Archive Tag:Urbanismo

El panorama de la planificación urbanística. Expectativas

Para orientar las actuaciones en la ciudad, o en el territorio en general, -sea este urbano o rural-, y de acuerdo con una idea de futuro deseable, se requiere la exploración de alternativas y preferencias en la planificación urbanística. Por supuesto contando con los principales interesados que son los ciudadanos. Con esa exploración se puede hacer un pronóstico sobre la ciudad futura o sobre la extensión territorial que corresponda, que sea la continuación del diagnóstico previo.

Así, la prospectiva (o anticipación de lo que se desea) es mucho más que una forma de orientar el presente hacia el futuro, es un conocimiento del futuro en base a lo que hemos aprendido del presente. Y, por tanto, es un espacio de reflexión y de asesoramiento en orden a elegir entre el espectro de opciones y preferencias, llamando la atención sobre sus potenciales efectos asociados. Los pronósticos más interesantes y útiles son aquellos que nos permiten anticiparnos a posibles situaciones a evitar.

Y es que, nos deben preocupar, y mucho, las tendencias en los municipios y ciudades, especialmente las litorales, donde la reactivación del sector inmobiliario tiene visos de continuar con el juego especulativo y al margen del interés general ciudadano, ahondando en escenarios sobre los que ya conocemos sus consecuencias.

Tanto el planeamiento urbano como el territorial se siguen realizando a partir de los criterios e instrumentos que han conducido a una burbuja y sobredimensión constructiva, de modo que, sin duda alguna, se repetirán los graves problemas que el crecimiento urbano en su forma más actual viene ocasionando. La lógica mas elemental nos está diciendo que no se puede seguir una senda que al final choca con la realidad. Las administraciones deben orientar las actuaciones en el ámbito del urbanismo, buscando las claves de un futuro deseable, anticipándose a posibles situaciones a evitar, como en el caso de los usos del suelo. Sin embargo, algunas administraciones autonómicas, -la andaluza y la comunidad de Madrid entre otras- gobernadas por el PP están desarrollando leyes de suelo que favorecen la aprobación de planes generales con normas laxas e instrumentos que pretenden agilizar el negocio inmobiliario, permitiendo incrementos especulativos de la actividad urbanizadora ajenos al interés general y que no responden a necesidades sociales.

La apelación insistente al carácter sostenible que se autoatribuyen los documentos de planificación urbanística respecto del horizonte de futuro que prefiguran, es puramente retórica. Estos instrumentos de planificación habitualmente usados, carecen de apoyaturas científicas y lógicas (son contradictorios respecto de los objetivos que dicen tener y enfrentar). Suelen ser documentos que implican la puesta en marcha de operaciones inmobiliarias contenidas en documentos planificadores “vigentes”, elaborados en un marco caracterizado por unas expectativas de crecimiento prácticamente ilimitadas y en función de una demanda considerada también sin techo, que acentuarán los problemas territoriales y urbanos actuales.  Y los acentuarán porque obedecen a criterios del corto plazo y provocan una transferencia de las consecuencias y de impactos complejos, al futuro. Y ello, como resultado de un operar ciego respecto de la complejidad de intereses, necesidades, expectativas demográficas y poblacionales o restricciones ambientales.

Cualquier instrumento planificador, debe contener lo que ha sido el proceso histórico de formación de lo urbano o de un territorio. Este tipo de documentos, sobre lo heredado (el pasado) debe planificar o prever el futuro.

Lo que cualquier documento de esta naturaleza debe proponer es una configuración prospectiva, es decir, lo que se desea para el futuro en un plazo temporal concreto. La escasa calidad técnica de un documento no se resuelve afirmado que refleja una mala herencia, sino poniendo a la vista un futuro mejor para la sociedad y los ecosistemas en que se asienta.

La mayoría de las veces estos instrumentos carecen de un diagnóstico efectivo y especialmente en aspectos decisivos tales como: la salud de los ecosistemas, la medición de su resiliencia, el estudio, (no descriptivo), de las relaciones entre ecosistemas y la lógica territorial, o la modelización de las consecuencias del cambio climático y su prevención. La evaluación de la situación general de lo construido (el medio artificial) y sus potenciales efectos; el diagnóstico social, con inclusión de necesidades y demandas; la disponibilidad de un análisis de la dinámica territorial y poblacional y, finalmente, la evaluación real de los sistemas productivos de todo tipo.

Sin embargo, y a pesar de estas carencias en el diagnóstico, los procedimientos eluden el análisis prospectivo: hay una fase clásica de información de los Planes Urbanísticos (Generales o Parciales) que produce exclusivamente acumulaciones de información (las Memorias) que carecen de relaciones (transversalidad) y que apenas cumplen una función justificadora de las decisiones planificadoras ya adoptadas. Y hay que insistir, sólo desde la disponibilidad de un diagnóstico preciso es posible definir con rigor las posibilidades futuras de la ciudad y el territorio de acuerdo con las decisiones que tomen los ciudadanos a través de sus representantes y tras debates públicos, ante las expectativas que se derivan de los escenarios previsibles.

Se deduce de lo anterior la necesidad urgente de creación de unos nuevos marcos de referencia jurídicos respecto de todas las escalas de planificación (desde la planificación regional y subregional a la urbana) que, sin duda, atiendan con nuevos instrumentos y protocolos a los actuales desafíos y que esos marcos permitan la intervención de los ciudadanos de forma efectiva y real.

Igualmente, se debe insistir en el cumplimiento de la legislación vigente respecto de la Evaluación Ambiental Estratégica de los instrumentos planificadores y de las Evaluaciones de Impacto sobre la Salud.

Con esta reflexión apelo a la necesidad de una reforma de la política urbanística que incluya una repolitización del futuro. El escenario futuro es una combinación de incertidumbre y responsabilidad, por tanto, sujeto a procedimientos de deliberación y legitimación colectiva. Ello sin duda implica asumir esos cambios necesarios que abran el debate informado a la ciudadanía.

Publicado el 25 de junio 2020 en Contrainformación 

El uso ineficiente del territorio en busca de inmoderados beneficios empresariales

Urbanísticamente, la situación que tenemos en buena parte de las ciudades del país, es de desproporción de suelos cubiertos de cemento, dispersión constructiva y fragmentación de espacios. Necesitamos alcanzar un uso eficiente del suelo en las ciudades, no crecer ilimitadamente hasta ocupar la última cuadrícula de territorio. Porque hemos generado un impacto imborrable en la calidad de nuestros paisajes, y mermado los recursos bioproductivos, de enorme valor para el sostenimiento de la vida.

