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LA MARISMA QUE DESAPARECIÓ BAJO UNA MONTAÑA TÓXICA EN SOLO 50 AÑOS. Una de las tragedias onubenses

Estos días se han congregado más de cien colectivos, protestando a las puertas del Ayuntamiento de Huelva para mostrar su rechazo a la intención de la empresa Fertiberia de enterrar los fosfoyesos, y rechazando el proyecto presentado en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que sí ha recibido el visto bueno del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico porque, -afirman-, pretende cubrir con una fina capa de tierra las miles de toneladas de fosfoyesos que se han depositado durante tantos años. El otorgamiento se condiciona a numerosas cuestiones ambientales de la DIA, y supone para la ciudad de Huelva el enterramiento definitivo de los fosfoyesos en las marismas y su permanencia geológica en un problemático futuro.

La ciudad de Huelva se asienta en una gran llanura litoral donde abundan las marismas, caños, lagunas y esteros, junto a zonas de arenas. La estructura sedimentaria es de elementos muy finos (arcillas), y expuestos a dinámicas de flujo continental y marítimo, con materiales aún no consolidados. Su situación en la confluencia y desembocadura de los ríos Tinto y Odiel explica algunos de los riesgos que existen, como consecuencia del grave conflicto ambiental generado. Son necesarias medidas urgentes, ineludibles y costosas para neutralizar la enorme montaña tóxica de fosfoyesos que se ha acumulado a lo largo de mas de cuatro décadas, sobre fangos poco compactados y arenas embebidas en agua. Una montaña originada por la acumulación de materiales industriales que es una de las mayores del mundo. Tras su clausura se ha mantenido la zona en permanente riesgo de desastre ecológico. Un riesgo de gran magnitud que podría dejar pequeña la devastación ya vivida en Aznalcóllar.

 Fertiberia obtuvo en 1968 la concesión para verter sus residuos a la Marisma del Tinto, y lo hizo hasta que en 2004 el Ministerio de Medio Ambiente declaró caducadas las concesiones de los terrenos en que se asientan las enormes balsas. Entre 700 y 1000 hectáreas, la misma extensión que la ciudad de Huelva y a escasos 500 m. de sus viviendas. Tiene entre 80 y 100 millones de toneladas de residuos, en su mayoría fosfoyesos, que son un subproducto resultante de la fabricación de fertilizantes fosfatados.*[1] Antes de la concesión, la marisma estaba limpia. Pero después de contaminar tanta extensión y durante tanto tiempo, no va a ser técnicamente posible descontaminar y volver a dejar limpia la marisma como así están exigiendo los colectivos. Son cosas de la entropía: imposible volver al punto de partida tras el disparate consentido durante tantos años.

El Polo Químico suele dividir a los ciudadanos entre los que lo ven como motor económico de la ciudad (por los puestos de trabajo que genera) y los que lo ven como su primer problema al afectarles a su salud (las balsas emiten una radiación 27 veces por encima de lo permitido, muy por encima de la legislación española y la directiva europea) o destruir los ecosistemas que circundan la ciudad.

El dilema ya está servido: Es un hecho que no se debió permitir el vertido continuado, durante décadas, de residuos tan tóxicos a las puertas de la ciudad y en zona tan frágil. De hecho, en ningún otro lugar. Y también es un hecho que la insistente petición ecologista de que “quien contamine, pague” nunca se cumple, porque una vez rotos los equilibrios ambientales, no se vuelve a la situación de partida y el destrozo nunca se repara. Pero a las amenazantes balsas, hay que buscarles una enmienda que no genere otros problemas.

