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Dulces fresas con amargo regusto para el ecofeminismo

Este mundo globalizado para las mercancías y las transacciones financieras levanta muros cada vez más altos para las personas de los países empobrecidos y víctimas de conflictos bélicos. Estos días, España aparece como un puerto amigo posible para los que huyen de la orilla sur del Mediterráneo, pero esta imagen amable no nos redime de ser un país que participa de esta globalización que excluye a las personas o las explota y, entre ellas, aún más a las mujeres.

La mayor parte de la fresa cultivada de nuestro país se produce en Huelva y se dedica a la exportación al norte de Europa. Son fresas migrantes del Sur de Europa que viajan al norte, como también las mujeres marroquíes que migran temporalmente de Marruecos a nuestra Andalucía en la misma dirección para cultivarlas y cosecharlas. La actualidad con su ruido envejece y aleja situaciones que merecen ser denunciadas por injustas como las que soportan estas mujeres magrebíes y también algunas españolas en algunos de estos campos de cultivo. Los campos de frutos rojos nos debieran hacer enrojecer, sin embargo, se ha pretendido desde el parlamento andaluz dar un apoyo expreso al sector agrícola onubense en su conjunto, como fuente de generación de riqueza, empleo y desarrollo social, mediante una proposición no de ley presentada por el Partido Popular y apoyada por PSOE y Ciudadanos. Como casi siempre, esta proposición destacaba los beneficios socioeconómicos del sector fresero onubense y su profesionalidad, soslayando en buena medida la gravedad de la situación acaecida este año.

Conviene recordar también que este modelo de producción es claramente insostenible, especialmente por su dependencia de un recurso limitante como el agua y que está basado en condiciones precarias para estas jornaleras agrícolas del siglo XXI. Muy triste parece, que esa precarización se cebe especialmente en las mujeres, una vez más. En lugar de mirar el problema de frente, a raíz de que tres responsables de fincas estén siendo investigados por abusos sexuales, se levantan voces defendiendo las bondades del sector y sus logros desde la sede donde están representadas las andaluzas/es. Pero no podemos por menos que denunciar que esos logros son, una vez más, económicos y no están bien distribuidos. Se han conseguido generando una gran deuda ecológica y social. Por supuesto que hay agricultores y empresarios del sector (sí, en masculino) que ofrecen condiciones laborales dignas, pero habrá que reconocer también que las ONGs que trabajan sobre el terreno, llevan años denunciando abusos. Este año ha sido especialmente complicado al tener que acoger a 17.000 mujeres temporeras magrebíes. Unas 6.000 repetían de años anteriores, siendo alrededor de 11.000 más, las que se incorporaron, a petición de la patronal fresera con la autorización del gobierno central en su fórmula de contratación en origen, con la supervisión de la mesa de la contratación en Huelva en la que intervienen, administración central y autonómica, patronales freseras y sindicatos, que coordina y negocia las condiciones con países terceros, mayoritariamente con Marruecos.  Nos preguntamos si la subdelegación del gobierno en Huelva, o la Junta de Andalucía, en su Dirección General de Políticas migratorias se ocuparon de aumentar los recursos para responder al incremento de casi el 300% de temporeras. Entre ellos, los Equipos de Atención al Inmigrante (EDATI) de la Guardia Civil, la inspección de trabajo, mediadores y mediadoras sociales y culturales, servicios sociales, sanitarios, etc…, para recibir este contingente de 17.000 mujeres. Conviene tener presente que se trata de mujeres en situaciones muy vulnerables, incluso en origen, las que terminan estando al final del último eslabón de esta cadena. Por tanto, estamos en un sector donde la igualdad de género ni existe ni se vislumbra de momento. Manijeros y responsables de fincas, con poca supervisión de las empresas y las administraciones públicas, son los encargados de cientos de mujeres a las que en muchas ocasiones tratan con insultos, amenazas y vejaciones.

Son las mujeres las que se agachan a recoger los frutos, las que están bajo los plásticos, siendo los puestos de responsabilidad de fincas y naves de envasado, los ejercidos por hombres. Por ello el modelo agrícola, tanto en el sector de los frutos rojos como el promovido en general adolece de defectos identificables a los que poner remedio cuanto antes.

No podemos dejar de preguntamos qué está pasando alrededor de la contratación en origen. En el contingente de este año, la mayoría eran mujeres marroquíes, contratadas a través de un convenio con Marruecos, donde ANAPEC, Agencia Nacional para la Promoción del Empleo y de las Competencias se encarga de la selección.

