El uso ineficiente del territorio en busca de inmoderados beneficios empresariales

Urbanísticamente, la situación que tenemos en buena parte de las ciudades del país, es de desproporción de suelos cubiertos de cemento, dispersión constructiva y fragmentación de espacios. Necesitamos alcanzar un uso eficiente del suelo en las ciudades, no crecer ilimitadamente hasta ocupar la última cuadrícula de territorio. Porque hemos generado un impacto imborrable en la calidad de nuestros paisajes, y mermado los recursos bioproductivos, de enorme valor para el sostenimiento de la vida.

El cambio de modelo urbano-territorial que hay que acometer no solo afecta al planeamiento, sino a casi todas las políticas y áreas de competencias que en él confluyen. Hay que considerar la importancia de:

  • Orientar el urbanismo hacia el modelo de ciudad compacta, diversa, eficiente y cohesionada socialmente.
  • Hacer un uso razonable y sostenible de recursos, y no empeorar la calidad de vida de la ciudadanía. De fundamental importancia para garantizar esa calidad de vida, es crear áreas verdes amplias, con “bosques” o arboledas de espesura y frondosidad mínimas que “naturalicen” los barrios.
  • Cumplir los objetivos de emisión fijados en los protocolos y acuerdos internacionales. Tanto mas, por cuanto nuestro país es especialmente vulnerable a los efectos constatados del Cambio Climático. Y también los constatados en la experiencia con COVID-19, de que se puede mejorar la calidad de nuestro aire reduciendo las emisiones de vehículos a motor.
  • Aprender y asumir una nueva cultura de la movilidad y accesibilidad que permita cumplir esos objetivos de reducción de emisiones.
  • Adaptar edificios, infraestructuras y entornos al clima.

En definitiva, poner en marcha una política que articule y relacione todas las funciones y actividades que confluyen en los tejidos urbanos, en los que la proximidad y la habitabilidad reduzcan las necesidades de movilidad. Porque hay que usar como criterio fundamental en el desarrollo urbano de las ciudades, la eficiencia energética y al consumo razonable de recursos. Y los suelos van siendo consumidos sin mesura y con demasiada despreocupación.

A pesar de saber todo esto, estamos viendo cómo se toma el rumbo equivocado y continúan los movimientos especulativos del sector inmobiliario que tiene en el suelo su principal capital a explotar.

Ejemplo de desarrollo urbano ineficiente, es el exceso de suelo calificado para uso de gran superficie comercial, sin que se reúnan las condiciones mínimas para ello y condicionando el uso global y la movilidad, allá donde se implantan. Hemos asistido a una auténtica inflación de suelos calificados para esos usos, sin que se hayan evaluado correctamente los impactos que producen en la ordenación del territorio, ni tampoco su necesidad o utilidad.

Ejemplos de que esto es así no paramos de encontrar por el territorio, especialmente en áreas litorales ya muy explotadas. El último caso del que acabo de tener noticia: La Empresa INTU, que se presenta tal que así en su web:

“Creamos lugares donde a la gente le encanta estar, donde los visitantes sonríen, las marcas triunfan y las comunidades prosperan”

Posee centros comerciales en el Reino Unido y España, en algunas de las mejores ubicaciones.

Pues bien, parece que esta Empresa ha logrado superar las dificultades que afrontaba para poner en marcha uno de sus proyectos en la Costa del Sol malagueña. Un resort de ocio de grandes dimensiones en Torremolinos, en una de las últimas pastillas de suelo del municipio, que contará con 235.000 metros cuadrados de superficie, 20 operadores de ocio diferentes y 70 restaurantes.

Según publicitan en su web: “Creamos destinos ganadores, creando experiencias atractivas y alegres que hagan sonreír a nuestros visitantes y ayuden a los clientes a prosperar. Nuestra inversión en nuestros activos del Reino Unido crea los elegantes y buscados destinos de compras que desean los clientes y visitantes.”

La operación estaba pendiente de aprobación por las autoridades competentes europeas, en atención a las normas de la Unión relativas a las concentraciones de empresas mediante fusión o adquisición. Recibida esa aprobación y tras evitar la quiebra vendiendo participaciones en otras empresas, dispone de liquidez para seguir haciendo negocios ocupando suelos. Será una de las grandes operaciones de inversión inmobiliaria del año. Asumen que se irá recuperando la afluencia a las grandes superficies comerciales en las próximas semanas -de acuerdo con las fases decretadas por el Gobierno- aunque se producirá «paulatinamente». Tiran para ello del caso de China, que cinco semanas después del levantamiento del confinamiento, la afluencia a los centros comerciales se ha recuperado progresivamente, aunque sigue en niveles inferiores a los de otros años.

Precisamente en estos días ha sido difundida en prensa la posición del director del Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Málaga (OMAU) al respecto del urbanismo hacia el que se debe tender. En “Ciudad y Territorio” Marín Cots, director del Observatorio, plantea el objetivo y la necesidad de ir a “la ciudad compacta, compleja y de proximidad”. Asume que vivir bien sin rebasar los límites ecológicos requiere transiciones fundamentales en los sistemas de producción y consumo, que son los responsables últimos de las presiones ambientales y climáticas. Y alude al análisis del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid, que ha publicado un trabajo titulado “Hacia la Ciudad de los 15 minutos frente al Covid-19” en el que muestran la necesidad de disponer de bienes y servicios a un km. a la redonda de donde vive cualquier ciudadano, lo que viene a suponer una distancia de unos 15 minutos, concepto también usado por la alcaldesa de Paris, Anne Hidalgo, “Ville du Quart D’Heure” cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y la calidad del aire generando proximidad. Para ello nada mejor que las distancias cortas. Las que permiten comprar en tiendas de alimentación, acceder a diversos servicios, ir a un colegio cercano, o acudir a zonas lúdicas y de esparcimiento sin tener que hacer largos recorridos. Sin embargo, Marín Cots no se pronuncia frente a estos grandes proyectos que van en dirección contraria.

Evidentemente para tener una ciudad de cercanía es necesario disponer de una densidad urbana mínima que haga operativa y rentable la instalación de actividades económicas. Sin embargo, ninguna administración cuestiona que se siga favoreciendo y permitiendo el asentamiento de grandes áreas comerciales segregadas del resto del entramado urbano. Ya sabemos que un barrio muy denso o compacto no tiene por qué ser diverso. Tenemos ejemplos en las ciudades donde abundan, los barrios dormitorios que no tienen servicios o comercios. La complejidad es una condición necesaria para hacer un modelo urbano eficiente. Por eso diseñar espacios segregados de la trama urbana no es lo adecuado.

Las Leyes del Suelo y su aplicación en todas las urbes del Estado, necesita cambios estructurales, pero dudo que deban ser en la línea propuesta por la Junta de Andalucía, que quiere elaborar una nueva Ley del suelo1 con premisas que no aseguran la protección del suelo que ahora precisamos. La ocupación de suelos (recurso esencial, escaso y puesto en peligro por desarrollos especulativos) es algo que la ley debe controlar.

En las ciudades densas y complejas el uso del vehículo privado no suele llegar al 25% del transporte modal. Para lograr ciudades así, es necesario modificar los sistemas de planeamiento urbano, tendiendo a un modelo de proximidad y complejidad de usos, buscando la manera de compactar la ciudad que se haya dispersado, y evitando que lo siga haciendo. Por ello, insisto, no son opción las grandes superficies comerciales o de ocio que lo que hacen es estimular el uso de vehículos privados a esos centros comerciales de la periferia. Además de agotar ese recurso fundamental que es el suelo, con construcciones banales de las que hay exceso.

Publicado en Blog Sostenible el 22 de mayo de 2020

Wangari Maathai, la Mujer Árbol: Semillas para cambiar el mundo

Bióloga y ecologista, políticamente algo anarquista, y con la conciencia clara de que desde la política hay que actuar para mejorar la sostenibilidad, la vida de la gente, y la de las generaciones futuras; y que eso depende del mantenimiento de los ecosistemas donde nacemos, vivimos y nos desarrollamos.

Más de 47 millones de árboles plantados gracias a su impulso. Su herencia incluye también una lección: la lucha por el medio ambiente es una suma de luchas. Puso bajo el mismo paraguas el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Algo que ya nadie discute. A través de su trabajo como voluntaria en diversas asociaciones, le resultó evidente que la raíz de la mayoría de los problemas de Kenia estaba en la degradación medioambiental. «La paz en la Tierra depende de nuestra capacidad para asegurar el medio ambiente” afirmaba.

Maathai se situó al frente de la lucha por el desarrollo económico, cultural y ecológicamente viable en Kenia y en África. Ese fue el motivo que llevó al comité del Nobel de la Paz a su concesión a la primera mujer africana. Al recibirlo en Oslo, la que algunos bautizaron como la MUJER ÁRBOL dijo: «La industria y las instituciones internacionales deben comprender que la justicia económica, la equidad y la integridad ecológica valen más que los beneficios a toda costa».

