Las decisiones colectivas por un interés común. Cambio Climático

Carmen Molina Cañadas

Hace pocos días se celebraba El Día Mundial de la Población, que cada 11 de julio conmemora que en 1987 la población mundial llegó a los cinco mil millones de personas. En 2050 seremos (si no pasa nada antes) 10.000 millones, un 30% más que ahora y el doble que a comienzos de siglo. Y siete de cada diez vivirán en núcleos urbanos.

Con esos niveles de población, de porcentaje de la misma que vive en ciudades, y teniendo en cuenta los actuales niveles de urbanización, infraestructuras, agricultura o consumo de energía, se puede determinar qué regiones serán las más amenazadas por necesidades crecientes de alimentos, energéticas o de nuevos espacios urbanos. Hay estudios que concluyen que el desarrollo humano, en las próximas décadas, supondrá el acaparamiento de un 20% de los hábitats naturales que quedan. Así que si en 2050, el 70% de la población vive en núcleos urbanos, y las ciudades se saturan (lo que ya ha sucedido en algunas) sería deseable y se esperaría que, según vaya creciendo la población de los núcleos urbanos, los vayamos haciendo más habitables. Ya hay ciudades encaminadas, pero en cambio otras, en especial las que aún no han visto esos niveles de saturación, se encaminan a un asfixiante abarrotamiento, como si no fuera posible aprender de la experiencia ajena para evitar lo peor, antes de hacerlas invivibles. Y entretanto, los efectos del Cambio Climático poniéndonos frente a la cruda realidad, que muchos no quieren ver.

 

A pesar de que los científicos llevan décadas avisando sobre el cambio climático. A pesar de avances esperanzadores impulsados por la tecnología, para el control de emisiones o captura de lo emitido, el Cambio Climático sigue en marcha y nosotras seguimos pisando el acelerador.

Pisa el acelerador un sistema económico capitalista y neoliberal para el cuál, el CC deja de ser ciencia para convertirse en política. Pero es evidente que, hay efectos innegables que afectan a la economía y a la vida: un océano más ácido, cálido y elevado: sus efectos tienen costes económicos además de ambientales y sociales. Temperaturas a las que no podremos adaptarnos, acumulación de residuos, escasez de agua dulce en amplias zonas, aumentos de los desiertos…

En principio, y para obligar a levantar el pie de ese acelerador que son las desbocadas emisiones, hay que conocer los equilibrios de fuerzas ideológicas e intereses particulares que confrontan en el tablero global donde se dirimen las decisiones importantes. Y la imposición de decisiones que no representan el interés de la mayoría, sino de minorías poderosas que no juegan en pro del interés colectivo. Es lo que tenemos enfrente. Lo que está impidiendo que hagamos caso a Greta Thumberg. Son demasiadas ya, las ocasiones en que determinadas economías, corporaciones o intereses privados consiguen convertir los hechos probados por la comunidad científica en “política opinable”. El sistema se ha venido defendiendo al fomentar la duda sobre el consenso científico acerca del cambio climático, su origen humano y su gravedad. A través de programas de lobbying y relaciones públicas, grandes corporaciones e industrias transmutaron el cambio climático, de certeza científica en cuestión política, y, por lo tanto, polémica, para seguir retrasando lo necesario…Y nos vamos quedando sin tiempo. Y además agravando las condiciones con cada decisión de política neoliberal.

La comunidad internacional, a partir de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en 1992, y el Protocolo de Kyoto, en 1997 ha ido adoptando medidas tibias, insuficientes y en muchos casos, inadecuadas, cuando no abiertamente lesivas para nuestro futuro común. Y es que ha jugado un papel desgraciado, la desinformación, que nunca es inocua. Y quitar gravedad a los informes, que periódicamente ha publicado el IPCC.

Desde que Gro Brutland en 1987 coordinó el Informe “Nuestro Futuro Común” y hasta este 2019, han pasado mas de tres décadas y los impactos del cambio climático se han vuelto incuestionables. Los récords se suceden: de temperaturas más altas, de mayores incendios, de huracanes más potentes, de sequías más intensas, lluvias más torrenciales. De desplazamientos masivos.

La realidad ante nuestros ojos nos empieza a abrumar, pero ahora, el tiempo es mucho más escaso.

Hay que decidir colectivamente a través de instituciones internacionales sobre aquello que atañe a nuestro futuro y a cómo lo abordamos. Disponemos para ello de análisis que nos asesoran en procedimientos y mecanismos suficientes para que la toma de decisiones sea adoptada con garantías, con debate, pero sobre todo con urgencia.

Porque hemos estado perdiendo el sentido de la realidad, sumidos en una realidad filtrada por un sistema que está poniendo en peligro nuestra vida, nuestro planeta, nuestro futuro. El desprecio de los hechos, el desplazamiento de la razón por parte de la emoción y la corrosión del lenguaje devaluan la verdad. Un ejemplo de cómo los populismos encuentran un buen abono para explotar las emociones podría ser este: A Europa llegan millones de personas que, hasta hace unos años, tenían vidas muy parecidas a las nuestras. Han aparecido en las fronteras del rico norte, aluviones de refugiados que nos hacen conscientes de cuán frágil es la presunta seguridad de nuestras vidas. La inmigración nos provoca ansiedad. Al margen de los sentimientos solidarios o no que despiertan, que también. Y es que también se cierne sobre nosotras el miedo a perderlo todo, latente, por la creciente precariedad de la vida occidental. Ya no son solo los desdichados allende nuestras fronteras que se desplazan buscando lugares donde mejorar sus vidas; es la incertidumbre de un porvenir plagado de eventos que no podemos prever o controlar. Y cuando ves a miles de refugiados que acampan en una estación de tren europea, te das cuenta de que sus pesadillas son realidades que puedes ver y tocar. Y que te cuentan lo que puede acontecer pronto también en este “primer mundo”.

Con el Cambio Climático no hay mucho margen para los errores de cálculo, ir hacia adelante y además con prisas, que la emergencia apremia. Si el horizonte estuviera más lejano y nos permitiera modular las decisiones, tal vez nos faltaría audacia. Pero la realidad es la que es. Y la realidad va acompañada de obstáculos. El terreno y reglas de juego lo marcan quienes tienen el poder y se oponen a la transición, aunque a ellos también les apremia la misma crisis climática, ecológica y de sistema. Siempre es duro el cambio, y dura será la transición necesaria porque no nos hemos preparado. Solo con mucha gente colaborando podremos hacer cambios. Los que son necesarios. Con templanza, audacia, empatía, creatividad, ternura, y saber vivir en la incertidumbre. Aprenderemos sin duda más de los errores que de los aciertos, pero no podemos permanecer inmóviles porque no tengamos certezas.

La utopía puede consistir en minimizar la distopía que se nos ha echado encima, o intentar eliminarla. Pero la vida es crisis continua a la búsqueda de equilibrio.

 

Artículo publicado originalmente el 17 de julio de 2019 en ContraInformación

Renta básica, redistribución de riqueza y conservación del patrimonio común

Carmen Molina Cañadas

Durante lo peor de la crisis de deuda en Grecia, allá por 2012, los niveles de pobreza alcanzados en el país heleno nos mostraron con claridad a qué conduce una crisis económica que degrada las condiciones sociales. La deforestación en Grecia fue el primer efecto ambiental constatado, y es que, ante la imposibilidad de pagar el gasoil, centenares de familias calentaban sus casas con madera extraída de los bosques que rodean Atenas provocando una muy preocupante deforestación. Es decir, no se puede, en ningún caso desligar, la situación económica, de la social y de la ambiental. Sucedió en Grecia con la crisis de deuda, ha seguido produciéndose en otros lugares, y a nivel global también corren paralelas las degradaciones en los tres ámbitos.

La degradación ambiental y social provocada por un modelo económico que ya no se sostiene, tiene un impacto severo, que se extenderá en el tiempo, aunque tomemos decisiones hoy para frenarlo. Tenemos a disposición abundantes informes y análisis. Existen diagnósticos disponibles. Pero faltan propuestas de tránsito que nos ayuden a limitar el caos y evitar el colapso que nos amenaza en los tres niveles mencionados. Ambientalmente, necesitamos medidas de mitigación y adaptación a los escenarios que ya sufrimos de cambio climático, hay que frenar la galopante pérdida de diversidad de especies y funcional y, puede que más urgente, evitar los desequilibrios de los ciclos biogeoquímicos del nitrógeno y el fósforo. Medidas que le den la vuelta a una economía especulativa, cada vez más financiarizada, que socializa pérdidas y acumula dinero y poder en menos personas. Medidas para revertir los niveles de desigualdad crecientes en nuestras sociedades, todavía ricas del norte, y frenar con urgencia y revertir la insoportable desigualdad con los países más explotados del sur empobrecido.

No podemos negar que la llegada masiva de refugiados nos incumbe. Personas que huyen de situaciones y lugares en los que ya no pueden vivir. No estamos tan lejos de encontrarnos en breve, en situación similar. Eso nos hace conscientes de cuán frágiles son nuestras vidas y de la creciente precariedad que se acerca.

Ante este estado de cosas, no podemos optar por una salida individual. La condición humana no se corresponde con la supervivencia o escapatoria individual. Es un deporte de equipo. Cualquiera que sea el futuro que afrontemos, nos afectará a todas. Por tanto, tras el preocupante diagnóstico, hay que abordar con cierta urgencia un plan global que contenga medidas simultáneas en los tres ámbitos: económico, social y ambiental. Medidas transitorias para actuar sobre la economía y limitar la creciente precariarización social, en especial de los más jóvenes. Y una medida imprescindible tiene que ver con repensar el reparto del trabajo remunerado, la jornada laboral, la redistribución de la riqueza, y la renta básica.

