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Cementeras: Quemar residuos y contaminar el aire… ¡Aspire! ¡Expire!

La actividad humana basada en una economía de crecimiento permanente y adicta al consumo de energía ha incrementado la concentración en la atmósfera de gases que son muy perjudiciales para la salud, como los óxidos de azufre, de nitrógeno, de carbono, CFCs… En todos los países existen unos límites impuestos a determinados contaminantes por su influencia en la salud de la población y en su bienestar.

Repasando algunos de esos contaminantes, tenemos los siguientes:

  • El monóxido de carbono que se produce por combustión incompleta en los motores de los coches. En áreas muy urbanizadas tiende a haber una concentración excesiva de este gas.
  • Por otro lado, la concentración de dióxido de carbono CO2 en la atmósfera está aumentando de forma constante debido al uso de carburantes fósiles como fuente de energía y es este el principal causante del incremento de la temperatura de la Tierra –efecto invernadero. La reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera permitiría que el ciclo del carbono alcanzara el equilibrio a través de los grandes sumideros de carbono, como el océano profundo y los sedimentos.
  • El monóxido de nitrógeno, gas incoloro y poco soluble en agua, se produce por la quema de combustibles fósiles en el transporte y la industria. Es además uno de los gases que producen lluvia ácida.
  • En cuanto al dióxido de azufre generado en la combustión del carbón también causa lluvia ácida. Los contaminantes pueden recorrer grandes distancias porque los vientos los trasladan miles de kilómetros antes de caer con el rocío o con la lluvia ácida. Los compuestos de azufre también atacan a los materiales de construcción, formando sustancias solubles en el agua y afectando a la integridad y la vida de los edificios y esculturas.
  • Además de los citados, hay que añadir otros compuestos nocivos que las actividades industriales o el transporte generan cada día.

Son muchos los estudios que han vinculado la contaminación del aire con afecciones a la salud, siendo ancianos y niños especialmente vulnerables. Esta preocupación ha generado Plataformas ciudadanas contra la incineración de residuos en aquellos lugares donde existen estas instalaciones. ¿Quién puede aceptar de buen grado, que coloquen cerca de su casa una instalación que queme residuos y ensucie el aire que respira, por mucho que garanticen el uso de filtros u otros mecanismos para minimizar efectos?

La directiva 2008/98/CE sobre residuos insta a los estados miembros a priorizar la prevención (aquello de que el mejor residuo es el que no se genera) y reutilización, fomentando un reciclado de alta calidad mediante la recogida selectiva de residuos. La jerarquía aprobada a nivel estatal y europeo en materia de residuos prioriza la reutilización y el reciclaje sobre la incineración.

La utilización de residuos como combustible incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes tóxicos. Sin embargo, son muchas las autorizaciones que se están concediendo a cementeras para dedicar sus plantas a la incineración de residuos.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático señala como medida para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector industrial la reutilización y reciclado de materiales y no su incineración. Este enfoque se mantiene en el texto de la Estrategia española de lucha frente al cambio climático. Dentro de la política comunitaria en materia de residuos, la jerarquía para la gestión es: prevención, reducción, reciclaje, valorización material, y como última opción, la incineración/eliminación. En este orden, y de acuerdo a la reciente postura de la Corte Europea de Justicia, la incineración –con o sin valorización energética– habrá de tener la misma consideración que la eliminación, es decir, la última opción en la jerarquía.

Pero parece que hacerse cargo de la gestión de residuos es una actividad económica muy rentable, y además las cementeras autorizadas negocian con la venta de emisiones de CO2.

Debe quedar claro que la incineración es una fuente de energía sucia e ineficiente. A pesar de que se quiere vender como energía limpia y parte de la transición energética, la incineración tiene unos niveles de aprovechamiento energético muy pobres. La poca producción energética de la incineración no compensa el ahorro energético que se conseguiría con la prevención, la reducción, la reutilización y el reciclaje.

Además, las industrias cementeras y las incineradoras reciben subvenciones fruto de los derechos de emisión de CO2, al considerarse falsamente que la quema de residuos es neutra ante el cambio climático, por lo que se les contabilizan menos emisiones de las reales.

En relación al chantaje que vienen realizando estas empresas con los puestos de trabajo, habría que aclarar que hay una serie de impactos socioeconómicos negativos generados por la incineración de residuos. La actividad agroalimentaria y el turismo son sectores muy sensibles a la contaminación atmosférica, pues causa daños en los cultivos que se traducen en una disminución del rendimiento y una mayor sensibilidad a plagas y enfermedades. Por otra parte, un territorio con contaminación del aire y acumulación de residuos tampoco es atractivo como lugar de ocio o turismo.

Más allá de los efectos directos de dioxinas y otros compuestos emitidos, hay preocupación con su bioacumulación en seres humanos como consecuencia de su persistencia por la ingestión de alimentos de origen animal contaminados. Por ello, hay estrictas normativas que limitan el contenido de estas sustancias tóxicas en los alimentos. La detección de producciones agrícolas contaminadas supone un duro golpe para el productor y su entorno. Por tanto, la sola posibilidad de deteriorar la calidad del aire tiene un impacto económico que no se suele valorar.

