EL AGUA, ESE CAPITAL IRREEMPLAZABLE

El agua es un patrimonio natural y un recurso estratégico del que dependen las actividades productivas, la calidad de vida de todos y la supervivencia de ecosistemas de gran valor ecológico.

La procedencia del agua que gastamos tiene 3 orígenes distintos: superficial, subterráneo o de reutilización. Los porcentajes de uso deberían ser mayores en aguas reutilizadas, invirtiendo en la mejora de depuración y saneamiento de las masas de agua para ser reaprovechadas, lo que conllevaría el consiguiente ahorro de las masas subterráneas y superficiales.

El futuro del recurso debe pasar por una gestión sostenible e integral, como así se establece en la Directiva Marco de Aguas (DMA), considerando un mayor control en la demanda o limitando la oferta que hasta ahora se ha gestionado como si fuese infinita.

En los últimos tiempos se ha hecho evidente la merma de recursos hídricos disponibles en España por los efectos del cambio climático, y una creciente actividad extractiva que no respeta en muchas ocasiones la capacidad de carga de los acuíferos, ni la disponibilidad de agua de las distintas cuencas hidrográficas, lo que ha suscitado grandes controversias entre comunidades y comarcas cedentes y receptoras. El estrés hídrico que padecemos es de los mayores de la Unión Europea y pone en evidencia los desequilibrios entre disponibilidades reales y consumos de agua. Esta situación se aborda con trasvases que deberían ser medidas excepcionales para suplir necesidades urgentes y puntuales, nunca la norma. La norma debe establecer políticas de gestión de las demandas eficaces para mejorar la gobernanza en las cuencas y no tener que recurrir a medidas de trasvases. Y es que no se puede hacer política de aguas únicamente en función del uso económico. Esto provoca agresiones a los ecosistemas fluviales, tanto a los cedentes como a los receptores. Desde el punto de vista social su simple planteamiento desencadena enfrentamientos entre unas comarcas y otras, de forma que lejos de la pretendida vertebración en torno a lazos de dependencia y solidaridad hidrológicos son motivo de enfrentamiento.

La mala gestión que se arrastra de un recurso tan básico como el agua, acarrea no solo conflictos sociales o ambientales, sino también jurídicos y políticos que van en aumento. Hay que abordar la problemática del uso y gestión con la responsabilidad que se merece, recuperando e intentando conservar el buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos y de ribera, que son los que mejor se encargan de absorber y amortiguar los problemas de eutrofización o aumento de los niveles de salinidad de nuestras aguas, los impactos del cambio climático y que mejoran la calidad de las masas de agua tanto superficiales como subterráneas si se aborda con seriedad y sin trampas su restauración. Porque el ecosistema fluvial depende del régimen de caudales y de la calidad de sus aguas y su buen funcionamiento repercutirá en la disponibilidad que tengamos de agua.

La combinación de la reducción de las precipitaciones y, muy especialmente, las subidas de las temperaturas han generado una reducción media del volumen de agua que va a parar a los cauces de más del 20% en tan sólo 25 años. Si además consideramos que la actividad agrícola supone mas del 80% del agua consumida en España (y aumentando), para poder recuperar un cierto equilibrio hídrico sería necesario aceptar el hecho de que este recurso es limitante en nuestro país lo que requiere que definamos la superficie regada que podemos tener y mantener, sin poner en riesgo la propia actividad en el futuro y sin afectar negativamente otros usos, como ya está ocurriendo.  Por tanto, es imprescindible incrementar la eficiencia en el uso del agua en agricultura, limitando pérdidas y fomentando manejos que sean conservativos. Pero también hay que decir NO a nuevos incrementos de superficies. Algunos expertos consideran que ya hemos superado en algo mas del 20% la extracción asumible.

La concesión de derechos de explotación de aguas subterráneas, bien para regadío, bien para la instalación de plantas embotelladoras, u otros usos como los relacionados con la presión urbanística o las actividades turísticas, al socavar en no pocas ocasiones el suministro mas básico a las poblaciones, debe ser escrupulosamente supervisado y controlado. Será fundamental acometer medidas de ahorro, búsqueda de soluciones menos consumidoras de agua y el cierre del ciclo del agua de forma eficiente, depurando y recirculando.

Para que sea posible un Acuerdo sobre la gestión del Agua en España hay que conjugar intereses de todos los implicados, y en el caso del agua lo somos todos, porque es un recurso básico para la vida. Desde sectores como las comunidades de regantes, la industria o los entes que en los municipios gestionan el suministro, hasta las confederaciones hidrológicas, centros de investigación o todas nosotras como ciudadanas y usuarias. Hay que garantizar un suministro de agua siendo escrupulosos para que su conservación también esté garantizada. Si se sigue gestionando como hasta ahora eso será difícil de conseguir a pesar de que sabemos que el agua es un bien escaso en nuestras latitudes. Y cada vez mas por dos motivos principales:

1) el consumo no deja de aumentar porque los sectores que tiran de nuestra economía, -agricultura y turismo-, son terriblemente sedientos.

2) los efectos del cambio climático incluyen una disminución del agua disponible por disminución de las precipitaciones y evapotranspiración mayor por causa del aumento de temperaturas.

Así que es insostenible mantener la explotación actual, no adaptada a la reducción del régimen natural en las últimas décadas y sin medidas en los Planes Hidrológicos que aporten soluciones mas allá de trasvases urgentes cuando toca. Se condena a los ríos a una situación de degradación permanente por falta o inexistencia de caudales ecológicos.

Un aspecto esencial que hay que abordar con sensatez es el relativo a los cultivos, su extensión e intensificación. Estos se tienen necesariamente que adaptar a los escenarios previsibles futuros, cuando haya que adoptar cultivos menos consumidores de agua y disminuir su extensión. Todo ello además de alcanzar un buen estado en las masas de agua que han estado sometidas a desmedidas tasas de contaminación por nitratos y otros compuestos.

Por todo esto, la política hidrológica debería plantear como eje, la gestión ecológica de la demanda y no el aumento de la oferta; una política planificada desde las disponibilidades hídricas y los condicionantes ambientales, que contemplen objetivos como la supresión de regadíos subvencionados para cultivos insostenibles; prevalencia de la conservación de ecosistemas acuáticos; eficiencia en la utilización del recurso; garantizar la calidad del agua y proteger adecuadamente el dominio público hidráulico; liberar las llanuras de inundación del urbanismo ilegal; eliminar la sobreexplotación de las aguas subterráneas; proteger las zonas húmedas; completar la depuración de aguas residuales; establecer la recuperación de costes para todos los usuarios; etc., solo así se garantizará una gestión eficaz y eficiente.

Aunque ya sabemos todas lo difícil que será lograr todo esto y lograr ese Acuerdo de Gestión del AGUA que es inaplazable en nuestro país.

Artículo publicado en el blog de PÚBLICO «Ecologismo de Emergencia» el 8 de Julio de 2020

Agua, Agricultura y el valor de lo irreemplazable

La especialización del sector primario está muy ligado al recurso agua. También al recurso suelo y al recurso fitogenético o de agro-biodiversidad. Y los tres, siendo fundamentales para garantizar la Soberanía Alimentaria de las poblaciones y los territorios, se encuentran, cada día en mayor riesgo.

Sirva de ejemplo el caso del Olivar en Superintensivo que ha sido utilizado por los fondos de inversión internacionales para extraer rentas del mismo. El Estado español sigue siendo el mayor productor de aceite del mundo, con miles de hectáreas dedicadas al monocultivo del olivar. En Andalucía, por ejemplo, ocupan dos terceras partes de su tierra cultivada. En los últimos años, la expansión y la industrialización del olivar van de la mano de nuevos sistemas de cultivo, en los que el olivo se planta a modo de seto, con una densidad mucho mayor y mecanizando buena parte de las tareas, lo que desplaza mano de obra. Se trata de una progresión en la que un cultivo de secano se ha ido transformado en un cultivo de regadío, con un uso importante de fertilizantes y agroquímicos que alteran la fertilidad del suelo y disminuyen la biodiversidad. En realidad, como dice el profesor Manuel Delgado Cabeza, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, hoy en día «el olivar funciona al servicio de los intereses del capital global, que en el territorio andaluz cuenta con una gran plataforma agroexportadora de la que extraer beneficios, trasladando los costes hacia el primer eslabón de la cadena, poniendo en jaque la sostenibilidad social y medioambiental de las zonas productoras».

