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Málaga: Baños del Carmen para todos… ¿o no?

Las costas de la provincia continúan siendo desnaturalizadas con hormigón y edificaciones. El ayuntamiento de Málaga edifica “chiringuitos” en serie con materiales de obra, en el paseo marítimo. En la misma línea de gestión, la Demarcación de Costas de Andalucía Oriental asume que la recarga periódica de arena y la compartimentación de la costa representa el tratamiento habitual, poniendo una alfombra de arena al pie de las edificaciones, asumiéndolo como un coste ambiental y un gasto económico de mantenimiento de la industria turística.

Y los Baños del Carmen no son ajenos a este estado de cosas. Diversos proyectos, anunciados sucesivamente, siempre incluían la regeneración del litoral, un parque, la ampliación de la playa actual y la creación de otra junto a Pedregalejo. Siempre se había contemplado la rehabilitación del antiguo balneario. Y es responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente, de la Demarcación de Costas, y de la administración local, asegurar la función pública y lúdica de la playa, porque sigue siendo lugar de encuentro ciudadano.

A principios de 2013, se anunció que el proyecto público anterior era inviable por falta de fondos, y la única opción para la recuperación y mantenimiento de dicho enclave pasaba por propiciar que la iniciativa privada “rentabilizase” económicamente la defensa de un patrimonio que, aparentemente, seguiría siendo público. El plan era muy parecido a lo que demandaba la ciudadanía y, había sido rechazado repetidas veces por diversos motivos “insuperables”, bien topográficos, bien urbanísticos. Diversas entidades, habían solicitado un concurso de ideas y un tiempo prudencial de reflexión antes de iniciar ningún proyecto.

En las propuestas institucionales se asume que es suelo urbano, y se trata como tal, aunque es evidente que es una playa, lo que debería garantizarle un trato diferente. Pareciera que, las administraciones, no concibieran para el disfrute de los ciudadanos otra cosa que paseos marítimos duros, escolleras y arena de reposición para regenerar este tipo de enclaves. Sin embargo, no a todos los ciudadanos nos gustan los proyectos que abusan del cemento y que además no cuentan con nuestra participación.

La Plataforma Ciudadana en defensa de los Baños del Carmen presentó una propuesta, allá por el mes de febrero, que, ajustándose a los criterios legales, de planeamiento del PGOU y del proyecto aprobado por Costas en 2010, evitaba los mayores desaguisados que se proponían en anteriores proyectos. Sirvan como ejemplos, atravesar todo el parque proyectado con un paseo hormigonado, la construcción de nuevos edificios en el interior del enclave y la nula preservación de buena parte de la flora actual, incrementando aún mas el empleo de flora alóctona.

Ahora, con este traspaso de la concesión, el alcalde De la Torre afirma que, aunque es una cuestión que depende de la Dirección General de Costas, es “positivo” que “la colaboración público-privada pueda dar respuesta al déficit de rehabilitación que tienen los Baños del Carmen, tanto en la parte de tierra como en la playa”. Pero si la Plataforma ciudadana en defensa de los Baños del Carmen ya había presentado al ayuntamiento “su proyecto” y éste aún no se había evaluado, que se sepa, al menos no se ha publicado nada al respecto, caben hacerse las siguientes preguntas:

  1. ¿Por qué se trasfiere una concesión, de un grupo a otro, de empresarios, sean éstos quienes sean?
  2. ¿Por qué tiene que valer el argumento de que debe haber un “margen de desarrollo económico”, en palabras del alcalde?
  3. ¿Por qué privado?

El desarrollo puede muy bien ser lúdico y colectivo, y la gestión pública y/o ciudadana. Quizá, la razón radica en el hecho de que los presupuestos generales para 2015 no contemplan ninguna partida para este fin. Así, se entiende que finalmente, se haya optado por lo que no tenga coste para las arcas municipales, despreciando el esfuerzo de un grupo de ciudadanos creativos y comprometidos con su entorno. ¡Una verdadera lástima! ¡Veremos cómo sigue la historia!

Artículo publicado originalmente en el El Blog Sostenible el 06/10/2014.