El cambio de modelo urbano-territorial que hay que acometer no solo afecta al planeamiento, sino a casi todas las políticas y áreas de competencias que en él confluyen. Hay que considerar la importancia de:

  • Orientar el urbanismo hacia el modelo de ciudad compacta, diversa, eficiente y cohesionada socialmente.
  • Hacer un uso razonable y sostenible de recursos, y no empeorar la calidad de vida de la ciudadanía. De fundamental importancia para garantizar esa calidad de vida, es crear áreas verdes amplias, con “bosques” o arboledas de espesura y frondosidad mínimas que “naturalicen” los barrios.
  • Cumplir los objetivos de emisión fijados en los protocolos y acuerdos internacionales. Tanto mas, por cuanto nuestro país es especialmente vulnerable a los efectos constatados del Cambio Climático. Y también los constatados en la experiencia con COVID-19, de que se puede mejorar la calidad de nuestro aire reduciendo las emisiones de vehículos a motor.
  • Aprender y asumir una nueva cultura de la movilidad y accesibilidad que permita cumplir esos objetivos de reducción de emisiones.
  • Adaptar edificios, infraestructuras y entornos al clima.

En definitiva, poner en marcha una política que articule y relacione todas las funciones y actividades que confluyen en los tejidos urbanos, en los que la proximidad y la habitabilidad reduzcan las necesidades de movilidad. Porque hay que usar como criterio fundamental en el desarrollo urbano de las ciudades, la eficiencia energética y al consumo razonable de recursos. Y los suelos van siendo consumidos sin mesura y con demasiada despreocupación.

A pesar de saber todo esto, estamos viendo cómo se toma el rumbo equivocado y continúan los movimientos especulativos del sector inmobiliario que tiene en el suelo su principal capital a explotar.

Ejemplo de desarrollo urbano ineficiente, es el exceso de suelo calificado para uso de gran superficie comercial, sin que se reúnan las condiciones mínimas para ello y condicionando el uso global y la movilidad, allá donde se implantan. Hemos asistido a una auténtica inflación de suelos calificados para esos usos, sin que se hayan evaluado correctamente los impactos que producen en la ordenación del territorio, ni tampoco su necesidad o utilidad.

Ejemplos de que esto es así no paramos de encontrar por el territorio, especialmente en áreas litorales ya muy explotadas. El último caso del que acabo de tener noticia: La Empresa INTU, que se presenta tal que así en su web:

“Creamos lugares donde a la gente le encanta estar, donde los visitantes sonríen, las marcas triunfan y las comunidades prosperan”

Posee centros comerciales en el Reino Unido y España, en algunas de las mejores ubicaciones.

Pues bien, parece que esta Empresa ha logrado superar las dificultades que afrontaba para poner en marcha uno de sus proyectos en la Costa del Sol malagueña. Un resort de ocio de grandes dimensiones en Torremolinos, en una de las últimas pastillas de suelo del municipio, que contará con 235.000 metros cuadrados de superficie, 20 operadores de ocio diferentes y 70 restaurantes.

Según publicitan en su web: “Creamos destinos ganadores, creando experiencias atractivas y alegres que hagan sonreír a nuestros visitantes y ayuden a los clientes a prosperar. Nuestra inversión en nuestros activos del Reino Unido crea los elegantes y buscados destinos de compras que desean los clientes y visitantes.”

La operación estaba pendiente de aprobación por las autoridades competentes europeas, en atención a las normas de la Unión relativas a las concentraciones de empresas mediante fusión o adquisición. Recibida esa aprobación y tras evitar la quiebra vendiendo participaciones en otras empresas, dispone de liquidez para seguir haciendo negocios ocupando suelos. Será una de las grandes operaciones de inversión inmobiliaria del año. Asumen que se irá recuperando la afluencia a las grandes superficies comerciales en las próximas semanas -de acuerdo con las fases decretadas por el Gobierno- aunque se producirá «paulatinamente». Tiran para ello del caso de China, que cinco semanas después del levantamiento del confinamiento, la afluencia a los centros comerciales se ha recuperado progresivamente, aunque sigue en niveles inferiores a los de otros años.

Precisamente en estos días ha sido difundida en prensa la posición del director del Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Málaga (OMAU) al respecto del urbanismo hacia el que se debe tender. En “Ciudad y Territorio” Marín Cots, director del Observatorio, plantea el objetivo y la necesidad de ir a “la ciudad compacta, compleja y de proximidad”. Asume que vivir bien sin rebasar los límites ecológicos requiere transiciones fundamentales en los sistemas de producción y consumo, que son los responsables últimos de las presiones ambientales y climáticas. Y alude al análisis del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid, que ha publicado un trabajo titulado “Hacia la Ciudad de los 15 minutos frente al Covid-19” en el que muestran la necesidad de disponer de bienes y servicios a un km. a la redonda de donde vive cualquier ciudadano, lo que viene a suponer una distancia de unos 15 minutos, concepto también usado por la alcaldesa de Paris, Anne Hidalgo, “Ville du Quart D’Heure” cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y la calidad del aire generando proximidad. Para ello nada mejor que las distancias cortas. Las que permiten comprar en tiendas de alimentación, acceder a diversos servicios, ir a un colegio cercano, o acudir a zonas lúdicas y de esparcimiento sin tener que hacer largos recorridos. Sin embargo, Marín Cots no se pronuncia frente a estos grandes proyectos que van en dirección contraria.

Evidentemente para tener una ciudad de cercanía es necesario disponer de una densidad urbana mínima que haga operativa y rentable la instalación de actividades económicas. Sin embargo, ninguna administración cuestiona que se siga favoreciendo y permitiendo el asentamiento de grandes áreas comerciales segregadas del resto del entramado urbano. Ya sabemos que un barrio muy denso o compacto no tiene por qué ser diverso. Tenemos ejemplos en las ciudades donde abundan, los barrios dormitorios que no tienen servicios o comercios. La complejidad es una condición necesaria para hacer un modelo urbano eficiente. Por eso diseñar espacios segregados de la trama urbana no es lo adecuado.

Las Leyes del Suelo y su aplicación en todas las urbes del Estado, necesita cambios estructurales, pero dudo que deban ser en la línea propuesta por la Junta de Andalucía, que quiere elaborar una nueva Ley del suelo1 con premisas que no aseguran la protección del suelo que ahora precisamos. La ocupación de suelos (recurso esencial, escaso y puesto en peligro por desarrollos especulativos) es algo que la ley debe controlar.

