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URBANISMO Y BIEN COMÚN

Somos el país que ha sido capaz de producir durante casi diez años, antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, más vivienda que en el Reino Unido, Francia, Italia y Alemania juntas.

Y tras esa “proeza” había que plantar cara a la ocupación expansiva del suelo, y primar la reuti­lización y rehabilitación del patrimonio construido y del entorno urbano y periurbano degradado.

Porque solo es sostenible aquel desarrollo humano que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. (Informe Brundtland “Nuestro Futuro Común” 1987)

Urbanísticamente, la situación que ahora mismo tenemos es de sobredimensión, dispersión y segmentación. Y necesitamos alcanzar un uso eficiente del suelo en las ciudades, no crecer ilimitadamente. Porque hemos generado un impacto imborrable en la calidad de nuestros paisajes, y mermado los recursos bioproductivos, de enorme valor para la sustentabilidad de la vida; con el añadido de que se ha alejado a la mayor parte de la población de acceso a la vivienda que es un derecho consagrado en nuestra Constitución y en Tratados Internacionales firmados por España. Así que, entre otras cosas, hay que incorporar el derecho al acceso a la vivienda como uno de los objetivos centrales de la actividad urbanística.

El cambio de modelo urbano-territorial que habría que acometer no solo afecta al planeamiento, sino a casi todas las políticas y áreas de competencias que en él confluyen:

  • Necesitamos orientar el urbanismo hacia el modelo de ciudad compacta, diversa, eficiente y cohesionada socialmente
  • Necesitamos hacer un uso razonable y sostenible de recursos, y para ello no es necesario empeorar la calidad de vida de la ciudadanía
  • Necesitamos cumplir los objetivos de emisión fijados en los protocolos y acuerdos internacionales. E incluso ser mas ambiciosos al respecto para preparar un mejor futuro. Tanto mas, por cuanto nuestro país es especialmente vulnerable a los efectos constatados del Cambio Climático.
  • Necesitamos aprender y asumir una nueva cultura de la movilidad y accesibilidad que permita cumplir esos objetivos de reducción de emisiones.

Y, por supuesto, es una necesidad, incorporar el derecho de acceso a la vivienda -insisto en ello-, como uno de los objetivos centrales de la actividad urbanística.

Y junto a ello, la adaptación de los edificios, infraestructuras y entornos al clima.

Una política que articule y relacione todas las funciones y actividades que confluyen en los tejidos urbanos, en los que la proximidad y la habi­tabilidad reduzcan las necesidades de movilidad.

Es decir, usar como criterio fundamental en el desarrollo urbano de las ciudades, la eficiencia energética y al consumo razonable de recursos. Así que hay que favorecer la conservación, mantenimiento, rehabilitación y calidad del parque existente. Realizar un censo de viviendas vacías y planes para incentivar su puesta en uso mediante alquileres sociales o medidas similares. Limitar la construcción de nueva vivienda en tanto no se reduzca el parque de viviendas vacías, que es elevado.

Ejemplo de desarrollo urbano ineficiente y que no genera un consumo razonable, es el exceso de suelo calificado para uso de gran superficie comercial, sin que se reúnan las condiciones mínimas para ello y condicionando el uso global y la movilidad, allá donde se implantan. Hemos asistido a una auténtica inflación de suelos calificados para esos usos, sin que se hayan evaluado correctamente los impactos que producen en la ordenación del territorio, ni tampoco su necesidad o utilidad.

