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Conseguimos que el Parlamento exija al Gobierno andaluz que reactive el Plan Andaluz de la Bicicleta

Hoy, en la Comisión de Fomento y Vivienda, mediante una Proposición No de Ley (PNL), hemos solicitado que el Gobierno andaluz cumpla el compromiso político con el Plan Andaluz de la Bicicleta, y recupere para ello la financiación con la que nación el Plan.

Nuestra proposición ha sido aprobada con 3 votos a favor y 12 abstenciones, éstas del PP y del PSOE. Os dejo el texto de la intervención:

El 23 de abril como en años anteriores los usuarios habituales de la bicicleta y colectivos ciclistas diversos se suman en las distintas ciudades andaluzas a las bicifestaciones simultáneas  en defensa del Plan Andaluz de la Bicicleta (PAB). La Federación Andalucía por la Bici,  tras esta manifestación reivindicativa, se sintió indignada  por el engañoso tratamiento de los datos que se hace desde los responsables en la consejería y acusa al Director General de Infraestructuras de faltar a la verdad, manipulando las cifras anuales de inversión autonómica en infraestructura ciclista y ocultando tras dificultades de técnica presupuestaria, la falta de compromiso político real con el PAB.

El Plan de Ordenación del Territorio Andaluz (POTA) establece claramente que es obligación de las administraciones públicas: “promover un sistema de transporte multimodal e integral basado en los servicios de transporte público y el fomento de los desplazamientos en medios no motorizados (en bicicleta, a pie), frente a la preeminencia del automóvil.

El Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020, aprobado en enero de 2014, con un presupuesto de 421 millones de € pretendía conseguir un 15% del reparto modal en bicicleta para ámbitos urbanos y un 10% en ámbitos metropolitanos. Sin embargo, la Junta aportó en el presupuesto de 2016 el 4,7% de su inversión comprometida para la realización del proyecto,  15 millones €, que debería estar culminado en 2020. A ese ritmo el plan tardaría en ejecutarse más de 20 años, es decir, más allá del 2035.

Más aún: el  presupuesto para 2016 se redujo a la mitad respecto al previsto para 2015 y fue incluso menor que el de 2014. Para 2015 se presupuestaron 33 millones y se ejecutaron 18 y para 2014 se previeron 18 y se ejecutaron cinco. La plataforma Andalucía por la bici envió en noviembre pasado, una queja al Defensor del Pueblo Andaluz que fue admitida a trámite y en la que pedía un presupuesto digno para el plan.

Según el estudio recogido en el plan, cuando el proyecto esté finalizado, los beneficios asociados repondrán la inversión ejecutada en solo un año, con un ahorro anual de 413 millones en gasto sanitario y en transporte, gracias a la disminución del consumo energético y de emisiones contaminantes y por reducción del absentismo. Además supondrá la creación de más de 15.000 puestos de trabajo, más de la mitad relacionados con la construcción y mantenimiento de las vías, y el resto con la actividad asociada en el sector turístico, la fabricación y la reparación de bicicletas, así como el comercio y los servicios vinculados.

Las redes ciclistas que han tenido éxito han sido las que se han hecho completas y bien planificadas. El presente y el futuro pasan por la movilidad pacificada. Hemos ido perdiendo en los últimos treinta años la calidad de vida de la ciudad mediterránea por el urbanismo disperso y el fomento de la movilidad motorizada. El PAB era, y esperamos que siga siendo, una herramienta para que el ciudadano pueda revertir ese proceso. Los beneficios de este tipo de movilidad sostenible (salud, economía, medio ambiente) son hoy por hoy incuestionables.

En todo el año 2016 y en lo que llevamos de 2017,  la Junta apenas ha invertido en infraestructura ciclista.

En la nota de prensa que se hizo pública tras las bicifestaciones del pasado año, se hablaba de los mismos 25,3 millones de euros de los que se habla en la nota de prensa del pasado 23 de abril. No deja de ser llamativo que la misma previsión de inversión que se anuncia ahora para finales de 2018 se anunciara en 2016 de cara a 2017. Si la movilidad en bicicleta fuera relevante para la Junta de Andalucía, ninguno de sus responsables políticos  hubiera  incumplido el calendario de ejecución del PAB.

