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URBANISMO Y BIEN COMÚN

Somos el país que ha sido capaz de producir durante casi diez años, antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, más vivienda que en el Reino Unido, Francia, Italia y Alemania juntas.

Y tras esa “proeza” había que plantar cara a la ocupación expansiva del suelo, y primar la reuti­lización y rehabilitación del patrimonio construido y del entorno urbano y periurbano degradado.

Porque solo es sostenible aquel desarrollo humano que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. (Informe Brundtland “Nuestro Futuro Común” 1987)

Urbanísticamente, la situación que ahora mismo tenemos es de sobredimensión, dispersión y segmentación. Y necesitamos alcanzar un uso eficiente del suelo en las ciudades, no crecer ilimitadamente. Porque hemos generado un impacto imborrable en la calidad de nuestros paisajes, y mermado los recursos bioproductivos, de enorme valor para la sustentabilidad de la vida; con el añadido de que se ha alejado a la mayor parte de la población de acceso a la vivienda que es un derecho consagrado en nuestra Constitución y en Tratados Internacionales firmados por España. Así que, entre otras cosas, hay que incorporar el derecho al acceso a la vivienda como uno de los objetivos centrales de la actividad urbanística.

El cambio de modelo urbano-territorial que habría que acometer no solo afecta al planeamiento, sino a casi todas las políticas y áreas de competencias que en él confluyen:

  • Necesitamos orientar el urbanismo hacia el modelo de ciudad compacta, diversa, eficiente y cohesionada socialmente
  • Necesitamos hacer un uso razonable y sostenible de recursos, y para ello no es necesario empeorar la calidad de vida de la ciudadanía
  • Necesitamos cumplir los objetivos de emisión fijados en los protocolos y acuerdos internacionales. E incluso ser mas ambiciosos al respecto para preparar un mejor futuro. Tanto mas, por cuanto nuestro país es especialmente vulnerable a los efectos constatados del Cambio Climático.
  • Necesitamos aprender y asumir una nueva cultura de la movilidad y accesibilidad que permita cumplir esos objetivos de reducción de emisiones.

Y, por supuesto, es una necesidad, incorporar el derecho de acceso a la vivienda -insisto en ello-, como uno de los objetivos centrales de la actividad urbanística.

Y junto a ello, la adaptación de los edificios, infraestructuras y entornos al clima.

Una política que articule y relacione todas las funciones y actividades que confluyen en los tejidos urbanos, en los que la proximidad y la habi­tabilidad reduzcan las necesidades de movilidad.

Es decir, usar como criterio fundamental en el desarrollo urbano de las ciudades, la eficiencia energética y al consumo razonable de recursos. Así que hay que favorecer la conservación, mantenimiento, rehabilitación y calidad del parque existente. Realizar un censo de viviendas vacías y planes para incentivar su puesta en uso mediante alquileres sociales o medidas similares. Limitar la construcción de nueva vivienda en tanto no se reduzca el parque de viviendas vacías, que es elevado.

Ejemplo de desarrollo urbano ineficiente y que no genera un consumo razonable, es el exceso de suelo calificado para uso de gran superficie comercial, sin que se reúnan las condiciones mínimas para ello y condicionando el uso global y la movilidad, allá donde se implantan. Hemos asistido a una auténtica inflación de suelos calificados para esos usos, sin que se hayan evaluado correctamente los impactos que producen en la ordenación del territorio, ni tampoco su necesidad o utilidad.

Otro ejemplo de desarrollo urbanístico inadecuado son proyectos como la llamada Operación Chamartín, en este caso en Madrid, que con el nuevo nombre de Madrid Nuevo Norte lo tiene todo para ser el gran pelotazo, la gran estafa, que perjudica al Procomún, ese modelo de gobernanza para el bien común. Desde un punto de vista político, se comete un gran pecado al transformar el suelo público en mera mercancía. En palabras de Eduardo Mangada, “La Operación Chamartín es uno de los mayores escándalos del urbanismo europeo: la entrega de tres millones de metros cuadrados de suelo público a un banco para que dé cabida en él a sus negocios financieros durante dos décadas. Cortijo BBVA. Un área privilegiada de la ciudad donde ir colocando fondos de inversión venidos de cualquier continente en beneficio de un banco