Otro ejemplo de desarrollo urbanístico inadecuado son proyectos como la llamada Operación Chamartín, en este caso en Madrid, que con el nuevo nombre de Madrid Nuevo Norte lo tiene todo para ser el gran pelotazo, la gran estafa, que perjudica al Procomún, ese modelo de gobernanza para el bien común. Desde un punto de vista político, se comete un gran pecado al transformar el suelo público en mera mercancía. En palabras de Eduardo Mangada, “La Operación Chamartín es uno de los mayores escándalos del urbanismo europeo: la entrega de tres millones de metros cuadrados de suelo público a un banco para que dé cabida en él a sus negocios financieros durante dos décadas. Cortijo BBVA. Un área privilegiada de la ciudad donde ir colocando fondos de inversión venidos de cualquier continente en beneficio de un banco

Y casos en el litoral de todo el país abundan demasiado. En Andalucía se estableció un Plan de Protección del Litoral, que a duras penas intentó evitar el “acoso y derribo” que sufrían las escasas zonas litorales bien conservadas. Este Plan no impidió que proliferasen proyectos urbanísticos de dudosa legalidad y necesidad. Finalmente se anuló el Plan por un supuesto defecto de forma, al aprobarse estando el gobierno andaluz en funciones. Por supuesto, el actual gobierno, ni se plantea retomar esa protección necesaria. Se mantienen crecimientos urbanísticos desmesurados en los planes urbanísticos. La paralización fue temporal por la crisis, pero se observa la intención de colmatar la mayor parte del litoral y de las áreas metropolitanas. Tampoco se promueven iniciativas legislativas o normativas que impliquen garantizar una mínima disciplina urbanística.

Y es que sería deseable reconocer el urbanismo y el territorio como el “Bien Común” que es. Del mismo modo que la sanidad y la educación. Esto no es posible pues el suelo urbano suele ser de propiedad privada.

Reconocer que la transformación que precisa nuestro urbanismo, no sólo se puede dar sin crecimiento, sino que va implicar decrecimiento de suelo urbanizable, será un gran logro, cuando se dé. No parece probable. Y es que debemos recordar la enorme cantidad de suelo que se ha clasificado en los últimos 30 años y que se continúa clasificando, una cantidad excesiva, injustificada, socialmente injusta, económicamente devastadora y ambientalmente insostenible.

En el litoral, que es el espacio más frágil de nuestra geografía y el mas densamente poblado, la intervención urbanística presenta características de devastación de sus valores paisajísticos y naturales. Hay que frenar la especulación con el suelo cuanto antes.

Mejorar nuestras ciudades, acabando con el mantra del crecimiento ilimitado, es el reto y la verdadera dimensión social que debe tener el planeamiento urbanístico democrático.

Porque la burbuja inmobiliaria dejó rastros visibles e indelebles por largo tiempo, como las viviendas vacías, las urbanizaciones y polígonos industriales fantasma y los suelos de interés agrícola clasificados como urbanizables que no precisamos urbanizar y sí proteger para garantizar la soberanía alimentaria de nuestras áreas metropolitanas. Hay necesidad de poner orden en el desorden generado por una actividad urbanizadora que no respondía a necesidades sociales reales.

La Ordenación del Territorio exige la vertebración del mismo recuperando y protegiendo los caminos públicos, impulsando las redes de transporte público y de bicicletas, conectando de nuevo las ciudades con su territorio, hoy fragmentado y lleno de barreras por las grandes infraestructuras.

El problema del urbanismo es que la lógica de ordenación del territorio y de la ciudad, lejos de estar centrada en la sostenibilidad, la habitabilidad y el disfrute de las personas, ha quedado supeditado a formar parte del engranaje del capitalismo financiero internacional y su dinámica especulativa. Esa, y la falta de otras vías de financiación de los ayuntamientos, que se llevan la peor parte en el reparto de los impuestos, es la que ha empujado a los ayuntamientos a equilibrar sus balances poniendo en marcha la espiral especulativa urbanística. Así que, de nuevo, como en otras facetas, encontramos que el problema de fondo está en el capitalismo.