Para mayor gravedad, normalmente los cultivos que se implantan son en régimen superintensivo, mucho más rentables para las empresas porque reducen costes de recolección, pero más agresivos con el medio. En el caso de los olivos, se implantan los llamados cultivos en seto, que permiten plantar entre 1.500 y 2.500 plantas por hectárea, con un consumo de agua de alrededor de 5.000 m3/ha/año. Esto supone un aumento espectacular de densidad, no ya del olivar tradicional, normalmente de secano, en el que hay entre 80 y 120 plantas por hectárea, sino del intensivo, con entre 250 y 400 plantas por hectárea y un consumo de agua que la Junta de Andalucía estima en 2.500 m3/ha/año (datos de 2017).

A pesar del elevado consumo de agua, los cultivos en seto mantienen a la planta en un estrés hídrico constante para evitar que crezca demasiado y pueda manejarse la plantación de forma totalmente mecanizada. Se trata de un cultivo que apenas necesita mano de obra y con un ciclo de vida de en torno a los quince años; pasado este tiempo, los olivos se arrancan para volver a comenzar. Y así hasta el agotamiento total de fuentes de agua, dejando suelos desertizados y ausencia de cobertura vegetal. Se aplican abonos de síntesis y herbicidas que alteran la fertilidad y la estructura del suelo, generando importantes problemas de contaminación hídrica y erosión.

Y un último problema, no menor, la gran cantidad de muertes de aves, sobre la cual la Junta de Andalucía ha dictado una resolución a principios de este mes de octubre que suspende cautelarmente y de forma temporal la recogida nocturna de la aceituna en olivares superintensivos mediante cosechadoras cabalgantes mientras elabora el IFAPA (Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía) estudios que permitan conocer la biología y ecología del sistema del olivar en seto y las aves que lo habitan, así como los posibles efectos que la recolección nocturna mecanizada pudieran tener sobre las aves migratorias. En realidad, no hacen falta muchos estudios para corroborar que se produce una muy alta mortandad de aves migratorias, como así denunció Ecologistas en Acción en Córdoba.

Aunque la rentabilidad sea bastante alta, la inversión necesaria para llevar a cabo una plantación en superintensivo también lo es; no está al alcance de cualquiera. Son grandes empresas y terratenientes los que disponen del capital necesario para hacer frente a esta trasformación. Estas inversiones se están haciendo sin tener en cuenta factores que las limitan, como el agua disponible, por lo que pueden tener problemas de viabilidad. El mercado, sin embargo, no es limitante porque al ser más rentables que las fincas tradicionales o las más pequeñas, suelen tener menos costes de producción. Esto tiene el riesgo de dejar fuera del mercado a las personas agricultoras de toda la vida, pues además de quedarse con su mercado se quedan progresivamente con su agua. En el mejor de los casos, acabarán convertidas en asalariadas de las grandes empresas, fenómeno que ya se está produciendo en zonas como Murcia y País Valencià.

Nos encontramos pues, en la deriva del modelo agrícola agroexportador, ante un problema bastante generalizado y peligroso que nadie se atreve a solucionar: las cifras de las concesiones y los derechos de agua son muy superiores a la disponibilidad. Además de otros problemas ya esbozados.

En nuestro país, el agua es un bien público, por lo que es la Administración quien debe otorgar una concesión para poder usarla. Y la Administración, inexplicablemente, ha dado más concesiones que recursos existen. Esto se agrava por la gran cantidad de sondeos, captaciones ilegales y pozos reprofundizados que extraen un volumen más alto del autorizado, además de todo un cúmulo de irregularidades que apenas se controlan. En Andalucía, la Junta no ha inspeccionado las macrofincas de olivos en el sudeste mas seco de la comunidad, hasta que la situación se hizo prácticamente insostenible y ocasionó un movimiento social que exigía soluciones.

Las personas que viven de la agricultura a pequeña escala, ante la pérdida de rentabilidad de sus explotaciones tradicionales, se verán obligadas a vender sus terrenos a empresas más grandes que puedan hacer frente a los costes iniciales, con el impacto social que esto tiene al incrementar las desigualdades, acabar con el tejido agrario tradicional, aumentar el despoblamiento, etc. Y la factura ambiental nunca contabilizada, que se pagará en un futuro cada vez mas cercano, cuando se haya acabado con los agrosistemas tradicionales.

Es decir, al ritmo de explotación actual, sin detener los modelos agrarios intensivos, muchos de los acuíferos en nuestros territorios, se agotarán irremediablemente, condenando a quienes habitan la zona. Y ¿todavía hay quien duda cuáles son los problemas reales a que se enfrenta la #EspañaVaciada?

Artículo publicado en Ecologismo de Emergencia el 3 de noviembre 2019

El panorama de la planificación urbanística. Expectativas

Para orientar las actuaciones en la ciudad, o en el territorio en general, -sea este urbano o rural-, y de acuerdo con una idea de futuro deseable, se requiere la exploración de alternativas y preferencias en la planificación urbanística. Por supuesto contando con los principales interesados que son los ciudadanos. Con esa exploración se puede hacer un pronóstico sobre la ciudad futura o sobre la extensión territorial que corresponda, que sea la continuación del diagnóstico previo.

Así, la prospectiva (o anticipación de lo que se desea) es mucho más que una forma de orientar el presente hacia el futuro, es un conocimiento del futuro en base a lo que hemos aprendido del presente. Y, por tanto, es un espacio de reflexión y de asesoramiento en orden a elegir entre el espectro de opciones y preferencias, llamando la atención sobre sus potenciales efectos asociados. Los pronósticos más interesantes y útiles son aquellos que nos permiten anticiparnos a posibles situaciones a evitar.

Y es que, nos deben preocupar, y mucho, las tendencias en los municipios y ciudades, especialmente las litorales, donde la reactivación del sector inmobiliario tiene visos de continuar con el juego especulativo y al margen del interés general ciudadano, ahondando en escenarios sobre los que ya conocemos sus consecuencias.

Tanto el planeamiento urbano como el territorial se siguen realizando a partir de los criterios e instrumentos que han conducido a una burbuja y sobredimensión constructiva, de modo que, sin duda alguna, se repetirán los graves problemas que el crecimiento urbano en su forma más actual viene ocasionando. La lógica mas elemental nos está diciendo que no se puede seguir una senda que al final choca con la realidad. Las administraciones deben orientar las actuaciones en el ámbito del urbanismo, buscando las claves de un futuro deseable, anticipándose a posibles situaciones a evitar, como en el caso de los usos del suelo. Sin embargo, algunas administraciones autonómicas, -la andaluza y la comunidad de Madrid entre otras- gobernadas por el PP están desarrollando leyes de suelo que favorecen la aprobación de planes generales con normas laxas e instrumentos que pretenden agilizar el negocio inmobiliario, permitiendo incrementos especulativos de la actividad urbanizadora ajenos al interés general y que no responden a necesidades sociales.

La apelación insistente al carácter sostenible que se autoatribuyen los documentos de planificación urbanística respecto del horizonte de futuro que prefiguran, es puramente retórica. Estos instrumentos de planificación habitualmente usados, carecen de apoyaturas científicas y lógicas (son contradictorios respecto de los objetivos que dicen tener y enfrentar). Suelen ser documentos que implican la puesta en marcha de operaciones inmobiliarias contenidas en documentos planificadores “vigentes”, elaborados en un marco caracterizado por unas expectativas de crecimiento prácticamente ilimitadas y en función de una demanda considerada también sin techo, que acentuarán los problemas territoriales y urbanos actuales.  Y los acentuarán porque obedecen a criterios del corto plazo y provocan una transferencia de las consecuencias y de impactos complejos, al futuro. Y ello, como resultado de un operar ciego respecto de la complejidad de intereses, necesidades, expectativas demográficas y poblacionales o restricciones ambientales.

Cualquier instrumento planificador, debe contener lo que ha sido el proceso histórico de formación de lo urbano o de un territorio. Este tipo de documentos, sobre lo heredado (el pasado) debe planificar o prever el futuro.

Lo que cualquier documento de esta naturaleza debe proponer es una configuración prospectiva, es decir, lo que se desea para el futuro en un plazo temporal concreto. La escasa calidad técnica de un documento no se resuelve afirmado que refleja una mala herencia, sino poniendo a la vista un futuro mejor para la sociedad y los ecosistemas en que se asienta.

La mayoría de las veces estos instrumentos carecen de un diagnóstico efectivo y especialmente en aspectos decisivos tales como: la salud de los ecosistemas, la medición de su resiliencia, el estudio, (no descriptivo), de las relaciones entre ecosistemas y la lógica territorial, o la modelización de las consecuencias del cambio climático y su prevención. La evaluación de la situación general de lo construido (el medio artificial) y sus potenciales efectos; el diagnóstico social, con inclusión de necesidades y demandas; la disponibilidad de un análisis de la dinámica territorial y poblacional y, finalmente, la evaluación real de los sistemas productivos de todo tipo.

