De la crisis ambiental a la oportunidad social

Estamos necesitando un cambio de sistema para lograr economías ecológicamente sostenibles y que se acompañen de equidad, suficiencia y paz. Justo lo contrario de lo que está sucediendo ahora. El recorrido y comportamiento de nuestras sociedades y la economía de mercado que las acompaña son profundamente inadecuados para alcanzar un futuro compatible con que la mayoría disfrutemos vidas dignas.

Ya estamos padeciendo un colapso social que acompaña al ecológico. Y hay quién insiste en que, de la grave crisis surgen grandes oportunidades, aunque no parece que haya nadie a los mandos globales, que reconozca el reto en toda su dimensión y decida la manera abordar la crisis para aprovechar esas oportunidades.

La era de la energía barata está llegando a su fin (esas grandes dosis de combustibles fósiles con los que nos hemos dopado y aún seguimos dopándonos), lo que generará cambios dramáticos en el funcionamiento de nuestras sociedades. Las estructuras económicas y de funcionamiento de nuestra sociedad se tambalean. Además, este declive viene acompañado del agotamiento o deterioro de recursos fundamentales, básicos para el desarrollo y bienestar humano, y no solo humano, como el agua dulce, los recursos genéticos, los bosques, la pesca, las tierras fértiles, los arrecifes de coral… Todo el patrimonio natural en todos los ámbitos: local, regional y global está amenazado.

El caos climático, el calentamiento global, y las prácticas agroindustriales, están amenazando con la pérdida de gran parte de las tierras fértiles mas productivas. El aumento del nivel del mar continúa, con consecuencias para toda la población mundial que vive en las costas, que es la mayoría. La desertificación de muchas tierras cultivables genera ya, y seguirá haciéndolo, desplazamientos masivos. Son situaciones que llevan tiempo afectando a los pueblos y naciones más empobrecidas del sur global. La agricultura de Siria es un ejemplo.

El transporte de larga distancia, el sistema agro-alimentario global, los sistemas urbanos y suburbanos actuales, así como muchos productos de nuestro modo de vida -coches, plásticos, productos químicos, pesticidas…- se sostienen asumiendo sin cuestionamiento, un creciente suministro de energía barata y materiales. Ya estamos sufriendo conflictos bélicos sangrientos como consecuencia de problemas geopolíticos que tienen que ver con la disponibilidad decreciente de combustibles, agua dulce, suelo fértil o minerales esenciales para mantener la industria tecnológica y agraria.

En las próximas décadas el crecimiento de la población en el sistema socioeconómico imperante supondrá, si nada lo remedia antes, como las distintas movilizaciones por el clima, el acaparamiento de un 20% de los hábitats naturales que quedan.

Es un panorama alarmante pero probable, si no abordamos políticas diferentes de forma urgente. Nada es necesariamente inevitable si tomamos acciones a favor de profundas transformaciones que limiten las consecuencias más siniestras de este capitalismo tardío y descarnado que se nos está imponiendo.

La capacidad de carga del planeta, (sobrepasada por la demografía humana), y el abuso de los recursos globales son límites que no acabamos de admitir de forma generalizada socialmente. Como parece que tampoco asumimos que, sin equidad y sin aceptar que somos interdependientes, no va a haber solución justa y, puede que tampoco pacífica, posible. Nos estamos adentrando en escenarios socio-ambientales bastante impredecibles y muy preocupantes.

Hay una evidencia a la que no se le hace caso: vamos con mucha probabilidad hacia una situación que conduce a la contracción de la producción y el consumo. Lo deseable sería conseguir hacerlo de forma medianamente ordenada, organizada y distributiva. De momento no hay visos de que vaya a ser así. De de que seamos capaces de asumir sistemas de organización económica cada vez más locales, que reconozcan y respeten los límites que impone la naturaleza y asumir también, los que todavía disfrutamos de situaciones acomodadas en el Norte global, que tenemos margen para ser algo más pobres y vivir bien.

Pero lo que no es sensato, es seguir recurriendo a las mismas estrategias que funcionaron hasta finales de los 70 del siglo pasado y que ahora acentúan los problemas mencionados. A pesar de ello, la Organización Mundial de Comercio (OCM), el FMI o el Banco Mundial siguen instaurando y legitimando estas políticas como si, literalmente, no hubiera un mañana. Muchos gobiernos asumen como factibles las soluciones tecnológicas para todos los problemas que genera el sistema económico neoliberal y crecentista. Es un dislate. Y eso nos pone en peor situación ya que no se toman las medidas que estamos necesitando para limitar/prevenir los peores escenarios socio-ambientales posibles que enfrentamos. Las tecnologías, por sí solas, no nos salvarán. Y el modelo económico neoliberal globalizado sólo es viable para la minoría más rica que acumula la mayor parte de la riqueza mundial.

En las medidas para transitar hacia este futuro inquietante hay cierta coincidencia. Tanto los que abogan por la economía circular, como algunos decrecentistas que ven inevitable el colapso civilizatorio, proponen cerrar ciclos de materia y energía e incrementar la eficiencia y circularidad en todos los procesos socioeconómicos. Se distinguen en que unos creen que haciéndolo se podrá seguir disfrutando del modo y nivel de vida actual, al menos en el Norte enriquecido, y los que piensan que, aun haciéndolo, sólo se mitigará en parte una grave contracción económica global, con todos los efectos negativos colaterales que implica. El hecho es que vamos a una situación en la que se va a reducir la extracción de recursos materiales y en la que dependeremos de energías renovables que, aunque más intensivas en empleo, tienen tasas de retorno energético menores. Esto conllevará, inevitablemente, cambios significativos en nuestros modos de vida. Pero no necesariamente serán negativos, si somos capaces de transitar también socialmente de forma mayoritaria hacia modos de vida más centrados en el ámbito comunitario, local y regional. Modos de vida más sostenibles desde el punto de vista ambiental y que pueden ser más gratificantes desde el punto de vista social y comunitario. Sistemas de gobernanza locales deben ser los que sustituyan al sistema actual. Producción local para consumo local, haciendo uso de la fuerza de trabajo y de materiales locales, en el marco de modelos ecológicos y democráticos. Las economías locales que así funcionan dependen menos del transporte y suministros desde lugares lejanos. Por ello tienen menor impacto. Es decir, re-territorializar la actividad económica es una necesidad.

La “buena vida” basada en el hiper-consumo de bienes, en que se basa el actual modelo, se muestra falaz. Sin embargo, si somos capaces de iniciar la estrategia de usar menos recursos, de acumular menos y de estándares de vida más modestos pero dignos, con toda probabilidad, obtendremos mayor sensación de plenitud personal, menos estrés, más tiempo para dedicar a la familia, a los amigos, a la naturaleza, al ocio. Bienes que hoy son escasos y de los que somos paradójicamente “pobres”. Es decir, menos será mas.

Muchas personas en todo el planeta ya están intentando activamente, llevar a cabo prácticas económicas alternativas en el ámbito local, comunitario y regional, tanto en contextos rurales como urbanos. Son acciones personales, de pequeños colectivos e iniciativas comunitarias que es necesario escalar. Sólo si conseguimos transitar también hacia sociedades que acepten que somos seres profundamente interdependientes y donde primen la cooperación, nuestras hijas y nietas tendrán, dentro de 15 o 20 años, un presente que merezca la pena ser vivido.

 

Publicado originalmente el 16 de octubre de 2019 en Contrainformación

El golpe de la gota fría tras el cálido verano

Aún no hemos acabado de encajar el golpe que nos ha dejado la gota fría. Algo que sabemos que no es tan extraordinario. En el clima mediterráneo, sucesos como los acaecidos de gota fría están perfectamente estudiados porque son propios del clima y la geografía del sudeste peninsular. Lo realmente preocupante es que, como consecuencia del cambio climático tenderán a repetirse con mayor frecuencia y en lugar de tomar medidas que eviten o tiendan a minimizar sus efectos, se han seguido practicando políticas urbanísticas y de encauzamientos, “limpiezas” y/o dragados que, lejos de solucionar, empeoran las consecuencias de los episodios de lluvias torrenciales generadas por gota fría. Valga el siguiente ejemplo que abordé en la comisión de Medioambiente y Ordenación del Territorio del parlamento andaluz, para ilustrar la situación que cada vez con mayor frecuencia viviremos:

El 7 de septiembre de 2015, hubo una inundación en Adra (Almería) que provocó muchos daños materiales. La Plataforma Ciudadana Abderitana se puso a disposición de la autoridad local para contribuir a resolver los problemas que se presentaron. Con la participación de dicha Plataforma se elaboró un documento que aportaba una serie de datos sobre los motivos que provocaron la inundación, además de otros que ayudaban a entender cómo se originó, y presentando una serie de propuestas que sugerían soluciones. Respecto a esto he de decir que, la sociedad civil organizada colectivamente tiene mucho que decirle a los políticos sobre la gestión de los bienes comunes y el cuidado del territorio. Es importante la participación ciudadana en los asuntos que le atañen. Y en este caso fue ejemplar. Un grupo de vecinos organizados, diseñando propuestas y/o soluciones para el suelo que pisan y del que son los mejores conocedores.

Conocían la orografía que caracteriza las sierras del sur peninsular, en general, y el caso de Adra especialmente. Es terreno que se caracteriza por fuertes pendientes, zonas escarpadas, suelo poco firme y pedregoso, con tierra suelta y propensa a desprendimientos, con escasa cubierta vegetal y suelo sometido a un fuerte proceso de erosión y de desertización. Su relieve es muy desgastado con pendientes, a veces elevadas. La red de drenaje que forman, tanto ramblas, como barrancos y ríos, o caudales subterráneos debe realizar su función natural, pero resulta harto difícil, con las actuaciones sobre el territorio que se han venido haciendo. Y es que la planificación de actuaciones agrícolas o urbanas sobre el territorio deben considerar toda la casuística que se da en las cuencas.