En relación al empleo se deberá contemplar el balance entre los puestos de trabajo mantenidos por cementeras y aquellos destruidos en otros sectores, como el agrícola. La incineración perjudica severamente al sector primario, a explotaciones agrarias y ganaderas, incidiendo negativamente en la calidad de su producción y en las posibles certificaciones de calidad. Se hipoteca así el futuro de las comarcas donde operan estas cementeras con autorizaciones para incinerar. Y en cuanto al empleo directo que se genera en estas plantas, baste decir que la incineración emplea a menos personas que las plantas de reciclaje.

Según la fundación Amigos de la Tierra si aumentásemos nuestra tasa de reciclaje, la UE podría crear para el año 2020 hasta 750.000 nuevos puestos de trabajo relacionados con el sector. Cada año, 5.250 millones de toneladas de residuos reciclables terminan en los vertederos e incineradoras europeas. Su reciclaje supondría evitar en la atmósfera aproximadamente 148 millones de toneladas de gases contaminantes. Además, por cada tonelada de residuos que se recicla, se multiplica por 10 la generación de empleos respecto al número de trabajos que se crearían si se incinera o envía a vertederos la misma cantidad de residuos.

Por tanto, el reciclaje además de ecológico y positivo para la naturaleza, puede ayudarnos a mejorar la economía (y más con el SDDR). Una razón más para que nos concienciemos de la necesidad de reciclar nuestros residuos en lugar de dejar que se les “valorice energéticamente” incinerándolos.

Necesitamos con urgencia un Plan de gestión de residuos sostenible y activo, en la búsqueda del residuo cero, que debería ser el objetivo principal hacia el que encaminarnos.

 

Artículo publicado originalmente en el El Blog Sostenible el 17/10/2016.

Mr. Fracking llama a la puerta… ¡no abras!

Nuestro incontenible consumo de energía y las insaciables petroquímicas amenazan la integridad y disponibilidad del suelo que pisamos, del agua que bebemos y del aire que respiramos en la propia puerta de nuestra casa. No exagero, simplemente constato lo que ciudadanos de comunidades rurales de países como Estados Unidos ya están sufriendo en su salud, en su entorno y en un sus economías locales. La causa de ese sufrimiento es la extracción de gas y petróleo mediante una técnica agresiva de fracturación hidráulica del subsuelo, conocida por el término inglés FRACKING .

Esta metodología consiste en perforar verticalmente de 3 a 4 km la corteza terrestre mediante pozos y una vez alcanzada la profundidad requerida inyectar líquido a presión para agrandar las micro-fracturas que existen en la roca y facilitar la liberación y salida del preciado hidrocarburo que pudieran contener. No es una técnica limpia y afecta negativamente recursos renovables como el suelo y el agua.

A pesar de ello, nuestro inefable ministro de Industria, D. José Manuel Soria, es un firme partidario de impulsar el fracking y respalda al sector petroquímico que se manifiesta tal que así: “Estamos instalados encima de un enorme recurso y debemos explotarlo. Los riesgos se pueden gestionar”.

Llama la atención y preocupa que hasta ellos mencionen esa palabra, riesgos. De todos modos, si alguien tiene alguna duda sobre la seriedad del asunto, puede probar una búsqueda en Google con “fracking” and “problem” y verá más de 42 millones de entradas. En Estados Unidos, más de 250 comunidades y el estado de Vermont han aprobado resoluciones para detener este tipo de explotaciones. Pero ahora, Mr. Fracking está llamando a la puerta de la vieja Europa y ¿qué está pasando? Francia y Bulgaria se han hecho las sordas pero Polonia, presurosa, ha cambiado su legislación ambiental para que la perforen más fácilmente. Desde principios de año, los ciudadanos polacos disfrutan de libertad para agujerear el subsuelo patrio hasta 5 km sin necesidad de estudio ambiental riguroso. Una Corporación canadiense que andaba con ganas de agujerear donde se lo permitiesen, a través de un responsable comentaba: “No conozco a nadie que haya perforado tan profundo”.

Este portavoz de la compañía canadiense es también director general en Polonia de dicha empresa, la cual tiene seis concesiones en ese país y tres en España (Burgos y Cantabria) para aplicar el fracking. Hablando claro, a pesar de la agresividad de la tecnología, el principio de precaución no se aplica y se reducen las exigencias y controles para aplicarla. Además, como la insensatez es el signo de estos tiempos, se cumple aquello de que nadie escarmienta en cabeza ajena y no se toman en consideración las consecuencias negativas que padecen los ciudadanos ya afectados, al otro lado del Atlántico.

Ante esta diversidad de respuestas en distintos estados Europeos, ¿hay algo que diga la Comisión? Más bien poco y malo, se ve que el presidente portugués y los 28 comisarios se han rebanado el cerebro inventando tecnologías para recortar gasto público y han quedado exhaustos a la hora de limitar el afán barrenador de estas pobres empresas. Sorprende y decepciona su propuesta sobre los requisitos medioambientales que debería tener el fracking. En lugar de regularlo, se limita a hacer recomendaciones, algunas tan genéricas como “evaluar cuidadosamente el impacto medioambiental y los riesgos”. Además, su retraso en publicar el marco regulador no se debe a las reticencias de la Comisión ante el fracking, sino a su dificultad para dar con la fórmula que permita impulsar la búsqueda del gas y, al mismo tiempo, calmar a los que sabemos que este tipo de explotación causa daños irreparables al subsuelo europeo y afecta negativamente a recursos más importante como el agua, el suelo y el aire. De momento, parece que la directiva requerirá el estudio de impacto medioambiental para la extracción del gas, pero no para la exploración. Pero resulta que, a veces, se utilizan las mismas técnicas en las dos fases.