Hay que darle una buena vuelta a la cuestión del empleo y su relación con el tiempo de vida del que disponemos. La estabilidad, la protección ante el despido o la negociación colectiva han sido pilares del derecho al trabajo y de la democracia. Sin embargo, el capital empieza a prescindir del trabajo remunerado humano. El poder económico ha construido formas de reproducir el capital en las que el trabajo humano es cada vez más prescindible. El empleo que dependía de la lógica patriarcal y de la extracción de cantidades ingentes de materias primas de territorios colonizados y de la generación de cantidades ingentes de residuos, está llegando a su fin.

Una economía sana se diseña para prosperar, no para crecer. La premisa del crecimiento se debe abandonar, a la vez que asumimos, que nadie debería ser privado de los recursos necesarios para su sustento. Por ello, una Renta Básica Universal e Incondicional(RBUI) es una de las soluciones apropiadas, cuando la tecnología nos amenaza con dejar a la mayoría de la población sin empleo que cubra sus necesidades. Toca pues plantearnos en qué condiciones queremos vivir, qué queremos hacer con nuestro patrimonio de tiempo y cuál es el sentido de nuestra vida. Suena a planteamiento filosófico, pero estamos en una encrucijada y hay que decidir el rumbo.

La renta básica se opone a la idea imperante de que el trabajo remunerado es un derecho y cambia esta lógica por el derecho a vidas dignas. Vidas y economía que no socaven las bases ambientales que las sostienen y que alivien la ansiedad causada por la máquina neoliberal de grandes corporaciones con poder cuasi omnímodo que personajes como Trump, Bolsonaro, Salvini… representan desde la política global, y contra el interés de sus legítimos representados, los ciudadanos.

Según un informe de Naciones Unidas, hasta dos tercios de los empleos en los países en desarrollo podrían desaparecer en un futuro próximo. El desempleo que genera la tecnología hará desaparecer los modestos logros conseguidos contra la pobreza y el hambre crecerá. Hay gobiernos que luchan para dar una respuesta, y no tienen muchas opciones. Una renta básica universal puede ser “LA OPCIÓN”.

En noviembre de 2018, la red europea de RBUI (UBIE, por sus siglas en inglés) se reunió en Budapest para analizar la situación actual en Europa, discutir sobre la conveniencia de una posible Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) sobre la RBUI y el tipo de renta básica a desarrollar.

La RBU otorga dignidad al ser humano por el mero hecho de serlo, sin necesidad de tener que dignificarse a través de un empleo. Es frecuentemente confundida -muchas veces, intencionadamente- con las rentas mínimas y otros subsidios condicionados que otorga el estado a los desempleados y personas con muy bajos ingresos. Bien al contrario, la RBUI es un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad, incluso si no quisiera trabajar de forma renumerada, independientemente de otras fuentes de rentas o de si es rico o pobre, y sin importar con quién conviva. No sustituye a otras prestaciones universales e incondicionales, como la sanidad y la educación públicas. Es decir, su implantación no debe suponer merma alguna de los servicios públicos ni de los derechos sociales (educación, sanidad, dependencia, vivienda, etc.)  que son derechos fundamentales de un Estado Social que se considere como tal.

Hoy es posible garantizar una RBUI a toda la población, financiándola de varias posibles maneras:

  • con una subida de la imposición fiscal, que hiciese que el 20% más rico de la población pagara en concordancia a su riqueza
  • gravando actividades que generan beneficios a quien las acomete, pero suponen un alto coste para la sociedad
  • aumentando los impuestos indirectos a quienes más consumen
  • exigiendo impuestos a las transacciones financieras (tasa Tobin) y a las emisiones contaminantes
  • luchando contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales

Estas medidas no son excluyentes entre sí.

“…Con la RBUI se cuestionan varias creencias arraigadas en el sistema: la primera es la de que el trabajo (o empleo) dignifica a los seres humanos; la segunda, que proviene de la Biblia, nos condena a ganar el pan con el sudor de nuestra frente; la tercera, que afirma que el sentido de la vida de las personas es el trabajo; la cuarta es la equiparación de empleo a supervivencia; y la quinta, la de que la riqueza actual pertenece sólo a sus propietarios “legales”, las grandes compañías multinacionales y lobbies financieros mundiales.” Así se recoge en textos trabajados por Humanistas por la Renta Básica Universal.

La implantación de una RBUI favorecería los trabajos vocacionales, voluntarios, el cuidado de los niños, de los mayores y discapacitados y dotaría a mujeres víctimas de violencia de género de independencia económica para alejarse de su agresor. Es la mejor opción ante la creciente automatización de las labores en todos los sectores de actividad, ya que, gracias al desarrollo de la tecnología, se prevé que desaparecerán en 20 años el 50% de los empleos actuales.

Con los medios de que disponemos, la RBUI mundial es perfectamente posible y se vislumbra como alternativa plausible para el futuro que viene. Con ella tendríamos libertad para aceptar o no, según qué empleos, y para negociar las condiciones de los mismos, o para asociarnos con otras personas en cooperativas, o explorar modelos de trabajo asociado distintos.

Sírvanos de ejemplo el “Fuero de los Bosques”, publicado en 1217 en Inglaterra. Este corto y potente documento garantizaba los derechos de los plebeyos a las tierras comunales, que podían usar para labrar, pastar, recoger agua y para recolectar madera o frutos. Otorgó reconocimiento oficial a un derecho humano: que nadie debería ser privado de los recursos necesarios para el sustento. Y hoy sabemos, gracias a la premio nobel de economía Elinor Östrom, que se gestionan mucho mejor los recursos compartidos o bienes comunes cuando la responsabilidad de su conservación y mantenimiento corre a cargo de los que se benefician de esa conservación. Retomar el antiguo “Fuero de los Bosques” y el derecho de acceso a lo común se vislumbra como la mejor alternativa.

Los críticos de la renta básica, con frecuencia ponen pegas sobre cómo financiarla: además de como cito mas arriba, ligándola a lo común. Así, en el estado americano de Alaska, los recursos naturales son considerados propiedad común, por tanto, cada residente recibe un dividendo anual proveniente de los ingresos del estado por petróleo. Y no se trata con ello de esquilmar el recurso.

El modelo de Alaska es popular y efectivo y el mismo enfoque se podría aplicar a otros recursos naturales, como los bosques y las pesquerías. Los rendimientos serían distribuidos como un dividendo para todos. Este enfoque ayuda a proteger lo común contra el abuso, permitiendo a nuestro Planeta margen para recuperarse.

El patrimonio natural no es de uso privativo, es común y no conoce fronteras, ¿por qué no establecer una renta ligada a lo común? un fondo global que constituya un patrimonio de cada ser humano. El objetivo es la redistribución de la riqueza y la conservación del patrimonio común. Porque es fruto del esfuerzo de generaciones que nos han precedido y herencia que legaremos a las generaciones que nos sigan.

Publicado el 22 de junio de 2019 en 30 Días, 30 Opiniones Contrainformación

Ecologismo político coherente y útil para ganar el futuro

Marta Santos (Ejecutiva de EQUO)
Carmen Molina Cañadas (Ex coportavoz EQUO, diputada Parlamento Andalucía 2015-18)
Julià Álvaro (Secretario autonómico de Medioambiente Generalitat Valenciana 2015-18)

 

El ecologismo político vive en buena parte del mundo unos momentos de valoración y reconocimiento como nunca habíamos visto. El discurso verde está calando incluso, con mayor o menor sinceridad, en formaciones que jamás tuvieron en cuenta los postulados que reivindican que la crisis social y la crisis ambiental son imposibles de separar.

Hoy, en la calle, entre las generaciones más jóvenes, crece una hegemonía cultural de los valores ecologistas que, en lo político, van mucho más allá de reclamaciones concretas de tal o cual protección hasta ocupar el centro de una transformación del modelo económico, social y de vida que conocemos.

Lo acabamos de ver en las recientes elecciones europeas. Los partidos verdes se hacen fuertes en muchos países europeos, en algunos casos hasta superar a las formaciones hegemónicas del eje socialdemócratas-liberales, dueños del mapa político  continental desde hace 70 años. Es más, observamos como la irrupción de una ultraderecha antieuropea, antisocial, antifeminista y antiecológica encuentra su dique de contención en los partidos verdes.

El cambio climático, la conciencia cada vez más generalizada de estar ante un reto de magnitudes planetarias, está operando como potente catalizador entre la opinión pública de que se nos agota el tiempo y de que, frente al actual modelo de capitalismo neoliberal depredador que nos acerca al colapso, el único discurso realista y alternativo es el del ecologismo político.

En España, por el contrario, en estas últimas convocatorias electorales (europeas, generales, autonómicas y municipales) hemos visto como EQUO, el referente español del Partido Verde Europeo, perdía presencia institucional después de unos años con un nivel de representación como nunca se había conseguido.

Muchos factores puede ayudar a explicar lo sucedido y, ampliando el foco, explicar también las dificultades que en nuestro país el ecologismo político encuentra para consolidarse como fuerza de referencia.

Para nosotras, para obtener una respuesta satisfactoria y que sirva para no repetir errores, es básico reparar en el proceso de fragmentación sufrido por EQUO en los últimos años. Una organización nacida con una clara y decidida voluntad federal para superar las viejas recetas que siempre habían atomizado e inutilizado el movimiento verde no puede caer en los errores que venía a superar: una miríada de organizaciones sin cohesión, personalismos antiguos e incapacitantes y comportamientos prepolíticos. El mundo cambia pero entre nosotras ha habido quienes han querido perpetuar las escaramuzas internas teñidas de oportunismo, más centradas en debates estatutarios estériles que en apoyar los espacios políticos de confluencia. Esta ha sido la razón fundamental que nos ha alejado de un discurso claro, coherente, verdaderamente horizontal e ilusionante y, también, de las acciones útiles para la gente desde las posiciones institucionales que hemos ocupado.