En el caso de la inundación provocada en la desembocadura del río Adra concurrieron estas circunstancias (son las que analizaron desde la Plataforma abderitana):

  • Abandono de tierras roturadas en laderas.
  • Roturaciones para construcción de invernaderos y caminos o pistas, que dejan mucha tierra suelta.
  • Cubiertas de plástico en los invernaderos, que evitan filtración al suelo y concentran el agua de lluvia caída sobre la superficie del invernadero, en determinados puntos de descarga.
  • Desviación y ocupación de las riberas o las mismas ramblas y/o barrancos.
  • Uso de las ramblas y barrancos como vertederos agrícolas o de otros residuos.
  • Encauzamiento de ramblas y actuaciones parecidas, que aumentan la velocidad del agua incrementando su efecto torrencial.

Por el interior del pueblo de Adra discurren varias ramblas con sus cuencas vertientes. El suelo urbano y de invernadero suponen la extensión mayoritaria de dichas cuencas. Eso es grave teniendo en cuenta que en dicho tipo de suelos (urbano e invernadero) los pluviales provocados por la lluvia no se filtran en su mayoría al subsuelo, sino que resbalan por superficies poco o nada permeables directamente a las ramblas que, además, en sus tramos finales, están asfaltadas, agravando el problema en cuanto a escorrentía.

La consecuencia es un incremento significativo del volumen y la velocidad del agua que acogen, intensificando la torrencialidad provocada por un exceso de lluvia. En el caso que nos ocupa, el suelo urbano se había incrementado en casi el doble de su superficie durante los últimos 50 años, el sustrato natural, sumando el monte con los cultivos a cielo abierto, se había reducido a la mitad, a favor de los invernaderos.

La citada Plataforma Abderitana proponía una serie de medidas en base a lo aprendido de esta inundación de 2015 en su municipio: 1. Elaboración de normativa sobre ordenación del suelo agrícola de todo el municipio que contemplase la recogida de aguas pluviales, indicando especialmente las especificaciones necesarias respecto a los invernaderos de las cuencas de las ramblas que discurren por el interior del casco urbano de Adra, con recogida rigurosa de pluviales de sus techos, con objeto de limitar su volumen, velocidad y torrencialidad.

  1. Limitar la construcción de nuevos invernaderos en dichas cuencas cumpliendo la normativa, así como adecuar los que ya están construidos, para minimizar sus impactos.
  2. Realizar una exhaustiva y cuidadosa limpieza de restos agrícolas y plásticos, y mantenerla, en dichas ramblas en toda su cuenca.
  3. Deslinde sistemático del dominio público hidráulico de las mencionadas ramblas con objeto de evitar invasiones de sus cauces por particulares.
  4. Restauración ecológica de las laderas de las cuencas de dichas ramblas con objeto de que la vegetación autóctona frene la entrada de pluviales al cauce.
  5. Eliminación de obstáculos para el agua.

Campos de plástico, peligro de inundación.

El caudal, es función de las características de la precipitación y del terreno. Como los invernaderos ha modificado los trazados de los cauces, derivando caudales hacia vertientes y áreas distintas de lo que ocurría en el pasado, pueden sustraerse o sumarse caudales nuevos a los caudales habituales, provocando cambios en los tiempos de aparición de los momentos punta.

Los caudales generados tras la implantación de los invernaderos son hasta 4,25 veces superiores a los calculados para las situaciones precedentes. Por tanto, el riesgo de inundaciones proviene de la imposibilidad que tienen los cauces principales de drenar los grandes volúmenes de agua y sedimentos en terrenos así ocupados, anegando las llanuras de inundación con caudales desbordados muy superiores a los de antaño, arrasando instalaciones y viviendas que se han extendido masivamente por la zona, situándose dentro de los cauces de avenida.

Los procesos de erosión grave y denudación del suelo están contribuyendo a la desertificación progresiva de la cuenca. Se calcula que ésta provoca la pérdida de unas 200 toneladas de suelo por kilómetro cuadrado al año, y una pérdida de agua por evapotranspiración en torno al 60 %, poniendo en peligro la riqueza y biodiversidad, así como a la sostenibilidad de los asentamientos humanos. Entre la problemática ambiental que acompaña esto, destacan los desmontes para la construcción de invernaderos, y ocupación del cauce por los mismos, las obras de encauzamiento –que han destruido buena parte de sus valores ambientales-, limpiezas ilegales con maquinaria pesada del cauce, que han removido y destruido el lecho y la vegetación por parte de propietarios, agricultores y alguna comunidad de regantes, así como la gran cantidad y variedad de vertidos –sobre todo agrícolas que se arrojan a los cauces.

La conclusión de esto es que el mal uso del territorio y la falta de respeto a las zonas inundables, tiene como resultado que el río tienda a recuperar el territorio que le es propio, dibujando sus límites e imponiendo su lógica natural, demostrando la inutilidad de encauzamientos, escolleras, limpiezas, dragados y estrechamientos artificiales de cauces. Y, sin embargo, continúa la sinrazón de quien sigue obteniendo beneficios de la especulación sobre territorios en riesgo permanente. De todo este trabajo de la plataforma me gustaría que se hubiera tomado nota en el municipio. A los políticos les toca hacer su parte.

En este sentido ha sido pésimo el urbanismo de las últimas décadas, que ha ocupado las zonas inundables con viviendas, naves industriales, carreteras, vías de ferrocarril, cámpings o aeropuertos, llegando incluso a cubrir los ríos, convirtiéndolos en alcantarillas para edificar encima. Se pierden cada año millones de toneladas de suelo fértil arrastrado hacia ríos que han perdido sus funciones ecológicas más elementales, después de sufrir obras de dragado, encauzamiento y destrozos varios. Tanto la Directiva de Inundaciones como los documentos de la Comisión Europea abogan por el respeto del territorio fluvial, librándolo de construcciones en la medida de lo posible, lo que reduciría los efectos perniciosos de las inundaciones.

Pero sobre todo hay que renunciar a peligrosos desarrollos urbanísticos y abordar de una vez una planificación del espacio adaptada al riesgo y fundamentada en el principio de precaución.

Artículo publicado en Contrainformación 30 días, 30 opiniones el 18 de septiembre 2019

URBANISMO Y BIEN COMÚN

Somos el país que ha sido capaz de producir durante casi diez años, antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, más vivienda que en el Reino Unido, Francia, Italia y Alemania juntas.

Y tras esa “proeza” había que plantar cara a la ocupación expansiva del suelo, y primar la reuti­lización y rehabilitación del patrimonio construido y del entorno urbano y periurbano degradado.

Porque solo es sostenible aquel desarrollo humano que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. (Informe Brundtland “Nuestro Futuro Común” 1987)

Urbanísticamente, la situación que ahora mismo tenemos es de sobredimensión, dispersión y segmentación. Y necesitamos alcanzar un uso eficiente del suelo en las ciudades, no crecer ilimitadamente. Porque hemos generado un impacto imborrable en la calidad de nuestros paisajes, y mermado los recursos bioproductivos, de enorme valor para la sustentabilidad de la vida; con el añadido de que se ha alejado a la mayor parte de la población de acceso a la vivienda que es un derecho consagrado en nuestra Constitución y en Tratados Internacionales firmados por España. Así que, entre otras cosas, hay que incorporar el derecho al acceso a la vivienda como uno de los objetivos centrales de la actividad urbanística.

El cambio de modelo urbano-territorial que habría que acometer no solo afecta al planeamiento, sino a casi todas las políticas y áreas de competencias que en él confluyen:

  • Necesitamos orientar el urbanismo hacia el modelo de ciudad compacta, diversa, eficiente y cohesionada socialmente
  • Necesitamos hacer un uso razonable y sostenible de recursos, y para ello no es necesario empeorar la calidad de vida de la ciudadanía
  • Necesitamos cumplir los objetivos de emisión fijados en los protocolos y acuerdos internacionales. E incluso ser mas ambiciosos al respecto para preparar un mejor futuro. Tanto mas, por cuanto nuestro país es especialmente vulnerable a los efectos constatados del Cambio Climático.
  • Necesitamos aprender y asumir una nueva cultura de la movilidad y accesibilidad que permita cumplir esos objetivos de reducción de emisiones.

Y, por supuesto, es una necesidad, incorporar el derecho de acceso a la vivienda -insisto en ello-, como uno de los objetivos centrales de la actividad urbanística.

Y junto a ello, la adaptación de los edificios, infraestructuras y entornos al clima.

Una política que articule y relacione todas las funciones y actividades que confluyen en los tejidos urbanos, en los que la proximidad y la habi­tabilidad reduzcan las necesidades de movilidad.

Es decir, usar como criterio fundamental en el desarrollo urbano de las ciudades, la eficiencia energética y al consumo razonable de recursos. Así que hay que favorecer la conservación, mantenimiento, rehabilitación y calidad del parque existente. Realizar un censo de viviendas vacías y planes para incentivar su puesta en uso mediante alquileres sociales o medidas similares. Limitar la construcción de nueva vivienda en tanto no se reduzca el parque de viviendas vacías, que es elevado.

Ejemplo de desarrollo urbano ineficiente y que no genera un consumo razonable, es el exceso de suelo calificado para uso de gran superficie comercial, sin que se reúnan las condiciones mínimas para ello y condicionando el uso global y la movilidad, allá donde se implantan. Hemos asistido a una auténtica inflación de suelos calificados para esos usos, sin que se hayan evaluado correctamente los impactos que producen en la ordenación del territorio, ni tampoco su necesidad o utilidad.

Otro ejemplo de desarrollo urbanístico inadecuado son proyectos como la llamada Operación Chamartín, en este caso en Madrid, que con el nuevo nombre de Madrid Nuevo Norte lo tiene todo para ser el gran pelotazo, la gran estafa, que perjudica al Procomún, ese modelo de gobernanza para el bien común. Desde un punto de vista político, se comete un gran pecado al transformar el suelo público en mera mercancía. En palabras de Eduardo Mangada, “La Operación Chamartín es uno de los mayores escándalos del urbanismo europeo: la entrega de tres millones de metros cuadrados de suelo público a un banco para que dé cabida en él a sus negocios financieros durante dos décadas. Cortijo BBVA. Un área privilegiada de la ciudad donde ir colocando fondos de inversión venidos de cualquier continente en beneficio de un banco

Y casos en el litoral de todo el país abundan demasiado. En Andalucía se estableció un Plan de Protección del Litoral, que a duras penas intentó evitar el “acoso y derribo” que sufrían las escasas zonas litorales bien conservadas. Este Plan no impidió que proliferasen proyectos urbanísticos de dudosa legalidad y necesidad. Finalmente se anuló el Plan por un supuesto defecto de forma, al aprobarse estando el gobierno andaluz en funciones. Por supuesto, el actual gobierno, ni se plantea retomar esa protección necesaria. Se mantienen crecimientos urbanísticos desmesurados en los planes urbanísticos. La paralización fue temporal por la crisis, pero se observa la intención de colmatar la mayor parte del litoral y de las áreas metropolitanas. Tampoco se promueven iniciativas legislativas o normativas que impliquen garantizar una mínima disciplina urbanística.