En las ciudades densas y complejas el uso del vehículo privado no suele llegar al 25% del transporte modal. Para lograr ciudades así, es necesario modificar los sistemas de planeamiento urbano, tendiendo a un modelo de proximidad y complejidad de usos, buscando la manera de compactar la ciudad que se haya dispersado, y evitando que lo siga haciendo. Por ello, insisto, no son opción las grandes superficies comerciales o de ocio que lo que hacen es estimular el uso de vehículos privados a esos centros comerciales de la periferia. Además de agotar ese recurso fundamental que es el suelo, con construcciones banales de las que hay exceso.

Publicado en Blog Sostenible el 22 de mayo de 2020

Sobre la necesidad de una Ley del Suelo y su orientación

La Junta de Andalucía está en proceso de elaborar una ley del suelo, de la que dice que será más simple y que dará mayor autonomía a los ayuntamientos. Con la aprobación de la nueva norma derogarán las actuales leyes de ordenación urbanística (LOUA) y de ordenación territorial (LOTA). Mejorando, según se afirma, la relación entre la planificación territorial y urbanística. Deberá admitirse que las modificaciones sufridas por la LOUA han apuntado reiteradamente a la necesidad de la industria inmobiliaria de agilidad en el procedimiento depredador mas que a la necesidad de poner orden en el desorden generado por una actividad urbanizadora que no respondía a necesidades sociales reales.

Además de la derogación de las actuales leyes y la redacción de una nueva más simple y con menor carga de articulado, un objetivo prioritario planteado, es dotar a los ayuntamientos de mayor autonomía a la hora de perfilar su “modelo de ciudad” y agilizar los procesos para la aprobación de los planes generales. Sin embargo, los ayuntamientos están expuestos a la tentación de equilibrar sus balanzas con la especulación urbanística, recalificando suelos, elaborando planes expansivos, que acaban dañando el espacio público y no consideran el interés general de los ciudadanos cuando hay intereses económicos de por medio. Lo estamos viendo especialmente en la franja litoral. Véanse los casos de los acantilados de Maro en Málaga o el caso, frenado en su día, de Valdevaqueros, o en los mas actuales de Los Lances, o de los pinares de Barbate, o el caso de cala San Pedro en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar… A pesar de la colmatación que ya sufre el litoral, no parece haber colmatado la avidez de hormigón.

En principio, la base legal para acometer todos estos proyectos la ofrecen PGOUs que datan de mucho tiempo atrás, claramente obsoletos y que obedecen a modelos especulativos de décadas pasadas, que, sin embargo, parecen mantenerse en boga. Son intentos basados en planes parciales, no sometidos a procedimientos de diagnóstico ambiental y que no están pensados para satisfacer el interés general. Con plazos de ejecución que han prescrito, aunque no haya prescrito el afán épico de promover el hormigonado por todo el territorio.

Por tanto, respecto a dar protagonismo a los Ayuntamientos, hay que considerar que se precisa un régimen fiscal de los mismos que no haga depender su financiación, en una cuantía tan importante, de los actos con trascendencia urbanística (bien sea impositiva, bien meramente unida a recalificaciones y plusvalías ligadas al aumento del volumen ya construido). Al ser las Corpo­raciones Locales dispensadoras de “incrementos” en el valor de los suelos, se les suponen serias dificultades para resistir las malas prácticas y la corrupción. Probablemente sea éste uno de los proble­mas más importantes con los que se enfrenta la planificación urbanística en el momento actual.

Es una asignatura pendiente dotar a las corporaciones municipales de herramientas que eviten esto, de manera que solo se clasifique el suelo necesario sin comprometer las necesidades y decisiones de las generaciones futuras, que incluye a las corporaciones municipales futuras que deben tener derecho a desarrollar sus propias políticas y sus modelos de ciudad. Por aquello de tener en cuenta el impacto de cualquier actuación constructiva que permanecerá largo tiempo determinando posteriores desarrollos.

Hasta ahora no se ha tomado en Andalucía ninguna medida legislativa para luchar contra la especulación urbanística. Partimos de un patrimonio inmobiliario sobredimensionado, con exceso de suelo clasificado, y eso se contradice con la propia idea de la necesidad de agilización. Lo que en realidad tocaría, es reconsiderar la ocupación expansiva del suelo, y primar la reuti­lización y rehabilitación del patrimonio construido y del entorno urbano y periurbano degradado.

Un hecho preocupante constatado, es que porcentajes variables de los terrenos con los que se especula pertenecen a suelo municipal. Requeriría una explicación por parte de la autoridad municipal el motivo de la privatización de espacios públicos. Además del listado de incumplimientos en materia urbanística y de protección de suelos, especialmente en el litoral, hay una enorme cantidad de suelo que se ha clasificado en los últimos 30 años y que se continúa clasificando, una cantidad excesiva, injustificada, socialmente injusta, económicamente devastadora y ambientalmente insostenible. Sin embargo, parece que el cortoplacismo de rentabilidades y plusvalías inmediatas desdibujan problemas ulteriores, que quizá corresponda resolver a otros, instalados como estamos en el cortoplacismo de una legislatura.

Hay, por ejemplo, suelos de interés agrícola clasificados como urbanizables que no precisamos urbanizar y sí proteger para garantizar la soberanía alimentaria de nuestras áreas metropolitanas. Y si esos suelos “urbanizables” -que no son necesarios y tienen alto valor productivo agrícola o paisajístico- se destruyen, perderemos una riqueza difícil de recuperar. Y es que, los cambios de uso del suelo han degradado considerablemente los tradicionales paisajes agrarios en mosaico del Mediterráneo de los que Andalucía tiene gran diversidad.

Los objetivos planteados en el anteproyecto de la ley parten del cuestionamiento de la coexistencia de la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOTA) y la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que fueron modificadas en tantas ocasiones desde sus respectivas entradas en vigor que han quedado convertidas en textos carentes de coherencia que no dan respuesta a las “necesidades urbanísticas” de la comunidad autónoma. Lo que no aclara el ejecutivo del PP y Ciudadanos es cómo identificar y delimitar esas supuestas “necesidades urbanísticas”. La LOTA sufrió 12 modificaciones de diverso alcance. La LOUA, por su parte, sufrió el mismo número de cambios, aunque en casi la mitad de tiempo de vigencia. Quizá han quedado obsoletas, pero es importante que su sustitución sea debatida y reflexionada en profundidad por toda la ciudadanía que se vaya a ver afectada por las consecuencias de esta nueva ley.

