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¿Necesita la Serranía de Ronda autovías que la fragmenten?

Ronda se eleva a 170 m sobre el río de Gaudalevín, en un paisaje montañoso, majestuoso. Cuenta con un patrimonio cultural muy importante, presentando diversas arquitecturas que sus habitantes fueron levantando a lo largo de la historia. Posee un paisaje idílico… Todo ello la hace merecedora de captar el interés de cualquier visitante que se acerque a conocerla. Y por supuesto son de gran interés todos los pueblos de la serranía y la propia naturaleza que los alberga.

En multitud de ocasiones en los parlamentos, autonómicos o central, se defienden iniciativas para construir infraestructuras de transporte, fundamentalmente autovías, vías de gran capacidad que ni mucho menos garantizan, como así se insiste, la mejora de las economías de los territorios para los que se reclama.

Se pueden usar argumentos de reequilibrio territorial, de evitación de despoblamientos en zonas rurales, de mejora de las comunicaciones, de activación económica… Ninguno de estos argumentos explica o razona porqué se considera que trazar autovías conlleva esos beneficios. Es como una idea sin base real que la sustente, pero que se da por cierta.

Para que tuvieran justificación obras de tal calibre, como las que algunos reclaman en la Serranía de Ronda, como mínimo habría que acreditar una densidad mínima de tráfico que la respaldase, y que justificase el enorme impacto ambiental de fragmentar el territorio. Las autovías son barreras físicas y para la fauna y estafragmentación condicionaría el desarrollo posterior de comarcas que durante siglos han evolucionado en relación a sus recursos locales, que en el caso de Ronda son abundantes y ligados a una prosperidad que no precisa la construcción de autovías, sino preservación de sus paisajes.

Los datos que se dan para justificar la petición de autovías en la serranía de Ronda, sobre el descenso poblacional de los municipios del Valle del Genal y de la propia ciudad de Ronda, ciertamente nos hablan de que se deben tomar medidas que palíen esta situación. Situación que es compartida con otras muchas zonas rurales, tanto en Andalucía, como de forma mucho mas grave en comarcas como las que se incluyen en lo que se ha dado en llamar la Laponia española, que tiene densidades de población irrisorias y equiparables a las de una zona de la Tierra tan inhóspita como Laponia, con el índice de densidad demográfica más bajo de Europa: menos de ocho habitantes por kilómetro cuadrado. Y es que la despoblación es un mal que atenaza a la España rural. Hay una realidad tan cruda como real que habla de casas vacías, de calles en silencio, de furgonetas trayendo el pan tres veces por semana, de centros de salud a una hora de distancia por carreteras mal asfaltadas, de pueblos sin Internet e incluso sin luz, de inviernos demasiado largos y demasiado fríos, de olvido, de nostalgia, de tristeza y de muerte. Este sombrío panorama, sin embargo, no es el que presenta nuestra serranía afortunadamente.

Estaría bien que quien propone tales proyectos estudiara otros enfoques como la siguiente reflexión generada por María Pilar Burillo, investigadora de la Universidad de Zaragoza, que ofreció el diagnóstico exactosintetizado en un término acuñado por ella misma: ‘Demotanasia’. Construido con la raíz griega demos (población) y tánatos, que alude a la muerte no violenta. La definición literal elaborada por Burillo dice así: “un proceso que, tanto por acciones políticas directas o indirectas como por la omisión de las mismas, está provocando la desaparición lenta y silenciosa de la población de un territorio, que emigra, y deja a la zona sin relevo generacional”. Y hay un responsable directo de esta situación de despoblación, que es el sistema económico y social en el que se apoya el capitalismo. Este se ha ido aprovechando sucesivamente de las zonas deprimidas demográficamente: primero las vacía de gente reclamando mano de obra, después usa sus recursos sin mesura, sus productos agrícolas y ganaderos. Y después la utiliza como retiro de fin de semana. La España urbana ha utilizado a la España despoblada a su conveniencia, sin preocuparse nunca por su estado de salud ni por su futuro.

No existe un recetario único contra la despoblación, pero sí que hay que superar los desequilibrios territoriales. Y eso se hace desde la transversalidad e implicación de distintas consejerías o departamentos ministeriales para implementar políticas que garanticen empleo, bienestar y servicios públicos de calidad, no solo mejorando las comunicaciones e infraestructuras de transporte.

Que las carreteras de Ronda necesiten mejoras no implica necesidadde construir vías de gran capacidad que tendrían un fuerte impacto en un territorio privilegiado, fragmentándolo y deteriorando sus paisajes.

Debimos iniciar el camino hacia otro modelo de movilidad para Andalucía y para la comarca de la Serranía de Ronda hace tiempo. Tenemos en Málaga ejemplos de autopistas, como la AP-46, que no ahorra una cantidad de tiempo significativa y, por el contrario, aumenta el consumo de combustible por permitir una conducción mucho más veloz. ¿Es eso lo que se pretende solicitando la construcción de autovías que comuniquen Ronda con Antequera, con Ardales y Málaga, o con Sevilla? Son proyectos con alto impacto ecológico. Sin embargo, resulta vital una red ferroviaria a nivel regional y provincial que haga del transporte público y colectivo la mejor opción para la movilidad malagueña y también andaluza.

Deberíamos recordar queel problema derivado de la escasez de combustible, y los precios que no van a dejar de aumentar, hacen recomendable la apuesta estratégica distinta al transporte privado y al crecimiento de la red de vías de gran capacidad.

Y es que la enorme y descompensada inversión en carreteras durante años ha tenido claras repercusiones en su preponderancia como medio de transporte principal en mercancías y viajeros. Y eso necesariamente debe cambiar. Debería ser estratégico para Andalucía lograr cambiar los porcentajes del transporte, trasvasando al ferrocarril, que es mas eficiente y limpio, en lugar de plantear autovías. Por ser la alternativa mas viable, económica, social y ambientalmente.

Con el debate abiertode una ley andaluza de Cambio Climático en la que se exigirá una reducción de emisiones difusas, de las que es responsables en gran medida el transporte por carretera, no tiene mucha lógica insistir en desdobles de carreteras o construcción de nuevas autovías.

 

Artículo publicado originalmente en el Blog Andalucía Más que Verde de Andalucía Información el 16/07/2018.

 

¿Dónde reside la soberanía de ciudadanos y territorios?

¿Quién ostenta en la actualidad la soberanía en todos los ámbitos en nuestros territorios?

Visto desde Andalucía, que es el Sur del Sur, y no me refiero al decirlo a una imagen poética sino geopolítica, y al margen de conflictos fronterizos y de refugiados, creo que hay datos suficientes para sostener que Andalucía en su relación económica con el resto del estado y con Europa tiene un papel, en no pocos aspectos, de Neo-colonia. Tercera por volumen de PIB en 2016 pero en la posición 18, a la cola y sólo delante de Extremadura, cuando dividimos ese PIB por las personas que vivimos en esta hermosa tierra. Vendemos nuestro buen tiempo y exportamos agua y suelo en forma de frutas y hortalizas al norte más rico y con más agua. Menos mal que el PIB no es un buen indicador del buen vivir o el bienestar de las personas.

Carmen Molina en un acto en Córdoba en el que habló sobre soberanía.

Se ha abierto, un importante debate: ¿es necesario abrir un proceso constituyente? Pues sí. Hay que abrir ese debate y reflexionar sobre cómo será nuestra convivencia en el futuro cercano. Y debiéramos abordarlo pensando en España y en Europa, como algo nuestro, que nos atañe. Desde lo emocional. Sólo si sentimos como nuestro el territorio que pisamos, no por poseerlo, sino porque nos acoge, tendremos un proyecto que valga la pena y que consideremos nuestro. Ese proyecto debe estar ligado al territorio, pero no entendido éste como superficie y divisorias sino como continente del paisaje y las personas que lo habitan. Ese paisaje, que mientras perdura, es testimonio de pasado y esperanza de futuro.