Y es que sería deseable reconocer el urbanismo y el territorio como el “Bien Común” que es. Del mismo modo que la sanidad y la educación. Esto no es posible pues el suelo urbano suele ser de propiedad privada.

Reconocer que la transformación que precisa nuestro urbanismo, no sólo se puede dar sin crecimiento, sino que va implicar decrecimiento de suelo urbanizable, será un gran logro, cuando se dé. No parece probable. Y es que debemos recordar la enorme cantidad de suelo que se ha clasificado en los últimos 30 años y que se continúa clasificando, una cantidad excesiva, injustificada, socialmente injusta, económicamente devastadora y ambientalmente insostenible.

En el litoral, que es el espacio más frágil de nuestra geografía y el mas densamente poblado, la intervención urbanística presenta características de devastación de sus valores paisajísticos y naturales. Hay que frenar la especulación con el suelo cuanto antes.

Mejorar nuestras ciudades, acabando con el mantra del crecimiento ilimitado, es el reto y la verdadera dimensión social que debe tener el planeamiento urbanístico democrático.

Porque la burbuja inmobiliaria dejó rastros visibles e indelebles por largo tiempo, como las viviendas vacías, las urbanizaciones y polígonos industriales fantasma y los suelos de interés agrícola clasificados como urbanizables que no precisamos urbanizar y sí proteger para garantizar la soberanía alimentaria de nuestras áreas metropolitanas. Hay necesidad de poner orden en el desorden generado por una actividad urbanizadora que no respondía a necesidades sociales reales.

La Ordenación del Territorio exige la vertebración del mismo recuperando y protegiendo los caminos públicos, impulsando las redes de transporte público y de bicicletas, conectando de nuevo las ciudades con su territorio, hoy fragmentado y lleno de barreras por las grandes infraestructuras.

El problema del urbanismo es que la lógica de ordenación del territorio y de la ciudad, lejos de estar centrada en la sostenibilidad, la habitabilidad y el disfrute de las personas, ha quedado supeditado a formar parte del engranaje del capitalismo financiero internacional y su dinámica especulativa. Esa, y la falta de otras vías de financiación de los ayuntamientos, que se llevan la peor parte en el reparto de los impuestos, es la que ha empujado a los ayuntamientos a equilibrar sus balances poniendo en marcha la espiral especulativa urbanística. Así que, de nuevo, como en otras facetas, encontramos que el problema de fondo está en el capitalismo.

 

Carmen Molina Cañadas. Publicado en Contrainformación. 30 días, 30 opiniones el 6 de septiembre 2019

Las decisiones colectivas por un interés común. Cambio Climático

Carmen Molina Cañadas

Hace pocos días se celebraba El Día Mundial de la Población, que cada 11 de julio conmemora que en 1987 la población mundial llegó a los cinco mil millones de personas. En 2050 seremos (si no pasa nada antes) 10.000 millones, un 30% más que ahora y el doble que a comienzos de siglo. Y siete de cada diez vivirán en núcleos urbanos.

Con esos niveles de población, de porcentaje de la misma que vive en ciudades, y teniendo en cuenta los actuales niveles de urbanización, infraestructuras, agricultura o consumo de energía, se puede determinar qué regiones serán las más amenazadas por necesidades crecientes de alimentos, energéticas o de nuevos espacios urbanos. Hay estudios que concluyen que el desarrollo humano, en las próximas décadas, supondrá el acaparamiento de un 20% de los hábitats naturales que quedan. Así que si en 2050, el 70% de la población vive en núcleos urbanos, y las ciudades se saturan (lo que ya ha sucedido en algunas) sería deseable y se esperaría que, según vaya creciendo la población de los núcleos urbanos, los vayamos haciendo más habitables. Ya hay ciudades encaminadas, pero en cambio otras, en especial las que aún no han visto esos niveles de saturación, se encaminan a un asfixiante abarrotamiento, como si no fuera posible aprender de la experiencia ajena para evitar lo peor, antes de hacerlas invivibles. Y entretanto, los efectos del Cambio Climático poniéndonos frente a la cruda realidad, que muchos no quieren ver.

 

A pesar de que los científicos llevan décadas avisando sobre el cambio climático. A pesar de avances esperanzadores impulsados por la tecnología, para el control de emisiones o captura de lo emitido, el Cambio Climático sigue en marcha y nosotras seguimos pisando el acelerador.

Pisa el acelerador un sistema económico capitalista y neoliberal para el cuál, el CC deja de ser ciencia para convertirse en política. Pero es evidente que, hay efectos innegables que afectan a la economía y a la vida: un océano más ácido, cálido y elevado: sus efectos tienen costes económicos además de ambientales y sociales. Temperaturas a las que no podremos adaptarnos, acumulación de residuos, escasez de agua dulce en amplias zonas, aumentos de los desiertos…

En principio, y para obligar a levantar el pie de ese acelerador que son las desbocadas emisiones, hay que conocer los equilibrios de fuerzas ideológicas e intereses particulares que confrontan en el tablero global donde se dirimen las decisiones importantes. Y la imposición de decisiones que no representan el interés de la mayoría, sino de minorías poderosas que no juegan en pro del interés colectivo. Es lo que tenemos enfrente. Lo que está impidiendo que hagamos caso a Greta Thumberg. Son demasiadas ya, las ocasiones en que determinadas economías, corporaciones o intereses privados consiguen convertir los hechos probados por la comunidad científica en “política opinable”. El sistema se ha venido defendiendo al fomentar la duda sobre el consenso científico acerca del cambio climático, su origen humano y su gravedad. A través de programas de lobbying y relaciones públicas, grandes corporaciones e industrias transmutaron el cambio climático, de certeza científica en cuestión política, y, por lo tanto, polémica, para seguir retrasando lo necesario…Y nos vamos quedando sin tiempo. Y además agravando las condiciones con cada decisión de política neoliberal.

La comunidad internacional, a partir de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en 1992, y el Protocolo de Kyoto, en 1997 ha ido adoptando medidas tibias, insuficientes y en muchos casos, inadecuadas, cuando no abiertamente lesivas para nuestro futuro común. Y es que ha jugado un papel desgraciado, la desinformación, que nunca es inocua. Y quitar gravedad a los informes, que periódicamente ha publicado el IPCC.

Desde que Gro Brutland en 1987 coordinó el Informe “Nuestro Futuro Común” y hasta este 2019, han pasado mas de tres décadas y los impactos del cambio climático se han vuelto incuestionables. Los récords se suceden: de temperaturas más altas, de mayores incendios, de huracanes más potentes, de sequías más intensas, lluvias más torrenciales. De desplazamientos masivos.

La realidad ante nuestros ojos nos empieza a abrumar, pero ahora, el tiempo es mucho más escaso.

Hay que decidir colectivamente a través de instituciones internacionales sobre aquello que atañe a nuestro futuro y a cómo lo abordamos. Disponemos para ello de análisis que nos asesoran en procedimientos y mecanismos suficientes para que la toma de decisiones sea adoptada con garantías, con debate, pero sobre todo con urgencia.

Porque hemos estado perdiendo el sentido de la realidad, sumidos en una realidad filtrada por un sistema que está poniendo en peligro nuestra vida, nuestro planeta, nuestro futuro. El desprecio de los hechos, el desplazamiento de la razón por parte de la emoción y la corrosión del lenguaje devaluan la verdad. Un ejemplo de cómo los populismos encuentran un buen abono para explotar las emociones podría ser este: A Europa llegan millones de personas que, hasta hace unos años, tenían vidas muy parecidas a las nuestras. Han aparecido en las fronteras del rico norte, aluviones de refugiados que nos hacen conscientes de cuán frágil es la presunta seguridad de nuestras vidas. La inmigración nos provoca ansiedad. Al margen de los sentimientos solidarios o no que despiertan, que también. Y es que también se cierne sobre nosotras el miedo a perderlo todo, latente, por la creciente precariedad de la vida occidental. Ya no son solo los desdichados allende nuestras fronteras que se desplazan buscando lugares donde mejorar sus vidas; es la incertidumbre de un porvenir plagado de eventos que no podemos prever o controlar. Y cuando ves a miles de refugiados que acampan en una estación de tren europea, te das cuenta de que sus pesadillas son realidades que puedes ver y tocar. Y que te cuentan lo que puede acontecer pronto también en este “primer mundo”.

Con el Cambio Climático no hay mucho margen para los errores de cálculo, ir hacia adelante y además con prisas, que la emergencia apremia. Si el horizonte estuviera más lejano y nos permitiera modular las decisiones, tal vez nos faltaría audacia. Pero la realidad es la que es. Y la realidad va acompañada de obstáculos. El terreno y reglas de juego lo marcan quienes tienen el poder y se oponen a la transición, aunque a ellos también les apremia la misma crisis climática, ecológica y de sistema. Siempre es duro el cambio, y dura será la transición necesaria porque no nos hemos preparado. Solo con mucha gente colaborando podremos hacer cambios. Los que son necesarios. Con templanza, audacia, empatía, creatividad, ternura, y saber vivir en la incertidumbre. Aprenderemos sin duda más de los errores que de los aciertos, pero no podemos permanecer inmóviles porque no tengamos certezas.

La utopía puede consistir en minimizar la distopía que se nos ha echado encima, o intentar eliminarla. Pero la vida es crisis continua a la búsqueda de equilibrio.