Estamos a tiempo de superar nuestro estado de bloqueo. Debemos elegir entre pasado y futuro, entre ser algo pequeño, disperso, débil, con estrategias localistas y autocalificado de confederal para esconder que no hay ni objetivos, ni estrategia compartida o ser el proyecto federal que gestó EQUO que queremos defender con este artículo. Un proyecto capaz de canalizar la ola social verde que existe en nuestras calles. Debemos concretar nuestro ecologismo político en un discurso que contenga un modelo para Europa y para el conjunto de España, comunidades autónomas y ayuntamientos, incluidos; no servirán posicionamientos tácticos según interese en cada territorio y en cada momento. Eso será más debilidad, más invisibilidad y, por tanto, mayor marginación como fuerza política y menos utilidad social.

Es el momento de recuperar el rumbo perdido. Y obviamente hay que hacerlo con muchos y muchas que hoy aún no están en EQUO. Nuestra responsabilidad es conseguir un proyecto operativo y eficaz que nos haga atractivos para unir a todas esas personas que sienten que las múltiples y superpuestas crisis que vivimos tienen una respuesta verde. Que la transición ecológica no es una opción sino una necesidad, que las declaraciones de «emergencia climática» son estériles si no van acompañadas de «emergencia en las acciones políticas». Y no tenemos demasiado tiempo. La próxima década es la clave para actuar. Es urgente que acertemos porque, si no, nuestro discurso acabará instrumentalizado de forma torticera por quienes, desde las instituciones, nunca van a pasar de las palabras a los hechos, por quienes con palabras verdes seguirán con decisiones de un evidente marrón oscuro. Y habremos perdido un tiempo precioso, quizás irrecuperable.

Artículo publicado el 11 de junio de 2019 en eldiario.es

Un modelo capitalista que nos descapitaliza de lo esencial

No hay margen de tiempo para seguir debatiendo cómo y para qué. Es imperativo actuar sin perder más tiempo. Sobran los informes, los datos, las evidencias. Debíamos haber puesto en marcha un Plan Internacional que fuese ambicioso y vinculante, tratando de preservar las condiciones de estabilidad mínimas del planeta. Pero parece que las únicas organizaciones internacionalmente fuertes son las instituciones y grandes corporaciones de corte neoliberal que hablan de cambios cosméticos para que finalmente no cambie lo fundamental. Organizaciones como NNUU no tienen capacidad, ni consiguen acuerdos ambiciosos o vinculantes que supediten los intereses particulares de los estados al interés global, de manera que se adopten medidas de sostenibilidad que de verdad sean a la vez radicales y sensatas. El paradigma del crecimiento económico continuo, -incuestionado a pesar de contradecir la lógica más elemental-, nos está arrastrando a situaciones límite que, de no frenar, causarán un enorme descalabro global a la civilización humana. Y, en la grave situación actual, ya no caben solo iniciativas individuales, buenistas, apelando a la responsabilidad de cada cual.

Ejemplo dramático que da señales de una gravedad extrema, son las guerras del agua que irán incrementándose conforme avance la desertificación que estamos propiciando con nuestra actividad productivista. En España tenemos estas guerras en marcha con gran beligerancia de las comunidades de regantes, que se vienen apropiando de enormes cantidades de agua en un reparto muy desigual y que genera desertificación. Detener la extracción de aguas subterráneas y permitir que los ecosistemas se recuperen, es reivindicación básica de quienes se ven abocados a graves situaciones de escasez por este acaparamiento de un recurso básico para la vida y los ecosistemas.

 

Así tenemos el ejemplo de la esquina sureste de la península, la zona más seca del continente europeo de donde se están extrayendo enormes cantidades de sus acuíferos y agotando los mismos. Pese a ser un desierto, en los últimos años se han transformado en regadío varios miles de hectáreas, sobre todo de olivos, aunque también de almendros y, en menor medida, de invernaderos de hortícolas, que se suman al exceso que ya hay en otras partes de la provincia. Lo preocupante de todo esto, es que la solución que apunta el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas al agotamiento de acuíferos, lejos de cuestionar el modelo de agricultura superintensiva, propone traer más agua de otros lugares o de desaladoras, todo un despropósito que no cuestiona la lógica del modelo.

La sobreexplotación de los acuíferos forma parte de un modelo agrícola que está haciendo mella en la viabilidad a largo plazo de la agricultura, ya que se rompe el equilibrio en el ciclo que suman las aguas superficiales y subterráneas, dejando eriales y desiertos de vida donde antes había oasis llenos de actividad y diversidad biológicas. Se constituyó una Plataforma que aglutinaba a todas las de la provincia de Almería preocupadas por esta sobrexplotación, Acuíferos Vivos, para que, conocida la situación y el riesgo consecuente, se tomaran medidas que evitaran el grave deterioro que se cierne sobre las comarcas que están sufriendo la extracción abusiva para riego. Y es que, el agua no tiene precio: las sociedades que sacrifican las fuentes de agua por dinero pagarán un precio terrible. Poner miles de hectáreas de olivar en régimen superintensivo en el desierto de Tabernas es una necedad y supone una incoherencia ecológica que compromete el futuro socioeconómico, en este caso, del maltratado sureste peninsular. Y más grave, es que esta situación de insostenibilidad en la esquina subdesértica la podemos ver replicada a lo largo y ancho de toda la península.

Los regadíos, consumen la mayor cantidad de agua (un 86% en algunos casos) de la suma total de usos de este recurso. El cambio en los usos del suelo y la intensificación de la actividad agrícola de exportación, han generado una grave situación de insostenibilidad, lo que es una amenaza, para el territorio y para la población que lo habita. La Junta de Andalucía, durante los largos años de gobierno del PSOE no cumplió con su papel de gestión y planificación, en materia de agua. Pero es que, al acceder al gobierno regional las fuerzas mal llamadas “conservadoras” con el apoyo de la ultraderecha, amenazan con empeorar la ya grave situación, planteando la construcción de más infraestructuras hidráulicas con las que trasvasar agua de donde supuestamente sobra hacia donde, se supone, hay déficit hídrico. No cabe mayor desatino. Seguir hablando de cuencas excedentarias o deficitarias es una gran falacia y una irresponsabilidad.

Si la situación de Almería es grave, el resto de territorios andaluces, y también el resto de la península siguen el mismo camino, sin querer asumir que el ciclo del agua no podemos acelerarlo, y lo estamos alterando al consumir agua a mayor velocidad de la que se repone y regenera en los ecosistemas. Hay que seguir denunciando que lo que se exporta con los hortofrutícolas, con el aceite, con los frutos rojos o frutos subtropicales, y en grandes cantidades, es AGUA. Agua que va desde la Europa más seca a la más húmeda. Aunque haya que exportar parte de lo que producimos, se necesita mesura. La administración es consciente del serio riesgo en que están las masas de agua subterránea por las abusivas extracciones. Inexplicablemente, ha dado más concesiones y derechos de extracción, que aguas hay. Esto se agrava por la gran cantidad de sondeos, captaciones ilegales y pozos reprofundizados que extraen un volumen mayor del autorizado, y este ya es elevado.

Lamentablemente, los responsables políticos que gestionan en clave cortoplacista, sabiendo que serán evaluados cada 4 años, son cobardes en relación a lo que se debería hacer. Y acaban asumiendo la realización de grandes obras hidráulicas; presas, embalses, diques, trasvases o canalizaciones… Actuaciones todas que, no solo no solucionan el problema de fondo, sino que lo agravan. El Gobierno Andaluz y las Confederaciones Hidrográficas, hasta ahora, han negado el problema de sobreexplotación. Hay que replantear los regadíos actuales y adaptar el número de hectáreas a la capacidad de nuestras cuencas y acuíferos de mantenerlas regadas. Y cuestión muy importante es la recuperación y conservación del buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos y de ribera, que son los que mejor se encargarán de devolver a la normalidad el ciclo natural del agua. Cuando se deforesta y eliminan árboles y cobertura vegetal que retiene el agua y mejora la infiltración, se está empeorando la situación que nos está llevando a la desertificación.

En Andalucía, la Junta no ha inspeccionado las macrofincas de olivos hasta que la situación se ha hecho prácticamente insostenible y ha ocasionado un movimiento social que exige que el problema se solucione. Movimiento social, agrupado alrededor de la citada Plataforma Acuíferos Vivos, que se ha movilizado cuando la situación ha provocado el abandono de numerosas pedanías y núcleos de población al secarse sus fuentes.

Y esta situación ha venido provocada, en último término, por los fondos especulativos (muy gráficamente descritos como fondos buitre) y a través de la economía financiarizada. Esta economía financiera es el último paso dado por el capitalismo, puesto que, superados los límites planetarios, ya no se puede acumular riqueza que esté basada en economía productiva real, sino jugando en los grandes mercados financieros, generando burbujas, con las nefastas consecuencias que todas conocemos, pero para las que no parece que tengamos herramientas capaces de prever y evitar.

