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EL AGUA, ESE CAPITAL IRREEMPLAZABLE

El agua es un patrimonio natural y un recurso estratégico del que dependen las actividades productivas, la calidad de vida de todos y la supervivencia de ecosistemas de gran valor ecológico.

La procedencia del agua que gastamos tiene 3 orígenes distintos: superficial, subterráneo o de reutilización. Los porcentajes de uso deberían ser mayores en aguas reutilizadas, invirtiendo en la mejora de depuración y saneamiento de las masas de agua para ser reaprovechadas, lo que conllevaría el consiguiente ahorro de las masas subterráneas y superficiales.

El futuro del recurso debe pasar por una gestión sostenible e integral, como así se establece en la Directiva Marco de Aguas (DMA), considerando un mayor control en la demanda o limitando la oferta que hasta ahora se ha gestionado como si fuese infinita.

En los últimos tiempos se ha hecho evidente la merma de recursos hídricos disponibles en España por los efectos del cambio climático, y una creciente actividad extractiva que no respeta en muchas ocasiones la capacidad de carga de los acuíferos, ni la disponibilidad de agua de las distintas cuencas hidrográficas, lo que ha suscitado grandes controversias entre comunidades y comarcas cedentes y receptoras. El estrés hídrico que padecemos es de los mayores de la Unión Europea y pone en evidencia los desequilibrios entre disponibilidades reales y consumos de agua. Esta situación se aborda con trasvases que deberían ser medidas excepcionales para suplir necesidades urgentes y puntuales, nunca la norma. La norma debe establecer políticas de gestión de las demandas eficaces para mejorar la gobernanza en las cuencas y no tener que recurrir a medidas de trasvases. Y es que no se puede hacer política de aguas únicamente en función del uso económico. Esto provoca agresiones a los ecosistemas fluviales, tanto a los cedentes como a los receptores. Desde el punto de vista social su simple planteamiento desencadena enfrentamientos entre unas comarcas y otras, de forma que lejos de la pretendida vertebración en torno a lazos de dependencia y solidaridad hidrológicos son motivo de enfrentamiento.

La mala gestión que se arrastra de un recurso tan básico como el agua, acarrea no solo conflictos sociales o ambientales, sino también jurídicos y políticos que van en aumento. Hay que abordar la problemática del uso y gestión con la responsabilidad que se merece, recuperando e intentando conservar el buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos y de ribera, que son los que mejor se encargan de absorber y amortiguar los problemas de eutrofización o aumento de los niveles de salinidad de nuestras aguas, los impactos del cambio climático y que mejoran la calidad de las masas de agua tanto superficiales como subterráneas si se aborda con seriedad y sin trampas su restauración. Porque el ecosistema fluvial depende del régimen de caudales y de la calidad de sus aguas y su buen funcionamiento repercutirá en la disponibilidad que tengamos de agua.

La combinación de la reducción de las precipitaciones y, muy especialmente, las subidas de las temperaturas han generado una reducción media del volumen de agua que va a parar a los cauces de más del 20% en tan sólo 25 años. Si además consideramos que la actividad agrícola supone mas del 80% del agua consumida en España (y aumentando), para poder recuperar un cierto equilibrio hídrico sería necesario aceptar el hecho de que este recurso es limitante en nuestro país lo que requiere que definamos la superficie regada que podemos tener y mantener, sin poner en riesgo la propia actividad en el futuro y sin afectar negativamente otros usos, como ya está ocurriendo.  Por tanto, es imprescindible incrementar la eficiencia en el uso del agua en agricultura, limitando pérdidas y fomentando manejos que sean conservativos. Pero también hay que decir NO a nuevos incrementos de superficies. Algunos expertos consideran que ya hemos superado en algo mas del 20% la extracción asumible.

La concesión de derechos de explotación de aguas subterráneas, bien para regadío, bien para la instalación de plantas embotelladoras, u otros usos como los relacionados con la presión urbanística o las actividades turísticas, al socavar en no pocas ocasiones el suministro mas básico a las poblaciones, debe ser escrupulosamente supervisado y controlado. Será fundamental acometer medidas de ahorro, búsqueda de soluciones menos consumidoras de agua y el cierre del ciclo del agua de forma eficiente, depurando y recirculando.