Por tanto, esto es francamente insuficiente y hay que buscar medidas legislativas en niveles de gestión distintos como el estatal, el autonómico y el local para impedir la visita de Mr. Fracking a nuestro subsuelo.

De la administración central podemos esperar poco, al menos en esta legislatura. Ya sabemos cómo el Sr. Soria entiende la cuestión energética y cómo su compañero de gobierno, el ministro Sr Cañete, se está ocupando de relajar aquí y allá la legislación ambiental. Sin duda, lo más alentador, son las iniciativas que se puedan tomar a nivel autonómico a pesar de que la competencia para extraer recursos del suelo es estatal. La esperanza está en seguir el camino de Cataluña, donde la limitación que ha impuesto la Generalitat a esta práctica se ha sustanciado en la Ley de Acompañamiento de Presupuestos. En concreto, se incluyó una modificación de la normativa sobre urbanismo que señala que no está “permitido utilizar la tecnología de la fracturación hidráulica cuando pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas”.

Es probable que la iniciativa del Gobierno catalán no responda a convicciones medioambientales, sino más bien a consideraciones económicas, por su falta de rentabilidad tras evaluar las potencialidades de su suelo, pero muestra el camino a seguir; y no estaría mal que la Junta de Andalucía busque también su camino para declararse “libre de Fracking”.

Encontrar ese camino en el marco institucional actual no es fácil porque afecta dos derechos constitucionales como son el de libertad de empresa y el derecho a un medio ambiente adecuado. Pero, sin duda, los ciudadanos también somos actores en esta película. Se siguen extrayendo hidrocarburos y produciendo combustibles a partir de recursos fósiles porque seguimos consumiendo mucha energía de fuentes no renovables. Ocurre lo mismo que cuando abrimos el grifo y el agua corre sin que nosotros nos paremos a valorar lo importante que es. Así que, mientras los responsables de las políticas andaluzas no se pongan a ello, ¡Cierra el grifo y no abras la puerta al fracking!

 

Artículo publicado originalmente en la Revista El Observador el 14/02/2014.

La laguna de Soliva entre la reseca especulación y el bienestar ciudadano

Gestión y conservación de espacios naturalizados en Málaga. La laguna de Soliva entre la reseca especulación y el bienestar ciudadano

VALGAN como ejemplos de espacios naturalizados en nuestra ciudad la laguna de la Barrera en Colonia Santa Inés y, especialmente, la laguna recientemente aparecida en terrenos de la barriada de Soliva que está siendo desecada por mostrar las autoridades mayor interés en la especulación urbanística que en el bienestar de vecinos y usuarios de zonas verdes y naturales.

LAS aguas subterráneas próximas a la superficie tienen mucha importancia para los ecosistemas terrestres al ayudar a mantener el caudal de los ríos o el suelo húmedo en épocas de ausencia de lluvia, por citar solo dos ejemplos del interés de su conservación. A pesar de su importancia, poco se sabe de la distribución de la capa freática, franja que separa el suelo oxigenado, próximo a la superficie del terreno, de los acuíferos. Lo que se sabe a ciencia cierta es que, el nivel freático en estas zonas mencionadas y otras de la ciudad de Málaga es bastante somero, lo que se evidencia en la facilidad con que afloran las aguas subterráneas al extraer tierras y áridos para la construcción o, como en el caso de la Colonia Santa Inés arcillas para la industria cerámica.

ESTE desconocimiento del gran interés que tendría la conservación de láminas de agua afloradas, en el caso de la ciudad de Málaga, ha dado lugar a que actuaciones urbanas como la realizada en la reciente barriada de Soliva se haya traducido en un afloramiento de agua despreciado por su origen no natural. A la pregunta de qué hacer ahora, parece que la constructora propietaria responde con la desecación. Seguramente el motivo es preparar el terreno para presuntos usos constructivos, carentes de sentido en la actualidad, pero con un claro sentido de evitar la “re-valorización” natural que pudiera añadir presión ciudadana en el futuro. Y, por otro lado, las autoridades no se han hecho eco de la petición vecinal por desconocimiento, a su vez, del valor de una conservación como la planteada aquí. Su defensa y preservación se disculpa por tratarse de zonas de influencia urbana a las que se les presume una vocación artificial dominada por el asfalto y los suelos impermeabilizados, en general.

ESTA asunción debería cambiar, toda vez que las áreas metropolitanas al extenderse de forma imparable sobre el territorio engullen suelos con otras vocaciones y usos previos. Tenemos, por tanto, dos importantes recursos afectados el suelo y el agua, cuyas tasas de renovación están siendo cada vez más limitadas.

EN el caso de Soliva, se ha forzado un afloramiento de agua por la extracción de material y la presencia de una capa freática relativamente superficial. Una vez que esto ocurre y la propia dinámica natural genera un espacio naturalizado, que incluye una lámina de agua con flora y fauna asociadas, no se puede argüir que no estaba antes ahí y por ello no tiene valor, ni merece ser conservado y disfrutado por los ciudadanos del entorno.