Las razones que da el director general de Infraestructuras para justificar su gestión y falta de compromiso con el Plan, son dos: que las ayudas FEDER 2014-2020 son más restrictivas que las del periodo anterior en lo tocante a partidas de infraestructuras y que vivimos tiempos de limitación presupuestaria.

Los beneficios de este tipo de movilidad sostenible (salud, economía, medio ambiente), son hoy por hoy incuestionables.

Sin embargo, desde los colectivos ciclistas se pide mayor implicación de la administración autonómica y que la inversión en infraestructura ciclista pueda quedar blindada al margen de las circunstancias. El demostrado beneficio social y en salud pública que comporta el transporte en bicicleta, y la reducida inversión que requiere a cambio, justifican que las partidas de los presupuestos dedicadas a la bicicleta aumenten y sean estables. De los 420 millones previstos en el PAB a los 25,3 que llevamos ejecutados hay demasiada distancia. La decisión acerca de cuánto dedicar a la movilidad ciclista es una decisión política; y en los últimos presupuestos anuales no alcanza ni siquiera el 1% del gasto general en infraestructura. Si la movilidad en bicicleta fuera tema relevante para la Junta de Andalucía, sus responsables políticos no se atreverían a desarticular el PAB en base a una excusa de técnica presupuestaria. Tanto más, cuando sí que hay inversiones millonarias en infraestructura para el coche; lo que no casa bien con el insistente discurso de  que la Administración andaluza apuesta por la movilidad sostenible. El PAB debería ser una de las herramientas de un Plan coherente de Movilidad Sostenible: no se trata de ir sumando infraestructuras inconexas en el tiempo, sino de apostar seriamente por un cambio de modelo que prime el interés público. La ridícula suma de partidas presupuestarias y el deliberado juego de retrasos en la ejecución revelan el escaso interés en desarrollar un Plan que beneficiaría grandemente a los andaluces, a la movilidad urbana y metropolitana, al aire que respiramos todos y a la salud en general.

A tener en cuenta también, todos los empleos que, encuadrados en lo que llamaríamos empleos del sector verde,  se generan en fabricación, mantenimiento, alquileres y repuestos de estos vehículos de cero emisiones.

Si quieres leer el texto de nuestra PNL, pincha aquí.

Y si quieres conocer el Plan Andaluz de la Bicicleta en profundidad, pincha aquí.

 

Sobre las infraestructuras ferroviarias actualmente en ejecución

En la Comisión de Fomento y Medio Ambiente, del 5 de abril de 2017, en la comparecencia del Consejero de Fomento y Vivienda, donde valora la situación de la red ferroviaria andaluza, estado de ejecución de las obras de infraestructuras y plazos previstos para su conclusión y puesta en servicio, intervengo defendiendo entre otras cosas que: “…las infraestructuras son necesarias siempre que respondan a las necesidades de la población y no a los intereses de grandes constructoras…hay que  redimensionar  la obra pública comprometida…en materia de ferrocarriles existe un retroceso más que evidente a causa de las inversiones astronómicas en el AVE…la Junta de Andalucía está renunciando a estructurar internamente el territorio andaluz…”

 

 

Puedes leer mi intervención completa aquí.

 

El anillo: crónica de una muerte anunciada

Nació como una oportunidad única para la comarca de Antequera, como todos los proyectos megalómanos de la época del despilfarro. Iba a ser la pócima secreta que necesitaba Antequera para acabar con los problemas de empleo. Pero quienes lo defendían se olvidaron de un detalle: nació muerto.

El anillo ferroviario, de 58 kilómetros, incluía ensayos de trenes a 520 km/h. e iba a ser el banco de pruebas para trenes AVE impulsado por la exministra de Fomento Magdalena Álvarez con un presupuesto de 400 millones de euros. La construcción de un centro de ensayos de alta velocidad en Andalucía no corresponde a un auténtico objetivo de interés común y no contribuye a promover un desarrollo sostenible de la región. No había plan de negocio. Y por eso no ha habido interés privado en invertir en tal proyecto.

