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El agua, un recurso sobreexplotado

En Andalucía, el agua es un recurso estratégico del que dependen las actividades productivas, la calidad de vida de sus habitantes y la supervivencia de ecosistemas de gran valor ecológico. Forma parte del patrimonio natural de los andaluces al ser corazón y motor de ecosistemas fundamentales como marismas, humedales, ríos…

El futuro del recurso debe pasar por una gestión sostenible e integral, como así se establece en la Directiva Marco de Aguas (DMA), apostando por un mayor control en la demanda o limitando la oferta que hasta ahora parece infinita.

En los últimos tiempos se ha hecho evidente la merma de recursos hídricos disponibles en España por los efectos del cambio climático, una creciente actividad extractiva que no respeta la capacidad de carga de los acuíferos, ni la disponibilidad de agua de las distintas cuencas hidrográficas.

La reducción de las precipitaciones y, muy especialmente, la subida de las temperaturas, han generado una reducción media del agua que va a parar a los cauces, de más del 20% en tan sólo 25 años. Si además consideramos que la actividad agrícola supone en torno al 80% del agua consumida en España, para poder recuperar un cierto equilibrio hídrico sería necesario aceptar el hecho de que este recurso es limitante en nuestro país y especialmente en Andalucía lo que requiere que definamos la superficie regada que podemos tener y mantener sin `poner en riesgo la propia actividad en el futuro y sin afectar negativamente otros usos, como está ocurriendo.  Por tanto es imprescindible incrementar la eficiencia en el uso del agua en agricultura, limitando la oferta y las concesiones de extracción de los acuíferos. Algunos expertos consideran que ya hemos superado en un 20% la extracción asumible, con los 4 millones de hectáreas regadas con las que contamos actualmente.

Los trasvases deben ser medidas excepcionales para suplir necesidades urgentes puntuales, y no para incrementar más el consumo de agua. Los planes hidrológicos que se aprobaron en 2016 no modificaban sustancialmente aquella concepción inicial  de la política de trasvases, a pesar de que se cuenta con un 20% menos de agua en España. Esos planes se hacían teniendo la idea de que el agua era infinita y era un modelo basado en el aumento de la oferta. Lo que no puede ser es que un siglo después sigamos sin entender que el agua que hay disponible es siempre la misma y que se recicla y recircula en un ciclo que estamos alterando. Cuando con nuestra actividad depredadora de recursos no lo tenemos en cuenta, sólo estamos propiciando que en un futuro próximo suframos limitaciones severas, tanto en el uso doméstico como en los cultivos. No se puede dar una oferta ilimitada de un recurso limitado.

La falta clara de gobernanza por parte de las Administraciones Central y Autonómica es un obstáculo para la correcta aplicación de las disposiciones de la DMA en España, ya que consiente la sobreexplotación del agua permitiendo asignaciones más allá de los recursos disponibles, lo que afecta al estado de las masas de agua e impide establecer políticas de gestión de la demanda eficaces. Este desajuste se utiliza, por parte de los usuarios y los propios Organismos de Cuenca, como justificación para solicitar la puesta en marcha de nuevos trasvases, infraestructuras de regulación y nuevas fuentes de recursos (a través de la desalación o la reutilización) para aumentar la oferta de agua.

Se debe desterrar la idea de que el agua es un mero recurso económico, sin tener en cuenta otros aspectos como los sociales o los ambientales. No se puede hacer política de aguas únicamente en función del uso económico. Esto provoca agresiones  a los ecosistemas fluviales, tanto a los cedentes como a los receptores. Desde el punto de vista social su simple planteamiento desencadena enfrentamientos entre unas comarcas y otras, de forma que lejos de esa pretendida vertebración en torno a lazos de dependencia y solidaridad hidrológicos son motivo de enfrentamiento. La gestión de los recursos hídricos pasa por ser uno de los temas que ha suscitado mayores controversias entre comunidades y comarcas cedentes y receptoras. Porque los desequilibrios entre disponibilidades reales y consumos de agua, son preocupantes y agudizan los conflictos provocados por el agua. En este contexto, la disponibilidad de agua, tanto en cantidad como en calidad, puede transformarse, en un futuro próximo, en un verdadero problema para nuestra sociedad.