ME parece necesario repensar la forma de gestionar esas zonas naturalizadas y ser muy cuidadosos a la hora de seguir aplicando un plan de ordenamiento urbano sin más. También las administraciones debieran ser más sensibles y repensar la gestión ambiental en ambientes urbanos donde la espontaneidad de lo natural debe mantenerse en alguna medida porque sobre ello descansan servicios ecosistémicos de los que no debemos prescindir.

RECIENTES estudios publicados en la revista Science nos informan de que entre el 22 y el 32 por ciento de la superficie emergida global se encuentra influida por una capa freática poco profunda, incluyendo aproximadamente el 15 por ciento de zonas con agua superficial alimentada por las aguas subterráneas, y entre un 7 y un 17 por ciento de áreas con la capa freática accesible a las raíces de las plantas. Cuando esta capa es poco profunda interactúa de diversas maneras con las zonas superficiales: proporcionando agua a ríos y lagos y manteniendo ecosistemas acuáticos en períodos secos. Asimismo, impide el drenaje del terreno y crea las condiciones de suelo saturado que caracterizan a los humedales, e incluso proporcionan agua a las plantas para la fotosíntesis en condiciones de sequía. Las implicaciones de un mejor conocimiento en torno a la capa freática son múltiples, y, entre ellas se podría mencionar la mejora en el microclima del entorno y sus beneficios asociados. Por eso sería deseable que los responsables de gestionar los entornos urbanos fuesen conscientes de todas estas cuestiones. Que las tuviesen en cuenta a la hora de planificar los desarrollos urbanísticos sobre estas masas de agua que aportan un valor añadido a los terrenos sobre los que aparecen.

 

Artículo publicado originalmente en la Revista El Observador el 04/03/2013.

Málaga: Baños del Carmen para todos… ¿o no?

Las costas de la provincia continúan siendo desnaturalizadas con hormigón y edificaciones. El ayuntamiento de Málaga edifica “chiringuitos” en serie con materiales de obra, en el paseo marítimo. En la misma línea de gestión, la Demarcación de Costas de Andalucía Oriental asume que la recarga periódica de arena y la compartimentación de la costa representa el tratamiento habitual, poniendo una alfombra de arena al pie de las edificaciones, asumiéndolo como un coste ambiental y un gasto económico de mantenimiento de la industria turística.

Y los Baños del Carmen no son ajenos a este estado de cosas. Diversos proyectos, anunciados sucesivamente, siempre incluían la regeneración del litoral, un parque, la ampliación de la playa actual y la creación de otra junto a Pedregalejo. Siempre se había contemplado la rehabilitación del antiguo balneario. Y es responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente, de la Demarcación de Costas, y de la administración local, asegurar la función pública y lúdica de la playa, porque sigue siendo lugar de encuentro ciudadano.

A principios de 2013, se anunció que el proyecto público anterior era inviable por falta de fondos, y la única opción para la recuperación y mantenimiento de dicho enclave pasaba por propiciar que la iniciativa privada “rentabilizase” económicamente la defensa de un patrimonio que, aparentemente, seguiría siendo público. El plan era muy parecido a lo que demandaba la ciudadanía y, había sido rechazado repetidas veces por diversos motivos “insuperables”, bien topográficos, bien urbanísticos. Diversas entidades, habían solicitado un concurso de ideas y un tiempo prudencial de reflexión antes de iniciar ningún proyecto.

En las propuestas institucionales se asume que es suelo urbano, y se trata como tal, aunque es evidente que es una playa, lo que debería garantizarle un trato diferente. Pareciera que, las administraciones, no concibieran para el disfrute de los ciudadanos otra cosa que paseos marítimos duros, escolleras y arena de reposición para regenerar este tipo de enclaves. Sin embargo, no a todos los ciudadanos nos gustan los proyectos que abusan del cemento y que además no cuentan con nuestra participación.

La Plataforma Ciudadana en defensa de los Baños del Carmen presentó una propuesta, allá por el mes de febrero, que, ajustándose a los criterios legales, de planeamiento del PGOU y del proyecto aprobado por Costas en 2010, evitaba los mayores desaguisados que se proponían en anteriores proyectos. Sirvan como ejemplos, atravesar todo el parque proyectado con un paseo hormigonado, la construcción de nuevos edificios en el interior del enclave y la nula preservación de buena parte de la flora actual, incrementando aún mas el empleo de flora alóctona.

Ahora, con este traspaso de la concesión, el alcalde De la Torre afirma que, aunque es una cuestión que depende de la Dirección General de Costas, es “positivo” que “la colaboración público-privada pueda dar respuesta al déficit de rehabilitación que tienen los Baños del Carmen, tanto en la parte de tierra como en la playa”. Pero si la Plataforma ciudadana en defensa de los Baños del Carmen ya había presentado al ayuntamiento “su proyecto” y éste aún no se había evaluado, que se sepa, al menos no se ha publicado nada al respecto, caben hacerse las siguientes preguntas:

  1. ¿Por qué se trasfiere una concesión, de un grupo a otro, de empresarios, sean éstos quienes sean?
  2. ¿Por qué tiene que valer el argumento de que debe haber un “margen de desarrollo económico”, en palabras del alcalde?
  3. ¿Por qué privado?

El desarrollo puede muy bien ser lúdico y colectivo, y la gestión pública y/o ciudadana. Quizá, la razón radica en el hecho de que los presupuestos generales para 2015 no contemplan ninguna partida para este fin. Así, se entiende que finalmente, se haya optado por lo que no tenga coste para las arcas municipales, despreciando el esfuerzo de un grupo de ciudadanos creativos y comprometidos con su entorno. ¡Una verdadera lástima! ¡Veremos cómo sigue la historia!