Cuando recibió el Nobel, tenía 3.000 viveros atendidos por 35.000 mujeres

Wangari Maathai, (Kenia, 1940) tuvo una vida muy poco común para una africana de su generación. Aunque como casi todas las niñas iba a por agua, ella logró estudiar. Gracias a una beca, se licenció en Biología en Estados Unidos. Volvió a Kenia con la independencia recién estrenada en su país e inició el camino del activismo.

La primera doctora universitaria en África oriental, comenzó por dar la batalla en defensa de la libertad de cátedra en un país que se encaminaba hacia el autoritarismo y la corrupción.  Entró en la Asociación de Mujeres Universitarias, donde se luchaba contra de la discriminación salarial de las profesoras frente a sus colegas masculinos. Trabajó con mujeres del campo, cada vez más deforestado y con problemas como inseguridad alimentaria, malnutrición; falta de agua, de leña y de ingresos. Les decía: ‘Si no tenéis leña, plantad árboles». Surgía así el Movimiento Cinturón Verde. Las mujeres empezaron a gestionar semillas y a plantarlas. Primero en sus parcelas, luego en los terrenos públicos con el apoyo del Green Belt Movement.

Las batallas la llevaron varias veces a la cárcel. Su lucha -y la de sus miles de seguidores- evitaron que se construyera un rascacielos en el mayor parque de Nairobi o que se privatizara un espacio natural de la capital keniana para construir chalés.

Recibió el Premio Nobel de la Paz en 2004 por «su contribución al desarrollo sostenible, la democracia y la paz». En 1977 fundó el Movimiento Cinturón Verde (Green Belt Movement), por el que obtuvo en 1986 el Premio al Sustento Bien Ganado.

Maathai conectó sus ideas de recuperación ambiental con la necesidad de dar empleo a los parados, lo que la llevó a fundar una empresa dedicada a la reforestación. Así alentó a las mujeres de Kenia a crear invernaderos por todo el país, buscando semillas en bosques cercanos para sembrar árboles oriundos de la zona. Acordó pagar a las mujeres una pequeña remuneración por cada semillero que fuese plantado en otros lugares.

La relación entre mujeres y conservación de las semillas es algo transversal a distintas culturas y una base fundamental de la soberanía alimentaria. En muchos lugares son ellas las “guardianas de las semillas”.

El movimiento recibió fondos de la Sociedad Noruega de Silvicultura, del Fondo Voluntario para Mujeres de Naciones Unidas y esto permitió su expansión.

Naciones Unidas celebró la tercera conferencia de mujeres en Nairobi y Wangari organizó seminarios y presentaciones para explicar el trabajo del Cinturón Verde en Kenia. La conferencia ayudó a expandir la recaudación de fondos para el Movimiento Cinturón Verde y a que se estableciese fuera de Kenia. En 1986, con financiación de la UNEP, el movimiento se expandió por toda África y condujo a la fundación de la Red Pan-Africana del Cinturón Verde. Cuarenta y cinco representantes de quince países africanos viajaron a Kenia durante los siguientes tres años para aprender a realizar programas similares en sus países para combatir la desertificación, la deforestación, la crisis de agua y la hambruna rural. El gobierno de Kenia solicitó que el Movimiento Cinturón Verde se escindiera del Consejo Nacional de Mujeres de Kenia, al pensar que la organización debería enfocarse solamente en los asuntos de las mujeres, no en temas ambientales. Es como si quisieran separar el ecologismo del feminismo. Imposible.

Recibió diversos premios: Premio Ambiental Goldman y en Londres el Premio al Liderazgo en África.

También se preocupó de impulsar la democracia

Durante las elecciones de 1997, Maathai quiso presentarse al Parlamento. Le cuestionaron que diese ese paso, pero, parece razonable que fuese consecuente e intentase entrar en política para que su intenso activismo se tradujese en los cambios normativos que quería que se hiciesen desde la política.

En 1998, Maathai tras enterarse de un plan del gobierno para privatizar grandes áreas de tierra pública en el Bosque Karura a las afueras de Nairobi, y dárselas a partidarios políticos, como hiciera en el parque del centro de Nairobi, donde se pretendió construir un complejo de 60 plantas para albergar un centro de negocios, oficinas, auditorio, galerías, centro comercial y aparcamiento para 2.000 vehículos, manifestó su protesta mediante cartas al gobierno y a la prensa. Fue con el Movimiento Cinturón Verde a Karuna, a plantar árboles y a manifestarse contra la destrucción del bosque. A principios de 1999, con miembros del parlamento en la oposición, periodistas, observadores internacionales y miembros del Cinturón Verde volvieron al bosque a plantar un árbol en protesta. Fueron atacados sin que la policía interviniese, pero se filmó y el suceso provocó indignación internacional. Al mismo tiempo, hubo protestas estudiantiles en Nairboi hasta que el presidente anunció que prohibía cualquier adjudicación de tierra pública. Así ejercía su activismo político.

Pasado un tiempo, el gobierno volvió a adjudicar tierra pública a sus partidarios. Pero la figura de Wangari ya tenía el peso suficiente como para que sus luchas fuesen conocidas y defendidas.

Maathai volvió a presentarse al parlamento durante las elecciones de 2002, esta vez como candidata de la Coalición Nacional Arcoiris, que unificó a la oposición y derrotó al partido en el poder (Unión Nacional Africana Keniana). En 2003, fue nombrada ayudante del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cargo que ejerció hasta finales de 2005. En 2012, tras su muerte, la Asociación de Colaboración en materia de Bosques ACB, un consorcio internacional de 14 organizaciones, secretariados e instituciones trabajando en problemas forestales internacionales, instauró el Premio Wangari Maathai paladines del Bosque para honrar su memoria.

En palabras suyas, la mejor recomendación:

…“No hay nada más bello que cultivar la tierra al anochecer. En ese momento del día en las tierras altas, el aire y la tierra son frescos, el sol se está poniendo, la luz del sol es dorada sobre las cordilleras y las copas de los árboles, y suele haber brisa. Mientras retiras las hierbas y presionas la tierra alrededor de los cultivos te sientes feliz, y desearías que la luz perdurara para poder cultivar más. La tierra y el agua, el aire y el fuego menguante del sol se combinan para formar los elementos esenciales de la vida y me revelan mi parentesco con la tierra…”

Publicado en Blog Sostenible el 12 de mayo de 2020

Entrevista El Salto diario: «La ley andaluza de Cambio Climático es una porquería»

Candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía por la coalición Equo Verdes – Iniciativa Andalucía, entrevistamos a Carmen Molina en medio de la ruptura con Adelante Andalucía, la negociación con Iniciativa del Pueblo Andaluz y la nueva ola verde que recorre Europa. 

Alfonso Torres 18 de octubre de 2018

Carmen Molina se ha convertido, sin quererlo, en el verso suelto, y verde, de la izquierda andaluza. La abrupta salida de Equo Andalucía de la confluencia de IU y Podemos la ha situado como candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Bióloga de profesión, esta almeriense, malagueña de adopción, tiene una experiencia en política institucional corta. Solamente los dos años y medio que ha ejercido como parlamentaria andaluza de Equo en el seno del grupo de Podemos Andalucía. Quizás por eso la inseguridad con la que habla de pasillos y negociaciones partidistas se torna en firmeza cuando la conversación cambia a ecología y problemas sociales. Aunque ha sido tiempo suficiente para convertirla en un referente en la joven formación verde, situándola como nueva coportavoz federal en la reciente Asamblea estatal.

Equo tiene hambre de hacerse visible en la prensa y Molina no es menos. Apenas encontrarnos a las puertas del Espacio Equo de Málaga comienza a comentarnos la situación de la izquierda andaluza y la tristeza que le supone la ruptura con Adelante Andalucía. Sin embargo se muestra segura de la posición de Equo, que finalmente ha llevado a dicha ruptura, en base a su tiempo en el Parlamento. “Si no hubiera estado dentro, no se hubiera cambiado la postura con respecto al AVE o a las autovías en Ronda” asegura. “El principal emisor de CO2 es el transporte, es fundamental plantear una movilidad a futuro realista para reducir las emisiones. El transporte más eficiente y que emite menos es el transporte por ferrocarril, por eso hay que trasbasar buena parte de la movilidad por vehículo privado hacia la movilidad con ferrocarril, no AVE, porque este es insostenible, también desde el punto de vista social por costoso y elitista”, comenta rápido, aún sin la grabadora a punto. Molina explica esto para justificar los que considera sus “únicos roces” con Podemos, dada la posición favorable al AVE de los círculos morados de Almería o la recusación que recibió del secretario general de Podemos Málaga por su negativa a nuevas autovías rondeñas.