La elaboración de la nueva norma se quiere aprobar en la presente legislatura. Para orientar el sentido de la misma, se debe tener claro el objetivo que se persigue, sin embargo, lo único que se aclara de partida, es que nace con el firme propósito de recortar de manera sustancial los plazos de tramitación de los instrumentos de planeamiento (tal y como ya ha hecho el gobierno autonómico con el decreto-ley 2/2020 de 9 de marzo); que quiere hacer descansar el desarrollo urbanístico y territorial en las corporaciones municipales en un alto grado; y que fomentará la colaboración público-privada en la ejecución del planeamiento, otra cuestión que genera dudas por el menoscabo que suele suponer para las arcas públicas.

Ojalá durante el trámite parlamentario, los legisladores se guíen mas por la prudencia que por intereses económicos de dudoso interés general.

Artículo publicado originalmente en eldiario.es el 1 de mayo 2020

URBANISMO Y BIEN COMÚN

Somos el país que ha sido capaz de producir durante casi diez años, antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, más vivienda que en el Reino Unido, Francia, Italia y Alemania juntas.

Y tras esa “proeza” había que plantar cara a la ocupación expansiva del suelo, y primar la reuti­lización y rehabilitación del patrimonio construido y del entorno urbano y periurbano degradado.

Porque solo es sostenible aquel desarrollo humano que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. (Informe Brundtland “Nuestro Futuro Común” 1987)

Urbanísticamente, la situación que ahora mismo tenemos es de sobredimensión, dispersión y segmentación. Y necesitamos alcanzar un uso eficiente del suelo en las ciudades, no crecer ilimitadamente. Porque hemos generado un impacto imborrable en la calidad de nuestros paisajes, y mermado los recursos bioproductivos, de enorme valor para la sustentabilidad de la vida; con el añadido de que se ha alejado a la mayor parte de la población de acceso a la vivienda que es un derecho consagrado en nuestra Constitución y en Tratados Internacionales firmados por España. Así que, entre otras cosas, hay que incorporar el derecho al acceso a la vivienda como uno de los objetivos centrales de la actividad urbanística.

El cambio de modelo urbano-territorial que habría que acometer no solo afecta al planeamiento, sino a casi todas las políticas y áreas de competencias que en él confluyen:

  • Necesitamos orientar el urbanismo hacia el modelo de ciudad compacta, diversa, eficiente y cohesionada socialmente
  • Necesitamos hacer un uso razonable y sostenible de recursos, y para ello no es necesario empeorar la calidad de vida de la ciudadanía
  • Necesitamos cumplir los objetivos de emisión fijados en los protocolos y acuerdos internacionales. E incluso ser mas ambiciosos al respecto para preparar un mejor futuro. Tanto mas, por cuanto nuestro país es especialmente vulnerable a los efectos constatados del Cambio Climático.
  • Necesitamos aprender y asumir una nueva cultura de la movilidad y accesibilidad que permita cumplir esos objetivos de reducción de emisiones.

Y, por supuesto, es una necesidad, incorporar el derecho de acceso a la vivienda -insisto en ello-, como uno de los objetivos centrales de la actividad urbanística.

Y junto a ello, la adaptación de los edificios, infraestructuras y entornos al clima.

Una política que articule y relacione todas las funciones y actividades que confluyen en los tejidos urbanos, en los que la proximidad y la habi­tabilidad reduzcan las necesidades de movilidad.

Es decir, usar como criterio fundamental en el desarrollo urbano de las ciudades, la eficiencia energética y al consumo razonable de recursos. Así que hay que favorecer la conservación, mantenimiento, rehabilitación y calidad del parque existente. Realizar un censo de viviendas vacías y planes para incentivar su puesta en uso mediante alquileres sociales o medidas similares. Limitar la construcción de nueva vivienda en tanto no se reduzca el parque de viviendas vacías, que es elevado.

Ejemplo de desarrollo urbano ineficiente y que no genera un consumo razonable, es el exceso de suelo calificado para uso de gran superficie comercial, sin que se reúnan las condiciones mínimas para ello y condicionando el uso global y la movilidad, allá donde se implantan. Hemos asistido a una auténtica inflación de suelos calificados para esos usos, sin que se hayan evaluado correctamente los impactos que producen en la ordenación del territorio, ni tampoco su necesidad o utilidad.

Otro ejemplo de desarrollo urbanístico inadecuado son proyectos como la llamada Operación Chamartín, en este caso en Madrid, que con el nuevo nombre de Madrid Nuevo Norte lo tiene todo para ser el gran pelotazo, la gran estafa, que perjudica al Procomún, ese modelo de gobernanza para el bien común. Desde un punto de vista político, se comete un gran pecado al transformar el suelo público en mera mercancía. En palabras de Eduardo Mangada, “La Operación Chamartín es uno de los mayores escándalos del urbanismo europeo: la entrega de tres millones de metros cuadrados de suelo público a un banco para que dé cabida en él a sus negocios financieros durante dos décadas. Cortijo BBVA. Un área privilegiada de la ciudad donde ir colocando fondos de inversión venidos de cualquier continente en beneficio de un banco

Y casos en el litoral de todo el país abundan demasiado. En Andalucía se estableció un Plan de Protección del Litoral, que a duras penas intentó evitar el “acoso y derribo” que sufrían las escasas zonas litorales bien conservadas. Este Plan no impidió que proliferasen proyectos urbanísticos de dudosa legalidad y necesidad. Finalmente se anuló el Plan por un supuesto defecto de forma, al aprobarse estando el gobierno andaluz en funciones. Por supuesto, el actual gobierno, ni se plantea retomar esa protección necesaria. Se mantienen crecimientos urbanísticos desmesurados en los planes urbanísticos. La paralización fue temporal por la crisis, pero se observa la intención de colmatar la mayor parte del litoral y de las áreas metropolitanas. Tampoco se promueven iniciativas legislativas o normativas que impliquen garantizar una mínima disciplina urbanística.

Y es que sería deseable reconocer el urbanismo y el territorio como el “Bien Común” que es. Del mismo modo que la sanidad y la educación. Esto no es posible pues el suelo urbano suele ser de propiedad privada.

Reconocer que la transformación que precisa nuestro urbanismo, no sólo se puede dar sin crecimiento, sino que va implicar decrecimiento de suelo urbanizable, será un gran logro, cuando se dé. No parece probable. Y es que debemos recordar la enorme cantidad de suelo que se ha clasificado en los últimos 30 años y que se continúa clasificando, una cantidad excesiva, injustificada, socialmente injusta, económicamente devastadora y ambientalmente insostenible.

En el litoral, que es el espacio más frágil de nuestra geografía y el mas densamente poblado, la intervención urbanística presenta características de devastación de sus valores paisajísticos y naturales. Hay que frenar la especulación con el suelo cuanto antes.