Para que sea posible un Acuerdo sobre la gestión del Agua en España hay que conjugar intereses de todos los implicados, y en el caso del agua lo somos todos, porque es un recurso básico para la vida. Desde sectores como las comunidades de regantes, la industria o los entes que en los municipios gestionan el suministro, hasta las confederaciones hidrológicas, centros de investigación o todas nosotras como ciudadanas y usuarias. Hay que garantizar un suministro de agua siendo escrupulosos para que su conservación también esté garantizada. Si se sigue gestionando como hasta ahora eso será difícil de conseguir a pesar de que sabemos que el agua es un bien escaso en nuestras latitudes. Y cada vez mas por dos motivos principales:

1) el consumo no deja de aumentar porque los sectores que tiran de nuestra economía, -agricultura y turismo-, son terriblemente sedientos.

2) los efectos del cambio climático incluyen una disminución del agua disponible por disminución de las precipitaciones y evapotranspiración mayor por causa del aumento de temperaturas.

Así que es insostenible mantener la explotación actual, no adaptada a la reducción del régimen natural en las últimas décadas y sin medidas en los Planes Hidrológicos que aporten soluciones mas allá de trasvases urgentes cuando toca. Se condena a los ríos a una situación de degradación permanente por falta o inexistencia de caudales ecológicos.

Un aspecto esencial que hay que abordar con sensatez es el relativo a los cultivos, su extensión e intensificación. Estos se tienen necesariamente que adaptar a los escenarios previsibles futuros, cuando haya que adoptar cultivos menos consumidores de agua y disminuir su extensión. Todo ello además de alcanzar un buen estado en las masas de agua que han estado sometidas a desmedidas tasas de contaminación por nitratos y otros compuestos.

Por todo esto, la política hidrológica debería plantear como eje, la gestión ecológica de la demanda y no el aumento de la oferta; una política planificada desde las disponibilidades hídricas y los condicionantes ambientales, que contemplen objetivos como la supresión de regadíos subvencionados para cultivos insostenibles; prevalencia de la conservación de ecosistemas acuáticos; eficiencia en la utilización del recurso; garantizar la calidad del agua y proteger adecuadamente el dominio público hidráulico; liberar las llanuras de inundación del urbanismo ilegal; eliminar la sobreexplotación de las aguas subterráneas; proteger las zonas húmedas; completar la depuración de aguas residuales; establecer la recuperación de costes para todos los usuarios; etc., solo así se garantizará una gestión eficaz y eficiente.

Aunque ya sabemos todas lo difícil que será lograr todo esto y lograr ese Acuerdo de Gestión del AGUA que es inaplazable en nuestro país.

Artículo publicado en el blog de PÚBLICO «Ecologismo de Emergencia» el 8 de Julio de 2020

Agua, Agricultura y el valor de lo irreemplazable

La especialización del sector primario está muy ligado al recurso agua. También al recurso suelo y al recurso fitogenético o de agro-biodiversidad. Y los tres, siendo fundamentales para garantizar la Soberanía Alimentaria de las poblaciones y los territorios, se encuentran, cada día en mayor riesgo.

Sirva de ejemplo el caso del Olivar en Superintensivo que ha sido utilizado por los fondos de inversión internacionales para extraer rentas del mismo. El Estado español sigue siendo el mayor productor de aceite del mundo, con miles de hectáreas dedicadas al monocultivo del olivar. En Andalucía, por ejemplo, ocupan dos terceras partes de su tierra cultivada. En los últimos años, la expansión y la industrialización del olivar van de la mano de nuevos sistemas de cultivo, en los que el olivo se planta a modo de seto, con una densidad mucho mayor y mecanizando buena parte de las tareas, lo que desplaza mano de obra. Se trata de una progresión en la que un cultivo de secano se ha ido transformado en un cultivo de regadío, con un uso importante de fertilizantes y agroquímicos que alteran la fertilidad del suelo y disminuyen la biodiversidad. En realidad, como dice el profesor Manuel Delgado Cabeza, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, hoy en día «el olivar funciona al servicio de los intereses del capital global, que en el territorio andaluz cuenta con una gran plataforma agroexportadora de la que extraer beneficios, trasladando los costes hacia el primer eslabón de la cadena, poniendo en jaque la sostenibilidad social y medioambiental de las zonas productoras».