 

 

El Jeque, el Ayuntamiento de Málaga y el interés general en Arraijanal

Las fotos, tanto aéreas como en vistas desde el mar o desde tierra muestran a las claras que, sin ser, por extensión o conservación, nada espectacular, la zona de Arraijanal (Málaga) presenta la “peculiaridad” de ser ya de losúltimos tramos sin encementar del litoral metropolitano malagueño. Pues bien, esa sola consideración ya debería tenerla en cuenta el consistorio malagueño a la hora de tomar decisiones respecto al futuro de la zona. Si además añadimos el interés arqueológico de la zona, más aún.

No hay que olvidar que, Alicante, Málaga, Valencia y Barcelona son las ciudades litorales de nuestro país que más han construido en su costa. En la declaración de impacto ambiental de la revisión/adaptación que se hizo sobre el PGOU de Málaga, se señalaba que la playa y el arenal litoral de la finca Arraijanal es  el último tramo de playa no urbanizada del municipio de Málaga, conservando importantes rasgos ecológicos naturales, lo que hace de este espacio, un lugar único y singular a la escala no sólo de la ciudad, sino de la aglomeración urbana de Málaga.

Arraijanal representa un espacio litoral no urbanizado, y eso, en la costa malagueña, donde, descontando las desembocaduras de los cursos fluviales, y parajes protegidos, está urbanizada y hormigonada casi en un 80%. Es un valor a proteger.

Según el portavoz popular del Ayuntamiento, ejecutar el proyecto propuesto por el jeque que preside el club de Martiricos  “podría suponer” una inversión próxima a los 20 millones de euros por parte del club de fútbol del Málaga, con los que ejecutaría una decena de campos de fútbol e instalaciones complementarias en una superficie reservada de unos 100.000 metros cuadrados en Arraijanal, y, siempre desde la perspectiva del grupo de gobierno municipal:  “Es una manera de defender el interés general de la operación”. Lo que no nos dice es cuanto suelo se impermeabilizará más -lo que equivale a matarlo-, y ¿cuánta costa sin urbanizar nos quedará como patrimonio natural? Desde luego, no parece que eso sea defender el  “interés general”.

A poca distancia de estos terrenos, al otro lado de Guadalmar y de la desembocadura del Guadalhorce, la ciudad ya dispone de terrenos donde la concentración de instalaciones deportivas es alta: Pabellón Martín Carpena, estadio de Atletismo, macrocentro acuático bautizado como Inacua, donde también hay gimnasios y espacios para fitness  y otras actividades deportivas… Además, quedan allí terrenos que se podrían dedicar a estos fines futbolísticos, como es el caso de las instalaciones que mantiene LIMASA en el camino de la Térmica u otros terrenos adyacentes no ocupados aún y cercanos a la zona de playa. Tal ubicación ya ha quedado rodeada  por el crecimiento residencial de la ciudad hacia el oeste y por tanto no tiene el interés de conservación que sí presenta Arraijanal. No sé si sería de interés para el jeque, pero desde luego, sí convendría más al interés general.

Esos terrenos, solo por poner un ejemplo de ubicaciones alternativas, nos ofrecerían una estupenda ciudad deportiva. Y permitiría aliviar la presión, ya bastante alta sobre el litoral metropolitano, al menos en esa pequeña zona al poniente del monumento de la desembocadura del río Guadalhorce.  No conozco el motivo que tiene el jeque para preferir  la ubicación de Arraijanal, pero desde luego, el interés general no es  colmar las apetencias de éste. Cuando  menos,  se debería  minimizar la afectación al territorio que nos queda en el litoral y ofrecer a Abdulá Al Thani otra ubicación más  acorde al “interés general”.  Sin embargo, es el Ayuntamiento de Málaga el que se mueve, para obtener una  parcela privada (más digna de ser protegida que impermeabilizada), que  será cedida a otro privado para que construya un equipamiento privado.

Para los técnicos especialistas en Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Arraijanal alberga comunidades vegetales incluidas en la Directiva Europea de Hábitats. Además, cumple una importante función de colchón amortiguador de impactos hacia el Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce. Además, se han encontrado restos arqueológicos de interés, que habrían de conservarse en el mismo lugar.