 

Artículo publicado originalmente el 17 de julio de 2019 en ContraInformación

Renta básica, redistribución de riqueza y conservación del patrimonio común

Carmen Molina Cañadas

Durante lo peor de la crisis de deuda en Grecia, allá por 2012, los niveles de pobreza alcanzados en el país heleno nos mostraron con claridad a qué conduce una crisis económica que degrada las condiciones sociales. La deforestación en Grecia fue el primer efecto ambiental constatado, y es que, ante la imposibilidad de pagar el gasoil, centenares de familias calentaban sus casas con madera extraída de los bosques que rodean Atenas provocando una muy preocupante deforestación. Es decir, no se puede, en ningún caso desligar, la situación económica, de la social y de la ambiental. Sucedió en Grecia con la crisis de deuda, ha seguido produciéndose en otros lugares, y a nivel global también corren paralelas las degradaciones en los tres ámbitos.

La degradación ambiental y social provocada por un modelo económico que ya no se sostiene, tiene un impacto severo, que se extenderá en el tiempo, aunque tomemos decisiones hoy para frenarlo. Tenemos a disposición abundantes informes y análisis. Existen diagnósticos disponibles. Pero faltan propuestas de tránsito que nos ayuden a limitar el caos y evitar el colapso que nos amenaza en los tres niveles mencionados. Ambientalmente, necesitamos medidas de mitigación y adaptación a los escenarios que ya sufrimos de cambio climático, hay que frenar la galopante pérdida de diversidad de especies y funcional y, puede que más urgente, evitar los desequilibrios de los ciclos biogeoquímicos del nitrógeno y el fósforo. Medidas que le den la vuelta a una economía especulativa, cada vez más financiarizada, que socializa pérdidas y acumula dinero y poder en menos personas. Medidas para revertir los niveles de desigualdad crecientes en nuestras sociedades, todavía ricas del norte, y frenar con urgencia y revertir la insoportable desigualdad con los países más explotados del sur empobrecido.

No podemos negar que la llegada masiva de refugiados nos incumbe. Personas que huyen de situaciones y lugares en los que ya no pueden vivir. No estamos tan lejos de encontrarnos en breve, en situación similar. Eso nos hace conscientes de cuán frágiles son nuestras vidas y de la creciente precariedad que se acerca.

Ante este estado de cosas, no podemos optar por una salida individual. La condición humana no se corresponde con la supervivencia o escapatoria individual. Es un deporte de equipo. Cualquiera que sea el futuro que afrontemos, nos afectará a todas. Por tanto, tras el preocupante diagnóstico, hay que abordar con cierta urgencia un plan global que contenga medidas simultáneas en los tres ámbitos: económico, social y ambiental. Medidas transitorias para actuar sobre la economía y limitar la creciente precariarización social, en especial de los más jóvenes. Y una medida imprescindible tiene que ver con repensar el reparto del trabajo remunerado, la jornada laboral, la redistribución de la riqueza, y la renta básica.

Hay que darle una buena vuelta a la cuestión del empleo y su relación con el tiempo de vida del que disponemos. La estabilidad, la protección ante el despido o la negociación colectiva han sido pilares del derecho al trabajo y de la democracia. Sin embargo, el capital empieza a prescindir del trabajo remunerado humano. El poder económico ha construido formas de reproducir el capital en las que el trabajo humano es cada vez más prescindible. El empleo que dependía de la lógica patriarcal y de la extracción de cantidades ingentes de materias primas de territorios colonizados y de la generación de cantidades ingentes de residuos, está llegando a su fin.

Una economía sana se diseña para prosperar, no para crecer. La premisa del crecimiento se debe abandonar, a la vez que asumimos, que nadie debería ser privado de los recursos necesarios para su sustento. Por ello, una Renta Básica Universal e Incondicional(RBUI) es una de las soluciones apropiadas, cuando la tecnología nos amenaza con dejar a la mayoría de la población sin empleo que cubra sus necesidades. Toca pues plantearnos en qué condiciones queremos vivir, qué queremos hacer con nuestro patrimonio de tiempo y cuál es el sentido de nuestra vida. Suena a planteamiento filosófico, pero estamos en una encrucijada y hay que decidir el rumbo.

La renta básica se opone a la idea imperante de que el trabajo remunerado es un derecho y cambia esta lógica por el derecho a vidas dignas. Vidas y economía que no socaven las bases ambientales que las sostienen y que alivien la ansiedad causada por la máquina neoliberal de grandes corporaciones con poder cuasi omnímodo que personajes como Trump, Bolsonaro, Salvini… representan desde la política global, y contra el interés de sus legítimos representados, los ciudadanos.

Según un informe de Naciones Unidas, hasta dos tercios de los empleos en los países en desarrollo podrían desaparecer en un futuro próximo. El desempleo que genera la tecnología hará desaparecer los modestos logros conseguidos contra la pobreza y el hambre crecerá. Hay gobiernos que luchan para dar una respuesta, y no tienen muchas opciones. Una renta básica universal puede ser “LA OPCIÓN”.

En noviembre de 2018, la red europea de RBUI (UBIE, por sus siglas en inglés) se reunió en Budapest para analizar la situación actual en Europa, discutir sobre la conveniencia de una posible Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) sobre la RBUI y el tipo de renta básica a desarrollar.

La RBU otorga dignidad al ser humano por el mero hecho de serlo, sin necesidad de tener que dignificarse a través de un empleo. Es frecuentemente confundida -muchas veces, intencionadamente- con las rentas mínimas y otros subsidios condicionados que otorga el estado a los desempleados y personas con muy bajos ingresos. Bien al contrario, la RBUI es un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad, incluso si no quisiera trabajar de forma renumerada, independientemente de otras fuentes de rentas o de si es rico o pobre, y sin importar con quién conviva. No sustituye a otras prestaciones universales e incondicionales, como la sanidad y la educación públicas. Es decir, su implantación no debe suponer merma alguna de los servicios públicos ni de los derechos sociales (educación, sanidad, dependencia, vivienda, etc.)  que son derechos fundamentales de un Estado Social que se considere como tal.

Hoy es posible garantizar una RBUI a toda la población, financiándola de varias posibles maneras:

  • con una subida de la imposición fiscal, que hiciese que el 20% más rico de la población pagara en concordancia a su riqueza
  • gravando actividades que generan beneficios a quien las acomete, pero suponen un alto coste para la sociedad
  • aumentando los impuestos indirectos a quienes más consumen
  • exigiendo impuestos a las transacciones financieras (tasa Tobin) y a las emisiones contaminantes
  • luchando contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales

Estas medidas no son excluyentes entre sí.

“…Con la RBUI se cuestionan varias creencias arraigadas en el sistema: la primera es la de que el trabajo (o empleo) dignifica a los seres humanos; la segunda, que proviene de la Biblia, nos condena a ganar el pan con el sudor de nuestra frente; la tercera, que afirma que el sentido de la vida de las personas es el trabajo; la cuarta es la equiparación de empleo a supervivencia; y la quinta, la de que la riqueza actual pertenece sólo a sus propietarios “legales”, las grandes compañías multinacionales y lobbies financieros mundiales.” Así se recoge en textos trabajados por Humanistas por la Renta Básica Universal.

La implantación de una RBUI favorecería los trabajos vocacionales, voluntarios, el cuidado de los niños, de los mayores y discapacitados y dotaría a mujeres víctimas de violencia de género de independencia económica para alejarse de su agresor. Es la mejor opción ante la creciente automatización de las labores en todos los sectores de actividad, ya que, gracias al desarrollo de la tecnología, se prevé que desaparecerán en 20 años el 50% de los empleos actuales.

Con los medios de que disponemos, la RBUI mundial es perfectamente posible y se vislumbra como alternativa plausible para el futuro que viene. Con ella tendríamos libertad para aceptar o no, según qué empleos, y para negociar las condiciones de los mismos, o para asociarnos con otras personas en cooperativas, o explorar modelos de trabajo asociado distintos.

Sírvanos de ejemplo el “Fuero de los Bosques”, publicado en 1217 en Inglaterra. Este corto y potente documento garantizaba los derechos de los plebeyos a las tierras comunales, que podían usar para labrar, pastar, recoger agua y para recolectar madera o frutos. Otorgó reconocimiento oficial a un derecho humano: que nadie debería ser privado de los recursos necesarios para el sustento. Y hoy sabemos, gracias a la premio nobel de economía Elinor Östrom, que se gestionan mucho mejor los recursos compartidos o bienes comunes cuando la responsabilidad de su conservación y mantenimiento corre a cargo de los que se benefician de esa conservación. Retomar el antiguo “Fuero de los Bosques” y el derecho de acceso a lo común se vislumbra como la mejor alternativa.

Los críticos de la renta básica, con frecuencia ponen pegas sobre cómo financiarla: además de como cito mas arriba, ligándola a lo común. Así, en el estado americano de Alaska, los recursos naturales son considerados propiedad común, por tanto, cada residente recibe un dividendo anual proveniente de los ingresos del estado por petróleo. Y no se trata con ello de esquilmar el recurso.

El modelo de Alaska es popular y efectivo y el mismo enfoque se podría aplicar a otros recursos naturales, como los bosques y las pesquerías. Los rendimientos serían distribuidos como un dividendo para todos. Este enfoque ayuda a proteger lo común contra el abuso, permitiendo a nuestro Planeta margen para recuperarse.

El patrimonio natural no es de uso privativo, es común y no conoce fronteras, ¿por qué no establecer una renta ligada a lo común? un fondo global que constituya un patrimonio de cada ser humano. El objetivo es la redistribución de la riqueza y la conservación del patrimonio común. Porque es fruto del esfuerzo de generaciones que nos han precedido y herencia que legaremos a las generaciones que nos sigan.

Publicado el 22 de junio de 2019 en 30 Días, 30 Opiniones Contrainformación

Ecologismo político coherente y útil para ganar el futuro

Marta Santos (Ejecutiva de EQUO)
Carmen Molina Cañadas (Ex coportavoz EQUO, diputada Parlamento Andalucía 2015-18)
Julià Álvaro (Secretario autonómico de Medioambiente Generalitat Valenciana 2015-18)

 

El ecologismo político vive en buena parte del mundo unos momentos de valoración y reconocimiento como nunca habíamos visto. El discurso verde está calando incluso, con mayor o menor sinceridad, en formaciones que jamás tuvieron en cuenta los postulados que reivindican que la crisis social y la crisis ambiental son imposibles de separar.