Como ciudadanos, somos sujetos titulares de derechos políticos a la vez que, estamos sometidos a leyes autonómicas, estatales y de instituciones supraestatales como la Unión Europea, además de otros marcos normativos globales como los tratados de libre comercio, que son limitadores de soberanía, sin duda. Porque la soberanía tiene distintas escalas.

La Soberanía Ciudadana está menos delegada, cuando los derechos y los deberes se concretan en un espacio próximo o local. Es más fácil ejercer nuestra soberanía y sentir como nuestro lo que conocemos en primera persona, lo que nos afecta a nosotros y lo que afecta a nuestros prójimos y vecinos. Y es aquí donde el MUNICIPALISMO es una herramienta esencial y un supuesto Contrato Constituyente debe incluirlo y protegerlo. Es imperativo potenciar y hacer efectiva la SOBERANÍA a nivel MUNICIPAL, asegurando la representación y la participación de los VECINOS (munícipes) para evitar hechos como los que se están viviendo en Madrid, que ve limitada su aplicación de políticas sociales a pesar de contar con superávit o en Carcaboso, (pueblo extremeño de 1200 habitantes), donde un alcalde puede acabar en la cárcel por facilitar el derecho a la vivienda en su pueblo. Son ejemplos en medio urbano y rural donde la soberanía se ha limitado por los instrumentos del Estado y judiciales, respectivamente. Así que esa imaginada “constitución” debe evitar estas limitaciones y potenciar las herramientas de participación y corresponsabilidad vecinales.

El debate sobre encaje territorial, se completa con el necesario también a nivel de Soberanía. Una parte significativa de los ciudadanos catalanes reclama su independencia, quieren ser soberanos y no depender de autoridades superiores, especialmente del Estado Español, aunque curiosamente, si manifiestan aceptación del marco normativo europeo que, objetivamente, en la actualidad, controla muchos aspectos, especialmente de índole económica, que les limita su plena Soberanía. Todos los Estados de la UE, en mayor o menor grado y a pesar de que la soberanía que prima todavía es la soberanía nacional, han cedido una parte de ella a esta Institución que, lamentablemente, todavía carece de un parlamento que haya alcanzado la mayoría de edad. Recordad que como europeos no tenemos aún una constitución.

Cercana la fecha del 4D, fecha relevante en Andalucía, hemos de constatar que No somos ni PARCIALmente SOBERANOS, a pesar de contar con instituciones de gobierno propias como el Parlamento Andaluz y una administración descentralizada. Desde un punto de vista económico nos ha tocado jugar el papel en que, el dinero que generamos es el resultado de vender y estropear los recursos de los que disponemos, hipotecando nuestro futuro y el de los andaluces que nos seguirán. En este sentido creo que está justificado decir que somos una tierra sin soberanía y que en el contexto socioeconómico global nuestra situación es la de colonia del siglo XXI. Nuestras variables económicas están más próximas a lo que llamamos países del Sur que a nuestra pertenencia geográfica a la élite mundial de la que forma parte Europa. Y asumo que los ciudadanos andaluces somos poco conscientes de ello. No se trata de un “España nos roba”, ni de pelearnos por balanzas fiscales desiguales, tampoco de si somos una nación o no, se trata de que ese Contrato Constituyente defina los mecanismos y formas de gobierno territoriales que permitan y aseguren a los ciudadanos unos mínimos para disfrutar de un buen vivir en libertad y ejerciendo la solidaridad. Buen vivir significa asegurar el disfrute efectivo de derechos como la educación, la sanidad, el techo, acceso a la energía, al agua y a alimentación sana, el cuidado de los mayores y los refugiados entre otros. Esto significa concretar en el marco constituyente otras soberanías, como la alimentaria o la energética. Algunos de estos derechos se pueden concretar desde el ámbito municipal, pero otros encuentran mejor encaje en estructuras de gestión de nivel autonómico, federal o confederal, según sea la forma que resultase del proceso constituyente. Más importante que la forma final que se proponga de encaje territorial, es asegurar los derechos y el bienestar de las personas allí donde vivan, es decir facilitar que sean soberanas.

De nuestro propio pasado reciente y el de estados como Portugal y, especialmente, Grecia ha quedado bien a las claras que, en una Europa sin constitución y con un parlamento limitado, la soberanía ha estado en manos del poder económico y que los Estados se han plegado a él, supeditando los derechos de los ciudadanos a dar “prioridad absoluta” al pago de la deuda, algo que lamentablemente se incluyó en la constitución vigente, sin preguntar a los depositarios directos de la soberanía que somos los ciudadanos.

Así que la soberanía, en realidad la ejerce el poder económico de las élites mundiales y no los ciudadanos. La globalización ha potenciado aún más este hecho y los tratados internacionales de comercio lo están normalizando. Hay un Gobierno Global Soberano sin rostro, nada representativo, que ostenta cada vez más poder y resta soberanía. El hecho de que la riqueza a nivel mundial se acumule cada vez en menos manos es la manifestación clara de este hecho. La Globalización económica está permitiendo intercambios financieros y comerciales sin límites de fronteras, mientras impide movimientos de personas y deja que se mueran los pobres y los que huyen de conflictos bélicos y de gobiernos injustos.

Hay que romper el paradigma de que el crecimiento económico permanente sea condición necesaria e incuestionable para progresar. Permitidme la parte ecologista, no se puede crecer ilimitadamente en un planeta finito del que ya hemos extraído y consumido recursos físicos, que nunca más volverán a estar disponibles. No podemos seguir extrayendo soberanamente recursos finitos para impulsar la economía asumiendo que es la única manera de generar empleo. El crecimiento económico debe estar supeditado a los derechos de los ciudadanos que viven hoy, a los que están por llegar y a los límites planetarios.

No estaría de más que la hipotética nueva constitución y los tratados europeos que vengan incluyeran alguno de estos aspectos que facilitaran una transición ordenada hacia un modelo de economía estacionaria donde impere sobre todo el bien común.

En conclusión, hay que recuperar la soberanía económica y dársela a los ciudadanos. Supeditando la economía a dar respuesta a la crisis social y ambiental que enfrentamos. ¿Cómo empezar a hacerlo?: incluir en nuestro nuevo marco constituyente el que no se antepongan los intereses comerciales y financieros a los derechos de las personas. Un Anti 135, dicho sin rodeos. Para conseguir objetivos de este tipo se requiere que el marco constituyente también se dé a nivel europeo, no solo estatal. Al menos, un nuevo tratado que complete el poder del parlamento, y con un núcleo de países que realmente crean en esa Europa con identidad ciudadana y no sólo de los mercados.

Así que necesitamos un proceso constituyente en España, pero también lo necesitamos en Europa, sí de verdad queremos que sea una Europa de los ciudadanos.

Resumiendo, planteo un marco constituyente que potencie la soberanía a distintos niveles, desde lo más local hasta lo europeo, acercándola lo más posible a las personas. Un marco enfocado al aseguramiento de los derechos de todos los ciudadanos/as y la preservación de los recursos naturales de los que dependemos, por encima de los intereses comerciales y financieros. Es decir, blindar los derechos y potenciar las Soberanías Alimentaria y Energética.