Artículo publicado originalmente en el El Blog Sostenible el 06/10/2014.

 

 

El Jeque, el Ayuntamiento de Málaga y el interés general en Arraijanal

Las fotos, tanto aéreas como en vistas desde el mar o desde tierra muestran a las claras que, sin ser, por extensión o conservación, nada espectacular, la zona de Arraijanal (Málaga) presenta la “peculiaridad” de ser ya de losúltimos tramos sin encementar del litoral metropolitano malagueño. Pues bien, esa sola consideración ya debería tenerla en cuenta el consistorio malagueño a la hora de tomar decisiones respecto al futuro de la zona. Si además añadimos el interés arqueológico de la zona, más aún.

No hay que olvidar que, Alicante, Málaga, Valencia y Barcelona son las ciudades litorales de nuestro país que más han construido en su costa. En la declaración de impacto ambiental de la revisión/adaptación que se hizo sobre el PGOU de Málaga, se señalaba que la playa y el arenal litoral de la finca Arraijanal es  el último tramo de playa no urbanizada del municipio de Málaga, conservando importantes rasgos ecológicos naturales, lo que hace de este espacio, un lugar único y singular a la escala no sólo de la ciudad, sino de la aglomeración urbana de Málaga.

Arraijanal representa un espacio litoral no urbanizado, y eso, en la costa malagueña, donde, descontando las desembocaduras de los cursos fluviales, y parajes protegidos, está urbanizada y hormigonada casi en un 80%. Es un valor a proteger.

Según el portavoz popular del Ayuntamiento, ejecutar el proyecto propuesto por el jeque que preside el club de Martiricos  “podría suponer” una inversión próxima a los 20 millones de euros por parte del club de fútbol del Málaga, con los que ejecutaría una decena de campos de fútbol e instalaciones complementarias en una superficie reservada de unos 100.000 metros cuadrados en Arraijanal, y, siempre desde la perspectiva del grupo de gobierno municipal:  “Es una manera de defender el interés general de la operación”. Lo que no nos dice es cuanto suelo se impermeabilizará más -lo que equivale a matarlo-, y ¿cuánta costa sin urbanizar nos quedará como patrimonio natural? Desde luego, no parece que eso sea defender el  “interés general”.

A poca distancia de estos terrenos, al otro lado de Guadalmar y de la desembocadura del Guadalhorce, la ciudad ya dispone de terrenos donde la concentración de instalaciones deportivas es alta: Pabellón Martín Carpena, estadio de Atletismo, macrocentro acuático bautizado como Inacua, donde también hay gimnasios y espacios para fitness  y otras actividades deportivas… Además, quedan allí terrenos que se podrían dedicar a estos fines futbolísticos, como es el caso de las instalaciones que mantiene LIMASA en el camino de la Térmica u otros terrenos adyacentes no ocupados aún y cercanos a la zona de playa. Tal ubicación ya ha quedado rodeada  por el crecimiento residencial de la ciudad hacia el oeste y por tanto no tiene el interés de conservación que sí presenta Arraijanal. No sé si sería de interés para el jeque, pero desde luego, sí convendría más al interés general.

Esos terrenos, solo por poner un ejemplo de ubicaciones alternativas, nos ofrecerían una estupenda ciudad deportiva. Y permitiría aliviar la presión, ya bastante alta sobre el litoral metropolitano, al menos en esa pequeña zona al poniente del monumento de la desembocadura del río Guadalhorce.  No conozco el motivo que tiene el jeque para preferir  la ubicación de Arraijanal, pero desde luego, el interés general no es  colmar las apetencias de éste. Cuando  menos,  se debería  minimizar la afectación al territorio que nos queda en el litoral y ofrecer a Abdulá Al Thani otra ubicación más  acorde al “interés general”.  Sin embargo, es el Ayuntamiento de Málaga el que se mueve, para obtener una  parcela privada (más digna de ser protegida que impermeabilizada), que  será cedida a otro privado para que construya un equipamiento privado.

Para los técnicos especialistas en Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Arraijanal alberga comunidades vegetales incluidas en la Directiva Europea de Hábitats. Además, cumple una importante función de colchón amortiguador de impactos hacia el Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce. Además, se han encontrado restos arqueológicos de interés, que habrían de conservarse en el mismo lugar.

Vecinos de la zona,  movimientos sociales y partidos como EQUO Málaga, apoyan la creación del parque marítimo terrestre y arqueológico de Arraijanal, que se recuperen las ruinas de un antiguo puerto pesquero romano y se conecte con el paraje natural de la desembocadura del Guadalhorce y el antiguo campamento Benítez, recuperando el yacimiento fenicio del Cerro del Villar.

Ese sería un futuro para el espacio litoral de Arrajainal más acorde al interés general.

Artículo publicado originalmente en el El Blog Sostenible el 12/09/2014.

