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URBANISMO, OCUPACIÓN DEL SUELO Y MODELO DE CIUDAD EN MÁLAGA

Las ciudades son responsables de más del 70% de las emisiones mundiales y ocupan solo el 2% de la superficie de la tierra. Al mismo tiempo, los efectos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar y fenómenos meteorológicos extremos repercuten en la infraestructura urbana y en las personas que habitan en asentamientos vulnerables de las ciudades o sus suburbios.

¿Qué podemos o queremos hacer al respecto en ciudades costeras como Málaga? Da la impresión de que no hay una misma visión del camino a seguir entre los responsables de la gestión municipal y los intereses ciudadanos manifestados por plataformas ciudadanas, colectivos, asociaciones… Y es que hay una tendencia a la ocupación expansiva del suelo de forma caótica y especulativa, especialmente severa en Málaga y su área de influencia, alentada por el gobierno municipal, que no viene avalado por la ciudadanía a la que ni siquiera se le pregunta.

La huella de carbono de una ciudad como Málaga tiene mucho que ver con una mala planificación urbanística y diseño urbano. La dispersión de urbanizaciones, complejos turísticos, grandes superficies comerciales en suelos de la periferia calificados como urbanizables -sin haber calibrado su necesidad o utilidad y sin que se hayan evaluado correctamente los impactos que producen en la ordenación del territorio-, dificultan sobremanera que se pueda disponer de medios de transporte público que sean eficientes y que lleguen a rincones alejados. Hogares alejados del trabajo, de los comercios o de otros servicios, generan un aumento de coches en las carreteras emitiendo dióxido de carbono. Sin embargo, esta situación no solo no se corrige, sino que va a mas alimentadas por políticas de movilidad que no se corresponden con los objetivos de bajada de emisiones en el transporte. Una ciudad más compacta realiza inversiones en infraestructuras de transporte público más viables. Buen ejemplo de la dirección “equivocada” en políticas de movilidad es la insistencia de Paco de la Torre en aumentar autovías, hiper-rondas y demás infraestructuras viarias como la proyectada y no ejecutada vía perimetral en el área metropolitana, que enlazaría la segunda ronda desde Málaga hasta pasado Chilches, en Vélez-Málaga, de unos 28 kilómetros y otra conexión desde la segunda ronda directa a la zona de Fuengirola, a través de un túnel en la sierra de Mijas de 21 kilómetros. Todo un despropósito.  La alternativa es una política que articule y relacione las actividades que confluyen en los tejidos urbanos, en los que la proximidad y la habi­tabilidad reduzcan las necesidades de movilidad. Y esto enlaza con otro grave problema de la ciudad. Y es que, a pesar de la sobredimensión constructiva, se ha alejado a una parte nada despreciable de la población de acceso a vivienda digna, que es un derecho consagrado en nuestra Constitución y en Tratados Internacionales firmados por España. Así que hay que incorporar este derecho como uno de los objetivos centrales de la actividad urbanística en la ciudad. Ello se puede hacer primando la reuti­lización y rehabilitación del patrimonio construido, junto a políticas que regulen el sector inmobiliario y junto a la mejora del entorno urbano y periurbano degradado, adaptando los edificios, infraestructuras y entornos al clima.

El crecimiento urbano descontrolado también ha invadido las zonas verdes del entorno que actúan como sumideros de carbono. La tendencia y lo que empiezan a pedir muchos ciudadanos es que se proyecten espacios verdes acordes a las necesidades de mantener ecosistemas sanos y arbolado urbano bien mantenido para garantizar el bienestar de los habitantes (no solo los humanos). Influir en los instrumentos de planeamiento y en la legislación urbanística para incorporar especificaciones urbanísticas que aseguren la presencia real de zonas verdes de calidad, como los corredores verdes, las reservas de espacio para asegurar la infiltración de agua en el subsuelo, la protección de las zonas con riesgo climático o el uso agrícola a escala metropolitana. Y aquí encontramos la reclamación ciudadana de un Bosque Urbano en los antiguos terrenos de Repsol, que el ayuntamiento elude, y para los que ha planificado mas cemento, obviando las necesidades reales de los vecinos, y apoyándose en un planeamiento ya aprobado, pero obsoleto en la actual realidad que vivimos. Una realidad que aconseja reservar espacio suficiente en el suelo y el subsuelo para facilitar la prestación de los servicios climáticos necesarios (aumento de la infiltración de agua, mejora de la calidad del suelo para permitir un buen crecimiento de la vegetación, etcétera). Nuestro alcalde, sin embargo, se muestra insensible a estas necesidades, que son las que determinarán el futuro de nuestra ciudad. Y es que hay que aumentar la superficie de suelo con vegetación y reducir el efecto barrera de urbanizaciones e infraestructuras. Hay en Málaga demasiados suelos impermeabilizados bajo cemento y asfalto sin necesidad. Y ello repercute negativamente en la absorción de las aguas de lluvia, escorrentías indeseadas y sobresaturación en determinados momentos de las redes de alcantarillado, además de otros efectos nocivos de la impermeabilización de suelos, que no se suelen tener en cuenta.