El sector del cangrejo rojo y el respeto a la legislación: buscando alternativas

La introducción del cangrejo en las Marismas del Guadalquivir, data del año 1974. Trece años más tarde, un trabajo de Miguel Delibes e Isabel Adrián,  concluía que este crustáceo  ya se había convertido en una presa bastante común para  numerosos  depredadores naturales de las marismas y es claro que su presencia afecta a la diversidad faunística  del ecosistema favoreciendo a algunas especies y perjudicando a muchas otras.  Hay que destacar el papel negativo del cangrejo sobre muchos aspectos de los ecosistemas en que se ha introducido, efectos sobre anfibios, turbidez y macrófitos, que, sin querer pecar de excesivamente técnica, debo decir que tiene consecuencias sobre toda la cadena trófica. Respecto a las aves, decir que favorece a algunas especies y perjudica a otras.

Por tanto, cabe decir que, treinta años después de ese trabajo pionero, es un hecho que el cangrejo rojo ha alterado la dinámica natural de las zonas húmedas españolas, que forma parte de las redes tróficas actuales de las marismas y que la pesca extractiva supone, aparte de una actividad económica que da empleo,  una muy importante medida de control de su población.

De hecho para poder luchar contra esta especie invasora y poder erradicarla o,  al menos,  disminuir el tamaño de su población actual, es necesario pescarlo, aunque la pesca no se comercializase.

Por tanto, el hecho es que la sentencia del Tribunal Supremo, planteaba  una tremenda paradoja porque su aplicación literal tendrá como consecuencia más inmediata,  un efecto contrario a lo que se  pretende que es erradicar esta especie invasora limitando su uso como alimento autorizado.  Además de los efectos negativos socioeconómicos en la zona.

Si  el sector del cangrejo rojo  para totalmente su actividad, y deja de extraer de la marisma cuatro millones de tonelada de crustáceos anuales  (son las cifras que se manejan), la consecuencia inmediata va a ser un incremento tremendo de la población de cangrejos. Esto  afectará a los equilibrios de las redes tróficas del ecosistema que se han establecido hasta la actualidad, no hacia su dinámica natural sino en dirección contraria y, con mucha probabilidad, tendrá efectos negativos en el cultivo del arroz de la zona y en el buen funcionamiento de los sistemas de irrigación.  Además de facilitar que el cangrejo invasor colonice nuevas áreas al disminuir la presión sobre él.

La solución no puede pasar por modificar la normativa actualmente en vigor al albur de los intereses políticos. No se pueden  utilizar los instrumentos legales para poner parches en vez de hacer propuestas de transición ecológica de la economía que permitan aunar la protección del medio ambiente, la generación de empleo estable y sano y la calidad de vida.

Por eso,  una solución coherente debe  respetar la legalidad vigente y las directrices  europeas en materia de especies invasoras.  A corto plazo, un Plan de Control y Erradicación progresiva del cangrejo rojo que permita mantener los jornales que dependen del sector, y a medio plazo un Plan de Control de Especies Invasoras que conlleve la implantación en la zona de un Centro Experimental de Investigación y Desarrollo que se dote de los recursos y medios necesarios para hacer cumplir la legislación en materia de especies invasoras. La dotación económica para este centro puede proceder de fondos comunitarios. Siendo Doñana uno de los Parques Nacionales más emblemáticos de Europa, este centro puede convertirse en referente de control de especies invasoras a nivel mundial.

En vez de crear una excepción para la pesca del cangrejo rojo, o modificar la normativa ambiental, como proponen quienes, como  PP y  PSOE,  no ven alternativas , se debe asumir que tenemos que disminuir la población de cangrejo mediante la aplicación de un plan de gestión que use a la pesca como el medio de hacerlo. Se trataría de diseñar un plan técnico que contemplara una extracción del recurso por encima de su capacidad de reposición y convencer de su viabilidad a las autoridades comunitarias. Existen precedentes de la participación de los pescadores, administraciones locales  y convenios entre entidades a través de fondos europeos  para el control de esta especie invasora en otros lugares de España  y protocolos de las tareas recomendadas para realizarlo.

Sobre qué hacer con esa pesca, dada la limitación de recursos presupuestarios en la que vivimos, especialmente en gestión ambiental, sería complicado eliminar, valorizar  o compostar todo esa biomasa. Además, es necesario dar una respuesta rápida y consistente a las personas que viven de ello. Así que nos parece asumible,  justificado y defendible que durante  un periodo transitorio regulado y establecido en base a criterios técnicos y socioeconómicos,  se pueda seguir comercializando el total o parte de la pesca obtenida con el principal fin de controlar y disminuir la población  de la especie invasora. Si las cosas se hacen bien, lo esperable es que esa producción fuese decreciendo anualmente. Para ello sería necesario que las extracciones de cangrejos se planificaran teniendo en cuenta la fenología reproductora de la especie para limitar su éxito reproductor, en lugar de para mantener su productividad.

Esta comercialización estaría justificada porque con ella se financiaría el control de la población de la especie invasora a la vez que limitaría y repartiría en el tiempo  los efectos negativos socio-económicos que supone suprimir esta actividad en las poblaciones de la zona.

Supondría poder contar con un periodo de transición para que el alto porcentaje  de la población que se dedica a esta actividad profesional  disminuyese de forma paulatina en favor de actividades alternativas cuya implantación se podría favorecer dedicando recursos del pilar 2 de la PAC, el correspondiente al desarrollo rural, a este fin. Sería importante que como modelo de gestión final se planificara una inversión pública en el mantenimiento del control de la población de cangrejos utilizando para ello una parte de la mano de obra de las poblaciones que hoy día viven del cangrejo, que en gran medida podría implementarse con ayuda de fondos europeos a través de un proyecto LIFE como se ha hecho en otros lugares.

Para que esta propuesta funcionara y fuese admitida debería estar auditada externamente y la gestión de la pesca  ajustada a un modelo plurianual y un control que asegurase que el objetivo de la disminución de la población de la especie invasora  se mantuviese sin prostituir. Este plan de gestión debería incluir otras medidas complementarias y especiales desde el principio y también para cuando la pesca “comercial transitoria” no fuese rentable. Por ejemplo, medidas de gestión que favoreciesen el incremento de poblaciones de depredadores naturales autóctonos como el galápago leproso, algo que se está probando en otras zonas, como Cataluña.

En paralelo y desde el primer minuto hay que potenciar un plan de desarrollo rural en la zona que permita transitar hacia una situación de no dependencia de este recurso en una plazo de tiempo razonable. Una posibilidad factible sería  potenciar la producción de arroz ecológico, como en el delta del Ebro. Esta transición es posible y además tendría efectos ambientales positivos para el entorno, pero requiere planificación y un apoyo institucional decidido.

 

Cómo ser capaces de garantizar el suministro de agua para distintos usos

La gestión de los recursos hídricos pasa por ser uno de los temas que ha suscitado mayores controversias entre comunidades y comarcas cedentes y receptoras.

En los últimos tiempos se ha hecho evidente la merma de recursos hídricos disponibles en España por los efectos del cambio climático, una creciente actividad extractiva que no respeta en muchas ocasiones la capacidad de carga de los acuíferos, ni la disponibilidad de agua de las distintas cuencas hidrográficas.