Sin embargo, y a pesar de estas carencias en el diagnóstico, los procedimientos eluden el análisis prospectivo: hay una fase clásica de información de los Planes Urbanísticos (Generales o Parciales) que produce exclusivamente acumulaciones de información (las Memorias) que carecen de relaciones (transversalidad) y que apenas cumplen una función justificadora de las decisiones planificadoras ya adoptadas. Y hay que insistir, sólo desde la disponibilidad de un diagnóstico preciso es posible definir con rigor las posibilidades futuras de la ciudad y el territorio de acuerdo con las decisiones que tomen los ciudadanos a través de sus representantes y tras debates públicos, ante las expectativas que se derivan de los escenarios previsibles.

Se deduce de lo anterior la necesidad urgente de creación de unos nuevos marcos de referencia jurídicos respecto de todas las escalas de planificación (desde la planificación regional y subregional a la urbana) que, sin duda, atiendan con nuevos instrumentos y protocolos a los actuales desafíos y que esos marcos permitan la intervención de los ciudadanos de forma efectiva y real.

Igualmente, se debe insistir en el cumplimiento de la legislación vigente respecto de la Evaluación Ambiental Estratégica de los instrumentos planificadores y de las Evaluaciones de Impacto sobre la Salud.

Con esta reflexión apelo a la necesidad de una reforma de la política urbanística que incluya una repolitización del futuro. El escenario futuro es una combinación de incertidumbre y responsabilidad, por tanto, sujeto a procedimientos de deliberación y legitimación colectiva. Ello sin duda implica asumir esos cambios necesarios que abran el debate informado a la ciudadanía.

Publicado el 25 de junio 2020 en Contrainformación 

¿Qué hacemos con la vida en el día que celebramos el Medioambiente?

Cada 5 de junio, dedicamos el día a recordar y promover la conciencia y la acción ambiental a nivel global. El Medio valioso en que nos desarrollamos y que debemos cuidar, soporta alteraciones cuyos principales causantes y a la vez sufrientes somos nosotros. Está dedicado este año a la Biodiversidad, con tasas de extinción abrumadoras, al contar un millón de especies de plantas y animales en peligro de extinción en todo el mundo. Es la fecha más importante en el calendario oficial de Naciones Unidas para fomentar la conciencia y la acción global por el medio ambiente.

Es buen momento por ello, para recordar textos como Primavera silenciosa”, que contribuyó allá por 1962, a un nuevo conocimiento del lugar que ocupa la especie humana en el mundo y a promover políticas y conductas para preservar el ambiente. Fue Rachel Carson la que ayudó, con su libro y su testimonio, a la creación, años después de su muerte, de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), a controlar el uso del DDT y de otros pesticidas, a las leyes que se dictaron en muchos países sobre pesticidas, insecticidas, fungicidas, rodenticidas… productos biocidas (que literalmente matan la vida) con lo que afectan y mucho, a la biodiversidad y al equilibrio de especies en los ecosistemas, al eliminar los que “estorban” a nuestras pretensiones. Carson en fin, contribuyó al desarrollo de una conciencia ecológica que antes de ella era testimonial. Nos hizo ser conscientes de la relación indisociable entre los humanos y las redes de la vida.

Desde el punto de vista conceptual biológico, Rachel Carson popularizó la idea de que nuestra especie no es dueña de la naturaleza, sino parte de ella como cualquier otro ser vivo. Éramos, y somos, parte de esa naturaleza.

El funcionamiento del sistema Tierra, a nivel global, es el de un sistema complejo que, a su vez, está formado por subsistemas, también complejos. En los sistemas complejos, los estados de equilibrio son transitorios o, como lo define Iliya Prigogine, son un periodo de reposo entrópico. Esto supone que la evolución de estos sistemas, una vez superado determinado rango de interferencia, no es lineal y saltan a un nuevo estado transitorio de un modo discontinuo y no predecible o difícilmente predecible. ¡Ahí estamos! a las puertas de un salto a un estado imprevisible. La causa: una desbocada huella del sistema económico que prescinde de estas consideraciones esenciales a los sistemas vivos.

La innovación metabólica mas importante en la historia del planeta fue la evolución de la fotosíntesis. Gracias a la fotosíntesis la vida se liberó de la escasez energética. Y esa energía fotosintética que las plantas extraen, es la misma que nuestra especie invierte en hacer estragos en el hábitat. Para bien o para mal, la naturaleza recibe su energía del fuego solar a través de las plantas y nosotros la aprovechamos no siempre para bien. Desde que aparecimos, las plantas nos han alimentado, vestido y abrigado. Y nos acompañan en nuestro viaje vital. Son indispensables en cualquier medioambiente que albergue seres humanos. Sus descendientes continuarán acompañando a nuestros descendientes. Así, por ejemplo, las tradescantias reciclan contaminantes traza en entornos cerrados, Nymphaea, un loto, purifica el agua potable, aprovechamos su sombra, “purifican” el aire que respiramos…sus servicios al bienestar de nuestra especie son numerosos. Necesitamos la materia y la energía del Sol convertida en el fuego verde de los seres fotosintetizadores, las plantas. Como fósiles, estos seres atraparon el oro original del Sol, atesorando la riqueza que ahora liberamos para mantener una economía disruptiva que sobrecalienta el sistema planetario global, disipando calor en una suerte de hiperactividad compulsiva. El fuego verde fosilizado que atesoran las entrañas del planeta en las profundidades, almacenado como reservas geológicas de energía solar en forma de petróleo, gas natural, sulfuro de hierro, carbón y otras sustancias, es extraído para mantener en funcionamiento esa economía acelerada… y con una acumulación de calor junto a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que nos ponen en peligro.Y sabemos que proteger el medioambiente es protegernos.

En la actualidad, somos la especie mas derrochadora del planeta. Mientras Homo sapiens dilapida parte del patrimonio de la Tierra, vamos comprobando los costes que nos supondrán. Pero seamos conscientes: el planeta no necesita ser salvado. Somos nosotros los que ponemos en peligro el futuro de nuestra especie, no el de la biosfera.

Una verdad termodinámica es que la vida se organiza disipando calor y degradando el entorno. No hay vida sin deshechos, exudados, polución. En la prodigalidad de su expansión, la vida inevitablemente se pone en peligro a sí misma con desarreglos potencialmente fatales. Pero a veces los desechos pueden reconvertirse en algo útil. Así nos lo han mostrado formas de vida anteriores que supieron adaptarse a condiciones ambientales cambiantes y provocadas por su propia proliferación. Aprendamos, cuidémonos cuidando el medio en el que vivimos y del que obtenemos lo que necesitamos.

La humanidad gasta anualmente la energía equivalente a entre 18-19 billones de Kg de Carbono, quizá mas. Es energía empleada en extraer cantidades colosales de materiales; producir muchos millones de Kg de cereales de tierras cultivables y extraer también muchos millones de pescado de mares y océanos. Y con el descontrol de producir cada vez mas, incluso por encima de lo necesario, estamos generando desarreglos potencialmente fatales para nuestra supervivencia.

A medida que los combustibles fósiles y la energía solar se han integrado en la industria y la agricultura global, el consumo de recursos no renovables se ha acelerado y hemos generado nuevos residuos biosféricos: insecticidas, cloruro de polivinilo (PVC) rayón, pinturas plásticas…

Los subproductos gaseosos de la combustión de fuentes de energía largo tiempo enterradas alteran irreversiblemente el sistema complejo de la fisiología planetaria, acumulando CO2 y otros gases en la atmósfera. Al dejar pasar la luz visible, pero no el calor reflejado, este gas incrementa la temperatura planetaria, provocando la fusión del hielo polar que traerá la consecuente inundación de ciudades costeras y otros desastres. Mientras tanto se producen múltiples extinciones como consecuencia de la tala de árboles, que matan directamente algunas especies, pero que perturba a muchas mas por la incursión destructiva en su espacio vital.

Nuestra inmensa población explota una proporción significativa de la energía solar que llega a la superficie terrestre. La energía de la fotosíntesis pasada (reservas geológicas) y presente hace que los humanos desarrollemos artificiosos ecosistemas urbanos que precisan cantidades crecientes de energía para aumentar o mantener una gran complejidad artificial. Y ya los habita cerca del 70% de la población humana. A medida que el sistema se expande utilizando tecnología, sus operaciones se hacen mas sofisticadas. Pero el potencial para el desastre también se incrementa. Una humanidad populosa, demasiado abundante, que es la causante de que la Tierra sea menos diversa. Nos sentimos angustiados ante la amenaza de extinción de tantos convecinos planetarios, aún antes de que la ciencia los describa. Y seguimos viendo como los plásticos se propagan por doquier, las selvas tropicales desaparecen, los arrecifes de coral se hunden. El tiempo de reparar apremia.