En el ejemplo que vengo exponiendo, se ve claramente la conexión con esta economía especulativa, ya que son esos agentes o fondos especulativos los que acaparan miles de hectáreas dedicadas al monocultivo del olivar. La expansión e industrialización del olivar van de la mano de nuevos sistemas de cultivo, en los que el olivo se planta a modo de seto, con una densidad muy alta y mecanizando buena parte de las tareas, lo que desplaza mano de obra. Se trata de una progresión evidente en la que un cultivo de secano se está transformado en un cultivo de regadío, con un uso importante de fertilizantes y agroquímicos que alteran la fertilidad del suelo y disminuyen la biodiversidad, acaparan y agotan todas las fuentes de agua y tras unos años de explotación intensiva y recogida de beneficios, abandonan las tierras convertidas en eriales. Es esta economía especulativa, la que finalmente genera desplazados, y “migrantes climáticos” porque pone el cultivo super-intensivo y tecnologizado, -del olivar en este caso-, pero de todos los cultivos industriales en general, al servicio de los intereses del capital global, contando con grandes plataformas agroexportadoras de las que extraer beneficios, y finalmente, trasladando los costes hacia el primer eslabón de la cadena, los pequeños agricultores, jornaleros o habitantes del rural, poniendo en jaque la sostenibilidad social y ambiental de las zonas productoras. Este es el ciclo disruptor del modelo intensivo agro industrial. Y en definitiva del modelo capitalista.

A la Agricultura tecnificada que sobreexplota los recursos de los que depende, (AGUA, SUELO, BIODIVERSIDAD) le podemos aplicar la conocida Paradoja de Jevons, que advierte de que, a medida que el perfeccionamiento tecnológico aumenta la eficiencia con la que se usa un recurso, es más probable un aumento del consumo de dicho recurso que una disminución. En este caso ese recurso es el agua, y esta es imprescindible para la vida, luego su buena gestión es básica. Lo mismo está pasando con los suelos fértiles, cada vez más escasos, y con la biodiversidad, con la confirmada extinción masiva de especies y de agrodiversidad vegetal

Conclusión: Es imprescindible un cambio de paradigma en los modelos de explotación, en el caso que he querido poner de ejemplo, modelo agro industrial. Pero, en general, en los modelos económicos que dejan fuera de la ecuación las bases sobre las que descansan la vida de las personas y los ecosistemas. Y es que la economía no es una ciencia exacta y no entiende los fundamentos termodinámicos y los biológicos en los que se asienta el mundo en que vivimos.

 

Carmen Molina Cañadas

Miembro de EQUO

Artículo publicado originalmente en Contrainformación 30 días-30 opiniones

La ciudad sostenible

El término “sostenible” se ha depreciado notablemente, al no considerar en toda su dimensión lo que implica la sostenibilidad. Se ha usado y abusado del término de forma no ajustada a lo que quiso expresar quien lo acuñó, Gro H. Brundtland, primera ministra noruega a la que la ONU encargó un informe en 1987, originalmente llamado “Nuestro Futuro Común”. Según este Informe, “es sostenible aquel desarrollo humano que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones”.

Hace ya unos años que se asume mayoritariamente que el modelo de ciudad acorde a un desarrollo sostenible, es la ciudad compacta, diversa, eficiente y cohesionada socialmente. La que hace un uso razonable de recursos, la que mejora la calidad urbana y la calidad de vida de sus ciudadanas, la que logra disminuir emisiones impulsando otra cultura de la movilidad y accesibilidad, la que multiplica las zonas verdes, etc.

Para lograr algo así, hay que definir las líneas estratégicas que lo hagan posible. Definir la eficiencia energética y el consumo razonable de recursos como criterios centrales en los procesos de desarrollo urbano y favorecer un uso eficiente del suelo, es decir, no crecer ilimitadamente, como así está sucediendo. O adecuar la iluminación en el territorio municipal, de manera que se evite la contaminación lumínica y se mejore la calidad del cielo nocturno. O evitar la contaminación acústica controlando los niveles de ruido…

Para cumplir esto es básico tener un proyecto de ciudad claramente definido, y en colaboración con los agentes sociales y con la ciudadanía. Tienen importancia para ello las propuestas vertidas en las agendas 21, por ciudadanos, asociaciones vecinales y otros colectivos y que, a día de hoy, no se han visto ejecutados en la mayoría de casos.

Por otro lado, hay que garantizar el derecho a la ciudad de sus habitantes y con ello, el derecho de acceso a la vivienda como uno de los objetivos centrales de la actividad urbanística. Esto es, asumir el artículo 47 de la Constitución española, que establece el derecho de la ciudadanía española a acceder a una vivienda digna, lo que incluye articular mecanismos de acceso a vivienda protegida poniendo en marcha regulaciones que lo posibiliten. No se han satisfecho las necesidades de vivienda de una parte importante de la población, que no dispone de recursos suficientes. Sobre ello hay que actuar.

El parque urbanístico construido a toda velocidad en los años de la burbuja, tampoco ha cumplido los estándares adecuados desde el punto de vista de eficiencia energética y aprovechamiento pasivo de energía. Por ello ha que abordar una rehabilitación para llegar a una reducción del consumo energético de los edificios, para, entre otras cosas, evitar la pobreza energética de usuarios de viviendas. Se debe favorecer la conservación, mantenimiento y rehabilitación del parque existente. Limitar la construcción de nueva vivienda en tanto no se reduzca el parque de viviendas vacías. Y cuando haya que construir, fomentar la construcción bioclimática basada en la eficiencia energética de los edificios.

Hay asimismo que actuar respecto al “metabolismo urbano” integrando el concepto de eficiencia energética en la organización de las ciudades, en la ordenación urbanística, en la edificación, en los sistemas de movilidad y accesibilidad y en la gestión urbana, concienciándonos todas de las pautas de consumo razonables que frenen el crecimiento de la demanda de energía.

Debemos reducir la generación de residuos y la contaminación, apoyando la explotación local, ecológica y renovable y asegurando que el consumo de recursos naturales (agua, suelo, atmósfera…) esté dentro de límites asumibles que permitan su renovación. Entendiendo que los recursos que llamamos renovables, dejan de serlo cuando los explotamos por encima de su tasa natural de renovación.

Sería una buena cosa diseñar campañas de reducción del consumo, tanto en las compras públicas, como en las privadas: limitación de grandes superficies comerciales, fomento de los alimentos locales, ecológicos y de temporada, incentivos a los mercados de segunda mano de muebles, aparatos eléctricos y electrónicos y textiles y lucha contra la obsolescencia programada.  Esto permitiría la reducción en la generación de residuos y la reutilización: incentivos a la venta a granel, fomento del consumo de agua del grifo, campañas de compostaje doméstico y comunitario, sistemas de recogida para la reutilización en puntos limpios y comercios… Ello también redundaría en una mejora de la recogida selectiva de los residuos para su reciclaje: recogida separada de la materia orgánica, implantación de sistemas de Depósito, Devolución y Retorno para los envases, etc… No desarrollar nuevos proyectos de incineración y eliminar los permisos de quema de residuos en las cementeras.

Se hace necesario un modelo territorial compacto que minimice las necesidades de movilidad de los ciudadanos, creando proximidad y acercando e integrando los distintos usos. Hasta ahora se ha permitido y se siguen fomentando desarrollos urbanísticos que propician la lejanía y separación de usos como cuando se planifican grandes complejos comerciales en zonas donde ya hay un exceso de oferta desagregada de servicios.

Nuestro clima mediterráneo sugiere que busquemos soluciones arquitectónicas adaptadas a la climatología local y a los recursos autóctonos renovables disponibles, es decir, incorporar tecnologías eficientes (alumbrado público, climatización de edificios públicos y sistemas de abastecimiento y depuración de aguas).

Un punto importante en la ciudad se refiere al agua, ya que es un recurso natural finito, aunque regenerable, cuyo uso debe basarse en principios de racionalidad, mesura, equidad y solidaridad.

Es básico asumir la necesidad del ahorro y la depuración del agua y garantizar la gestión pública de un bien público. Promover la gestión de la demanda del agua en las ciudades, redactando ordenanzas que obliguen a la instalación de sistemas ahorradores en viviendas, instituciones públicas y privadas e industrias y limitar el uso del agua en jardinería.

Realizar una gestión integral sostenible del ciclo urbano del agua (captación, transporte, almacenamiento, potabilización, distribución, consumo, saneamiento, depuración, reutilización y vertido). Esto debe ser una prioridad de la política urbanística. Y reducir la producción de residuos, potenciando el mercado de productos reciclados, recuperando productos a través de mercados de segunda mano, recuperando envases, sobre todo los de vidrio, como se hacía antaño, ya que se ahorra más energía y materiales que con el reciclaje, mediante la exigencia a las industrias productoras de hacerse cargo de la recogida y devolución al ciclo, de dichos envases etc…

Otro factor imprescindible a considerar es la Biodiversidad y los Espacios Libres en los Sistemas Urbanos. La ciudad es un ecosistema que alberga una biodiversidad propia y específica, compatible con los usos humanos. Considerando nuestro clima mediterráneo y la orografía específica que se dé en cada ciudad, las zonas verdes y ajardinamientos deben diseñarse con una visión bastante diferente a la que se viene ejecutando, ya que no se tiene en cuenta qué especies están mejor adaptadas a nuestra realidad climática de elevadas temperaturas estivales y escasez estacional de  lluvias, para la cual no son aconsejables las grandes zonas de césped que consumen cantidades nada despreciables de agua, o la elección de especies arbóreas o arbustivas que también lo  requieran. O un mantenimiento que abusa de productos fitosanitarios agresivos para el ambiente y la salud de los ciudadanos, las podas severas que debilitan la estructura de los árboles y dificultan la labor que éstos hacen protegiendo de la excesiva insolación estival y del efecto “isla de calor” que se produce en el interior de las zonas urbanas más densas y con más cantidad de cemento.