La combinación de la reducción de las precipitaciones y, muy especialmente, la subida de las temperaturas que se está produciendo han generado una reducción media del volumen de agua que va a parar a los cauces de más del 20% en tan sólo 25 años. Si además consideramos que la actividad agrícola supone en torno al 80% del agua consumida en España, para poder recuperar un cierto equilibrio hídrico sería necesario aceptar el hecho de que este recurso es limitante en nuestro país y especialmente en Andalucía lo que requiere que definamos la superficie regada que podemos tener y mantener sin poner en riesgo la propia actividad en el futuro y sin afectar negativamente otros usos del recurso, como ya está ocurriendo en la actualidad. Por tanto es imprescindible incrementar la eficiencia en el uso del agua en agricultura, limitando pérdidas y fomentando infraestructuras y manejos que sean conservativos. Seguramente también tendremos que decir NO a nuevos incrementos de superficies. Algunos expertos consideran que ya hemos superado en un 20% la extracción asumible, con los 4 millones de hectáreas regadas con las que contamos actualmente.

Los trasvases deben ser medidas excepcionales para suplir necesidades urgentes puntuales, y no para incrementar más el consumo del recurso. Sin embargo, los nuevos planes hidrológicos no van en esa línea. Los planes hidrológicos no modifican sustancialmente aquella concepción inicial  de la política de trasvases, a pesar de que se cuenta con un 20% menos de agua en España. Esos planes se hacían teniendo la idea de que el agua era infinita y era un modelo basado en el aumento de la oferta. Lo que no puede ser es que un siglo después sigamos sin entender que el agua que hay disponible es siempre la misma y que se recicla y recircula en un ciclo que estamos alterando. Cuando con nuestra actividad depredadora de recursos, esto no lo tenemos en cuenta sólo estamos propiciando que en un futuro próximo suframos limitaciones severas, tanto en el uso doméstico como en los cultivos. No se puede dar una oferta ilimitada de un recurso limitado.

Pero siendo esto así, debemos reconocer que hay municipios enfrentados a una escasez que hay que abordar con cierta urgencia.

Hay municipios que acaban teniendo que recurrir a camiones cisterna para abastecer a la población durante el verano. Los pozos de algunas localidades, además de suministrar muy poco caudal, no ofrecen agua potable. Las medidas a poner en marcha para paliar las situaciones que se producen, pueden ser la detección de fugas o la reducción de consumos, pero es evidente que eso no es suficiente. El caudal de los manantiales de los que se suelen abastecer algunos municipios está en mínimos históricos, probablemente reflejando no sólo una situación circunstancial sino el efecto de una extracción prolongada en el tiempo sin respetar la capacidad de carga.  La situación es complicada y puede agravarse cuando el régimen de lluvias no es el esperado o necesario, ya que muchos municipios se abastecen de agua potable proveniente de acuíferos subterráneos.

El aumento de la población en determinadas zonas, el incremento de los cultivos de regadío y la escasez de lluvias, tiene como consecuencia que el nivel de reserva y de calidad de estos acuíferos se haya visto reducido de forma alarmante.

Es necesario garantizar el suministro en períodos de pocas lluvias y no aprovechar las reiteradas peticiones de trasvases para seguir propiciando un consumo por encima de la reposición natural. Y no es lo mismo trasvasar por necesidades de suministro a las poblaciones que por extracciones excesivas  para una agricultura intensiva de regadíos.

Los planes hidrológicos se concibieron antes que la DMA y tenían diferentes objetivos. Se diseñaron para satisfacer las necesidades socioeconómicas y para distribuir el agua (teniendo en cuenta la gran desigualdad que existe en España con respecto a los recursos hídricos). La DMA modificó el enfoque de la gestión del agua en España; tras su publicación, las autoridades decidieron combinar ambos enfoques (las demandas de agua y la protección medioambiental).

Deberían haberse buscado otras soluciones para satisfacer las necesidades de agua, como utilizar el agua de las desalinizadoras o reducir el agua para usos turísticos. Un reciente informe ha llegado a la conclusión de que cada turista consume hasta cuatro veces más agua que un residente. Y en España hemos hecho una fuerte apuesta por el sector turístico que consume grandes cantidades de un agua (piscinas, campos de golf, instalaciones acuáticas…) cada vez más escasa y que se debe gestionar con prudencia.

Hay, y se acentuará en el futuro, escasez de agua en amplias zonas de Andalucía debido al cambio climático, a los usos relacionados con la presión urbanística y el riego intensivo, así como a las actividades turísticas. Se han planteado dos soluciones principales para resolver la escasez de agua: el trasvase y la desalinización. Ninguna de ellas es la ideal pero habrá que dirimir en qué medida se recurre a ellas. Por supuesto, también es fundamental la apuesta por el ahorro, la búsqueda de soluciones menos consumidoras de agua y el cierre del ciclo del agua de forma eficiente depurando y recirculando. También debemos implementar medidas educativas que permitan abordar este tema con rigor y no sólo cuando surgen problemas de suministro.

Deben revisarse las futuras demandas de agua para no generar un problema de escasez, que también pondría en peligro los actuales cultivos de regadío.

Hay que pensar en mejorar la gobernanza del agua en las cuencas para no tener que recurrir a medidas de trasvases, porque antes de que se constatara la necesidad de garantizar el suministro a algunas poblaciones que lo precisan y de que fuese evidente la sobrexplotación y el mal estado de la calidad del agua en bastantes acuíferos, se debían haber adoptado las medidas pertinentes que lo evitasen.

 

¿Qué necesita la comarca de la Axarquía para tener un sector agrícola sostenible y con futuro?

Cuando hablo de futuro, no me refiero al año que viene, ni a los próximos 5 años, me refiero a que los hijos de los productores que ahora cultivan aguacates y mangos puedan seguir ganándose la vida cuando sean ellos los responsables de las explotaciones.

La producción de alimentos, en este caso de frutos subtropicales, depende del mercado, de la oferta y la demanda, pero NO TENDRÁ FUTURO si no seincluye en los balances,además de los aspectos económicos, la disponibilidad de los recursos necesarios para producir que son SUELO, AGUA Y DIVERSIDAD y lo hacen para el presente  y para el futuro.

La verdadera protagonista en la comarca, por ser ahora el factor más limitante, es el AGUA, aunque no estaría de más que analizar también, el maltrato que está sufriendo el suelo en la comarca. Con movimientos de toneladas de tierra para habilitar el cultivo en zonas de pendientes muy elevadas y por encima de la cota de 140 metros, que era una cota límite para el desarrollo del regadío.

Es necesario plantear restricciones a la extensión del riego y asegurar y mejorar la eficiencia del mismo en las zonas que ya cuentan con él.

Hay que ponerle freno a nuevas plantaciones. Y asumir, sin engañar al sector, que el agua regenerada y otras pequeñas actuaciones que se puedan hacer para mejorar la situación no suponen un gran volumen y no pueden dar lugar a incrementos de superficie de riego sino a asegurar el riego de lo que ya está plantado, que es mucho. Asumirlo será positivo para el sector, aunque ahora en el corto plazo no sea popular.

El sector y las comunidades de regantes  hablan de que la solución pasa por “trasvasar agua de donde sobra”. Habrá que aclarar para quien no sea consciente de ello, que el agua NO SOBRA en España.

A nivel estatal, el balance hídrico de nuestro país es negativo y lo es aún  más en la zona que nos ocupa y también en las zonas próximas de donde se suele proponer trasvasar agua. Y esa situación es probable que empeore porque la demanda del recurso y su consumo es cada vez mayor y ha crecido mucho en general.

El agua que vemos fluir superficialmente, -desgraciadamente en poco sitios de nuestra comunidad-, NO SOBRA. Está conectada con las subterráneas y en la medida que extraigamos el agua superficial de las cuencas, acabaremos afectando negativamente a las aguas subterráneas. Es un ciclo cerrado, y acabaremos creando un déficit de muy difícil gestión, cuando comprometa el suministro a las poblaciones. Así que hablar de cuencas excedentarias en nuestro Sur, es faltar a los datos.

