¿Calentamiento Global? ¿Cambio Climático? ¿Desequilibrio climático? ¿De qué hablamos y qué podemos hacer?

La lucha contra el cambio climático es una emergencia global que no admite excusas. Es alentador comprobar que los jóvenes, -principales sufridores de las consecuencias futuras-, se han puesto en marcha para interpelarnos. Siempre hubo huracanes, grandes borrascas, sequías y otros fenómenos climáticos, pero es un hecho constatable que cada vez son más frecuentes e intensos.

La principal causa de este cambio o desequilibrio son las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la actividad humana.

Los datos del IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático) son concluyentes respecto a lo que está sucediendo con el clima global: los fenómenos atmosféricos extremos se correlacionan con la temperatura de la superficie del mar en los océanos, que han capturado el 90% del calor adicional producido en los últimos 50 años. Tenemos la obligación de reducir los efectos potenciales de ese calentamiento. Abordar medidas para la mitigación y para la adaptación, lo que implica actuar para minimizar los efectos que empezamos a sufrir. Eso supone la reducción de las concentraciones de gases de efecto invernadero, preferiblemente mediante la reducción de sus fuentes. Pero no se están tomando medidas para lograr una reducción significativa. En muchas regiones del Hemisferio Sur se da por sentado un incremento de temperaturas excesivo.

En países como España, asumiendo el cumplimiento del Acuerdo de París, supondría, en cualquier caso, un aumento en torno a los 4ºC, con terribles consecuencias, ya anticipadas científicamente, para el sector agrícola y las poblaciones costeras, por la subida del nivel del mar.

No hay un Acuerdo Internacional de cómo gestionar la capacidad de carga de la biosfera, de absorber los residuos de nuestra actividad industrial. Lo de París fue un acuerdo de mínimos y no va a tener trascendencia en el control de emisiones.

Hoy existen más refugiados por causas climáticas que por guerras: según datos de Naciones Unidas hay más de 20 millones de personas desplazadas por desastres ecológicos. Los que quieren seguir pensando que son fenómenos naturales quizá no sepan que, en muchos de esos focos de emigración, por ejemplo, en África, sus habitantes llevaban siglos viviendo en durísimas condiciones climatológicas y sabían afrontarlo. Los desplazamientos son algo nuevo y en muchos casos tienen que ver con las políticas de los Gobiernos, favorecedoras de las grandes Multinacionales y de los monocultivos y sobreexplotación de recursos. Acaparan tierras, pero, más dramático aún, acaparan agua en muchos sitios donde ya de por sí escasean y obligan a sus moradores a desplazarse. En ese sentido el Brasil de Bolsonaro nos sirve de triste ejemplo. Lo primero que ha hecho al llegar al poder ha sido desproteger los territorios del acoso de grandes corporaciones madereras, ganaderas o extractivistas en general.

El cambio de paradigma necesario requiere actuar en distintos frentes:

Movilidad global, ordenación del territorio, sobre todo en los crecimientos urbanísticos desproporcionados que generan mayor necesidad de desplazamientos; Gestión hídrica y cierre del ciclo natural del agua. Recuperación de sistemas de protección naturales en nuestro litoral, que eviten las consecuencias de tener buena parte de nuestra costa encementada; mantenimiento de zonas forestales en condiciones óptimas que eviten o minimicen los incendios forestales que cada vez afectan con más intensidad y a mayores extensiones.

Desafortunadamente la mayoría de los medios de mitigación parecen efectivos para prevenir calentamiento adicional, no para revertir el calentamiento existente. Y eso es preocupante. Medidas como: reducir la demanda de bienes y servicios que producen altas emisiones, incrementar la eficiencia, el uso y desarrollo de tecnologías de bajo nivel de CO2 e ir sustituyendo los combustibles fósiles. Incrementar la eficiencia energética de los vehículos, dando mayor peso en el transporte terrestre al ferrocarril y al transporte colectivo. Se precisan cambios en los estilos de vida y en las prácticas de negocios. Así como en el planeamiento urbano, que también debería servir para reducir la expansión descontrolada de las ciudades y con ello, reducir los km viajados, minimizando las emisiones del transporte.

La planificación urbana tiene un efecto evidente sobre el consumo de energía. El uso ineficiente de la tierra, muchas veces tierra fértil escasa, para los desarrollos urbanísticos, más allá de las necesidades reales, y basándolo en la especulación, ha aumentado los costes de infraestructura, así como la cantidad de energía necesaria para el transporte, los servicios comunitarios y en edificios. Se podrían reducir los consumos energéticos considerablemente a través del uso más compacto y mezclado de los patrones del suelo.

El parque urbanístico construido a toda velocidad en los años de la burbuja, no ha cumplido los estándares adecuados desde el punto de vista de eficiencia energética y aprovechamiento pasivo de energía, y, para colmo, la especulación ha impedido cubrir las necesidades de vivienda de la población. Se necesita mejorar la eficiencia energética del parque edificatorio y facilitar el derecho a disfrutar de viviendas en condiciones dignas.

Una grave derivada tiene que ver con la especulación en el litoral. La invasión urbanística del espacio costero y llanuras de inundación ante fenómenos cada vez más fuertes hace también a las poblaciones litorales más vulnerables a sus efectos.

Otro grave problema es el imparable proceso de desertificación donde concurren diversos factores que se van sumando para empeorar la situación: la pésima gestión del ciclo del agua, sobre todo por el elevado peso de la que se destina a regadíos y asimismo la falta de protección a lugares de especial relevancia y valor natural, como el emblemático PN de Doñana, con su especialmente vulnerable y frágil marisma, de extraordinaria importancia como lugar de paso, cría e invernada para miles de aves. Porque también cumplen las marismas importantes funciones, como la de amortiguar y minimizar las corrientes marinas cuando hay mucho viento o tormentas, y esa es una función fundamental en relación a la protección del litoral frente al cambio climático, que no siempre se considera, cuando se le da vía libre a procesos de encementado del litoral.

A lo anterior hay que agregar la acelerada subida del nivel del mar, que además es cada vez más rápida: desde los 1,2 mm año del periodo 1901 a 1990 a los 3,4 mm anuales de los últimos años, que además en el litoral malagueño llega a ser de 9 mm/año. Este incremento del nivel del mar se suma al producido por el oleaje amplificando la zona inundada por el mar.

La conclusión es clara: es urgente tomar medidas contra el cambio climático, de mitigación y de adaptación.

En 2017, la que fue secretaria general del Convenio Mundial contra el Cambio Climático, Christiana Figueres, publicaba en la revista ‘Nature’ un manifiesto en el que advertía que nos quedaban tres años para cambiar la actual tendencia en materia de cambio climático y comenzar a reducir las emisiones. O sea, para 2020 debían estar en marcha medidas ambiciosas. Planteaba el desarrollo de una hoja de ruta de 6 puntos en sectores concretos que nos permitieran alcanzar ese objetivo.

El sector de la producción de energía es clave: el ambicioso objetivo era alcanzar con energías renovables para el año 2020 un 35% de la producción energética global. En materia de transporte vehículo eléctrico eficiente, pero mejor aún, ferrocarril movido por electricidad procedente de renovables. Detener totalmente la destrucción de las selvas y bosques tropicales, hoy tan amenazados. Y aquí tenemos pendiente buscar soluciones a los graves problemas de nuestras masas forestales, como la seca del alcornocal y mal estado de encinares y pinares, o frenar la expansión de eucaliptales que promueven empresas como ENCE para pasta de papel. Fundamental detener la degradación de los suelos. Las soluciones están ahí, y hay que ponerlas en marcha.