Vecinos de la zona,  movimientos sociales y partidos como EQUO Málaga, apoyan la creación del parque marítimo terrestre y arqueológico de Arraijanal, que se recuperen las ruinas de un antiguo puerto pesquero romano y se conecte con el paraje natural de la desembocadura del Guadalhorce y el antiguo campamento Benítez, recuperando el yacimiento fenicio del Cerro del Villar.

Ese sería un futuro para el espacio litoral de Arrajainal más acorde al interés general.

Artículo publicado originalmente en el El Blog Sostenible el 12/09/2014.

 

 

Agroecología: construir alternativas locales a la Agroindustria. Soberanía Alimentaria

Se suceden, desde hace un tiempo, a lo largo de nuestra geografía, jornadas, encuentros, talleres… que buscan la sensibilización y divulgación de lo relacionado con la producción y consumo responsable, ecológico, justo o equitativo y que disminuya nuestra desbocada huella ecológica. Ello es así porque cada vez tenemos más conciencia del deterioro que sufren los sistemas agrarios de los que depende nuestro sustento y cada vez es más palpable la forma depredadora en que se ha tratado el mundo rural que nos provee de alimento. Las tierras agrícolas se han usado de forma depredadora y gratuita y se han vertido toda clase de deshechos y contaminación, pues había “mucha biosfera” disponible para ser engullida por el metabolismo urbano-agro-industrial. Pero el declive energético fósil hará imposible “ampliar” los límites ecológicos globales, ya rebasados en cuanto a biocapacidad planetaria (gracias a los combustibles fósiles).

Artículo publicado originalmente en el El Blog Sostenible el 03/10/2013.

 

 

No hay PAC para señoritos

El pasado 28 de Marzo, eldiario.es titulaba: La UE reparte 250 millones en subvenciones agrícolas entre 60 ricos españoles. Las redes, la prensa y las tertulias se incendiaron. Y es normal: la Política Agrícola Común (PAC) no tendría que ser el reparto de un botín, aún menos entre algunas grandes familias y terratenientes más adinerados. Al contrario, la PAC debería ir encaminada a promover la agricultura de los pequeños y medianos productores que trabajan, viven en y cuidan el campo, y fomentan la agroecología, los bienes comunes y la soberanía alimentaria.

Artículo elaborado conjuntamente con Florent Marcellesi, portavoz de EQUO en el parlamento europeo, publicado originalmente en el eldiario.es 13/04/2016.

Imagen de Rula Sibai

 

 

DOÑANA en el punto de mira: Demasiadas agresiones a nuestro Parque Nacional

El Parque Nacional de Doñana es un mosaico de ecosistemas que albergan una biodiversidad única en Europa. Especialmente vulnerable y frágil es la marisma, de extraordinaria importancia como lugar de paso, cría y refugio de miles de aves europeas y africanas. En el Parque viven especies únicas y en serio peligro de extinción, como el águila imperial ibérica y el lince ibérico.

En Doñana confluyen un conjunto de ecosistemas (playas, dunas, cotos, marismas…) que le dotan de una personalidad única. Sus tierras son ricas y fértiles, ya que la marea deposita sedimentos que enriquecen sus suelos. Las marismas cumplen también importantes funciones, como la de amortiguar y minimizar las corrientes marinas cuando hay mucho viento o tormentas.

Al principal río que la baña, el Guadalquivir, también le llegan amenazas que comprometen la conservación de Doñana, en forma de vertidos contaminantes, desviación de sus aguas mediante trasvases y otras alteraciones como el dragado que, de llevarse a cabo, destrozaría el lecho del río. Y cuando se pone en peligro la marisma, se ponen en peligro ecosistemas muy valiosos y necesarios para gran cantidad de especies de fauna y flora, pero no solo para ellas, también para los pueblos de la zona que tienen en la existencia del humedal su mayor riqueza. Por tanto, debería quedar claro su relevancia y la necesidad de mantener su integridad.

Siendo el más emblemático de nuestros parques nacionales, sin embargo vive acosadopermanentemente por todo tipo de proyectos, como:

  • la extracción de hidrocarburos,
  • la extracción —más allá de lo razonable— de agua del acuífero que es el corazón de la marisma,
  • la contaminación de esas aguas con pesticidas y productos usados en la agricultura intensiva que lo cercan,
  • el proyecto de dragado del río Guadalquivir, que arrasaría donde desemboca,
  • las amenazas de fracking y de sondeos incontrolados,
  • las presiones urbanísticas que no cesan,
  • las exigencias que vuelven, una y otra vez repetidas, de carreteras que atraviesen el parque,
  • o el impacto de los rocieros.