 

 

Agroecología: construir alternativas locales a la Agroindustria. Soberanía Alimentaria

Se suceden, desde hace un tiempo, a lo largo de nuestra geografía, jornadas, encuentros, talleres… que buscan la sensibilización y divulgación de lo relacionado con la producción y consumo responsable, ecológico, justo o equitativo y que disminuya nuestra desbocada huella ecológica. Ello es así porque cada vez tenemos más conciencia del deterioro que sufren los sistemas agrarios de los que depende nuestro sustento y cada vez es más palpable la forma depredadora en que se ha tratado el mundo rural que nos provee de alimento. Las tierras agrícolas se han usado de forma depredadora y gratuita y se han vertido toda clase de deshechos y contaminación, pues había “mucha biosfera” disponible para ser engullida por el metabolismo urbano-agro-industrial. Pero el declive energético fósil hará imposible “ampliar” los límites ecológicos globales, ya rebasados en cuanto a biocapacidad planetaria (gracias a los combustibles fósiles).

Artículo publicado originalmente en el El Blog Sostenible el 03/10/2013.

 

 

No hay PAC para señoritos

El pasado 28 de Marzo, eldiario.es titulaba: La UE reparte 250 millones en subvenciones agrícolas entre 60 ricos españoles. Las redes, la prensa y las tertulias se incendiaron. Y es normal: la Política Agrícola Común (PAC) no tendría que ser el reparto de un botín, aún menos entre algunas grandes familias y terratenientes más adinerados. Al contrario, la PAC debería ir encaminada a promover la agricultura de los pequeños y medianos productores que trabajan, viven en y cuidan el campo, y fomentan la agroecología, los bienes comunes y la soberanía alimentaria.

Artículo elaborado conjuntamente con Florent Marcellesi, portavoz de EQUO en el parlamento europeo, publicado originalmente en el eldiario.es 13/04/2016.

Imagen de Rula Sibai

 

 

DOÑANA en el punto de mira: Demasiadas agresiones a nuestro Parque Nacional

El Parque Nacional de Doñana es un mosaico de ecosistemas que albergan una biodiversidad única en Europa. Especialmente vulnerable y frágil es la marisma, de extraordinaria importancia como lugar de paso, cría y refugio de miles de aves europeas y africanas. En el Parque viven especies únicas y en serio peligro de extinción, como el águila imperial ibérica y el lince ibérico.

En Doñana confluyen un conjunto de ecosistemas (playas, dunas, cotos, marismas…) que le dotan de una personalidad única. Sus tierras son ricas y fértiles, ya que la marea deposita sedimentos que enriquecen sus suelos. Las marismas cumplen también importantes funciones, como la de amortiguar y minimizar las corrientes marinas cuando hay mucho viento o tormentas.

Al principal río que la baña, el Guadalquivir, también le llegan amenazas que comprometen la conservación de Doñana, en forma de vertidos contaminantes, desviación de sus aguas mediante trasvases y otras alteraciones como el dragado que, de llevarse a cabo, destrozaría el lecho del río. Y cuando se pone en peligro la marisma, se ponen en peligro ecosistemas muy valiosos y necesarios para gran cantidad de especies de fauna y flora, pero no solo para ellas, también para los pueblos de la zona que tienen en la existencia del humedal su mayor riqueza. Por tanto, debería quedar claro su relevancia y la necesidad de mantener su integridad.

Siendo el más emblemático de nuestros parques nacionales, sin embargo vive acosadopermanentemente por todo tipo de proyectos, como:

  • la extracción de hidrocarburos,
  • la extracción —más allá de lo razonable— de agua del acuífero que es el corazón de la marisma,
  • la contaminación de esas aguas con pesticidas y productos usados en la agricultura intensiva que lo cercan,
  • el proyecto de dragado del río Guadalquivir, que arrasaría donde desemboca,
  • las amenazas de fracking y de sondeos incontrolados,
  • las presiones urbanísticas que no cesan,
  • las exigencias que vuelven, una y otra vez repetidas, de carreteras que atraviesen el parque,
  • o el impacto de los rocieros.

 

Artículo publicado originalmente en el El Blog Sostenible el 19/09/2016.

Transgénicos y riesgos en la alimentación mundial

Los derechos de propiedad intelectual que se aplican sobre estos organismos modificados suponen también una limitación al uso y gestión de recursos naturales necesarios para la producción de alimentos, con lo que la distorsión es más que evidente.

La ciencia es un sistema poderoso de generación de conocimiento del que derivan productos y servicios tecnológicos que actúan en nuestras vidas. Sin embargo, y, a pesar de lo que muchos piensan y defienden, no es neutral, y no lo es porque no lo es su financiación, ni los objetivos que se persiguen cuando se diseñan determinados experimentos y no otros, o las reglas que operan en el traslado de los resultados de investigación a los procesos productivos y su posterior comercialización, o la aplicación de derechos de propiedad intelectual, como las patentes.

Durante un tiempo, cuando aún no se tenía la suficiente experiencia en el cultivo de plantas transgénicas, la posición frente a ellas en agricultura se apoyaba en aplicar el principio de precaución. Transcurrido el tiempo, es cada vez más evidente lo que está suponiendo su cultivo, por ello ya no es tan necesario acudir a ese principio, sino analizar las consecuencias de su uso, los efectos socio-ambientales que ha conllevado y a quienes beneficia económicamente.

La producción agrícola con plantas transgénicas está fuertemente orientada hacia un modelo de producción agrícola industrial regido por un mercado global donde los productos agrícolas y sus transformaciones primarias viajan miles de kilómetros desde sus lugares de producción a sus lugares de consumo, lo que no es sostenible. Entre otros motivos, por la huella de carbono, cuyo coste económico y ambiental no computa pero pagamos todos. Grandes superficies de cultivo a nivel mundial y dependientes de gran cantidad de insumos, en la mayoría de los casos monocultivos, que tienen más valor de mercado. Se estima que la inversión necesaria para poner una planta transgénica en cultivo comercial supone 136 millones de dólares y unos 13 años.