Se debe desterrar la idea de que el agua es un mero recurso económico, sin tener en cuenta otros aspectos como los sociales o los ambientales.

La política hidrológica necesita como eje, la gestión ecológica de la demanda y no el aumento de la oferta. Asumir una política del agua planificada desde las disponibilidades hídricas y los condicionantes ambientales que contemplen objetivos como:  •la supresión de regadíos subvencionados para cultivos insostenibles; •prevalencia de la conservación de ecosistemas acuáticos; •eficiencia en la utilización del recurso; •garantizar la calidad del agua y proteger adecuadamente el dominio público hidráulico; •liberar las llanuras de inundación de la realidad territorial y del urbanismo ilegal; •eliminar la sobreexplotación de las aguas subterráneas; •proteger las zonas húmedas; •completar la depuración de aguas residuales; •establecer la recuperación de costes para todos los usuarios; etc., solo así se garantizaría una buena gestión, eficaz y eficiente.

Las perspectivas en relación al agua y las previsiones para España de las consecuencias del cambio climático podrían significar mayores temperaturas, precipitaciones menores, o más concentradas en el tiempo, y mayor evapotranspiración potencial. Lo cual incrementará los problemas de eutrofización de nuestras aguas, empeorando su calidad y reduciendo los posibles usos. Ante esta situación, la respuesta técnica de los gestores del agua debe centrarse, no sólo en aumentar la capacidad de regulación, sino en conceder mayor importancia a la gestión de los embalses, tanto en lo que se refiere a la reducción de los aportes contaminantes como en la mejora de la calidad de las aguas embalsadas.

La forma de gestionar embalses, determina también el funcionamiento y las posibilidades del ecosistema fluvial regulado río abajo. El ecosistema fluvial depende del régimen de caudales y de la calidad de sus aguas.

Hay, y se acentuará en el futuro, escasez de agua en amplias zonas de Andalucía debido al cambio climático, a los usos relacionados con la presión urbanística y el riego intensivo, así como a las actividades turísticas. Será fundamental la apuesta por el ahorro, la búsqueda de soluciones menos consumidoras de agua y el cierre del ciclo del agua de forma eficiente, depurando y recirculando.

Deben revisarse las futuras demandas de agua para no generar un problema de escasez, que también pondría en peligro los actuales cultivos de regadío. Y pensar en mejorar la gobernanza del agua en las cuencas para no tener que recurrir a estas medidas de trasvases.

Cada vez hay mayores consumos en la práctica totalidad de las zonas regables, y un aumento considerable de los niveles de salinidad. Por eso hay que insistir en que los llamados déficits hídricos no tienen que ver con los caudales de la cuenca sino con las crecientes peticiones de más agua de las comunidades de regantes.

La procedencia del agua que gastamos tiene 3 orígenes distintos: origen superficial, origen subterráneo y aguas reutilizadas. Debería hacerse un esfuerzo en conseguir mayor porcentaje de aguas reutilizadas lo que implicaría mayor inversión en la mejora de depuración y saneamiento de las masas de agua, con el consiguiente ahorro de las masas subterráneas y superficiales. Esta debe ser, una premisa a tener en cuenta antes que la propuesta de más construcciones y obras hidráulicas con la intención de aumentar la extracción para regadíos.

En años de menores precipitaciones que la media, como el de ahora, las campañas de riego se anticipan, y vamos hacia escenarios de aumento considerable de los periodos de sequía, mayores temperaturas, desprotección de la capa de suelo por pérdidas de masa arbórea y roturaciones para cambiar zonas de secano por regadíos… Todo esto lleva a una pérdida por evapotranspiración de las plantas. Ello nos debe llevar a ser escrupulosos con el agua embalsada y a poner coto al aumento descontrolado de los regadíos, en todas las cuencas de Andalucía.

 

Sequía: cómo garantizar el suministro de agua para distintos usos

Gestión hídrica

La gestión de los recursos hídricos pasa por ser uno de los temas que ha suscitado mayores controversias entre comunidades y comarcas cedentes y receptoras.