 

Artículo publicado originalmente en el El Blog Sostenible el 19/09/2016.

Transgénicos y riesgos en la alimentación mundial

Los derechos de propiedad intelectual que se aplican sobre estos organismos modificados suponen también una limitación al uso y gestión de recursos naturales necesarios para la producción de alimentos, con lo que la distorsión es más que evidente.

La ciencia es un sistema poderoso de generación de conocimiento del que derivan productos y servicios tecnológicos que actúan en nuestras vidas. Sin embargo, y, a pesar de lo que muchos piensan y defienden, no es neutral, y no lo es porque no lo es su financiación, ni los objetivos que se persiguen cuando se diseñan determinados experimentos y no otros, o las reglas que operan en el traslado de los resultados de investigación a los procesos productivos y su posterior comercialización, o la aplicación de derechos de propiedad intelectual, como las patentes.

Durante un tiempo, cuando aún no se tenía la suficiente experiencia en el cultivo de plantas transgénicas, la posición frente a ellas en agricultura se apoyaba en aplicar el principio de precaución. Transcurrido el tiempo, es cada vez más evidente lo que está suponiendo su cultivo, por ello ya no es tan necesario acudir a ese principio, sino analizar las consecuencias de su uso, los efectos socio-ambientales que ha conllevado y a quienes beneficia económicamente.

La producción agrícola con plantas transgénicas está fuertemente orientada hacia un modelo de producción agrícola industrial regido por un mercado global donde los productos agrícolas y sus transformaciones primarias viajan miles de kilómetros desde sus lugares de producción a sus lugares de consumo, lo que no es sostenible. Entre otros motivos, por la huella de carbono, cuyo coste económico y ambiental no computa pero pagamos todos. Grandes superficies de cultivo a nivel mundial y dependientes de gran cantidad de insumos, en la mayoría de los casos monocultivos, que tienen más valor de mercado. Se estima que la inversión necesaria para poner una planta transgénica en cultivo comercial supone 136 millones de dólares y unos 13 años.

Son varios los cultivos transgénicos que llevan tiempo en producción, como el cultivo de la soja. Los principales productores de este cultivo, considerado paradójicamente el oro verde, son EEUU, Brasil y Argentina y el porcentaje de plantación proveniente de semilla transgénica es del 90% o superior. El 75% de la producción mundial se dedica al forraje animal, a pesar que se sabe que las dietas basadas en ingesta de proteína animal no son sostenibles, por la huella hídrica y el uso de suelo requerido por caloría consumida.

Este modelo está favoreciendo la destrucción de grandes superficies del Bosque Atlántico y de la Amazonía brasileña y ha dado lugar a lo que en Argentina se conoce como la «Sojización del Agro Pampeano». La intensificación de su cultivo ha producido deterioro de suelos, disminución de la cantidad y calidad del agua y efectos negativos evidentes en la biodiversidad. Ninguno de estos efectos es sostenible ni asumible a largo plazo.

Han aparecido plantas (que no malezas) resistentes al glifosato y se han desarrollado variedades transgénicas con resistencias a más de un herbicida. Usar dos herbicidas es menos sostenible que usar uno solo. Por cierto, esa unicidad era una de las razones que justificaba la primera generación de soja transgénica junto a la discutida benignidad del glifosato en comparación con otros herbicidas más tóxicos.

En el informe de 2014 sobre la Situación mundial de los cultivos biotecnológicos las conclusiones que se extraen, responden, más o menos, al siguiente argumento: cultivar plantas transgénicas es más sostenible ya que al ser su rendimiento medio por superficie mayor, el cultivo requiere menor superficie de suelo, se usa y deteriora menos agua, se afecta negativamente menos la biodiversidad y se usan menos insumos que si se produjese una cantidad similar de cosecha con agricultura convencional. Así, según este punto de vista, estos cultivos contribuyen a una intensificación sostenible que salva bosques y conserva la biodiversidad. Pero la realidad no es ésta, por mucho que insistan en venderla así.