Son varios los cultivos transgénicos que llevan tiempo en producción, como el cultivo de la soja. Los principales productores de este cultivo, considerado paradójicamente el oro verde, son EEUU, Brasil y Argentina y el porcentaje de plantación proveniente de semilla transgénica es del 90% o superior. El 75% de la producción mundial se dedica al forraje animal, a pesar que se sabe que las dietas basadas en ingesta de proteína animal no son sostenibles, por la huella hídrica y el uso de suelo requerido por caloría consumida.

Este modelo está favoreciendo la destrucción de grandes superficies del Bosque Atlántico y de la Amazonía brasileña y ha dado lugar a lo que en Argentina se conoce como la «Sojización del Agro Pampeano». La intensificación de su cultivo ha producido deterioro de suelos, disminución de la cantidad y calidad del agua y efectos negativos evidentes en la biodiversidad. Ninguno de estos efectos es sostenible ni asumible a largo plazo.

Han aparecido plantas (que no malezas) resistentes al glifosato y se han desarrollado variedades transgénicas con resistencias a más de un herbicida. Usar dos herbicidas es menos sostenible que usar uno solo. Por cierto, esa unicidad era una de las razones que justificaba la primera generación de soja transgénica junto a la discutida benignidad del glifosato en comparación con otros herbicidas más tóxicos.

En el informe de 2014 sobre la Situación mundial de los cultivos biotecnológicos las conclusiones que se extraen, responden, más o menos, al siguiente argumento: cultivar plantas transgénicas es más sostenible ya que al ser su rendimiento medio por superficie mayor, el cultivo requiere menor superficie de suelo, se usa y deteriora menos agua, se afecta negativamente menos la biodiversidad y se usan menos insumos que si se produjese una cantidad similar de cosecha con agricultura convencional. Así, según este punto de vista, estos cultivos contribuyen a una intensificación sostenible que salva bosques y conserva la biodiversidad. Pero la realidad no es ésta, por mucho que insistan en venderla así.

La industria que opera con los OGM no está realmente interesada en resolver las causas del problema alimentario que afrontamos por el crecimiento de la población, ni tampoco en la sostenibilidad ambiental y social de la agricultura, sino en demostrar cómo sus productos (las semillas híbridas y transgénicas más los insumos asociados) son menos malos que lo que hay.

Si consideramos cuestiones socioeconómicas, y también en el caso de la soja, se constata que las explotaciones dedicadas a su producción, en Norte y Sudamérica, son mayoritariamente de escala industrial.

Lo que propicia una concentración de la tierra en menos manos. Esto ha desplazado a los pequeños y medianos propietarios, que trabajan extensiones de tierra por debajo de las 100 hectáreas, en favor de los que disponen de más de 1000. En relación al empleo, en algunas regiones argentinas se ha estimado que la conversión a la soja ha destruido cuatro de cada cinco trabajos agrícolas (ver informe 2014 de WWF “El crecimiento de la soja, impacto y soluciones”).

La lógica entonces nos invita a pensar que los transgénicos no son el principal problema, lo son quienes ostentan el control de su uso y hacen negocios con los OGM. Vuelvo con ello a la reflexión inicial de que la investigación científica, sea en transgénicos o en otros campos, no es ni neutral ni inocua. El poder del oligopolio que concentra la producción de material vegetal de reproducción es grande, y se ha dotado de un sistema de patentes que rige y controla la industria biotecnológica. Tras de lo cual, los diferentes tratados comerciales firmados al amparo del proceso de globalización desde los 90 del siglo pasado hasta la actualidad han hecho el resto.

Un ejemplo ilustrativo: Si decidiera algún investigador, por su cuenta, poner a disposición del mundo, plantones de alguna planta transgénica con frutos mejorados, sería muy improbable que lo consiguiera. La razón es haber empleado para desarrollarlo, métodos y materiales que otros han patentado internacionalmente y que, aun permitiéndose la investigación y publicación, al querer producir, aparecerá la reclamación de los derechos de propiedad. Habría que negociar y pagar a obtentores de varias patentes, desde las metodológicas hasta las que tienen que ver con el empleo de los genes.

Existen patentes del uso de todas las aplicaciones prácticas conocidas.

Es realmente preocupante el hecho de que se haya permitido patentar semillas como si fueran un invento, una nueva máquina. Las semillas cultivadas, además de seres vivos, son un recurso renovable, como el agua y el suelo. Los tres son imprescindibles para la producción de alimentos. Y además son patrimonio de todos, las semillas cultivadas encajan en la categoría de los bienes comunes, como nos enseñó la premio Nobel de Economía 2009, Elinor Oström. No son ni del estado ni del mercado, su custodia es de las personas que han sido, son y serán.

Tienen en común con el agua, que son un recurso que fluye en el tiempo y en el espacio. En el caso de las semillas agrícolas, algunas cultivadas miles de años por generaciones de campesinos, la diversidad de especies y variedades disponibles ha resultado de las decisiones de los agricultores al seleccionar semillas para el siguiente cultivo, además de cruces genéticos fortuitos, de los procesos de adaptación de los cultivos a manejos y condiciones ambientales locales, intercambios, etc.