La lucha contra el cambio climático es una emergencia global que ya no admite excusas. Aceleremos las actuaciones necesarias. Los jóvenes y el futuro lo están demandando.

 

Entrada publicada en Blog Ecologismo de Emergencia el 15/03/2019

Lynn Margulis: La mujer que supo ver que el motor de la evolución es la cooperación

Mujer tenía que ser. De nombre Lynn. De vocación, estudiosa de los procesos que la vida desarrolla para progresar y evolucionar. Lynn Margulis (1938-2011) es la bióloga que nos proporcionó una de las teorías más revolucionarias de la historia de la evolución. En la década de 1960, esta bióloga estadounidense tuvo una idea revolucionaria sobre la evolución de la vida y el origen de las células: vio la simbiosis con el microscopio y se dio cuenta de que cada una de nuestras células era el resultado de la cooperación entre otras células más sencillas que se habían aliado para trabajar juntas. Lynn Margulis era microbióloga, genetista no convencional, divulgadora de la ciencia y, sobre todo, teórica de la evolución. Revolucionó la Teoría de la Evolución demostrando que la evolución ha actuado a través de la cooperación, gracias al funcionamiento de los organismos vivos en la simbiosis (asociación de organismos en la que hay beneficio mutuo: ambos sacan provecho de la vida en común).

Fue una persona influyente en la biología del siglo XX, y ello a pesar de que sus propuestas (en los márgenes de la ciencia establecida) le granjearon fama de heterodoxa, cuando no

de rebelde. Dedicó buena parte de su energía e investigaciones a proponer que la colaboración entre especies ha sido más determinante en la evolución biológica que la competencia, que era lo que proponía Darwin como motor de la evolución de los seres vivos: la lucha por la vida y supervivencia del más fuerte.

Es decir, lanza, a lo largo de toda una vida de investigación, un mensaje netamente ecofeminista. Su mensaje ayuda a configurar una mirada diferente de este mundo nuestro, y da luz a aspectos infravalorados, pero insoslayables si se quiere un tránsito que suavice el más que probable colapso de nuestra civilización.

Margulis llegó a una visión holística de este mundo global en el que todos somos interdependientes (no podemos sobrevivir aislados del resto de nuestros semejantes o fuera de la sociedad) y, por supuesto, ecodependientes (tampoco podemos pervivir sin tener en cuenta que dependemos de los ecosistemas naturales que son el soporte físico que nos sustenta). Las conclusiones que saca de las investigaciones que desarrolló a lo largo de su vida nos sirven de ejemplo para saber cómo desenvolvernos en este mundo vivo, que tanto hemos alterado, que funciona como un sistema complejo y al que tanto hemos perturbado.

Tuvo una cierta vinculación científica y emocional con nuestro país. Yo la conocí siendo estudiante de biología en una conferencia multitudinaria que dio en nuestra universidad. Me deslumbró la energía y lucidez con que exponía lo que claramente constituía una visión del mundo singular. Nos habló de la hipótesis Gaia sobre la que había discutido y debatido ampliamente con su creador, James Lovelock. Esa hipótesis considera a nuestro planeta como un organismo vivo. Por tanto, nos sirve para comprender el valor de los cuidados y la transversalidad del ecofeminismo. Lovelock, bioquímico inglés, fraguó la idea de que el ecosistema Tierra funciona como un superorganismo. Cuando Lovelock publicó la hipótesis de Gaia provocó una sacudida en muchos científicos, sobre todo en aquellos con una mente más lógica que odiaban un concepto que sonaba tan místico. Tanto más, después de que la llamara Gaia, por la antigua diosa de la Tierra.

Como Margulis relata en el prólogo de su libro Planeta simbiótico, no vio inmediatamente la relación de su teoría endosimbiótica con Gaia, pero finalmente concluyó: La hipótesis Gaia es ver la simbiosis desde el espacio.

Lynn Margulis colaboró con James Lovelock en el desarrollo de la teoría de Gaia. Cuando era entrevistada sobre ese tema, argumentaba que suscribía la frase de Nietzsche: “La tierra es un lugar muy bonito, aunque está afectada de una enfermedad: los humanos”.

En el libro ¿Qué es la vida?, Margulis invita a explorar científica y filosóficamente los enigmas en los orígenes de la vida. Por ejemplo, examina la conexión biológica entre muerte programada y sexo, la evolución simbiótica de los reinos orgánicos, la noción de la Tierra como un superorganismo y la fascinante idea de que la vida, no solo la humana,

tiene libertad de acción y ha tenido un papel insospechadamente importante en su propia evolución. Dicho con sus palabras:

«Así, vamos comprendiendo que, en realidad, la vida es un proceso material que cabalga por encima de la materia como una extraña y lenta ola, que es un caos artístico controlado, un conjunto de reacciones químicas asombrosamente complejo que empezó su andadura hace cuatro mil millones de años y que ahora, en forma humana, escribe cartas de amor y emplea computadores de silicio para calcular la temperatura de la materia en el nacimiento del universo. Descubrimos que la vida es, a fin de cuentas, algo aparentemente obvio: la celebración de la existencia.»

Con la inspiración de las reflexiones de Lynn Margulis, podemos imaginar cómo abordar la crisis global asumiendo los postulados que ella aplicó en biología y que han acabado siendo admitidos por la comunidad científica, tan reacia al principio. Es decir, evolucionemos cooperando y desechemos la competencia como motor.

En un artículo de Marga Mediavilla (reflexionando sobre el mundo y su deriva), también hacía referencia al valor de la cooperación, con un certero análisis sobre el camino por donde nos lleva la tecnología y las nuevas habilidades que se le otorgan a los robots. Me

pareció muy relevante la idea porque especulaba sobre la misma premisa. A saber: las habilidades adquiridas por la inteligencia artificial tienen que ver con la “percepción” de que la cooperación es la mejor estrategia para evolucionar, dando la razón a Lynn Margulis y contradiciendo a Darwin y su idea de que la evolución se desarrolla mediante la competencia. En sintonía con este planteamiento, el movimiento feminista es el mejor referente que podemos tener porque funciona en clave COLABORATIVA o COOPERATIVA.

En cambio, ¡aquí estamos! metidos en una dinámica de competencia de la que no sabemos salir. Decía Mediavilla: “Los robots han aprendido a cooperar entre sí para ser similares a los humanos, sin embargo, a los humanos no se nos permite hoy ese lujo”. Nosotros debemos someternos a la ley del mercado y jugar los juegos del hambre global que nos impone el capitalismo. Aunque los robots hayan conseguido grandes avances siendo cada vez más sensitivos, nosotros debemos ser insensibles al drama social del desempleo, insensibles al deterioro ambiental, insensibles a nosotros mismos. Aunque la ingeniería moderna está descubriendo las cualidades superiores de la cooperación, nuestra máquina económica tiene como único mecanismo la competencia.

Y el aprendizaje que se extrae es claro: tenemos que cooperar y ser muy sensibles al medio ambiente que nos rodea si queremos salir adelante y dejar atrás este modelo económico que está rompiendo los equilibrios de Gaia y poniendo en peligro nuestra supervivencia.

De momento estamos demostrando ser bastante torpes a la hora de cooperar y de solucionar los problemas globales. Con lo artificioso de la vida en la que nos desenvolvemos ¿acaso hemos perdido el motor evolutivo de la cooperación?