Por eso, respecto a la DIA, en este caso, como en los demás, se analizan distintas alternativas. Lo que ha aceptado el Ministerio es que se encapsule la zona de vertidos, no que se regenere, que es lo que piden desde asociaciones ecologistas y ciudadanas de Huelva. Regenerar la marisma con garantías no es fácil y supondría mover los fosfoyesos. Pero, si se trasladasen los fosfoyesos para limpiar la marisma ¿qué hacer con ellos? ¿Dónde depositarlos? Aunque el sellado in situ sea una mala solución, es evidente que implica menos riesgos que el que significa trasladar todos los vertidos tóxicos a otro lugar. Asumiendo, claro está, que se ha evaluado con rigor y con las herramientas que existen para ello, (Mejores Tecnologías Disponibles que suelen decir las empresas). Existe la posibilidad de pedir otra evaluación de riesgos de las distintas alternativas de gestión, para tener una opinión independiente y cualificada aparte de la de la empresa y la del ministerio. La Universidad de Huelva cuenta con equipos de investigación que han trabajado sobre ello.

Pero es evidente que NO se resuelve el problema porque no hay una solución óptima para unos vertidos que no se debieron autorizar, y menos durante tanto tiempo de acumulación y lo único que ya se puede hacer es convivir con el riesgo; al que –en teoría- pretenden mantener dentro de un rango asumible.

Las alternativas que suponen mover el suelo o los sedimentos contaminados se suelen desechar, al ser más peligroso mover el material y acabar trasladando el problema a otro sitio. No es un volumen pequeño que se pueda llevar a un vertedero, son muchas hectáreas de balsas (entre 700 y 1000 Has). Y, asumido que no se mueve, lo que queda es actuar in situ. En general, se suele optar por soluciones ”ingenieriles” aunque para determinados contaminantes como metales pesados y petróleo pueden funcionar tratamientos biológicos. Aquí no es el caso. Demasiado contaminante y extensión. Ante eso, lo propuesto es una especie de sellado de las balsas (encapsulado) que limite las pérdidas, posibles infiltraciones, límite riesgos de rotura y otros posibles problemas. Como se sabe que eso no es seguro y con el paso del tiempo puede haber rotura e infiltraciones, quizá gases también, se propone vigilancia a 30 años, aunque después de ese tiempo el riesgo va a persistir. Para fijar taludes tiran de vegetación, que de camino queda bien. No se puede descontaminar a 0. Se descontamina hasta que el riesgo se considere aceptable para la salud de las personas y del ecosistema. Dónde esté ese límite aceptable no creo que nadie lo sepa con certeza.

Es la solución menos mala dada la situación. Por supuesto siendo muy exigente con la ejecución y con “el aval” que garantice que los riesgos se mantendrán en “límites aceptables”. Se debe exigir a Junta y Ministerio que consideren adecuadamente el riesgo que de verdad es asumible para la ciudad de Huelva y en consecuencia, que exijan a Fertiberia el máximo rigor en el encapsulado de suelos (que quede con la estanqueidad garantizada) y que aporte el montante que se considere necesario para su mantenimiento a futuro, asegurando que ese dinero no se pueda dedicar a otra cosa. No sé si los 65 millones € exigidos como fondo de garantía, son garantía suficiente, pero tendría que ser depositado en un banco para estos fines y estar disponible para los imprevistos y los probables incumplimientos que tenga el proyecto y su monitorización durante 30 años. Con certeza es una cantidad pequeña para los daños ocasionados y los riesgos que sufrirán generaciones de onubenses. Pero ¿qué criterio se podría usar para declarar una cantidad como razonable y suficiente?

Conclusión: Es una actividad que no se debería haber permitido y por la que Feriberia, además de remediar debe compensar a la ciudad de alguna manera. Al dar el Ministerio por bueno el proyecto, tendría que argumentar porqué considera que se han evaluado suficientemente los riesgos con los que tendrán que convivir los onubenses y su ecosistema de marismas.

Quiero aclarar que, coincidir, en un marco de evaluación de riesgos comparativos, que un confinamiento sea la solución menos mala en el corto-medio plazo, no blanquea la desastrosa gestión que Fertiberia ha hecho en Huelva y los daños ambientales y para la salud de las personas que ha producido por decenios. Además, en ese mismo sentido, habría que preguntar al Ministerio de Transición Ecológica, Dirección de Biodiversidad y Calidad Ambiental cómo es que se conceden permisos para que vengan 70.000 toneladas de residuos peligrosos procedentes de territorio extracomunitario, de Montenegro concretamente, hasta Nerva, y que se sumarían a otras 40.000 ya depositadas a comienzos de este año.  Se incumple así la premisa de la que parto en este artículo: la de que se traten los residuos allí donde se producen.

