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EL RASCACIELOS QUE SE PROPONE EN EL PUERTO DE MÁLAGA, COMO PARADIGMA DEL DELIRIO DE ALGUNAS INSTITUCIONES

El proyecto del hotel de 150 metros de altura propuesto por un fondo de inversión catarí en los terrenos del dique de Levante del Puerto de Málaga, parece avanzar en su recorrido administrativo, tras casi 5 años desde que fuese adjudicada la concesión de los terrenos. Y lo hace a pesar de las evidencias del despropósito que suponen para la ciudad y para la zona portuaria.

La Gerencia Municipal de Urbanismo, dependiente del Ayuntamiento de Málaga, sin embargo, había rechazado en 2.007 la petición del Puerto para permitir un complejo «turístico-recreativo», con destino hotelero, en los suelos ganados al mar tras la construcción del dique de Levante, advirtiendo de los efectos de un hotel en dicho dique. Emitió un expediente rechazando ese uso, en el que alertaba de que implicaría la «reinvención del paisaje» y alteraría «profundamente la fachada marítima». “…El importantísimo volumen vendría a situarse en la que probablemente resulta la posición más visible de la ciudad y en cualquier caso alteraría profundamente la fachada marítima», relataba el informe de urbanismo en 2007 “desde el mar, en una hipotética aproximación frontal a la ciudad, se constituiría en un hito visual de primer orden en un lugar donde hasta ahora ha habido una línea de horizonte abierta».

Once años más tarde, el mismo ente municipal avaló sin vacilar la variación del planeamiento que permitiera una edificabilidad de 45.000 metros y una construcción con una cota de hasta 150 metros de alto.

El lugar donde se dibujaba el hotel tenía reservada una edificabilidad de apenas 6.000 m. de techo; por lo que, para hacer posible el complejo del dique de Levante y alcanzar las dimensiones proyectadas, el Puerto debería elevar el índice de edificabilidad de 0,50 a 0,66. O lo que es lo mismo, un 32%. La modificación permitiría asignar al suelo una edificabilidad de hasta 45.000 m² de techo, un valor que excede la reserva que tiene el Plan Especial del Puerto para uso ciudadano portuario.

El ajuste urbanístico al multiplicar por siete el número de metros que se podían construir sobre la parcela del dique de Levante, es complicado y rompe el diseño actual del recinto portuario, obligando a incrementar de manera sustancial la edificabilidad reservada para uso portuario-ciudadano en todo el espacio.

En 2017, la delegación de Medio Ambiente de Málaga explicó en un comunicado, las razones por la que escogía la vía simplificada para la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Especial del Puerto. Y el Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, obvió el concepto de impacto paisajístico, al resolverlo aludiendo al cambio de ubicación del observador, es decir, para evitar el impacto, el observador solo tenía que mirar para otro lado. De este modo, la Consejería de Medio Ambiente emitió un Informe Ambiental Estratégico favorable a la propuesta

En 2018 la Gerencia Municipal de Urbanismo dio la aprobación inicial a la modificación de elementos en el Plan Especial del Puerto, correspondiente a la plataforma del Dique de Levante.

En 2019, tras la apertura del proyecto a exposición pública y tras recibir hasta 1.100 alegaciones, se publica un estudio de un exconcejal de economía, el profesor Esteve Secall, que alertaba de la falta de viabilidad económica, el mismo que acaba de firmar otro artículo de opinión fascinado por la insistencia, tanto de la gerencia de urbanismo como de la autoridad portuaria, de seguir adelante con lo planeado, a pesar de que “hace aguas” por todos lados. Según su informe se trataría de una “explotación ruinosa” que enmascaraba un uso inmobiliario residencial. También la UNESCO​ y el Colegio de Arquitectos de Málaga​ desaconsejaron la construcción de la torre por su impacto visual. El proyecto se ha enfrentado a la oposición de buena parte de la ciudadanía malagueña, colectivos y personas de distintos ámbitos sociales y profesionales agrupados en la Plataforma “Defendamos nuestro Horizonte”.