Conviene recordar que, del total de agua extraída para uso humano, en términos generales, un 70% se dedica de media a la agricultura y los datos disponibles de la comarca de la Axarquía indican que se está en ese rango o incluso algo más.

Por otro lado, anualmente llueve de media en la comarca 460 L/m2año y la evapotranspiración potencial estimada está en los 1200L/m2año, bastante más del doble. Lo que da una idea, a grosso modo,  del déficit en el balance que tenemos.Más, si cabe, al considerar la gran demanda de agua para riego que ya existe en la actualidad y la permanente demanda de nuevos aumentos de regadíos.

La DEMANDA ACTUAL YA SUPERA CON CRECES LA DISPONIBILIDAD QUE SE PUEDE CUBRIR EN EL PRESENTE:

-En cuanto al Aguacate: asumiendo que hay unas 6400 hectáreas de aguacate y que estas plantaciones consumen agua en un rango que va de los 7000 a los 9000 m3/Ha año, en función del sistema de riego. Considerando un valor medio de 8000, se obtiene una necesidad media anual de 51 hectómetros cúbicos para este cultivo en la comarca.

-En cuanto al Mango: en principio, necesitan menos agua y requieren unos 6000 m3/Ha año, si el riego es eficiente. Considerando 3120 Hectáreas de cultivo, la estimación de necesidades es de casi 19 hectómetros cúbicos/año.

-Otros regadíos pueden suponer de 12 a 13 hectómetros cúbicos más.

Esto significa que  la demanda de agua y enfatizo DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO ESTÁ SOBRE LOS 82,8 HECTÓMETROS CÚBICOS/AÑO AHORA. Y ESTA ES UN ESTIMACIÓN CONSERVADORA que asume el uso de sistemas eficientes de riego, sobre todo en mango. Hay estimaciones y estudios queindican que la demanda puede superar los 100 Hectómetros cúbicos/año.

Estas necesidades de agua hay que BALANCEARLAS CONla disponibilidad del recursoen la actualidad que depende en buena medida de dos fuentes:

Por un lado, el pantano de la Viñuela que, según datos de Axaragua, provee consumos anuales de 30 hectómetros cúbicos, 15 para uso urbano y 15 para riego.

A ello habría que sumar lo que llueve de media sobre los subtropicales y resto de riegos.Asumiendo una eficiencia del 100% en su uso y una interceptación de sólo el 15%,esta lluvia supondría37 hectómetros cúbicos de media.Aunque hay que decir que ha sido bastante menor este año hidrológico y los escenarios que plantea el Cambio Climático es que esto NO sea puntual, sino la tónica a futuro.  Haciendo el balance entre disponibilidad y demanda  tenemos un déficit medio de 30,8 Hectómetros cúbicos año.

Prácticamente hace falta otro pantano de la Viñuela dedicado sólo a riego.  Este año el déficit ha sido superior, unos43,4 Hectómetros cúbicos y es posible que los déficits sean superiores porque, como ya he dicho, hay balances  calculados que incrementan la demanda un 20% o incluso más.

Pero la pregunta del millón es ¿y cómo se cubre este déficit entonces?

Aunque hay algo de reutilización de agua, el grueso de la respuesta tiene que estar en la extracción y consumo de agua subterránea de un modo insostenible. De manera que estamos reproduciendo el modelo del poniente almeriense de no contención del crecimiento de la superficie invernada con las consecuencias negativas que todos conocemos a nivel del acuífero. Pero no es sólo una cuestión de ecologistas, porque también tiene consecuencias negativas a nivel de rendimiento monetario por hectárea, no hay que olvidarse de ello.

Dicho lo cual,

¿Quién está poniendo en peligro la viabilidad de los subtropicales en la comarca en el medio y largo plazo? ¿Quién está poniendo en peligro los empleos de la comarca en el medio y largo plazo? ¿Cómo queda la viabilidad del modelo  de agricultura que hay ahora en la Axarquía?

Seguir exigiendo aumento en las Hectáreas de regadío, como ya ha hecho el Partido Popular en el Parlamento Andaluz es populista, cortoplacista e insostenible y, si se analiza en profundidad, no contempla un mañana para la comarca.

Llegados a este punto, no cabe otra, que hacerse consciente que el planeta tiene límites y que los recursos renovables no se pueden gestionar como si fueran ilimitados. Que una gestión sostenible implica que la actividad sea económicamente viable ahora y en el futuro. Y que los recursos dejan de ser renovables cuando los consumimos a una velocidad mayor que la necesaria para su regeneración natural.No resultacómodo decir estas cosas en la comarca, pero hay que decirlas. Para afrontar los retos que tenemos y los que vienen, en relación a los usos del agua hay que dar respuesta a esta situación de insostenibilidad.

 

 

25 años de AVE: ¿Algo que celebrar?

Cuando se cumplen 25 años de la puesta en servicio de la primera línea de AVE en España, la que une Madrid con Sevilla, es buen momento para evaluar lo que ha supuesto esta infraestructura para la movilidad general de los españoles.

Asumiendo que la función esencial del transporte es garantizar la accesibilidad a los bienes, servicios y contactos con las demás personas, independientemente del lugar donde vivan, la capacidad adquisitiva que se tenga, la edad o el género, y sin generar más movilidad que la estrictamente necesaria,  la inversión destinada a infraestructuras para la movilidad y el transporte debe ir en consonancia con las necesidades actuales y anticiparse a los escenarios futuros esperables.  Y es, por ello  importante, definir muy bien las prioridades de inversión en relación a la movilidad. Tanto si hablamos de personas como de mercancías.

Hace 25 años se decidió que esas prioridades pasaban por apostar fuertemente por una infraestructura tan costosa y de dudosa rentabilidad social como la Alta Velocidad Española (AVE).

Sin embargo, tras esos 25 años queda despejada la incógnita  ya que se puede comprobar, con los datos acumulados en este tiempo,  lo  irracional de fiar el futuro del ferrocarril a la Alta Velocidad en nuestro país (somos el  segundo en número de kilómetros del mundo, no así de usuarios),  la colosal “deuda pública”  que ha generado, la “expulsión de usuarios” del tren por el elevado precio del AVE, los “impactos ambientales” que genera sobre todo por la fragmentación cada vez mayor del territorio y la ineficiencia energética que supone, la ”desconexión” de los pequeños municipios y zonas rurales que ven pasar el AVE por sus estaciones, antaño operativas y ahora semiabandonadas o abandonadas del todo;  el “cierre sistemático” de líneas normales, de trenes  de media y larga distancia, la escasez de inversiones en cercanías que mejorarían grandemente los movimientos en las áreas metropolitanas de las ciudades mas grandes … en fin, demasiados efectos colaterales que se dejan fuera de la propaganda para vender  tan  elitista obra.

El salto tecnológico que supone la alta velocidad conlleva tres consecuencias fundamentales:

1) una disminución muy importante de su funcionalidad como medio de transporte (incompatibilidad con la mayor parte de las mercancías y con los servicios regionales y de cercanías),

2) la reducción de la eficiencia energética, y

3) la multiplicación de los impactos ambientales (emisiones, ruido, fragmentación del territorio, etc.).