Mejorar nuestras ciudades, acabando con el mantra del crecimiento ilimitado, es el reto y la verdadera dimensión social que debe tener el planeamiento urbanístico democrático.

Porque la burbuja inmobiliaria dejó rastros visibles e indelebles por largo tiempo, como las viviendas vacías, las urbanizaciones y polígonos industriales fantasma y los suelos de interés agrícola clasificados como urbanizables que no precisamos urbanizar y sí proteger para garantizar la soberanía alimentaria de nuestras áreas metropolitanas. Hay necesidad de poner orden en el desorden generado por una actividad urbanizadora que no respondía a necesidades sociales reales.

La Ordenación del Territorio exige la vertebración del mismo recuperando y protegiendo los caminos públicos, impulsando las redes de transporte público y de bicicletas, conectando de nuevo las ciudades con su territorio, hoy fragmentado y lleno de barreras por las grandes infraestructuras.

El problema del urbanismo es que la lógica de ordenación del territorio y de la ciudad, lejos de estar centrada en la sostenibilidad, la habitabilidad y el disfrute de las personas, ha quedado supeditado a formar parte del engranaje del capitalismo financiero internacional y su dinámica especulativa. Esa, y la falta de otras vías de financiación de los ayuntamientos, que se llevan la peor parte en el reparto de los impuestos, es la que ha empujado a los ayuntamientos a equilibrar sus balances poniendo en marcha la espiral especulativa urbanística. Así que, de nuevo, como en otras facetas, encontramos que el problema de fondo está en el capitalismo.

 

Carmen Molina Cañadas. Publicado en Contrainformación. 30 días, 30 opiniones el 6 de septiembre 2019

La ciudad sostenible

El término “sostenible” se ha depreciado notablemente, al no considerar en toda su dimensión lo que implica la sostenibilidad. Se ha usado y abusado del término de forma no ajustada a lo que quiso expresar quien lo acuñó, Gro H. Brundtland, primera ministra noruega a la que la ONU encargó un informe en 1987, originalmente llamado “Nuestro Futuro Común”. Según este Informe, “es sostenible aquel desarrollo humano que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones”.

Hace ya unos años que se asume mayoritariamente que el modelo de ciudad acorde a un desarrollo sostenible, es la ciudad compacta, diversa, eficiente y cohesionada socialmente. La que hace un uso razonable de recursos, la que mejora la calidad urbana y la calidad de vida de sus ciudadanas, la que logra disminuir emisiones impulsando otra cultura de la movilidad y accesibilidad, la que multiplica las zonas verdes, etc.

Para lograr algo así, hay que definir las líneas estratégicas que lo hagan posible. Definir la eficiencia energética y el consumo razonable de recursos como criterios centrales en los procesos de desarrollo urbano y favorecer un uso eficiente del suelo, es decir, no crecer ilimitadamente, como así está sucediendo. O adecuar la iluminación en el territorio municipal, de manera que se evite la contaminación lumínica y se mejore la calidad del cielo nocturno. O evitar la contaminación acústica controlando los niveles de ruido…

Para cumplir esto es básico tener un proyecto de ciudad claramente definido, y en colaboración con los agentes sociales y con la ciudadanía. Tienen importancia para ello las propuestas vertidas en las agendas 21, por ciudadanos, asociaciones vecinales y otros colectivos y que, a día de hoy, no se han visto ejecutados en la mayoría de casos.

Por otro lado, hay que garantizar el derecho a la ciudad de sus habitantes y con ello, el derecho de acceso a la vivienda como uno de los objetivos centrales de la actividad urbanística. Esto es, asumir el artículo 47 de la Constitución española, que establece el derecho de la ciudadanía española a acceder a una vivienda digna, lo que incluye articular mecanismos de acceso a vivienda protegida poniendo en marcha regulaciones que lo posibiliten. No se han satisfecho las necesidades de vivienda de una parte importante de la población, que no dispone de recursos suficientes. Sobre ello hay que actuar.

El parque urbanístico construido a toda velocidad en los años de la burbuja, tampoco ha cumplido los estándares adecuados desde el punto de vista de eficiencia energética y aprovechamiento pasivo de energía. Por ello ha que abordar una rehabilitación para llegar a una reducción del consumo energético de los edificios, para, entre otras cosas, evitar la pobreza energética de usuarios de viviendas. Se debe favorecer la conservación, mantenimiento y rehabilitación del parque existente. Limitar la construcción de nueva vivienda en tanto no se reduzca el parque de viviendas vacías. Y cuando haya que construir, fomentar la construcción bioclimática basada en la eficiencia energética de los edificios.

Hay asimismo que actuar respecto al “metabolismo urbano” integrando el concepto de eficiencia energética en la organización de las ciudades, en la ordenación urbanística, en la edificación, en los sistemas de movilidad y accesibilidad y en la gestión urbana, concienciándonos todas de las pautas de consumo razonables que frenen el crecimiento de la demanda de energía.

Debemos reducir la generación de residuos y la contaminación, apoyando la explotación local, ecológica y renovable y asegurando que el consumo de recursos naturales (agua, suelo, atmósfera…) esté dentro de límites asumibles que permitan su renovación. Entendiendo que los recursos que llamamos renovables, dejan de serlo cuando los explotamos por encima de su tasa natural de renovación.

Sería una buena cosa diseñar campañas de reducción del consumo, tanto en las compras públicas, como en las privadas: limitación de grandes superficies comerciales, fomento de los alimentos locales, ecológicos y de temporada, incentivos a los mercados de segunda mano de muebles, aparatos eléctricos y electrónicos y textiles y lucha contra la obsolescencia programada.  Esto permitiría la reducción en la generación de residuos y la reutilización: incentivos a la venta a granel, fomento del consumo de agua del grifo, campañas de compostaje doméstico y comunitario, sistemas de recogida para la reutilización en puntos limpios y comercios… Ello también redundaría en una mejora de la recogida selectiva de los residuos para su reciclaje: recogida separada de la materia orgánica, implantación de sistemas de Depósito, Devolución y Retorno para los envases, etc… No desarrollar nuevos proyectos de incineración y eliminar los permisos de quema de residuos en las cementeras.

Se hace necesario un modelo territorial compacto que minimice las necesidades de movilidad de los ciudadanos, creando proximidad y acercando e integrando los distintos usos. Hasta ahora se ha permitido y se siguen fomentando desarrollos urbanísticos que propician la lejanía y separación de usos como cuando se planifican grandes complejos comerciales en zonas donde ya hay un exceso de oferta desagregada de servicios.