En los últimos tiempos se ha hecho evidente la merma de recursos hídricos disponibles en España por los efectos del cambio climático, una creciente actividad extractiva que no respeta en muchas ocasiones la capacidad de carga de los acuíferos, ni la disponibilidad de agua de las distintas cuencas hidrográficas.

La combinación de la reducción de las precipitaciones y, muy especialmente, la subida de las temperaturas que se está produciendo han generado una reducción media del volumen de agua que va a parar a los cauces de más del 20% en tan sólo 25 años. Si además consideramos que la actividad agrícola supone en torno al 80% del agua consumida en España, para poder recuperar un cierto equilibrio hídrico sería necesario aceptar el hecho de que este recurso es limitante en nuestro país y especialmente en Andalucía lo que requiere que definamos la superficie regada que podemos tener y mantener sin poner en riesgo la propia actividad en el futuro y sin afectar negativamente otros usos del recurso, como ya está ocurriendo en la actualidad. Por tanto es imprescindible incrementar la eficiencia en el uso del agua en agricultura, limitando pérdidas y fomentando infraestructuras y manejos que sean conservativos. Seguramente también tendremos que decir NO a nuevos incrementos de superficies. Algunos expertos consideran que ya hemos superado en un 20% la extracción asumible, con los 4 millones de hectáreas regadas con las que contamos actualmente.

Los trasvases deben ser medidas excepcionales para suplir necesidades urgentes puntuales, y no para incrementar más el consumo del recurso. Sin embargo, los nuevos planes hidrológicos no van en esa línea. Los planes hidrológicos no modifican sustancialmente aquella concepción inicial  de la política de trasvases, a pesar de que se cuenta con un 20% menos de agua en España. Esos planes se hacían teniendo la idea de que el agua era infinita y era un modelo basado en el aumento de la oferta. Lo que no puede ser es que un siglo después sigamos sin entender que el agua que hay disponible es siempre la misma y que se recicla y recircula en un ciclo que estamos alterando. Cuando con nuestra actividad depredadora de recursos, esto no lo tenemos en cuenta sólo estamos propiciando que en un futuro próximo suframos limitaciones severas, tanto en el uso doméstico como en los cultivos. No se puede dar una oferta ilimitada de un recurso limitado.

Pero siendo esto así, debemos reconocer que hay municipios enfrentados a una escasez que hay que abordar con cierta urgencia.

Hay municipios que acaban teniendo que recurrir a camiones cisterna para abastecer a la población durante el verano. Los pozos de algunas localidades, además de suministrar muy poco caudal, no ofrecen agua potable. Las medidas a poner en marcha para paliar las situaciones que se producen, pueden ser la detección de fugas o la reducción de consumos, pero es evidente que eso no es suficiente. El caudal de los manantiales de los que se suelen abastecer algunos municipios está en mínimos históricos, probablemente reflejando no sólo una situación circunstancial sino el efecto de una extracción prolongada en el tiempo sin respetar la capacidad de carga.  La situación es complicada y puede agravarse cuando el régimen de lluvias no es el esperado o necesario, ya que muchos municipios se abastecen de agua potable proveniente de acuíferos subterráneos.

El aumento de la población en determinadas zonas, el incremento de los cultivos de regadío y la escasez de lluvias, tiene como consecuencia que el nivel de reserva y de calidad de estos acuíferos se haya visto reducido de forma alarmante.

Es necesario garantizar el suministro en períodos de pocas lluvias y no aprovechar las reiteradas peticiones de trasvases para seguir propiciando un consumo por encima de la reposición natural. Y no es lo mismo trasvasar por necesidades de suministro a las poblaciones que por extracciones excesivas  para una agricultura intensiva de regadíos.

Los planes hidrológicos se concibieron antes que la DMA y tenían diferentes objetivos. Se diseñaron para satisfacer las necesidades socioeconómicas y para distribuir el agua (teniendo en cuenta la gran desigualdad que existe en España con respecto a los recursos hídricos). La DMA modificó el enfoque de la gestión del agua en España; tras su publicación, las autoridades decidieron combinar ambos enfoques (las demandas de agua y la protección medioambiental).