 

Carmen Molina Cañadas. Publicado en Contrainformación. 30 días, 30 opiniones el 6 de septiembre 2019

La ciudad sostenible

El término “sostenible” se ha depreciado notablemente, al no considerar en toda su dimensión lo que implica la sostenibilidad. Se ha usado y abusado del término de forma no ajustada a lo que quiso expresar quien lo acuñó, Gro H. Brundtland, primera ministra noruega a la que la ONU encargó un informe en 1987, originalmente llamado “Nuestro Futuro Común”. Según este Informe, “es sostenible aquel desarrollo humano que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones”.

Hace ya unos años que se asume mayoritariamente que el modelo de ciudad acorde a un desarrollo sostenible, es la ciudad compacta, diversa, eficiente y cohesionada socialmente. La que hace un uso razonable de recursos, la que mejora la calidad urbana y la calidad de vida de sus ciudadanas, la que logra disminuir emisiones impulsando otra cultura de la movilidad y accesibilidad, la que multiplica las zonas verdes, etc.

Para lograr algo así, hay que definir las líneas estratégicas que lo hagan posible. Definir la eficiencia energética y el consumo razonable de recursos como criterios centrales en los procesos de desarrollo urbano y favorecer un uso eficiente del suelo, es decir, no crecer ilimitadamente, como así está sucediendo. O adecuar la iluminación en el territorio municipal, de manera que se evite la contaminación lumínica y se mejore la calidad del cielo nocturno. O evitar la contaminación acústica controlando los niveles de ruido…

Para cumplir esto es básico tener un proyecto de ciudad claramente definido, y en colaboración con los agentes sociales y con la ciudadanía. Tienen importancia para ello las propuestas vertidas en las agendas 21, por ciudadanos, asociaciones vecinales y otros colectivos y que, a día de hoy, no se han visto ejecutados en la mayoría de casos.

Por otro lado, hay que garantizar el derecho a la ciudad de sus habitantes y con ello, el derecho de acceso a la vivienda como uno de los objetivos centrales de la actividad urbanística. Esto es, asumir el artículo 47 de la Constitución española, que establece el derecho de la ciudadanía española a acceder a una vivienda digna, lo que incluye articular mecanismos de acceso a vivienda protegida poniendo en marcha regulaciones que lo posibiliten. No se han satisfecho las necesidades de vivienda de una parte importante de la población, que no dispone de recursos suficientes. Sobre ello hay que actuar.

El parque urbanístico construido a toda velocidad en los años de la burbuja, tampoco ha cumplido los estándares adecuados desde el punto de vista de eficiencia energética y aprovechamiento pasivo de energía. Por ello ha que abordar una rehabilitación para llegar a una reducción del consumo energético de los edificios, para, entre otras cosas, evitar la pobreza energética de usuarios de viviendas. Se debe favorecer la conservación, mantenimiento y rehabilitación del parque existente. Limitar la construcción de nueva vivienda en tanto no se reduzca el parque de viviendas vacías. Y cuando haya que construir, fomentar la construcción bioclimática basada en la eficiencia energética de los edificios.

Hay asimismo que actuar respecto al “metabolismo urbano” integrando el concepto de eficiencia energética en la organización de las ciudades, en la ordenación urbanística, en la edificación, en los sistemas de movilidad y accesibilidad y en la gestión urbana, concienciándonos todas de las pautas de consumo razonables que frenen el crecimiento de la demanda de energía.

Debemos reducir la generación de residuos y la contaminación, apoyando la explotación local, ecológica y renovable y asegurando que el consumo de recursos naturales (agua, suelo, atmósfera…) esté dentro de límites asumibles que permitan su renovación. Entendiendo que los recursos que llamamos renovables, dejan de serlo cuando los explotamos por encima de su tasa natural de renovación.