Nuestro clima mediterráneo sugiere que busquemos soluciones arquitectónicas adaptadas a la climatología local y a los recursos autóctonos renovables disponibles, es decir, incorporar tecnologías eficientes (alumbrado público, climatización de edificios públicos y sistemas de abastecimiento y depuración de aguas).

Un punto importante en la ciudad se refiere al agua, ya que es un recurso natural finito, aunque regenerable, cuyo uso debe basarse en principios de racionalidad, mesura, equidad y solidaridad.

Es básico asumir la necesidad del ahorro y la depuración del agua y garantizar la gestión pública de un bien público. Promover la gestión de la demanda del agua en las ciudades, redactando ordenanzas que obliguen a la instalación de sistemas ahorradores en viviendas, instituciones públicas y privadas e industrias y limitar el uso del agua en jardinería.

Realizar una gestión integral sostenible del ciclo urbano del agua (captación, transporte, almacenamiento, potabilización, distribución, consumo, saneamiento, depuración, reutilización y vertido). Esto debe ser una prioridad de la política urbanística. Y reducir la producción de residuos, potenciando el mercado de productos reciclados, recuperando productos a través de mercados de segunda mano, recuperando envases, sobre todo los de vidrio, como se hacía antaño, ya que se ahorra más energía y materiales que con el reciclaje, mediante la exigencia a las industrias productoras de hacerse cargo de la recogida y devolución al ciclo, de dichos envases etc…

Otro factor imprescindible a considerar es la Biodiversidad y los Espacios Libres en los Sistemas Urbanos. La ciudad es un ecosistema que alberga una biodiversidad propia y específica, compatible con los usos humanos. Considerando nuestro clima mediterráneo y la orografía específica que se dé en cada ciudad, las zonas verdes y ajardinamientos deben diseñarse con una visión bastante diferente a la que se viene ejecutando, ya que no se tiene en cuenta qué especies están mejor adaptadas a nuestra realidad climática de elevadas temperaturas estivales y escasez estacional de  lluvias, para la cual no son aconsejables las grandes zonas de césped que consumen cantidades nada despreciables de agua, o la elección de especies arbóreas o arbustivas que también lo  requieran. O un mantenimiento que abusa de productos fitosanitarios agresivos para el ambiente y la salud de los ciudadanos, las podas severas que debilitan la estructura de los árboles y dificultan la labor que éstos hacen protegiendo de la excesiva insolación estival y del efecto “isla de calor” que se produce en el interior de las zonas urbanas más densas y con más cantidad de cemento.

Hay que aumentar la superficie de suelo con vegetación y reducir el efecto barrera de urbanizaciones e infraestructuras. Tenemos en nuestras ciudades demasiados suelos impermeabilizados bajo cemento y asfalto sin necesidad. Y ello repercute negativamente en la absorción de las aguas de lluvia, escorrentías indeseadas y sobresaturación en determinados momentos de las redes de alcantarillado, además de otros efectos nocivos de la impermeabilización de suelos, que no se suelen tener en cuenta.

Limitar la impermeabilización de más suelos en ambientes urbanos y periurbanos se traducirá en evitar inversiones en medidas de protección frente a inundaciones. Los suelos bien formados propician la infiltración, limitan la erosión y la escorrentía superficial y mejoran la calidad del agua al infiltrarse. Esto supone legislar para que las ciudades sean compactas y no devoradoras insaciables de superficie y de los recursos con ella asociados.

En el caso de los periurbanos forestales o con vocación de serlo: Preservar y/o recuperar estos espacios y protegerlos (Ejemplo: Parque Natural de los Montes de Málaga) conlleva ventajas ya que limita inundaciones en el caso de orografías complicadas, limitan erosión, disminuyen huella de   carbono de la ciudad que rodean, y se le da un uso social al espacio.

Hay tareas fundamentales: vertebrar los territorios urbanos, rurales y naturales a través de la gestión de las vías pecuarias, o en nuestra costa, la andaluza, -que ocupa un 9% de la superficie de Andalucía y acoge al 40% de su población-, y donde el mercado inmobiliario de la franja costera andaluza está más que sobredimensionado. Son muchos los municipios que se han desarrollado más allá de lo necesario y aconsejable, además son muchas las urbanizaciones diseminadas y aisladas que se encuentran semivacías y que son insostenibles desde el punto de vista de la movilidad y que rompen la continuidad de ecosistemas valiosos en los que se asientan.

Afirmó el consejero de la Junta de Andalucía en la anterior legislatura, que en la franja de los 500 metros hay capacidad para la construcción de unas 143.000 viviendas y se aplicó a la aprobación de una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en la línea de seguir impulsando medidas de flexibilización y agilización de los procedimientos urbanísticos para que el urbanismo se convierta en el aliado de la recuperación económica. Eso lo encaminaba y lo encamina a la insostenibilidad.

En fin, que la Gestión Urbana es fundamental y precisa de la participación de las que la habitamos. Y de un urbanismo menos especulativo y más sostenible de verdad, porque el entorno, en este caso el urbano, es un patrimonio insustituible que, como tal, se ha de preservar para su disfrute colectivo.

 

Carmen Molina Cañadas

EQUO

 

Publicado en Contrainformación el 10 de mayo de 2019

Planificación urbanística y participación ciudadana

Hacemos prospectiva sobre la ciudad cuando emitimos un pronóstico o predicción de cumplimiento más probable, basado en un diagnóstico del presente y de las tendencias que preveamos incidirán sobre él. Y en ese “inventar” el desarrollo futuro de la ciudad, debe tener un papel primordial la ciudadanía imaginando como quiere vivir en ese espacio.

Así, la prospectiva es mucho más que una forma de orientar el presente hacia el futuro. Es un conocimiento del futuro en base a lo que hemos aprendido del presente. Y, por tanto, es un ejercicio de reflexión informada que nos puede ayudar a evitar futuros posibles no deseables. Los pronósticos más interesantes serían aquellos que posibiliten con más probabilidad la vida de los que habitarán el espacio urbano futuro.

 

Desgraciadamente, a pesar de la necesidad que tenemos de que se cumpla lo antedicho, podemos advertir con preocupación que lo que se está produciendo es un reinicio de lo que fuera hace ya una década la burbuja provocada por la especulación inmobiliaria y su consecuente pinchazo, que nos dejó proyectos urbanos abortados y a bastantes personas expulsadas del derecho a una vivienda digna que contempla la Constitución. Y comienzan a consolidarse tendencias en muchos municipios y ciudades, especialmente en los litorales, donde los síntomas de reactivación del sector de la promoción inmobiliaria han dejado de ser síntomas y ya padecemos horizontes invadidos de grúas que lo evidencian. Es como si los actores políticos, financieros y empresariales que generaron la burbuja y su posterior pinchazo no hubieran aprendido nada de ese “estropicio” y vuelven a depredar el territorio con renovadas iniciativas especulativas.