La industria que opera con los OGM no está realmente interesada en resolver las causas del problema alimentario que afrontamos por el crecimiento de la población, ni tampoco en la sostenibilidad ambiental y social de la agricultura, sino en demostrar cómo sus productos (las semillas híbridas y transgénicas más los insumos asociados) son menos malos que lo que hay.

Si consideramos cuestiones socioeconómicas, y también en el caso de la soja, se constata que las explotaciones dedicadas a su producción, en Norte y Sudamérica, son mayoritariamente de escala industrial.

Lo que propicia una concentración de la tierra en menos manos. Esto ha desplazado a los pequeños y medianos propietarios, que trabajan extensiones de tierra por debajo de las 100 hectáreas, en favor de los que disponen de más de 1000. En relación al empleo, en algunas regiones argentinas se ha estimado que la conversión a la soja ha destruido cuatro de cada cinco trabajos agrícolas (ver informe 2014 de WWF “El crecimiento de la soja, impacto y soluciones”).

La lógica entonces nos invita a pensar que los transgénicos no son el principal problema, lo son quienes ostentan el control de su uso y hacen negocios con los OGM. Vuelvo con ello a la reflexión inicial de que la investigación científica, sea en transgénicos o en otros campos, no es ni neutral ni inocua. El poder del oligopolio que concentra la producción de material vegetal de reproducción es grande, y se ha dotado de un sistema de patentes que rige y controla la industria biotecnológica. Tras de lo cual, los diferentes tratados comerciales firmados al amparo del proceso de globalización desde los 90 del siglo pasado hasta la actualidad han hecho el resto.

Un ejemplo ilustrativo: Si decidiera algún investigador, por su cuenta, poner a disposición del mundo, plantones de alguna planta transgénica con frutos mejorados, sería muy improbable que lo consiguiera. La razón es haber empleado para desarrollarlo, métodos y materiales que otros han patentado internacionalmente y que, aun permitiéndose la investigación y publicación, al querer producir, aparecerá la reclamación de los derechos de propiedad. Habría que negociar y pagar a obtentores de varias patentes, desde las metodológicas hasta las que tienen que ver con el empleo de los genes.

Existen patentes del uso de todas las aplicaciones prácticas conocidas.

Es realmente preocupante el hecho de que se haya permitido patentar semillas como si fueran un invento, una nueva máquina. Las semillas cultivadas, además de seres vivos, son un recurso renovable, como el agua y el suelo. Los tres son imprescindibles para la producción de alimentos. Y además son patrimonio de todos, las semillas cultivadas encajan en la categoría de los bienes comunes, como nos enseñó la premio Nobel de Economía 2009, Elinor Oström. No son ni del estado ni del mercado, su custodia es de las personas que han sido, son y serán.

Tienen en común con el agua, que son un recurso que fluye en el tiempo y en el espacio. En el caso de las semillas agrícolas, algunas cultivadas miles de años por generaciones de campesinos, la diversidad de especies y variedades disponibles ha resultado de las decisiones de los agricultores al seleccionar semillas para el siguiente cultivo, además de cruces genéticos fortuitos, de los procesos de adaptación de los cultivos a manejos y condiciones ambientales locales, intercambios, etc.

Esta agro-biodiversidad está en grave peligro por un efecto colateral de la revolución verde del siglo pasado, que concentró sus esfuerzos en muy pocos cultivos y variedades que desplazaron muchas especies y variedades tradicionales al ser menos productivas cuando los insumos no son limitantes o por no tener mercado suficiente.

No parece que una agricultura biotecnológica con empresas que defienden que las semillas son suyas y sólo suyas por el mero hecho de haber implementado una mejora biotecnológica en variedades o cruces de variedades previamente existentes, contribuya a frenar esta erosión genética. De hecho, la acelera y es vergonzoso y siniestro que los agricultores puedan ser perseguidos legalmente si usan estas semillas más de una cosecha porque incumplirían los compromisos contractuales que se ven obligados a firmar para adquirirlas. Semejante actitud empresarial pone de manifiesto que las multinacionales ven a las semillas, transgénicas o no, como un producto de un solo uso que hay que volver a comprar cosecha tras cosecha, exactamente lo mismo que el glifosato.