Con la grabadora ya en marcha no esquiva las preguntas incómodas, respondiéndolas con una sinceridad muy poco frecuente en política, sin temor a las ampollas que puedan levantarse. Aunque sí se reconoce incómoda en la tarea de tener que competir como cabeza de lista con sus pasados y futuros aliados políticos, compañeros hace días de grupo parlamentario, admitiendo incluso que votó por no presentar a Equo a las elecciones andaluzas.

En el artículo que escribiste a raíz de las críticas a Equo tras la salida de AA planteaste una frase que decía “no nos corresponderá responsabilidad ninguna en caso de que finalmente dicha coalición contradiga principios que en EQUO tenemos asumidos”. ¿Tan poca confianza hay en que los diputados electos trabajen de forma coordinada con toda la coalición y no solo con los partidos a los que pertenecen?

Sí. Son los asesores los que trabajan alrededor del grupo parlamentario y los portavoces los que marcan las líneas estratégicas. Por ejemplo, como decía en el artículo, con el AVE o con las autovías de Ronda, se ha producido una evolución conjunta de la posición. Esa es la riqueza de la política, ir caminando hacia posturas consensuadas. Tú puedes convencerme a mi o al revés. Pero esos debates se han dado y hemos logrado variar posturas porque estábamos ahí dentro, con una parlamentaria, yo en este caso. Pero si no estamos ahí eso no se va a producir.

Y después de hecho se nos ha dado el caso de que nos responsabilicen de cuestiones donde no teníamos capacidad de intervención. Por ejemplo, Equo apoyó el impulso a candidaturas de Costa del Sol Sí Puede. A posteriori, los dos concejales de Torremolinos apoyaron un pelotazo urbanístico brutal y la prensa nos llamó a preguntarnos cómo apoyábamos eso. Claro, es que a nosotros no nos habían consultado. Luego el concejal nos llamó y nos dio la razón y se explicó. Las trampas de los juegos de poder habían hecho que se la colaran y no necesariamente porque estés de acuerdo. A lo que me refiero es que en eso se nos responsabilizó de algo que no teníamos nada que ver, porque no teníamos capacidad de cambiar la situación. Eso es lo que yo quería reflejar. Y es por ello que reclamábamos una coherencia entre el programa y la candidatura. Que la candidatura refleje esa pluralidad existente para que el programa lo defienda quien lo ha elaborado.

Eso es lo que yo quería reflejar en el artículo, que la intervención de Equo en el grupo parlamentario [de Podemos] había logrado la evolución de ciertas posturas y que eso ayuda a que surja debate, a aprender y a generar posturas consensuadas. Es la riqueza de la pluralidad. Ahora, en el programa de Adelante está nuestro sello y estoy muy orgullosa de ella. A posteriori nos toca reelaborar muchas cosas para hacer nuestro propio programa junto a Iniciativa.

https://www.elsaltodiario.com/equo/carmen-molina-la-ley-andaluza-de-cambio-climatico-es-una-porqueria

Política Agroalimentaria para un mundo saqueado

Hay un debate relevante planteado sobre la agricultura que tiene posibilidades (o no) de alimentar a un mundo sobrepoblado. Y hay fundamentalmente dos modelos que se contraponen con modalidades intermedias: la agroindustria global, heredera de la revolución verde del siglo pasado, y la agroecología, con un enfoque sistémico integrador y diverso.

Sobre esto, una reflexión previa. La biología, que es la ciencia de la vida, se acerca a la naturaleza desde distintas ópticas. De modo integrador y sistémico, analizando la naturaleza como una sutil red de relaciones complejas que implican tanto componentes vivos como inertes y su interacción con la energía solar que activa el funcionamiento de la biosfera. O de modo no integrador sino reduccionista, como hace la biotecnología, que se aplica, como si fuese una ingeniería, a corregir, recombinar y reprogramar los componentes genéticos de la vida para crear organismos mas eficaces y útiles al servicio de la humanidad.

En base a estos enfoques en el análisis y estudio de la vida (biología o biotecnología), podemos decir que se llega a prácticas agronómicas bien diferentes.

En Agricultura, los biotecnólogos moleculares experimentan con formas de modificar la información génica de los cultivos insertando genes o, editando genomas. El objetivo es conseguir cultivos más nutritivos, o que resistan a herbicidas, plagas, bacterias y hongos. Se asume que todo gira alrededor del organismo cultivado. El éxito del sistema es altamente dependiente de insumos externos como energía, fertilizantes y fitosanitarios con un uso pautado y efectos muy predecibles, usando al suelo como soporte de la actividad o prescindiendo de él.  Es una agricultura basada en el control. Mientras que una agricultura basada en una aproximación ecológica desarrolla un manejo que aprovecha los recursos endógenos del sistema: agua, suelo y diversidad, reduciendo así la dependencia de insumos y energía externa. El control es menor al ser el sistema y su manejo más complejos, pero es menos dependiente de insumos y preserva los servicios ecosistémicos. Éstos servicios son recursos o procesos de los ecosistemas naturales que nos benefician, como agua potable limpia; o procesos como la descomposición de desechos.

La agroecología aplicaría este modelo, añadiéndole el elemento social imprescindible, siendo los agricultores depositarios y corresponsables de la diversidad cultivada. En contraposición, la agricultura industrial derivada de la revolución verde y su versión más biotecnológica basada en la aplicación de los Organismos Modificados Genéticamente (OMG), priman la producción y el control, considerando los alimentos como mercancías.

Añadamos que los derechos de propiedad intelectual que se aplican sobre semillas, especialmente las modificadas genéticamente por biotecnología, suponen también una limitación al uso y gestión de un recurso básico para los agricultores, que es la diversidad cultivada, necesaria para asegurar el derecho a la alimentación.

Son de suma importancia en el uso de OGMs los marcos normativos. Y estos marcos, surgen de la aplicación de distintas políticas nacionales e internacionales, no sujetas a control ciudadano. En especial, aquellas políticas relacionadas con la existencia y aplicación de Tratados de Libre Comercio. Siendo esto así, resulta evidente que el debate sobre el papel de las plantas transgénicas en agricultura trasciende ampliamente el marco de las disciplinas biológicas, de la investigación, de la I+D y de una supuesta neutralidad científica, ya que tienen consecuencias que van mas allá. Esta es una de sus perniciosas derivadas.

Al respecto, hay que decir que la ciencia es un sistema potente de generación de conocimiento. Pero no es neutral. Entre otras causas porque no lo es su financiación, ni las reglas que operan en la comercialización de sus derivados, o la aplicación de derechos de propiedad intelectual, como las patentes. Rigen por encima, las reglas de mercado.  Reglas que se aplican a la agricultura y la producción de alimentos. Y cuando entra el mercado, sale fuera la soberanía alimentaria de los pueblos.

El modelo de producción agrícola industrial regido por un mercado global donde los productos agrícolas viajan miles de kilómetros desde sus lugares de producción a los de consumo, tiene una insostenible huella de carbono, y, aunque el coste económico y ambiental no se considera, lo pagamos todos. Grandes superficies de cultivo a nivel mundial y dependientes de gran cantidad de insumos, -la mayoría monocultivos-, son las que tienen más valor de mercado para el desarrollo de semillas transgénicas. Esto implica alejarse de la sostenibilidad de los ecosistemas agrarios. Se han hecho estimaciones sobre la inversión necesaria para poner una planta transgénica en cultivo comercial y suponía una inversión de 136 millones de dólares y unos 13 años, en un cálculo hecho para el periodo entre 2008 y 2012. Estos datos son bastante elocuentes respecto a los intereses que mueve.

Son varios los cultivos transgénicos que llevan tiempo en producción por lo que se puede ver lo que ha supuesto su introducción. Sirva de ejemplo el cultivo de la soja. Los principales productores son EEUU, Brasil y Argentina y el porcentaje de plantación proveniente de semilla transgénica es del 90% o superior. El 75% de la producción mundial se dedica al forraje animal, a pesar que se sabe que las dietas basadas en ingesta de proteína animal son perniciosas por la huella hídrica y el uso de suelo requerido por caloría consumida. Este modelo favorece la destrucción de grandes superficies del Bosque Atlántico y de la Amazonía brasileña. La intensificación de su cultivo ha producido deterioro de suelos, disminución de la cantidad y calidad del agua, y efectos negativos evidentes en biodiversidad. Además, han aparecido malezas resistentes al glifosato y se han desarrollado variedades transgénicas con resistencias a más de un herbicida. Ninguno de estos efectos es aceptable, si asumimos que necesitamos una agricultura resiliente y que nos permita contrarrestar las emisiones de GEI causantes del cambio climático, además de alimentarnos.

Si metemos en la ecuación cuestiones socioeconómicas y siguiendo con la soja, se constata que las explotaciones dedicadas a su producción, en Norte y Sudamérica, son mayoritariamente de escala industrial propiciándose una concentración de la tierra en menos manos. Esto ha desplazado a los pequeños y medianos propietarios. En relación al empleo, en algunas regiones argentinas se estima que la conversión a la soja ha destruido cuatro de cada cinco trabajos agrícolas (ver informe de 2014 de WWF “El crecimiento de la soja, impacto y soluciones” y citas en él contenidas). Transcurridos 6 años de ese informe, el deterioro de ecosistemas y de empleo es mayor.