Tras este recorrido, acabamos de conocer el contenido del informe elaborado por el CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) que es un organismo dependiente del Ministerio de Fomento con gran prestigio técnico incluso a nivel internacional. Este informe evidencia defectos graves en la construcción del dique de Levante donde pretende ejecutarse la construcción.

En abril de 2018, el Organismo Público de Puertos del Estado encargó al CEDEX un estudio técnico sobre el estado constructivo del dique de Levante. Este estudio concluyó en junio de 2020 con la emisión de un extenso y exhaustivo Informe, titulado “Estudio de corrosión del dique de Levante” sacando conclusiones muy contundentes y graves.

Básicamente, revela el deficiente estado de conservación del dique, construido 17 años antes del inicio del estudio, con “una corrosión intensa y generalizada”, lo que trae como consecuencia la disminución de su vida útil a la cuarta parte de la prevista. Se señalan, de forma clara y precisa, dos causas: la utilización de un hormigón de peor calidad que el proyectado, “(notablemente más permeable), y mala ejecución.
También aparecieron problemas constructivos en las obras realizadas en el atraque sur y el muelle 9 por las mismas empresas que construyeron el dique de Levante (SANDO y Dragados y Construcciones), obras estas últimas cuya responsabilidad se encuentra actualmente investigada judicialmente y pendiente de sentencia.

Tras las numerosas advertencias y dictámenes de expertos en diversas materias que confirman los impactos del proyecto de rascacielos (impacto paisajístico, ambiental, inviabilidad económica, riesgos ante el cambio climático, perjuicio sobre el turismo…) no se ceja en el empeño y la autoridad portuaria ha informado estos días, de la presentación ante la Gerencia de Urbanismo de la documentación necesaria que hace posible que la Modificación puntual de elementos en la plataforma del dique de Levante e incremento del índice de edificabilidad máxima de la zona ciudadano-portuaria del Plan Especial del Puerto de Málaga pueda ser aprobada de manera provisional por el Ayuntamiento hasta que pase a ser votada por el Pleno Municipal. Tras de lo cual, el último paso corresponderá al Consejo de Ministros, que será el que determine en última instancia si es posible o no el desarrollo de esta edificación en suelo portuario.

La carrera que emprendieron hace ya casi cinco años no la quieren parar a pesar de que hoy, las cambiantes y preocupantes circunstancias nos imponen una realidad que ya no permite las veleidades urbanísticas de antaño. Deberemos cambiar el modo de vivir, de trabajar, de desplazarnos… el turismo del que hemos dependido en exceso deberá reconvertirse. Está en proceso un debate global sobre la ordenación del territorio en el futuro inmediato, y sobre la planificación urbana de las ciudades para garantizar su sostenibilidad y reducir su vulnerabilidad frente a los efectos del calentamiento global. Y en tal debate no cabe ya ningún rascacielos como el proyectado. Iría contra los intereses presentes y futuros de Málaga.

En base a todo lo relatado hasta aquí, hemos presentado una batería de preguntas al Gobierno en previsión de que acabe encontrando en la mesa del consejo de ministros la petición de aprobar tan lesivo proyecto para nuestra ciudad. Entre ellas, estas:

  • Tras señalar los expertos la ingente inversión necesaria para cimentar una torre de 150 metros en un dique construido mar adentro, y el riesgo añadido por las evidentes consecuencias del cambio climático en forma de temporales cada vez más agresivos y subida del nivel del mar ¿Se plantea Puertos del Estado asumir un reto de tal calibre?

  • ¿Conoce el Gobierno el Informe de CEDEX y sus conclusiones sobre el dique?
  • ¿Qué condiciones exigirá el Gobierno para levantar esa torre sobre un dique mal construido, con un estado de corrosión avanzado y una corta vida útil previsible?