Y casos en el litoral de todo el país abundan demasiado. En Andalucía se estableció un Plan de Protección del Litoral, que a duras penas intentó evitar el “acoso y derribo” que sufrían las escasas zonas litorales bien conservadas. Este Plan no impidió que proliferasen proyectos urbanísticos de dudosa legalidad y necesidad. Finalmente se anuló el Plan por un supuesto defecto de forma, al aprobarse estando el gobierno andaluz en funciones. Por supuesto, el actual gobierno, ni se plantea retomar esa protección necesaria. Se mantienen crecimientos urbanísticos desmesurados en los planes urbanísticos. La paralización fue temporal por la crisis, pero se observa la intención de colmatar la mayor parte del litoral y de las áreas metropolitanas. Tampoco se promueven iniciativas legislativas o normativas que impliquen garantizar una mínima disciplina urbanística.

Y es que sería deseable reconocer el urbanismo y el territorio como el “Bien Común” que es. Del mismo modo que la sanidad y la educación. Esto no es posible pues el suelo urbano suele ser de propiedad privada.

Reconocer que la transformación que precisa nuestro urbanismo, no sólo se puede dar sin crecimiento, sino que va implicar decrecimiento de suelo urbanizable, será un gran logro, cuando se dé. No parece probable. Y es que debemos recordar la enorme cantidad de suelo que se ha clasificado en los últimos 30 años y que se continúa clasificando, una cantidad excesiva, injustificada, socialmente injusta, económicamente devastadora y ambientalmente insostenible.

En el litoral, que es el espacio más frágil de nuestra geografía y el mas densamente poblado, la intervención urbanística presenta características de devastación de sus valores paisajísticos y naturales. Hay que frenar la especulación con el suelo cuanto antes.

Mejorar nuestras ciudades, acabando con el mantra del crecimiento ilimitado, es el reto y la verdadera dimensión social que debe tener el planeamiento urbanístico democrático.

Porque la burbuja inmobiliaria dejó rastros visibles e indelebles por largo tiempo, como las viviendas vacías, las urbanizaciones y polígonos industriales fantasma y los suelos de interés agrícola clasificados como urbanizables que no precisamos urbanizar y sí proteger para garantizar la soberanía alimentaria de nuestras áreas metropolitanas. Hay necesidad de poner orden en el desorden generado por una actividad urbanizadora que no respondía a necesidades sociales reales.

La Ordenación del Territorio exige la vertebración del mismo recuperando y protegiendo los caminos públicos, impulsando las redes de transporte público y de bicicletas, conectando de nuevo las ciudades con su territorio, hoy fragmentado y lleno de barreras por las grandes infraestructuras.

El problema del urbanismo es que la lógica de ordenación del territorio y de la ciudad, lejos de estar centrada en la sostenibilidad, la habitabilidad y el disfrute de las personas, ha quedado supeditado a formar parte del engranaje del capitalismo financiero internacional y su dinámica especulativa. Esa, y la falta de otras vías de financiación de los ayuntamientos, que se llevan la peor parte en el reparto de los impuestos, es la que ha empujado a los ayuntamientos a equilibrar sus balances poniendo en marcha la espiral especulativa urbanística. Así que, de nuevo, como en otras facetas, encontramos que el problema de fondo está en el capitalismo.

 

Carmen Molina Cañadas. Publicado en Contrainformación. 30 días, 30 opiniones el 6 de septiembre 2019

Renta básica, redistribución de riqueza y conservación del patrimonio común

Carmen Molina Cañadas

Durante lo peor de la crisis de deuda en Grecia, allá por 2012, los niveles de pobreza alcanzados en el país heleno nos mostraron con claridad a qué conduce una crisis económica que degrada las condiciones sociales. La deforestación en Grecia fue el primer efecto ambiental constatado, y es que, ante la imposibilidad de pagar el gasoil, centenares de familias calentaban sus casas con madera extraída de los bosques que rodean Atenas provocando una muy preocupante deforestación. Es decir, no se puede, en ningún caso desligar, la situación económica, de la social y de la ambiental. Sucedió en Grecia con la crisis de deuda, ha seguido produciéndose en otros lugares, y a nivel global también corren paralelas las degradaciones en los tres ámbitos.