Según Pastora Cordero de la sección de industria de CCOO, “Este trabajo no es de fuerza, sino postural y, según palabras de quienes “entienden”, las mujeres se adaptan mejor: “Trabajan mucho y se quejan poco y es más sencillo alojarlas”; “Son mucho más delicadas a la hora de arrancar el fruto”; “La mujer está mejor preparada genéticamente para hacer este trabajo”…, son algunos de los motivos”. En su mayoría escogidas con un perfil: mujer, mediana edad, con cargas familiares, separada o viuda… Este año han llegado mujeres que no hablan nada de español, ni siquiera francés, de zonas rurales aisladas de Marruecos, con un nivel de alfabetización muy bajo. No se les había explicado su trabajo en los campos de fresa. Mujeres que firman contratos en español con un X. Mujeres que han sido hacinadas en fincas. Que venían para trabajar tres, cuatro meses, desde principios de abril, y sin embargo nos hemos encontrado con despidos por “no consecución de objetivos”, a mediados de mayo. Algunas sólo habían trabajado 8 días tras ser echadas del trabajo, y por tanto de la finca donde vivían. Estas mujeres, que son desalojadas de las fincas donde trabajan y viven, tienen que volver a sus países de origen costeándose el viaje de vuelta (el empresario tiene obligación de pagar el viaje de ida y el alojamiento). Mujeres a las que, en algunos casos, se les ha retenido el pasaporte para que no abandonen el país hasta fin de campaña, aun cuando no podían trabajar. Y tenemos que escuchar decir a la patronal fresera que lo denunciado es un bulo, y a la Comisión de Agricultura en el Parlamento andaluz apoyarlo. Cuando hay ONGs que llevan años denunciando las condiciones de las personas, especialmente las mujeres temporeras, en los campos.  Organizaciones que se han reunido con la consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía en los últimos meses. ¿Lavado de cara de la administración andaluza?

Este es el modelo social y laboral creado alrededor de unos beneficios de casi 1.000 millones de euros. Parece evidente que con la modernización del sector en I+D+I y los beneficios económicos no es suficiente para afirmar que hay desarrollo social alrededor de la riqueza y el empleo, porque ese empleo se parece mucho a la explotación.

El 8 de marzo las mujeres, en ruidosa multitud salimos a reclamar algo obvio. Pero persiste la negación de lo obvio. No sólo han denunciado temporeras marroquíes, también lo han hecho temporeras españolas y si no existiera la precariedad y la dependencia que tienen de un trabajo mal pagado para subsistir, habría más denuncias. El valor de las exportaciones de las que presume el sector descansa, aunque solo sea en parte, en situaciones de explotación y abuso contra las mujeres como los recientemente denunciados.

Tampoco, el IV Congreso Internacional de Frutos Rojos (por cierto, con 19 ponentes hombres y solo 4 mujeres), desarrollado recientemente en Huelva, no abordó esta otra realidad del sector. Ni la más mínima preocupación por el deterioro, a pasos agigantados de parte de los recursos de la provincia, ni por el problema que genera, la negativa de China a seguir haciéndose cargo del plástico sobrante en las explotaciones, ni por el peligro y la amenaza que pueden suponer las balsas de Rio Tinto que, según denuncian asociaciones ecologistas, EQUO e informes de la universidad de Huelva, presenta síntomas muy parecidos a los de Aznalcollar antes de reventar. Ni, por supuesto, qué puede pasar con la reapertura de la Mina de Aznalcollar y sus influencias en la zona de Doñana, y que repercusiones podría tener en la credibilidad internacional. Sí que se oyeron defensas cerradas en torno al sector pintando escenarios inmejorables, modernizaciones, empresas y mercados competitivos. Frases que lo mismo valen para el sector de los frutos rojos, que para el sector del porcino o para las vacas de cría. Es decir, discursos planos y absolutamente sesgados por el ideario economicista y basado sólo en el PIB.

Se necesita una valoración integral del modelo. En la parte laboral, en la contratación en origen y en el convenio del campo, introduciendo la perspectiva de género y el acogimiento en nuestra tierra. Y valoración y revisión profunda del modelo de producción. Reconsiderarlo bajo criterios agroecológicos. Los recursos naturales son un préstamo que nos dejan de las generaciones futuras. Si de verdad las administraciones competentes y los empresarios consideran estratégico el sector agrario onubense, deberán dar la vuelta al modelo (agrícola y laboral) y poner a las personas y el planeta antes que al beneficio y al PIB.  Eso significa plantear un futuro capaz de abordar los retos que enfrentamos. Estos no son baladíes y requerirán grandes dosis de resiliencia para superar las injusticias sociales, incluidas las de género, y los deterioros ambientales que el actual modelo sigue produciendo.

 

Artículo escrito junto a Laura Limón, y publicado originalmente en el blog Ecologismo de Emergencia el 03/07/2018.