Deberían haberse buscado otras soluciones para satisfacer las necesidades de agua, como utilizar el agua de las desalinizadoras o reducir el agua para usos turísticos. Un reciente informe ha llegado a la conclusión de que cada turista consume hasta cuatro veces más agua que un residente. Y en España hemos hecho una fuerte apuesta por el sector turístico que consume grandes cantidades de un agua (piscinas, campos de golf, instalaciones acuáticas…) cada vez más escasa y que se debe gestionar con prudencia.

Un reciente informe ha llegado a la conclusión de que cada turista consume hasta cuatro veces más agua que un residente.

Hay, y se acentuará en el futuro, escasez de agua en amplias zonas de Andalucía debido al cambio climático, a los usos relacionados con la presión urbanística y el riego intensivo, así como a las actividades turísticas. Se han planteado dos soluciones principales para resolver la escasez de agua: el trasvase y la desalinización. Ninguna de ellas es la ideal pero habrá que dirimir en qué medida se recurre a ellas. Por supuesto, también es fundamental la apuesta por el ahorro, la búsqueda de soluciones menos consumidoras de agua y el cierre del ciclo del agua de forma eficiente depurando y recirculando. También debemos implementar medidas educativas que permitan abordar este tema con rigor y no sólo cuando surgen problemas de suministro.

Deben revisarse las futuras demandas de agua para no generar un problema de escasez, que también pondría en peligro los actuales cultivos de regadío.

Hay que pensar en mejorar la gobernanza del agua en las cuencas para no tener que recurrir a medidas de trasvases, porque antes de que se constatara la necesidad de garantizar el suministro a algunas poblaciones que lo precisan y de que fuese evidente la sobrexplotación y el mal estado de la calidad del agua en bastantes acuíferos, se debían haber adoptado las medidas pertinentes que lo evitasen.

Si quieres escuchar la entrevista que me hicieron sobre este tema en Radio XXII, aquí te dejo el podcast.

 

Conseguimos que el Parlamento exija al Gobierno andaluz que reactive el Plan Andaluz de la Bicicleta

Hoy, en la Comisión de Fomento y Vivienda, mediante una Proposición No de Ley (PNL), hemos solicitado que el Gobierno andaluz cumpla el compromiso político con el Plan Andaluz de la Bicicleta, y recupere para ello la financiación con la que nación el Plan.

Nuestra proposición ha sido aprobada con 3 votos a favor y 12 abstenciones, éstas del PP y del PSOE. Os dejo el texto de la intervención:

El 23 de abril como en años anteriores los usuarios habituales de la bicicleta y colectivos ciclistas diversos se suman en las distintas ciudades andaluzas a las bicifestaciones simultáneas  en defensa del Plan Andaluz de la Bicicleta (PAB). La Federación Andalucía por la Bici,  tras esta manifestación reivindicativa, se sintió indignada  por el engañoso tratamiento de los datos que se hace desde los responsables en la consejería y acusa al Director General de Infraestructuras de faltar a la verdad, manipulando las cifras anuales de inversión autonómica en infraestructura ciclista y ocultando tras dificultades de técnica presupuestaria, la falta de compromiso político real con el PAB.

El Plan de Ordenación del Territorio Andaluz (POTA) establece claramente que es obligación de las administraciones públicas: “promover un sistema de transporte multimodal e integral basado en los servicios de transporte público y el fomento de los desplazamientos en medios no motorizados (en bicicleta, a pie), frente a la preeminencia del automóvil.

El Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020, aprobado en enero de 2014, con un presupuesto de 421 millones de € pretendía conseguir un 15% del reparto modal en bicicleta para ámbitos urbanos y un 10% en ámbitos metropolitanos. Sin embargo, la Junta aportó en el presupuesto de 2016 el 4,7% de su inversión comprometida para la realización del proyecto,  15 millones €, que debería estar culminado en 2020. A ese ritmo el plan tardaría en ejecutarse más de 20 años, es decir, más allá del 2035.

Más aún: el  presupuesto para 2016 se redujo a la mitad respecto al previsto para 2015 y fue incluso menor que el de 2014. Para 2015 se presupuestaron 33 millones y se ejecutaron 18 y para 2014 se previeron 18 y se ejecutaron cinco. La plataforma Andalucía por la bici envió en noviembre pasado, una queja al Defensor del Pueblo Andaluz que fue admitida a trámite y en la que pedía un presupuesto digno para el plan.