Hay quien piensa que los transgénicos no son el principal problema, lo son quienes ostentan el control de su uso y hacen negocios con los OGM. Admitir esto es un primer paso. El siguiente es constatar el poder del oligopolio que concentra la producción de material vegetal de reproducción, y el sistema de patentes que rige y controla la industria biotecnológica. Añadamos los diferentes tratados comerciales firmados al amparo del proceso de globalización desde los 90 del siglo pasado.

Si un investigador decidiera por su cuenta, poner a libre disposición del mundo, plantones de fresas transgénicas con frutos de textura mejorada, sería muy improbable que lo consiguiera. La razón es el empleo de ideas, métodos y materiales que otros han patentado internacionalmente, de manera que, aunque permitan investigar y publicar en el tema, si el desarrollo logrado pretende entrar en producción, aparecerá la reclamación de los derechos de propiedad. Tendría que negociar y pagar a obtentores de varias patentes, desde las metodológicas hasta las que tienen que ver con el empleo de los genes. Se tiene patentado el uso de todas sus aplicaciones prácticas conocidas.

También se patenta la naturaleza. Se ha permitido patentar semillas como si fueran un invento, una nueva máquina. Las semillas cultivadas, además de seres vivos, son un recurso renovable, como el agua y el suelo. Los tres son imprescindibles para la producción de alimentos. Desde el punto de vista de su gestión, las semillas cultivadas encajan en la categoría de bienes comunes, tal como se refiere a ellos la premio Nobel de Economía 2009, Elinor Oström. No son ni del estado ni del mercado, y su custodia y protección son necesarias. Tienen en común con el agua, que son un recurso que fluye en el tiempo y en el espacio. Las semillas de uso agrícola, algunas cultivadas miles de años por generaciones de campesinos, ofrecen diversidad de especies y variedades como resultado de las decisiones de los agricultores al seleccionar semillas para el siguiente cultivo, además de cruces genéticos fortuitos, de los procesos de adaptación de los cultivos a manejos y condiciones ambientales locales, intercambios, etc. Esta agro-biodiversidad está en grave peligro por un efecto colateral de la revolución verde del siglo pasado que concentró sus esfuerzos en muy pocos cultivos y variedades que desplazaron muchas de esas especies y variedades tradicionales al ser menos productivas cuando los insumos no son limitantes o por no tener mercado suficiente. Y ahí es donde operan los OGM.

Con todas estas consideraciones ¿qué modelo de agricultura promoveremos? Urge que, desde la responsabilidad política no se hurte este debate fundamental.

Artículo publicado en Ecologismo de Emergencia el 1 de mayo 2020

Sobre la necesidad de una Ley del Suelo y su orientación

La Junta de Andalucía está en proceso de elaborar una ley del suelo, de la que dice que será más simple y que dará mayor autonomía a los ayuntamientos. Con la aprobación de la nueva norma derogarán las actuales leyes de ordenación urbanística (LOUA) y de ordenación territorial (LOTA). Mejorando, según se afirma, la relación entre la planificación territorial y urbanística. Deberá admitirse que las modificaciones sufridas por la LOUA han apuntado reiteradamente a la necesidad de la industria inmobiliaria de agilidad en el procedimiento depredador mas que a la necesidad de poner orden en el desorden generado por una actividad urbanizadora que no respondía a necesidades sociales reales.

Además de la derogación de las actuales leyes y la redacción de una nueva más simple y con menor carga de articulado, un objetivo prioritario planteado, es dotar a los ayuntamientos de mayor autonomía a la hora de perfilar su “modelo de ciudad” y agilizar los procesos para la aprobación de los planes generales. Sin embargo, los ayuntamientos están expuestos a la tentación de equilibrar sus balanzas con la especulación urbanística, recalificando suelos, elaborando planes expansivos, que acaban dañando el espacio público y no consideran el interés general de los ciudadanos cuando hay intereses económicos de por medio. Lo estamos viendo especialmente en la franja litoral. Véanse los casos de los acantilados de Maro en Málaga o el caso, frenado en su día, de Valdevaqueros, o en los mas actuales de Los Lances, o de los pinares de Barbate, o el caso de cala San Pedro en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar… A pesar de la colmatación que ya sufre el litoral, no parece haber colmatado la avidez de hormigón.

En principio, la base legal para acometer todos estos proyectos la ofrecen PGOUs que datan de mucho tiempo atrás, claramente obsoletos y que obedecen a modelos especulativos de décadas pasadas, que, sin embargo, parecen mantenerse en boga. Son intentos basados en planes parciales, no sometidos a procedimientos de diagnóstico ambiental y que no están pensados para satisfacer el interés general. Con plazos de ejecución que han prescrito, aunque no haya prescrito el afán épico de promover el hormigonado por todo el territorio.

Por tanto, respecto a dar protagonismo a los Ayuntamientos, hay que considerar que se precisa un régimen fiscal de los mismos que no haga depender su financiación, en una cuantía tan importante, de los actos con trascendencia urbanística (bien sea impositiva, bien meramente unida a recalificaciones y plusvalías ligadas al aumento del volumen ya construido). Al ser las Corpo­raciones Locales dispensadoras de “incrementos” en el valor de los suelos, se les suponen serias dificultades para resistir las malas prácticas y la corrupción. Probablemente sea éste uno de los proble­mas más importantes con los que se enfrenta la planificación urbanística en el momento actual.

Es una asignatura pendiente dotar a las corporaciones municipales de herramientas que eviten esto, de manera que solo se clasifique el suelo necesario sin comprometer las necesidades y decisiones de las generaciones futuras, que incluye a las corporaciones municipales futuras que deben tener derecho a desarrollar sus propias políticas y sus modelos de ciudad. Por aquello de tener en cuenta el impacto de cualquier actuación constructiva que permanecerá largo tiempo determinando posteriores desarrollos.

Hasta ahora no se ha tomado en Andalucía ninguna medida legislativa para luchar contra la especulación urbanística. Partimos de un patrimonio inmobiliario sobredimensionado, con exceso de suelo clasificado, y eso se contradice con la propia idea de la necesidad de agilización. Lo que en realidad tocaría, es reconsiderar la ocupación expansiva del suelo, y primar la reuti­lización y rehabilitación del patrimonio construido y del entorno urbano y periurbano degradado.

Un hecho preocupante constatado, es que porcentajes variables de los terrenos con los que se especula pertenecen a suelo municipal. Requeriría una explicación por parte de la autoridad municipal el motivo de la privatización de espacios públicos. Además del listado de incumplimientos en materia urbanística y de protección de suelos, especialmente en el litoral, hay una enorme cantidad de suelo que se ha clasificado en los últimos 30 años y que se continúa clasificando, una cantidad excesiva, injustificada, socialmente injusta, económicamente devastadora y ambientalmente insostenible. Sin embargo, parece que el cortoplacismo de rentabilidades y plusvalías inmediatas desdibujan problemas ulteriores, que quizá corresponda resolver a otros, instalados como estamos en el cortoplacismo de una legislatura.

Hay, por ejemplo, suelos de interés agrícola clasificados como urbanizables que no precisamos urbanizar y sí proteger para garantizar la soberanía alimentaria de nuestras áreas metropolitanas. Y si esos suelos “urbanizables” -que no son necesarios y tienen alto valor productivo agrícola o paisajístico- se destruyen, perderemos una riqueza difícil de recuperar. Y es que, los cambios de uso del suelo han degradado considerablemente los tradicionales paisajes agrarios en mosaico del Mediterráneo de los que Andalucía tiene gran diversidad.

Los objetivos planteados en el anteproyecto de la ley parten del cuestionamiento de la coexistencia de la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOTA) y la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que fueron modificadas en tantas ocasiones desde sus respectivas entradas en vigor que han quedado convertidas en textos carentes de coherencia que no dan respuesta a las “necesidades urbanísticas” de la comunidad autónoma. Lo que no aclara el ejecutivo del PP y Ciudadanos es cómo identificar y delimitar esas supuestas “necesidades urbanísticas”. La LOTA sufrió 12 modificaciones de diverso alcance. La LOUA, por su parte, sufrió el mismo número de cambios, aunque en casi la mitad de tiempo de vigencia. Quizá han quedado obsoletas, pero es importante que su sustitución sea debatida y reflexionada en profundidad por toda la ciudadanía que se vaya a ver afectada por las consecuencias de esta nueva ley.