Y es que, aunque cambien los ciclos políticos y económicos, las ciudades deberían basar su dinámica orgánica en planificaciones que provean hojas de ruta estables y consensuadas con los ciudadanos que las habitan. Cuando el espacio urbano no se planifica, los costos son mayores, el uso de los recursos es ineficiente y su funcionalidad para las personas se resiente. Sin embargo, tanto el planeamiento urbano como el territorial se siguen realizando a partir de los criterios e instrumentos habituales hasta ahora, con un papel donde el mercado y la oportunidad del negocio prima sobre los derechos y los deseos de los ciudadanos. Parece que volvemos a una burbuja y la sobredimensión constructiva, de modo que, sin duda alguna, se repetirán los graves problemas que el crecimiento urbano en su forma más actual viene ocasionando.

La apelación insistente al carácter sostenible que se autoatribuyen los documentos de planificación urbanística respecto de sus directrices y del horizonte de futuro que prefiguran, es puramente retórica como se demuestra rápidamente tras su análisis técnico. Estas herramientas de planificación en no pocas ocasiones son contradictorias respecto de los objetivos que dicen tener y enfrentar y no siempre están sólidamente fundamentadas. Es algo que plataformas ciudadanas como la malagueña Defendamos Nuestro Horizonte, con una larga trayectoria de oposición a la construcción de un rascacielos en el puerto de Málaga, han comprobado una y otra vez al analizar cómo los documentos y los planes parciales han ido siendo modificados para que se ajusten al proyecto que se quiere albergar o patrocinar. De este modo, un rascacielos, que no es una necesidad para los ciudadanos de Málaga, se pretende traer a la realidad por la oportunidad de negocio de actores externos, haciendo técnicamente lo necesario para ajustar la documentación al fin de construirlo. Es demasiado habitual el uso de argumentos falaces, incluso absurdos, esgrimidos por los políticos para justificar lo injustificable. Un ejemplo: el impacto visual de la estructura en el horizonte de Málaga se limita no mirando en la dirección del rascacielos, ¡un argumento de peso sin duda!

Lo que deberían asegurar y contribuir a articular, es el debate para el diseño de la futura planificación en base a los intereses de todas. Es ahí donde es importante contar con un diagnóstico y un modelo de ciudad compartido para llegar al diseño, también compartido, del espacio urbano futuro. Es decir, se necesita un marco de participación colectiva,para garantizar el derecho de todas a la ciudad.

Sin embargo, los documentos que implican la puesta en marcha de estas operaciones inmobiliarias han sido elaborados en un marco caracterizado por unas expectativas de crecimiento y demanda prácticamente ilimitadas y con una cantidad desmesurada de suelo calificado como edificable. Y si no se cambia este modo de actuar se acentuarán los problemas territoriales y urbanos actuales y transferiremos al futuro problemáticas que claramente se podrían evitar y hay que prevenir.

La fase clásica de información de los Planes Urbanísticos (Generales o Parciales) produce exclusivamente acumulaciones de información (las Memorias) que carecen de relaciones (transversalidad) y que apenas cumplen una función justificadora de las decisiones planificadoras ya adoptadas. Sin embargo, sólo desde la disponibilidad de un diagnóstico y una prospectiva bien fundamentados y que cuente con los ciudadanos será posible acertar con la futura ciudad y con las relaciones territoriales que la sustenten y le den sentido.

 

Esa prospectiva requeriría considerar, entre otros aspectos, la evaluación de la situación general de lo construido (el medio artificial) y sus potenciales efectos, el diagnóstico social, con inclusión de necesidades y demandas; la disponibilidad de un análisis de la dinámica territorial y, finalmente, la evaluación real de los sistemas productivos de todo tipo y su inserción en el territorio. También habría que considerar la situación de los ecosistemas periurbanos, su capacidad de resiliencia, las relaciones entre estos ecosistemas y el resto de realidad territorial o la modelización de las consecuencias del cambio climático y su prevención.

Se deduce de lo anterior la necesidad inaplazable de creación de unos nuevos marcos de referencia respecto de todas las escalas de planificación (desde la planificación regional y subregional a la urbana) que atiendan con nuevos instrumentos y protocolos a los actuales desafíos, y que permitan la intervención de los ciudadanos.

La conclusión de todo esto es que hay una urgente necesidad de reforma en la política urbanística, que incluya una repolitización del futuro. Y con esta expresión quiero decir, que tengamos en cuenta, que el escenario futuro es una combinación de incertidumbre y responsabilidad, por tanto, sujeto a procedimientos de deliberación y legitimación colectiva. Ello sin duda implica asumir esos cambios necesarios que inicien el debate informado y abierto a la ciudadanía, respecto al diseño de la ciudad y el territorio del que forma parte.

 

Entrada publicada originalmente en Contrainformación el 18 de febrero de 2019

El rascacielos y la planificación del Futuro. Salvemos nuestro Horizonte de la especulación

Cada poco tiempo aparece algún conflicto sobre el modo de construir ciudad, la planificación urbana, la movilidad, o el diseño de suficientes zonas verdes y parques. Todo lo que deseamos en nuestra ciudad. La ciudad que queremos, en la que vivimos, soñamos y, a veces la que padecemos. Hoy es el conflicto surgido por la falta de debate público en relación al proyecto de un rascacielos en el dique de Levante del Puerto de Málaga. Un rascacielos que no responde a una demanda ciudadana, que rompe el skyline de la ciudad, que está en suelo público y, por tanto, donde los ciudadanos deberían tener la posibilidad de proponer y debatir alternativas.
Hace poco mas de un año escribí sobre uno de esos conflictos aún no resuelto. El de BUM (Bosque Urbano Málaga) https://blogsostenible.wordpress.com/2016/11/02/papel-politicos-participacion-ciudadana-bosque-urbano-malaga/ publicado originalmente en el Blog Sostenible y donde quise hacer la reflexión que vuelvo a traer de nuevo. Y es sobre el papel a jugar por los responsables municipales, en la gestión de los bienes comunes y del interés público. Un equipo de gobierno, en cualquier ayuntamiento, dirige y administra la ciudad, en base a un programa de gobierno previo, con el que adquirió un compromiso ante la ciudadanía. En el caso de Málaga, el grupo de gobierno, del PP, lo hace con un modo de gestión de arriba abajo, es su estilo, al margen de otras cuestiones que les podamos achacar. Piensan la ciudad que quieren para los ciudadanos de Málaga, pero sin ellos. Con la ayuda de técnicos que asesoran en base a unas directrices que descansan en el modelo neoliberal en el que creen. Tutelan a los ciudadanos, sin entender cómo un grupo de vecinos pueden pensar, organizarse, crear y diseñar una propuesta alternativa para el suelo que pisan. Eso fue lo que sucedió en el caso del BUM. Un grupo de ciudadanos, tras conseguir un elevado nº de firmas que apoyaban la petición de un bosque en los terrenos que habían sido ocupados por Repsol, fueron capaces de trabajar y coordinarse para buscar y ofrecer alternativas al proyecto que quería imponer el equipo de gobierno del ayuntamiento. En el caso del puerto también se exige otra forma de proceder, que ofrezca diálogo y debate sobre el proyecto, y no acelerar los plazos necesarios como se ha hecho.