Considerando nuestro clima mediterráneo y la orografía específica, las zonas verdes y ajardinamientos deberían diseñarse con una visión bastante diferente a la que se viene ejecutando, ya que no se tiene en cuenta qué especies están mejor adaptadas a nuestra realidad climática de elevadas temperaturas estivales y escasez estacional de  lluvias, para la cual no son aconsejables las grandes zonas de césped que consumen cantidades nada despreciables de agua (imaginad la que consumen los algo mas de medio centenar de campos de golf diseminados por toda la provincia), o la elección de especies arbóreas o arbustivas que también lo  requieran. O un mantenimiento que abusa de fitosanitarios agresivos para el ambiente y la salud de los ciudadanos, las podas severas que debilitan la estructura de los árboles y dificultan la labor que éstos hacen protegiendo de la excesiva insolación estival y del efecto “isla de calor” que se produce en el interior de las zonas urbanas más densas y con más cantidad de cemento como el centro histórico.

Para proteger los parajes naturales mejor conservados de nuestro litoral de la especulación, en Andalucía se estableció un Plan de Protección del Litoral, que a duras penas intentó evitar el “acoso y derribo” que sufrían las escasas zonas litorales bien conservadas. Este Plan no impidió que proliferasen proyectos urbanísticos de dudosa legalidad y necesidad. Finalmente se anuló el Plan por un supuesto defecto de forma, al aprobarse estando el gobierno andaluz en funciones. Por supuesto, el actual gobierno, ni se plantea retomar esa protección necesaria. Se mantienen crecimientos urbanísticos desmesurados en los planes urbanísticos. Tampoco se promueven iniciativas legislativas o normativas que impliquen garantizar una mínima disciplina urbanística. Todo lo contrario, la evidencia la tenemos en el anteproyecto de Ley de Suelo andaluza, aún en proceso.  https://www.eldiario.es/andalucia/en-abierto/necesidad-ley-suelo-orientacion_132_5956427.html

En el litoral, que es el espacio más frágil de nuestra geografía y el mas densamente poblado, la intervención urbanística presenta características de devastación de sus valores paisajísticos y naturales. Y en Málaga ha causado verdaderos estragos.

Para contrarrestar estas tendencias es básico tener un proyecto de ciudad claramente definido, y en colaboración con los agentes sociales y con la ciudadanía. Tienen importancia para ello las propuestas vertidas en la agenda 21 que, a día de hoy, no se han visto ejecutados en la mayoría de casos. O lo han sido sin que haya habido una evaluación posterior del nivel de cumplimiento del objetivo perseguido.

Hay asimismo que actuar respecto al “metabolismo urbano” integrando el concepto de eficiencia energética en la organización de la ciudad, en la ordenación urbanística, en la edificación, en los sistemas de movilidad y accesibilidad y en la gestión urbana, concienciándonos todas de las pautas de consumo razonables que frenen el crecimiento de la demanda de energía. Nuestro clima mediterráneo sugiere que busquemos soluciones arquitectónicas adaptadas a la climatología local y a los recursos autóctonos renovables disponibles, es decir, incorporar tecnologías eficientes (alumbrado público, climatización de edificios públicos y sistemas de abastecimiento y depuración de aguas).

 Entretanto nuestro gobierno municipal derrochando energía: https://twitter.com/AscoMalaga/status/1320409992374194179?s=20 Jocoso tuit que clarifica las prioridades de nuestro alcalde: “Se cambia la hora para ahorrar energía y en noviembre inaugura Paco de la Torre las luces de Navidad en calle Larios para gastar la energía ahorrada en toda España.” Para reír si no fuera tan amargo para los malagueños en las actuales circunstancias.

Entrada publicada en Revista el OBSERVADOR el 29 de octubre 2020

El panorama de la planificación urbanística. Expectativas

Para orientar las actuaciones en la ciudad, o en el territorio en general, -sea este urbano o rural-, y de acuerdo con una idea de futuro deseable, se requiere la exploración de alternativas y preferencias en la planificación urbanística. Por supuesto contando con los principales interesados que son los ciudadanos. Con esa exploración se puede hacer un pronóstico sobre la ciudad futura o sobre la extensión territorial que corresponda, que sea la continuación del diagnóstico previo.

Así, la prospectiva (o anticipación de lo que se desea) es mucho más que una forma de orientar el presente hacia el futuro, es un conocimiento del futuro en base a lo que hemos aprendido del presente. Y, por tanto, es un espacio de reflexión y de asesoramiento en orden a elegir entre el espectro de opciones y preferencias, llamando la atención sobre sus potenciales efectos asociados. Los pronósticos más interesantes y útiles son aquellos que nos permiten anticiparnos a posibles situaciones a evitar.