Para mayor gravedad, normalmente los cultivos que se implantan son en régimen superintensivo, mucho más rentables para las empresas porque reducen costes de recolección, pero más agresivos con el medio. En el caso de los olivos, se implantan los llamados cultivos en seto, que permiten plantar entre 1.500 y 2.500 plantas por hectárea, con un consumo de agua de alrededor de 5.000 m3/ha/año. Esto supone un aumento espectacular de densidad, no ya del olivar tradicional, normalmente de secano, en el que hay entre 80 y 120 plantas por hectárea, sino del intensivo, con entre 250 y 400 plantas por hectárea y un consumo de agua que la Junta de Andalucía estima en 2.500 m3/ha/año (datos de 2017).

A pesar del elevado consumo de agua, los cultivos en seto mantienen a la planta en un estrés hídrico constante para evitar que crezca demasiado y pueda manejarse la plantación de forma totalmente mecanizada. Se trata de un cultivo que apenas necesita mano de obra y con un ciclo de vida de en torno a los quince años; pasado este tiempo, los olivos se arrancan para volver a comenzar. Y así hasta el agotamiento total de fuentes de agua, dejando suelos desertizados y ausencia de cobertura vegetal. Se aplican abonos de síntesis y herbicidas que alteran la fertilidad y la estructura del suelo, generando importantes problemas de contaminación hídrica y erosión.

Y un último problema, no menor, la gran cantidad de muertes de aves, sobre la cual la Junta de Andalucía ha dictado una resolución a principios de este mes de octubre que suspende cautelarmente y de forma temporal la recogida nocturna de la aceituna en olivares superintensivos mediante cosechadoras cabalgantes mientras elabora el IFAPA (Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía) estudios que permitan conocer la biología y ecología del sistema del olivar en seto y las aves que lo habitan, así como los posibles efectos que la recolección nocturna mecanizada pudieran tener sobre las aves migratorias. En realidad, no hacen falta muchos estudios para corroborar que se produce una muy alta mortandad de aves migratorias, como así denunció Ecologistas en Acción en Córdoba.

Aunque la rentabilidad sea bastante alta, la inversión necesaria para llevar a cabo una plantación en superintensivo también lo es; no está al alcance de cualquiera. Son grandes empresas y terratenientes los que disponen del capital necesario para hacer frente a esta trasformación. Estas inversiones se están haciendo sin tener en cuenta factores que las limitan, como el agua disponible, por lo que pueden tener problemas de viabilidad. El mercado, sin embargo, no es limitante porque al ser más rentables que las fincas tradicionales o las más pequeñas, suelen tener menos costes de producción. Esto tiene el riesgo de dejar fuera del mercado a las personas agricultoras de toda la vida, pues además de quedarse con su mercado se quedan progresivamente con su agua. En el mejor de los casos, acabarán convertidas en asalariadas de las grandes empresas, fenómeno que ya se está produciendo en zonas como Murcia y País Valencià.

Nos encontramos pues, en la deriva del modelo agrícola agroexportador, ante un problema bastante generalizado y peligroso que nadie se atreve a solucionar: las cifras de las concesiones y los derechos de agua son muy superiores a la disponibilidad. Además de otros problemas ya esbozados.

En nuestro país, el agua es un bien público, por lo que es la Administración quien debe otorgar una concesión para poder usarla. Y la Administración, inexplicablemente, ha dado más concesiones que recursos existen. Esto se agrava por la gran cantidad de sondeos, captaciones ilegales y pozos reprofundizados que extraen un volumen más alto del autorizado, además de todo un cúmulo de irregularidades que apenas se controlan. En Andalucía, la Junta no ha inspeccionado las macrofincas de olivos en el sudeste mas seco de la comunidad, hasta que la situación se hizo prácticamente insostenible y ocasionó un movimiento social que exigía soluciones.

Las personas que viven de la agricultura a pequeña escala, ante la pérdida de rentabilidad de sus explotaciones tradicionales, se verán obligadas a vender sus terrenos a empresas más grandes que puedan hacer frente a los costes iniciales, con el impacto social que esto tiene al incrementar las desigualdades, acabar con el tejido agrario tradicional, aumentar el despoblamiento, etc. Y la factura ambiental nunca contabilizada, que se pagará en un futuro cada vez mas cercano, cuando se haya acabado con los agrosistemas tradicionales.

Es decir, al ritmo de explotación actual, sin detener los modelos agrarios intensivos, muchos de los acuíferos en nuestros territorios, se agotarán irremediablemente, condenando a quienes habitan la zona. Y ¿todavía hay quien duda cuáles son los problemas reales a que se enfrenta la #EspañaVaciada?

