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El anillo: crónica de una muerte anunciada

Nació como una oportunidad única para la comarca de Antequera, como todos los proyectos megalómanos de la época del despilfarro. Iba a ser la pócima secreta que necesitaba Antequera para acabar con los problemas de empleo. Pero quienes lo defendían se olvidaron de un detalle: nació muerto.

El anillo ferroviario, de 58 kilómetros, incluía ensayos de trenes a 520 km/h. e iba a ser el banco de pruebas para trenes AVE impulsado por la exministra de Fomento Magdalena Álvarez con un presupuesto de 400 millones de euros. La construcción de un centro de ensayos de alta velocidad en Andalucía no corresponde a un auténtico objetivo de interés común y no contribuye a promover un desarrollo sostenible de la región. No había plan de negocio. Y por eso no ha habido interés privado en invertir en tal proyecto.

Este centro de pruebas no tiene utilidad. No existe interés en el mercado por desarrollar productos que funcionen a esas altas velocidades, ya que no serían comercialmente viables. A falta de demanda de tales servicios específicos, el uso de las instalaciones del CEATF se limitaría, en la práctica, al ensayo de trenes y equipos hasta las velocidades comercialmente viables de 320 a 350 km/h, para las que ya existen centros de ensayo en la UE. Ya se realizan ensayos en redes ferroviarias comerciales

Bruselas tampoco cree que este costoso proyecto -cuya inversión total debía ascender a 358,6 millones de euros- sirviera para crear empleo de calidad en Andalucía. Este proyecto no contribuye al objetivo de promover el desarrollo sostenible de Andalucía. Solo tendría escasos efectos a corto plazo mediante la creación de empleos temporales durante la construcción de la infraestructura. El coste público habría sido desproporcionadamente alto y los defensores del proyecto no son capaces de demostrar las ventajas, ya que tiene unos costes de construcción desmesurados y no genera expectativas de explotación a las empresas. Prueba de ello es que ninguna ha mostrado interés en invertir. A pesar de ello, Miguel Ángel Heredia y el PSOE seguían reclamando el proyecto en marzo de este año. Y es que, el transporte es un sector muy propicio para los megaproyectos, a mayor gloria de algunos políticos, y son muchos los casos en que se acometen con tanta cantidad de fondos públicos como escasa justificación y participación ciudadana. También el PP se mostró favorable a este proyecto, intentándolo impulsar a toda costa a través de una fórmula de última hora de colaboración público-privada impulsada por la ministra Ana Pastor.

Agricultores de la zona de la Vega de Antequera, una de las más fértiles de Andalucía, se manifestaron contra este proyecto que prometía la creación de 10.000 puestos de trabajo. Dudoso que los generase. Y dudoso también que fuesen estables y durasen más allá de la fase de construcción.

Para rematar, España adelantó dinero sin tener permiso para ello. La investigación de la Comisión reveló que, de hecho, España pagó a Adif, a partir de 2011, 140,7 millones de euros, antes de que la Comisión adoptara su decisión, infringiendo así las normas de la UE.

Hay que huir de proyectos megalómanos que supongan destrucción del territorio y pérdida de biodiversidad.

Se gastaron unos 13 millones en la construcción de una nave logística y de una subestación eléctrica, y en torno a cinco millones en la redacción de proyectos constructivos de los cinco tramos en los que se iba a dividir el anillo.

Este proyecto no era, no es, ni será sostenible. Hay que huir de proyectos megalómanos que supongan destrucción del territorio y pérdida de biodiversidad. Además, un asunto del que poco se ha hablado y no menor, es la ubicación que presentaba el proyecto, ya que afectaría a la Laguna de Fuente de Piedra, la mayor de Andalucía y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). El proyecto supondría una merma para uno de los entornos más característicos de la comarca además de las pérdidas para el turismo ornitológico de la zona, un sector en auge y en el que la comarca de Antequera tiene gran potencial.

 

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Artículo publicado originalmente en Diario Sur el 30/07/2016.