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EL RASCACIELOS QUE SE PROPONE EN EL PUERTO DE MÁLAGA, COMO PARADIGMA DEL DELIRIO DE ALGUNAS INSTITUCIONES

El proyecto del hotel de 150 metros de altura propuesto por un fondo de inversión catarí en los terrenos del dique de Levante del Puerto de Málaga, parece avanzar en su recorrido administrativo, tras casi 5 años desde que fuese adjudicada la concesión de los terrenos. Y lo hace a pesar de las evidencias del despropósito que suponen para la ciudad y para la zona portuaria.

La Gerencia Municipal de Urbanismo, dependiente del Ayuntamiento de Málaga, sin embargo, había rechazado en 2.007 la petición del Puerto para permitir un complejo «turístico-recreativo», con destino hotelero, en los suelos ganados al mar tras la construcción del dique de Levante, advirtiendo de los efectos de un hotel en dicho dique. Emitió un expediente rechazando ese uso, en el que alertaba de que implicaría la «reinvención del paisaje» y alteraría «profundamente la fachada marítima». “…El importantísimo volumen vendría a situarse en la que probablemente resulta la posición más visible de la ciudad y en cualquier caso alteraría profundamente la fachada marítima», relataba el informe de urbanismo en 2007 “desde el mar, en una hipotética aproximación frontal a la ciudad, se constituiría en un hito visual de primer orden en un lugar donde hasta ahora ha habido una línea de horizonte abierta».

Once años más tarde, el mismo ente municipal avaló sin vacilar la variación del planeamiento que permitiera una edificabilidad de 45.000 metros y una construcción con una cota de hasta 150 metros de alto.

El lugar donde se dibujaba el hotel tenía reservada una edificabilidad de apenas 6.000 m. de techo; por lo que, para hacer posible el complejo del dique de Levante y alcanzar las dimensiones proyectadas, el Puerto debería elevar el índice de edificabilidad de 0,50 a 0,66. O lo que es lo mismo, un 32%. La modificación permitiría asignar al suelo una edificabilidad de hasta 45.000 m² de techo, un valor que excede la reserva que tiene el Plan Especial del Puerto para uso ciudadano portuario.

El ajuste urbanístico al multiplicar por siete el número de metros que se podían construir sobre la parcela del dique de Levante, es complicado y rompe el diseño actual del recinto portuario, obligando a incrementar de manera sustancial la edificabilidad reservada para uso portuario-ciudadano en todo el espacio.

En 2017, la delegación de Medio Ambiente de Málaga explicó en un comunicado, las razones por la que escogía la vía simplificada para la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Especial del Puerto. Y el Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, obvió el concepto de impacto paisajístico, al resolverlo aludiendo al cambio de ubicación del observador, es decir, para evitar el impacto, el observador solo tenía que mirar para otro lado. De este modo, la Consejería de Medio Ambiente emitió un Informe Ambiental Estratégico favorable a la propuesta

En 2018 la Gerencia Municipal de Urbanismo dio la aprobación inicial a la modificación de elementos en el Plan Especial del Puerto, correspondiente a la plataforma del Dique de Levante.

En 2019, tras la apertura del proyecto a exposición pública y tras recibir hasta 1.100 alegaciones, se publica un estudio de un exconcejal de economía, el profesor Esteve Secall, que alertaba de la falta de viabilidad económica, el mismo que acaba de firmar otro artículo de opinión fascinado por la insistencia, tanto de la gerencia de urbanismo como de la autoridad portuaria, de seguir adelante con lo planeado, a pesar de que “hace aguas” por todos lados. Según su informe se trataría de una “explotación ruinosa” que enmascaraba un uso inmobiliario residencial. También la UNESCO​ y el Colegio de Arquitectos de Málaga​ desaconsejaron la construcción de la torre por su impacto visual. El proyecto se ha enfrentado a la oposición de buena parte de la ciudadanía malagueña, colectivos y personas de distintos ámbitos sociales y profesionales agrupados en la Plataforma “Defendamos nuestro Horizonte”.

Tras este recorrido, acabamos de conocer el contenido del informe elaborado por el CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) que es un organismo dependiente del Ministerio de Fomento con gran prestigio técnico incluso a nivel internacional. Este informe evidencia defectos graves en la construcción del dique de Levante donde pretende ejecutarse la construcción.

En abril de 2018, el Organismo Público de Puertos del Estado encargó al CEDEX un estudio técnico sobre el estado constructivo del dique de Levante. Este estudio concluyó en junio de 2020 con la emisión de un extenso y exhaustivo Informe, titulado “Estudio de corrosión del dique de Levante” sacando conclusiones muy contundentes y graves.