La elaboración de la nueva norma se quiere aprobar en la presente legislatura. Para orientar el sentido de la misma, se debe tener claro el objetivo que se persigue, sin embargo, lo único que se aclara de partida, es que nace con el firme propósito de recortar de manera sustancial los plazos de tramitación de los instrumentos de planeamiento (tal y como ya ha hecho el gobierno autonómico con el decreto-ley 2/2020 de 9 de marzo); que quiere hacer descansar el desarrollo urbanístico y territorial en las corporaciones municipales en un alto grado; y que fomentará la colaboración público-privada en la ejecución del planeamiento, otra cuestión que genera dudas por el menoscabo que suele suponer para las arcas públicas.

Ojalá durante el trámite parlamentario, los legisladores se guíen mas por la prudencia que por intereses económicos de dudoso interés general.

Artículo publicado originalmente en eldiario.es el 1 de mayo 2020

El cambio decisivo: el de sistema

El sistema que nos rige hoy, es una máquina universal para arrasar el medio ambiente y para producir perdedores con los que el propio sistema no sabe qué hacer. No vivimos tiempos agradables y es mucho lo perdido y lo que nos queda por perder. En el mundo inventado por el capitalismo ha servido el “divide y vencerás” para disolver la disidencia.

Llevamos tiempo soportando una ofensiva contra la tierra y se ha sustituido el contrato social por la “ley del mercado”. Esto hay que cambiarlo.

Suponer que cualquier cambio, por el mero hecho de que contribuiría a la justicia, a la igualdad y a la paz, solo necesita ser explicado para ser adoptado es una ingenuidad. Triste e irritante. Y es que, siendo las relaciones de poder las que son, es difícil no sentirse estúpida haciendo propuestas de cambio que nos proporcionen una posibilidad porque lo que necesitamos en primer lugar es conseguir poder.

Como manifestó Susan George antes de que alumbrara este siglo: ¡Son tantas las actividades y debates a las que asistimos y en las que participamos con pasión, que acaban con entusiastas proclamas sobre lo que tendría que ocurrir y no ocurre! ¡Tantos esfuerzos bienintencionados que no tienen en cuenta la dimensión crucial del poder y su cinismo! Pero hay un número incontable de personas sobre el terreno haciendo un buen trabajo local necesario, y de muchas formas diferentes.  Ese es el bagaje. Y con ese bagaje planteaba George andar el camino de un cambio de época que nos garantice algo mas que la mera supervivencia. Conociendo al oponente para quitarle el poder.

A tenor de la situación actual, nos puede parecer que, el desarrollo que hoy tenemos, ha acabado siendo un fracaso lamentable, pero ha sido el desarrollo perseguido por el sistema económico global que nos gobierna. Ha sucedido exactamente según lo planeado. Podemos saber lo que se tendría que hacer si los objetivos reales fuesen el reparto justo de la riqueza, poner fin al hambre, atajar el deterioro ambiental… El problema, no es persuadir a quien detenta el poder, de que sus políticas son erróneas, sino obtener el poder para hacerlo nosotras.

Quiero un mundo diferente, aunque no sea perfecto. La cuestión es cómo encontrar formas para detener a un capitalismo transnacional que no puede detenerse por sí solo. Con las empresas transnacionales y los flujos financieros sin inhibiciones hemos alcanzado una fase maligna que va a seguir devorando y eliminando “recursos humanos y naturales” aún a sabiendas de que debilita la base que lo sostiene y de la que depende. Por eso, hay que cambiar las reglas. Y se cambian consiguiendo el poder.

No hay un programa perfecto. Nadie lo tiene jamás. Es difícil inventar soluciones no violentas, pero hay que derribar la tiranía transnacional antes del desastre total. El sistema fomenta la separación, la división, la competencia. La estrategia debe pasar por la unión y la cooperación política. Establecer alianzas con todos los sectores sociales que pierden en esta economía. Trascendiendo generaciones, sectores, fronteras… ponerse de acuerdo en lo fundamental. No hace falta estar de acuerdo en todo para trabajar juntas sobre algo. Sólo son intolerables los grandes depredadores y contaminadores. La tarea de todas las tareas es volver a tejer el tejido social que el neoliberalismo ha desgarrado.

Nos juntamos a protestar cuando se vierten residuos tóxicos en nuestro pueblo, cuando se destroza el territorio con infraestructuras innecesarias, cuando se contamina la fuente de la que bebe la comunidad… Al atacar la sostenibilidad necesaria de lo cercano, nos vemos impulsadas a protestar para frenarlo. Pero no bastarán las protestas y los cambios en la escala local. El estado debe estar en medio frenando la voracidad transnacional. Reforzar la democracia local y nacional y crear economías disidentes paralelas es fundamental. Lo mas difícil es crear una globalización alternativa. Reconstruir la economía global de abajo arriba sobre sociedades saludables y equitativas. Utópico hasta que lo consigamos.

Hay millones de empleos en la “economía social” o tercer sector, entre el sector público y el privado; que los gobiernos no ven porque existen, sobre todo, en forma de necesidades insatisfechas.

Sabemos que la naturaleza es el mayor obstáculo para el futuro del sistema de “libre mercado” porque a escala global la presión es extrema. Una presión sobre los límites de la biosfera que amenaza el futuro tras haber sobrepasado algunos umbrales naturales. Caminamos en la cuerda floja. Y ello porque vivimos hoy en un mundo trágicamente mal gestionado. Porque ha resultado que el modelo de libre mercado es antieconómico.

Hay unas cuantas recetas planteadas por economistas heterodoxos, investigadores, pensadores, activistas, que contribuyen a enriquecer el debate sobre el modo en que tomar las riendas y generar la transformación, implicando en el debate a toda la sociedad. Hay que abordar un plan global de acción.

A modo de ejemplo, una medida imprescindible sobre la que plantear debate tiene que ver con repensar el reparto del trabajo remunerado, la jornada laboral, la redistribución de la riqueza, y la renta básica. La economía capitalista ha construido formas de reproducir el capital en las que el trabajo humano es cada vez más prescindible. La extracción de cantidades ingentes de materias primas de territorios colonizados y la generación de cantidades ingentes de residuos se logra con ingentes cantidades de energía y no tanto “trabajo humano”. Ante un menor requerimiento de tiempo de trabajo humano global, se impone una reducción fuerte del tiempo de trabajo, que permita reducir la producción total (menos presión a la naturaleza) y un mayor y mejor reparto del trabajo entre toda la población activa, esta es una cuestión fundamental. Al menos mientras estemos abusando de una energía que sabemos menguante. Cuando no dispongamos de tanta energía y su TRE sea escasa volveremos a precisar manos y brazos humanos.

Estamos viendo, sin embargo, la reticencia de nuestro gobierno, que mantiene un difícil equilibrio y no se decide a aprobar en las actuales circunstancias, una renta social extraordinaria. Al ingreso mínimo vital comprometido en el acuerdo de coalición le queda, me temo, bastante discusión por delante para salir adelante.

Hay que someter a los gobiernos, tal y como hace el poder económico, a una presión que los obligue a hacer frente a los desajustes generados por esta economía disfuncional. Somos, ante todo, personas y ciudadanas, no engranajes de un sistema productivo, ni consumidores, ni súbditos. Pero hay que arrancar el poder de las manos del Mercado.

Artículo publicado en Ecologismo de Emergencia (Blog de Público.es) el 15 de abril 2020

El descontrol como herramienta de gestión: desregulación exprés para Andalucía

Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía. La protección en caída libre.

Carmen Molina Cañadas

 

La publicación del Decreto-Ley aprobado por el gobierno andaluz es un retroceso indiscutible por mucha verborrea que se quiera usar en su defensa. Anula alegremente las ya reducidas, a lo largo de los últimos años, garantías ambientales de las normas andaluzas, relajando toda la regulación desarrollada desde que nuestra comunidad se hizo cargo de las competencias transferidas. Y por supuesto, supone un atentado a la participación pública, ya bastante limitada. Esta es la autopista por la que quiere circular el ultraliberalismo: decretos desregulatorios como el aprobado por el gobierno andaluz.

En la exposición de motivos del decreto, como era esperable en este “ideal económico-ideológico” al que nos tienen acostumbradas, se plantea como fundamento de esta decisión la previsión de una mayor desaceleración del crecimiento económico. Un crecimiento que es paradigma incuestionado a pesar de contradecir la lógica más elemental. Se afirma: “La consecuencia más inmediata de la crisis, además de una reducción en el crecimiento económico, sería, sin duda alguna, una menor creación de empleo.” Esta es otra de las constantes en el modelo neoliberal imperante del que el gobierno andaluz es fiel representante. Apela a que la desregulación de numerosas actividades económicas, sirve al bien superior de la creación de empleo, y así se justifica toda actuación dirigida a su consecución, aunque no se garanticen, por supuesto, retribuciones decentes ni condiciones dignas.