Sería una buena cosa diseñar campañas de reducción del consumo, tanto en las compras públicas, como en las privadas: limitación de grandes superficies comerciales, fomento de los alimentos locales, ecológicos y de temporada, incentivos a los mercados de segunda mano de muebles, aparatos eléctricos y electrónicos y textiles y lucha contra la obsolescencia programada.  Esto permitiría la reducción en la generación de residuos y la reutilización: incentivos a la venta a granel, fomento del consumo de agua del grifo, campañas de compostaje doméstico y comunitario, sistemas de recogida para la reutilización en puntos limpios y comercios… Ello también redundaría en una mejora de la recogida selectiva de los residuos para su reciclaje: recogida separada de la materia orgánica, implantación de sistemas de Depósito, Devolución y Retorno para los envases, etc… No desarrollar nuevos proyectos de incineración y eliminar los permisos de quema de residuos en las cementeras.

Se hace necesario un modelo territorial compacto que minimice las necesidades de movilidad de los ciudadanos, creando proximidad y acercando e integrando los distintos usos. Hasta ahora se ha permitido y se siguen fomentando desarrollos urbanísticos que propician la lejanía y separación de usos como cuando se planifican grandes complejos comerciales en zonas donde ya hay un exceso de oferta desagregada de servicios.

Nuestro clima mediterráneo sugiere que busquemos soluciones arquitectónicas adaptadas a la climatología local y a los recursos autóctonos renovables disponibles, es decir, incorporar tecnologías eficientes (alumbrado público, climatización de edificios públicos y sistemas de abastecimiento y depuración de aguas).

Un punto importante en la ciudad se refiere al agua, ya que es un recurso natural finito, aunque regenerable, cuyo uso debe basarse en principios de racionalidad, mesura, equidad y solidaridad.

Es básico asumir la necesidad del ahorro y la depuración del agua y garantizar la gestión pública de un bien público. Promover la gestión de la demanda del agua en las ciudades, redactando ordenanzas que obliguen a la instalación de sistemas ahorradores en viviendas, instituciones públicas y privadas e industrias y limitar el uso del agua en jardinería.

Realizar una gestión integral sostenible del ciclo urbano del agua (captación, transporte, almacenamiento, potabilización, distribución, consumo, saneamiento, depuración, reutilización y vertido). Esto debe ser una prioridad de la política urbanística. Y reducir la producción de residuos, potenciando el mercado de productos reciclados, recuperando productos a través de mercados de segunda mano, recuperando envases, sobre todo los de vidrio, como se hacía antaño, ya que se ahorra más energía y materiales que con el reciclaje, mediante la exigencia a las industrias productoras de hacerse cargo de la recogida y devolución al ciclo, de dichos envases etc…

Otro factor imprescindible a considerar es la Biodiversidad y los Espacios Libres en los Sistemas Urbanos. La ciudad es un ecosistema que alberga una biodiversidad propia y específica, compatible con los usos humanos. Considerando nuestro clima mediterráneo y la orografía específica que se dé en cada ciudad, las zonas verdes y ajardinamientos deben diseñarse con una visión bastante diferente a la que se viene ejecutando, ya que no se tiene en cuenta qué especies están mejor adaptadas a nuestra realidad climática de elevadas temperaturas estivales y escasez estacional de  lluvias, para la cual no son aconsejables las grandes zonas de césped que consumen cantidades nada despreciables de agua, o la elección de especies arbóreas o arbustivas que también lo  requieran. O un mantenimiento que abusa de productos fitosanitarios agresivos para el ambiente y la salud de los ciudadanos, las podas severas que debilitan la estructura de los árboles y dificultan la labor que éstos hacen protegiendo de la excesiva insolación estival y del efecto “isla de calor” que se produce en el interior de las zonas urbanas más densas y con más cantidad de cemento.

Hay que aumentar la superficie de suelo con vegetación y reducir el efecto barrera de urbanizaciones e infraestructuras. Tenemos en nuestras ciudades demasiados suelos impermeabilizados bajo cemento y asfalto sin necesidad. Y ello repercute negativamente en la absorción de las aguas de lluvia, escorrentías indeseadas y sobresaturación en determinados momentos de las redes de alcantarillado, además de otros efectos nocivos de la impermeabilización de suelos, que no se suelen tener en cuenta.