 

Entrada originalmente publicada en Blog Sostenible el 7/03/2019

Es necesario acabar ya con la enorme cantidad de pozos ilegales

Recientes y desagraciados acontecimientos han puesto tristemente en evidencia la conocida y muchas veces denunciada realidad de los pozos ilegales en nuestro país.Unos pozos ilegales que muestran la mala gestión realizada durante bastantes años en relación al uso de un recurso tan básico como el agua, y que acarrea conflictos sociales, ambientales, jurídicos y políticos que ya son insostenibles. Es hora de abordar la problemática del uso y gestión con la responsabilidad que se merece. Existe una gran cantidad de pozos ilegales que taladran todo el mapa peninsular y hay una evidente falta de medidas de control que eviten la dramática situación que viven algunos ecosistemas como valiosos humedales y algunas cuencas.

En la actualidad, son muchos los acuíferos que se encuentran catalogados como masas de agua subterráneas en mal estado en los Planes Hidrológicos. A esto se unen la desertificación que avanza y sequías agudizadas por falta de gestión y previsión. Esto lleva a que las perforaciones y extracciones ilegales, e incluso las legales sobredimensionadas, hace tiempo que persistan por encima de los valores de recarga natural. Porque la insostenibilidad no solo viene de los pozos ilegales, sino también de permisos de extracción concedidos por la Administración que se sobredimensionan más allá de la lógica.

Los porcentajes de consumo de agua por sectores evidencian que es el sector agrícola de regadío, el que consume la mayor cantidad de este recurso (alrededor del 87% en la mayoría de los casos). El cambio en los usos del suelo y la intensificación de la actividad agrícola de exportación han generado una grave situación que comienza a ser una amenaza, no solo para el territorio, sino también para la población que lo habita y el suministro de agua a algunas poblaciones. Casi todas las cuencas tienen un exceso de extracciones respecto a los recursos disponibles, pero, sin embargo, los regadíos han seguido incrementándose y esto no se puede mantener por más tiempo.

La realidad nos dice que estamos exportando agua desde la Europa más seca hacia la más húmeda. ¿Hay despropósito mayor? También nos está diciendo que el estrés hídrico que padecemos es de los mayores de la Unión Europea, solo por detrás de pequeñas naciones insulares como Chipre y Malta. Una de las razones es el cultivo superintensivo de plantas tradicionalmente de secano como son los olivos, que se está extendiendo por todo el mundo y también en España. Son muchas las preocupaciones que genera esta modalidad productiva. A los recientemente denunciados métodos de cosechar mecanizados, que, al no parar durante la noche, están acabando con millares de aves en estos campos, se une una gran preocupación por la enorme cantidad de agua que consumen.

Para mantener estas modalidades de cultivo que, siendo tradicionalmente de secano, se reconvierten a regadío para incrementar la productividad, se sigue pidiendo, o más bien, exigiendo, más agua y más infraestructuras hidráulicas, en lugar de mesura en su gestión. Es hora de cuidar un bien tan imprescindible como es el agua para poder garantizar su uso hoy y en el futuro. Porque la demanda actual ya supera con creces la disponibilidad que se puede cubrir en el presente, así que seguir insistiendo en aumentar regadíos es sencillamente proponer el suicidio de comarcas enteras.

Además, es necesario tomar medidas ya para clausurar pozos que llevan demasiado tiempo extrayendo ilegalmente. Mientras no se adopten medidas seguirán proliferando, como lo han hecho hasta ahora por todo el territorio, con la consecuente pérdida de los ecosistemas que dependen del agua. Y de los que a su vez dependemos nosotras y nuestro bienestar, si es que solo se quisiera ver desde un punto de vista egoísta.

Recientemente, la Unión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia Europeo por el impacto de la extracción ilegal de agua en Doñana. Pero esto no solo es necesario en el espacio protegido y Patrimonio de la Humanidad en peligro que es este parque nacional.

Sabemos que es muy urgente llevar a cabo una restauración integral de las marismas de Doñana y del Guadalquivir para dar respuesta a uno de los principales retos que tiene el espacio natural si se quiere garantizar su futuro. Ciertamente es básico que se recuperen los aportes hídricos de las cuencas que vierten a Doñana y que se haga un deslinde del dominio público hidráulico. Se necesita una restauración hídrica de las marismas. Y clausurar pozos y dejar de extraer por encima de la capacidad de recarga del acuífero.

Tengamos en cuenta la situación de vulnerabilidad frente al cambio climático. Todos los pozos ilegales contribuyen muy negativamente a agravar el estrés hídrico que sufren algunos territorios. Es un problema de gran envergadura y el lobby de las comunidades de regantes presiona en gran medida para mantener unas extracciones insostenibles, de tal manera que no se vea afectada la productividad de sus explotaciones.

El agua no es solo imprescindible, es un derecho, y debemos gestionarlo no solo para nuestro presente, sino para el futuro de los que vendrán.

 

Entrada publicada originalmente el 24 de febrero de 2019 en El Asombrario & Co.

Planificación urbanística y participación ciudadana

Hacemos prospectiva sobre la ciudad cuando emitimos un pronóstico o predicción de cumplimiento más probable, basado en un diagnóstico del presente y de las tendencias que preveamos incidirán sobre él. Y en ese “inventar” el desarrollo futuro de la ciudad, debe tener un papel primordial la ciudadanía imaginando como quiere vivir en ese espacio.

Así, la prospectiva es mucho más que una forma de orientar el presente hacia el futuro. Es un conocimiento del futuro en base a lo que hemos aprendido del presente. Y, por tanto, es un ejercicio de reflexión informada que nos puede ayudar a evitar futuros posibles no deseables. Los pronósticos más interesantes serían aquellos que posibiliten con más probabilidad la vida de los que habitarán el espacio urbano futuro.

 

Desgraciadamente, a pesar de la necesidad que tenemos de que se cumpla lo antedicho, podemos advertir con preocupación que lo que se está produciendo es un reinicio de lo que fuera hace ya una década la burbuja provocada por la especulación inmobiliaria y su consecuente pinchazo, que nos dejó proyectos urbanos abortados y a bastantes personas expulsadas del derecho a una vivienda digna que contempla la Constitución. Y comienzan a consolidarse tendencias en muchos municipios y ciudades, especialmente en los litorales, donde los síntomas de reactivación del sector de la promoción inmobiliaria han dejado de ser síntomas y ya padecemos horizontes invadidos de grúas que lo evidencian. Es como si los actores políticos, financieros y empresariales que generaron la burbuja y su posterior pinchazo no hubieran aprendido nada de ese “estropicio” y vuelven a depredar el territorio con renovadas iniciativas especulativas.

Y es que, aunque cambien los ciclos políticos y económicos, las ciudades deberían basar su dinámica orgánica en planificaciones que provean hojas de ruta estables y consensuadas con los ciudadanos que las habitan. Cuando el espacio urbano no se planifica, los costos son mayores, el uso de los recursos es ineficiente y su funcionalidad para las personas se resiente. Sin embargo, tanto el planeamiento urbano como el territorial se siguen realizando a partir de los criterios e instrumentos habituales hasta ahora, con un papel donde el mercado y la oportunidad del negocio prima sobre los derechos y los deseos de los ciudadanos. Parece que volvemos a una burbuja y la sobredimensión constructiva, de modo que, sin duda alguna, se repetirán los graves problemas que el crecimiento urbano en su forma más actual viene ocasionando.