La degradación ambiental y social provocada por un modelo económico que ya no se sostiene, tiene un impacto severo, que se extenderá en el tiempo, aunque tomemos decisiones hoy para frenarlo. Tenemos a disposición abundantes informes y análisis. Existen diagnósticos disponibles. Pero faltan propuestas de tránsito que nos ayuden a limitar el caos y evitar el colapso que nos amenaza en los tres niveles mencionados. Ambientalmente, necesitamos medidas de mitigación y adaptación a los escenarios que ya sufrimos de cambio climático, hay que frenar la galopante pérdida de diversidad de especies y funcional y, puede que más urgente, evitar los desequilibrios de los ciclos biogeoquímicos del nitrógeno y el fósforo. Medidas que le den la vuelta a una economía especulativa, cada vez más financiarizada, que socializa pérdidas y acumula dinero y poder en menos personas. Medidas para revertir los niveles de desigualdad crecientes en nuestras sociedades, todavía ricas del norte, y frenar con urgencia y revertir la insoportable desigualdad con los países más explotados del sur empobrecido.

No podemos negar que la llegada masiva de refugiados nos incumbe. Personas que huyen de situaciones y lugares en los que ya no pueden vivir. No estamos tan lejos de encontrarnos en breve, en situación similar. Eso nos hace conscientes de cuán frágiles son nuestras vidas y de la creciente precariedad que se acerca.

Ante este estado de cosas, no podemos optar por una salida individual. La condición humana no se corresponde con la supervivencia o escapatoria individual. Es un deporte de equipo. Cualquiera que sea el futuro que afrontemos, nos afectará a todas. Por tanto, tras el preocupante diagnóstico, hay que abordar con cierta urgencia un plan global que contenga medidas simultáneas en los tres ámbitos: económico, social y ambiental. Medidas transitorias para actuar sobre la economía y limitar la creciente precariarización social, en especial de los más jóvenes. Y una medida imprescindible tiene que ver con repensar el reparto del trabajo remunerado, la jornada laboral, la redistribución de la riqueza, y la renta básica.

Hay que darle una buena vuelta a la cuestión del empleo y su relación con el tiempo de vida del que disponemos. La estabilidad, la protección ante el despido o la negociación colectiva han sido pilares del derecho al trabajo y de la democracia. Sin embargo, el capital empieza a prescindir del trabajo remunerado humano. El poder económico ha construido formas de reproducir el capital en las que el trabajo humano es cada vez más prescindible. El empleo que dependía de la lógica patriarcal y de la extracción de cantidades ingentes de materias primas de territorios colonizados y de la generación de cantidades ingentes de residuos, está llegando a su fin.

Una economía sana se diseña para prosperar, no para crecer. La premisa del crecimiento se debe abandonar, a la vez que asumimos, que nadie debería ser privado de los recursos necesarios para su sustento. Por ello, una Renta Básica Universal e Incondicional(RBUI) es una de las soluciones apropiadas, cuando la tecnología nos amenaza con dejar a la mayoría de la población sin empleo que cubra sus necesidades. Toca pues plantearnos en qué condiciones queremos vivir, qué queremos hacer con nuestro patrimonio de tiempo y cuál es el sentido de nuestra vida. Suena a planteamiento filosófico, pero estamos en una encrucijada y hay que decidir el rumbo.

La renta básica se opone a la idea imperante de que el trabajo remunerado es un derecho y cambia esta lógica por el derecho a vidas dignas. Vidas y economía que no socaven las bases ambientales que las sostienen y que alivien la ansiedad causada por la máquina neoliberal de grandes corporaciones con poder cuasi omnímodo que personajes como Trump, Bolsonaro, Salvini… representan desde la política global, y contra el interés de sus legítimos representados, los ciudadanos.

Según un informe de Naciones Unidas, hasta dos tercios de los empleos en los países en desarrollo podrían desaparecer en un futuro próximo. El desempleo que genera la tecnología hará desaparecer los modestos logros conseguidos contra la pobreza y el hambre crecerá. Hay gobiernos que luchan para dar una respuesta, y no tienen muchas opciones. Una renta básica universal puede ser “LA OPCIÓN”.

En noviembre de 2018, la red europea de RBUI (UBIE, por sus siglas en inglés) se reunió en Budapest para analizar la situación actual en Europa, discutir sobre la conveniencia de una posible Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) sobre la RBUI y el tipo de renta básica a desarrollar.