El decreto, en definitiva, es resultado de” haber identificado las barreras a la actividad contempladas en los articulados de numerosas normas que componen el cuerpo legislativo andaluz”. Es pues la intención del gobierno andaluz modificar las regulaciones en todas las áreas en que tiene transferidas competencias, y esa modificación va en la línea de “aligerar” los requisitos que se deben cumplir para conseguir permisos en cualquier actividad: agricultura, pesca, energía, en materia de aguas que discurran íntegramente por la autonomía, en la sanidad, urbanismo, ordenación del territorio, medio ambiente, actividad comercial, artesana, protección del patrimonio histórico, servicio público de comunicación audiovisual de ámbito local, turismo… Y apela al uso de la figura de Decreto –Ley por una supuesta urgencia por coyuntura económica problemática.

Afirma el documento que hay exceso de regulación y costes para las empresas, así como barreras a la libre competencia. Como si lo determinante para garantizar la libre competencia sean los días transcurridos hasta obtener los permisos de construcción, o los permisos para cualquier otra actividad, para lo que la solución arbitrada son los trámites simplificados, y no una gestión eficiente de los procedimientos con más personal, si es necesario.

“…perder solo el 10% del consumo de los turistas extranjeros podría reducir el crecimiento del PIB en cuatro décimas porcentuales.” “…Es principalmente esta razón la que justificaría la necesidad urgente de actuar por parte de los responsables políticos, al objeto de atajar esta más que probable situación, y que podemos definir como excepcional y de gravedad.” Así reza la redacción del decreto.

Y para evitar todos los inconvenientes que eso supondría para el sector turístico, que es uno de los motores de la economía andaluza, se adapta la norma, flexibilizándola pues la promoción del turismo, según se afirma, exige que la Administración autonómica ofrezca un marco lo menos restrictivo posible. Se han puesto en evidencia algunas cosas, como el hecho de hacer descansar nuestra economía demasiado en un sector que ha acabado teniendo estructuras sobredimensionadas para atender a muchos millones de extranjeros. Y a pesar de ello, lo que plantea el decreto es más de lo mismo. Seguir favoreciendo una gentrificación que desestructura nuestras ciudades por mor del turismo y la masificación. Así, por ejemplo, el desalojo del pequeño comercio es en beneficio de grandes cadenas, que expulsan y provocan el cierre de los pequeños negocios provocando desorganización de las comunidades vecinales y del entramado de relaciones que sostiene y configura un espacio urbano habitable. Así que no sólo se ha generado y favorecido un problema de vivienda, sino que ahora con este decreto, se facilita cualquier tramitación que lo acelere. Se facilita también la declaración de zonas de gran afluencia turística y además con carácter indefinido, a efectos de horarios comerciales. Se puede así certificar la muerte de la ciudad ya transmutada en un parque de ocio para visitantes itinerantes cada vez más artificioso. Sin contemplar lo que eso nos deparará en el futuro, simplemente se ahonda en recetas que ya han menoscabado la riqueza natural y humana de Andalucía.

La gentrificación es un ejemplo más del resultado injusto de aplicar los dictados de la economía capitalista globalizada a la ciudad y sus habitantes. Obedece a intereses ajenos a la comunidad residente, con efectos devastadores para las dinámicas urbanas. La premisa de partida es lograr el “máximo beneficio”, especulando con la vivienda, con el entramado urbano, con el suelo, con la ordenación del territorio…. Y el gobierno andaluz le da carta de naturaleza. No se puede confundir el proceso especulador con procesos de renovación urbana en los centros para sanear la ciudad; aunque suele generarse tras esta renovación auspiciada desde lo público, el proceso gentrificador en que ahora se profundiza. Sus resultados son, primero, la vivienda-mercancía y luego la ciudad-mercancía. Su fin es la explotación turística para extraer grandes plusvalías a través de la puesta en valor del entorno arquitectónico y patrimonial de la ciudad a costa de expulsar y limitar, de facto, los derechos de los ciudadanos.

Las grandes plusvalías que produce son el principal motor del proceso que suele seguir una dinámica establecida: primero se da una etapa de descapitalización y desvalorización de la zona, que permite grandes diferencias entre el valor del suelo del sector degradado y el valor potencial que por su ubicación podría tener. Una vez iniciado el proceso, el efecto de contagio se encarga de expandirlo. La rehabilitación o reconstrucción adecúa las viviendas a un estándar elevado de vida. Las viviendas son demolidas casi o en su totalidad, pero estructuralmente todavía conservan su “encanto”, falseando el patrimonio o apoyándose en el paisaje del conjunto. Que el gentrificador compre la vivienda o la alquile no supone ninguna diferencia para el proceso.

Otra de las perlas del decreto es que propone “dinamizar” la privatización del patrimonio agrario público de la Junta de Andalucía.

Se elimina la obligación de someter los planes Especiales y Proyectos de Actuación en Suelo No Urbanizable a Evaluación Ambiental Estratégica. Facilitando así la implantación de infraestructuras, canteras y minas tras un mero informe, que presumo con poco rigor.

Respecto a la Ley andaluza de Cambio Climático aprobada antes de finalizar la anterior legislatura y que ya de partida era bastante laxa, quedará inane con este decreto.

En la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) se reducen plazos en la tramitación de planes urbanísticos y se disminuyen las exigencias, con lo que se aprobarán proyectos sin las debidas garantías.

Y así con el resto de normativa andaluza. Bajo el pretexto de agilizar plazos se eliminan de un plumazo las garantías que deberíamos esperar de nuestras leyes. Y, en definitiva, lo que este decreto valida es el traslado de estas grandes plusvalías hacia sectores privativos que se enriquecerán sobre una base especulativa y no generará valor para el desarrollo de la ciudadanía de esta tierra. Todo ello eliminando los controles regulatorios y reduciendo el papel de la administración pública en la defensa y protección de la naturaleza y de los derechos sociales.

Artículo publicado el 6 de abril de 2020 en Contrainformación.es

¿POR QUÉ SOSTENER EL CAPITALISMO ULTRALIBERAL EN UN MUNDO AGOTADO?

La Tierra es un sistema autorregulado que comprende todas las formas de vida, el aire, el océano y las rocas de la corteza. Regula su clima y su química. Pero estamos asistiendo a un proceso de desregulación del mismo provocado por la especie humana. Hemos dopado el sistema por un uso inmoderado de energía fósil, generando un sobrecalentamiento que provocará cambios sistémicos dirigidos hacia un nuevo equilibrio. Y no sabemos bien con qué consecuencias.

Esta complejidad autorregulada, se manifiesta, por ejemplo, con un nivel de salinidad oceánica inestable que se corrige continuamente, porque interactúa profundamente con los seres vivos y los entornos que la determinan. O, expresado de otra forma, la vida deja huellas químicas, reutiliza sus productos, tiene ámbito global y se automantiene mientras las condiciones lo permitan.

Esta complejidad se ve profundamente alterada por el sistema económico vigente. Así, resulta que la naturaleza es el mayor obstáculo para el futuro del sistema de “libre mercado” y estamos viendo que, a medida que CRECE la actividad económica, la escala global de esa actividad está ejerciendo una presión extrema sobre los límites de la biosfera y amenaza nuestro futuro tras haber sobrepasado algunos umbrales naturales. Caminamos en la cuerda floja. Y ello porque vivimos hoy en un mundo trágicamente mal gestionado.

Vivimos hoy una realidad que nos muestra que el crecimiento en que basamos este modelo de “libre mercado” es antieconómico, y es que, los aumentos de producción se efectúan a expensas de recursos y bienestar que tienen un valor superior al de los elementos producidos. Hemos llegado al punto en que habrá que reconocer que el crecimiento, ese concepto totémico para gobiernos y economistas es el gran error neoliberal que nos acerca al precipicio.

Ahora habrá que buscar alternativas reales y criterios que nos orienten sobre futuros posibles que nos permitan, no solo sobrevivir, sino hacerlo con cierta prosperidad y en condiciones benignas.

Hay economistas heterodoxos trabajando distintas propuestas. Herman Daly (economista ecológico estadounidense) propone alcanzar un estado estacionario, asumiendo que la economía es un subsistema dentro de otro mas amplio, la ecosfera, que es finita, no se expande y esta materialmente cerrada. Y distingue entre crecimiento y desarrollo. El crecimiento es un concepto físico, cuando algo crece se hace mas grande. El desarrollo es un concepto cualitativo, algo mejora. Y el planeta Tierra en su conjunto no está creciendo, pero está evolucionando, ya sea de manera positiva o negativa. El progreso debe ir por el camino de la mejora, no del aumento. Pero tiene que darse una nivelación en que la población y la riqueza dejen de crecer, mientras el arte de vivir continúe mejorando.

André Gorz (filósofo y periodista y uno de los principales teóricos de la ecología política) plantea determinadas cuestiones que deben necesariamente desmercantilizarse.