Y esto  se traduce en unas infraestructuras de transporte con elevados costes para la sociedad. Por ejemplo, se subvenciona gran parte del coste del billete. En la que supuestamente es la línea más rentable, la Madrid- Barcelona, el usuario del AVE solo paga el 33% de su coste real. El 66% se lo pagamos entre todos, a través de la Administración. Y es un servicio  que deja fuera a las personas más desfavorecidas, siendo claramente elitista. Además de todo esto, el mantenimiento de 1 km de vía convencional supone un coste 10 veces inferior al del mantenimiento de 1km de vía  de alta velocidad. Desde el año 1992 hasta el año 2015, se han pedido fondos a los bancos europeos por valor de unos 70.000 millones de euros para financiar las obras de la infraestructura de Alta Velocidad. Y, evidentemente, esa apuesta exclusiva ha hecho que se abandonara la valiosa red ferroviaria que ya teníamos.

La construcción de cada kilómetro de Alta Velocidad supone un coste de unos 9 millones de euros, y unos 100.000 euros anuales en mantenimiento. Tenemos  más de 3100 kilómetros de vías de alta velocidad, sin embargo,  lo realmente importante,  la rentabilidad social de una movilidad que sirva para todos, no se ha conseguido.  Puestas a comparar, podemos hacerlo con nuestra vecina,  Francia, donde viajan unos 120 millones de viajeros anuales en una red de alta velocidad de 2000 kms aproximadamente, construida sobre las infraestructuras preexistentes, que admite el transporte de mercancías y la circulación de trenes convencionales con paradas intermedias.  Sin embargo,  y a pesar del aumento de viajeros de la Alta Velocidad española, ésta no supone más que entre un 5 y un 7% de los viajeros diarios. Y recibió en el año 2016 el 67 % de todo el presupuesto de ferrocarriles.

Este caso de la apuesta por el AVE, se puede comparar al reciente caso conocido de las enormes infraestructuras de depuración de aguas residuales en muchos pequeños municipios de Aragón donde la desproporción entre las necesidades reales y las infraestructuras planteadas por empresas constructoras, era de tal calibre, que han dejado unas deudas brutales e inasumibles, además de dejar en el territorio la huella de obras monstruosamente exageradas e infrautilizadas.

Y resaltar de nuevo, que la infraestructura ha elevado la deuda pública de las empresas Grupo Renfe y Adif, hasta unas cifras descomunales, estimadas en cerca de 20.000 millones de euros, que ha tenido un peso de impacto en la deuda pública, cercana al 100% del P.I.B. y que está costeando la ciudadanía en forma de recortes, expolio del patrimonio público e impuestos.  Si se apuesta por AVE, no hay dinero para más, no hay dinero para otra cosa, y el agujero negro generado es enorme. En los cercanías, como en el resto de la red convencional, las mejoras necesarias no han podido ser ejecutadas por falta de fondos ante la apuesta en exclusiva por el AVE.

Hemos de recuperar  la red de ferrocarriles que ya tuvimos en el siglo pasado, no hace tanto,  ampliándola para que cubra bien todo el territorio, pero jugando, en todo caso, y como alternativa eficiente, con trenes de velocidad alta (hasta unos 200 km/h) menos costosos y que  también ofrecen unas velocidades competitivas, pero no AVEs que, alcanzando mayores velocidades, dejan incomunicadas las ciudades intermedias por las que pasan.

Es injusto el estado de desvertebración que sufrimos  por esta causa, en términos de movilidad por tren,  porque a eso conduce  el modelo de movilidad que ha imperado en los últimos años y por la que han apostado los dos partidos hegemónicos hasta ahora, ( tanto PP como PSOE) con las líneas AVE frente a los ferrocarriles tradicionales.

Sabemos perfectamente que nuestra alternativa a la contaminación y al derroche pasa por transportes públicos, eficientes y limpios. Por eso la jugada a futuro, teniendo en cuenta que urge ir adoptando medidas de mitigación al Cambio Climático pasa por el Ferrocarril, pero uno que se ajuste a un diseño bien planificado, vertebrador, que solucione la movilidad de mercancías y de personas, que amplíe la red de ferrocarriles existente,  con el fin de cubrir todo el territorio con alternativas eficientes, menos costosas, mas democráticas, es decir, que sean asequibles para todos y no únicamente para los privilegiados, porque incluso a esos que se lo permiten les pagamos entre todos la mayor parte del coste real.

Importante resaltar que solo el 4% de las mercancías se transportan por ferrocarril, muy lejos de los porcentajes de la Unión Europea. Necesitamos con urgencia que esto cambie. Y que se contemple también como una prioridad irrenunciable, la construcción de los dos tramos del Corredor Mediterráneo que nos conecte por ferrocarril con el resto de Europa.

La gran dificultad que hoy por hoy, tiene el desarrollo de una buena vertebración territorial con ferrocarril está en la imprudente e irreflexiva apuesta de las administraciones, tanto central como autonómicas,  por el AVE.

Con todo, se constata tras todo el deterioro sufrido en los ferrocarriles en España en general, pero en Andalucía especialmente,  un rápido crecimiento de la resistencia social frente a los recortes ferroviarios: numerosas plataformas se están  activando y reivindicando el derecho a un transporte de calidad, eficiente, sostenible y para todas. Plataformas que quieren  evitar el cierre de  líneas, que demandan  mejor servicio o exigen la reapertura de líneas cerradas cuyo beneficio social es incuestionable. Por ello, en el 25 aniversario de la apertura de la primera línea entre Madrid y Sevilla, replanteemos la pertinencia de continuar por esta vía.

 

Cementeras: Quemar residuos y contaminar el aire… ¡Aspire! ¡Expire!

La actividad humana basada en una economía de crecimiento permanente y adicta al consumo de energía ha incrementado la concentración en la atmósfera de gases que son muy perjudiciales para la salud, como los óxidos de azufre, de nitrógeno, de carbono, CFCs… En todos los países existen unos límites impuestos a determinados contaminantes por su influencia en la salud de la población y en su bienestar.

Repasando algunos de esos contaminantes, tenemos los siguientes:

  • El monóxido de carbono que se produce por combustión incompleta en los motores de los coches. En áreas muy urbanizadas tiende a haber una concentración excesiva de este gas.
  • Por otro lado, la concentración de dióxido de carbono CO2 en la atmósfera está aumentando de forma constante debido al uso de carburantes fósiles como fuente de energía y es este el principal causante del incremento de la temperatura de la Tierra –efecto invernadero. La reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera permitiría que el ciclo del carbono alcanzara el equilibrio a través de los grandes sumideros de carbono, como el océano profundo y los sedimentos.
  • El monóxido de nitrógeno, gas incoloro y poco soluble en agua, se produce por la quema de combustibles fósiles en el transporte y la industria. Es además uno de los gases que producen lluvia ácida.
  • En cuanto al dióxido de azufre generado en la combustión del carbón también causa lluvia ácida. Los contaminantes pueden recorrer grandes distancias porque los vientos los trasladan miles de kilómetros antes de caer con el rocío o con la lluvia ácida. Los compuestos de azufre también atacan a los materiales de construcción, formando sustancias solubles en el agua y afectando a la integridad y la vida de los edificios y esculturas.
  • Además de los citados, hay que añadir otros compuestos nocivos que las actividades industriales o el transporte generan cada día.

Son muchos los estudios que han vinculado la contaminación del aire con afecciones a la salud, siendo ancianos y niños especialmente vulnerables. Esta preocupación ha generado Plataformas ciudadanas contra la incineración de residuos en aquellos lugares donde existen estas instalaciones. ¿Quién puede aceptar de buen grado, que coloquen cerca de su casa una instalación que queme residuos y ensucie el aire que respira, por mucho que garanticen el uso de filtros u otros mecanismos para minimizar efectos?