La apelación insistente al carácter sostenible que se autoatribuyen los documentos de planificación urbanística respecto de sus directrices y del horizonte de futuro que prefiguran, es puramente retórica como se demuestra rápidamente tras su análisis técnico. Estas herramientas de planificación en no pocas ocasiones son contradictorias respecto de los objetivos que dicen tener y enfrentar y no siempre están sólidamente fundamentadas. Es algo que plataformas ciudadanas como la malagueña Defendamos Nuestro Horizonte, con una larga trayectoria de oposición a la construcción de un rascacielos en el puerto de Málaga, han comprobado una y otra vez al analizar cómo los documentos y los planes parciales han ido siendo modificados para que se ajusten al proyecto que se quiere albergar o patrocinar. De este modo, un rascacielos, que no es una necesidad para los ciudadanos de Málaga, se pretende traer a la realidad por la oportunidad de negocio de actores externos, haciendo técnicamente lo necesario para ajustar la documentación al fin de construirlo. Es demasiado habitual el uso de argumentos falaces, incluso absurdos, esgrimidos por los políticos para justificar lo injustificable. Un ejemplo: el impacto visual de la estructura en el horizonte de Málaga se limita no mirando en la dirección del rascacielos, ¡un argumento de peso sin duda!

Lo que deberían asegurar y contribuir a articular, es el debate para el diseño de la futura planificación en base a los intereses de todas. Es ahí donde es importante contar con un diagnóstico y un modelo de ciudad compartido para llegar al diseño, también compartido, del espacio urbano futuro. Es decir, se necesita un marco de participación colectiva,para garantizar el derecho de todas a la ciudad.

Sin embargo, los documentos que implican la puesta en marcha de estas operaciones inmobiliarias han sido elaborados en un marco caracterizado por unas expectativas de crecimiento y demanda prácticamente ilimitadas y con una cantidad desmesurada de suelo calificado como edificable. Y si no se cambia este modo de actuar se acentuarán los problemas territoriales y urbanos actuales y transferiremos al futuro problemáticas que claramente se podrían evitar y hay que prevenir.

La fase clásica de información de los Planes Urbanísticos (Generales o Parciales) produce exclusivamente acumulaciones de información (las Memorias) que carecen de relaciones (transversalidad) y que apenas cumplen una función justificadora de las decisiones planificadoras ya adoptadas. Sin embargo, sólo desde la disponibilidad de un diagnóstico y una prospectiva bien fundamentados y que cuente con los ciudadanos será posible acertar con la futura ciudad y con las relaciones territoriales que la sustenten y le den sentido.

 

Esa prospectiva requeriría considerar, entre otros aspectos, la evaluación de la situación general de lo construido (el medio artificial) y sus potenciales efectos, el diagnóstico social, con inclusión de necesidades y demandas; la disponibilidad de un análisis de la dinámica territorial y, finalmente, la evaluación real de los sistemas productivos de todo tipo y su inserción en el territorio. También habría que considerar la situación de los ecosistemas periurbanos, su capacidad de resiliencia, las relaciones entre estos ecosistemas y el resto de realidad territorial o la modelización de las consecuencias del cambio climático y su prevención.

Se deduce de lo anterior la necesidad inaplazable de creación de unos nuevos marcos de referencia respecto de todas las escalas de planificación (desde la planificación regional y subregional a la urbana) que atiendan con nuevos instrumentos y protocolos a los actuales desafíos, y que permitan la intervención de los ciudadanos.

La conclusión de todo esto es que hay una urgente necesidad de reforma en la política urbanística, que incluya una repolitización del futuro. Y con esta expresión quiero decir, que tengamos en cuenta, que el escenario futuro es una combinación de incertidumbre y responsabilidad, por tanto, sujeto a procedimientos de deliberación y legitimación colectiva. Ello sin duda implica asumir esos cambios necesarios que inicien el debate informado y abierto a la ciudadanía, respecto al diseño de la ciudad y el territorio del que forma parte.

 

Entrada publicada originalmente en Contrainformación el 18 de febrero de 2019

Políticas agrarias, globalización y feminismo

Las gentes del medio rural se sienten abandonadas, cada vez mas, por los poderes públicos. Es un sentimiento que tiene fundamento. Por desgracia para ellas. Para las gentes que han vinculado su vida al terruño donde de sol a sol y de estación en estación cuidan, mantienen, hacen florecer y conservan el legado y la sabiduría que ellos a su vez recibieron, y que en muchos lugares se está perdiendo sin remisión.

Hay mas o menos una mitad de esas gentes, que además padece mayor abandono, a pesar de ser quienes, desde el cuidado, tanto de la tierra como de las personas, han sacado adelante en condiciones duras, ese espacio rural que tantas veces se ve con un halo falsamente bucólico y apacible. Son las mujeres; mayores, jóvenes, niñas…cargadas de obligaciones, colmadas de trabajo, de responsabilidades, de servidumbres… compartiendo todas, esos lastres, todas, esos fardos. Con historias y luchas comunes, por la vida, por su propia emancipación y la de sus pueblos, sus campos, sus territorios.

Como afirman en el Manifiesto de las Mujeres de la Vía Campesina: “Unidas ante el imperativo ético y político de defender el derecho a la alimentación, la agricultura campesina, la defensa de la biodiversidad, de nuestros bienes naturales y la lucha por poner fin a la violencia en todas sus expresiones, agudizada ante este sistema económico capitalista y patriarcal.”

La defensa de la tierra, de los territorios, la petición de justicia y dignidad es lo que acompaña a la vida en el rural y, con ello, el intento de lograr la soberanía alimentaria. Batallando día a día por esa defensa de la tierra, contra el saqueo y la devastación que provoca el capitalismo, solo preocupado por hacer girar la rueda del mercado, -oferta y demanda- como fin último y absurdo.

A pesar de que nunca fueron fáciles las condiciones de vida en el mundo rural; con la situación actual, cada vez es mayor la agresividad, produciéndose profundos cambios en las condiciones de vida en comarcas y regiones enteras que quedan a merced de una sobreexplotación de suelos, aguas, minerales y recursos que se requieren para abastecer a las ciudades de todo el mundo. Ciudades que no paran de crecer y consumir territorio a su alrededor. La invasión del capitalismo hacia el campo y la apropiación de las multinacionales de los sistemas agroalimentarios han llevado a que millones de campesinas se hayan incorporado a un trabajo alienante y embrutecedor en grandes extensiones de campos también explotados por encima de sus capacidades y han acabado provocando desplazamientos forzados, pérdidas de tierras y fuertes procesos migratorios.

 

Hacer frente a esta realidad del capitalismo desaforado, que nos oprime a todos, pero que se ceba especialmente en las zonas rurales y más especialmente aún, en la mitad de la población rural que son las mujeres, vitales y esforzadas, constituye un objetivo fundamental de lucha y reivindicación a lo largo y ancho de las tierras degradadas en todo el planeta.

La brecha en la distribución de las riquezas no ha parado de crecer, presentando los sectores rurales un panorama desalentador con altos niveles de indigencia, y siendo las mujeres las que sufren los efectos más dramáticos. Porque también genera y perpetúa desigualdad, que hombres y mujeres no accedan a la propiedad de la tierra en igualdad de condiciones, siendo éste un objetivo fundamental para superar la pobreza y la discriminación. Suponer, además, que el acceso a la tierra se debe lograr a través del mercado y como propiedad individual, está lejos de representar las aspiraciones de las mujeres rurales y campesinas en muchos lugares.

 

Terminar con estas indignas desigualdades debe ser una lucha permanente, que los gobiernos y los parlamentos del mundo deben tener en cuenta al legislar y aprobar leyes, para garantizar una vida digna para las gentes del campo y sus comunidades. Esto en cuanto a derechos de las personas a tener condiciones de vida digna. Pero es que garantizar esto, implica algo fundamental que el sistema económico desprecia: mantener las condiciones que permiten la vida.