Básicamente, revela el deficiente estado de conservación del dique, construido 17 años antes del inicio del estudio, con “una corrosión intensa y generalizada”, lo que trae como consecuencia la disminución de su vida útil a la cuarta parte de la prevista. Se señalan, de forma clara y precisa, dos causas: la utilización de un hormigón de peor calidad que el proyectado, “(notablemente más permeable), y mala ejecución.
También aparecieron problemas constructivos en las obras realizadas en el atraque sur y el muelle 9 por las mismas empresas que construyeron el dique de Levante (SANDO y Dragados y Construcciones), obras estas últimas cuya responsabilidad se encuentra actualmente investigada judicialmente y pendiente de sentencia.

Tras las numerosas advertencias y dictámenes de expertos en diversas materias que confirman los impactos del proyecto de rascacielos (impacto paisajístico, ambiental, inviabilidad económica, riesgos ante el cambio climático, perjuicio sobre el turismo…) no se ceja en el empeño y la autoridad portuaria ha informado estos días, de la presentación ante la Gerencia de Urbanismo de la documentación necesaria que hace posible que la Modificación puntual de elementos en la plataforma del dique de Levante e incremento del índice de edificabilidad máxima de la zona ciudadano-portuaria del Plan Especial del Puerto de Málaga pueda ser aprobada de manera provisional por el Ayuntamiento hasta que pase a ser votada por el Pleno Municipal. Tras de lo cual, el último paso corresponderá al Consejo de Ministros, que será el que determine en última instancia si es posible o no el desarrollo de esta edificación en suelo portuario.

La carrera que emprendieron hace ya casi cinco años no la quieren parar a pesar de que hoy, las cambiantes y preocupantes circunstancias nos imponen una realidad que ya no permite las veleidades urbanísticas de antaño. Deberemos cambiar el modo de vivir, de trabajar, de desplazarnos… el turismo del que hemos dependido en exceso deberá reconvertirse. Está en proceso un debate global sobre la ordenación del territorio en el futuro inmediato, y sobre la planificación urbana de las ciudades para garantizar su sostenibilidad y reducir su vulnerabilidad frente a los efectos del calentamiento global. Y en tal debate no cabe ya ningún rascacielos como el proyectado. Iría contra los intereses presentes y futuros de Málaga.

En base a todo lo relatado hasta aquí, hemos presentado una batería de preguntas al Gobierno en previsión de que acabe encontrando en la mesa del consejo de ministros la petición de aprobar tan lesivo proyecto para nuestra ciudad. Entre ellas, estas:

  • Tras señalar los expertos la ingente inversión necesaria para cimentar una torre de 150 metros en un dique construido mar adentro, y el riesgo añadido por las evidentes consecuencias del cambio climático en forma de temporales cada vez más agresivos y subida del nivel del mar ¿Se plantea Puertos del Estado asumir un reto de tal calibre?

  • ¿Conoce el Gobierno el Informe de CEDEX y sus conclusiones sobre el dique?
  • ¿Qué condiciones exigirá el Gobierno para levantar esa torre sobre un dique mal construido, con un estado de corrosión avanzado y una corta vida útil previsible?

Y una última pregunta sobre el valor y uso de lo común ¿Tiene el Gobierno algo que objetar a la trasmutación del espacio público en terrenos de Puertos de Estado, en suelo de uso privado para negocio inmobiliario/hotelero?

https://revistaelobservador.com/opinion/98-las-historias-que-nos-contamos/15990-el-rascacielos-que-se-propone-en-el-puerto-de-malaga-como-paradigma-del-delirio-de-algunas-instituciones

Publicado en Revista El Observador el 16 de noviembre de 2020

Planificación urbanística y participación ciudadana

Hacemos prospectiva sobre la ciudad cuando emitimos un pronóstico o predicción de cumplimiento más probable, basado en un diagnóstico del presente y de las tendencias que preveamos incidirán sobre él. Y en ese “inventar” el desarrollo futuro de la ciudad, debe tener un papel primordial la ciudadanía imaginando como quiere vivir en ese espacio.

Así, la prospectiva es mucho más que una forma de orientar el presente hacia el futuro. Es un conocimiento del futuro en base a lo que hemos aprendido del presente. Y, por tanto, es un ejercicio de reflexión informada que nos puede ayudar a evitar futuros posibles no deseables. Los pronósticos más interesantes serían aquellos que posibiliten con más probabilidad la vida de los que habitarán el espacio urbano futuro.

 

Desgraciadamente, a pesar de la necesidad que tenemos de que se cumpla lo antedicho, podemos advertir con preocupación que lo que se está produciendo es un reinicio de lo que fuera hace ya una década la burbuja provocada por la especulación inmobiliaria y su consecuente pinchazo, que nos dejó proyectos urbanos abortados y a bastantes personas expulsadas del derecho a una vivienda digna que contempla la Constitución. Y comienzan a consolidarse tendencias en muchos municipios y ciudades, especialmente en los litorales, donde los síntomas de reactivación del sector de la promoción inmobiliaria han dejado de ser síntomas y ya padecemos horizontes invadidos de grúas que lo evidencian. Es como si los actores políticos, financieros y empresariales que generaron la burbuja y su posterior pinchazo no hubieran aprendido nada de ese “estropicio” y vuelven a depredar el territorio con renovadas iniciativas especulativas.