La directiva 2008/98/CE sobre residuos insta a los estados miembros a priorizar la prevención (aquello de que el mejor residuo es el que no se genera) y reutilización, fomentando un reciclado de alta calidad mediante la recogida selectiva de residuos. La jerarquía aprobada a nivel estatal y europeo en materia de residuos prioriza la reutilización y el reciclaje sobre la incineración.

La utilización de residuos como combustible incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes tóxicos. Sin embargo, son muchas las autorizaciones que se están concediendo a cementeras para dedicar sus plantas a la incineración de residuos.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático señala como medida para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector industrial la reutilización y reciclado de materiales y no su incineración. Este enfoque se mantiene en el texto de la Estrategia española de lucha frente al cambio climático. Dentro de la política comunitaria en materia de residuos, la jerarquía para la gestión es: prevención, reducción, reciclaje, valorización material, y como última opción, la incineración/eliminación. En este orden, y de acuerdo a la reciente postura de la Corte Europea de Justicia, la incineración –con o sin valorización energética– habrá de tener la misma consideración que la eliminación, es decir, la última opción en la jerarquía.

Pero parece que hacerse cargo de la gestión de residuos es una actividad económica muy rentable, y además las cementeras autorizadas negocian con la venta de emisiones de CO2.

Debe quedar claro que la incineración es una fuente de energía sucia e ineficiente. A pesar de que se quiere vender como energía limpia y parte de la transición energética, la incineración tiene unos niveles de aprovechamiento energético muy pobres. La poca producción energética de la incineración no compensa el ahorro energético que se conseguiría con la prevención, la reducción, la reutilización y el reciclaje.

Además, las industrias cementeras y las incineradoras reciben subvenciones fruto de los derechos de emisión de CO2, al considerarse falsamente que la quema de residuos es neutra ante el cambio climático, por lo que se les contabilizan menos emisiones de las reales.

En relación al chantaje que vienen realizando estas empresas con los puestos de trabajo, habría que aclarar que hay una serie de impactos socioeconómicos negativos generados por la incineración de residuos. La actividad agroalimentaria y el turismo son sectores muy sensibles a la contaminación atmosférica, pues causa daños en los cultivos que se traducen en una disminución del rendimiento y una mayor sensibilidad a plagas y enfermedades. Por otra parte, un territorio con contaminación del aire y acumulación de residuos tampoco es atractivo como lugar de ocio o turismo.

Más allá de los efectos directos de dioxinas y otros compuestos emitidos, hay preocupación con su bioacumulación en seres humanos como consecuencia de su persistencia por la ingestión de alimentos de origen animal contaminados. Por ello, hay estrictas normativas que limitan el contenido de estas sustancias tóxicas en los alimentos. La detección de producciones agrícolas contaminadas supone un duro golpe para el productor y su entorno. Por tanto, la sola posibilidad de deteriorar la calidad del aire tiene un impacto económico que no se suele valorar.

En relación al empleo se deberá contemplar el balance entre los puestos de trabajo mantenidos por cementeras y aquellos destruidos en otros sectores, como el agrícola. La incineración perjudica severamente al sector primario, a explotaciones agrarias y ganaderas, incidiendo negativamente en la calidad de su producción y en las posibles certificaciones de calidad. Se hipoteca así el futuro de las comarcas donde operan estas cementeras con autorizaciones para incinerar. Y en cuanto al empleo directo que se genera en estas plantas, baste decir que la incineración emplea a menos personas que las plantas de reciclaje.

Según la fundación Amigos de la Tierra si aumentásemos nuestra tasa de reciclaje, la UE podría crear para el año 2020 hasta 750.000 nuevos puestos de trabajo relacionados con el sector. Cada año, 5.250 millones de toneladas de residuos reciclables terminan en los vertederos e incineradoras europeas. Su reciclaje supondría evitar en la atmósfera aproximadamente 148 millones de toneladas de gases contaminantes. Además, por cada tonelada de residuos que se recicla, se multiplica por 10 la generación de empleos respecto al número de trabajos que se crearían si se incinera o envía a vertederos la misma cantidad de residuos.

Por tanto, el reciclaje además de ecológico y positivo para la naturaleza, puede ayudarnos a mejorar la economía (y más con el SDDR). Una razón más para que nos concienciemos de la necesidad de reciclar nuestros residuos en lugar de dejar que se les “valorice energéticamente” incinerándolos.

Necesitamos con urgencia un Plan de gestión de residuos sostenible y activo, en la búsqueda del residuo cero, que debería ser el objetivo principal hacia el que encaminarnos.

 

Artículo publicado originalmente en el El Blog Sostenible el 17/10/2016.

Mr. Fracking llama a la puerta… ¡no abras!

Nuestro incontenible consumo de energía y las insaciables petroquímicas amenazan la integridad y disponibilidad del suelo que pisamos, del agua que bebemos y del aire que respiramos en la propia puerta de nuestra casa. No exagero, simplemente constato lo que ciudadanos de comunidades rurales de países como Estados Unidos ya están sufriendo en su salud, en su entorno y en un sus economías locales. La causa de ese sufrimiento es la extracción de gas y petróleo mediante una técnica agresiva de fracturación hidráulica del subsuelo, conocida por el término inglés FRACKING .

Esta metodología consiste en perforar verticalmente de 3 a 4 km la corteza terrestre mediante pozos y una vez alcanzada la profundidad requerida inyectar líquido a presión para agrandar las micro-fracturas que existen en la roca y facilitar la liberación y salida del preciado hidrocarburo que pudieran contener. No es una técnica limpia y afecta negativamente recursos renovables como el suelo y el agua.

A pesar de ello, nuestro inefable ministro de Industria, D. José Manuel Soria, es un firme partidario de impulsar el fracking y respalda al sector petroquímico que se manifiesta tal que así: “Estamos instalados encima de un enorme recurso y debemos explotarlo. Los riesgos se pueden gestionar”.

Llama la atención y preocupa que hasta ellos mencionen esa palabra, riesgos. De todos modos, si alguien tiene alguna duda sobre la seriedad del asunto, puede probar una búsqueda en Google con “fracking” and “problem” y verá más de 42 millones de entradas. En Estados Unidos, más de 250 comunidades y el estado de Vermont han aprobado resoluciones para detener este tipo de explotaciones. Pero ahora, Mr. Fracking está llamando a la puerta de la vieja Europa y ¿qué está pasando? Francia y Bulgaria se han hecho las sordas pero Polonia, presurosa, ha cambiado su legislación ambiental para que la perforen más fácilmente. Desde principios de año, los ciudadanos polacos disfrutan de libertad para agujerear el subsuelo patrio hasta 5 km sin necesidad de estudio ambiental riguroso. Una Corporación canadiense que andaba con ganas de agujerear donde se lo permitiesen, a través de un responsable comentaba: “No conozco a nadie que haya perforado tan profundo”.

Este portavoz de la compañía canadiense es también director general en Polonia de dicha empresa, la cual tiene seis concesiones en ese país y tres en España (Burgos y Cantabria) para aplicar el fracking. Hablando claro, a pesar de la agresividad de la tecnología, el principio de precaución no se aplica y se reducen las exigencias y controles para aplicarla. Además, como la insensatez es el signo de estos tiempos, se cumple aquello de que nadie escarmienta en cabeza ajena y no se toman en consideración las consecuencias negativas que padecen los ciudadanos ya afectados, al otro lado del Atlántico.