Hay un permanente tira y afloja entre los organismos y el entorno. Las nubes, los gases atmosféricos, el PH y la salinidad del océano, y otros sistemas planetarios expresan el “diálogo” entre los organismos y la Tierra. Y en esa conversación, es ahora nuestra especie la que anda queriendo imponer una lógica incompatible con el resto de la vida.

Hoy 5 de junio es el día para pensarlo bien y trazar las alternativas que nos lleven a la paz con el resto del mundo vivo.

Artículo publicado en el Blog de Público, Ecologismo de Emergencia, el 5 de junio de 2020

El uso ineficiente del territorio en busca de inmoderados beneficios empresariales

Urbanísticamente, la situación que tenemos en buena parte de las ciudades del país, es de desproporción de suelos cubiertos de cemento, dispersión constructiva y fragmentación de espacios. Necesitamos alcanzar un uso eficiente del suelo en las ciudades, no crecer ilimitadamente hasta ocupar la última cuadrícula de territorio. Porque hemos generado un impacto imborrable en la calidad de nuestros paisajes, y mermado los recursos bioproductivos, de enorme valor para el sostenimiento de la vida.

El cambio de modelo urbano-territorial que hay que acometer no solo afecta al planeamiento, sino a casi todas las políticas y áreas de competencias que en él confluyen. Hay que considerar la importancia de:

  • Orientar el urbanismo hacia el modelo de ciudad compacta, diversa, eficiente y cohesionada socialmente.
  • Hacer un uso razonable y sostenible de recursos, y no empeorar la calidad de vida de la ciudadanía. De fundamental importancia para garantizar esa calidad de vida, es crear áreas verdes amplias, con “bosques” o arboledas de espesura y frondosidad mínimas que “naturalicen” los barrios.
  • Cumplir los objetivos de emisión fijados en los protocolos y acuerdos internacionales. Tanto mas, por cuanto nuestro país es especialmente vulnerable a los efectos constatados del Cambio Climático. Y también los constatados en la experiencia con COVID-19, de que se puede mejorar la calidad de nuestro aire reduciendo las emisiones de vehículos a motor.
  • Aprender y asumir una nueva cultura de la movilidad y accesibilidad que permita cumplir esos objetivos de reducción de emisiones.
  • Adaptar edificios, infraestructuras y entornos al clima.

En definitiva, poner en marcha una política que articule y relacione todas las funciones y actividades que confluyen en los tejidos urbanos, en los que la proximidad y la habitabilidad reduzcan las necesidades de movilidad. Porque hay que usar como criterio fundamental en el desarrollo urbano de las ciudades, la eficiencia energética y al consumo razonable de recursos. Y los suelos van siendo consumidos sin mesura y con demasiada despreocupación.

A pesar de saber todo esto, estamos viendo cómo se toma el rumbo equivocado y continúan los movimientos especulativos del sector inmobiliario que tiene en el suelo su principal capital a explotar.

Ejemplo de desarrollo urbano ineficiente, es el exceso de suelo calificado para uso de gran superficie comercial, sin que se reúnan las condiciones mínimas para ello y condicionando el uso global y la movilidad, allá donde se implantan. Hemos asistido a una auténtica inflación de suelos calificados para esos usos, sin que se hayan evaluado correctamente los impactos que producen en la ordenación del territorio, ni tampoco su necesidad o utilidad.

Ejemplos de que esto es así no paramos de encontrar por el territorio, especialmente en áreas litorales ya muy explotadas. El último caso del que acabo de tener noticia: La Empresa INTU, que se presenta tal que así en su web:

“Creamos lugares donde a la gente le encanta estar, donde los visitantes sonríen, las marcas triunfan y las comunidades prosperan”

Posee centros comerciales en el Reino Unido y España, en algunas de las mejores ubicaciones.

Pues bien, parece que esta Empresa ha logrado superar las dificultades que afrontaba para poner en marcha uno de sus proyectos en la Costa del Sol malagueña. Un resort de ocio de grandes dimensiones en Torremolinos, en una de las últimas pastillas de suelo del municipio, que contará con 235.000 metros cuadrados de superficie, 20 operadores de ocio diferentes y 70 restaurantes.

Según publicitan en su web: “Creamos destinos ganadores, creando experiencias atractivas y alegres que hagan sonreír a nuestros visitantes y ayuden a los clientes a prosperar. Nuestra inversión en nuestros activos del Reino Unido crea los elegantes y buscados destinos de compras que desean los clientes y visitantes.”

La operación estaba pendiente de aprobación por las autoridades competentes europeas, en atención a las normas de la Unión relativas a las concentraciones de empresas mediante fusión o adquisición. Recibida esa aprobación y tras evitar la quiebra vendiendo participaciones en otras empresas, dispone de liquidez para seguir haciendo negocios ocupando suelos. Será una de las grandes operaciones de inversión inmobiliaria del año. Asumen que se irá recuperando la afluencia a las grandes superficies comerciales en las próximas semanas -de acuerdo con las fases decretadas por el Gobierno- aunque se producirá «paulatinamente». Tiran para ello del caso de China, que cinco semanas después del levantamiento del confinamiento, la afluencia a los centros comerciales se ha recuperado progresivamente, aunque sigue en niveles inferiores a los de otros años.

Precisamente en estos días ha sido difundida en prensa la posición del director del Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Málaga (OMAU) al respecto del urbanismo hacia el que se debe tender. En “Ciudad y Territorio” Marín Cots, director del Observatorio, plantea el objetivo y la necesidad de ir a “la ciudad compacta, compleja y de proximidad”. Asume que vivir bien sin rebasar los límites ecológicos requiere transiciones fundamentales en los sistemas de producción y consumo, que son los responsables últimos de las presiones ambientales y climáticas. Y alude al análisis del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid, que ha publicado un trabajo titulado “Hacia la Ciudad de los 15 minutos frente al Covid-19” en el que muestran la necesidad de disponer de bienes y servicios a un km. a la redonda de donde vive cualquier ciudadano, lo que viene a suponer una distancia de unos 15 minutos, concepto también usado por la alcaldesa de Paris, Anne Hidalgo, “Ville du Quart D’Heure” cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y la calidad del aire generando proximidad. Para ello nada mejor que las distancias cortas. Las que permiten comprar en tiendas de alimentación, acceder a diversos servicios, ir a un colegio cercano, o acudir a zonas lúdicas y de esparcimiento sin tener que hacer largos recorridos. Sin embargo, Marín Cots no se pronuncia frente a estos grandes proyectos que van en dirección contraria.

Evidentemente para tener una ciudad de cercanía es necesario disponer de una densidad urbana mínima que haga operativa y rentable la instalación de actividades económicas. Sin embargo, ninguna administración cuestiona que se siga favoreciendo y permitiendo el asentamiento de grandes áreas comerciales segregadas del resto del entramado urbano. Ya sabemos que un barrio muy denso o compacto no tiene por qué ser diverso. Tenemos ejemplos en las ciudades donde abundan, los barrios dormitorios que no tienen servicios o comercios. La complejidad es una condición necesaria para hacer un modelo urbano eficiente. Por eso diseñar espacios segregados de la trama urbana no es lo adecuado.

Las Leyes del Suelo y su aplicación en todas las urbes del Estado, necesita cambios estructurales, pero dudo que deban ser en la línea propuesta por la Junta de Andalucía, que quiere elaborar una nueva Ley del suelo1 con premisas que no aseguran la protección del suelo que ahora precisamos. La ocupación de suelos (recurso esencial, escaso y puesto en peligro por desarrollos especulativos) es algo que la ley debe controlar.

En las ciudades densas y complejas el uso del vehículo privado no suele llegar al 25% del transporte modal. Para lograr ciudades así, es necesario modificar los sistemas de planeamiento urbano, tendiendo a un modelo de proximidad y complejidad de usos, buscando la manera de compactar la ciudad que se haya dispersado, y evitando que lo siga haciendo. Por ello, insisto, no son opción las grandes superficies comerciales o de ocio que lo que hacen es estimular el uso de vehículos privados a esos centros comerciales de la periferia. Además de agotar ese recurso fundamental que es el suelo, con construcciones banales de las que hay exceso.

Publicado en Blog Sostenible el 22 de mayo de 2020

Wangari Maathai, la Mujer Árbol: Semillas para cambiar el mundo

Bióloga y ecologista, políticamente algo anarquista, y con la conciencia clara de que desde la política hay que actuar para mejorar la sostenibilidad, la vida de la gente, y la de las generaciones futuras; y que eso depende del mantenimiento de los ecosistemas donde nacemos, vivimos y nos desarrollamos.