Artículo publicado en Ecologismo de Emergencia el 3 de noviembre 2019

Es necesario acabar ya con la enorme cantidad de pozos ilegales

Recientes y desagraciados acontecimientos han puesto tristemente en evidencia la conocida y muchas veces denunciada realidad de los pozos ilegales en nuestro país.Unos pozos ilegales que muestran la mala gestión realizada durante bastantes años en relación al uso de un recurso tan básico como el agua, y que acarrea conflictos sociales, ambientales, jurídicos y políticos que ya son insostenibles. Es hora de abordar la problemática del uso y gestión con la responsabilidad que se merece. Existe una gran cantidad de pozos ilegales que taladran todo el mapa peninsular y hay una evidente falta de medidas de control que eviten la dramática situación que viven algunos ecosistemas como valiosos humedales y algunas cuencas.

En la actualidad, son muchos los acuíferos que se encuentran catalogados como masas de agua subterráneas en mal estado en los Planes Hidrológicos. A esto se unen la desertificación que avanza y sequías agudizadas por falta de gestión y previsión. Esto lleva a que las perforaciones y extracciones ilegales, e incluso las legales sobredimensionadas, hace tiempo que persistan por encima de los valores de recarga natural. Porque la insostenibilidad no solo viene de los pozos ilegales, sino también de permisos de extracción concedidos por la Administración que se sobredimensionan más allá de la lógica.

Los porcentajes de consumo de agua por sectores evidencian que es el sector agrícola de regadío, el que consume la mayor cantidad de este recurso (alrededor del 87% en la mayoría de los casos). El cambio en los usos del suelo y la intensificación de la actividad agrícola de exportación han generado una grave situación que comienza a ser una amenaza, no solo para el territorio, sino también para la población que lo habita y el suministro de agua a algunas poblaciones. Casi todas las cuencas tienen un exceso de extracciones respecto a los recursos disponibles, pero, sin embargo, los regadíos han seguido incrementándose y esto no se puede mantener por más tiempo.

La realidad nos dice que estamos exportando agua desde la Europa más seca hacia la más húmeda. ¿Hay despropósito mayor? También nos está diciendo que el estrés hídrico que padecemos es de los mayores de la Unión Europea, solo por detrás de pequeñas naciones insulares como Chipre y Malta. Una de las razones es el cultivo superintensivo de plantas tradicionalmente de secano como son los olivos, que se está extendiendo por todo el mundo y también en España. Son muchas las preocupaciones que genera esta modalidad productiva. A los recientemente denunciados métodos de cosechar mecanizados, que, al no parar durante la noche, están acabando con millares de aves en estos campos, se une una gran preocupación por la enorme cantidad de agua que consumen.

Para mantener estas modalidades de cultivo que, siendo tradicionalmente de secano, se reconvierten a regadío para incrementar la productividad, se sigue pidiendo, o más bien, exigiendo, más agua y más infraestructuras hidráulicas, en lugar de mesura en su gestión. Es hora de cuidar un bien tan imprescindible como es el agua para poder garantizar su uso hoy y en el futuro. Porque la demanda actual ya supera con creces la disponibilidad que se puede cubrir en el presente, así que seguir insistiendo en aumentar regadíos es sencillamente proponer el suicidio de comarcas enteras.

Además, es necesario tomar medidas ya para clausurar pozos que llevan demasiado tiempo extrayendo ilegalmente. Mientras no se adopten medidas seguirán proliferando, como lo han hecho hasta ahora por todo el territorio, con la consecuente pérdida de los ecosistemas que dependen del agua. Y de los que a su vez dependemos nosotras y nuestro bienestar, si es que solo se quisiera ver desde un punto de vista egoísta.

Recientemente, la Unión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia Europeo por el impacto de la extracción ilegal de agua en Doñana. Pero esto no solo es necesario en el espacio protegido y Patrimonio de la Humanidad en peligro que es este parque nacional.

Sabemos que es muy urgente llevar a cabo una restauración integral de las marismas de Doñana y del Guadalquivir para dar respuesta a uno de los principales retos que tiene el espacio natural si se quiere garantizar su futuro. Ciertamente es básico que se recuperen los aportes hídricos de las cuencas que vierten a Doñana y que se haga un deslinde del dominio público hidráulico. Se necesita una restauración hídrica de las marismas. Y clausurar pozos y dejar de extraer por encima de la capacidad de recarga del acuífero.