Ante esta diversidad de respuestas en distintos estados Europeos, ¿hay algo que diga la Comisión? Más bien poco y malo, se ve que el presidente portugués y los 28 comisarios se han rebanado el cerebro inventando tecnologías para recortar gasto público y han quedado exhaustos a la hora de limitar el afán barrenador de estas pobres empresas. Sorprende y decepciona su propuesta sobre los requisitos medioambientales que debería tener el fracking. En lugar de regularlo, se limita a hacer recomendaciones, algunas tan genéricas como “evaluar cuidadosamente el impacto medioambiental y los riesgos”. Además, su retraso en publicar el marco regulador no se debe a las reticencias de la Comisión ante el fracking, sino a su dificultad para dar con la fórmula que permita impulsar la búsqueda del gas y, al mismo tiempo, calmar a los que sabemos que este tipo de explotación causa daños irreparables al subsuelo europeo y afecta negativamente a recursos más importante como el agua, el suelo y el aire. De momento, parece que la directiva requerirá el estudio de impacto medioambiental para la extracción del gas, pero no para la exploración. Pero resulta que, a veces, se utilizan las mismas técnicas en las dos fases.

Por tanto, esto es francamente insuficiente y hay que buscar medidas legislativas en niveles de gestión distintos como el estatal, el autonómico y el local para impedir la visita de Mr. Fracking a nuestro subsuelo.

De la administración central podemos esperar poco, al menos en esta legislatura. Ya sabemos cómo el Sr. Soria entiende la cuestión energética y cómo su compañero de gobierno, el ministro Sr Cañete, se está ocupando de relajar aquí y allá la legislación ambiental. Sin duda, lo más alentador, son las iniciativas que se puedan tomar a nivel autonómico a pesar de que la competencia para extraer recursos del suelo es estatal. La esperanza está en seguir el camino de Cataluña, donde la limitación que ha impuesto la Generalitat a esta práctica se ha sustanciado en la Ley de Acompañamiento de Presupuestos. En concreto, se incluyó una modificación de la normativa sobre urbanismo que señala que no está “permitido utilizar la tecnología de la fracturación hidráulica cuando pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas”.

Es probable que la iniciativa del Gobierno catalán no responda a convicciones medioambientales, sino más bien a consideraciones económicas, por su falta de rentabilidad tras evaluar las potencialidades de su suelo, pero muestra el camino a seguir; y no estaría mal que la Junta de Andalucía busque también su camino para declararse “libre de Fracking”.

Encontrar ese camino en el marco institucional actual no es fácil porque afecta dos derechos constitucionales como son el de libertad de empresa y el derecho a un medio ambiente adecuado. Pero, sin duda, los ciudadanos también somos actores en esta película. Se siguen extrayendo hidrocarburos y produciendo combustibles a partir de recursos fósiles porque seguimos consumiendo mucha energía de fuentes no renovables. Ocurre lo mismo que cuando abrimos el grifo y el agua corre sin que nosotros nos paremos a valorar lo importante que es. Así que, mientras los responsables de las políticas andaluzas no se pongan a ello, ¡Cierra el grifo y no abras la puerta al fracking!

 

Artículo publicado originalmente en la Revista El Observador el 14/02/2014.

La laguna de Soliva entre la reseca especulación y el bienestar ciudadano

Gestión y conservación de espacios naturalizados en Málaga. La laguna de Soliva entre la reseca especulación y el bienestar ciudadano

VALGAN como ejemplos de espacios naturalizados en nuestra ciudad la laguna de la Barrera en Colonia Santa Inés y, especialmente, la laguna recientemente aparecida en terrenos de la barriada de Soliva que está siendo desecada por mostrar las autoridades mayor interés en la especulación urbanística que en el bienestar de vecinos y usuarios de zonas verdes y naturales.

LAS aguas subterráneas próximas a la superficie tienen mucha importancia para los ecosistemas terrestres al ayudar a mantener el caudal de los ríos o el suelo húmedo en épocas de ausencia de lluvia, por citar solo dos ejemplos del interés de su conservación. A pesar de su importancia, poco se sabe de la distribución de la capa freática, franja que separa el suelo oxigenado, próximo a la superficie del terreno, de los acuíferos. Lo que se sabe a ciencia cierta es que, el nivel freático en estas zonas mencionadas y otras de la ciudad de Málaga es bastante somero, lo que se evidencia en la facilidad con que afloran las aguas subterráneas al extraer tierras y áridos para la construcción o, como en el caso de la Colonia Santa Inés arcillas para la industria cerámica.

ESTE desconocimiento del gran interés que tendría la conservación de láminas de agua afloradas, en el caso de la ciudad de Málaga, ha dado lugar a que actuaciones urbanas como la realizada en la reciente barriada de Soliva se haya traducido en un afloramiento de agua despreciado por su origen no natural. A la pregunta de qué hacer ahora, parece que la constructora propietaria responde con la desecación. Seguramente el motivo es preparar el terreno para presuntos usos constructivos, carentes de sentido en la actualidad, pero con un claro sentido de evitar la “re-valorización” natural que pudiera añadir presión ciudadana en el futuro. Y, por otro lado, las autoridades no se han hecho eco de la petición vecinal por desconocimiento, a su vez, del valor de una conservación como la planteada aquí. Su defensa y preservación se disculpa por tratarse de zonas de influencia urbana a las que se les presume una vocación artificial dominada por el asfalto y los suelos impermeabilizados, en general.

ESTA asunción debería cambiar, toda vez que las áreas metropolitanas al extenderse de forma imparable sobre el territorio engullen suelos con otras vocaciones y usos previos. Tenemos, por tanto, dos importantes recursos afectados el suelo y el agua, cuyas tasas de renovación están siendo cada vez más limitadas.

EN el caso de Soliva, se ha forzado un afloramiento de agua por la extracción de material y la presencia de una capa freática relativamente superficial. Una vez que esto ocurre y la propia dinámica natural genera un espacio naturalizado, que incluye una lámina de agua con flora y fauna asociadas, no se puede argüir que no estaba antes ahí y por ello no tiene valor, ni merece ser conservado y disfrutado por los ciudadanos del entorno.

ME parece necesario repensar la forma de gestionar esas zonas naturalizadas y ser muy cuidadosos a la hora de seguir aplicando un plan de ordenamiento urbano sin más. También las administraciones debieran ser más sensibles y repensar la gestión ambiental en ambientes urbanos donde la espontaneidad de lo natural debe mantenerse en alguna medida porque sobre ello descansan servicios ecosistémicos de los que no debemos prescindir.

RECIENTES estudios publicados en la revista Science nos informan de que entre el 22 y el 32 por ciento de la superficie emergida global se encuentra influida por una capa freática poco profunda, incluyendo aproximadamente el 15 por ciento de zonas con agua superficial alimentada por las aguas subterráneas, y entre un 7 y un 17 por ciento de áreas con la capa freática accesible a las raíces de las plantas. Cuando esta capa es poco profunda interactúa de diversas maneras con las zonas superficiales: proporcionando agua a ríos y lagos y manteniendo ecosistemas acuáticos en períodos secos. Asimismo, impide el drenaje del terreno y crea las condiciones de suelo saturado que caracterizan a los humedales, e incluso proporcionan agua a las plantas para la fotosíntesis en condiciones de sequía. Las implicaciones de un mejor conocimiento en torno a la capa freática son múltiples, y, entre ellas se podría mencionar la mejora en el microclima del entorno y sus beneficios asociados. Por eso sería deseable que los responsables de gestionar los entornos urbanos fuesen conscientes de todas estas cuestiones. Que las tuviesen en cuenta a la hora de planificar los desarrollos urbanísticos sobre estas masas de agua que aportan un valor añadido a los terrenos sobre los que aparecen.

 

Artículo publicado originalmente en la Revista El Observador el 04/03/2013.