Hoy, en la calle, entre las generaciones más jóvenes, crece una hegemonía cultural de los valores ecologistas que, en lo político, van mucho más allá de reclamaciones concretas de tal o cual protección hasta ocupar el centro de una transformación del modelo económico, social y de vida que conocemos.

Lo acabamos de ver en las recientes elecciones europeas. Los partidos verdes se hacen fuertes en muchos países europeos, en algunos casos hasta superar a las formaciones hegemónicas del eje socialdemócratas-liberales, dueños del mapa político  continental desde hace 70 años. Es más, observamos como la irrupción de una ultraderecha antieuropea, antisocial, antifeminista y antiecológica encuentra su dique de contención en los partidos verdes.

El cambio climático, la conciencia cada vez más generalizada de estar ante un reto de magnitudes planetarias, está operando como potente catalizador entre la opinión pública de que se nos agota el tiempo y de que, frente al actual modelo de capitalismo neoliberal depredador que nos acerca al colapso, el único discurso realista y alternativo es el del ecologismo político.

En España, por el contrario, en estas últimas convocatorias electorales (europeas, generales, autonómicas y municipales) hemos visto como EQUO, el referente español del Partido Verde Europeo, perdía presencia institucional después de unos años con un nivel de representación como nunca se había conseguido.

Muchos factores puede ayudar a explicar lo sucedido y, ampliando el foco, explicar también las dificultades que en nuestro país el ecologismo político encuentra para consolidarse como fuerza de referencia.

Para nosotras, para obtener una respuesta satisfactoria y que sirva para no repetir errores, es básico reparar en el proceso de fragmentación sufrido por EQUO en los últimos años. Una organización nacida con una clara y decidida voluntad federal para superar las viejas recetas que siempre habían atomizado e inutilizado el movimiento verde no puede caer en los errores que venía a superar: una miríada de organizaciones sin cohesión, personalismos antiguos e incapacitantes y comportamientos prepolíticos. El mundo cambia pero entre nosotras ha habido quienes han querido perpetuar las escaramuzas internas teñidas de oportunismo, más centradas en debates estatutarios estériles que en apoyar los espacios políticos de confluencia. Esta ha sido la razón fundamental que nos ha alejado de un discurso claro, coherente, verdaderamente horizontal e ilusionante y, también, de las acciones útiles para la gente desde las posiciones institucionales que hemos ocupado.

Estamos a tiempo de superar nuestro estado de bloqueo. Debemos elegir entre pasado y futuro, entre ser algo pequeño, disperso, débil, con estrategias localistas y autocalificado de confederal para esconder que no hay ni objetivos, ni estrategia compartida o ser el proyecto federal que gestó EQUO que queremos defender con este artículo. Un proyecto capaz de canalizar la ola social verde que existe en nuestras calles. Debemos concretar nuestro ecologismo político en un discurso que contenga un modelo para Europa y para el conjunto de España, comunidades autónomas y ayuntamientos, incluidos; no servirán posicionamientos tácticos según interese en cada territorio y en cada momento. Eso será más debilidad, más invisibilidad y, por tanto, mayor marginación como fuerza política y menos utilidad social.

Es el momento de recuperar el rumbo perdido. Y obviamente hay que hacerlo con muchos y muchas que hoy aún no están en EQUO. Nuestra responsabilidad es conseguir un proyecto operativo y eficaz que nos haga atractivos para unir a todas esas personas que sienten que las múltiples y superpuestas crisis que vivimos tienen una respuesta verde. Que la transición ecológica no es una opción sino una necesidad, que las declaraciones de «emergencia climática» son estériles si no van acompañadas de «emergencia en las acciones políticas». Y no tenemos demasiado tiempo. La próxima década es la clave para actuar. Es urgente que acertemos porque, si no, nuestro discurso acabará instrumentalizado de forma torticera por quienes, desde las instituciones, nunca van a pasar de las palabras a los hechos, por quienes con palabras verdes seguirán con decisiones de un evidente marrón oscuro. Y habremos perdido un tiempo precioso, quizás irrecuperable.

Artículo publicado el 11 de junio de 2019 en eldiario.es

Un modelo capitalista que nos descapitaliza de lo esencial

No hay margen de tiempo para seguir debatiendo cómo y para qué. Es imperativo actuar sin perder más tiempo. Sobran los informes, los datos, las evidencias. Debíamos haber puesto en marcha un Plan Internacional que fuese ambicioso y vinculante, tratando de preservar las condiciones de estabilidad mínimas del planeta. Pero parece que las únicas organizaciones internacionalmente fuertes son las instituciones y grandes corporaciones de corte neoliberal que hablan de cambios cosméticos para que finalmente no cambie lo fundamental. Organizaciones como NNUU no tienen capacidad, ni consiguen acuerdos ambiciosos o vinculantes que supediten los intereses particulares de los estados al interés global, de manera que se adopten medidas de sostenibilidad que de verdad sean a la vez radicales y sensatas. El paradigma del crecimiento económico continuo, -incuestionado a pesar de contradecir la lógica más elemental-, nos está arrastrando a situaciones límite que, de no frenar, causarán un enorme descalabro global a la civilización humana. Y, en la grave situación actual, ya no caben solo iniciativas individuales, buenistas, apelando a la responsabilidad de cada cual.

Ejemplo dramático que da señales de una gravedad extrema, son las guerras del agua que irán incrementándose conforme avance la desertificación que estamos propiciando con nuestra actividad productivista. En España tenemos estas guerras en marcha con gran beligerancia de las comunidades de regantes, que se vienen apropiando de enormes cantidades de agua en un reparto muy desigual y que genera desertificación. Detener la extracción de aguas subterráneas y permitir que los ecosistemas se recuperen, es reivindicación básica de quienes se ven abocados a graves situaciones de escasez por este acaparamiento de un recurso básico para la vida y los ecosistemas.

 

Así tenemos el ejemplo de la esquina sureste de la península, la zona más seca del continente europeo de donde se están extrayendo enormes cantidades de sus acuíferos y agotando los mismos. Pese a ser un desierto, en los últimos años se han transformado en regadío varios miles de hectáreas, sobre todo de olivos, aunque también de almendros y, en menor medida, de invernaderos de hortícolas, que se suman al exceso que ya hay en otras partes de la provincia. Lo preocupante de todo esto, es que la solución que apunta el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas al agotamiento de acuíferos, lejos de cuestionar el modelo de agricultura superintensiva, propone traer más agua de otros lugares o de desaladoras, todo un despropósito que no cuestiona la lógica del modelo.

La sobreexplotación de los acuíferos forma parte de un modelo agrícola que está haciendo mella en la viabilidad a largo plazo de la agricultura, ya que se rompe el equilibrio en el ciclo que suman las aguas superficiales y subterráneas, dejando eriales y desiertos de vida donde antes había oasis llenos de actividad y diversidad biológicas. Se constituyó una Plataforma que aglutinaba a todas las de la provincia de Almería preocupadas por esta sobrexplotación, Acuíferos Vivos, para que, conocida la situación y el riesgo consecuente, se tomaran medidas que evitaran el grave deterioro que se cierne sobre las comarcas que están sufriendo la extracción abusiva para riego. Y es que, el agua no tiene precio: las sociedades que sacrifican las fuentes de agua por dinero pagarán un precio terrible. Poner miles de hectáreas de olivar en régimen superintensivo en el desierto de Tabernas es una necedad y supone una incoherencia ecológica que compromete el futuro socioeconómico, en este caso, del maltratado sureste peninsular. Y más grave, es que esta situación de insostenibilidad en la esquina subdesértica la podemos ver replicada a lo largo y ancho de toda la península.

Los regadíos, consumen la mayor cantidad de agua (un 86% en algunos casos) de la suma total de usos de este recurso. El cambio en los usos del suelo y la intensificación de la actividad agrícola de exportación, han generado una grave situación de insostenibilidad, lo que es una amenaza, para el territorio y para la población que lo habita. La Junta de Andalucía, durante los largos años de gobierno del PSOE no cumplió con su papel de gestión y planificación, en materia de agua. Pero es que, al acceder al gobierno regional las fuerzas mal llamadas “conservadoras” con el apoyo de la ultraderecha, amenazan con empeorar la ya grave situación, planteando la construcción de más infraestructuras hidráulicas con las que trasvasar agua de donde supuestamente sobra hacia donde, se supone, hay déficit hídrico. No cabe mayor desatino. Seguir hablando de cuencas excedentarias o deficitarias es una gran falacia y una irresponsabilidad.

Si la situación de Almería es grave, el resto de territorios andaluces, y también el resto de la península siguen el mismo camino, sin querer asumir que el ciclo del agua no podemos acelerarlo, y lo estamos alterando al consumir agua a mayor velocidad de la que se repone y regenera en los ecosistemas. Hay que seguir denunciando que lo que se exporta con los hortofrutícolas, con el aceite, con los frutos rojos o frutos subtropicales, y en grandes cantidades, es AGUA. Agua que va desde la Europa más seca a la más húmeda. Aunque haya que exportar parte de lo que producimos, se necesita mesura. La administración es consciente del serio riesgo en que están las masas de agua subterránea por las abusivas extracciones. Inexplicablemente, ha dado más concesiones y derechos de extracción, que aguas hay. Esto se agrava por la gran cantidad de sondeos, captaciones ilegales y pozos reprofundizados que extraen un volumen mayor del autorizado, y este ya es elevado.

