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El panorama de la planificación urbanística. Expectativas

Para orientar las actuaciones en la ciudad, o en el territorio en general, -sea este urbano o rural-, y de acuerdo con una idea de futuro deseable, se requiere la exploración de alternativas y preferencias en la planificación urbanística. Por supuesto contando con los principales interesados que son los ciudadanos. Con esa exploración se puede hacer un pronóstico sobre la ciudad futura o sobre la extensión territorial que corresponda, que sea la continuación del diagnóstico previo.

Así, la prospectiva (o anticipación de lo que se desea) es mucho más que una forma de orientar el presente hacia el futuro, es un conocimiento del futuro en base a lo que hemos aprendido del presente. Y, por tanto, es un espacio de reflexión y de asesoramiento en orden a elegir entre el espectro de opciones y preferencias, llamando la atención sobre sus potenciales efectos asociados. Los pronósticos más interesantes y útiles son aquellos que nos permiten anticiparnos a posibles situaciones a evitar.

Y es que, nos deben preocupar, y mucho, las tendencias en los municipios y ciudades, especialmente las litorales, donde la reactivación del sector inmobiliario tiene visos de continuar con el juego especulativo y al margen del interés general ciudadano, ahondando en escenarios sobre los que ya conocemos sus consecuencias.

Tanto el planeamiento urbano como el territorial se siguen realizando a partir de los criterios e instrumentos que han conducido a una burbuja y sobredimensión constructiva, de modo que, sin duda alguna, se repetirán los graves problemas que el crecimiento urbano en su forma más actual viene ocasionando. La lógica mas elemental nos está diciendo que no se puede seguir una senda que al final choca con la realidad. Las administraciones deben orientar las actuaciones en el ámbito del urbanismo, buscando las claves de un futuro deseable, anticipándose a posibles situaciones a evitar, como en el caso de los usos del suelo. Sin embargo, algunas administraciones autonómicas, -la andaluza y la comunidad de Madrid entre otras- gobernadas por el PP están desarrollando leyes de suelo que favorecen la aprobación de planes generales con normas laxas e instrumentos que pretenden agilizar el negocio inmobiliario, permitiendo incrementos especulativos de la actividad urbanizadora ajenos al interés general y que no responden a necesidades sociales.

La apelación insistente al carácter sostenible que se autoatribuyen los documentos de planificación urbanística respecto del horizonte de futuro que prefiguran, es puramente retórica. Estos instrumentos de planificación habitualmente usados, carecen de apoyaturas científicas y lógicas (son contradictorios respecto de los objetivos que dicen tener y enfrentar). Suelen ser documentos que implican la puesta en marcha de operaciones inmobiliarias contenidas en documentos planificadores “vigentes”, elaborados en un marco caracterizado por unas expectativas de crecimiento prácticamente ilimitadas y en función de una demanda considerada también sin techo, que acentuarán los problemas territoriales y urbanos actuales.  Y los acentuarán porque obedecen a criterios del corto plazo y provocan una transferencia de las consecuencias y de impactos complejos, al futuro. Y ello, como resultado de un operar ciego respecto de la complejidad de intereses, necesidades, expectativas demográficas y poblacionales o restricciones ambientales.

Cualquier instrumento planificador, debe contener lo que ha sido el proceso histórico de formación de lo urbano o de un territorio. Este tipo de documentos, sobre lo heredado (el pasado) debe planificar o prever el futuro.

Lo que cualquier documento de esta naturaleza debe proponer es una configuración prospectiva, es decir, lo que se desea para el futuro en un plazo temporal concreto. La escasa calidad técnica de un documento no se resuelve afirmado que refleja una mala herencia, sino poniendo a la vista un futuro mejor para la sociedad y los ecosistemas en que se asienta.

La mayoría de las veces estos instrumentos carecen de un diagnóstico efectivo y especialmente en aspectos decisivos tales como: la salud de los ecosistemas, la medición de su resiliencia, el estudio, (no descriptivo), de las relaciones entre ecosistemas y la lógica territorial, o la modelización de las consecuencias del cambio climático y su prevención. La evaluación de la situación general de lo construido (el medio artificial) y sus potenciales efectos; el diagnóstico social, con inclusión de necesidades y demandas; la disponibilidad de un análisis de la dinámica territorial y poblacional y, finalmente, la evaluación real de los sistemas productivos de todo tipo.

Sin embargo, y a pesar de estas carencias en el diagnóstico, los procedimientos eluden el análisis prospectivo: hay una fase clásica de información de los Planes Urbanísticos (Generales o Parciales) que produce exclusivamente acumulaciones de información (las Memorias) que carecen de relaciones (transversalidad) y que apenas cumplen una función justificadora de las decisiones planificadoras ya adoptadas. Y hay que insistir, sólo desde la disponibilidad de un diagnóstico preciso es posible definir con rigor las posibilidades futuras de la ciudad y el territorio de acuerdo con las decisiones que tomen los ciudadanos a través de sus representantes y tras debates públicos, ante las expectativas que se derivan de los escenarios previsibles.

Se deduce de lo anterior la necesidad urgente de creación de unos nuevos marcos de referencia jurídicos respecto de todas las escalas de planificación (desde la planificación regional y subregional a la urbana) que, sin duda, atiendan con nuevos instrumentos y protocolos a los actuales desafíos y que esos marcos permitan la intervención de los ciudadanos de forma efectiva y real.

Igualmente, se debe insistir en el cumplimiento de la legislación vigente respecto de la Evaluación Ambiental Estratégica de los instrumentos planificadores y de las Evaluaciones de Impacto sobre la Salud.

Con esta reflexión apelo a la necesidad de una reforma de la política urbanística que incluya una repolitización del futuro. El escenario futuro es una combinación de incertidumbre y responsabilidad, por tanto, sujeto a procedimientos de deliberación y legitimación colectiva. Ello sin duda implica asumir esos cambios necesarios que abran el debate informado a la ciudadanía.

Publicado el 25 de junio 2020 en Contrainformación