meteorológicos cada vez mas frecuentes en el litoral, las consecuencias esperables en tal lugar, del cambio climático y su difícil prevención, o los efectos de la generación de residuos, emisión de vertidos y deterioro de las aguas del puerto en un proyecto de tal calibre, además de los problemas de movilidad que también generaría… En fin, necesitamos una reflexión intensa sobre el rascacielos y sus implicaciones. Y es que, la modificación del Plan Especial del Puerto, apenas cumple una función justificadora de decisiones ya adoptadas. Sin embargo, sólo desde la disponibilidad de un diagnóstico preciso, y no sujeto a modificaciones arbitrarias o coyunturales, tanto respecto al Plan Especial del Puerto como del resto de documentos de planificación de la ciudad, es posible ofrecer a los ciudadanos/as el análisis que les permita definir y diseñar la ciudad en la que quieren vivir.

Se deduce de lo anterior la necesidad urgente de creación de unos nuevos marcos de referencia jurídicos respecto a la planificación urbana, que atiendan a los actuales desafíos y que permitan la intervención de los ciudadanos. Hay que insistir en el cumplimiento de la legislación vigente respecto de la Evaluación Ambiental Estratégica de los instrumentos planificadores y de las Evaluaciones de Impacto sobre la salud, sobre el paisaje, sobre el medioambiente urbano…

Para concluir,- y recordando debates con el profesor Alfredo Rubio-, de todo el debate suscitado por el rascacielos, se deduce la necesidad de reformar la política urbanística, de manera que incluya una repolitización del futuro. El escenario futuro es una combinación de incertidumbre y responsabilidad, por tanto, sujeto a procedimientos de deliberación y legitimación colectiva. Ello sin duda implica asumir esos cambios necesarios que abran el debate informado a la ciudadanía. Todo lo que en el caso del rascacielos no se ha producido.

 

Artículo publicado originalmente en el blog Ecologismo de Emergencia del Diario Público el 10/12/2017.

Ayudas agrarias y Política Agraria Común. Retos a futuro.

Este mes de noviembre, el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, presenta su propuesta de reforma de la PAC. Se filtraron antes algunas de las cuestiones que se van a presentar a los Estados miembros.

Algunas son:

– introducir un importe máximo de pago directo por beneficiario en el rango entre 60 000 EUR y 100.000 €;

– soporte mejorado a granjas más pequeñas, en particular a través de un pago redistributivo;

– enfocar las ayudas en aquellos que dependen de la agricultura para ganarse la vida

 

Estos son planteamientos acertados que, sin embargo, también fueron propuestos en la PAC ahora vigente y no fueron bien acogidas, ni consiguieron imponerse. Espero que lo sean esta vez.

En ese sentido, el Gobierno de Aragón ha lanzado una propuesta de reforma de la Política Agraria, que introduciría cambios profundos respecto al statu quo actual y uniría todas las líneas de subvenciones en una única, destinada directamente a compensar la renta de agricultores y ganaderos. Eso conlleva la eliminación de los derechos históricos actuales. Según dicen, sería un sistema que primaría a quienes más dependen de la agricultura y mayor contribución hacen a su mejora, e implica una gran simplificación, al unificar un centenar de líneas de ayudas PAC diferentes que actualmente suponen un “laberinto administrativo” y perjudican al agricultor.

Pero mas allá de estas consideraciones de distribución del presupuesto, sobre las Políticas Agrarias Comunitarias, lo primero que conviene destacar, aunque pueda parecer obvio, es que al hablar de PAC estamos refiriéndonos a POLÍTICAS que se enmarcan en el espacio EUROPEO y que pretenden ser COMUNES. No se trata solo de dinero a repartir entre los agricultores y ganaderos que cumplan ciertos requisitos, es algo bastante más serio y con mayores implicaciones para la sostenibilidad de nuestras sociedades actuales y venideras.