Tengamos en cuenta la situación de vulnerabilidad frente al cambio climático. Todos los pozos ilegales contribuyen muy negativamente a agravar el estrés hídrico que sufren algunos territorios. Es un problema de gran envergadura y el lobby de las comunidades de regantes presiona en gran medida para mantener unas extracciones insostenibles, de tal manera que no se vea afectada la productividad de sus explotaciones.

El agua no es solo imprescindible, es un derecho, y debemos gestionarlo no solo para nuestro presente, sino para el futuro de los que vendrán.

 

Entrada publicada originalmente el 24 de febrero de 2019 en El Asombrario & Co.

La paradoja de Jevons y el futuro de la agricultura andaluza

Asume la Administración andaluza que la especialización del sector primario en nuestra comunidad está muy ligado al recurso agua. Ciertamente es así. Por eso la necesidad de ser rigurosos y revertir la sobreexplotación del recurso, de los acuíferos, manantiales, humedales y ríos. Casi todas las cuencas tienen un exceso de extracciones respecto a los recursos disponibles, pero se han seguido incrementando los regadíos y esto no se puede mantener por más tiempo.

En ninguna región de Europa están usando de forma menos inteligente sus recursos hídricos.  Y es que el problema del agua en España no es un problema de escasez, sino de mala gestión y de falsas promesas. Y la realidad nos dice que estamos exportando agua desde la Europa más seca hacia la más húmeda. ¿Hay despropósito mayor?

Se pone de excusa el cambio climático como causante del deterioro. Pues bien, el diagnóstico de la Consejería de Agricultura andaluza es incorrecto. No es “la presencia creciente del cambio climático” la causante de los déficits hídricos que padecen estructuralmente los cinco sistemas de la Cuencas Mediterráneas Andaluzas, sino una mala gestión y el incumplimiento de las planificaciones hídricas vigentes.

Y sabiendo esto, los partidos que gobiernan, tanto en Andalucía como en el Estado, siguen pidiendo más agua y más infraestructuras hidráulicas, en lugar de mesura en su gestión. Plantean desde el partido que sostiene el Gobierno andaluz seguir ampliando los regadíos ya que se ha incrementado mucho la eficiencia en el uso del agua y por eso hay que dar… ¡Más agua! Esa es la mejor manera de acabar con la sostenibilidad y con el recurso. Y es que la sostenibilidad es un término que desgraciadamente ya se ha desvirtuado como para no remitir a la idea original de mantener los recursos para su uso hoy y en el futuro.

Cabría aplicar la paradoja de Jevons en este tema, que advierte de que, a medida que el perfeccionamiento tecnológico aumenta la eficiencia con la que se usa un recurso, es más probable un aumento del consumo de dicho recurso que una disminución. En este caso ese recurso es el agua y ésta es imprescindible para la vida, luego su buena gestión es básica. La demanda actual ya supera con creces la disponibilidad que se puede cubrir en el presente, así que seguir insistiendo en aumentar regadíos es sencillamente proponer el suicidio de comarcas enteras.

Los recursos renovables no se pueden gestionar como si fueran ilimitados. Una gestión sostenible implica que la actividad sea viable ahora y en el futuro. Y se propone caminar hacia la insostenibilidad.

Del total de agua disponible a nivel global, más del 80 %, se consume en la Agricultura, -y en el caso del Levante almeriense o de los subtropicales en la costa granadina o la Axarquía malagueña llega al 84-87%-. El agua para consumo urbano no llega al 10%, por lo que la panacea que a veces se ha sugerido de usar las aguas regeneradas no vale si la pretensión es aumentar los regadíos. El agua que proviene del tratamiento terciario de las aguas urbanas mejoraría, en todo caso, el suministro de agua a los regadíos que ya hay, pero no da para aumentarlos. Y en la actualidad tenemos más regadíos de los que puede soportar nuestro sistema hídrico. Así que es un verdadero disparate plantear su aumento. Hay que tener claro que el agua regenerada y los avances en las conducciones que mejoren la situación no suponen un gran volumen y no pueden dar lugar a incrementos de superficie de riego sino a asegurar el riego de lo que ya existe. Quizá por ello se haya planteado con mas entusiasmo el uso de agua desalada y la subvención de esta desalación y de la energía necesaria para trasladarla hasta los lugares donde se deba usar. O sea, están planteando subvencionar el uso de agua para la agricultura, mientras se esquilma el agua que debe cubrir las necesidades de las poblaciones, donde, en muchos casos se acaba recurriendo al uso de cubas para garantizarlo. Hay pueblos, en zonas donde se quiere aumentar el regadío, que están en serio riesgo por falta de agua. Y pretenden que se invierta en subvencionar el abusivo consumo que les pone en riesgo.