Y una última pregunta sobre el valor y uso de lo común ¿Tiene el Gobierno algo que objetar a la trasmutación del espacio público en terrenos de Puertos de Estado, en suelo de uso privado para negocio inmobiliario/hotelero?

https://revistaelobservador.com/opinion/98-las-historias-que-nos-contamos/15990-el-rascacielos-que-se-propone-en-el-puerto-de-malaga-como-paradigma-del-delirio-de-algunas-instituciones

Publicado en Revista El Observador el 16 de noviembre de 2020

El rascacielos y la planificación del Futuro. Salvemos nuestro Horizonte de la especulación

Cada poco tiempo aparece algún conflicto sobre el modo de construir ciudad, la planificación urbana, la movilidad, o el diseño de suficientes zonas verdes y parques. Todo lo que deseamos en nuestra ciudad. La ciudad que queremos, en la que vivimos, soñamos y, a veces la que padecemos. Hoy es el conflicto surgido por la falta de debate público en relación al proyecto de un rascacielos en el dique de Levante del Puerto de Málaga. Un rascacielos que no responde a una demanda ciudadana, que rompe el skyline de la ciudad, que está en suelo público y, por tanto, donde los ciudadanos deberían tener la posibilidad de proponer y debatir alternativas.
Hace poco mas de un año escribí sobre uno de esos conflictos aún no resuelto. El de BUM (Bosque Urbano Málaga) https://blogsostenible.wordpress.com/2016/11/02/papel-politicos-participacion-ciudadana-bosque-urbano-malaga/ publicado originalmente en el Blog Sostenible y donde quise hacer la reflexión que vuelvo a traer de nuevo. Y es sobre el papel a jugar por los responsables municipales, en la gestión de los bienes comunes y del interés público. Un equipo de gobierno, en cualquier ayuntamiento, dirige y administra la ciudad, en base a un programa de gobierno previo, con el que adquirió un compromiso ante la ciudadanía. En el caso de Málaga, el grupo de gobierno, del PP, lo hace con un modo de gestión de arriba abajo, es su estilo, al margen de otras cuestiones que les podamos achacar. Piensan la ciudad que quieren para los ciudadanos de Málaga, pero sin ellos. Con la ayuda de técnicos que asesoran en base a unas directrices que descansan en el modelo neoliberal en el que creen. Tutelan a los ciudadanos, sin entender cómo un grupo de vecinos pueden pensar, organizarse, crear y diseñar una propuesta alternativa para el suelo que pisan. Eso fue lo que sucedió en el caso del BUM. Un grupo de ciudadanos, tras conseguir un elevado nº de firmas que apoyaban la petición de un bosque en los terrenos que habían sido ocupados por Repsol, fueron capaces de trabajar y coordinarse para buscar y ofrecer alternativas al proyecto que quería imponer el equipo de gobierno del ayuntamiento. En el caso del puerto también se exige otra forma de proceder, que ofrezca diálogo y debate sobre el proyecto, y no acelerar los plazos necesarios como se ha hecho.

Desde la ecología política, también podríamos proponer un proyecto “verde” y un diseño de ciudad acorde a nuestro ideario. Adolecería, explicaba en ese artículo, del mismo defecto que critico en el equipo de gobierno del PP, si no facilitara e incorporara la participación de los vecinos y vecinas en el diseño del proyecto. Especialmente, cuando hay ciudadanos que se movilizan por una idea distinta y a la búsqueda del interés común. Los ciudadanos debemos poder decidir, ser escuchados e incorporados a la toma de decisiones, explicando los condicionantes y toda la casuística que intervenga en cada caso, pero teniendo en cuenta aportaciones y peticiones.

En el ya mítico 15M, se gritaba, ese: “No Nos Representan” en una clara queja por no tener en cuenta la opinión ciudadana. Como residentes y contribuyentes queremos participar en el diseño y creación de la ciudad y en la toma de decisiones que corresponda. Una reivindicación que no se puede seguir obviando. Se exigía en ese despertar ciudadano, allá por 2011 transitar hacia modelos de gestión de abajo a arriba, de la raíz a las hojas, dicho en un símil gráfico. Si las raíces trasladan los nutrientes a las hojas, la ciudadanía trasladaría propuestas que nutrirían el diseño del espacio urbano.

No todo lo que se proponga será técnica o legalmente posible; pero lo que sí debe conseguirse es poner en marcha proyectos compartidos que incorporen el poder creativo y la participación de las ciudadanas y los vecinos.

