Archive Tag:normativa

El descontrol como herramienta de gestión: desregulación exprés para Andalucía

Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía. La protección en caída libre.

Carmen Molina Cañadas

 

La publicación del Decreto-Ley aprobado por el gobierno andaluz es un retroceso indiscutible por mucha verborrea que se quiera usar en su defensa. Anula alegremente las ya reducidas, a lo largo de los últimos años, garantías ambientales de las normas andaluzas, relajando toda la regulación desarrollada desde que nuestra comunidad se hizo cargo de las competencias transferidas. Y por supuesto, supone un atentado a la participación pública, ya bastante limitada. Esta es la autopista por la que quiere circular el ultraliberalismo: decretos desregulatorios como el aprobado por el gobierno andaluz.

En la exposición de motivos del decreto, como era esperable en este “ideal económico-ideológico” al que nos tienen acostumbradas, se plantea como fundamento de esta decisión la previsión de una mayor desaceleración del crecimiento económico. Un crecimiento que es paradigma incuestionado a pesar de contradecir la lógica más elemental. Se afirma: “La consecuencia más inmediata de la crisis, además de una reducción en el crecimiento económico, sería, sin duda alguna, una menor creación de empleo.” Esta es otra de las constantes en el modelo neoliberal imperante del que el gobierno andaluz es fiel representante. Apela a que la desregulación de numerosas actividades económicas, sirve al bien superior de la creación de empleo, y así se justifica toda actuación dirigida a su consecución, aunque no se garanticen, por supuesto, retribuciones decentes ni condiciones dignas.

El decreto, en definitiva, es resultado de” haber identificado las barreras a la actividad contempladas en los articulados de numerosas normas que componen el cuerpo legislativo andaluz”. Es pues la intención del gobierno andaluz modificar las regulaciones en todas las áreas en que tiene transferidas competencias, y esa modificación va en la línea de “aligerar” los requisitos que se deben cumplir para conseguir permisos en cualquier actividad: agricultura, pesca, energía, en materia de aguas que discurran íntegramente por la autonomía, en la sanidad, urbanismo, ordenación del territorio, medio ambiente, actividad comercial, artesana, protección del patrimonio histórico, servicio público de comunicación audiovisual de ámbito local, turismo… Y apela al uso de la figura de Decreto –Ley por una supuesta urgencia por coyuntura económica problemática.

Afirma el documento que hay exceso de regulación y costes para las empresas, así como barreras a la libre competencia. Como si lo determinante para garantizar la libre competencia sean los días transcurridos hasta obtener los permisos de construcción, o los permisos para cualquier otra actividad, para lo que la solución arbitrada son los trámites simplificados, y no una gestión eficiente de los procedimientos con más personal, si es necesario.

“…perder solo el 10% del consumo de los turistas extranjeros podría reducir el crecimiento del PIB en cuatro décimas porcentuales.” “…Es principalmente esta razón la que justificaría la necesidad urgente de actuar por parte de los responsables políticos, al objeto de atajar esta más que probable situación, y que podemos definir como excepcional y de gravedad.” Así reza la redacción del decreto.

Y para evitar todos los inconvenientes que eso supondría para el sector turístico, que es uno de los motores de la economía andaluza, se adapta la norma, flexibilizándola pues la promoción del turismo, según se afirma, exige que la Administración autonómica ofrezca un marco lo menos restrictivo posible. Se han puesto en evidencia algunas cosas, como el hecho de hacer descansar nuestra economía demasiado en un sector que ha acabado teniendo estructuras sobredimensionadas para atender a muchos millones de extranjeros. Y a pesar de ello, lo que plantea el decreto es más de lo mismo. Seguir favoreciendo una gentrificación que desestructura nuestras ciudades por mor del turismo y la masificación. Así, por ejemplo, el desalojo del pequeño comercio es en beneficio de grandes cadenas, que expulsan y provocan el cierre de los pequeños negocios provocando desorganización de las comunidades vecinales y del entramado de relaciones que sostiene y configura un espacio urbano habitable. Así que no sólo se ha generado y favorecido un problema de vivienda, sino que ahora con este decreto, se facilita cualquier tramitación que lo acelere. Se facilita también la declaración de zonas de gran afluencia turística y además con carácter indefinido, a efectos de horarios comerciales. Se puede así certificar la muerte de la ciudad ya transmutada en un parque de ocio para visitantes itinerantes cada vez más artificioso. Sin contemplar lo que eso nos deparará en el futuro, simplemente se ahonda en recetas que ya han menoscabado la riqueza natural y humana de Andalucía.

La gentrificación es un ejemplo más del resultado injusto de aplicar los dictados de la economía capitalista globalizada a la ciudad y sus habitantes. Obedece a intereses ajenos a la comunidad residente, con efectos devastadores para las dinámicas urbanas. La premisa de partida es lograr el “máximo beneficio”, especulando con la vivienda, con el entramado urbano, con el suelo, con la ordenación del territorio…. Y el gobierno andaluz le da carta de naturaleza. No se puede confundir el proceso especulador con procesos de renovación urbana en los centros para sanear la ciudad; aunque suele generarse tras esta renovación auspiciada desde lo público, el proceso gentrificador en que ahora se profundiza. Sus resultados son, primero, la vivienda-mercancía y luego la ciudad-mercancía. Su fin es la explotación turística para extraer grandes plusvalías a través de la puesta en valor del entorno arquitectónico y patrimonial de la ciudad a costa de expulsar y limitar, de facto, los derechos de los ciudadanos.

Las grandes plusvalías que produce son el principal motor del proceso que suele seguir una dinámica establecida: primero se da una etapa de descapitalización y desvalorización de la zona, que permite grandes diferencias entre el valor del suelo del sector degradado y el valor potencial que por su ubicación podría tener. Una vez iniciado el proceso, el efecto de contagio se encarga de expandirlo. La rehabilitación o reconstrucción adecúa las viviendas a un estándar elevado de vida. Las viviendas son demolidas casi o en su totalidad, pero estructuralmente todavía conservan su “encanto”, falseando el patrimonio o apoyándose en el paisaje del conjunto. Que el gentrificador compre la vivienda o la alquile no supone ninguna diferencia para el proceso.

Otra de las perlas del decreto es que propone “dinamizar” la privatización del patrimonio agrario público de la Junta de Andalucía.

Se elimina la obligación de someter los planes Especiales y Proyectos de Actuación en Suelo No Urbanizable a Evaluación Ambiental Estratégica. Facilitando así la implantación de infraestructuras, canteras y minas tras un mero informe, que presumo con poco rigor.

Respecto a la Ley andaluza de Cambio Climático aprobada antes de finalizar la anterior legislatura y que ya de partida era bastante laxa, quedará inane con este decreto.

En la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) se reducen plazos en la tramitación de planes urbanísticos y se disminuyen las exigencias, con lo que se aprobarán proyectos sin las debidas garantías.

Y así con el resto de normativa andaluza. Bajo el pretexto de agilizar plazos se eliminan de un plumazo las garantías que deberíamos esperar de nuestras leyes. Y, en definitiva, lo que este decreto valida es el traslado de estas grandes plusvalías hacia sectores privativos que se enriquecerán sobre una base especulativa y no generará valor para el desarrollo de la ciudadanía de esta tierra. Todo ello eliminando los controles regulatorios y reduciendo el papel de la administración pública en la defensa y protección de la naturaleza y de los derechos sociales.

Artículo publicado el 6 de abril de 2020 en Contrainformación.es