En relación al estado de la Tierra para permitir esas condiciones, sabemos que, desde hace unos 12.000 años, se ha caracterizado por unas temperaturas medias relativamente facilitadoras de la vida, disponibilidad de agua dulce líquida en abundancia y de ciclos biogeoquímicos con unos rangos estrechos de fluctuación que además son predecibles.  Ha sido este estado del sistema Tierra –y no el sistema económico que lo explota- el que ha proporcionado unas condiciones adecuadas para que se diera el desarrollo de la civilización humana al nivel alcanzado en nuestros días.

Es hora ya de que asumamos los límites planetarios, que hay un techo de recursos que cada año agotamos mas rápido, y no solo eso, también que hemos disfrutado de un Estado del planeta facilitadorde la vida y del que somos dependientes. Traspasados los límites, cruzaremos umbrales en que probablemente deje de serlo.

El funcionamiento del sistema Tierra, a nivel global, es el de un sistema complejo, en el que los estados de equilibrio son transitorios. Esto supone que, una vez superado determinado rango de interferencia, la evolución no será lineal y saltará a un nuevo estado transitorio de equilibrio, también metaestable y no predecible o difícilmente predecible. En este punto es en el que estamos, con la incertidumbre evidente que implica para los sistemas vivos.

Con esta situación evidenciada por el IPCC en sus informes, deberíamos estar poniendo en marcha modelos de agricultura que sean resilientes y estabilizadores de los ecosistemas agrarios.

Y de lo global, a lo que atañe a la política continental mas cercana. En Europa, la PAC (Política Agraria común) debe ir encaminada a promover la agricultura de pequeñas y medianas productoras que trabajan y viven en el campo, y fomentan la agroecología, los bienes comunes y la soberanía alimentaria. Es el tipo de agricultura que nos hará menos dependientes de los bienes y alimentos que nos llegan de lugares del mundo globalizado, ya muy degradados por actividades de las grandes corporaciones. Con ello se mejorará, no solo la vida de las agricultoras europeas y las comarcas rurales que ellas mantienen, sino que permitirá no derivar las consecuencias de los grandes movimientos de mercancías del agronegocio, que perjudican tanto en Europa como en el resto del mundo.

Además, proponiendo el cambio en la manera de nombrar las políticas a promover, por ejemplo, hablando de PAAC (que sería la Política AgroAlimentaria Común) cambiaremos el paradigma y pondremos el foco en la capacidad de autoabastecimiento, de soberanía alimentaria y de garantizar la producción de alimentos saludables, en lugar de en un sistema agrario deslocalizado, con repercusiones dentro y fuera de nuestras fronteras. Ser conscientes de que lo que nos alimenta, no debe tratarse como una mercancía que genera beneficios en mercados financieros. Y es que hay agricultoras en zonas del planeta que se ven obligadas a dedicar sus territorios a producir para exportar degradando y perdiendo sus tierras. Y por tanto no pudiendo garantizar su propia alimentación y subsistencia.

Con este necesario cambio en la concepción de las políticas agrarias, además de alcanzar objetivos de bienestar en las agricultoras (y agricultores) europeas, se podrán obtener esos mismos beneficios en los explotados por el agronegocio allende nuestras fronteras, evitando que malvendan su soberanía alimentaria y territorial y con ello mitigando los grandes flujos migratorios derivados. Eso implica combinar las políticas europeas con Tratados Internacionales acordes. Y es evidente que ello, aunque deseable y necesario para nuestro futuro común, supone ponerle freno a los Tratados de Libre Comercio y eso significa una guerra desigual con el poder económico y financiero global.

Artículo publicado originalmente en el Blog “Ecologismo de Emergencia” el 2 de febrero de 2019

¿Retos a futuro o cambiar el presente ya?

El crecimiento económico sin límite, ese que se asume como principio básico e incuestionable en los ámbitos económicos capitalistas, hace tiempo que se ha demostrado falaz y nos está haciendo mucho daño. El sistema económico capitalista no respeta la vida, genera desigualdad, destroza las bases que sustentan su propio desarrollo, nos ahoga con la contaminación que genera y propaga… contaminación en suelos, en aire, en océanos… basura e ingentes cantidades de plásticos y de otros tóxicos que se acumulan a escala planetaria.

Por ello, se impone un cambio de paradigma que sustituya la premisa actual. Esa que asume sin cuestionarlo, que el crecimiento económico permanente, y no solo permanente sino sin fin, es imprescindible para generar riqueza y bienestar. Para trascender la existencia de límites que lo contenga o cuestione ponen su fe en las soluciones tecnológicas. Son fieles creyentes en que el modelo depredador capitalista no minará los cimientos planetarios y los servicios ecosistémicos que lo sostienen.

 

Asumen con esperanza ciega que la tecnología los salvará de los atolladeros a los que su falta de respeto y, porqué no decirlo, de conocimiento, los aboca. Son tecno-optimistas y ya hace tiempo que se sabe que lo que se produce con la tecnología es un efecto rebote, la llamada paradoja de Jevons.  Curioso concepto para referirse a que, a medida que el perfeccionamiento tecnológico aumenta la eficiencia con la que se usa un recurso, es más probable un aumento del consumo de dicho recurso que su preservación o ahorro.

Como segundo dogma también depositan su fe en caminar en la dirección de una desmaterialización de la economía, que tampoco es generalizable. Necesitamos energía, alimentos, aire, agua, suelo…, son insustituibles, indesmaterializables.  Con el tiempo acabarán dándose cuenta de que estas creencias, que no son ciencia, no eran tan de fiar y el fin de ese modelo hegemónico acabará por sorprenderlos abruptamente.  Salvo que los infieles y descreídos tomemos las riendas y no les demos el tiempo que necesitarían para ver su error y la verdadera realidad que enfrentan. Es decir, que todos los recursos y los materiales que el metabolismo capitalista consume y agota, se están agotando. Lo hacen si no son renovables, pero también en el caso de que lo sean, porque no se están respetando las tasas de renovación natural.

El consumo ininterrumpido sobre el que descansa el crecimiento en breve se quedará sin saldo en la cuenta, lo que convierte el actual modelo económico en insostenible. Lo miremos por donde lo miremos, eso es algo que ya podemos constatar. A nivel global, el crecimiento se está ralentizando ya, aunque aún haya un puñado de países que crecen a un cierto ritmo. Tenemos los ecosistemas y el planeta tan sobreexplotados que decreceremos a nivel global en breve. La cuestión es si se hará de forma ordenada, -ojalá seamos capaces-, o caótica.

Por otro lado, consideremos que no se trata solo de que sobrepasamos los límites consumiendo cada vez más rápido lo que nos provee la naturaleza. En el sistema que configura la tierra y que ha presentado un equilibrio estable durante, al menos, los últimos 12.000 años, no sólo existen unos límites físicos. Considerarlo así supondría reducir al sistema Tierra a un gran saco de recursos limitados (suelo, agua, diversidad, minerales, combustibles fósiles, etc.), y esto no es así. El sistema Tierra, es un sistema complejo, que nos provee unas condiciones de vida relativamente cómodas. Y son esas condiciones estables de un sistema complejo como el terrestre las que hay que preservar y las que están en peligro. Es decir, nuestro mundo es mucho más que una gran mina, aunque no se reproduzca, en muchos aspectos, se parece mucho a un ser vivo, de ahí la hipótesis Gaia.

Necesitamos que Gaia siga siendo un espacio seguro y justo, no es una opción, es el único camino. Necesitamos a personas amorosas, capaces, solidarias, austeras, con la que construir un modelo alternativo. Necesitamos educar para la cooperación y no para la competencia.

Necesitamos implementar medidas, marcos normativos, políticas, que hagan más probable traer a la vida de las personas ese espacio seguro en el que vivir y justo para todas.