Se presumía con cierta lógica que el agua de las desaladoras no se emplearía para la agricultura por su alto precio. Sin embargo, las desaladoras españolas han funcionado y proporcionado agua para los cultivos agrícolas en el sureste de España cuando apretaba la sequía del pasado año.

Será un paso importante el que se dé, cuando los responsables de la Administración sean conscientes de que es preciso gestionar la demanda y dejar de aumentar la oferta. Lleva mucho tiempo el Gobierno andaluz haciendo la vista gorda a las extracciones ilegales y promoviendo aumentos de oferta ilusorios, en lugar de gestionar adecuadamente la demanda.

El objetivo de conseguir un sector agrícola sostenible y con futuro se desdibuja al plantear como solución a la escasez subvencionar la desalación y el coste de la energía necesaria para el transporte del agua desalada para dedicarla a seguir incrementando la superficie regada en comarcas con índices de aridez de 0,3 e incluso inferiores.

Un incremento del regadío en zonas con balances hídricos estructuralmente negativos desde hace decenios y que serán aún más negativos en el futuro próximo es un grave error. Supone socializar los costes de producción de una actividad privada e insostenible en una zona donde el abastecimiento urbano actual ya no está asegurado en todas las poblaciones por la apropiación del recurso para uso agrícola, lo que contraviene la normativa aplicable.

El despropósito que denuncio aquí llega al disparate cuando se habla de la “coyunturalidad” de las condiciones climatológicas para poder aplicar la Ley de Sequía de forma permanente. Es decir, que se aplique la misma en condiciones de normalidad.

Haciendo unos cálculos aproximados sobre el coste de desalación y transporte hacia las explotaciones, se pone fácilmente en evidencia que si el coste por m3 sube por encima de 1 € es insostenible económicamente tal consumo de agua desalada. Eso sin entrar en la insostenibilidad ambiental, que también es muy alta. Parece, sin embargo, que el PSOE De Andalucía ha hallado la manera de soslayar esa insostenibilidad: subvencionar la actividad cargándolo sobre las espaldas de todos los andaluces.

No cabe mayor desatino.

Artículo publicado originalmente en Andalucía Información el 01/05/2018.

Agua, fuente de vida… y de conflictos

El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza ha dictado y publicado sentencia contra la sobreexplotación del acuífero Aguas y el expolio de tierras y recursos hídricos en el río Aguas (Almería). Aunque no es una sentencia vinculante, sí ayuda a que la dramática situación de la comarca llegue el Parlamento Europeo a través de la denuncia de las asociaciones y localidades afectadas. Este tribunal trata casos de violaciones cometidas contra los derechos de la Naturaleza en Europa. El expolio del Acuífero Aguas ha sido el único caso español llevado ante dicho Tribunal. Y un aspecto que ha tenido en cuenta el tribunal, y aspecto relevante, es considerar la vulneración de derechos de las generaciones futuras.

Detener la extracción de aguas subterráneas y permitir que los ecosistemas se recuperen es una reivindicación básica. Y por eso, allá por el mes de febrero de este año presentaba una propuesta en el Parlamento andaluz, trabajada con la Plataforma en Defensa del Río Aguas y la recién creada en ese momento plataforma que aglutinaba a todas las de la provincia, Acuíferos Vivos, para que, conocida la situación del acuífero, se tomaran medidas que evitaran el grave deterioro que se cernía sobre la comarca regada por los manantiales del río Aguas. Siguen haciendo falta medidas urgentes para frenar y revertir el ecocidio, porque, como queda reflejado en la sentencia, «el agua no tiene precio: las sociedades que sacrifican las fuentes de agua por dinero pagarán un precio terrible”.