El vertedero de Nerva iba a destinarse a tratar los residuos de Huelva, Sevilla y Cádiz. Pero se ha convertido en el basurero de Europa, un vertedero de residuos tóxicos y peligrosos a 700 metros de las casas del pueblo. Se esperan más envíos desde Montenegro hasta completar la operación de “limpieza” (bastante cuestionable) de 150.000 toneladas de residuos, el equivalente a 15 torres Eiffel, repartidas en 1,7 hectáreas. Y esta situación es contradictoria con la que se plantea para Huelva capital.

*[1] Respecto a lo que ha sucedido tras caducar las concesiones, hay que apuntar alguna cosa que amplíe el foco.  Y es que Fertiberia ha pasado a comprar su materia prima (ac. Fosfórico) a Marruecos. Lo ha hecho al no poder seguir vertiendo aquí, porque la legislación ambiental le ponía “difícil” contaminar sin costes. Y Marruecos le facilita esa materia prima que previamente roba al Sahara Occidental. Zonas ricas en Fosfatos y pobres en legislación ambiental. Marruecos controla el 75% del volumen de exportaciones de fosfatos en roca en el mundo. El 10% lo extrae del Sahara Occidental ocupado. Un expolio que implica no solo degradación ambiental por vertidos incontrolados, que van directamente al mar, sino degradación moral por la pobreza y humillación a que se somete al pueblo saharaui para expoliar sus riquezas naturales. Altos responsables de la empresa admiten sin sonrojarse, que son conscientes de que Marruecos les proporciona la materia prima vertiendo los residuos de la producción de fosfatos, directamente al mar, como puede observarse desde los satélites. Así es como Villar Mir entiende la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Si el sistema de producción capitalista arruina las pesquerías de zonas marinas de gran valor pesquero como los caladeros de las costas atlánticas africanas, arruina las marismas y la salud de las gentes que viven donde se han venido produciendo fertilizantes fosfatados o de otro tipo y lo hace para mantener un sistema agroindustrial que supuestamente debe alimentar a una población mundial creciente… no creo que por ese camino lleguemos lejos antes de colapsar.

Publicado en el Blog de Público.es: Ecologismo de Emergencia el 9 de diciembre 2020

Dulces fresas con amargo regusto para el ecofeminismo

Este mundo globalizado para las mercancías y las transacciones financieras levanta muros cada vez más altos para las personas de los países empobrecidos y víctimas de conflictos bélicos. Estos días, España aparece como un puerto amigo posible para los que huyen de la orilla sur del Mediterráneo, pero esta imagen amable no nos redime de ser un país que participa de esta globalización que excluye a las personas o las explota y, entre ellas, aún más a las mujeres.

La mayor parte de la fresa cultivada de nuestro país se produce en Huelva y se dedica a la exportación al norte de Europa. Son fresas migrantes del Sur de Europa que viajan al norte, como también las mujeres marroquíes que migran temporalmente de Marruecos a nuestra Andalucía en la misma dirección para cultivarlas y cosecharlas. La actualidad con su ruido envejece y aleja situaciones que merecen ser denunciadas por injustas como las que soportan estas mujeres magrebíes y también algunas españolas en algunos de estos campos de cultivo. Los campos de frutos rojos nos debieran hacer enrojecer, sin embargo, se ha pretendido desde el parlamento andaluz dar un apoyo expreso al sector agrícola onubense en su conjunto, como fuente de generación de riqueza, empleo y desarrollo social, mediante una proposición no de ley presentada por el Partido Popular y apoyada por PSOE y Ciudadanos. Como casi siempre, esta proposición destacaba los beneficios socioeconómicos del sector fresero onubense y su profesionalidad, soslayando en buena medida la gravedad de la situación acaecida este año.