 

En este contexto no encuentro mejor propuesta que la propuesta de Kate Raworth cuando en 2012 reflexionó y propuso lo que denominó “Un espacio seguro y justo para la humanidad”. Se preguntaba si todas podríamos vivir dentro de una hipotética rosquilla, entre el techo planetario que marca las condiciones de habitabilidad de nuestro entorno y un suelo social irrenunciable, que es el que permite vidas dignas para todas.

El reto es lograr vidas dignas para todas y no malograr que ese espacio que nos alberga, que es Gaia, tenga un buen estado de salud para cuidar de los que nos sucederán.

Según Raworth, ese suelo social mínimamente justo y equitativo debe incluir el acceso al empleo y a un mínimo ingreso vital, a salud y sistema sanitario, educación, acceso a la vivienda, energía, seguridad y soberanía alimentaria, o igualdad de género. Todas ellas son dimensiones necesarias para garantizar a las personas vidas dignas de vivirse. Pero, además, y sobre todo, hay que garantizar que seamos capaces de mantener en condiciones adecuadas el techo ambiental, imprescindible para mantener la vida. Si no lo hacemos, no podremos subsistir en un planeta muerto. Trabajemos juntas para contarlo y hacerlo. Estamos inmersas en tiempos convulsos y el objetivo debe estar en superar el formidable reto colectivo.

Entrada publicada originalmente en Contrainformación el 18/01/2019

Gentrificación, derecho a la ciudad y sostenibilidad urbana

Con la gentrificación cambia de aspecto y desaparece el vecindario de los centros históricos de las ciudades con potencial turístico. Con el tiempo esta perturbación en la dinámica urbana se acaba extendiendo como una mancha de aceite hacia los barrios periféricos, provocando incrementos en los precios de alquiler y compra, de viviendas y locales, pudiendo acabar generando una burbuja inmobiliaria y un grave problema de acceso a viviendas dignas de los más pobres, de los jóvenes y de los ancianos.

Los vecinos se ven expulsados no sólo por la carestía que genera la gentrificación, sino también por la pérdida de equipamientos y servicios que lleva asociada, sobre todo para niños y ancianos. Esto supone una pérdida de diversidad urbana que dificulta mucho la habitabilidad y sostenibilidad de la vida de las personas que habitan los centros urbanos. El desalojo del pequeño comercio es en beneficio de grandes cadenas, que expulsan y provocan el cierre de los pequeños negocios especializados en suplir las necesidades de los que habitamos la ciudad. Se produce pues, una desorganización de las comunidades vecinales y del entramado de relaciones que sostiene y configura un espacio urbano habitable. Así que no sólo es un problema de vivienda sino también de pérdida y muerte lenta de la propia ciudad que empieza a transmutarse en un parque de ocio para visitantes itinerantes cada vez más artificioso.

 

La gentrificación es un ejemplo más del resultado injusto de aplicar los dictados de la economía capitalista globalizada a la ciudad y sus habitantes. Obedece a intereses ajenos a la comunidad residente, con efectos devastadores para las dinámicas urbanas de la ciudad. La premisa de partida es lograr el “máximo beneficio”, en este caso especulando con la vivienda, que deja de ser un derecho para convertirse en una mercancía con la que ganar dinero, compitiendo deslealmente también con modelos de alojamiento turístico reglados y mejor integrados en nuestras ciudades. Y cabe preguntarse: ¿quién maximiza beneficios? ¿quién gana y quién pierde? ¿Es posible en este capitalismo que especula con los derechos, que nadie pierda? ¿o acabaremos perdiendo todos?

No se puede confundir el proceso especulador de la gentrificación, con procesos de renovación urbana en los centros con el objetivo de sanear la ciudad, aunque suele generarse tras esta renovación auspiciada desde lo público. Sus resultados son, primero, la vivienda-mercancía y luego la ciudad-mercancía. Su fin es la explotación turística para extraer grandes plusvalías a través de la puesta en valor del entorno arquitectónico y patrimonial de la ciudad a costa de expulsar y limitar, de facto, los derechos de los ciudadanos, en su sentido etimológico.

Las grandes plusvalías que produce la gentrificación son el principal motor del proceso que suele seguir una dinámica establecida: primero se da una etapa de descapitalización y desvalorización de la zona, que permite grandes diferencias entre el valor del suelo del sector degradado y el valor potencial que por su ubicación podría tener. Una vez iniciado el proceso, el efecto de contagio se encarga de expandirlo. La rehabilitación o reconstrucción adecúa las viviendas a un estándar elevado de vida. Las viviendas son demolidas casi o en su totalidad, pero estructuralmente todavía conservan su “encanto”, falseando el patrimonio o apoyándose en el paisaje del conjunto. Que el gentrificador compre la vivienda o la alquile no supone ninguna diferencia para el proceso.

En Málaga, por ejemplo, un estudio que propició el grupo municipalista Málaga Ahorademuestra que esto ya ha ocurrido en su centro histórico con resultado devastador. La población de la almendra histórica, la zona en el interior de la antigua muralla, se ha reducido a poco menos de 5.000 habitantes, menos del 0,9 % de la población. Los residentes han sido expulsados para convertir el área en una atracción turística con bares, terrazas, hoteles, alojamientos transitorios, museos, tiendas de suvenires, etc. A lo largo de la transformación se produce un forcejeo entre la escueta comunidad de vecinos resistentes y el poder económico que acaba imponiendo su yugo.  Se va perdiendo el comercio tradicional y todo lo que era original y que mantenía la riqueza local en el territorio. En el centro de Málaga ahora sólo queda, restauración, nueva hostelería y franquicias.

Este ejemplo evidencia que, si no se regula el mercado de la vivienda, acaba ganando el mercado financiero especulador e invasivo. Cada vez más capital financiero se está dirigiendo a inversiones especulativas en el mercado inmobiliario en todas las ciudades globales. Por eso, las ciudades más afectadas están aprobando medidas dirigidas a reducir el efecto negativo de plataformas como Airbnb que actuando sobre un mercado residencial, sobre todo de alquiler, lo trasmutan en turístico. Sobran ejemplos que muestran que el mercado no se autorregula y que la falta de regulación del acceso a los bienes a los que tienen derecho los ciudadanos es injusta y genera desigualdad. Hay que blindar el derecho de acceso a la vivienda en condiciones razonables, porque los alquileres de viviendas no pueden superar los salarios mínimos. ¡No puede ser! no se puede pasar de pagar un alquiler de 400 € a 1.200, como en el caso de Pepi en Madrid cuyo desahucio se acaba de paralizar por la acción ciudadana por quinta vez.  Si no lo hacemos no habrá sostenibilidad urbana y nuestras ciudades acabarán/seguirán centrifugando a sus vecinos. Los ayuntamientos tienen que ser competentes y valientes para enfrentar esta amenaza y estar claramente del lado de los ciudadanos, no convertirse en gestores de servicios para parques de atracciones urbanos. Hay que dotar de recursos a los poderes públicos para que tengan un peso decisivo en el mercado inmobiliario local y así evitar y revertir estas situaciones, que son injustas y causan sufrimiento.