Este centro de pruebas no tiene utilidad. No existe interés en el mercado por desarrollar productos que funcionen a esas altas velocidades, ya que no serían comercialmente viables. A falta de demanda de tales servicios específicos, el uso de las instalaciones del CEATF se limitaría, en la práctica, al ensayo de trenes y equipos hasta las velocidades comercialmente viables de 320 a 350 km/h, para las que ya existen centros de ensayo en la UE. Ya se realizan ensayos en redes ferroviarias comerciales

Bruselas tampoco cree que este costoso proyecto -cuya inversión total debía ascender a 358,6 millones de euros- sirviera para crear empleo de calidad en Andalucía. Este proyecto no contribuye al objetivo de promover el desarrollo sostenible de Andalucía. Solo tendría escasos efectos a corto plazo mediante la creación de empleos temporales durante la construcción de la infraestructura. El coste público habría sido desproporcionadamente alto y los defensores del proyecto no son capaces de demostrar las ventajas, ya que tiene unos costes de construcción desmesurados y no genera expectativas de explotación a las empresas. Prueba de ello es que ninguna ha mostrado interés en invertir. A pesar de ello, Miguel Ángel Heredia y el PSOE seguían reclamando el proyecto en marzo de este año. Y es que, el transporte es un sector muy propicio para los megaproyectos, a mayor gloria de algunos políticos, y son muchos los casos en que se acometen con tanta cantidad de fondos públicos como escasa justificación y participación ciudadana. También el PP se mostró favorable a este proyecto, intentándolo impulsar a toda costa a través de una fórmula de última hora de colaboración público-privada impulsada por la ministra Ana Pastor.

Agricultores de la zona de la Vega de Antequera, una de las más fértiles de Andalucía, se manifestaron contra este proyecto que prometía la creación de 10.000 puestos de trabajo. Dudoso que los generase. Y dudoso también que fuesen estables y durasen más allá de la fase de construcción.

Para rematar, España adelantó dinero sin tener permiso para ello. La investigación de la Comisión reveló que, de hecho, España pagó a Adif, a partir de 2011, 140,7 millones de euros, antes de que la Comisión adoptara su decisión, infringiendo así las normas de la UE.

Hay que huir de proyectos megalómanos que supongan destrucción del territorio y pérdida de biodiversidad.

Se gastaron unos 13 millones en la construcción de una nave logística y de una subestación eléctrica, y en torno a cinco millones en la redacción de proyectos constructivos de los cinco tramos en los que se iba a dividir el anillo.

Este proyecto no era, no es, ni será sostenible. Hay que huir de proyectos megalómanos que supongan destrucción del territorio y pérdida de biodiversidad. Además, un asunto del que poco se ha hablado y no menor, es la ubicación que presentaba el proyecto, ya que afectaría a la Laguna de Fuente de Piedra, la mayor de Andalucía y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). El proyecto supondría una merma para uno de los entornos más característicos de la comarca además de las pérdidas para el turismo ornitológico de la zona, un sector en auge y en el que la comarca de Antequera tiene gran potencial.

 

Puedes leer el artículo completo aquí.

Artículo publicado originalmente en Diario Sur el 30/07/2016.

 

EQUO denuncia que la Junta tardará 20 años en completar el Plan Andaluz de la Bicicleta

Francisco Soler, coportavoz provincial de EQUO Málaga, declara que “no hay motivos que impidan la firma del convenio entre la Junta y el Ayuntamiento de Marbella”.

La parlamentaria andaluza Carmen Molina (EQUO) pedalea en la “bicifestación” de Málaga y denuncia que se necesitarán 20 años para hacer realidad el Plan en el actual ritmo presupuestario.

EQUO se une a las marchas organizadas por las asociaciones ciclistas Ruedas Redondas, Marbella by Civic y Fuengirola-Mijas en Bici para pedir el cumplimiento del Plan Andaluz de la Bicicleta (PAB) a la Junta de Andalucía.

El Plan Andaluz de la Bicicleta es un compromiso del Gobierno y del Parlamento de Andalucía para el periodo 2014-2020 que tiene como objetivo fomentar la movilidad sostenible en bicicleta en Andalucía.  Cuenta con un presupuesto de 420 millones de euros de los que sólo se han invertido 16, apenas un 4 %.

 

 

 

Molina ha participado en la “bicifestación” organizada en Málaga por Ruedas Redondas y se ha comprometido a seguir luchando para la puesta en práctica del Plan puesto que “la realidad palpable del cambio climático en Andalucía exige de acciones urgentes y decididas como el Plan Andaluz de la Bicicleta que, por otro lado, tendría unos beneficios en forma de creación de puestos de trabajo y mejora de la salud de los andaluces”.

Puedes leer el artículo completo aquí.

Nota de prensa publicada originalmente en la web de EQUO Málaga el 03/04/2016.