 La provincia de Almería, la región más árida de Europa, exporta grandes cantidades de agua virtual en forma de producción hortofrutícola o aceite de oliva, hacia regiones húmedas del centro y el norte de Europa. Siendo esto así, y siendo conscientes de lo que ello supone, seguir aceptando la existencia de miles de hectáreas de olivar en régimen superintensivo es una necedad. Supone una incoherencia ecológica que compromete el futuro socioeconómico del maltratado sureste peninsular. Todos los acuíferos de la provincia de Almería se encuentran catalogados como masas de agua subterráneas en mal estado en el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas, elaborado por la propia Junta. Sin embargo, y contra toda lógica, los grupos parlamentarios que suman mayorías en el Parlamento Andaluz impidieron la aprobación de la propuesta, que como digo, elaboré conjuntamente con Acuíferos Vivos.

Los regadíos consumen la mayor cantidad de agua (un 86,9%) en la provincia. El cambio en los usos del suelo y la intensificación de la actividad agrícola de exportación han generado una grave situación de insostenibilidad, lo que es una amenaza para el territorio y para la población que lo habita. Y la Junta de Andalucía no está cumpliendo con su papel de gestión y planificación en materia de agua.

La sobreexplotación de los acuíferos forma parte de un modelo agrícola que está haciendo mella en la viabilidad, a largo plazo, de la agricultura en la provincia y ya está provocando una progresiva falta de rentabilidad económica y la puesta en peligro del modelo de agricultura almeriense tradicional, con la pérdida asociada de numerosos puestos de trabajo.

Si la situación de Almería es grave, el resto de territorios andaluces -y también el resto de la península- siguen el mismo camino, sin querer asumir que el ciclo del agua no podemos acelerarlo y lo estamos alterando constantemente, al consumir agua a mayor velocidad de la que se repone.

Por eso es necesaria una planificación y gestión territorial que contemple la viabilidad de la agricultura a largo plazo. Es necesario adoptar medidas para no comprometer el futuro de los recursos hídricos y de las actividades que de estos dependen. La administración, siendo consciente del serio riesgo en que están las masas de agua subterránea por las abusivas extracciones, debe actuar.  Es tarea imprescindible proteger y regenerar las masas de agua subterránea declaradas en mal estado, no permitir que los derechos de los propietarios de concesiones causen la pérdida del derecho al agua de los habitantes de la zona. Hay que conseguir que la situación de sobreexplotación se revierta porque las cifras de las concesiones y los derechos de agua son muy superiores a la disponibilidad.

Y es la Administración la que, inexplicablemente, ha dado más concesiones que recursos existen. Esto se agrava por la gran cantidad de sondeos, captaciones ilegales y pozos reprofundizados que extraen un volumen más alto del autorizado, además de todo un cúmulo de irregularidades que apenas se controlan.

Lamentablemente, los responsables políticos que gestionan en clave cortoplacista, sabiendo que serán evaluados cada cuatro años, son cobardes en relación a lo que se debería hacer, y acaban asumiendo la realización de grandes obras hidráulicas: presas, embalses, diques, trasvases o canalizaciones… Actuaciones todas que no solo no solucionan el problema de fondo, sino que lo agravan. El Gobierno Andaluz y las Confederaciones Hidrográficas, hasta ahora, han negado el problema de sobreexplotación, y es urgente encarar la situación existente para darle un adecuado tratamiento.

Hay que replantear los regadíos actuales y adaptar el número de hectáreas a la capacidad de nuestras cuencas y acuíferos para mantenerlas. Y una cuestión muy importante es la recuperación y conservación del buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos y de ribera, que son los que mejor se encargarán de devolver a la normalidad el ciclo natural del agua.

Conocida toda esta problemática, las extracciones no han disminuido, sino que han aumentado al igual que la superficie regada. En 2015 había más de 5.000 hectáreas en regadío y, en la actualidad, alcanzan un volumen de más de 20 hm3, lo que sitúa la sobreexplotación por encima del 400%. Se calcula que se están extrayendo entre 100 y 300 hm3 de las reservas, por tanto, al acuífero le quedan menos de diez años para agotarse.

Y lo más preocupante de todo esto es que la solución que apunta el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas al agotamiento del acuífero Aguas, lejos de cuestionar el modelo de agricultura superintensiva, propone traer más agua de otros lugares o de desaladoras, todo un despropósito que no cuestiona la lógica del modelo. Un modelo sobre el que necesariamente se impone la reflexión tras la sentencia que viene a refrendar lo que venimos diciendo: que la situación es insostenible.

 

Artículo publicado originalmente en Eldiario.es el 14/11/2017.