A modo de ejemplo miremos como Viena ha abordado la gentrificación. El encarecimiento del precio del suelo, que también amenaza la capital austríaca, ha llevado a los políticos locales, especialmente los ahora gobernantes —socialdemócratas y ecologistas— a mantener un precio del metro cuadrado para que la ciudad siga ofertando hogares de alquiler accesible. El nuevo reglamento u ordenanza, no es una ley contra los negocios inmobiliarios, sino contra la gran especulación. Es decir, se asume que hay que ejercer un cierto control sobre el mercado inmobiliario. Con la presencia del sector público en el área de vivienda y unas rigurosas leyes sobre el alquiler, se consigue que la gentrificación se ralentice y se controle la especulación. Es una medida puesta en marcha por Los Verdes, a los que, injustamente se les acusa de estar solo preocupados por conflictos ambientales, cuando son muy conscientes de la íntima relación que existe entre lo social y lo ambiental. La lucha por hacer posible la vida en la ciudad a precios asequibles está también claramente vinculada al cuidado del medioambiente y la explicación es clara. Cuando no hay viviendas en el mercado con precios asequibles en la ciudad, la gente se marcha a las afueras, la ciudad se extiende y dispersa, se generan ciudades dormitorios y el uso del automóvil es imprescindible.  Se potencia, en suma, un estilo de vida que no es ecológico ni sostenible; por lo que medidas como estas, en políticas de vivienda urbana hacen falta por su interés social pero también por su interés ecológico.

Las ciudades más vivibles son las compactas y diversas y por eso tenemos también que parar la gentrificación. La Nueva Agenda Urbana aprobada en Quito, plantea la urgencia de cambiar los modelos actuales de crecimiento urbano, afrontando los desafíos del cambio climático y la resiliencia. Busca promover ciudades más incluyentes, compactas y conectadas. Un dato: sólo un 13% de las ciudades del mundo gozan de vivienda asequible. Así que, hay que garantizar un derecho -el acceso a la vivienda- factor clave de la equidad y cohesión social, y también hay que limitar el crecimiento exponencial de la superficie urbanizada. La expansión física de las ciudades ha crecido varias veces más que la población que las habita y eso ha supuesto el crecimiento exponencial de las demandas de movilidad, la pérdida de suelos de alto valor agrícola, ecosistemas y paisajes. Además, sigue en aumento el porcentaje de la población mundial que vive en ciudades.

 

Así que, como conclusión: es imprescindible resistir a los fenómenos gentrificadores excluyentes y para eso tanto los ciudadanos como los poderes institucionales debemos estar alerta y actuar. Los ciudadanos deben pelear por el derecho a la vivienda y por espacios de participación real que nos permitan intervenir de forma efectiva en el desarrollo de la ciudad que queremos. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) es un buen ejemplo de un activismo comprometido y efectivo de lo primero y la lucha de la plataforma de un Bosque Urbano para Málaga (BUM) de lo segundo.

Los poderes y gestores públicos deben garantizar la identidad y calidad de la ciudad como espacio público compartido a través de políticas de planificación y diseño urbano en el que la participación de vecinas sea determinante, educándonos y empoderándonos. La promoción e incremento de parques públicos de viviendas de alquiler es imprescindible y estos deben ser intransferible a fondos buitres.

Hace falta mucha energía social y aportación crítica para conformar una nueva política en materia de vivienda y ciudad. Y esa energía volcarla en la necesaria transición hacia modelos urbanos más sostenibles y menos vulnerables ante la crisis social, financiera, energética y climática.

‘Economía rosquilla’: entre una base social igualitaria y un techo ecológico

 La prestigiosa economista Kate Raworth reclama,  frente al ultra-capitalismo, un espacio entre el techo planetario que marca las condiciones de habitabilidad de nuestro entorno y un suelo social verdaderamente democrático, participativo e igualitario.

 

Cada año el Día de la sobrecapacidad de la Tierra, es decir el día en que nuestro planeta entra en números rojos, se adelanta; el consumo ininterrumpido está provocando un agotamiento de los recursos por encima de su capacidad de renovación natural, lo que convierte el actual modelo económico en insostenible. Por eso, necesitamos un espacio seguro, no azaroso, y justo, en términos éticos, para la Humanidad. Y ese esfuerzo para lograr un espacio seguro y justo debería verse reflejado en un contrato social con cada una de nosotras.

Como sociedad tenemos que enfrentarnos a situaciones difíciles, como el deterioro progresivo y, a veces brusco, de recursos vitales como el aire, el agua o el suelo, que son bienes comunes a los que cada habitante debe tener derecho. También deberemos abordar situaciones de abuso y vulneración como desahucios injustos, falta de vivienda pública, gentrificación, turistificación, deterioro de las condiciones de vida de muchos colectivos, trato vejatorio a las minorías y a los migrantes… Todas ellas son situaciones sangrantes a las que hacer frente para buscarles solución.

La pretensión debiera ser construir el bien común; implementar medidas, marcos normativos, políticas, que hagan más probable traer a la vida de las personas ese espacio seguro y justo. Sin embargo, este objetivo hace tiempo que parece haberse desvirtuado y sacrificado, en el altar del sistema capitalista en que estamos inmersas.

Hay que lograr vidas dignas ahora, y dentro de 50 años; y eso supone que las políticas públicas deben definirse más allá de los cuatro años de una legislatura. La prestigiosa economista Kate Raworth reflexiona sobre ello en Un espacio seguro y justo para la humanidad, donde se preguntaba si todas podríamos vivir dentro de un hipotético donut, entre el techo planetario que marca las condiciones de habitabilidad de nuestro entorno y un suelo social, que es el que permite una vida mínimamente digna.

Y hay muchas personas que han perdido pie o, peor aún, nunca han tenido un suelo social digno que pisar. Somos más pobres ahora que hace 5 años y la desigualdad ha crecido de manera alarmante. Tenemos una crisis de refugiados climáticos y sociales a nivel global; somos la frontera sur de Europa y, todos los días, centenares de personas se tiran al mar Mediterráneo en busca de un futuro en un norte enriquecido, del que formamos parte. Al otro lado del Atlántico, hay miles de hondureños que huyen hacia Estados Unidos, en busca de una vida digna, y el presidente Trump los va a recibir con el ejército. El reto es lograr vidas dignas para todas y no malograr ese espacio que nos alberga.

Según Raworth, ese suelo social mínimamente justo y equitativo debe incluir el acceso al empleo y a un mínimo ingreso vital, a salud y sistema sanitario, educación, acceso a la vivienda, energía, seguridad y soberanía alimentaria, o igualdad de género. Todas ellas son dimensiones necesarias para garantizar a las personas vidas dignas de vivirse. Además, hay que garantizar que seamos capaces de mantener en condiciones adecuadas el techo ambiental, imprescindible para mantener la vida.

Por tanto, el límite físico es la Tierra, nuestro planeta, algo que debemos cuidar y respetar por nuestro propio bienestar. Ese equilibrio que hace posible que tengamos vidas dignas está en peligro en muchos lugares, y sobre eso existe consenso en la comunidad científica, no es una afirmación gratuita que pretenda asustar.

Lo que amenaza este funcionamiento es el crecimiento económico sin límite, que no respeta la vida, que genera desigualdad, contaminación, basura e ingentes cantidades de plásticos, que se acumulan a escala planetaria. Cuidar el planeta es la mejor forma de cuidar a las personas que nos sucederán, a nuestros hijos y nietos, y es ahora cuando debemos actuar.

Carmen Molina Cañadas

 

Artículo publicado originalmente en El Asombrario el pasado 30/11/2018.

¿Infraestructuras de transporte al gusto neoliberal?

No son opción de futuro

Anda pidiendo el Grupo Popular en el Parlamento andaluz una especie de Revisión o Evaluación para adecuar el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA 2020) a las futuras previsiones presupuestarias a que pudieran dar lugar un nuevo modelo de financiación autonómica de la que se beneficiase Andalucía, para que se puedan concretar así inversiones que deban exigírsele al Gobierno y que hasta ahora eran reclamadas por el gobierno andaluz al Estado. Aceptando tal planteamiento inicial, no puedo por menos de hacerlo, en el sentido de evaluar si todas las infraestructuras propuestas en el Plan (que data de 2014 y era una revisión del anterior) siguen realmente teniendo vigencia o no. Si son pertinentes en la situación actual o si hay que revisar el modelo para adecuarlo a una realidad que nos habla de prioridades bien distintas.