Más de 47 millones de árboles plantados gracias a su impulso. Su herencia incluye también una lección: la lucha por el medio ambiente es una suma de luchas. Puso bajo el mismo paraguas el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Algo que ya nadie discute. A través de su trabajo como voluntaria en diversas asociaciones, le resultó evidente que la raíz de la mayoría de los problemas de Kenia estaba en la degradación medioambiental. «La paz en la Tierra depende de nuestra capacidad para asegurar el medio ambiente” afirmaba.

Maathai se situó al frente de la lucha por el desarrollo económico, cultural y ecológicamente viable en Kenia y en África. Ese fue el motivo que llevó al comité del Nobel de la Paz a su concesión a la primera mujer africana. Al recibirlo en Oslo, la que algunos bautizaron como la MUJER ÁRBOL dijo: «La industria y las instituciones internacionales deben comprender que la justicia económica, la equidad y la integridad ecológica valen más que los beneficios a toda costa».

Cuando recibió el Nobel, tenía 3.000 viveros atendidos por 35.000 mujeres

Wangari Maathai, (Kenia, 1940) tuvo una vida muy poco común para una africana de su generación. Aunque como casi todas las niñas iba a por agua, ella logró estudiar. Gracias a una beca, se licenció en Biología en Estados Unidos. Volvió a Kenia con la independencia recién estrenada en su país e inició el camino del activismo.

La primera doctora universitaria en África oriental, comenzó por dar la batalla en defensa de la libertad de cátedra en un país que se encaminaba hacia el autoritarismo y la corrupción.  Entró en la Asociación de Mujeres Universitarias, donde se luchaba contra de la discriminación salarial de las profesoras frente a sus colegas masculinos. Trabajó con mujeres del campo, cada vez más deforestado y con problemas como inseguridad alimentaria, malnutrición; falta de agua, de leña y de ingresos. Les decía: ‘Si no tenéis leña, plantad árboles». Surgía así el Movimiento Cinturón Verde. Las mujeres empezaron a gestionar semillas y a plantarlas. Primero en sus parcelas, luego en los terrenos públicos con el apoyo del Green Belt Movement.

Las batallas la llevaron varias veces a la cárcel. Su lucha -y la de sus miles de seguidores- evitaron que se construyera un rascacielos en el mayor parque de Nairobi o que se privatizara un espacio natural de la capital keniana para construir chalés.

Recibió el Premio Nobel de la Paz en 2004 por «su contribución al desarrollo sostenible, la democracia y la paz». En 1977 fundó el Movimiento Cinturón Verde (Green Belt Movement), por el que obtuvo en 1986 el Premio al Sustento Bien Ganado.

Maathai conectó sus ideas de recuperación ambiental con la necesidad de dar empleo a los parados, lo que la llevó a fundar una empresa dedicada a la reforestación. Así alentó a las mujeres de Kenia a crear invernaderos por todo el país, buscando semillas en bosques cercanos para sembrar árboles oriundos de la zona. Acordó pagar a las mujeres una pequeña remuneración por cada semillero que fuese plantado en otros lugares.

La relación entre mujeres y conservación de las semillas es algo transversal a distintas culturas y una base fundamental de la soberanía alimentaria. En muchos lugares son ellas las “guardianas de las semillas”.

El movimiento recibió fondos de la Sociedad Noruega de Silvicultura, del Fondo Voluntario para Mujeres de Naciones Unidas y esto permitió su expansión.

Naciones Unidas celebró la tercera conferencia de mujeres en Nairobi y Wangari organizó seminarios y presentaciones para explicar el trabajo del Cinturón Verde en Kenia. La conferencia ayudó a expandir la recaudación de fondos para el Movimiento Cinturón Verde y a que se estableciese fuera de Kenia. En 1986, con financiación de la UNEP, el movimiento se expandió por toda África y condujo a la fundación de la Red Pan-Africana del Cinturón Verde. Cuarenta y cinco representantes de quince países africanos viajaron a Kenia durante los siguientes tres años para aprender a realizar programas similares en sus países para combatir la desertificación, la deforestación, la crisis de agua y la hambruna rural. El gobierno de Kenia solicitó que el Movimiento Cinturón Verde se escindiera del Consejo Nacional de Mujeres de Kenia, al pensar que la organización debería enfocarse solamente en los asuntos de las mujeres, no en temas ambientales. Es como si quisieran separar el ecologismo del feminismo. Imposible.

Recibió diversos premios: Premio Ambiental Goldman y en Londres el Premio al Liderazgo en África.

También se preocupó de impulsar la democracia

Durante las elecciones de 1997, Maathai quiso presentarse al Parlamento. Le cuestionaron que diese ese paso, pero, parece razonable que fuese consecuente e intentase entrar en política para que su intenso activismo se tradujese en los cambios normativos que quería que se hiciesen desde la política.

En 1998, Maathai tras enterarse de un plan del gobierno para privatizar grandes áreas de tierra pública en el Bosque Karura a las afueras de Nairobi, y dárselas a partidarios políticos, como hiciera en el parque del centro de Nairobi, donde se pretendió construir un complejo de 60 plantas para albergar un centro de negocios, oficinas, auditorio, galerías, centro comercial y aparcamiento para 2.000 vehículos, manifestó su protesta mediante cartas al gobierno y a la prensa. Fue con el Movimiento Cinturón Verde a Karuna, a plantar árboles y a manifestarse contra la destrucción del bosque. A principios de 1999, con miembros del parlamento en la oposición, periodistas, observadores internacionales y miembros del Cinturón Verde volvieron al bosque a plantar un árbol en protesta. Fueron atacados sin que la policía interviniese, pero se filmó y el suceso provocó indignación internacional. Al mismo tiempo, hubo protestas estudiantiles en Nairboi hasta que el presidente anunció que prohibía cualquier adjudicación de tierra pública. Así ejercía su activismo político.

Pasado un tiempo, el gobierno volvió a adjudicar tierra pública a sus partidarios. Pero la figura de Wangari ya tenía el peso suficiente como para que sus luchas fuesen conocidas y defendidas.

Maathai volvió a presentarse al parlamento durante las elecciones de 2002, esta vez como candidata de la Coalición Nacional Arcoiris, que unificó a la oposición y derrotó al partido en el poder (Unión Nacional Africana Keniana). En 2003, fue nombrada ayudante del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cargo que ejerció hasta finales de 2005. En 2012, tras su muerte, la Asociación de Colaboración en materia de Bosques ACB, un consorcio internacional de 14 organizaciones, secretariados e instituciones trabajando en problemas forestales internacionales, instauró el Premio Wangari Maathai paladines del Bosque para honrar su memoria.

En palabras suyas, la mejor recomendación:

…“No hay nada más bello que cultivar la tierra al anochecer. En ese momento del día en las tierras altas, el aire y la tierra son frescos, el sol se está poniendo, la luz del sol es dorada sobre las cordilleras y las copas de los árboles, y suele haber brisa. Mientras retiras las hierbas y presionas la tierra alrededor de los cultivos te sientes feliz, y desearías que la luz perdurara para poder cultivar más. La tierra y el agua, el aire y el fuego menguante del sol se combinan para formar los elementos esenciales de la vida y me revelan mi parentesco con la tierra…”

Publicado en Blog Sostenible el 12 de mayo de 2020

Entrevista El Salto diario: «La ley andaluza de Cambio Climático es una porquería»

Candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía por la coalición Equo Verdes – Iniciativa Andalucía, entrevistamos a Carmen Molina en medio de la ruptura con Adelante Andalucía, la negociación con Iniciativa del Pueblo Andaluz y la nueva ola verde que recorre Europa. 

Alfonso Torres 18 de octubre de 2018

Carmen Molina se ha convertido, sin quererlo, en el verso suelto, y verde, de la izquierda andaluza. La abrupta salida de Equo Andalucía de la confluencia de IU y Podemos la ha situado como candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Bióloga de profesión, esta almeriense, malagueña de adopción, tiene una experiencia en política institucional corta. Solamente los dos años y medio que ha ejercido como parlamentaria andaluza de Equo en el seno del grupo de Podemos Andalucía. Quizás por eso la inseguridad con la que habla de pasillos y negociaciones partidistas se torna en firmeza cuando la conversación cambia a ecología y problemas sociales. Aunque ha sido tiempo suficiente para convertirla en un referente en la joven formación verde, situándola como nueva coportavoz federal en la reciente Asamblea estatal.