Troy Vettese (investigador sobre la historia de las arenas bituminosas de Canadá) habla de la necesidad de reducir el consumo de energía y de su preocupación (que es la de muchas) por la actual hemorragia de especies de flora y fauna que se está produciendo a un ritmo entre mil y diez mil veces superior al normal; una velocidad solo comparable a la última gran extinción, siendo la principal causa de la extinción, la pérdida de hábitats. Por ello plantea actuar sobre tres objetivos fundamentales, geoingeniería natural, biodiversidad y sistemas de energías renovables.

(Robert Pollin (profesor, escritor y economista estadounidense) opina que se necesita un new deal verde en el que es imperativo que crezcan masivamente algunas categorías de actividad económica, las asociadas con la producción y distribución de energía limpia. Por supuesto para que se reduzca drásticamente y sin demora el consumo de petróleo, carbón y gas natural, que genera el 70% de las emisiones responsables del cambio climático. Entendiendo que construir una economía verde supone mas actividades intensivas en trabajo que mantener la actual infraestructura energética mundial basada en los combustibles fósiles. Es decir, lograr una transición justa creando empleo, ya que se crearía mucho mas empleo que si se mantuviese las infraestructuras de combustibles fósiles. Aunque no se garantizasen retribuciones decentes a los trabajadores.

Hay otros pensadores e investigadores que contribuyen a enriquecer el debate. Lo hizo Lynn Margulis, ofreciéndonos una lección sobre las ventajas y beneficio mutuo que se consiguen con la cooperación, mas que con la competencia, y que podemos aplicar a nuestras sociedades. Lo hizo Susan George, explicándonos magistralmente las amenazas de los mecanismos perversos del capitalismo ultraliberal…

Hay aportaciones significativas y propuestas a incluir en programas de futuro; que pueden ser mas o menos viables; mas o menos deseables. Pero lo que está claro es que no podemos salir de esta crisis aplicando las mismas recetas que se venían aplicando hasta ahora. Hay que diseñar y probar estrategias que nos permitan superar la ruina a que nos lleva el sistema capitalista. Eso sí es una evidencia.

Es triste que no nos tomemos las cosas en serio hasta que empeoran mucho y sea una gran convulsión ecológica la que nos convenza de que el actual paradigma económico es insostenible. Ya hemos asumido muchos costes y hay que poner en marcha acciones alternativas, dirigir nuestros esfuerzos en su búsqueda. Y sorprende y preocupa que no se de una reflexión y debate en profundidad sobre el futuro a construir, implicando en el debate a toda la sociedad. Porque del necesario debate deben salir propuestas de tránsito que nos ayuden a limitar el deterioro general ecológico, social y económico. Hay que abordar un plan global de acción.

Una medida imprescindible tiene que ver con repensar el reparto del trabajo remunerado, la jornada laboral, la redistribución de la riqueza, y la renta básica. La economía capitalista ha construido formas de reproducir el capital en las que el trabajo humano es cada vez más prescindible. La extracción de cantidades ingentes de materias primas de territorios colonizados y la generación de cantidades ingentes de residuos se logra con ingentes cantidades de energía y menos “trabajo humano”. Ante un menor requerimiento de tiempo de trabajo humano global, se impone una reducción fuerte del tiempo de trabajo, que permita reducir la producción total (menos presión a la naturaleza) y un mayor y mejor reparto del trabajo entre toda la población activa, esta es una cuestión fundamental. Lo estamos viendo en la crisis que nos tiene encerradas en casa. Y en las medidas que nuestro gobierno está poniendo en marcha para paliarlo. Y en los grandes aumentos de desempleo que se están produciendo.

La actual crisis debe impulsar a los gobiernos a hacer frente a los desajustes generados por esta economía disfuncional que trata a la naturaleza, en términos de mercado, como “capital natural” explotable. Y esta es la oportunidad que nos ofrece esta crisis. No la dejemos pasar.

Artículo publicado el 6 de abril de 2020 en Contrainformación.es

Los compromisos de la COP25 y cómo escalar iniciativas exitosas de pequeñas comunidades

¿Qué significa pedir o exigir que se asuman compromisos de máximos en esta COP después de otras 24 en las que no se ha avanzado? No se han conseguido, en las sucesivas COP celebradas desde 1992, ni los compromisos necesarios ni la ejecución de los mismos, cuando si parecía haber voluntad de asumirlos.

Quedarse en mínimos o no llegar a lo comprometido ¿qué implica? ¿Hay algo o alguien que gane si no se alcanzan los objetivos fijados? ¿Quién pierde mas?

Los datos del IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático) han sido concluyentes y contundentes respecto a lo que está sucediendo con el clima global, en cada nuevo informe que han avanzado. En el último no han podido ser mas claros: No se puede prolongar mas la inacción.

Los fenómenos atmosféricos extremos se correlacionan con la temperatura de la superficie del mar en los océanos, que han capturado el 90% del calor adicional producido en los últimos 50 años. La obligación de reducir los efectos de ese calentamiento y sus consecuencias no se pueden seguir derivando a la siguiente cumbre. Abordar medidas para la mitigación y para la adaptación implica dar la espalda de una vez al modelo capitalista, al sistema económico neoliberal que no ha contemplado nunca lo que debiera ser la base de cualquier sistema económico: satisfacer las necesidades de la sociedad a través de intercambios de lo que cada cual produce/consume; y mantener niveles de bienestar que permitan una sociedad sana y próspera. Hoy esa sociedad es una comunidad global en un planeta que se ha quedado pequeño y del que no tenemos repuesto.

Como no tenemos repuesto, lo único que nos queda es sanear este planeta para que siga permitiendo nuestra permanencia en él. Eso supone la reducción de las concentraciones de gases de efecto invernadero, preferiblemente mediante la reducción de sus fuentes.

Seamos conscientes de lo que nos jugamos ahora mismo. No son solo las generaciones venideras, esas que representa Greta Thunberg, las que se juegan su futuro. Ese futuro es presente. El haber querido verlo con cierta lejanía en el tiempo nos ha hecho permanecer en un egoísta: “el que venga detrás que arree”. Pero no. Lo estamos viendo en directo. Y en países como España, el éxito del Acuerdo de Paris supondría, en cualquier caso, un aumento en torno a los 4ºC, con terribles consecuencias, ya anticipadas científicamente, para el sector agrícola y las poblaciones costeras, por la subida del nivel del mar. Lo estamos viendo y no podemos admitir que los responsables políticos e institucionales sigan jugando a un green washing adormecedor de conciencias.

Hemos conocido el dato, ofrecido por Oxfam de que los refugiados por causas climáticas son más de 20 millones/año. Personas desplazadas por desastres provocados por una economía que ataca las bases sobre las que se asienta. Muchos quieren seguir pensando que son fenómenos naturales, pero en muchos de esos focos de emigración, por ejemplo, en África, sus habitantes llevaban siglos viviendo en durísimas condiciones climatológicas y sabían afrontarlo. Los desplazamientos actuales, en muchos casos tienen que ver con las políticas de los gobiernos, favorecedoras de la apropiación por parte de grandes multinacionales de los recursos mundiales. Acaparan tierras, pero, más dramático aún, acaparan agua en muchos lugares donde ya de por sí escaseaban, obligando a sus moradores a desplazarse.

El cambio de paradigma necesario requiere actuar en distintos frentes:

Movilidad global, ordenación del territorio, sobre todo en los crecimientos urbanísticos desproporcionados que generan mayor necesidad de desplazamientos y fragmentan los espacios naturales que podrían amortiguar; Gestión hídrica y cierre del ciclo natural del agua. Recuperación de sistemas de protección naturales en el litoral, que eviten las consecuencias de tener buena parte de la costa encementada; mantenimiento de zonas forestales en condiciones óptimas que eviten o minimicen los incendios forestales que cada vez afectan con más intensidad y a mayores extensiones; reducir la demanda de bienes y servicios que producen altas emisiones, incrementando la eficiencia en los sistemas de producción. Un cambio a métodos más limpios de movilidad y reducir esta… En definitiva, mucho que mejorar y, por supuesto, dejar de recurrir a un green washing descarado como el que estamos viendo estos días en la Cumbre.

No parece que haya nadie a los mandos globales, que reconozca el reto en toda su dimensión, y es que las estructuras económicas y de funcionamiento de nuestra sociedad se tambalean. El agotamiento y deterioro de recursos fundamentales, básicos para el desarrollo y bienestar humano, y no solo humano, como el agua dulce, los recursos genéticos, los bosques, la pesca, las tierras fértiles, los arrecifes de coral… Todo el patrimonio natural en todos los ámbitos: local, regional y global está amenazado.

Las prácticas agroindustriales, están amenazando con la pérdida de gran parte de las tierras fértiles mas productivas. La desertificación de muchas tierras cultivables seguirá generando desplazamientos masivos. Desplazamientos también, por el aumento del nivel del mar, con consecuencias para toda la población mundial que vive en las costas, que es la mayoría.