Lamentablemente, los responsables políticos que gestionan en clave cortoplacista, sabiendo que serán evaluados cada 4 años, son cobardes en relación a lo que se debería hacer. Y acaban asumiendo la realización de grandes obras hidráulicas; presas, embalses, diques, trasvases o canalizaciones… Actuaciones todas que, no solo no solucionan el problema de fondo, sino que lo agravan. El Gobierno Andaluz y las Confederaciones Hidrográficas, hasta ahora, han negado el problema de sobreexplotación. Hay que replantear los regadíos actuales y adaptar el número de hectáreas a la capacidad de nuestras cuencas y acuíferos de mantenerlas regadas. Y cuestión muy importante es la recuperación y conservación del buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos y de ribera, que son los que mejor se encargarán de devolver a la normalidad el ciclo natural del agua. Cuando se deforesta y eliminan árboles y cobertura vegetal que retiene el agua y mejora la infiltración, se está empeorando la situación que nos está llevando a la desertificación.

En Andalucía, la Junta no ha inspeccionado las macrofincas de olivos hasta que la situación se ha hecho prácticamente insostenible y ha ocasionado un movimiento social que exige que el problema se solucione. Movimiento social, agrupado alrededor de la citada Plataforma Acuíferos Vivos, que se ha movilizado cuando la situación ha provocado el abandono de numerosas pedanías y núcleos de población al secarse sus fuentes.

Y esta situación ha venido provocada, en último término, por los fondos especulativos (muy gráficamente descritos como fondos buitre) y a través de la economía financiarizada. Esta economía financiera es el último paso dado por el capitalismo, puesto que, superados los límites planetarios, ya no se puede acumular riqueza que esté basada en economía productiva real, sino jugando en los grandes mercados financieros, generando burbujas, con las nefastas consecuencias que todas conocemos, pero para las que no parece que tengamos herramientas capaces de prever y evitar.

En el ejemplo que vengo exponiendo, se ve claramente la conexión con esta economía especulativa, ya que son esos agentes o fondos especulativos los que acaparan miles de hectáreas dedicadas al monocultivo del olivar. La expansión e industrialización del olivar van de la mano de nuevos sistemas de cultivo, en los que el olivo se planta a modo de seto, con una densidad muy alta y mecanizando buena parte de las tareas, lo que desplaza mano de obra. Se trata de una progresión evidente en la que un cultivo de secano se está transformado en un cultivo de regadío, con un uso importante de fertilizantes y agroquímicos que alteran la fertilidad del suelo y disminuyen la biodiversidad, acaparan y agotan todas las fuentes de agua y tras unos años de explotación intensiva y recogida de beneficios, abandonan las tierras convertidas en eriales. Es esta economía especulativa, la que finalmente genera desplazados, y “migrantes climáticos” porque pone el cultivo super-intensivo y tecnologizado, -del olivar en este caso-, pero de todos los cultivos industriales en general, al servicio de los intereses del capital global, contando con grandes plataformas agroexportadoras de las que extraer beneficios, y finalmente, trasladando los costes hacia el primer eslabón de la cadena, los pequeños agricultores, jornaleros o habitantes del rural, poniendo en jaque la sostenibilidad social y ambiental de las zonas productoras. Este es el ciclo disruptor del modelo intensivo agro industrial. Y en definitiva del modelo capitalista.

A la Agricultura tecnificada que sobreexplota los recursos de los que depende, (AGUA, SUELO, BIODIVERSIDAD) le podemos aplicar la conocida Paradoja de Jevons, que advierte de que, a medida que el perfeccionamiento tecnológico aumenta la eficiencia con la que se usa un recurso, es más probable un aumento del consumo de dicho recurso que una disminución. En este caso ese recurso es el agua, y esta es imprescindible para la vida, luego su buena gestión es básica. Lo mismo está pasando con los suelos fértiles, cada vez más escasos, y con la biodiversidad, con la confirmada extinción masiva de especies y de agrodiversidad vegetal

Conclusión: Es imprescindible un cambio de paradigma en los modelos de explotación, en el caso que he querido poner de ejemplo, modelo agro industrial. Pero, en general, en los modelos económicos que dejan fuera de la ecuación las bases sobre las que descansan la vida de las personas y los ecosistemas. Y es que la economía no es una ciencia exacta y no entiende los fundamentos termodinámicos y los biológicos en los que se asienta el mundo en que vivimos.

 

Carmen Molina Cañadas

Miembro de EQUO

Artículo publicado originalmente en Contrainformación 30 días-30 opiniones

La ciudad sostenible

El término “sostenible” se ha depreciado notablemente, al no considerar en toda su dimensión lo que implica la sostenibilidad. Se ha usado y abusado del término de forma no ajustada a lo que quiso expresar quien lo acuñó, Gro H. Brundtland, primera ministra noruega a la que la ONU encargó un informe en 1987, originalmente llamado “Nuestro Futuro Común”. Según este Informe, “es sostenible aquel desarrollo humano que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones”.

Hace ya unos años que se asume mayoritariamente que el modelo de ciudad acorde a un desarrollo sostenible, es la ciudad compacta, diversa, eficiente y cohesionada socialmente. La que hace un uso razonable de recursos, la que mejora la calidad urbana y la calidad de vida de sus ciudadanas, la que logra disminuir emisiones impulsando otra cultura de la movilidad y accesibilidad, la que multiplica las zonas verdes, etc.

Para lograr algo así, hay que definir las líneas estratégicas que lo hagan posible. Definir la eficiencia energética y el consumo razonable de recursos como criterios centrales en los procesos de desarrollo urbano y favorecer un uso eficiente del suelo, es decir, no crecer ilimitadamente, como así está sucediendo. O adecuar la iluminación en el territorio municipal, de manera que se evite la contaminación lumínica y se mejore la calidad del cielo nocturno. O evitar la contaminación acústica controlando los niveles de ruido…

Para cumplir esto es básico tener un proyecto de ciudad claramente definido, y en colaboración con los agentes sociales y con la ciudadanía. Tienen importancia para ello las propuestas vertidas en las agendas 21, por ciudadanos, asociaciones vecinales y otros colectivos y que, a día de hoy, no se han visto ejecutados en la mayoría de casos.

Por otro lado, hay que garantizar el derecho a la ciudad de sus habitantes y con ello, el derecho de acceso a la vivienda como uno de los objetivos centrales de la actividad urbanística. Esto es, asumir el artículo 47 de la Constitución española, que establece el derecho de la ciudadanía española a acceder a una vivienda digna, lo que incluye articular mecanismos de acceso a vivienda protegida poniendo en marcha regulaciones que lo posibiliten. No se han satisfecho las necesidades de vivienda de una parte importante de la población, que no dispone de recursos suficientes. Sobre ello hay que actuar.

El parque urbanístico construido a toda velocidad en los años de la burbuja, tampoco ha cumplido los estándares adecuados desde el punto de vista de eficiencia energética y aprovechamiento pasivo de energía. Por ello ha que abordar una rehabilitación para llegar a una reducción del consumo energético de los edificios, para, entre otras cosas, evitar la pobreza energética de usuarios de viviendas. Se debe favorecer la conservación, mantenimiento y rehabilitación del parque existente. Limitar la construcción de nueva vivienda en tanto no se reduzca el parque de viviendas vacías. Y cuando haya que construir, fomentar la construcción bioclimática basada en la eficiencia energética de los edificios.

Hay asimismo que actuar respecto al “metabolismo urbano” integrando el concepto de eficiencia energética en la organización de las ciudades, en la ordenación urbanística, en la edificación, en los sistemas de movilidad y accesibilidad y en la gestión urbana, concienciándonos todas de las pautas de consumo razonables que frenen el crecimiento de la demanda de energía.

Debemos reducir la generación de residuos y la contaminación, apoyando la explotación local, ecológica y renovable y asegurando que el consumo de recursos naturales (agua, suelo, atmósfera…) esté dentro de límites asumibles que permitan su renovación. Entendiendo que los recursos que llamamos renovables, dejan de serlo cuando los explotamos por encima de su tasa natural de renovación.

Sería una buena cosa diseñar campañas de reducción del consumo, tanto en las compras públicas, como en las privadas: limitación de grandes superficies comerciales, fomento de los alimentos locales, ecológicos y de temporada, incentivos a los mercados de segunda mano de muebles, aparatos eléctricos y electrónicos y textiles y lucha contra la obsolescencia programada.  Esto permitiría la reducción en la generación de residuos y la reutilización: incentivos a la venta a granel, fomento del consumo de agua del grifo, campañas de compostaje doméstico y comunitario, sistemas de recogida para la reutilización en puntos limpios y comercios… Ello también redundaría en una mejora de la recogida selectiva de los residuos para su reciclaje: recogida separada de la materia orgánica, implantación de sistemas de Depósito, Devolución y Retorno para los envases, etc… No desarrollar nuevos proyectos de incineración y eliminar los permisos de quema de residuos en las cementeras.

Se hace necesario un modelo territorial compacto que minimice las necesidades de movilidad de los ciudadanos, creando proximidad y acercando e integrando los distintos usos. Hasta ahora se ha permitido y se siguen fomentando desarrollos urbanísticos que propician la lejanía y separación de usos como cuando se planifican grandes complejos comerciales en zonas donde ya hay un exceso de oferta desagregada de servicios.

Nuestro clima mediterráneo sugiere que busquemos soluciones arquitectónicas adaptadas a la climatología local y a los recursos autóctonos renovables disponibles, es decir, incorporar tecnologías eficientes (alumbrado público, climatización de edificios públicos y sistemas de abastecimiento y depuración de aguas).

Un punto importante en la ciudad se refiere al agua, ya que es un recurso natural finito, aunque regenerable, cuyo uso debe basarse en principios de racionalidad, mesura, equidad y solidaridad.

Es básico asumir la necesidad del ahorro y la depuración del agua y garantizar la gestión pública de un bien público. Promover la gestión de la demanda del agua en las ciudades, redactando ordenanzas que obliguen a la instalación de sistemas ahorradores en viviendas, instituciones públicas y privadas e industrias y limitar el uso del agua en jardinería.