Discrepo con el PP porque hay que redimensionar a la baja muchas de las infraestructuras viarias que se vienen planteando. Unidos Podemos propuso en el Congreso una moratoria para nuevas líneas de AVE, aumentar la inversión en Cercanías y Media Distancia y realizar de forma inmediata una auditoría pública e independiente de todas las líneas de alta velocidad para depurar la legitimidad de toda la deuda, sobrecostes y despilfarros.

Y es que el AVE, no garantiza el derecho a la movilidad, rompe la cohesión territorial y ha ocasionado la pérdida de paradas en cientos de pueblos. Motivos suficientes para reevaluar.

Sabemos a estas alturas, que la inversión en alta velocidad supone un 70 % del presupuesto ferroviario a pesar de que son 23.000 los usuarios que la utilizan diariamente, frente a los 2 millones de personas que usan cada día Cercanías y Media Distancia. Son datos a nivel estatal. ¿No es suficiente motivo para revisar nuestro Plan Andaluz?

Siendo España el 2º país del mundo con más km de AVE solo por detrás de China, me parece sorprendente que, sin embargo, no se haya sido capaz de mantener mínimamente en condiciones óptimas los servicios de media distancia, regionales y de cercanías que son necesarios para garantizar la movilidad de mayor número de usuarios que a los que da servicio el AVE.

Hasta un 57 % del “despilfarro” de la Administración Central, según la Asociación Española de Geógrafos, se debe a la inversión en líneas de Alta Velocidad Ferroviaria. Es decir, y por ser muy clara, la opción más viable y rentable socialmente, radica en reorientar la inversión hacia la modernización de las líneas convencionales y convertir el ferrocarril en una alternativa competitiva en tiempo y coste, no solo frente al AVE, sino también frente al transporte por carretera.

Los servicios de transporte ferroviario, que vertebraron a la Andalucía rural, y que permitiría a nuestras empresas distribuir sus mercancías mediante una adecuada red de ferrocarril, están hoy abandonados. ¿Por qué no invertir en su recuperación, mejor que en ampliar la red de autovías?

 

En el mismo sentido que con las líneas ferroviarias que se vienen perdiendo desde los años 80 del siglo pasado sería más que conveniente, una auditoría pública e independiente de las autovías construidas o a medio construir, porque el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ya publicó que se habían construido carreteras mayores de lo debido y con cálculos de tráfico irreales. Hemos construido muchas autovías sin atender a la previsión de utilización, rentabilidad y costes de mantenimiento. Muchas de las obras ni siquiera se acercan a la densidad de tráfico mínima necesaria para plantear un desdoblamiento (10.000 vehículos/día). El tramo entre La Herradura y Almuñécar marcó el mayor coste/km y tráfico de todos los proyectos revisados, con tráfico un 50% inferior al esperado. Tengamos en cuenta que, el coste medio de construcción de una autovía supera los 6 millones €/km. La administración andaluza debería pensarlo cuando propone construir más, y pensemos en su mantenimiento posterior.

 

Hay una autovía propuesta, por ejemplo, en la cuenca minera onubense, que adolecería de ese defecto: previsión de uso no ajustado a la realidad, rentabilidad económica y social sobreestimada, mantenimiento posterior sin considerar siquiera. ¿Qué media de tráfico diario se puede estimar? ¿Cómo justificamos su necesidad? Habiendo como hay, necesidades perentorias en otros capítulos, por ejemplo, Sanidad o Educación, claramente deficitarios, ¿cómo justificar inversiones millonarias en una infraestructura no solo prescindible, sino que sería lesiva para el mantenimiento del territorio serrano onubense? Mejor en todo caso recuperar las líneas ferroviarias que se usaron en el desarrollo minero de esas comarcas. O la pretensión de trazar una autovía entre Cádiz y Huelva que atraviese el emblemático patrimonio de la Humanidad que es Doñana.

Otro ejemplo más: la autovía A-308 entre Iznalloz y Darro, ejemplo de colaboración público-privada, tan “apreciada” por las grandes empresas constructoras, y tan amparada por algunos políticos con responsabilidad de gestión, trazaba una costosa alternativa a la A-92 y al Puerto de la Mora. Durante el cogobierno con IU se paralizó, y de momento nos ahorramos sobrecostes y destrozos. La Ronda este que se plantea para Granada, destrozaría la Vega, por lo que, se debería considerar su pertinencia o no. En Almería, mejor que un tercer carril en la autovía entre el Parador y Viator; sería oportuno considerar la alternativa de un ferrocarril de cercanías en el Poniente, que podría descongestionar en más de la mitad el tráfico rodado de turismos que actualmente circula por dicho tramo.

Insisto, el modelo presentado en el PISTA, ofreciendo una declaración de intenciones impecable, es en cuanto a propuestas concretas, un modelo insostenible, el de seguir construyendo más autovías. Los compromisos en materia de transporte adquiridos por la Junta y que les reclaman continuamente, precisan evaluación para ajustarlos a las necesidades actuales. Y la realidad es que hay que redimensionar. Y considerar además los gastos de mantenimiento de dicha red. Porque la afirmación de que construir autovías sirve como motor económico, como instrumento para generar economía, simplemente no es cierta.

Una adecuada planificación de la movilidad sí que posibilitará mejoras económicas y sociales.  Por ello, el objetivo podría ser, por poner un ejemplo, atender la demanda de transporte en tren para todos los municipios con más de 20.000 habitantes para el año 2030. ¡Ese sí sería un buen Plan! con más beneficios sociales, puesto que facilitaría la movilidad de localidades que han quedado aisladas de comunicación ferroviaria y que ven pasar el AVE de largo por sus estaciones.

Todo ello dando el necesario impulso también a la intermodalidad de la bicicleta y el tren. Porque los compromisos adquiridos por el gobierno andaluz con el Plan Andaluz de la Bicicleta (PAB), parecen definitivamente olvidados, y estaban en el Plan con una generosa financiación que no ha tenido reflejo posterior ni ejecución, por no haber interés político en su cumplimiento.

El futuro nos demandará sobre estas cuestiones y buscando precisamente un futuro deseable y asumible para todas, se deberían estar planteando recortes en proyectos de autovías, y redistribuirlos en otros servicios más necesarios, como el reacondicionamiento de carreteras ya existentes, o la modernización del transporte colectivo y de mercancías, o en el ferrocarril convencional, que solventa la movilidad de manera más eficiente y limita las emisiones difusas.

Las infraestructuras por sí mismas no generan riqueza, el beneficio está en su uso: una autopista vacía, solo sirve para dilapidar recursos públicos. Por lo que el coste de la mala planificación obliga a rescates que después se socializan. A estas alturas todas sabemos que se han construido muchas autovías sin atender a la previsión de utilización, rentabilidad y costes de mantenimiento. ¿Cuál es entonces el interés en seguir construyendo más y más autovías?, teniendo la situación que tiene Andalucía, de graves déficits presupuestarios en otros ámbitos, ámbitos que sí mejorarían la vida y la movilidad de las andaluzas, ¿cómo justificar seguir construyendo autovías?

Hay una tremenda carencia de planificación en materia de transporte para el interés común y para promover una movilidad sostenible. Animo a quien tiene potestad para cambiar la tendencia, a que lo haga.