La RBU otorga dignidad al ser humano por el mero hecho de serlo, sin necesidad de tener que dignificarse a través de un empleo. Es frecuentemente confundida -muchas veces, intencionadamente- con las rentas mínimas y otros subsidios condicionados que otorga el estado a los desempleados y personas con muy bajos ingresos. Bien al contrario, la RBUI es un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad, incluso si no quisiera trabajar de forma renumerada, independientemente de otras fuentes de rentas o de si es rico o pobre, y sin importar con quién conviva. No sustituye a otras prestaciones universales e incondicionales, como la sanidad y la educación públicas. Es decir, su implantación no debe suponer merma alguna de los servicios públicos ni de los derechos sociales (educación, sanidad, dependencia, vivienda, etc.)  que son derechos fundamentales de un Estado Social que se considere como tal.

Hoy es posible garantizar una RBUI a toda la población, financiándola de varias posibles maneras:

  • con una subida de la imposición fiscal, que hiciese que el 20% más rico de la población pagara en concordancia a su riqueza
  • gravando actividades que generan beneficios a quien las acomete, pero suponen un alto coste para la sociedad
  • aumentando los impuestos indirectos a quienes más consumen
  • exigiendo impuestos a las transacciones financieras (tasa Tobin) y a las emisiones contaminantes
  • luchando contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales

Estas medidas no son excluyentes entre sí.

“…Con la RBUI se cuestionan varias creencias arraigadas en el sistema: la primera es la de que el trabajo (o empleo) dignifica a los seres humanos; la segunda, que proviene de la Biblia, nos condena a ganar el pan con el sudor de nuestra frente; la tercera, que afirma que el sentido de la vida de las personas es el trabajo; la cuarta es la equiparación de empleo a supervivencia; y la quinta, la de que la riqueza actual pertenece sólo a sus propietarios “legales”, las grandes compañías multinacionales y lobbies financieros mundiales.” Así se recoge en textos trabajados por Humanistas por la Renta Básica Universal.

La implantación de una RBUI favorecería los trabajos vocacionales, voluntarios, el cuidado de los niños, de los mayores y discapacitados y dotaría a mujeres víctimas de violencia de género de independencia económica para alejarse de su agresor. Es la mejor opción ante la creciente automatización de las labores en todos los sectores de actividad, ya que, gracias al desarrollo de la tecnología, se prevé que desaparecerán en 20 años el 50% de los empleos actuales.

Con los medios de que disponemos, la RBUI mundial es perfectamente posible y se vislumbra como alternativa plausible para el futuro que viene. Con ella tendríamos libertad para aceptar o no, según qué empleos, y para negociar las condiciones de los mismos, o para asociarnos con otras personas en cooperativas, o explorar modelos de trabajo asociado distintos.

Sírvanos de ejemplo el “Fuero de los Bosques”, publicado en 1217 en Inglaterra. Este corto y potente documento garantizaba los derechos de los plebeyos a las tierras comunales, que podían usar para labrar, pastar, recoger agua y para recolectar madera o frutos. Otorgó reconocimiento oficial a un derecho humano: que nadie debería ser privado de los recursos necesarios para el sustento. Y hoy sabemos, gracias a la premio nobel de economía Elinor Östrom, que se gestionan mucho mejor los recursos compartidos o bienes comunes cuando la responsabilidad de su conservación y mantenimiento corre a cargo de los que se benefician de esa conservación. Retomar el antiguo “Fuero de los Bosques” y el derecho de acceso a lo común se vislumbra como la mejor alternativa.

Los críticos de la renta básica, con frecuencia ponen pegas sobre cómo financiarla: además de como cito mas arriba, ligándola a lo común. Así, en el estado americano de Alaska, los recursos naturales son considerados propiedad común, por tanto, cada residente recibe un dividendo anual proveniente de los ingresos del estado por petróleo. Y no se trata con ello de esquilmar el recurso.

El modelo de Alaska es popular y efectivo y el mismo enfoque se podría aplicar a otros recursos naturales, como los bosques y las pesquerías. Los rendimientos serían distribuidos como un dividendo para todos. Este enfoque ayuda a proteger lo común contra el abuso, permitiendo a nuestro Planeta margen para recuperarse.

El patrimonio natural no es de uso privativo, es común y no conoce fronteras, ¿por qué no establecer una renta ligada a lo común? un fondo global que constituya un patrimonio de cada ser humano. El objetivo es la redistribución de la riqueza y la conservación del patrimonio común. Porque es fruto del esfuerzo de generaciones que nos han precedido y herencia que legaremos a las generaciones que nos sigan.

Publicado el 22 de junio de 2019 en 30 Días, 30 Opiniones Contrainformación