Hay que saber que, hasta ahora, buena parte de las subvenciones europeas agrícolas, van a parar a manos de grandes corporaciones multinacionales que hacen de intermediarios en la cadena de valor de las producciones agrícolas. Esto tiene consecuencias que afectan, tanto a los pequeños agricultores, que a duras penas sobreviven en la precariedad a que se ven sometidos por esta falta de apoyos, como al progresivo deterioro ambiental que generan las explotaciones agroindustriales en intensivo. Y acarrea el progresivo abandono a causa de la falta de expectativas en el rural, de manera que no está habiendo relevo generacional en una actividad tan importante como la producción de alimentos. Una conclusión a la que llegamos en jornada organizada por Primavera Europea en el Parlamento Europeo fue categórica: “los agricultores europeos son una especie en vías de extinción si no se toman las medidas necesarias para remediarlo”.

De vez en cuando nos recuerdan, porque sale a la luz y lo publica algún medio, que los beneficiarios en nuestro país, de las ayudas asociadas a la producción que llegan desde Europa, las reciben personas u organizaciones que forman parte de las mayores fortunas de España. Y, eso, teniendo en cuenta que la PAC se creó para mejorar la productividad agraria y garantizar a los agricultores de la UE una vida razonable, resulta chocante. Así como resulta chocante que estas corporaciones necesiten ayudas siendo intermediarios, teniendo en cuenta que, con lo que negocian es con la alimentación y que, además controlan los dos extremos de la cadena, esto es, exigen a los agricultores cumplir determinados requisitos de supuesta calidad, aspecto, calibre… que obliga a estos a producir por encima de lo que esperan vender, sabiendo que tendrán que deshacerse de casi un tercio de lo que producen (lo que es un despropósito) y asimismo por el otro extremo de la cadena, deciden lo que el consumidor final va a consumir, en qué formato y con qué características.

Analizando la situación y las políticas por las que han apostado tanto el gobierno central como las CCAA, se puede decir que, en los periodos de negociación con la UE, las posiciones han sido bastante coincidentes, aunque por motivos diversos. Sin embargo, da la impresión de que no ha habido ni hay una línea estratégicaclara desde el MAPAMA ni tampoco desde las Autonomías respecto al modo de incentivar nuestro sector agrario, tan maltratado desde el punto de vista de la defensa de los principales actores, que son los agricultores y ganaderos que mantienen, cuidan y preservan nuestros recursos.

La Política Agraria Común debe enfrentarse a desafíos como la soberanía alimentaria, el cambio climático, la gestión sostenible de los recursos naturales y el mantenimiento de una economía rural viva.

Cabe también decir, que el marco que parece más adecuado en aras del interés común de los ciudadanos europeos y no sólo de sus agricultores y ganaderos, viene mejor definido por La expresión “SOBERANÍA ALIMENTARIA” que no “SEGURIDAD ALIMENTARIA”: Porque más allá de la trazabilidad que queramos tener sobre los productos agrarios y de garantizar el sustento de la población, lo que es crucial, tanto para la economía como para la sostenibilidad de la vida, es garantizar que los territorios sean soberanos para alimentarse a sí mismos sin tener que producir para los grandes mercados globales en manos de especuladores financieros, a costa de poner en riesgo su autoabastecimiento de alimentos básicos. Por ello, la mejor inversión de las ayudas agrícolas debería estar orientada a promover una agricultura con criterios que garanticen el futuro de un sector donde se constata el envejecimiento y falta de relevo generacional por las escasas perspectivas de alcanzar niveles de vida dignos, máxime teniendo en cuenta que, los agricultores son los que mantienen y cuidan los tres recursos más amenazados a nivel global por la actividad agrícola, que son: agua, suelo y biodiversidad.  

Es imposible repensar la política agraria sin tener en cuenta el gran reto de este siglo XXI, el cambio climático.