Resultó chocante en el caso del BUM que el concejal de participación, buscase argumentos legales para limitar la participación que debería defender institucionalmente. Su función debiera ser buscar los cauces para que los vecinos/as puedan expresarse y nunca lo contrario. El modelo que limita la participación no es el que quiero en mi ciudad.

La planificación urbanística debe orientarse hacia una idea del futuro que se quiere para la ciudad. Y el que augura la construcción de este rascacielos, fruto de la especulación con suelo público, sin transparencia, sin buscar el interés común y sin consultar a las principales afectadas, las y los que viven la ciudad, no es una planificación acertada.

En base a lo que hemos aprendido del pasado y del presente de tantos pelotazos urbanísticos, deberíamos orientar el diseño de ciudad para un futuro que la mejore y regenere sus espacios urbanos. Buscar un espacio de reflexión ciudadana conjunta, también de asesoramiento, llamando la atención sobre los potenciales efectos asociados a distintas opciones, según cada alternativa futura elegida. Los pronósticos más interesantes son aquellos que nos permiten anticiparnos a posibles situaciones a evitar. Y en este caso, el potencial efecto del rascacielos en el futuro perfil del horizonte malagueño no parece nada deseable.

Tanto el planeamiento urbano como el territorial se siguen realizando con los criterios e instrumentos habituales hasta ahora y que han conducido a la burbuja y sobredimensión constructiva, de modo que, sin duda alguna, se repetirán los graves problemas que el crecimiento urbano en su forma más actual viene ocasionando. Por ello, la reflexión sobre este rascacielos para el que se ha modificado el Plan especial del puerto, es pertinente y da pie a abrir el foco respecto a la Málaga futura.

La apelación insistente al carácter sostenible que se auto atribuyen los documentos de planificación urbanística y el horizonte de futuro que prefiguran, es pura retórica. En el caso del rascacielos más aún. Supone la puesta en marcha de una operación inmobiliaria en un marco de arbitrariedad urbanística y bajo el criterio del corto plazo, provocando una transferencia de las consecuencias y de los impactos, al futuro. El rascacielos carece de un diagnóstico honesto en aspectos decisivos como: la adecuación al frágil y saturado entorno del puerto, el impacto visual y paisajístico, la medición de su resiliencia a fenómenos meteorológicos cada vez mas frecuentes en el litoral, las consecuencias esperables en tal lugar, del cambio climático y su difícil prevención, o los efectos de la generación de residuos, emisión de vertidos y deterioro de las aguas del puerto en un proyecto de tal calibre, además de los problemas de movilidad que también generaría… En fin, necesitamos una reflexión intensa sobre el rascacielos y sus implicaciones. Y es que, la modificación del Plan Especial del Puerto, apenas cumple una función justificadora de decisiones ya adoptadas. Sin embargo, sólo desde la disponibilidad de un diagnóstico preciso, y no sujeto a modificaciones arbitrarias o coyunturales, tanto respecto al Plan Especial del Puerto como del resto de documentos de planificación de la ciudad, es posible ofrecer a los ciudadanos/as el análisis que les permita definir y diseñar la ciudad en la que quieren vivir.

Se deduce de lo anterior la necesidad urgente de creación de unos nuevos marcos de referencia jurídicos respecto a la planificación urbana, que atiendan a los actuales desafíos y que permitan la intervención de los ciudadanos. Hay que insistir en el cumplimiento de la legislación vigente respecto de la Evaluación Ambiental Estratégica de los instrumentos planificadores y de las Evaluaciones de Impacto sobre la salud, sobre el paisaje, sobre el medioambiente urbano…

Para concluir,- y recordando debates con el profesor Alfredo Rubio-, de todo el debate suscitado por el rascacielos, se deduce la necesidad de reformar la política urbanística, de manera que incluya una repolitización del futuro. El escenario futuro es una combinación de incertidumbre y responsabilidad, por tanto, sujeto a procedimientos de deliberación y legitimación colectiva. Ello sin duda implica asumir esos cambios necesarios que abran el debate informado a la ciudadanía. Todo lo que en el caso del rascacielos no se ha producido.

 

Artículo publicado originalmente en Diario Público el 10/12/2017.