Y es que, nos deben preocupar, y mucho, las tendencias en los municipios y ciudades, especialmente las litorales, donde la reactivación del sector inmobiliario tiene visos de continuar con el juego especulativo y al margen del interés general ciudadano, ahondando en escenarios sobre los que ya conocemos sus consecuencias.

Tanto el planeamiento urbano como el territorial se siguen realizando a partir de los criterios e instrumentos que han conducido a una burbuja y sobredimensión constructiva, de modo que, sin duda alguna, se repetirán los graves problemas que el crecimiento urbano en su forma más actual viene ocasionando. La lógica mas elemental nos está diciendo que no se puede seguir una senda que al final choca con la realidad. Las administraciones deben orientar las actuaciones en el ámbito del urbanismo, buscando las claves de un futuro deseable, anticipándose a posibles situaciones a evitar, como en el caso de los usos del suelo. Sin embargo, algunas administraciones autonómicas, -la andaluza y la comunidad de Madrid entre otras- gobernadas por el PP están desarrollando leyes de suelo que favorecen la aprobación de planes generales con normas laxas e instrumentos que pretenden agilizar el negocio inmobiliario, permitiendo incrementos especulativos de la actividad urbanizadora ajenos al interés general y que no responden a necesidades sociales.

La apelación insistente al carácter sostenible que se autoatribuyen los documentos de planificación urbanística respecto del horizonte de futuro que prefiguran, es puramente retórica. Estos instrumentos de planificación habitualmente usados, carecen de apoyaturas científicas y lógicas (son contradictorios respecto de los objetivos que dicen tener y enfrentar). Suelen ser documentos que implican la puesta en marcha de operaciones inmobiliarias contenidas en documentos planificadores “vigentes”, elaborados en un marco caracterizado por unas expectativas de crecimiento prácticamente ilimitadas y en función de una demanda considerada también sin techo, que acentuarán los problemas territoriales y urbanos actuales.  Y los acentuarán porque obedecen a criterios del corto plazo y provocan una transferencia de las consecuencias y de impactos complejos, al futuro. Y ello, como resultado de un operar ciego respecto de la complejidad de intereses, necesidades, expectativas demográficas y poblacionales o restricciones ambientales.

Cualquier instrumento planificador, debe contener lo que ha sido el proceso histórico de formación de lo urbano o de un territorio. Este tipo de documentos, sobre lo heredado (el pasado) debe planificar o prever el futuro.

Lo que cualquier documento de esta naturaleza debe proponer es una configuración prospectiva, es decir, lo que se desea para el futuro en un plazo temporal concreto. La escasa calidad técnica de un documento no se resuelve afirmado que refleja una mala herencia, sino poniendo a la vista un futuro mejor para la sociedad y los ecosistemas en que se asienta.

La mayoría de las veces estos instrumentos carecen de un diagnóstico efectivo y especialmente en aspectos decisivos tales como: la salud de los ecosistemas, la medición de su resiliencia, el estudio, (no descriptivo), de las relaciones entre ecosistemas y la lógica territorial, o la modelización de las consecuencias del cambio climático y su prevención. La evaluación de la situación general de lo construido (el medio artificial) y sus potenciales efectos; el diagnóstico social, con inclusión de necesidades y demandas; la disponibilidad de un análisis de la dinámica territorial y poblacional y, finalmente, la evaluación real de los sistemas productivos de todo tipo.

Sin embargo, y a pesar de estas carencias en el diagnóstico, los procedimientos eluden el análisis prospectivo: hay una fase clásica de información de los Planes Urbanísticos (Generales o Parciales) que produce exclusivamente acumulaciones de información (las Memorias) que carecen de relaciones (transversalidad) y que apenas cumplen una función justificadora de las decisiones planificadoras ya adoptadas. Y hay que insistir, sólo desde la disponibilidad de un diagnóstico preciso es posible definir con rigor las posibilidades futuras de la ciudad y el territorio de acuerdo con las decisiones que tomen los ciudadanos a través de sus representantes y tras debates públicos, ante las expectativas que se derivan de los escenarios previsibles.

Se deduce de lo anterior la necesidad urgente de creación de unos nuevos marcos de referencia jurídicos respecto de todas las escalas de planificación (desde la planificación regional y subregional a la urbana) que, sin duda, atiendan con nuevos instrumentos y protocolos a los actuales desafíos y que esos marcos permitan la intervención de los ciudadanos de forma efectiva y real.

Igualmente, se debe insistir en el cumplimiento de la legislación vigente respecto de la Evaluación Ambiental Estratégica de los instrumentos planificadores y de las Evaluaciones de Impacto sobre la Salud.

Con esta reflexión apelo a la necesidad de una reforma de la política urbanística que incluya una repolitización del futuro. El escenario futuro es una combinación de incertidumbre y responsabilidad, por tanto, sujeto a procedimientos de deliberación y legitimación colectiva. Ello sin duda implica asumir esos cambios necesarios que abran el debate informado a la ciudadanía.

Publicado el 25 de junio 2020 en Contrainformación