Equo tiene hambre de hacerse visible en la prensa y Molina no es menos. Apenas encontrarnos a las puertas del Espacio Equo de Málaga comienza a comentarnos la situación de la izquierda andaluza y la tristeza que le supone la ruptura con Adelante Andalucía. Sin embargo se muestra segura de la posición de Equo, que finalmente ha llevado a dicha ruptura, en base a su tiempo en el Parlamento. “Si no hubiera estado dentro, no se hubiera cambiado la postura con respecto al AVE o a las autovías en Ronda” asegura. “El principal emisor de CO2 es el transporte, es fundamental plantear una movilidad a futuro realista para reducir las emisiones. El transporte más eficiente y que emite menos es el transporte por ferrocarril, por eso hay que trasbasar buena parte de la movilidad por vehículo privado hacia la movilidad con ferrocarril, no AVE, porque este es insostenible, también desde el punto de vista social por costoso y elitista”, comenta rápido, aún sin la grabadora a punto. Molina explica esto para justificar los que considera sus “únicos roces” con Podemos, dada la posición favorable al AVE de los círculos morados de Almería o la recusación que recibió del secretario general de Podemos Málaga por su negativa a nuevas autovías rondeñas.

Con la grabadora ya en marcha no esquiva las preguntas incómodas, respondiéndolas con una sinceridad muy poco frecuente en política, sin temor a las ampollas que puedan levantarse. Aunque sí se reconoce incómoda en la tarea de tener que competir como cabeza de lista con sus pasados y futuros aliados políticos, compañeros hace días de grupo parlamentario, admitiendo incluso que votó por no presentar a Equo a las elecciones andaluzas.

En el artículo que escribiste a raíz de las críticas a Equo tras la salida de AA planteaste una frase que decía “no nos corresponderá responsabilidad ninguna en caso de que finalmente dicha coalición contradiga principios que en EQUO tenemos asumidos”. ¿Tan poca confianza hay en que los diputados electos trabajen de forma coordinada con toda la coalición y no solo con los partidos a los que pertenecen?

Sí. Son los asesores los que trabajan alrededor del grupo parlamentario y los portavoces los que marcan las líneas estratégicas. Por ejemplo, como decía en el artículo, con el AVE o con las autovías de Ronda, se ha producido una evolución conjunta de la posición. Esa es la riqueza de la política, ir caminando hacia posturas consensuadas. Tú puedes convencerme a mi o al revés. Pero esos debates se han dado y hemos logrado variar posturas porque estábamos ahí dentro, con una parlamentaria, yo en este caso. Pero si no estamos ahí eso no se va a producir.

Y después de hecho se nos ha dado el caso de que nos responsabilicen de cuestiones donde no teníamos capacidad de intervención. Por ejemplo, Equo apoyó el impulso a candidaturas de Costa del Sol Sí Puede. A posteriori, los dos concejales de Torremolinos apoyaron un pelotazo urbanístico brutal y la prensa nos llamó a preguntarnos cómo apoyábamos eso. Claro, es que a nosotros no nos habían consultado. Luego el concejal nos llamó y nos dio la razón y se explicó. Las trampas de los juegos de poder habían hecho que se la colaran y no necesariamente porque estés de acuerdo. A lo que me refiero es que en eso se nos responsabilizó de algo que no teníamos nada que ver, porque no teníamos capacidad de cambiar la situación. Eso es lo que yo quería reflejar. Y es por ello que reclamábamos una coherencia entre el programa y la candidatura. Que la candidatura refleje esa pluralidad existente para que el programa lo defienda quien lo ha elaborado.

Eso es lo que yo quería reflejar en el artículo, que la intervención de Equo en el grupo parlamentario [de Podemos] había logrado la evolución de ciertas posturas y que eso ayuda a que surja debate, a aprender y a generar posturas consensuadas. Es la riqueza de la pluralidad. Ahora, en el programa de Adelante está nuestro sello y estoy muy orgullosa de ella. A posteriori nos toca reelaborar muchas cosas para hacer nuestro propio programa junto a Iniciativa.

https://www.elsaltodiario.com/equo/carmen-molina-la-ley-andaluza-de-cambio-climatico-es-una-porqueria

Política Agroalimentaria para un mundo saqueado

Hay un debate relevante planteado sobre la agricultura que tiene posibilidades (o no) de alimentar a un mundo sobrepoblado. Y hay fundamentalmente dos modelos que se contraponen con modalidades intermedias: la agroindustria global, heredera de la revolución verde del siglo pasado, y la agroecología, con un enfoque sistémico integrador y diverso.

Sobre esto, una reflexión previa. La biología, que es la ciencia de la vida, se acerca a la naturaleza desde distintas ópticas. De modo integrador y sistémico, analizando la naturaleza como una sutil red de relaciones complejas que implican tanto componentes vivos como inertes y su interacción con la energía solar que activa el funcionamiento de la biosfera. O de modo no integrador sino reduccionista, como hace la biotecnología, que se aplica, como si fuese una ingeniería, a corregir, recombinar y reprogramar los componentes genéticos de la vida para crear organismos mas eficaces y útiles al servicio de la humanidad.

En base a estos enfoques en el análisis y estudio de la vida (biología o biotecnología), podemos decir que se llega a prácticas agronómicas bien diferentes.

En Agricultura, los biotecnólogos moleculares experimentan con formas de modificar la información génica de los cultivos insertando genes o, editando genomas. El objetivo es conseguir cultivos más nutritivos, o que resistan a herbicidas, plagas, bacterias y hongos. Se asume que todo gira alrededor del organismo cultivado. El éxito del sistema es altamente dependiente de insumos externos como energía, fertilizantes y fitosanitarios con un uso pautado y efectos muy predecibles, usando al suelo como soporte de la actividad o prescindiendo de él.  Es una agricultura basada en el control. Mientras que una agricultura basada en una aproximación ecológica desarrolla un manejo que aprovecha los recursos endógenos del sistema: agua, suelo y diversidad, reduciendo así la dependencia de insumos y energía externa. El control es menor al ser el sistema y su manejo más complejos, pero es menos dependiente de insumos y preserva los servicios ecosistémicos. Éstos servicios son recursos o procesos de los ecosistemas naturales que nos benefician, como agua potable limpia; o procesos como la descomposición de desechos.

La agroecología aplicaría este modelo, añadiéndole el elemento social imprescindible, siendo los agricultores depositarios y corresponsables de la diversidad cultivada. En contraposición, la agricultura industrial derivada de la revolución verde y su versión más biotecnológica basada en la aplicación de los Organismos Modificados Genéticamente (OMG), priman la producción y el control, considerando los alimentos como mercancías.

Añadamos que los derechos de propiedad intelectual que se aplican sobre semillas, especialmente las modificadas genéticamente por biotecnología, suponen también una limitación al uso y gestión de un recurso básico para los agricultores, que es la diversidad cultivada, necesaria para asegurar el derecho a la alimentación.

Son de suma importancia en el uso de OGMs los marcos normativos. Y estos marcos, surgen de la aplicación de distintas políticas nacionales e internacionales, no sujetas a control ciudadano. En especial, aquellas políticas relacionadas con la existencia y aplicación de Tratados de Libre Comercio. Siendo esto así, resulta evidente que el debate sobre el papel de las plantas transgénicas en agricultura trasciende ampliamente el marco de las disciplinas biológicas, de la investigación, de la I+D y de una supuesta neutralidad científica, ya que tienen consecuencias que van mas allá. Esta es una de sus perniciosas derivadas.

Al respecto, hay que decir que la ciencia es un sistema potente de generación de conocimiento. Pero no es neutral. Entre otras causas porque no lo es su financiación, ni las reglas que operan en la comercialización de sus derivados, o la aplicación de derechos de propiedad intelectual, como las patentes. Rigen por encima, las reglas de mercado.  Reglas que se aplican a la agricultura y la producción de alimentos. Y cuando entra el mercado, sale fuera la soberanía alimentaria de los pueblos.

El modelo de producción agrícola industrial regido por un mercado global donde los productos agrícolas viajan miles de kilómetros desde sus lugares de producción a los de consumo, tiene una insostenible huella de carbono, y, aunque el coste económico y ambiental no se considera, lo pagamos todos. Grandes superficies de cultivo a nivel mundial y dependientes de gran cantidad de insumos, -la mayoría monocultivos-, son las que tienen más valor de mercado para el desarrollo de semillas transgénicas. Esto implica alejarse de la sostenibilidad de los ecosistemas agrarios. Se han hecho estimaciones sobre la inversión necesaria para poner una planta transgénica en cultivo comercial y suponía una inversión de 136 millones de dólares y unos 13 años, en un cálculo hecho para el periodo entre 2008 y 2012. Estos datos son bastante elocuentes respecto a los intereses que mueve.