El transporte de larga distancia, el sistema agro-alimentario global, los sistemas urbanos y suburbanos actuales, así como muchos productos de nuestro modo de vida -coches, plásticos, productos químicos, pesticidas…- se sostienen asumiendo sin cuestionamiento, un creciente suministro de energía barata y materiales.

Pero, sin equidad y sin aceptar que somos interdependientes, no va a haber solución justa y tampoco pacífica, posible. Espero que seamos capaces de asumir sistemas de organización económica cada vez más locales, que reconozcan y respeten los límites que impone la naturaleza y que asumamos también, los que todavía disfrutamos de situaciones acomodadas en el Norte global, que tenemos margen para ser algo más pobres y vivir bien. Y es que, el modelo económico neoliberal globalizado sólo es viable para la minoría más rica que acumula la mayor parte de la riqueza mundial que previamente ha expropiado al resto.

El hecho es que vamos a una situación en la que dependeremos de energías renovables que, aunque más intensivas en empleo, tienen tasas de retorno energético menores. Esto conllevará, inevitablemente, cambios significativos en nuestros modos de vida. Pero no necesariamente serán negativos, si somos capaces de transitar, también socialmente de forma mayoritaria, hacia modos de vida más centrados en el ámbito comunitario, local y regional. Modos de vida más sostenibles desde el punto de vista ambiental y que pueden ser más gratificantes desde el punto de vista social y comunitario. Sistemas de gobernanza locales deben ser los que sustituyan al sistema actual. Producción local para consumo local, haciendo uso de la fuerza de trabajo y de materiales locales, en el marco de modelos ecológicos y democráticos. Las economías locales que así funcionan dependen menos del transporte y suministros desde lugares lejanos. Por ello tienen menor impacto. Es decir, re-territorializar la actividad económica es una necesidad.

Muchas personas en todo el planeta ya están intentando activamente, llevar a cabo prácticas económicas alternativas en el ámbito local, comunitario y regional, tanto en contextos rurales como urbanos. Son acciones personales, de pequeños colectivos e iniciativas comunitarias que es necesario escalar.

Esta Cumbre del Clima debe conseguir hacer efectivo el compromiso de tomar esa dirección y hacerlo “a velocidad de crucero”.

Publicado el 5 de diciembre de 2019 en el Blog de público.es, Ecologismo de Emergencia

Carmen Molina sigue la senda de Uralde y abandona Equo

La que fuese única parlamentaria andaluza de Equo, candidata a la presidencia de la Junta y coportavoz federal y autonómica, Carmen Molina Cañadas, se ha sumado a la lista de abandonos de la formación verde tras su pacto con la plataforma de Errejón.

Carmen Molina Equo 1

“Tras más de ocho años de trabajo en Equo también abandono un proyecto en el que puse mucha ilusión y esfuerzo. Gracias Juantxo por seguir ahí. El espacio verde sigue bien representado”. Así ha anunciado Carmen Molina en la red social twitter su abandono del partido verde, siguiendo la senda del principal referente actual del ecologismo político, el diputado de Unidas Podemos Juantxo López de Uralde.

Ha sido una marcha silenciosa. Molina ya había abandonado la primera línea política en los últimos meses y se había reincorporado como técnico de laboratorio en la Universidad de Málaga. Pero se marcha una mujer que lo fue casi todo en el partido verde. Coportavoz autonómica, parlamentaria andaluza – la única, dentro del grupo de Podemos, del 2016 al 2019 -, candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía cuando Equo rompe con Adelante Andalucía, y durante un breve lapso de tiempo, coportavoz federal.

Paradójicamente, fue Molina la primera en competir con sus socios de Unidas Podemos en las elecciones andaluzas de diciembre de 2018. Una decisión que la hacía “sentir incómoda”, y por la que votó en contra a nivel interno – tal y como reconoció en entrevista a El Salto Andalucía en octubre de 2018 -. Ahora abandona Equo justamente porque la formación verde se dispone a competir electoralmente contra Podemos e IU el 10N concurriendo con la plataforma estatal de Errejón, Más País.

Una estrategia que, según explica Molina a El Salto Andalucía “venía de largo, yo dimití por esa causa de la portavocía federal”. En opinión de la andaluza, las mayorías cambian en la Mesa Federal de Equo antes de las europeas y autonómicas del 26 de mayo. Y apunta a Equo Madrid y Compromís como los principales impulsores de la ruptura con Unidas Podemos y la alianza con Errejón. “Los valencianos nos apoyaron pero al hacer el cambio de estrategia con Compromís – Verds forma parte de Equo y de la formación valencianista – cambiaron las tornas. Eso suponia un cambio de estrategia con relacion a la última Asamblea, de octubre de 2018. Entonces se decidió mantener a Equo en el espacio del cambio – en referencia a Unidas Podemos -, porque se habian conseguido bastantes cosas y cambios. Y de pronto, a determinadas personas les interesa cambiar la estrategia, empezando por Florent Marcellesi, que era el candidato a las europeas. Y de ahí la deriva que ha acabado en ruptura», relata Molina. En el ámbito autonómico, señala a sus excompañeros de Equo Madrid como los primeros en “trabajar para otro partido” cuando concurrieron dentro de Más Madríd. “Era doble militancia, porque Más Madrid es un partido, no una coalición. Y a partir de ahí empezaron a poner dificultades al trabajo de Unidas Podemos”, afirma. Una serie de movimientos que Molina denunció ante la Mesa Federal del partido verde y puso en conocimiento de todos los territorios.

Para la exportavoz federal de Equo, esta sucesión de movimientos se habrían producido porque “al señor Errejón le interesa tener la marca y ser el representante del Partido Verde Europeo aquí, y ya está”. Algo que critica porque “declaraciones ecologistas no le he oído yo a este señor nunca, y de ecologista tiene más bien poco, pero claro la tendencia de la ola verde en Europa…”, apunta, señalando a intereses electoralistas. Sin embargo, la decisión de Más País de concurrir en aquellas circunscripciones que eligen más diputados, provoca según Molina que “hayan dejado tirada a mucha gente, de Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, y eso no lo cuentan”. Y califica la ruptura de Equo de “el estropicio de Errejón”.

Preguntada sobre si las elecciones andaluzas pudieron ser el principio de la ruptura de Equo con Unidas Podemos, Molina reconoce que “aunque yo encabecé aquella lista, no estuve cómoda del todo”. Y se reconoce defensora de Unidas Podemos frente al planteamiento de Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo. “Adelante Andalucia no es lo que yo quiero, no me representa. Un partido verde como el nuestro no debe tener tintes nacionalistas y ahí hay un cierto componente nacionalista que no comparto”. De hecho, ese es el eje que Molina considera fundamental en el conflicto interno de Equo, aceptar peculiaridades regionales y perder la perspectiva federal.

Posteriormente, tras la ruptura con Adelante “que nos perjudicó grandemente”, Equo Andalucía concurrió con otro pequeño partido andalucista, Iniciativa del Pueblo Andaluz, coalición de la que no se siente satisfecha por secundar una política de alianzas regionales, que en opinión de la exparlamentaria no casa con el proyecto federal de Equo y lo ha acabado por desmembrar. Y según relata Molina, ahí se percató de los intereses de Compromís, que apostaba por esa senda. “Desde mi punto de vista, y creo que después se ha corroborado, Iniciativa del Pueblo Andaluz surge para refrendar la estrategia de Monica Oltra, que es de Iniciativa del Pueblo Valenciano, de instaurar en otras autonomias formaciones analogas a la suya para después poder confluir y concurrir a las elecciones generales y europeas. Es en lo que ha estado trabajando desde entonces, porque aquí no existía, y por eso lo financian y lo montan cuatro personas pertenecientes al andalucismo”, explica. Recuerda la participación en la campaña andaluza de Joan Baldoví y Mireia Mollà como un argumento a favor de su tesis. Cabe recordar que Iniciativa del Pueblo Andaluz concurrió con Compromís en las elecciones europeas.

Sin embargo, pese a todos estos movimientos internos, Molina no se retira. Continúa la senda de Uralde y apuesta por “construir un espacio auténticamente verde y seguir trabajando dentro de Unidas Podemos”, y asegura que el diputado verde repetirá en las listas de UP en el mismo puesto. “Da pena, un proyecto en el que habíamos invertido tantos esfuerzos, pero capítulo nuevo y seguimos en la brecha”, afirma optimista.

La salida de Carmen Molina dificulta el desembarco de Más País en Andalucía. Molina, que fue parlamentaria andaluza por Málaga, era de los escasos referentes del ecologismo político en la comunidad y de los pocos cuadros con experiencia institucional. Quien sí apoya la alianza con Errejón es otro de esos escasos referentes, y candidato de Equo a la presidenta de la Junta en 2012, el sevillano Esteban de Manuel. De Manuel fue la cabeza visible de Equo en la candidatura de Adelante Sevilla, ocupando el puesto nº 6 de la lista electoral.

Entrevista realizada por Alfonso Torres de El Salto Andalucía el 28 de septiembre de 2019