Desde la ecología política, también podríamos proponer un proyecto “verde” y un diseño de ciudad acorde a nuestro ideario. Adolecería, explicaba en ese artículo, del mismo defecto que critico en el equipo de gobierno del PP, si no facilitara e incorporara la participación de los vecinos y vecinas en el diseño del proyecto. Especialmente, cuando hay ciudadanos que se movilizan por una idea distinta y a la búsqueda del interés común. Los ciudadanos debemos poder decidir, ser escuchados e incorporados a la toma de decisiones, explicando los condicionantes y toda la casuística que intervenga en cada caso, pero teniendo en cuenta aportaciones y peticiones.

En el ya mítico 15M, se gritaba, ese: “No Nos Representan” en una clara queja por no tener en cuenta la opinión ciudadana. Como residentes y contribuyentes queremos participar en el diseño y creación de la ciudad y en la toma de decisiones que corresponda. Una reivindicación que no se puede seguir obviando. Se exigía en ese despertar ciudadano, allá por 2011 transitar hacia modelos de gestión de abajo a arriba, de la raíz a las hojas, dicho en un símil gráfico. Si las raíces trasladan los nutrientes a las hojas, la ciudadanía trasladaría propuestas que nutrirían el diseño del espacio urbano.

No todo lo que se proponga será técnica o legalmente posible; pero lo que sí debe conseguirse es poner en marcha proyectos compartidos que incorporen el poder creativo y la participación de las ciudadanas y los vecinos.

Resultó chocante en el caso del BUM que el concejal de participación, buscase argumentos legales para limitar la participación que debería defender institucionalmente. Su función debiera ser buscar los cauces para que los vecinos/as puedan expresarse y nunca lo contrario. El modelo que limita la participación no es el que quiero en mi ciudad.

La planificación urbanística debe orientarse hacia una idea del futuro que se quiere para la ciudad. Y el que augura la construcción de este rascacielos, fruto de la especulación con suelo público, sin transparencia, sin buscar el interés común y sin consultar a las principales afectadas, las y los que viven la ciudad, no es una planificación acertada.

En base a lo que hemos aprendido del pasado y del presente de tantos pelotazos urbanísticos, deberíamos orientar el diseño de ciudad para un futuro que la mejore y regenere sus espacios urbanos. Buscar un espacio de reflexión ciudadana conjunta, también de asesoramiento, llamando la atención sobre los potenciales efectos asociados a distintas opciones, según cada alternativa futura elegida. Los pronósticos más interesantes son aquellos que nos permiten anticiparnos a posibles situaciones a evitar. Y en este caso, el potencial efecto del rascacielos en el futuro perfil del horizonte malagueño no parece nada deseable.

Tanto el planeamiento urbano como el territorial se siguen realizando con los criterios e instrumentos habituales hasta ahora y que han conducido a la burbuja y sobredimensión constructiva, de modo que, sin duda alguna, se repetirán los graves problemas que el crecimiento urbano en su forma más actual viene ocasionando. Por ello, la reflexión sobre este rascacielos para el que se ha modificado el Plan especial del puerto, es pertinente y da pie a abrir el foco respecto a la Málaga futura.

La apelación insistente al carácter sostenible que se auto atribuyen los documentos de planificación urbanística y el horizonte de futuro que prefiguran, es pura retórica. En el caso del rascacielos más aún. Supone la puesta en marcha de una operación inmobiliaria en un marco de arbitrariedad urbanística y bajo el criterio del corto plazo, provocando una transferencia de las consecuencias y de los impactos, al futuro. El rascacielos carece de un diagnóstico honesto en aspectos decisivos como: la adecuación al frágil y saturado entorno del puerto, el impacto visual y paisajístico, la medición de su resiliencia a fenómenos meteorológicos cada vez mas frecuentes en el litoral, las consecuencias esperables en tal lugar, del cambio climático y su difícil prevención, o los efectos de la generación de residuos, emisión de vertidos y deterioro de las aguas del puerto en un proyecto de tal calibre, además de los problemas de movilidad que también generaría… En fin, necesitamos una reflexión intensa sobre el rascacielos y sus implicaciones. Y es que, la modificación del Plan Especial del Puerto, apenas cumple una función justificadora de decisiones ya adoptadas. Sin embargo, sólo desde la disponibilidad de un diagnóstico preciso, y no sujeto a modificaciones arbitrarias o coyunturales, tanto respecto al Plan Especial del Puerto como del resto de documentos de planificación de la ciudad, es posible ofrecer a los ciudadanos/as el análisis que les permita definir y diseñar la ciudad en la que quieren vivir.

Se deduce de lo anterior la necesidad urgente de creación de unos nuevos marcos de referencia jurídicos respecto a la planificación urbana, que atiendan a los actuales desafíos y que permitan la intervención de los ciudadanos. Hay que insistir en el cumplimiento de la legislación vigente respecto de la Evaluación Ambiental Estratégica de los instrumentos planificadores y de las Evaluaciones de Impacto sobre la salud, sobre el paisaje, sobre el medioambiente urbano…

Para concluir,- y recordando debates con el profesor Alfredo Rubio-, de todo el debate suscitado por el rascacielos, se deduce la necesidad de reformar la política urbanística, de manera que incluya una repolitización del futuro. El escenario futuro es una combinación de incertidumbre y responsabilidad, por tanto, sujeto a procedimientos de deliberación y legitimación colectiva. Ello sin duda implica asumir esos cambios necesarios que abran el debate informado a la ciudadanía. Todo lo que en el caso del rascacielos no se ha producido.

 

Artículo publicado originalmente en Diario Público el 10/12/2017.