Limitar la impermeabilización de más suelos en ambientes urbanos y periurbanos se traducirá en evitar inversiones en medidas de protección frente a inundaciones. Los suelos bien formados propician la infiltración, limitan la erosión y la escorrentía superficial y mejoran la calidad del agua al infiltrarse. Esto supone legislar para que las ciudades sean compactas y no devoradoras insaciables de superficie y de los recursos con ella asociados.

En el caso de los periurbanos forestales o con vocación de serlo: Preservar y/o recuperar estos espacios y protegerlos (Ejemplo: Parque Natural de los Montes de Málaga) conlleva ventajas ya que limita inundaciones en el caso de orografías complicadas, limitan erosión, disminuyen huella de   carbono de la ciudad que rodean, y se le da un uso social al espacio.

Hay tareas fundamentales: vertebrar los territorios urbanos, rurales y naturales a través de la gestión de las vías pecuarias, o en nuestra costa, la andaluza, -que ocupa un 9% de la superficie de Andalucía y acoge al 40% de su población-, y donde el mercado inmobiliario de la franja costera andaluza está más que sobredimensionado. Son muchos los municipios que se han desarrollado más allá de lo necesario y aconsejable, además son muchas las urbanizaciones diseminadas y aisladas que se encuentran semivacías y que son insostenibles desde el punto de vista de la movilidad y que rompen la continuidad de ecosistemas valiosos en los que se asientan.

Afirmó el consejero de la Junta de Andalucía en la anterior legislatura, que en la franja de los 500 metros hay capacidad para la construcción de unas 143.000 viviendas y se aplicó a la aprobación de una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en la línea de seguir impulsando medidas de flexibilización y agilización de los procedimientos urbanísticos para que el urbanismo se convierta en el aliado de la recuperación económica. Eso lo encaminaba y lo encamina a la insostenibilidad.

En fin, que la Gestión Urbana es fundamental y precisa de la participación de las que la habitamos. Y de un urbanismo menos especulativo y más sostenible de verdad, porque el entorno, en este caso el urbano, es un patrimonio insustituible que, como tal, se ha de preservar para su disfrute colectivo.

 

Carmen Molina Cañadas

EQUO

 

Publicado en Contrainformación el 10 de mayo de 2019

Gentrificación, derecho a la ciudad y sostenibilidad urbana

Con la gentrificación cambia de aspecto y desaparece el vecindario de los centros históricos de las ciudades con potencial turístico. Con el tiempo esta perturbación en la dinámica urbana se acaba extendiendo como una mancha de aceite hacia los barrios periféricos, provocando incrementos en los precios de alquiler y compra, de viviendas y locales, pudiendo acabar generando una burbuja inmobiliaria y un grave problema de acceso a viviendas dignas de los más pobres, de los jóvenes y de los ancianos.

Los vecinos se ven expulsados no sólo por la carestía que genera la gentrificación, sino también por la pérdida de equipamientos y servicios que lleva asociada, sobre todo para niños y ancianos. Esto supone una pérdida de diversidad urbana que dificulta mucho la habitabilidad y sostenibilidad de la vida de las personas que habitan los centros urbanos. El desalojo del pequeño comercio es en beneficio de grandes cadenas, que expulsan y provocan el cierre de los pequeños negocios especializados en suplir las necesidades de los que habitamos la ciudad. Se produce pues, una desorganización de las comunidades vecinales y del entramado de relaciones que sostiene y configura un espacio urbano habitable. Así que no sólo es un problema de vivienda sino también de pérdida y muerte lenta de la propia ciudad que empieza a transmutarse en un parque de ocio para visitantes itinerantes cada vez más artificioso.