El Pilar 2 de la PAC, fundamental para ofrecer futuro al mundo rural, se destina al desarrollo rural y medidas agro-climático-ambientales. Sobre este segundo pilar, el MAPAMA ha pretendido dejar sin fondos los proyectos piloto de la Red Rural Nacional, que generaron buenos resultados en periodos anteriores. Habría interesantes oportunidades si se apostase decididamente por los circuitos cortos de comercialización, por apoyar y facilitar la conversión a agricultura ecológica, cuidadosa con el entorno, el apoyo a la ganadería extensiva, la introducción de agrobiodiversidad local, o el apoyo a otras formas de manejo sostenibles. También apoyo a la mujer rural, ya que las cifras ponen de manifiesto su escaso peso, el 67% de la titularidad de las tierras pertenece a hombres. Habría que incluir criterios que favorezcan la equidad en la concesión de subvenciones para reducir la desigualdad que sufren las mujeres en el ámbito rural.

Por muchas de estas cuestiones, la PAC es una de las políticas más criticadas de la UE. Y por ello, la revisión que se está haciendo ahora de la misma, tiene que servir para orientar el modelo agrícola europeo hacia una mayor sostenibilidad y equidad. Se precisa que las inversiones vayan destinadas a la agricultura y ganaderías ecológicas, extensivas y familiares, y en pro de los bienes comunes y de la soberanía alimentaria. Una política agraria orientada a pequeños y medianos productores, que contribuya a fijar población en zonas rurales, evitando el despoblamiento de pueblos y regiones.

Por otro lado, es imposible repensar la política agraria sin tener en cuenta el gran reto de este siglo XXI, el cambio climático. Es realmente urgente invertir en una agricultura resiliente, por el importante rol que juega la agricultura en la mitigación y adaptación al cambio climático.

Retos importantes y urgentes de abordar. Retos que atañen a las decisiones que se acaben adoptando en las políticas agrarias que finalmente se trasladen a cada estado miembro y a cada autonomía. No puede ser una utopía la consecución de consensos para el futuro, porque la política agraria es básica y, en realidad tiene que plantearse, no solo como política agrícola, sino agro-alimentaria, esa que se ve fuertemente afectada por acuerdos comerciales como CETA o TTIP.

 

Artículo publicado originalmente en el blog de Diario Público “Ecologismo de emergencia” el 21/11/2017.

Agua, fuente de vida… y de conflictos

El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza ha dictado y publicado sentencia contra la sobreexplotación del acuífero Aguas y el expolio de tierras y recursos hídricos en el río Aguas (Almería). Aunque no es una sentencia vinculante, sí ayuda a que la dramática situación de la comarca llegue el Parlamento Europeo a través de la denuncia de las asociaciones y localidades afectadas. Este tribunal trata casos de violaciones cometidas contra los derechos de la Naturaleza en Europa. El expolio del Acuífero Aguas ha sido el único caso español llevado ante dicho Tribunal. Y un aspecto que ha tenido en cuenta el tribunal, y aspecto relevante, es considerar la vulneración de derechos de las generaciones futuras.

Detener la extracción de aguas subterráneas y permitir que los ecosistemas se recuperen es una reivindicación básica. Y por eso, allá por el mes de febrero de este año presentaba una propuesta en el Parlamento andaluz, trabajada con la Plataforma en Defensa del Río Aguas y la recién creada en ese momento plataforma que aglutinaba a todas las de la provincia, Acuíferos Vivos, para que, conocida la situación del acuífero, se tomaran medidas que evitaran el grave deterioro que se cernía sobre la comarca regada por los manantiales del río Aguas. Siguen haciendo falta medidas urgentes para frenar y revertir el ecocidio, porque, como queda reflejado en la sentencia, “el agua no tiene precio: las sociedades que sacrifican las fuentes de agua por dinero pagarán un precio terrible”.

La provincia de Almería, la región más árida de Europa, exporta grandes cantidades de agua virtual en forma de producción hortofrutícola o aceite de oliva, hacia regiones húmedas del centro y el norte de Europa. Siendo esto así, y siendo conscientes de lo que ello supone, seguir aceptando la existencia de miles de hectáreas de olivar en régimen superintensivo es una necedad. Supone una incoherencia ecológica que compromete el futuro socioeconómico del maltratado sureste peninsular. Todos los acuíferos de la provincia de Almería se encuentran catalogados como masas de agua subterráneas en mal estado en el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas, elaborado por la propia Junta. Sin embargo, y contra toda lógica, los grupos parlamentarios que suman mayorías en el Parlamento Andaluz impidieron la aprobación de la propuesta, que como digo, elaboré conjuntamente con Acuíferos Vivos.