Son varios los cultivos transgénicos que llevan tiempo en producción por lo que se puede ver lo que ha supuesto su introducción. Sirva de ejemplo el cultivo de la soja. Los principales productores son EEUU, Brasil y Argentina y el porcentaje de plantación proveniente de semilla transgénica es del 90% o superior. El 75% de la producción mundial se dedica al forraje animal, a pesar que se sabe que las dietas basadas en ingesta de proteína animal son perniciosas por la huella hídrica y el uso de suelo requerido por caloría consumida. Este modelo favorece la destrucción de grandes superficies del Bosque Atlántico y de la Amazonía brasileña. La intensificación de su cultivo ha producido deterioro de suelos, disminución de la cantidad y calidad del agua, y efectos negativos evidentes en biodiversidad. Además, han aparecido malezas resistentes al glifosato y se han desarrollado variedades transgénicas con resistencias a más de un herbicida. Ninguno de estos efectos es aceptable, si asumimos que necesitamos una agricultura resiliente y que nos permita contrarrestar las emisiones de GEI causantes del cambio climático, además de alimentarnos.

Si metemos en la ecuación cuestiones socioeconómicas y siguiendo con la soja, se constata que las explotaciones dedicadas a su producción, en Norte y Sudamérica, son mayoritariamente de escala industrial propiciándose una concentración de la tierra en menos manos. Esto ha desplazado a los pequeños y medianos propietarios. En relación al empleo, en algunas regiones argentinas se estima que la conversión a la soja ha destruido cuatro de cada cinco trabajos agrícolas (ver informe de 2014 de WWF “El crecimiento de la soja, impacto y soluciones” y citas en él contenidas). Transcurridos 6 años de ese informe, el deterioro de ecosistemas y de empleo es mayor.

Hay quien piensa que los transgénicos no son el principal problema, lo son quienes ostentan el control de su uso y hacen negocios con los OGM. Admitir esto es un primer paso. El siguiente es constatar el poder del oligopolio que concentra la producción de material vegetal de reproducción, y el sistema de patentes que rige y controla la industria biotecnológica. Añadamos los diferentes tratados comerciales firmados al amparo del proceso de globalización desde los 90 del siglo pasado.

Si un investigador decidiera por su cuenta, poner a libre disposición del mundo, plantones de fresas transgénicas con frutos de textura mejorada, sería muy improbable que lo consiguiera. La razón es el empleo de ideas, métodos y materiales que otros han patentado internacionalmente, de manera que, aunque permitan investigar y publicar en el tema, si el desarrollo logrado pretende entrar en producción, aparecerá la reclamación de los derechos de propiedad. Tendría que negociar y pagar a obtentores de varias patentes, desde las metodológicas hasta las que tienen que ver con el empleo de los genes. Se tiene patentado el uso de todas sus aplicaciones prácticas conocidas.

También se patenta la naturaleza. Se ha permitido patentar semillas como si fueran un invento, una nueva máquina. Las semillas cultivadas, además de seres vivos, son un recurso renovable, como el agua y el suelo. Los tres son imprescindibles para la producción de alimentos. Desde el punto de vista de su gestión, las semillas cultivadas encajan en la categoría de bienes comunes, tal como se refiere a ellos la premio Nobel de Economía 2009, Elinor Oström. No son ni del estado ni del mercado, y su custodia y protección son necesarias. Tienen en común con el agua, que son un recurso que fluye en el tiempo y en el espacio. Las semillas de uso agrícola, algunas cultivadas miles de años por generaciones de campesinos, ofrecen diversidad de especies y variedades como resultado de las decisiones de los agricultores al seleccionar semillas para el siguiente cultivo, además de cruces genéticos fortuitos, de los procesos de adaptación de los cultivos a manejos y condiciones ambientales locales, intercambios, etc. Esta agro-biodiversidad está en grave peligro por un efecto colateral de la revolución verde del siglo pasado que concentró sus esfuerzos en muy pocos cultivos y variedades que desplazaron muchas de esas especies y variedades tradicionales al ser menos productivas cuando los insumos no son limitantes o por no tener mercado suficiente. Y ahí es donde operan los OGM.

Con todas estas consideraciones ¿qué modelo de agricultura promoveremos? Urge que, desde la responsabilidad política no se hurte este debate fundamental.

Artículo publicado en Ecologismo de Emergencia el 1 de mayo 2020

Sobre la necesidad de una Ley del Suelo y su orientación

La Junta de Andalucía está en proceso de elaborar una ley del suelo, de la que dice que será más simple y que dará mayor autonomía a los ayuntamientos. Con la aprobación de la nueva norma derogarán las actuales leyes de ordenación urbanística (LOUA) y de ordenación territorial (LOTA). Mejorando, según se afirma, la relación entre la planificación territorial y urbanística. Deberá admitirse que las modificaciones sufridas por la LOUA han apuntado reiteradamente a la necesidad de la industria inmobiliaria de agilidad en el procedimiento depredador mas que a la necesidad de poner orden en el desorden generado por una actividad urbanizadora que no respondía a necesidades sociales reales.

Además de la derogación de las actuales leyes y la redacción de una nueva más simple y con menor carga de articulado, un objetivo prioritario planteado, es dotar a los ayuntamientos de mayor autonomía a la hora de perfilar su “modelo de ciudad” y agilizar los procesos para la aprobación de los planes generales. Sin embargo, los ayuntamientos están expuestos a la tentación de equilibrar sus balanzas con la especulación urbanística, recalificando suelos, elaborando planes expansivos, que acaban dañando el espacio público y no consideran el interés general de los ciudadanos cuando hay intereses económicos de por medio. Lo estamos viendo especialmente en la franja litoral. Véanse los casos de los acantilados de Maro en Málaga o el caso, frenado en su día, de Valdevaqueros, o en los mas actuales de Los Lances, o de los pinares de Barbate, o el caso de cala San Pedro en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar… A pesar de la colmatación que ya sufre el litoral, no parece haber colmatado la avidez de hormigón.

En principio, la base legal para acometer todos estos proyectos la ofrecen PGOUs que datan de mucho tiempo atrás, claramente obsoletos y que obedecen a modelos especulativos de décadas pasadas, que, sin embargo, parecen mantenerse en boga. Son intentos basados en planes parciales, no sometidos a procedimientos de diagnóstico ambiental y que no están pensados para satisfacer el interés general. Con plazos de ejecución que han prescrito, aunque no haya prescrito el afán épico de promover el hormigonado por todo el territorio.

Por tanto, respecto a dar protagonismo a los Ayuntamientos, hay que considerar que se precisa un régimen fiscal de los mismos que no haga depender su financiación, en una cuantía tan importante, de los actos con trascendencia urbanística (bien sea impositiva, bien meramente unida a recalificaciones y plusvalías ligadas al aumento del volumen ya construido). Al ser las Corpo­raciones Locales dispensadoras de “incrementos” en el valor de los suelos, se les suponen serias dificultades para resistir las malas prácticas y la corrupción. Probablemente sea éste uno de los proble­mas más importantes con los que se enfrenta la planificación urbanística en el momento actual.

Es una asignatura pendiente dotar a las corporaciones municipales de herramientas que eviten esto, de manera que solo se clasifique el suelo necesario sin comprometer las necesidades y decisiones de las generaciones futuras, que incluye a las corporaciones municipales futuras que deben tener derecho a desarrollar sus propias políticas y sus modelos de ciudad. Por aquello de tener en cuenta el impacto de cualquier actuación constructiva que permanecerá largo tiempo determinando posteriores desarrollos.

Hasta ahora no se ha tomado en Andalucía ninguna medida legislativa para luchar contra la especulación urbanística. Partimos de un patrimonio inmobiliario sobredimensionado, con exceso de suelo clasificado, y eso se contradice con la propia idea de la necesidad de agilización. Lo que en realidad tocaría, es reconsiderar la ocupación expansiva del suelo, y primar la reuti­lización y rehabilitación del patrimonio construido y del entorno urbano y periurbano degradado.

Un hecho preocupante constatado, es que porcentajes variables de los terrenos con los que se especula pertenecen a suelo municipal. Requeriría una explicación por parte de la autoridad municipal el motivo de la privatización de espacios públicos. Además del listado de incumplimientos en materia urbanística y de protección de suelos, especialmente en el litoral, hay una enorme cantidad de suelo que se ha clasificado en los últimos 30 años y que se continúa clasificando, una cantidad excesiva, injustificada, socialmente injusta, económicamente devastadora y ambientalmente insostenible. Sin embargo, parece que el cortoplacismo de rentabilidades y plusvalías inmediatas desdibujan problemas ulteriores, que quizá corresponda resolver a otros, instalados como estamos en el cortoplacismo de una legislatura.