Realizar una gestión integral sostenible del ciclo urbano del agua (captación, transporte, almacenamiento, potabilización, distribución, consumo, saneamiento, depuración, reutilización y vertido). Esto debe ser una prioridad de la política urbanística. Y reducir la producción de residuos, potenciando el mercado de productos reciclados, recuperando productos a través de mercados de segunda mano, recuperando envases, sobre todo los de vidrio, como se hacía antaño, ya que se ahorra más energía y materiales que con el reciclaje, mediante la exigencia a las industrias productoras de hacerse cargo de la recogida y devolución al ciclo, de dichos envases etc…

Otro factor imprescindible a considerar es la Biodiversidad y los Espacios Libres en los Sistemas Urbanos. La ciudad es un ecosistema que alberga una biodiversidad propia y específica, compatible con los usos humanos. Considerando nuestro clima mediterráneo y la orografía específica que se dé en cada ciudad, las zonas verdes y ajardinamientos deben diseñarse con una visión bastante diferente a la que se viene ejecutando, ya que no se tiene en cuenta qué especies están mejor adaptadas a nuestra realidad climática de elevadas temperaturas estivales y escasez estacional de  lluvias, para la cual no son aconsejables las grandes zonas de césped que consumen cantidades nada despreciables de agua, o la elección de especies arbóreas o arbustivas que también lo  requieran. O un mantenimiento que abusa de productos fitosanitarios agresivos para el ambiente y la salud de los ciudadanos, las podas severas que debilitan la estructura de los árboles y dificultan la labor que éstos hacen protegiendo de la excesiva insolación estival y del efecto “isla de calor” que se produce en el interior de las zonas urbanas más densas y con más cantidad de cemento.

Hay que aumentar la superficie de suelo con vegetación y reducir el efecto barrera de urbanizaciones e infraestructuras. Tenemos en nuestras ciudades demasiados suelos impermeabilizados bajo cemento y asfalto sin necesidad. Y ello repercute negativamente en la absorción de las aguas de lluvia, escorrentías indeseadas y sobresaturación en determinados momentos de las redes de alcantarillado, además de otros efectos nocivos de la impermeabilización de suelos, que no se suelen tener en cuenta.

Limitar la impermeabilización de más suelos en ambientes urbanos y periurbanos se traducirá en evitar inversiones en medidas de protección frente a inundaciones. Los suelos bien formados propician la infiltración, limitan la erosión y la escorrentía superficial y mejoran la calidad del agua al infiltrarse. Esto supone legislar para que las ciudades sean compactas y no devoradoras insaciables de superficie y de los recursos con ella asociados.

En el caso de los periurbanos forestales o con vocación de serlo: Preservar y/o recuperar estos espacios y protegerlos (Ejemplo: Parque Natural de los Montes de Málaga) conlleva ventajas ya que limita inundaciones en el caso de orografías complicadas, limitan erosión, disminuyen huella de   carbono de la ciudad que rodean, y se le da un uso social al espacio.

Hay tareas fundamentales: vertebrar los territorios urbanos, rurales y naturales a través de la gestión de las vías pecuarias, o en nuestra costa, la andaluza, -que ocupa un 9% de la superficie de Andalucía y acoge al 40% de su población-, y donde el mercado inmobiliario de la franja costera andaluza está más que sobredimensionado. Son muchos los municipios que se han desarrollado más allá de lo necesario y aconsejable, además son muchas las urbanizaciones diseminadas y aisladas que se encuentran semivacías y que son insostenibles desde el punto de vista de la movilidad y que rompen la continuidad de ecosistemas valiosos en los que se asientan.

Afirmó el consejero de la Junta de Andalucía en la anterior legislatura, que en la franja de los 500 metros hay capacidad para la construcción de unas 143.000 viviendas y se aplicó a la aprobación de una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en la línea de seguir impulsando medidas de flexibilización y agilización de los procedimientos urbanísticos para que el urbanismo se convierta en el aliado de la recuperación económica. Eso lo encaminaba y lo encamina a la insostenibilidad.

En fin, que la Gestión Urbana es fundamental y precisa de la participación de las que la habitamos. Y de un urbanismo menos especulativo y más sostenible de verdad, porque el entorno, en este caso el urbano, es un patrimonio insustituible que, como tal, se ha de preservar para su disfrute colectivo.

 

Carmen Molina Cañadas

EQUO

 

Publicado en Contrainformación el 10 de mayo de 2019

Desobediencia civil en tiempos de desmesura del “poder económico”

Vivimos tiempos de desmesura, de excesos de un poder económico, así en abstracto, que va dejando en los márgenes del sistema a cada vez mayor cantidad de población. Empieza a ser una necesidad imperiosa la reflexión en el seno de la sociedad del porqué, el para qué y el cómo se ejerce el control de los pueblos.

Inmersas como estamos en un sistema de organización social dispuesto para servir a un modelo económico, el neoliberal; se nos expropia el tiempo para la reflexión, para disfrutar de la vida, para acompañar y cooperar con nuestras compañeras de generación y con las generaciones enlazadas, esas con las que compartimos espacio y tiempo. Incluso se nos roba el tiempo para la pereza, la ociosidad (creativa o no) que no tiene que asumirse como dejadez, pero que se censura. Han conseguido que nos sintamos mal cuando no somos económicamente productivos, como si el fin último de la vida humana fuese el trabajo y la productividad. No me parece que nuestra dependencia del empleo remunerado y su precarización actual sea realmente el derecho al trabajo que recoge nuestra constitución en su artículo 35. Más que un derecho es una apropiación de nuestro tiempo de vida. Es obvio que SÍ hay derechos que nos corresponde disfrutar y defender. Especialmente el tener vidas dignas y eso supone derecho a un techo, a educación, a la alimentación, a la libertad de movimiento, de pensamiento, de expresión… Pero el trabajo, mejor el “empleo”, más que un derecho es un medio para conseguir esa vida digna y no un fin en sí mismo, como lo entiende este sistema económico que nos roba tiempo, nos explota; y con ello, esquilma a mayor velocidad la tierra que nos sostiene.

Se nos ha dicho que la tecnología nos facilitaría la vida, y dispondríamos de mas tiempo. Y curiosamente, ahora se nos amenaza con que los robots harán la mano de obra humana prescindible, que nos desplazarán de los empleos, pero ¿cómo es posible que estemos en esta espiral explotadora de recursos materiales y humanos?  Lo que subyace es el modelo consumista que dinamiza la economía global y de la que hay que salir con urgencia.

Nos han inyectado en vena valores como el individualismo, que prioriza al individuo respecto a la colectividad, asumiendo que la persona puede obrar según su voluntad, sin atender al espacio compartido. Esto nos lleva a la competencia, la propiedad ilimitada y la capacidad de acumular bienes comunes, que son los bienes de todos: el agua, el suelo, el aire que respiramos, acaparando su propiedad en beneficio privado y privando del mismo a la colectividad. Para oponerse a esta realidad cabe plantearse seriamente el ejercicio de la Desobediencia Civil, en los términos que planteaba Thoreau.

El neoliberalismo, está llegando a unos extremos que hacen necesario un planteamiento colectivo de confrontación y de alternativas al mismo. Una herramienta para conseguirlo es la aplicación del concepto acuñado por Henry D. Thoreau, de la Desobediencia Civil. Él se negaba a colaborar con un Estado que mantenía el régimen de esclavitud y emprendía guerras injustificadas. Es algo que no ha dejado de ocurrir en la historia de la humanidad.

Ahora, y en un contexto social y ambiental tremendamente complejo y con síntomas de agotamiento, que está sacando a las calles de todo el mundo global, a mujeres por la igualdad, a jóvenes por su futuro, a indígenas por la defensa de sus territorios, a desterrados, migrantes, apátridas… se impone la acción no solo reactiva, sino constructiva de otra realidad posible. Construirla de la mejor manera que seamos capaces, con la inteligencia colectiva, dedicando tiempo a lo común. Disponemos de multitud de ejemplos dispersos y aislados de comunidades que se autoorganizan y viven. En el mejor sentido de esa palabra. No sobreviven, no malviven… viven vidas dignas de vivirse. Pero se les deja cada vez menos espacio.

El modelo económico está acabando con los espacios físicos y ecosistemas que necesitamos para ello. Es por eso que se impone la aplicación de otra lógica, porque la imperante nos está sacrificando en el altar del enriquecimiento de unos pocos, cada vez menos.  Hemos adormecido la inteligencia colectiva y el instinto de supervivencia, al construir un mundo artificial que ha roto los lazos con la naturaleza de la que formamos parte. Y la tecnología no nos va a salvar. Muchos mundos distópicos estamos ya imaginando, a cuál más desasosegante. Parémonos a reflexionar colectivamente. Apliquemos lo aprendido, o lo que podemos aprender de todas las que nos precedieron, de generaciones y personas que cambiaron sus realidades a golpe de sueño, a golpe de utopía. Aprendamos de los valiosos ejemplos que tenemos a nuestro alrededor.  Por ejemplo, la obra de Thoreau que criticaba la autoridad del Estado y llegó a ser inspiración para Gandhi en su campaña de resistencia contra la ocupación británica de la India. También inspiró a Martin Luther King en su lucha no violenta frente a la discriminación de la población negra de EE. UU. Ha promovido y sigue inspirando movimientos como la objeción fiscal, la objeción de conciencia contra el militarismo o violencias más o menos solapadas, movimientos ciudadanos y luchas ante los abusos.

En realidad, la insumisión de Thoreau cuestiona el equilibrio y funcionamiento de la sociedad como fuerza de control del individuo. Sin embargo, ha servido para defender los derechos de muchas personas frente a la injusticia y la acumulación de poder por parte de élites que actúan con lógicas alejadas del interés colectivo y el instinto de supervivencia de la especie.

Las preguntas que subyacen son: ¿hasta qué punto estamos obligados a obedecer a gobiernos, cuando sus leyes nos parecen injustas? ¿cuándo y cuanta injusticia hace falta para que esté justificada la resistencia pacífica al poder? ¿cuántas desobediencias individuales, como la de Rosa Parks no cediendo su asiento de autobús a un blanco, o de Greta Thunberg no yendo a clase los viernes, necesitaremos para desobedecer colectivamente y cambiar el sistema?  