Algo que está en profunda contradicción con la propia naturaleza biológica de las semillas y con el derecho de las personas a acceder a los recursos naturales. Cobrar regalías durante un tiempo razonable por un desarrollo tecnológico que suponga una mejora de unas semillas cultivadas, o sea, pagar por ese servicio, se podría entender. Sin embargo, permitir la patente de semillas es propiciar que una entidad privada con ánimo de lucro se apropie de un bien común al que tenemos derecho de acceso y custodia, todos. Estas patentes de semillas transgénicas son un precedente negativo, que junto a la comercialización de híbridos y la promoción de marcos normativos que limitan el uso comercial de la auto-producción de semillas, van en la dirección de traspasar a las manos de unas pocas empresas el control de este recurso estratégico del que depende la alimentación presente y futura.

La tercera revolución verde de la que escribió el profesor García Olmedo a finales del siglo XX ha potenciado los defectos de la segunda revolución. No ha contribuido a cambiar cultivos y modos de producción que no respetan los límites de crecimiento del planeta,

El debate se mueve del agro-negocio a la agro-subsistencia y la pregunta es ¿quién le da de comer al mundo?

Según estimaciones contenidas en informe de la FAO y basadas en datos obtenidos en 30 países, la alimentación mundial se sostiene a expensas de unos 570 millones de explotaciones, de las cuales un 80% son pequeñas granjas familiares que producen el 80% de la producción mundial. Otra estimación más reciente basada en una aproximación metodológica diferente que incluye a 105 países, estima que el 93% de las explotaciones agrícolas mundiales son fincas familiares y suponen el 53% de la tierra dedicada a producir alimentos. Hay evidencia empírica de que las explotaciones pequeñas producen más por hectárea que las de mayor superficie.

También son diversas las especies cultivadas y los tipos de manejo. El destino de su producción puede ser la subsistencia pero también, de forma complementaria o principalmente, el mercado local. Lo que también va en la dirección de otro de los retos que debemos conseguir que es re-localizar la producción de alimentos.

Esta re-localización supone mayor seguridad alimentaria (objetivo ONU-FAO) y también más soberanía alimentaria, algo reivindicado por movimientos de agricultores internacionales como Vía Campesina.

Los poderes públicos y las instituciones internacionales deben diseñar políticas que aseguren la conservación y la potenciación de las explotaciones familiares mediante marcos normativos que las favorezcan y dedicando recursos de I+D a mejorar su gestión. Brasil cuenta con un modelo bicéfalo, por un lado el modelo industrial con cultivos transgénicos pero también ha potenciado su agricultura local que está dirigida al mercado local y que supone, según datos del 2009, un 70% del consumo doméstico de alimentos en el país.

Hay una agricultura empresarial donde la producción es considerada un producto industrial más de los mercados globales y otra agricultura que produce localmente alimentos y no debe estar reñida con que los agricultores puedan ganarse su vida dignamente ejerciéndola. Esa agricultura es fundamental porque da de comer a la gente más pobre, está localizada, es más resiliente y eficiente termodinámicamente al consumir menos energía por caloría de alimento producido.

Las tecnologías no son buenas ni malas, más bien tienen riesgos y ventajas que dependen de su modo de utilización y de a quienes beneficia. Por cuestiones de mercado y modelo de negocio, las semillas transgénicas requieren para ser económicamente rentables cultivos que ocupen grandes superficies. En este contexto, son una pieza más de un modelo de producción agrícola de tipo industrial concentrado en pocas manos. Este modelo de producción de alimentos es deslocalizado, muy dependiente de insumos y energía y en él prima el condicionante económico. Como efecto colateral, desvaloriza económicamente y desplaza otros modelos de producción, desarrollados en pequeñas explotaciones, más diversas y más sostenibles social y ambientalmente cuya producción y consumo de alimentos está localizada.

Estos modelos de producción de alimentos familiares contribuyen en la actualidad más a la alimentación mundial con menos consumo de energía fósil; y pueden ser determinantes para superar los retos que enfrentará la alimentación en los próximos decenios. Por ello deben ser potenciados y protegidos frente a aquellos intereses que priman una visión economicista, como los que están detrás del uso de plantas transgénicas en la agricultura actualmente.

 

Artículo publicado originalmente en el Diario Responsable el 26/06/2016.