Hay que aumentar la superficie de suelo con vegetación y reducir el efecto barrera de urbanizaciones e infraestructuras. Tenemos en nuestras ciudades demasiados suelos impermeabilizados bajo cemento y asfalto sin necesidad. Y ello repercute negativamente en la absorción de las aguas de lluvia, escorrentías indeseadas y sobresaturación en determinados momentos de las redes de alcantarillado, además de otros efectos nocivos de la impermeabilización de suelos, que no se suelen tener en cuenta.

Limitar la impermeabilización de más suelos en ambientes urbanos y periurbanos se traducirá en evitar inversiones en medidas de protección frente a inundaciones. Los suelos bien formados propician la infiltración, limitan la erosión y la escorrentía superficial y mejoran la calidad del agua al infiltrarse. Esto supone legislar para que las ciudades sean compactas y no devoradoras insaciables de superficie y de los recursos con ella asociados.

En el caso de los periurbanos forestales o con vocación de serlo: Preservar y/o recuperar estos espacios y protegerlos (Ejemplo: Parque Natural de los Montes de Málaga) conlleva ventajas ya que limita inundaciones en el caso de orografías complicadas, limitan erosión, disminuyen huella de   carbono de la ciudad que rodean, y se le da un uso social al espacio.

Hay tareas fundamentales: vertebrar los territorios urbanos, rurales y naturales a través de la gestión de las vías pecuarias, o en nuestra costa, la andaluza, -que ocupa un 9% de la superficie de Andalucía y acoge al 40% de su población-, y donde el mercado inmobiliario de la franja costera andaluza está más que sobredimensionado. Son muchos los municipios que se han desarrollado más allá de lo necesario y aconsejable, además son muchas las urbanizaciones diseminadas y aisladas que se encuentran semivacías y que son insostenibles desde el punto de vista de la movilidad y que rompen la continuidad de ecosistemas valiosos en los que se asientan.

Afirmó el consejero de la Junta de Andalucía en la anterior legislatura, que en la franja de los 500 metros hay capacidad para la construcción de unas 143.000 viviendas y se aplicó a la aprobación de una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en la línea de seguir impulsando medidas de flexibilización y agilización de los procedimientos urbanísticos para que el urbanismo se convierta en el aliado de la recuperación económica. Eso lo encaminaba y lo encamina a la insostenibilidad.

En fin, que la Gestión Urbana es fundamental y precisa de la participación de las que la habitamos. Y de un urbanismo menos especulativo y más sostenible de verdad, porque el entorno, en este caso el urbano, es un patrimonio insustituible que, como tal, se ha de preservar para su disfrute colectivo.

 

Carmen Molina Cañadas

EQUO

 

Publicado en Contrainformación el 10 de mayo de 2019

Desobediencia civil en tiempos de desmesura del “poder económico”

Vivimos tiempos de desmesura, de excesos de un poder económico, así en abstracto, que va dejando en los márgenes del sistema a cada vez mayor cantidad de población. Empieza a ser una necesidad imperiosa la reflexión en el seno de la sociedad del porqué, el para qué y el cómo se ejerce el control de los pueblos.

Inmersas como estamos en un sistema de organización social dispuesto para servir a un modelo económico, el neoliberal; se nos expropia el tiempo para la reflexión, para disfrutar de la vida, para acompañar y cooperar con nuestras compañeras de generación y con las generaciones enlazadas, esas con las que compartimos espacio y tiempo. Incluso se nos roba el tiempo para la pereza, la ociosidad (creativa o no) que no tiene que asumirse como dejadez, pero que se censura. Han conseguido que nos sintamos mal cuando no somos económicamente productivos, como si el fin último de la vida humana fuese el trabajo y la productividad. No me parece que nuestra dependencia del empleo remunerado y su precarización actual sea realmente el derecho al trabajo que recoge nuestra constitución en su artículo 35. Más que un derecho es una apropiación de nuestro tiempo de vida. Es obvio que SÍ hay derechos que nos corresponde disfrutar y defender. Especialmente el tener vidas dignas y eso supone derecho a un techo, a educación, a la alimentación, a la libertad de movimiento, de pensamiento, de expresión… Pero el trabajo, mejor el “empleo”, más que un derecho es un medio para conseguir esa vida digna y no un fin en sí mismo, como lo entiende este sistema económico que nos roba tiempo, nos explota; y con ello, esquilma a mayor velocidad la tierra que nos sostiene.

Se nos ha dicho que la tecnología nos facilitaría la vida, y dispondríamos de mas tiempo. Y curiosamente, ahora se nos amenaza con que los robots harán la mano de obra humana prescindible, que nos desplazarán de los empleos, pero ¿cómo es posible que estemos en esta espiral explotadora de recursos materiales y humanos?  Lo que subyace es el modelo consumista que dinamiza la economía global y de la que hay que salir con urgencia.

Nos han inyectado en vena valores como el individualismo, que prioriza al individuo respecto a la colectividad, asumiendo que la persona puede obrar según su voluntad, sin atender al espacio compartido. Esto nos lleva a la competencia, la propiedad ilimitada y la capacidad de acumular bienes comunes, que son los bienes de todos: el agua, el suelo, el aire que respiramos, acaparando su propiedad en beneficio privado y privando del mismo a la colectividad. Para oponerse a esta realidad cabe plantearse seriamente el ejercicio de la Desobediencia Civil, en los términos que planteaba Thoreau.

El neoliberalismo, está llegando a unos extremos que hacen necesario un planteamiento colectivo de confrontación y de alternativas al mismo. Una herramienta para conseguirlo es la aplicación del concepto acuñado por Henry D. Thoreau, de la Desobediencia Civil. Él se negaba a colaborar con un Estado que mantenía el régimen de esclavitud y emprendía guerras injustificadas. Es algo que no ha dejado de ocurrir en la historia de la humanidad.

Ahora, y en un contexto social y ambiental tremendamente complejo y con síntomas de agotamiento, que está sacando a las calles de todo el mundo global, a mujeres por la igualdad, a jóvenes por su futuro, a indígenas por la defensa de sus territorios, a desterrados, migrantes, apátridas… se impone la acción no solo reactiva, sino constructiva de otra realidad posible. Construirla de la mejor manera que seamos capaces, con la inteligencia colectiva, dedicando tiempo a lo común. Disponemos de multitud de ejemplos dispersos y aislados de comunidades que se autoorganizan y viven. En el mejor sentido de esa palabra. No sobreviven, no malviven… viven vidas dignas de vivirse. Pero se les deja cada vez menos espacio.

El modelo económico está acabando con los espacios físicos y ecosistemas que necesitamos para ello. Es por eso que se impone la aplicación de otra lógica, porque la imperante nos está sacrificando en el altar del enriquecimiento de unos pocos, cada vez menos.  Hemos adormecido la inteligencia colectiva y el instinto de supervivencia, al construir un mundo artificial que ha roto los lazos con la naturaleza de la que formamos parte. Y la tecnología no nos va a salvar. Muchos mundos distópicos estamos ya imaginando, a cuál más desasosegante. Parémonos a reflexionar colectivamente. Apliquemos lo aprendido, o lo que podemos aprender de todas las que nos precedieron, de generaciones y personas que cambiaron sus realidades a golpe de sueño, a golpe de utopía. Aprendamos de los valiosos ejemplos que tenemos a nuestro alrededor.  Por ejemplo, la obra de Thoreau que criticaba la autoridad del Estado y llegó a ser inspiración para Gandhi en su campaña de resistencia contra la ocupación británica de la India. También inspiró a Martin Luther King en su lucha no violenta frente a la discriminación de la población negra de EE. UU. Ha promovido y sigue inspirando movimientos como la objeción fiscal, la objeción de conciencia contra el militarismo o violencias más o menos solapadas, movimientos ciudadanos y luchas ante los abusos.

En realidad, la insumisión de Thoreau cuestiona el equilibrio y funcionamiento de la sociedad como fuerza de control del individuo. Sin embargo, ha servido para defender los derechos de muchas personas frente a la injusticia y la acumulación de poder por parte de élites que actúan con lógicas alejadas del interés colectivo y el instinto de supervivencia de la especie.

Las preguntas que subyacen son: ¿hasta qué punto estamos obligados a obedecer a gobiernos, cuando sus leyes nos parecen injustas? ¿cuándo y cuanta injusticia hace falta para que esté justificada la resistencia pacífica al poder? ¿cuántas desobediencias individuales, como la de Rosa Parks no cediendo su asiento de autobús a un blanco, o de Greta Thunberg no yendo a clase los viernes, necesitaremos para desobedecer colectivamente y cambiar el sistema?  

Thoreau respondió de un modo radical y provocador, afirmando que cuando las obligaciones de un individuo se apartan de su idea del deber, ha llegado la hora de la desobediencia. Quizá ha llegado ese momento para amplias capas de la sociedad que ya se mueven en los márgenes de este sistema. Es momento de desobedecer radicalmente, porque los derechos fundamentales, los que sostienen la vida, no están primero en la realidad actual. Se supeditan a los intereses de la economía y a su adoración del crecimiento económico. Un crecimiento que proporciona empleos cada vez más precarizados y alienantes en los países enriquecidos y que niega el futuro a los que llaman a nuestras fronteras desde el sur empobrecido. Y es momento de cambiar esta realidad.

 

Entrada publicada en Ecologismo de Emergencia el 2/05/2019

Biotecnología vs. Ecología. Su aplicación en la Agricultura. Modelos agrarios

Estos días leí en redes una noticia que alguien compartía y en la que se afirmaba que había informes que concluían que los alimentos ecológicos no eran mas sanos que los demás. A esa afirmación contesté que sí afecta negativamente a nuestra salud, porque deteriora nuestro ecosistema, en el que desarrollamos nuestra vida, ese planeta del que sabemos que no hay repuesto. Alguien contestó a esto afirmando que es imposible para la agricultura campesina alimentar a 7.000 millones de personas, que esa no es forma de solucionar la sobrepoblación.