Thoreau respondió de un modo radical y provocador, afirmando que cuando las obligaciones de un individuo se apartan de su idea del deber, ha llegado la hora de la desobediencia. Quizá ha llegado ese momento para amplias capas de la sociedad que ya se mueven en los márgenes de este sistema. Es momento de desobedecer radicalmente, porque los derechos fundamentales, los que sostienen la vida, no están primero en la realidad actual. Se supeditan a los intereses de la economía y a su adoración del crecimiento económico. Un crecimiento que proporciona empleos cada vez más precarizados y alienantes en los países enriquecidos y que niega el futuro a los que llaman a nuestras fronteras desde el sur empobrecido. Y es momento de cambiar esta realidad.

 

Entrada publicada en Ecologismo de Emergencia el 2/05/2019

Biotecnología vs. Ecología. Su aplicación en la Agricultura. Modelos agrarios

Estos días leí en redes una noticia que alguien compartía y en la que se afirmaba que había informes que concluían que los alimentos ecológicos no eran mas sanos que los demás. A esa afirmación contesté que sí afecta negativamente a nuestra salud, porque deteriora nuestro ecosistema, en el que desarrollamos nuestra vida, ese planeta del que sabemos que no hay repuesto. Alguien contestó a esto afirmando que es imposible para la agricultura campesina alimentar a 7.000 millones de personas, que esa no es forma de solucionar la sobrepoblación.

El debate planteado es pues sobre la agricultura que tiene posibilidades (o no) de alimentar a un mundo sobrepoblado.

Los biotecnólogos moleculares experimentan con formas de modificar la información génica de los cultivos insertando genes o, más recientemente, editando genomas

Jeremy Rifkin, antes de que alumbrara este siglo, expresaba en algunos de sus libros (“El siglo de la Biotecnología”) la preocupación que le producían, muchos aspectos de la naciente -en aquellos momentos-, revolución biotecnológica.

Los biotecnólogos, a priori, ven el mundo de un modo reduccionista y se aplican a un trabajo en el campo de la biología molecular como si fuesen ingenieros, dedicados a corregir, recombinar y reprogramar los componentes genéticos de la vida para crear organismos mas eficaces y útiles al servicio de la humanidad.

Sin embargo, en el campo de la biología, los ecólogos se acercan a la naturaleza de otro modo, integrador y sistémico. Ven la naturaleza como una sutil red de relaciones complejas que implican tanto componentes vivos como inertes y su interacción con la energía solar que activa el funcionamiento de la biosfera.

En base a estos enfoques en el análisis y estudio de la vida, podemos decir, que se llega a prácticas agronómicas bien diferentes.

Es decir, si estas distintas formas de enfocar el estudio de la vida lo aplicamos en Agricultura, veremos que los biotecnólogos moleculares experimentan con formas de modificar la información génica de los cultivos insertando genes o, más recientemente, editando genomas. El objetivo es conseguir cultivos más nutritivos, o que resistan a herbicidas, plagas, bacterias y hongos. Se asume que todo depende del organismo cultivado. El éxito del sistema es altamente dependiente de insumos externos como energía, fertilizantes y fitosanitarios con un uso pautado y efectos muy predecibles, usando al suelo como soporte de la actividad o prescindiendo de él.  Es una agricultura basada en el control. Mientras que una agricultura basada en una aproximación ecológica desarrolla un manejo que aprovecha los recursos endógenos del sistema: agua, suelo y diversidad, reduciendo así la dependencia de insumos y energía externa. Aquí, el control es menor al ser el sistema y su manejo más complejos, pero es menos dependiente de insumos y preserva más los servicios ecosistémicos. Éstos son recursos o procesos de los ecosistemas naturales que nos benefician, como agua potable limpia; o procesos como la descomposición de desechos.

La Agroecología aplicaría esto último, añadiéndole el elemento social imprescindible, siendo los agricultores depositarios y corresponsables de la gestión de la diversidad cultivada. En contraposición, la agricultura industrial derivada de la revolución verde y su versión más biotecnológica basada en la aplicación de los Organismos Modificados Genéticamente (OMG), priman la producción y el control, considerando los alimentos como mercancías.

Añadamos que los derechos de propiedad intelectual que se aplican sobre semillas, especialmente las modificadas genéticamente por biotecnología, suponen también una limitación al uso y gestión de un recurso básico para los agricultores, que es la diversidad cultivada, necesaria para asegurar el derecho a la alimentación.

Son de suma importancia en el uso de OGMs los marcos normativos. Y estos marcos, surgen de la aplicación de distintas políticas nacionales e internacionales, no sujetas a control ciudadano. En especial, aquellas políticas relacionadas con la existencia y aplicación de Tratados de Libre Comercio. Siendo esto así, resulta evidente que el debate sobre el papel de las plantas transgénicas en agricultura trasciende ampliamente el marco de las disciplinas biológicas, de la investigación, de la I+D y de una supuesta neutralidad científica, ya que tienen consecuencias que van mas allá. Esta es una de sus perniciosas derivadas.

Al respecto, hay que decir que la ciencia es un sistema potente de generación de conocimiento, del que derivan productos y servicios tecnológicos. Pero no es neutral. Entre otras causas porque no lo es su financiación, ni las reglas que operan en la comercialización de sus derivados, o la aplicación de derechos de propiedad intelectual, como las patentes. Rigen por encima, las reglas de mercado.  Y estas operan en la agricultura y la producción de alimentos.

El modelo de producción agrícola industrial regido por un mercado global donde los productos agrícolas viajan miles de kilómetros desde sus lugares de producción a los de consumo, tiene una insostenible huella de carbono, y, aunque el coste económico y ambiental no se considera, lo pagamos todos. Grandes superficies de cultivo a nivel mundial y dependientes de gran cantidad de insumos, -la mayoría monocultivos-, son las que tienen más valor de mercado para el desarrollo de semillas transgénicas. Esto implica alejarse de la sostenibilidad de los ecosistemas agrarios. Se estima que la inversión necesaria para poner una planta transgénica en cultivo comercial supone una inversión de 136 millones de dólares y unos 13 años, datos para el periodo de introducción comprendido entre 2008 y 2012 (gmoanswers).

Son varios los cultivos transgénicos que llevan tiempo en producción por lo que se puede ver lo que ha supuesto su introducción. Sirva de ejemplo el cultivo de la soja. Los principales productores son EEUU, Brasil y Argentina y el porcentaje de plantación proveniente de semilla transgénica es del 90% o superior. El 75% de la producción mundial se dedica al forraje animal, a pesar que se sabe que las dietas basadas en ingesta de proteína animal son perniciosas por la huella hídrica y el uso de suelo requerido por caloría consumida. Este modelo favorece la destrucción de grandes superficies del Bosque Atlántico y de la Amazonía brasileña. La intensificación de su cultivo ha producido deterioro de suelos, disminución de la cantidad y calidad del agua, y efectos negativos evidentes en biodiversidad. Ninguno de estos efectos podemos seguir permitiéndolos si asumimos que necesitamos una Agricultura resiliente y que nos permita contrarrestar las emisiones de GEI causantes del cambio climático. Además, han aparecido malezas resistentes al glifosato y se han desarrollado variedades transgénicas con resistencias a más de un herbicida.


Si consideramos cuestiones socioeconómicas y siguiendo con la soja, se constata que las explotaciones dedicadas a su producción, en Norte y Sudamérica, son mayoritariamente de escala industrial propiciándose una concentración de la tierra en menos manos. Esto ha desplazado a los pequeños y medianos propietarios. En relación al empleo, en algunas regiones argentinas se estima que la conversión a la soja ha destruido cuatro de cada cinco trabajos agrícolas (ver informe de 2014 de WWF “El crecimiento de la soja, impacto y soluciones” y citas en él contenidas). Transcurridos 5 años de ese informe, el deterioro de ecosistemas y de empleo es mayor.

Hay quien piensa que los transgénicos no son el principal problema, lo son quienes ostentan el control de su uso y hacen negocios con los OGM. Admitir esto es un primer paso. El siguiente es constatar el poder del oligopolio que concentra la producción de material vegetal de reproducción, y el sistema de patentes que rige y controla la industria biotecnológica. Añadamos los diferentes tratados comerciales firmados al amparo del proceso de globalización desde los 90 del siglo pasado hasta la actualidad por nuestros gobernantes. Si un investigador decidiera por su cuenta, poner a libre disposición del mundo, plantones de fresas transgénicas con frutos de textura mejorada, sería muy improbable que lo consiguiera. La razón es el empleo de ideas, métodos y materiales que otros han patentado internacionalmente, de manera que, aunque permitan investigar y publicar en el tema, si el desarrollo logrado pretende entrar en producción, aparecerá la reclamación de los derechos de propiedad. Tendría que negociar y pagar a obtentores de varias patentes, desde las metodológicas hasta las que tienen que ver con el empleo de los genes. Se tiene patentado el uso de todas sus aplicaciones prácticas conocidas.

También se patenta la naturaleza. Se ha permitido patentar semillas como si fueran un invento, una nueva máquina. Las semillas cultivadas, además de seres vivos, son un recurso renovable, como el agua y el suelo. Los tres son imprescindibles para la producción de alimentos. Desde el punto de vista de su gestión, las semillas cultivadas encajan en la categoría de los bienes comunes, tal como se refiere a ellos la premio Nobel de Economía 2009, Elinor Oström. No son ni del estado ni del mercado, su custodia corresponde a las personas en cada lugar. Tienen en común con el agua, que son un recurso que fluye en el tiempo y en el espacio. Las semillas de uso agrícola, algunas cultivadas miles de años por generaciones de campesinos, ofrecen diversidad de especies y variedades como resultado de las decisiones de los agricultores al seleccionar semillas para el siguiente cultivo, además de cruces genéticos fortuitos, de los procesos de adaptación de los cultivos a manejos y condiciones ambientales locales, intercambios, etc. Esta agro-biodiversidad está en grave peligro por un efecto colateral de la revolución verde del siglo pasado que concentró sus esfuerzos en muy pocos cultivos y variedades que desplazaron muchas de esas especies y variedades tradicionales al ser menos productivas cuando los insumos no son limitantes o por no tener mercado suficiente. Y ahí es donde operan los OGM.

Todas estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta, al adoptar un modelo u otro de agricultura. Y urge que desde la responsabilidad política no se hurte este debate fundamental.

 

Entrada publicada el 26 de abril de 2019 en Contrainformación