Hay, por ejemplo, suelos de interés agrícola clasificados como urbanizables que no precisamos urbanizar y sí proteger para garantizar la soberanía alimentaria de nuestras áreas metropolitanas. Y si esos suelos “urbanizables” -que no son necesarios y tienen alto valor productivo agrícola o paisajístico- se destruyen, perderemos una riqueza difícil de recuperar. Y es que, los cambios de uso del suelo han degradado considerablemente los tradicionales paisajes agrarios en mosaico del Mediterráneo de los que Andalucía tiene gran diversidad.

Los objetivos planteados en el anteproyecto de la ley parten del cuestionamiento de la coexistencia de la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOTA) y la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que fueron modificadas en tantas ocasiones desde sus respectivas entradas en vigor que han quedado convertidas en textos carentes de coherencia que no dan respuesta a las “necesidades urbanísticas” de la comunidad autónoma. Lo que no aclara el ejecutivo del PP y Ciudadanos es cómo identificar y delimitar esas supuestas “necesidades urbanísticas”. La LOTA sufrió 12 modificaciones de diverso alcance. La LOUA, por su parte, sufrió el mismo número de cambios, aunque en casi la mitad de tiempo de vigencia. Quizá han quedado obsoletas, pero es importante que su sustitución sea debatida y reflexionada en profundidad por toda la ciudadanía que se vaya a ver afectada por las consecuencias de esta nueva ley.

La elaboración de la nueva norma se quiere aprobar en la presente legislatura. Para orientar el sentido de la misma, se debe tener claro el objetivo que se persigue, sin embargo, lo único que se aclara de partida, es que nace con el firme propósito de recortar de manera sustancial los plazos de tramitación de los instrumentos de planeamiento (tal y como ya ha hecho el gobierno autonómico con el decreto-ley 2/2020 de 9 de marzo); que quiere hacer descansar el desarrollo urbanístico y territorial en las corporaciones municipales en un alto grado; y que fomentará la colaboración público-privada en la ejecución del planeamiento, otra cuestión que genera dudas por el menoscabo que suele suponer para las arcas públicas.

Ojalá durante el trámite parlamentario, los legisladores se guíen mas por la prudencia que por intereses económicos de dudoso interés general.

Artículo publicado originalmente en eldiario.es el 1 de mayo 2020

El cambio decisivo: el de sistema

El sistema que nos rige hoy, es una máquina universal para arrasar el medio ambiente y para producir perdedores con los que el propio sistema no sabe qué hacer. No vivimos tiempos agradables y es mucho lo perdido y lo que nos queda por perder. En el mundo inventado por el capitalismo ha servido el “divide y vencerás” para disolver la disidencia.

Llevamos tiempo soportando una ofensiva contra la tierra y se ha sustituido el contrato social por la “ley del mercado”. Esto hay que cambiarlo.

Suponer que cualquier cambio, por el mero hecho de que contribuiría a la justicia, a la igualdad y a la paz, solo necesita ser explicado para ser adoptado es una ingenuidad. Triste e irritante. Y es que, siendo las relaciones de poder las que son, es difícil no sentirse estúpida haciendo propuestas de cambio que nos proporcionen una posibilidad porque lo que necesitamos en primer lugar es conseguir poder.

Como manifestó Susan George antes de que alumbrara este siglo: ¡Son tantas las actividades y debates a las que asistimos y en las que participamos con pasión, que acaban con entusiastas proclamas sobre lo que tendría que ocurrir y no ocurre! ¡Tantos esfuerzos bienintencionados que no tienen en cuenta la dimensión crucial del poder y su cinismo! Pero hay un número incontable de personas sobre el terreno haciendo un buen trabajo local necesario, y de muchas formas diferentes.  Ese es el bagaje. Y con ese bagaje planteaba George andar el camino de un cambio de época que nos garantice algo mas que la mera supervivencia. Conociendo al oponente para quitarle el poder.

A tenor de la situación actual, nos puede parecer que, el desarrollo que hoy tenemos, ha acabado siendo un fracaso lamentable, pero ha sido el desarrollo perseguido por el sistema económico global que nos gobierna. Ha sucedido exactamente según lo planeado. Podemos saber lo que se tendría que hacer si los objetivos reales fuesen el reparto justo de la riqueza, poner fin al hambre, atajar el deterioro ambiental… El problema, no es persuadir a quien detenta el poder, de que sus políticas son erróneas, sino obtener el poder para hacerlo nosotras.

Quiero un mundo diferente, aunque no sea perfecto. La cuestión es cómo encontrar formas para detener a un capitalismo transnacional que no puede detenerse por sí solo. Con las empresas transnacionales y los flujos financieros sin inhibiciones hemos alcanzado una fase maligna que va a seguir devorando y eliminando “recursos humanos y naturales” aún a sabiendas de que debilita la base que lo sostiene y de la que depende. Por eso, hay que cambiar las reglas. Y se cambian consiguiendo el poder.

No hay un programa perfecto. Nadie lo tiene jamás. Es difícil inventar soluciones no violentas, pero hay que derribar la tiranía transnacional antes del desastre total. El sistema fomenta la separación, la división, la competencia. La estrategia debe pasar por la unión y la cooperación política. Establecer alianzas con todos los sectores sociales que pierden en esta economía. Trascendiendo generaciones, sectores, fronteras… ponerse de acuerdo en lo fundamental. No hace falta estar de acuerdo en todo para trabajar juntas sobre algo. Sólo son intolerables los grandes depredadores y contaminadores. La tarea de todas las tareas es volver a tejer el tejido social que el neoliberalismo ha desgarrado.

Nos juntamos a protestar cuando se vierten residuos tóxicos en nuestro pueblo, cuando se destroza el territorio con infraestructuras innecesarias, cuando se contamina la fuente de la que bebe la comunidad… Al atacar la sostenibilidad necesaria de lo cercano, nos vemos impulsadas a protestar para frenarlo. Pero no bastarán las protestas y los cambios en la escala local. El estado debe estar en medio frenando la voracidad transnacional. Reforzar la democracia local y nacional y crear economías disidentes paralelas es fundamental. Lo mas difícil es crear una globalización alternativa. Reconstruir la economía global de abajo arriba sobre sociedades saludables y equitativas. Utópico hasta que lo consigamos.

Hay millones de empleos en la “economía social” o tercer sector, entre el sector público y el privado; que los gobiernos no ven porque existen, sobre todo, en forma de necesidades insatisfechas.

Sabemos que la naturaleza es el mayor obstáculo para el futuro del sistema de “libre mercado” porque a escala global la presión es extrema. Una presión sobre los límites de la biosfera que amenaza el futuro tras haber sobrepasado algunos umbrales naturales. Caminamos en la cuerda floja. Y ello porque vivimos hoy en un mundo trágicamente mal gestionado. Porque ha resultado que el modelo de libre mercado es antieconómico.

Hay unas cuantas recetas planteadas por economistas heterodoxos, investigadores, pensadores, activistas, que contribuyen a enriquecer el debate sobre el modo en que tomar las riendas y generar la transformación, implicando en el debate a toda la sociedad. Hay que abordar un plan global de acción.

A modo de ejemplo, una medida imprescindible sobre la que plantear debate tiene que ver con repensar el reparto del trabajo remunerado, la jornada laboral, la redistribución de la riqueza, y la renta básica. La economía capitalista ha construido formas de reproducir el capital en las que el trabajo humano es cada vez más prescindible. La extracción de cantidades ingentes de materias primas de territorios colonizados y la generación de cantidades ingentes de residuos se logra con ingentes cantidades de energía y no tanto “trabajo humano”. Ante un menor requerimiento de tiempo de trabajo humano global, se impone una reducción fuerte del tiempo de trabajo, que permita reducir la producción total (menos presión a la naturaleza) y un mayor y mejor reparto del trabajo entre toda la población activa, esta es una cuestión fundamental. Al menos mientras estemos abusando de una energía que sabemos menguante. Cuando no dispongamos de tanta energía y su TRE sea escasa volveremos a precisar manos y brazos humanos.

Estamos viendo, sin embargo, la reticencia de nuestro gobierno, que mantiene un difícil equilibrio y no se decide a aprobar en las actuales circunstancias, una renta social extraordinaria. Al ingreso mínimo vital comprometido en el acuerdo de coalición le queda, me temo, bastante discusión por delante para salir adelante.

Hay que someter a los gobiernos, tal y como hace el poder económico, a una presión que los obligue a hacer frente a los desajustes generados por esta economía disfuncional. Somos, ante todo, personas y ciudadanas, no engranajes de un sistema productivo, ni consumidores, ni súbditos. Pero hay que arrancar el poder de las manos del Mercado.

Artículo publicado en Ecologismo de Emergencia (Blog de Público.es) el 15 de abril 2020