El debate planteado es pues sobre la agricultura que tiene posibilidades (o no) de alimentar a un mundo sobrepoblado.

Los biotecnólogos moleculares experimentan con formas de modificar la información génica de los cultivos insertando genes o, más recientemente, editando genomas

Jeremy Rifkin, antes de que alumbrara este siglo, expresaba en algunos de sus libros (“El siglo de la Biotecnología”) la preocupación que le producían, muchos aspectos de la naciente -en aquellos momentos-, revolución biotecnológica.

Los biotecnólogos, a priori, ven el mundo de un modo reduccionista y se aplican a un trabajo en el campo de la biología molecular como si fuesen ingenieros, dedicados a corregir, recombinar y reprogramar los componentes genéticos de la vida para crear organismos mas eficaces y útiles al servicio de la humanidad.

Sin embargo, en el campo de la biología, los ecólogos se acercan a la naturaleza de otro modo, integrador y sistémico. Ven la naturaleza como una sutil red de relaciones complejas que implican tanto componentes vivos como inertes y su interacción con la energía solar que activa el funcionamiento de la biosfera.

En base a estos enfoques en el análisis y estudio de la vida, podemos decir, que se llega a prácticas agronómicas bien diferentes.

Es decir, si estas distintas formas de enfocar el estudio de la vida lo aplicamos en Agricultura, veremos que los biotecnólogos moleculares experimentan con formas de modificar la información génica de los cultivos insertando genes o, más recientemente, editando genomas. El objetivo es conseguir cultivos más nutritivos, o que resistan a herbicidas, plagas, bacterias y hongos. Se asume que todo depende del organismo cultivado. El éxito del sistema es altamente dependiente de insumos externos como energía, fertilizantes y fitosanitarios con un uso pautado y efectos muy predecibles, usando al suelo como soporte de la actividad o prescindiendo de él.  Es una agricultura basada en el control. Mientras que una agricultura basada en una aproximación ecológica desarrolla un manejo que aprovecha los recursos endógenos del sistema: agua, suelo y diversidad, reduciendo así la dependencia de insumos y energía externa. Aquí, el control es menor al ser el sistema y su manejo más complejos, pero es menos dependiente de insumos y preserva más los servicios ecosistémicos. Éstos son recursos o procesos de los ecosistemas naturales que nos benefician, como agua potable limpia; o procesos como la descomposición de desechos.

La Agroecología aplicaría esto último, añadiéndole el elemento social imprescindible, siendo los agricultores depositarios y corresponsables de la gestión de la diversidad cultivada. En contraposición, la agricultura industrial derivada de la revolución verde y su versión más biotecnológica basada en la aplicación de los Organismos Modificados Genéticamente (OMG), priman la producción y el control, considerando los alimentos como mercancías.

Añadamos que los derechos de propiedad intelectual que se aplican sobre semillas, especialmente las modificadas genéticamente por biotecnología, suponen también una limitación al uso y gestión de un recurso básico para los agricultores, que es la diversidad cultivada, necesaria para asegurar el derecho a la alimentación.

Son de suma importancia en el uso de OGMs los marcos normativos. Y estos marcos, surgen de la aplicación de distintas políticas nacionales e internacionales, no sujetas a control ciudadano. En especial, aquellas políticas relacionadas con la existencia y aplicación de Tratados de Libre Comercio. Siendo esto así, resulta evidente que el debate sobre el papel de las plantas transgénicas en agricultura trasciende ampliamente el marco de las disciplinas biológicas, de la investigación, de la I+D y de una supuesta neutralidad científica, ya que tienen consecuencias que van mas allá. Esta es una de sus perniciosas derivadas.

Al respecto, hay que decir que la ciencia es un sistema potente de generación de conocimiento, del que derivan productos y servicios tecnológicos. Pero no es neutral. Entre otras causas porque no lo es su financiación, ni las reglas que operan en la comercialización de sus derivados, o la aplicación de derechos de propiedad intelectual, como las patentes. Rigen por encima, las reglas de mercado.  Y estas operan en la agricultura y la producción de alimentos.

El modelo de producción agrícola industrial regido por un mercado global donde los productos agrícolas viajan miles de kilómetros desde sus lugares de producción a los de consumo, tiene una insostenible huella de carbono, y, aunque el coste económico y ambiental no se considera, lo pagamos todos. Grandes superficies de cultivo a nivel mundial y dependientes de gran cantidad de insumos, -la mayoría monocultivos-, son las que tienen más valor de mercado para el desarrollo de semillas transgénicas. Esto implica alejarse de la sostenibilidad de los ecosistemas agrarios. Se estima que la inversión necesaria para poner una planta transgénica en cultivo comercial supone una inversión de 136 millones de dólares y unos 13 años, datos para el periodo de introducción comprendido entre 2008 y 2012 (gmoanswers).

Son varios los cultivos transgénicos que llevan tiempo en producción por lo que se puede ver lo que ha supuesto su introducción. Sirva de ejemplo el cultivo de la soja. Los principales productores son EEUU, Brasil y Argentina y el porcentaje de plantación proveniente de semilla transgénica es del 90% o superior. El 75% de la producción mundial se dedica al forraje animal, a pesar que se sabe que las dietas basadas en ingesta de proteína animal son perniciosas por la huella hídrica y el uso de suelo requerido por caloría consumida. Este modelo favorece la destrucción de grandes superficies del Bosque Atlántico y de la Amazonía brasileña. La intensificación de su cultivo ha producido deterioro de suelos, disminución de la cantidad y calidad del agua, y efectos negativos evidentes en biodiversidad. Ninguno de estos efectos podemos seguir permitiéndolos si asumimos que necesitamos una Agricultura resiliente y que nos permita contrarrestar las emisiones de GEI causantes del cambio climático. Además, han aparecido malezas resistentes al glifosato y se han desarrollado variedades transgénicas con resistencias a más de un herbicida.


Si consideramos cuestiones socioeconómicas y siguiendo con la soja, se constata que las explotaciones dedicadas a su producción, en Norte y Sudamérica, son mayoritariamente de escala industrial propiciándose una concentración de la tierra en menos manos. Esto ha desplazado a los pequeños y medianos propietarios. En relación al empleo, en algunas regiones argentinas se estima que la conversión a la soja ha destruido cuatro de cada cinco trabajos agrícolas (ver informe de 2014 de WWF “El crecimiento de la soja, impacto y soluciones” y citas en él contenidas). Transcurridos 5 años de ese informe, el deterioro de ecosistemas y de empleo es mayor.

Hay quien piensa que los transgénicos no son el principal problema, lo son quienes ostentan el control de su uso y hacen negocios con los OGM. Admitir esto es un primer paso. El siguiente es constatar el poder del oligopolio que concentra la producción de material vegetal de reproducción, y el sistema de patentes que rige y controla la industria biotecnológica. Añadamos los diferentes tratados comerciales firmados al amparo del proceso de globalización desde los 90 del siglo pasado hasta la actualidad por nuestros gobernantes. Si un investigador decidiera por su cuenta, poner a libre disposición del mundo, plantones de fresas transgénicas con frutos de textura mejorada, sería muy improbable que lo consiguiera. La razón es el empleo de ideas, métodos y materiales que otros han patentado internacionalmente, de manera que, aunque permitan investigar y publicar en el tema, si el desarrollo logrado pretende entrar en producción, aparecerá la reclamación de los derechos de propiedad. Tendría que negociar y pagar a obtentores de varias patentes, desde las metodológicas hasta las que tienen que ver con el empleo de los genes. Se tiene patentado el uso de todas sus aplicaciones prácticas conocidas.

También se patenta la naturaleza. Se ha permitido patentar semillas como si fueran un invento, una nueva máquina. Las semillas cultivadas, además de seres vivos, son un recurso renovable, como el agua y el suelo. Los tres son imprescindibles para la producción de alimentos. Desde el punto de vista de su gestión, las semillas cultivadas encajan en la categoría de los bienes comunes, tal como se refiere a ellos la premio Nobel de Economía 2009, Elinor Oström. No son ni del estado ni del mercado, su custodia corresponde a las personas en cada lugar. Tienen en común con el agua, que son un recurso que fluye en el tiempo y en el espacio. Las semillas de uso agrícola, algunas cultivadas miles de años por generaciones de campesinos, ofrecen diversidad de especies y variedades como resultado de las decisiones de los agricultores al seleccionar semillas para el siguiente cultivo, además de cruces genéticos fortuitos, de los procesos de adaptación de los cultivos a manejos y condiciones ambientales locales, intercambios, etc. Esta agro-biodiversidad está en grave peligro por un efecto colateral de la revolución verde del siglo pasado que concentró sus esfuerzos en muy pocos cultivos y variedades que desplazaron muchas de esas especies y variedades tradicionales al ser menos productivas cuando los insumos no son limitantes o por no tener mercado suficiente. Y ahí es donde operan los OGM.

Todas estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta, al adoptar un modelo u otro de agricultura. Y urge que desde la responsabilidad política no se hurte este debate fundamental.

 

Entrada publicada el 26 de abril de 2019 en Contrainformación

¿Calentamiento Global? ¿Cambio Climático? ¿Desequilibrio climático? ¿De qué hablamos y qué podemos hacer?

La lucha contra el cambio climático es una emergencia global que no admite excusas. Es alentador comprobar que los jóvenes, -principales sufridores de las consecuencias futuras-, se han puesto en marcha para interpelarnos. Siempre hubo huracanes, grandes borrascas, sequías y otros fenómenos climáticos, pero es un hecho constatable que cada vez son más frecuentes e intensos.