Los regadíos consumen la mayor cantidad de agua (un 86,9%) en la provincia. El cambio en los usos del suelo y la intensificación de la actividad agrícola de exportación han generado una grave situación de insostenibilidad, lo que es una amenaza para el territorio y para la población que lo habita. Y la Junta de Andalucía no está cumpliendo con su papel de gestión y planificación en materia de agua.

La sobreexplotación de los acuíferos forma parte de un modelo agrícola que está haciendo mella en la viabilidad, a largo plazo, de la agricultura en la provincia y ya está provocando una progresiva falta de rentabilidad económica y la puesta en peligro del modelo de agricultura almeriense tradicional, con la pérdida asociada de numerosos puestos de trabajo.

Si la situación de Almería es grave, el resto de territorios andaluces -y también el resto de la península- siguen el mismo camino, sin querer asumir que el ciclo del agua no podemos acelerarlo y lo estamos alterando constantemente, al consumir agua a mayor velocidad de la que se repone.

Por eso es necesaria una planificación y gestión territorial que contemple la viabilidad de la agricultura a largo plazo. Es necesario adoptar medidas para no comprometer el futuro de los recursos hídricos y de las actividades que de estos dependen. La administración, siendo consciente del serio riesgo en que están las masas de agua subterránea por las abusivas extracciones, debe actuar.  Es tarea imprescindible proteger y regenerar las masas de agua subterránea declaradas en mal estado, no permitir que los derechos de los propietarios de concesiones causen la pérdida del derecho al agua de los habitantes de la zona. Hay que conseguir que la situación de sobreexplotación se revierta porque las cifras de las concesiones y los derechos de agua son muy superiores a la disponibilidad.

Y es la Administración la que, inexplicablemente, ha dado más concesiones que recursos existen. Esto se agrava por la gran cantidad de sondeos, captaciones ilegales y pozos reprofundizados que extraen un volumen más alto del autorizado, además de todo un cúmulo de irregularidades que apenas se controlan.

Lamentablemente, los responsables políticos que gestionan en clave cortoplacista, sabiendo que serán evaluados cada cuatro años, son cobardes en relación a lo que se debería hacer, y acaban asumiendo la realización de grandes obras hidráulicas: presas, embalses, diques, trasvases o canalizaciones… Actuaciones todas que no solo no solucionan el problema de fondo, sino que lo agravan. El Gobierno Andaluz y las Confederaciones Hidrográficas, hasta ahora, han negado el problema de sobreexplotación, y es urgente encarar la situación existente para darle un adecuado tratamiento.

Hay que replantear los regadíos actuales y adaptar el número de hectáreas a la capacidad de nuestras cuencas y acuíferos para mantenerlas. Y una cuestión muy importante es la recuperación y conservación del buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos y de ribera, que son los que mejor se encargarán de devolver a la normalidad el ciclo natural del agua.

Conocida toda esta problemática, las extracciones no han disminuido, sino que han aumentado al igual que la superficie regada. En 2015 había más de 5.000 hectáreas en regadío y, en la actualidad, alcanzan un volumen de más de 20 hm3, lo que sitúa la sobreexplotación por encima del 400%. Se calcula que se están extrayendo entre 100 y 300 hm3 de las reservas, por tanto, al acuífero le quedan menos de diez años para agotarse.

Y lo más preocupante de todo esto es que la solución que apunta el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas al agotamiento del acuífero Aguas, lejos de cuestionar el modelo de agricultura superintensiva, propone traer más agua de otros lugares o de desaladoras, todo un despropósito que no cuestiona la lógica del modelo. Un modelo sobre el que necesariamente se impone la reflexión tras la sentencia que viene a refrendar lo que venimos diciendo: que la situación es insostenible.

Artículo publicado originalmente en Eldiario.es el 14/11/2017.