Conviene recordar también que este modelo de producción es claramente insostenible, especialmente por su dependencia de un recurso limitante como el agua y que está basado en condiciones precarias para estas jornaleras agrícolas del siglo XXI. Muy triste parece, que esa precarización se cebe especialmente en las mujeres, una vez más. En lugar de mirar el problema de frente, a raíz de que tres responsables de fincas estén siendo investigados por abusos sexuales, se levantan voces defendiendo las bondades del sector y sus logros desde la sede donde están representadas las andaluzas/es. Pero no podemos por menos que denunciar que esos logros son, una vez más, económicos y no están bien distribuidos. Se han conseguido generando una gran deuda ecológica y social. Por supuesto que hay agricultores y empresarios del sector (sí, en masculino) que ofrecen condiciones laborales dignas, pero habrá que reconocer también que las ONGs que trabajan sobre el terreno, llevan años denunciando abusos. Este año ha sido especialmente complicado al tener que acoger a 17.000 mujeres temporeras magrebíes. Unas 6.000 repetían de años anteriores, siendo alrededor de 11.000 más, las que se incorporaron, a petición de la patronal fresera con la autorización del gobierno central en su fórmula de contratación en origen, con la supervisión de la mesa de la contratación en Huelva en la que intervienen, administración central y autonómica, patronales freseras y sindicatos, que coordina y negocia las condiciones con países terceros, mayoritariamente con Marruecos.  Nos preguntamos si la subdelegación del gobierno en Huelva, o la Junta de Andalucía, en su Dirección General de Políticas migratorias se ocuparon de aumentar los recursos para responder al incremento de casi el 300% de temporeras. Entre ellos, los Equipos de Atención al Inmigrante (EDATI) de la Guardia Civil, la inspección de trabajo, mediadores y mediadoras sociales y culturales, servicios sociales, sanitarios, etc…, para recibir este contingente de 17.000 mujeres. Conviene tener presente que se trata de mujeres en situaciones muy vulnerables, incluso en origen, las que terminan estando al final del último eslabón de esta cadena. Por tanto, estamos en un sector donde la igualdad de género ni existe ni se vislumbra de momento. Manijeros y responsables de fincas, con poca supervisión de las empresas y las administraciones públicas, son los encargados de cientos de mujeres a las que en muchas ocasiones tratan con insultos, amenazas y vejaciones.

Son las mujeres las que se agachan a recoger los frutos, las que están bajo los plásticos, siendo los puestos de responsabilidad de fincas y naves de envasado, los ejercidos por hombres. Por ello el modelo agrícola, tanto en el sector de los frutos rojos como el promovido en general adolece de defectos identificables a los que poner remedio cuanto antes.

No podemos dejar de preguntamos qué está pasando alrededor de la contratación en origen. En el contingente de este año, la mayoría eran mujeres marroquíes, contratadas a través de un convenio con Marruecos, donde ANAPEC, Agencia Nacional para la Promoción del Empleo y de las Competencias se encarga de la selección.