La principal causa de este cambio o desequilibrio son las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la actividad humana.

Los datos del IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático) son concluyentes respecto a lo que está sucediendo con el clima global: los fenómenos atmosféricos extremos se correlacionan con la temperatura de la superficie del mar en los océanos, que han capturado el 90% del calor adicional producido en los últimos 50 años. Tenemos la obligación de reducir los efectos potenciales de ese calentamiento. Abordar medidas para la mitigación y para la adaptación, lo que implica actuar para minimizar los efectos que empezamos a sufrir. Eso supone la reducción de las concentraciones de gases de efecto invernadero, preferiblemente mediante la reducción de sus fuentes. Pero no se están tomando medidas para lograr una reducción significativa. En muchas regiones del Hemisferio Sur se da por sentado un incremento de temperaturas excesivo.

En países como España, asumiendo el cumplimiento del Acuerdo de París, supondría, en cualquier caso, un aumento en torno a los 4ºC, con terribles consecuencias, ya anticipadas científicamente, para el sector agrícola y las poblaciones costeras, por la subida del nivel del mar.

No hay un Acuerdo Internacional de cómo gestionar la capacidad de carga de la biosfera, de absorber los residuos de nuestra actividad industrial. Lo de París fue un acuerdo de mínimos y no va a tener trascendencia en el control de emisiones.

Hoy existen más refugiados por causas climáticas que por guerras: según datos de Naciones Unidas hay más de 20 millones de personas desplazadas por desastres ecológicos. Los que quieren seguir pensando que son fenómenos naturales quizá no sepan que, en muchos de esos focos de emigración, por ejemplo, en África, sus habitantes llevaban siglos viviendo en durísimas condiciones climatológicas y sabían afrontarlo. Los desplazamientos son algo nuevo y en muchos casos tienen que ver con las políticas de los Gobiernos, favorecedoras de las grandes Multinacionales y de los monocultivos y sobreexplotación de recursos. Acaparan tierras, pero, más dramático aún, acaparan agua en muchos sitios donde ya de por sí escasean y obligan a sus moradores a desplazarse. En ese sentido el Brasil de Bolsonaro nos sirve de triste ejemplo. Lo primero que ha hecho al llegar al poder ha sido desproteger los territorios del acoso de grandes corporaciones madereras, ganaderas o extractivistas en general.

El cambio de paradigma necesario requiere actuar en distintos frentes:

Movilidad global, ordenación del territorio, sobre todo en los crecimientos urbanísticos desproporcionados que generan mayor necesidad de desplazamientos; Gestión hídrica y cierre del ciclo natural del agua. Recuperación de sistemas de protección naturales en nuestro litoral, que eviten las consecuencias de tener buena parte de nuestra costa encementada; mantenimiento de zonas forestales en condiciones óptimas que eviten o minimicen los incendios forestales que cada vez afectan con más intensidad y a mayores extensiones.

Desafortunadamente la mayoría de los medios de mitigación parecen efectivos para prevenir calentamiento adicional, no para revertir el calentamiento existente. Y eso es preocupante. Medidas como: reducir la demanda de bienes y servicios que producen altas emisiones, incrementar la eficiencia, el uso y desarrollo de tecnologías de bajo nivel de CO2 e ir sustituyendo los combustibles fósiles. Incrementar la eficiencia energética de los vehículos, dando mayor peso en el transporte terrestre al ferrocarril y al transporte colectivo. Se precisan cambios en los estilos de vida y en las prácticas de negocios. Así como en el planeamiento urbano, que también debería servir para reducir la expansión descontrolada de las ciudades y con ello, reducir los km viajados, minimizando las emisiones del transporte.

La planificación urbana tiene un efecto evidente sobre el consumo de energía. El uso ineficiente de la tierra, muchas veces tierra fértil escasa, para los desarrollos urbanísticos, más allá de las necesidades reales, y basándolo en la especulación, ha aumentado los costes de infraestructura, así como la cantidad de energía necesaria para el transporte, los servicios comunitarios y en edificios. Se podrían reducir los consumos energéticos considerablemente a través del uso más compacto y mezclado de los patrones del suelo.

El parque urbanístico construido a toda velocidad en los años de la burbuja, no ha cumplido los estándares adecuados desde el punto de vista de eficiencia energética y aprovechamiento pasivo de energía, y, para colmo, la especulación ha impedido cubrir las necesidades de vivienda de la población. Se necesita mejorar la eficiencia energética del parque edificatorio y facilitar el derecho a disfrutar de viviendas en condiciones dignas.

Una grave derivada tiene que ver con la especulación en el litoral. La invasión urbanística del espacio costero y llanuras de inundación ante fenómenos cada vez más fuertes hace también a las poblaciones litorales más vulnerables a sus efectos.

Otro grave problema es el imparable proceso de desertificación donde concurren diversos factores que se van sumando para empeorar la situación: la pésima gestión del ciclo del agua, sobre todo por el elevado peso de la que se destina a regadíos y asimismo la falta de protección a lugares de especial relevancia y valor natural, como el emblemático PN de Doñana, con su especialmente vulnerable y frágil marisma, de extraordinaria importancia como lugar de paso, cría e invernada para miles de aves. Porque también cumplen las marismas importantes funciones, como la de amortiguar y minimizar las corrientes marinas cuando hay mucho viento o tormentas, y esa es una función fundamental en relación a la protección del litoral frente al cambio climático, que no siempre se considera, cuando se le da vía libre a procesos de encementado del litoral.

A lo anterior hay que agregar la acelerada subida del nivel del mar, que además es cada vez más rápida: desde los 1,2 mm año del periodo 1901 a 1990 a los 3,4 mm anuales de los últimos años, que además en el litoral malagueño llega a ser de 9 mm/año. Este incremento del nivel del mar se suma al producido por el oleaje amplificando la zona inundada por el mar.

La conclusión es clara: es urgente tomar medidas contra el cambio climático, de mitigación y de adaptación.

En 2017, la que fue secretaria general del Convenio Mundial contra el Cambio Climático, Christiana Figueres, publicaba en la revista ‘Nature’ un manifiesto en el que advertía que nos quedaban tres años para cambiar la actual tendencia en materia de cambio climático y comenzar a reducir las emisiones. O sea, para 2020 debían estar en marcha medidas ambiciosas. Planteaba el desarrollo de una hoja de ruta de 6 puntos en sectores concretos que nos permitieran alcanzar ese objetivo.

El sector de la producción de energía es clave: el ambicioso objetivo era alcanzar con energías renovables para el año 2020 un 35% de la producción energética global. En materia de transporte vehículo eléctrico eficiente, pero mejor aún, ferrocarril movido por electricidad procedente de renovables. Detener totalmente la destrucción de las selvas y bosques tropicales, hoy tan amenazados. Y aquí tenemos pendiente buscar soluciones a los graves problemas de nuestras masas forestales, como la seca del alcornocal y mal estado de encinares y pinares, o frenar la expansión de eucaliptales que promueven empresas como ENCE para pasta de papel. Fundamental detener la degradación de los suelos. Las soluciones están ahí, y hay que ponerlas en marcha.

La lucha contra el cambio climático es una emergencia global que ya no admite excusas. Aceleremos las actuaciones necesarias. Los jóvenes y el futuro lo están demandando.

 

Entrada publicada en Blog Ecologismo de Emergencia el 15/03/2019

Lynn Margulis: La mujer que supo ver que el motor de la evolución es la cooperación

Mujer tenía que ser. De nombre Lynn. De vocación, estudiosa de los procesos que la vida desarrolla para progresar y evolucionar. Lynn Margulis (1938-2011) es la bióloga que nos proporcionó una de las teorías más revolucionarias de la historia de la evolución. En la década de 1960, esta bióloga estadounidense tuvo una idea revolucionaria sobre la evolución de la vida y el origen de las células: vio la simbiosis con el microscopio y se dio cuenta de que cada una de nuestras células era el resultado de la cooperación entre otras células más sencillas que se habían aliado para trabajar juntas. Lynn Margulis era microbióloga, genetista no convencional, divulgadora de la ciencia y, sobre todo, teórica de la evolución. Revolucionó la Teoría de la Evolución demostrando que la evolución ha actuado a través de la cooperación, gracias al funcionamiento de los organismos vivos en la simbiosis (asociación de organismos en la que hay beneficio mutuo: ambos sacan provecho de la vida en común).

Fue una persona influyente en la biología del siglo XX, y ello a pesar de que sus propuestas (en los márgenes de la ciencia establecida) le granjearon fama de heterodoxa, cuando no

de rebelde. Dedicó buena parte de su energía e investigaciones a proponer que la colaboración entre especies ha sido más determinante en la evolución biológica que la competencia, que era lo que proponía Darwin como motor de la evolución de los seres vivos: la lucha por la vida y supervivencia del más fuerte.

Es decir, lanza, a lo largo de toda una vida de investigación, un mensaje netamente ecofeminista. Su mensaje ayuda a configurar una mirada diferente de este mundo nuestro, y da luz a aspectos infravalorados, pero insoslayables si se quiere un tránsito que suavice el más que probable colapso de nuestra civilización.

Margulis llegó a una visión holística de este mundo global en el que todos somos interdependientes (no podemos sobrevivir aislados del resto de nuestros semejantes o fuera de la sociedad) y, por supuesto, ecodependientes (tampoco podemos pervivir sin tener en cuenta que dependemos de los ecosistemas naturales que son el soporte físico que nos sustenta). Las conclusiones que saca de las investigaciones que desarrolló a lo largo de su vida nos sirven de ejemplo para saber cómo desenvolvernos en este mundo vivo, que tanto hemos alterado, que funciona como un sistema complejo y al que tanto hemos perturbado.