 

La gentrificación es un ejemplo más del resultado injusto de aplicar los dictados de la economía capitalista globalizada a la ciudad y sus habitantes. Obedece a intereses ajenos a la comunidad residente, con efectos devastadores para las dinámicas urbanas de la ciudad. La premisa de partida es lograr el “máximo beneficio”, en este caso especulando con la vivienda, que deja de ser un derecho para convertirse en una mercancía con la que ganar dinero, compitiendo deslealmente también con modelos de alojamiento turístico reglados y mejor integrados en nuestras ciudades. Y cabe preguntarse: ¿quién maximiza beneficios? ¿quién gana y quién pierde? ¿Es posible en este capitalismo que especula con los derechos, que nadie pierda? ¿o acabaremos perdiendo todos?

No se puede confundir el proceso especulador de la gentrificación, con procesos de renovación urbana en los centros con el objetivo de sanear la ciudad, aunque suele generarse tras esta renovación auspiciada desde lo público. Sus resultados son, primero, la vivienda-mercancía y luego la ciudad-mercancía. Su fin es la explotación turística para extraer grandes plusvalías a través de la puesta en valor del entorno arquitectónico y patrimonial de la ciudad a costa de expulsar y limitar, de facto, los derechos de los ciudadanos, en su sentido etimológico.

Las grandes plusvalías que produce la gentrificación son el principal motor del proceso que suele seguir una dinámica establecida: primero se da una etapa de descapitalización y desvalorización de la zona, que permite grandes diferencias entre el valor del suelo del sector degradado y el valor potencial que por su ubicación podría tener. Una vez iniciado el proceso, el efecto de contagio se encarga de expandirlo. La rehabilitación o reconstrucción adecúa las viviendas a un estándar elevado de vida. Las viviendas son demolidas casi o en su totalidad, pero estructuralmente todavía conservan su “encanto”, falseando el patrimonio o apoyándose en el paisaje del conjunto. Que el gentrificador compre la vivienda o la alquile no supone ninguna diferencia para el proceso.

En Málaga, por ejemplo, un estudio que propició el grupo municipalista Málaga Ahorademuestra que esto ya ha ocurrido en su centro histórico con resultado devastador. La población de la almendra histórica, la zona en el interior de la antigua muralla, se ha reducido a poco menos de 5.000 habitantes, menos del 0,9 % de la población. Los residentes han sido expulsados para convertir el área en una atracción turística con bares, terrazas, hoteles, alojamientos transitorios, museos, tiendas de suvenires, etc. A lo largo de la transformación se produce un forcejeo entre la escueta comunidad de vecinos resistentes y el poder económico que acaba imponiendo su yugo.  Se va perdiendo el comercio tradicional y todo lo que era original y que mantenía la riqueza local en el territorio. En el centro de Málaga ahora sólo queda, restauración, nueva hostelería y franquicias.

Este ejemplo evidencia que, si no se regula el mercado de la vivienda, acaba ganando el mercado financiero especulador e invasivo. Cada vez más capital financiero se está dirigiendo a inversiones especulativas en el mercado inmobiliario en todas las ciudades globales. Por eso, las ciudades más afectadas están aprobando medidas dirigidas a reducir el efecto negativo de plataformas como Airbnb que actuando sobre un mercado residencial, sobre todo de alquiler, lo trasmutan en turístico. Sobran ejemplos que muestran que el mercado no se autorregula y que la falta de regulación del acceso a los bienes a los que tienen derecho los ciudadanos es injusta y genera desigualdad. Hay que blindar el derecho de acceso a la vivienda en condiciones razonables, porque los alquileres de viviendas no pueden superar los salarios mínimos. ¡No puede ser! no se puede pasar de pagar un alquiler de 400 € a 1.200, como en el caso de Pepi en Madrid cuyo desahucio se acaba de paralizar por la acción ciudadana por quinta vez.  Si no lo hacemos no habrá sostenibilidad urbana y nuestras ciudades acabarán/seguirán centrifugando a sus vecinos. Los ayuntamientos tienen que ser competentes y valientes para enfrentar esta amenaza y estar claramente del lado de los ciudadanos, no convertirse en gestores de servicios para parques de atracciones urbanos. Hay que dotar de recursos a los poderes públicos para que tengan un peso decisivo en el mercado inmobiliario local y así evitar y revertir estas situaciones, que son injustas y causan sufrimiento.