Según Pastora Cordero de la sección de industria de CCOO, “Este trabajo no es de fuerza, sino postural y, según palabras de quienes “entienden”, las mujeres se adaptan mejor: “Trabajan mucho y se quejan poco y es más sencillo alojarlas”; “Son mucho más delicadas a la hora de arrancar el fruto”; “La mujer está mejor preparada genéticamente para hacer este trabajo”…, son algunos de los motivos”. En su mayoría escogidas con un perfil: mujer, mediana edad, con cargas familiares, separada o viuda… Este año han llegado mujeres que no hablan nada de español, ni siquiera francés, de zonas rurales aisladas de Marruecos, con un nivel de alfabetización muy bajo. No se les había explicado su trabajo en los campos de fresa. Mujeres que firman contratos en español con un X. Mujeres que han sido hacinadas en fincas. Que venían para trabajar tres, cuatro meses, desde principios de abril, y sin embargo nos hemos encontrado con despidos por “no consecución de objetivos”, a mediados de mayo. Algunas sólo habían trabajado 8 días tras ser echadas del trabajo, y por tanto de la finca donde vivían. Estas mujeres, que son desalojadas de las fincas donde trabajan y viven, tienen que volver a sus países de origen costeándose el viaje de vuelta (el empresario tiene obligación de pagar el viaje de ida y el alojamiento). Mujeres a las que, en algunos casos, se les ha retenido el pasaporte para que no abandonen el país hasta fin de campaña, aun cuando no podían trabajar. Y tenemos que escuchar decir a la patronal fresera que lo denunciado es un bulo, y a la Comisión de Agricultura en el Parlamento andaluz apoyarlo. Cuando hay ONGs que llevan años denunciando las condiciones de las personas, especialmente las mujeres temporeras, en los campos.  Organizaciones que se han reunido con la consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía en los últimos meses. ¿Lavado de cara de la administración andaluza?

Este es el modelo social y laboral creado alrededor de unos beneficios de casi 1.000 millones de euros. Parece evidente que con la modernización del sector en I+D+I y los beneficios económicos no es suficiente para afirmar que hay desarrollo social alrededor de la riqueza y el empleo, porque ese empleo se parece mucho a la explotación.

El 8 de marzo las mujeres, en ruidosa multitud salimos a reclamar algo obvio. Pero persiste la negación de lo obvio. No sólo han denunciado temporeras marroquíes, también lo han hecho temporeras españolas y si no existiera la precariedad y la dependencia que tienen de un trabajo mal pagado para subsistir, habría más denuncias. El valor de las exportaciones de las que presume el sector descansa, aunque solo sea en parte, en situaciones de explotación y abuso contra las mujeres como los recientemente denunciados.

Tampoco, el IV Congreso Internacional de Frutos Rojos (por cierto, con 19 ponentes hombres y solo 4 mujeres), desarrollado recientemente en Huelva, no abordó esta otra realidad del sector. Ni la más mínima preocupación por el deterioro, a pasos agigantados de parte de los recursos de la provincia, ni por el problema que genera, la negativa de China a seguir haciéndose cargo del plástico sobrante en las explotaciones, ni por el peligro y la amenaza que pueden suponer las balsas de Rio Tinto que, según denuncian asociaciones ecologistas, EQUO e informes de la universidad de Huelva, presenta síntomas muy parecidos a los de Aznalcollar antes de reventar. Ni, por supuesto, qué puede pasar con la reapertura de la Mina de Aznalcollar y sus influencias en la zona de Doñana, y que repercusiones podría tener en la credibilidad internacional. Sí que se oyeron defensas cerradas en torno al sector pintando escenarios inmejorables, modernizaciones, empresas y mercados competitivos. Frases que lo mismo valen para el sector de los frutos rojos, que para el sector del porcino o para las vacas de cría. Es decir, discursos planos y absolutamente sesgados por el ideario economicista y basado sólo en el PIB.

Se necesita una valoración integral del modelo. En la parte laboral, en la contratación en origen y en el convenio del campo, introduciendo la perspectiva de género y el acogimiento en nuestra tierra. Y valoración y revisión profunda del modelo de producción. Reconsiderarlo bajo criterios agroecológicos. Los recursos naturales son un préstamo que nos dejan de las generaciones futuras. Si de verdad las administraciones competentes y los empresarios consideran estratégico el sector agrario onubense, deberán dar la vuelta al modelo (agrícola y laboral) y poner a las personas y el planeta antes que al beneficio y al PIB.  Eso significa plantear un futuro capaz de abordar los retos que enfrentamos. Estos no son baladíes y requerirán grandes dosis de resiliencia para superar las injusticias sociales, incluidas las de género, y los deterioros ambientales que el actual modelo sigue produciendo.

 

Artículo escrito junto a Laura Limón, y publicado originalmente en el blog Ecologismo de Emergencia el 03/07/2018.