Tuvo una cierta vinculación científica y emocional con nuestro país. Yo la conocí siendo estudiante de biología en una conferencia multitudinaria que dio en nuestra universidad. Me deslumbró la energía y lucidez con que exponía lo que claramente constituía una visión del mundo singular. Nos habló de la hipótesis Gaia sobre la que había discutido y debatido ampliamente con su creador, James Lovelock. Esa hipótesis considera a nuestro planeta como un organismo vivo. Por tanto, nos sirve para comprender el valor de los cuidados y la transversalidad del ecofeminismo. Lovelock, bioquímico inglés, fraguó la idea de que el ecosistema Tierra funciona como un superorganismo. Cuando Lovelock publicó la hipótesis de Gaia provocó una sacudida en muchos científicos, sobre todo en aquellos con una mente más lógica que odiaban un concepto que sonaba tan místico. Tanto más, después de que la llamara Gaia, por la antigua diosa de la Tierra.

Como Margulis relata en el prólogo de su libro Planeta simbiótico, no vio inmediatamente la relación de su teoría endosimbiótica con Gaia, pero finalmente concluyó: La hipótesis Gaia es ver la simbiosis desde el espacio.

Lynn Margulis colaboró con James Lovelock en el desarrollo de la teoría de Gaia. Cuando era entrevistada sobre ese tema, argumentaba que suscribía la frase de Nietzsche: “La tierra es un lugar muy bonito, aunque está afectada de una enfermedad: los humanos”.

En el libro ¿Qué es la vida?, Margulis invita a explorar científica y filosóficamente los enigmas en los orígenes de la vida. Por ejemplo, examina la conexión biológica entre muerte programada y sexo, la evolución simbiótica de los reinos orgánicos, la noción de la Tierra como un superorganismo y la fascinante idea de que la vida, no solo la humana,

tiene libertad de acción y ha tenido un papel insospechadamente importante en su propia evolución. Dicho con sus palabras:

«Así, vamos comprendiendo que, en realidad, la vida es un proceso material que cabalga por encima de la materia como una extraña y lenta ola, que es un caos artístico controlado, un conjunto de reacciones químicas asombrosamente complejo que empezó su andadura hace cuatro mil millones de años y que ahora, en forma humana, escribe cartas de amor y emplea computadores de silicio para calcular la temperatura de la materia en el nacimiento del universo. Descubrimos que la vida es, a fin de cuentas, algo aparentemente obvio: la celebración de la existencia.»

Con la inspiración de las reflexiones de Lynn Margulis, podemos imaginar cómo abordar la crisis global asumiendo los postulados que ella aplicó en biología y que han acabado siendo admitidos por la comunidad científica, tan reacia al principio. Es decir, evolucionemos cooperando y desechemos la competencia como motor.

En un artículo de Marga Mediavilla (reflexionando sobre el mundo y su deriva), también hacía referencia al valor de la cooperación, con un certero análisis sobre el camino por donde nos lleva la tecnología y las nuevas habilidades que se le otorgan a los robots. Me

pareció muy relevante la idea porque especulaba sobre la misma premisa. A saber: las habilidades adquiridas por la inteligencia artificial tienen que ver con la “percepción” de que la cooperación es la mejor estrategia para evolucionar, dando la razón a Lynn Margulis y contradiciendo a Darwin y su idea de que la evolución se desarrolla mediante la competencia. En sintonía con este planteamiento, el movimiento feminista es el mejor referente que podemos tener porque funciona en clave COLABORATIVA o COOPERATIVA.

En cambio, ¡aquí estamos! metidos en una dinámica de competencia de la que no sabemos salir. Decía Mediavilla: “Los robots han aprendido a cooperar entre sí para ser similares a los humanos, sin embargo, a los humanos no se nos permite hoy ese lujo”. Nosotros debemos someternos a la ley del mercado y jugar los juegos del hambre global que nos impone el capitalismo. Aunque los robots hayan conseguido grandes avances siendo cada vez más sensitivos, nosotros debemos ser insensibles al drama social del desempleo, insensibles al deterioro ambiental, insensibles a nosotros mismos. Aunque la ingeniería moderna está descubriendo las cualidades superiores de la cooperación, nuestra máquina económica tiene como único mecanismo la competencia.

Y el aprendizaje que se extrae es claro: tenemos que cooperar y ser muy sensibles al medio ambiente que nos rodea si queremos salir adelante y dejar atrás este modelo económico que está rompiendo los equilibrios de Gaia y poniendo en peligro nuestra supervivencia.

De momento estamos demostrando ser bastante torpes a la hora de cooperar y de solucionar los problemas globales. Con lo artificioso de la vida en la que nos desenvolvemos ¿acaso hemos perdido el motor evolutivo de la cooperación?

 

Entrada originalmente publicada en Blog Sostenible el 7/03/2019

Es necesario acabar ya con la enorme cantidad de pozos ilegales

Recientes y desagraciados acontecimientos han puesto tristemente en evidencia la conocida y muchas veces denunciada realidad de los pozos ilegales en nuestro país.Unos pozos ilegales que muestran la mala gestión realizada durante bastantes años en relación al uso de un recurso tan básico como el agua, y que acarrea conflictos sociales, ambientales, jurídicos y políticos que ya son insostenibles. Es hora de abordar la problemática del uso y gestión con la responsabilidad que se merece. Existe una gran cantidad de pozos ilegales que taladran todo el mapa peninsular y hay una evidente falta de medidas de control que eviten la dramática situación que viven algunos ecosistemas como valiosos humedales y algunas cuencas.

En la actualidad, son muchos los acuíferos que se encuentran catalogados como masas de agua subterráneas en mal estado en los Planes Hidrológicos. A esto se unen la desertificación que avanza y sequías agudizadas por falta de gestión y previsión. Esto lleva a que las perforaciones y extracciones ilegales, e incluso las legales sobredimensionadas, hace tiempo que persistan por encima de los valores de recarga natural. Porque la insostenibilidad no solo viene de los pozos ilegales, sino también de permisos de extracción concedidos por la Administración que se sobredimensionan más allá de la lógica.

Los porcentajes de consumo de agua por sectores evidencian que es el sector agrícola de regadío, el que consume la mayor cantidad de este recurso (alrededor del 87% en la mayoría de los casos). El cambio en los usos del suelo y la intensificación de la actividad agrícola de exportación han generado una grave situación que comienza a ser una amenaza, no solo para el territorio, sino también para la población que lo habita y el suministro de agua a algunas poblaciones. Casi todas las cuencas tienen un exceso de extracciones respecto a los recursos disponibles, pero, sin embargo, los regadíos han seguido incrementándose y esto no se puede mantener por más tiempo.

La realidad nos dice que estamos exportando agua desde la Europa más seca hacia la más húmeda. ¿Hay despropósito mayor? También nos está diciendo que el estrés hídrico que padecemos es de los mayores de la Unión Europea, solo por detrás de pequeñas naciones insulares como Chipre y Malta. Una de las razones es el cultivo superintensivo de plantas tradicionalmente de secano como son los olivos, que se está extendiendo por todo el mundo y también en España. Son muchas las preocupaciones que genera esta modalidad productiva. A los recientemente denunciados métodos de cosechar mecanizados, que, al no parar durante la noche, están acabando con millares de aves en estos campos, se une una gran preocupación por la enorme cantidad de agua que consumen.

Para mantener estas modalidades de cultivo que, siendo tradicionalmente de secano, se reconvierten a regadío para incrementar la productividad, se sigue pidiendo, o más bien, exigiendo, más agua y más infraestructuras hidráulicas, en lugar de mesura en su gestión. Es hora de cuidar un bien tan imprescindible como es el agua para poder garantizar su uso hoy y en el futuro. Porque la demanda actual ya supera con creces la disponibilidad que se puede cubrir en el presente, así que seguir insistiendo en aumentar regadíos es sencillamente proponer el suicidio de comarcas enteras.

Además, es necesario tomar medidas ya para clausurar pozos que llevan demasiado tiempo extrayendo ilegalmente. Mientras no se adopten medidas seguirán proliferando, como lo han hecho hasta ahora por todo el territorio, con la consecuente pérdida de los ecosistemas que dependen del agua. Y de los que a su vez dependemos nosotras y nuestro bienestar, si es que solo se quisiera ver desde un punto de vista egoísta.

Recientemente, la Unión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia Europeo por el impacto de la extracción ilegal de agua en Doñana. Pero esto no solo es necesario en el espacio protegido y Patrimonio de la Humanidad en peligro que es este parque nacional.

Sabemos que es muy urgente llevar a cabo una restauración integral de las marismas de Doñana y del Guadalquivir para dar respuesta a uno de los principales retos que tiene el espacio natural si se quiere garantizar su futuro. Ciertamente es básico que se recuperen los aportes hídricos de las cuencas que vierten a Doñana y que se haga un deslinde del dominio público hidráulico. Se necesita una restauración hídrica de las marismas. Y clausurar pozos y dejar de extraer por encima de la capacidad de recarga del acuífero.

Tengamos en cuenta la situación de vulnerabilidad frente al cambio climático. Todos los pozos ilegales contribuyen muy negativamente a agravar el estrés hídrico que sufren algunos territorios. Es un problema de gran envergadura y el lobby de las comunidades de regantes presiona en gran medida para mantener unas extracciones insostenibles, de tal manera que no se vea afectada la productividad de sus explotaciones.

El agua no es solo imprescindible, es un derecho, y debemos gestionarlo no solo para nuestro presente, sino para el futuro de los que vendrán.

 

Entrada publicada originalmente el 24 de febrero de 2019 en El Asombrario & Co.