A modo de ejemplo miremos como Viena ha abordado la gentrificación. El encarecimiento del precio del suelo, que también amenaza la capital austríaca, ha llevado a los políticos locales, especialmente los ahora gobernantes —socialdemócratas y ecologistas— a mantener un precio del metro cuadrado para que la ciudad siga ofertando hogares de alquiler accesible. El nuevo reglamento u ordenanza, no es una ley contra los negocios inmobiliarios, sino contra la gran especulación. Es decir, se asume que hay que ejercer un cierto control sobre el mercado inmobiliario. Con la presencia del sector público en el área de vivienda y unas rigurosas leyes sobre el alquiler, se consigue que la gentrificación se ralentice y se controle la especulación. Es una medida puesta en marcha por Los Verdes, a los que, injustamente se les acusa de estar solo preocupados por conflictos ambientales, cuando son muy conscientes de la íntima relación que existe entre lo social y lo ambiental. La lucha por hacer posible la vida en la ciudad a precios asequibles está también claramente vinculada al cuidado del medioambiente y la explicación es clara. Cuando no hay viviendas en el mercado con precios asequibles en la ciudad, la gente se marcha a las afueras, la ciudad se extiende y dispersa, se generan ciudades dormitorios y el uso del automóvil es imprescindible.  Se potencia, en suma, un estilo de vida que no es ecológico ni sostenible; por lo que medidas como estas, en políticas de vivienda urbana hacen falta por su interés social pero también por su interés ecológico.

Las ciudades más vivibles son las compactas y diversas y por eso tenemos también que parar la gentrificación. La Nueva Agenda Urbana aprobada en Quito, plantea la urgencia de cambiar los modelos actuales de crecimiento urbano, afrontando los desafíos del cambio climático y la resiliencia. Busca promover ciudades más incluyentes, compactas y conectadas. Un dato: sólo un 13% de las ciudades del mundo gozan de vivienda asequible. Así que, hay que garantizar un derecho -el acceso a la vivienda- factor clave de la equidad y cohesión social, y también hay que limitar el crecimiento exponencial de la superficie urbanizada. La expansión física de las ciudades ha crecido varias veces más que la población que las habita y eso ha supuesto el crecimiento exponencial de las demandas de movilidad, la pérdida de suelos de alto valor agrícola, ecosistemas y paisajes. Además, sigue en aumento el porcentaje de la población mundial que vive en ciudades.

 

Así que, como conclusión: es imprescindible resistir a los fenómenos gentrificadores excluyentes y para eso tanto los ciudadanos como los poderes institucionales debemos estar alerta y actuar. Los ciudadanos deben pelear por el derecho a la vivienda y por espacios de participación real que nos permitan intervenir de forma efectiva en el desarrollo de la ciudad que queremos. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) es un buen ejemplo de un activismo comprometido y efectivo de lo primero y la lucha de la plataforma de un Bosque Urbano para Málaga (BUM) de lo segundo.

Los poderes y gestores públicos deben garantizar la identidad y calidad de la ciudad como espacio público compartido a través de políticas de planificación y diseño urbano en el que la participación de vecinas sea determinante, educándonos y empoderándonos. La promoción e incremento de parques públicos de viviendas de alquiler es imprescindible y estos deben ser intransferible a fondos buitres.

Hace falta mucha energía social y aportación crítica para conformar una nueva política en materia de vivienda y ciudad. Y esa energía volcarla en la necesaria transición hacia modelos urbanos más sostenibles y menos vulnerables ante la crisis social, financiera, energética y climática.