Y es que, aunque cambien los ciclos políticos y económicos, las ciudades deberían basar su dinámica orgánica en planificaciones que provean hojas de ruta estables y consensuadas con los ciudadanos que las habitan. Cuando el espacio urbano no se planifica, los costos son mayores, el uso de los recursos es ineficiente y su funcionalidad para las personas se resiente. Sin embargo, tanto el planeamiento urbano como el territorial se siguen realizando a partir de los criterios e instrumentos habituales hasta ahora, con un papel donde el mercado y la oportunidad del negocio prima sobre los derechos y los deseos de los ciudadanos. Parece que volvemos a una burbuja y la sobredimensión constructiva, de modo que, sin duda alguna, se repetirán los graves problemas que el crecimiento urbano en su forma más actual viene ocasionando.

La apelación insistente al carácter sostenible que se autoatribuyen los documentos de planificación urbanística respecto de sus directrices y del horizonte de futuro que prefiguran, es puramente retórica como se demuestra rápidamente tras su análisis técnico. Estas herramientas de planificación en no pocas ocasiones son contradictorias respecto de los objetivos que dicen tener y enfrentar y no siempre están sólidamente fundamentadas. Es algo que plataformas ciudadanas como la malagueña Defendamos Nuestro Horizonte, con una larga trayectoria de oposición a la construcción de un rascacielos en el puerto de Málaga, han comprobado una y otra vez al analizar cómo los documentos y los planes parciales han ido siendo modificados para que se ajusten al proyecto que se quiere albergar o patrocinar. De este modo, un rascacielos, que no es una necesidad para los ciudadanos de Málaga, se pretende traer a la realidad por la oportunidad de negocio de actores externos, haciendo técnicamente lo necesario para ajustar la documentación al fin de construirlo. Es demasiado habitual el uso de argumentos falaces, incluso absurdos, esgrimidos por los políticos para justificar lo injustificable. Un ejemplo: el impacto visual de la estructura en el horizonte de Málaga se limita no mirando en la dirección del rascacielos, ¡un argumento de peso sin duda!

Lo que deberían asegurar y contribuir a articular, es el debate para el diseño de la futura planificación en base a los intereses de todas. Es ahí donde es importante contar con un diagnóstico y un modelo de ciudad compartido para llegar al diseño, también compartido, del espacio urbano futuro. Es decir, se necesita un marco de participación colectiva,para garantizar el derecho de todas a la ciudad.

Sin embargo, los documentos que implican la puesta en marcha de estas operaciones inmobiliarias han sido elaborados en un marco caracterizado por unas expectativas de crecimiento y demanda prácticamente ilimitadas y con una cantidad desmesurada de suelo calificado como edificable. Y si no se cambia este modo de actuar se acentuarán los problemas territoriales y urbanos actuales y transferiremos al futuro problemáticas que claramente se podrían evitar y hay que prevenir.

La fase clásica de información de los Planes Urbanísticos (Generales o Parciales) produce exclusivamente acumulaciones de información (las Memorias) que carecen de relaciones (transversalidad) y que apenas cumplen una función justificadora de las decisiones planificadoras ya adoptadas. Sin embargo, sólo desde la disponibilidad de un diagnóstico y una prospectiva bien fundamentados y que cuente con los ciudadanos será posible acertar con la futura ciudad y con las relaciones territoriales que la sustenten y le den sentido.

 

Esa prospectiva requeriría considerar, entre otros aspectos, la evaluación de la situación general de lo construido (el medio artificial) y sus potenciales efectos, el diagnóstico social, con inclusión de necesidades y demandas; la disponibilidad de un análisis de la dinámica territorial y, finalmente, la evaluación real de los sistemas productivos de todo tipo y su inserción en el territorio. También habría que considerar la situación de los ecosistemas periurbanos, su capacidad de resiliencia, las relaciones entre estos ecosistemas y el resto de realidad territorial o la modelización de las consecuencias del cambio climático y su prevención.

Se deduce de lo anterior la necesidad inaplazable de creación de unos nuevos marcos de referencia respecto de todas las escalas de planificación (desde la planificación regional y subregional a la urbana) que atiendan con nuevos instrumentos y protocolos a los actuales desafíos, y que permitan la intervención de los ciudadanos.

La conclusión de todo esto es que hay una urgente necesidad de reforma en la política urbanística, que incluya una repolitización del futuro. Y con esta expresión quiero decir, que tengamos en cuenta, que el escenario futuro es una combinación de incertidumbre y responsabilidad, por tanto, sujeto a procedimientos de deliberación y legitimación colectiva. Ello sin duda implica asumir esos cambios necesarios que inicien el debate informado y abierto a la ciudadanía, respecto al diseño de la ciudad y el territorio del que forma parte.

 

Entrada publicada originalmente en Contrainformación el 18 de febrero de 2019