Esta agro-biodiversidad está en grave peligro por un efecto colateral de la revolución verde del siglo pasado, que concentró sus esfuerzos en muy pocos cultivos y variedades que desplazaron muchas especies y variedades tradicionales al ser menos productivas cuando los insumos no son limitantes o por no tener mercado suficiente.

No parece que una agricultura biotecnológica con empresas que defienden que las semillas son suyas y sólo suyas por el mero hecho de haber implementado una mejora biotecnológica en variedades o cruces de variedades previamente existentes, contribuya a frenar esta erosión genética. De hecho, la acelera y es vergonzoso y siniestro que los agricultores puedan ser perseguidos legalmente si usan estas semillas más de una cosecha porque incumplirían los compromisos contractuales que se ven obligados a firmar para adquirirlas. Semejante actitud empresarial pone de manifiesto que las multinacionales ven a las semillas, transgénicas o no, como un producto de un solo uso que hay que volver a comprar cosecha tras cosecha, exactamente lo mismo que el glifosato.

Algo que está en profunda contradicción con la propia naturaleza biológica de las semillas y con el derecho de las personas a acceder a los recursos naturales. Cobrar regalías durante un tiempo razonable por un desarrollo tecnológico que suponga una mejora de unas semillas cultivadas, o sea, pagar por ese servicio, se podría entender. Sin embargo, permitir la patente de semillas es propiciar que una entidad privada con ánimo de lucro se apropie de un bien común al que tenemos derecho de acceso y custodia, todos. Estas patentes de semillas transgénicas son un precedente negativo, que junto a la comercialización de híbridos y la promoción de marcos normativos que limitan el uso comercial de la auto-producción de semillas, van en la dirección de traspasar a las manos de unas pocas empresas el control de este recurso estratégico del que depende la alimentación presente y futura.

La tercera revolución verde de la que escribió el profesor García Olmedo a finales del siglo XX ha potenciado los defectos de la segunda revolución. No ha contribuido a cambiar cultivos y modos de producción que no respetan los límites de crecimiento del planeta,

El debate se mueve del agro-negocio a la agro-subsistencia y la pregunta es ¿quién le da de comer al mundo?

Según estimaciones contenidas en informe de la FAO y basadas en datos obtenidos en 30 países, la alimentación mundial se sostiene a expensas de unos 570 millones de explotaciones, de las cuales un 80% son pequeñas granjas familiares que producen el 80% de la producción mundial. Otra estimación más reciente basada en una aproximación metodológica diferente que incluye a 105 países, estima que el 93% de las explotaciones agrícolas mundiales son fincas familiares y suponen el 53% de la tierra dedicada a producir alimentos. Hay evidencia empírica de que las explotaciones pequeñas producen más por hectárea que las de mayor superficie.

También son diversas las especies cultivadas y los tipos de manejo. El destino de su producción puede ser la subsistencia pero también, de forma complementaria o principalmente, el mercado local. Lo que también va en la dirección de otro de los retos que debemos conseguir que es re-localizar la producción de alimentos.

Esta re-localización supone mayor seguridad alimentaria (objetivo ONU-FAO) y también más soberanía alimentaria, algo reivindicado por movimientos de agricultores internacionales como Vía Campesina.

Los poderes públicos y las instituciones internacionales deben diseñar políticas que aseguren la conservación y la potenciación de las explotaciones familiares mediante marcos normativos que las favorezcan y dedicando recursos de I+D a mejorar su gestión. Brasil cuenta con un modelo bicéfalo, por un lado el modelo industrial con cultivos transgénicos pero también ha potenciado su agricultura local que está dirigida al mercado local y que supone, según datos del 2009, un 70% del consumo doméstico de alimentos en el país.

Hay una agricultura empresarial donde la producción es considerada un producto industrial más de los mercados globales y otra agricultura que produce localmente alimentos y no debe estar reñida con que los agricultores puedan ganarse su vida dignamente ejerciéndola. Esa agricultura es fundamental porque da de comer a la gente más pobre, está localizada, es más resiliente y eficiente termodinámicamente al consumir menos energía por caloría de alimento producido.

Las tecnologías no son buenas ni malas, más bien tienen riesgos y ventajas que dependen de su modo de utilización y de a quienes beneficia. Por cuestiones de mercado y modelo de negocio, las semillas transgénicas requieren para ser económicamente rentables cultivos que ocupen grandes superficies. En este contexto, son una pieza más de un modelo de producción agrícola de tipo industrial concentrado en pocas manos. Este modelo de producción de alimentos es deslocalizado, muy dependiente de insumos y energía y en él prima el condicionante económico. Como efecto colateral, desvaloriza económicamente y desplaza otros modelos de producción, desarrollados en pequeñas explotaciones, más diversas y más sostenibles social y ambientalmente cuya producción y consumo de alimentos está localizada.

Estos modelos de producción de alimentos familiares contribuyen en la actualidad más a la alimentación mundial con menos consumo de energía fósil; y pueden ser determinantes para superar los retos que enfrentará la alimentación en los próximos decenios. Por ello deben ser potenciados y protegidos frente a aquellos intereses que priman una visión economicista, como los que están detrás del uso de plantas transgénicas en la agricultura actualmente.

 

Artículo publicado originalmente en el Diario Responsable el 26/06/2016.