Según el estudio recogido en el plan, cuando el proyecto esté finalizado, los beneficios asociados repondrán la inversión ejecutada en solo un año, con un ahorro anual de 413 millones en gasto sanitario y en transporte, gracias a la disminución del consumo energético y de emisiones contaminantes y por reducción del absentismo. Además supondrá la creación de más de 15.000 puestos de trabajo, más de la mitad relacionados con la construcción y mantenimiento de las vías, y el resto con la actividad asociada en el sector turístico, la fabricación y la reparación de bicicletas, así como el comercio y los servicios vinculados.

Las redes ciclistas que han tenido éxito han sido las que se han hecho completas y bien planificadas. El presente y el futuro pasan por la movilidad pacificada. Hemos ido perdiendo en los últimos treinta años la calidad de vida de la ciudad mediterránea por el urbanismo disperso y el fomento de la movilidad motorizada. El PAB era, y esperamos que siga siendo, una herramienta para que el ciudadano pueda revertir ese proceso. Los beneficios de este tipo de movilidad sostenible (salud, economía, medio ambiente) son hoy por hoy incuestionables.

En todo el año 2016 y en lo que llevamos de 2017,  la Junta apenas ha invertido en infraestructura ciclista.

En la nota de prensa que se hizo pública tras las bicifestaciones del pasado año, se hablaba de los mismos 25,3 millones de euros de los que se habla en la nota de prensa del pasado 23 de abril. No deja de ser llamativo que la misma previsión de inversión que se anuncia ahora para finales de 2018 se anunciara en 2016 de cara a 2017. Si la movilidad en bicicleta fuera relevante para la Junta de Andalucía, ninguno de sus responsables políticos  hubiera  incumplido el calendario de ejecución del PAB.

Las razones que da el director general de Infraestructuras para justificar su gestión y falta de compromiso con el Plan, son dos: que las ayudas FEDER 2014-2020 son más restrictivas que las del periodo anterior en lo tocante a partidas de infraestructuras y que vivimos tiempos de limitación presupuestaria.

Los beneficios de este tipo de movilidad sostenible (salud, economía, medio ambiente), son hoy por hoy incuestionables.

Sin embargo, desde los colectivos ciclistas se pide mayor implicación de la administración autonómica y que la inversión en infraestructura ciclista pueda quedar blindada al margen de las circunstancias. El demostrado beneficio social y en salud pública que comporta el transporte en bicicleta, y la reducida inversión que requiere a cambio, justifican que las partidas de los presupuestos dedicadas a la bicicleta aumenten y sean estables. De los 420 millones previstos en el PAB a los 25,3 que llevamos ejecutados hay demasiada distancia. La decisión acerca de cuánto dedicar a la movilidad ciclista es una decisión política; y en los últimos presupuestos anuales no alcanza ni siquiera el 1% del gasto general en infraestructura. Si la movilidad en bicicleta fuera tema relevante para la Junta de Andalucía, sus responsables políticos no se atreverían a desarticular el PAB en base a una excusa de técnica presupuestaria. Tanto más, cuando sí que hay inversiones millonarias en infraestructura para el coche; lo que no casa bien con el insistente discurso de  que la Administración andaluza apuesta por la movilidad sostenible. El PAB debería ser una de las herramientas de un Plan coherente de Movilidad Sostenible: no se trata de ir sumando infraestructuras inconexas en el tiempo, sino de apostar seriamente por un cambio de modelo que prime el interés público. La ridícula suma de partidas presupuestarias y el deliberado juego de retrasos en la ejecución revelan el escaso interés en desarrollar un Plan que beneficiaría grandemente a los andaluces, a la movilidad urbana y metropolitana, al aire que respiramos todos y a la salud en general.

A tener en cuenta también, todos los empleos que, encuadrados en lo que llamaríamos empleos del sector verde,  se generan en fabricación, mantenimiento, alquileres y repuestos de estos vehículos de cero emisiones.

Si quieres leer el texto de nuestra PNL, pincha aquí.

Y si quieres conocer el Plan Andaluz de la Bicicleta en profundidad, pincha aquí.

 

Camino andado con EQUO